Era ama de casa y estaba desaparecida desde el sábado la mujer asesinada a golpes en Huitzuco

La mañana de ayer familiares de la mujer asesinada a golpes y localizada el domingo en la colonia Chapulixtlal, al norte de la cabecera municipal de Huitzuco, fue identificada como Martha Olivia, de 39 años quien era ama de casa.
En estas páginas se dio a conocer que cerca de las 8:30 de la mañana del domingo, su cuerpo –semi desnudo– fue hallado asesinado a golpes en la cabeza y la cara en la calle de terracería Quintana Roo de la colonia Chapulixtlal, y tras las diligencias de personal de la Fiscalía del Estado, fue trasladada a las instalaciones del Semefo de esta ciudad sin que haya sido identificada.
Ayer fuentes policiacas de seguridad pública del estado informaron que familiares de la mujer se habían presentado a las instalaciones del Semefo para identificar el cuerpo y en seguida al Ministerio Público para reclamarlo. Sólo se dio a conocer que estaba desaparecida desde la noche del sábado tras haber salido de su vivienda. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Era pescador el hombre asesinado en El Camalote, Coyuca

Era pescador el muerto a balazos el domingo por la noche en la comunidad de El Camalote, municipio de Coyuca de Benítez.
La víctima es Miguel Ángel de 24 años, se dedicaba a la pesca y vivía en Atoyac de Álvarez, de acuerdo con la declaración ministerial de los familiares.
El crimen ocurrió el domingo por la noche a 200 metros de la entrada de la comunidad de El Camalote, ubicado en la región de la Costa Grande. (Redacción).

Detienen a un hombre en Petatlán; le decomisan un arma, mariguana y una cuatrimoto

La Policía Estatal detuvo a un hombre en Petatlán, en posesión de un arma de fuego, presunta droga y dinero en efectivo.
En un boletín de prensa la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que en un recorrido de seguridad en la calle La Secadora de la comunidad San Jerónimo, municipio de Petatlán, policías estatales encontraron a un hombre que iba a bordo de una cuatrimoto, quien al percatarse de la presencia de los agentes trató de huir, y fue perseguido y metros adelante perdió el control y se volcó, provocándose lesiones leves.
En la revisión correspondiente, el hombre se identificó como Guillermo “N” de 25 años, a quien fajada en la cintura se le encontró un arma de fuego Marca Browning, calibre 9 mm, número de matrícula T172652, con un cargador metálico abastecido con 13 cartuchos útiles.
Asimismo, en la bolsa izquierda del pantalón llevaba una bolsa pequeña de plástico con yerba verde seca con características propias de la marihuana; mientras que en la bolsa derecha, llevaba 5 mil pesos en efectivo en billetes de 500 pesos.
Por lo anterior, Guillermo “N”, el arma, la presunta droga, así como la cuatrimoto marca Honda, color rojo con negro y número de serie TRX350TM2, fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes.(Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Guerrero ocupa el primer lugar en la proporción del uso de la violencia en el robo de vehículos; en el 79 por ciento de los casos de automóviles robados que contaban con una póliza de seguro hubo violencia.
De acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en un año el número de automóviles robados con violencia en el estado aumentó. En el último informe anual, destaca que de 833 pasó a mil 435 el número de vehículos robados con violencia, lo que representó un 73 por ciento.
En Acapulco en un año se duplicó el número de vehículos robados con violencia; la Asociación reportó un aumento de 121 por ciento en 2017 en relación con 2016.
En todo el país, la AMIS contabilizó 81 mil 115 vehículos robados durante el periodo de julio del 2016 a junio de 2017; de los cuales 48 mil 79 mil fueron robados con violencia. Casi el 60 por ciento de los automóviles robados en el país fueron con violencia.
El informe que abarca de julio del 2016 a junio del 2017 se publicó el 12 de julio.
Aunque en Guerrero no está entre los estados con mayor número de automóviles robados, la proporción de automóviles robado con violencia es la más alta. De mil 793 vehículos asegurados robados; mil 435 fueron con violencia, lo que representó un 79 por ciento. El porcentaje supera la media nacional.
Estados como Sinaloa, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Michoacán, en proporción de vehículos robados con violencia están por debajo de Guerrero con el 76.4, 73.3, 73.3, 68.4 y 67.3 por ciento respectivamente.
Como referencia, el estado de México es la entidad con mayor número de robos en el país con 23 mil 524; de los cuales el 73.3 por ciento fueron con violencia, es decir, 17 mil 241.
En la estadística por municipios, la AMIS situó a Acapulco entre los 15 con mayor número de reportes donde se ejerció la violencia para consumar el delito. De un universo de 935 vehículos asegurados robados, 745 fueron con uso de violencia. En comparación con el año pasado aumentó en un 121 por ciento, cuando Acapulco reportó 337 automóviles robados de forma violenta.
En el país, la AMIS dio a conocer que las marcas más robadas fueron Nissan, Volkswagen, General Motors, Yamaha, Kenworth, Honda y Ford. Por tipos los más robados fueron los tipo Tsuru, Pick up (corto, largo, doble), Versa y Sentra de Nissan; seguidos por Jetta y Clásico de Volkswagen; y Aveo de General Motors.

Violencia, en el 56 por ciento de los vehículos robados este año: Segob

En lo que va del año el robo de vehículos con violencia en el estado es el más alto de los primeros meses de los últimos cinco años.
De los 2 mil 354 automóviles robados en lo que va del 2017, en mil 321 se usó la violencia para despojar a sus conductores; lo que representó el 56 por ciento de los delitos denunciados, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en su último informe al 30 de junio.
En un comparativo semestral, en el 2011 los primeros seis meses de ese año fueron también más altos con 2 mil 876 robos. En ese año sólo se reportaron 745 con violencia y 2 mil 131 vehículos sustraídos sin violencia.
El delito tipificado como robo común de vehículos se divide en dos: con violencia y sin violencia.
Este año por cada 10 vehículos robados en el estado en 5.6 son con violencia.
Marzo reportó el mayor número de vehículos robados con 456 denuncias. Por meses, el reporte fue: enero 425, febrero 363, marzo 456, abril 352, mayo 406 y junio 352 robos.
En un año, el primer semestre tuvo un aumento de 436 casos. En el 2016 enero reportó 321 robos, febrero 277, marzo 347, abril 310, mayo 317 y junio 346.
En la tasa de robo de vehículo con violencia, por cada 100 mil habitantes en Guerrero 36.62 personas denunciaron ante la Fiscalía del Estado el delito.
Guerrero ocupó el tercer lugar nacional en la tasa de robo de vehículos por cada 100 mil habitantes, sólo antecedido por Sinaloa con una tasa de 66.23 y el Estado de México con la tasa del 62.85 por cada 100 mil habitantes.
Por municipios, Acapulco concentra casi la mitad de los vehículos robados en el estado. De los 2 mil 354, en el municipio de mayor actividad económica se han robado en el año mil 126 automóviles.
También la saña del robo rebasó la mitad de los delitos, del subtipo con violencia fueron 673 y vehículos sin violencia 453 sustraídos.
En Acapulco el registro del secretariado fue: enero 205, febrero 188, marzo 223, abril 169, mayo 177 y junio 164 vehículos robados.
Chilpancingo registró 386 robos de vehículos. En Iguala se han abierto 207 denuncias por el delito de robo común de vehículos y en Zihuatanejo 188 en lo que va del año.

 

La madrugada del viernes, efectivos de la Policía Estatal recuperaron un vehículo propiedad de una familia de turistas procedentes de Michoacán.
A la una del  pasado miércoles, turistas de Uruapan, Michoacán, reportaron el robo de su vehículo al sistema de emergencias 911; relataron que cuando iban a abordar su coche en la calle Juan N. Álvarez a un costado del Museo Arqueológico en el centro de Zihuatanejo, sujetos armados les quitaron  su unidad Volkswagen Bicentenario, color gris, con placas del estado de Michoacán.
Relataron que después de quitarles el Volkswagen los sujetos se fueron.
El viernes pasado al efectuar un recorrido por la colonia La Madera, a escasos 1.8 kilómetros  de donde ocurrió el robo, los policías estatales  localizaron el auto.
Una fuente informó que el auto fue consignado ante la Fiscalía General  del Estado  (FGE), para después ser entregado al propietario que enseguida acudió a reclamarlo.

Unos 300 vecinos de 29 colonias, 10 comunidades y cuatro municipios marcharon en esta capital e instalaron un plantón en la avenida Ignacio Ramírez, atrás del Palacio Municipal, para pedir a las autoridades municipales y estatales el cumplimiento a sus demandas de servicios básicos.
Los manifestantes pertenecen a la agrupación Antorcha Popular, que es una variante de la organización priista Antorcha Campesina.
El grueso del contingente lo integraron habitantes de 29 colonias de Chilpancingo, entre ellas Mártires Antorchista, Aquiles Córdoba Morán, La Candelaria, Nueva Revolución, Ignacio Manuel Altamirano, Nacionalista, Los Tanques, Ampliación Wenceslao, Plan de Ayala y La Alborada.
También se manifestaron vecinos de las comunidades de Mojoneras, Acahuizotla, El Ocotito, Azinyahualco, Coacoyulillo, Tlahuizapa, Zoyatepec, Julián Blanco, El Ciruelar y El Fresno.
Asistieron comisiones de los municipios de Juan R. Escudero, Mochitlán, Tixtla y Leonardo Bravo.
Los manifestantes de Chilpancingo exigieron la solución a demandas diversas que no ha cumplido el presidente municipal de Chilpancingo, como la escrituración de sus predios en algunas colonias, su inclusión al programa de Techos y Pisos, pavimentación de calles, introducción de agua potable, drenaje y electrificación en sus colonias.
Los antorchistas marcharon del monumento a Las Banderas al centro de la ciudad y se plantaron desde las 11 y media de la mañana en la avenida, en espera de una audiencia con el presidente municipal, a quien denunciaron que desde hace un año no ha hecho ninguna obra en las colonias que pertenecen a esa organización.
En cuanto a las demandas de las comunidades, los antorchistas exigieron la construcción de dos aulas para el tele bachillerato de la comunidad de Tlahuizapa y una para Zoyatepec.
Exigieron al gobierno estatal respuesta a peticiones de introducción de servicios públicos para centros poblacionales de los municipios de Juan R. Escudero, Mochitlán, Tixtla y Leonardo Bravo.
Durante su plantón atrás del Palacio Municipal de Chilpancingo, uno de los dirigentes de Antorcha Popular, Guillermo López expresó un “ya basta de maniobras en contra de la gente humilde, exigimos solución a nuestras demandas”, dijo y se quejó concretamente en contra del alcalde Marco Antonio Leyva que no ha cumplido varias obras que se comprometió a hacer desde hace un año.
Los antorchistas mantuvieron el bloqueo hasta las cinco de la tarde cuando fueron recibidos por el alcalde Leyva Mena. Advirtieron que ya muchas veces han sido engañados por él y que esta vez si no les satisfacía su respuesta se instalarían en plantón indefinido.

 

La secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) y diputada federal priista, Beatriz Vélez Núñez informó a trabajadores de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud que les entregarán entre tres mil 30 y tres mil 500 pesos en efectivo para los uniformes del ejercicio fiscal 2016.
El miércoles representantes regionales de la Secretaría de Salud protestaron en las oficinas centrales de la dependencia para denunciar que en 2016 y lo que va de 2017 no les han entregado los uniformes, a pesar de que hay un presupuesto de 15.5 millones de pesos, además de que consideran insuficiente el recurso que se les pretende entregar para que ellos los compren.
Este lunes en la mañana trabajadores de las oficinas centrales de Chilpancingo le festejaron a la líder sindical con mariachi y pastel su cumpleaños, dijo que en el presupuesto que se envía sólo vienen etiquetados 15.6 millones de pesos cuando se necesitan “alrededor de 40 y tantos” para la compra de vestido y equipo para los trabajadores.
Informó que el reglamento de vestuario y equipo no se ha cambiado, “dice que al médico sólo se le tienen que dar sus dos batas, no dice que zapatos… dice que a la enfermera se le deben dar dos filipinas, dos pantalones o faldas y dos pares de zapatos blancos y sin chaleco, el reglamento dice cofia y una cofia te sale mucho más barata que darles chaleco”.
Del personal administrativo agregó que se le deben de dar dos camisas, dos pantalones o faldas.
Agregó que el “extra” que han conseguido con otras administraciones han sido acuerdos internos que se han obtenido para poder otorgar este beneficio a los trabajadores.
Mencionó que ahora llega un gobierno “responsable que dice ‘yo no quiero ir a la cárcel, yo quiero sacar mi auditoría bien, y no quiero meter una partida contra otra ni revolver los dineros, así como viene etiquetado de la federación así quiero que se aplique’, y ese es el gobierno que dice que son 15.6 millones de pesos y no hay más”.
Señaló que el déficit que se tiene en Salud de pasadas administraciones es porque se agarraba de otra partida el dinero.
Dio a conocer que su postura ante la falta de recursos, es que no se le dieran a nadie los uniformes hasta que se reúna el dinero y se les pueda dar a todos, “a lo mejor mi postura no fue la correcta para los de base, pero sí fue la correcta para que hubiera estabilidad laboral”.
Atajó que ella no maneja el dinero que se destina para la compra de uniformes, sino que llegan al área administrativa.
Dio a conocer que en una reunión con el gobernador Héctor Astudillo Flores le pidió 25 millones de pesos extra para la adquisición de vestuario y equipo, y mencionó que les dieron del plazo del 4 al 8 para que se libere el recurso.
Aclaró que hicieron un cálculo del costo del uniforme y calzado de los trabajadores para entregarles el dinero en efectivo, “lo que hicimos fue un ejercicio de ver, la camisa cuesta 290, los zapatos 720 y las botas de los choferes cuestan mil y tanto, es como se fue calculando a cada uno de los trabajadores de la cantidad que se les va a dar”.
Dijo que les darán unos 3 mil 30 pesos a las enfermeras y tres mil 500 a un chofer, “que no les van a caer nada mal porque ya como quiera el uniforme se lo compraron en 2016 o usó los mismos que tenían, para algo les va a alcanzar, para salir a pasear o una comidita”.
Explicó que se optó por darles el dinero y no el vestuario y el equipo porque los proveedores le “inyectan el IVA y necesitábamos más dinero y en segundo por el monto de la compra y de acuerdo a la Ley de Adquisiciones señala que se tendría que licitar la compra, y si licitan se llevaría un término de al menos mes y medio más un plazo de 90 días que se le da al proveedor, por lo que se llevaría al menos otros cinco meses y medio”.
Dijo que propuso que para este ejercicio fiscal se licite la compra de uniformes y equipo.
“Tenemos 3 mil 800 formalizados, prácticamente ya estamos arriba del número de trabajadores basificados, y entonces, México solamente manda (recursos) para los puros de base y no manda dinero para los regularizados ni para los formalizados, y las condiciones laborales de trabajo dicen que ellos tienen derecho a todo, por lo que hay una contradicción enorme, porque no empata lo que llega de dinero con lo que está en las condiciones laborales de trabajo”, expuso.

 

La Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal promovió ante el Primer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del vigésimo primer circuito con sede en Acapulco, un recurso de revisión en contra del amparo que resolvió el juzgado Primero de Distrito con sede en Chilpancingo, en contra de la Libertad de Terreno que dejaba en posibilidad a esa dependencia federal para concesionar a empresas mineras el núcleo agrario de San Miguel el Progreso (Júba Wajiín en idioma me’phaa), municipio de Malinaltepec.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández calificó la determinación de la SE como una “decisión política”, porque la resolución de la jueza Estela Platero Salado estuvo jurídicamente bien fundamentada.
Tlachinollan ha venido acompañando legalmente a las autoridades agrarias y municipales de San Miguel del Progreso, por lo que Barrera Hernández, adelantó este lunes que el organismo y las autoridades de esa localidad responderán nuevamente por la vía legal para combatir la petición de la SE.
Barrera Hernández informó que la solicitud del recurso de revisión no ha sido notificada formalmente a Tlachinollan como el organismo que acompaña legalmente a la comunidad, pero que fue publicada el 1 de julio en el listado de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.
La petición de revisión del amparo 429/2016 que emitió el 28 de junio la jueza del juzgado Primero de Distrito, Estela Platero en contra de la Libertad de Terreno promovida por la SE, pretende dejar sin efecto la resolución para dejar abierta la posibilidad de volver a autorizar concesiones de exploración y explotación a empresas mineras.
En el núcleo agrario de San Miguel el Progreso se había autorizado una concesión a la minera peruana de capital británico Hochschild Mining, para explorar y explotar yacimientos de oro en las minas Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, sin embargo el núcleo agrario con la asesoría de Tlachinollan obtuvo un amparo en 2016 que echó abajo la autorización de la concesión y la SE decretó la Libertad de Terreno como una segunda opción para autorizar las concesiones.
El 28 de junio la jueza resolvió un segundo amparo, el 429/2016, en contra de la Libertad de Terreno.
Abel Barrera denunció que ahora la SE acude a una “decisión política” al pedir la revisión de ese amparo ante Primer Tribunal Colegiado en materias penal y administrativa del vigésimo primer circuito, para insistir en la Libertad de Terrenos del gobierno federal para dejar el territorio de San Miguel del Progreso libre para la actividad minera.
“La resolución de la jueza (Platero Salado) fue muy clara, muy contundente, muy precisa y muy bien fundamentada con las normas que protegen los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo vemos que el gobierno federal sigue empecinado en desatender las resoluciones, no hace caso a los argumentos jurídicos que se han esgrimido, y lo peor de todo, es que mantiene esta postura que es más política y que no se centra en los derechos de los pueblos”, denunció.
Lamentó que el gobierno mantenga esa posición de defensa a intereses económicos extranjeros, y no tenga una visión de respeto a los derechos colectivos, “es lamentable, pensábamos que la misma SE iba a acatar esta resolución porque viéndolo con objetividad están muy bien planteados los argumentos, y yo creo que en ese sentido están claras las posturas”.
Dijo que en Tlachinollan se pensó que iban a darle ese reconocimiento a la determinación de la autoridad judicial, “pero ahora estamos viendo muy enfáticos que prevalece más el interés económico, la postura política que realmente el interés jurídico y, sobre todo, de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas”.
Anunció que frente a esa postura que tiene la SE de no atender y no acatar la resolución y empecinarse en desacreditar los argumentos que ha presentado el pueblo de San Miguel el Progreso, Tlachinollan va a tener que mantener la defensa jurídica “lo más que se pueda”.
Aunque dijo que apenas van a valorar, “estamos apenas conociendo la respuesta de la Secretaría de Economía, pero en su momento determinaremos qué camino jurídico vamos a tomar”.

El sustento del fallo de la jueza

En la argumentación que presentó la profesora investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), María Teresa Sierra Camacho, en la que se basó la jueza Platero Salado para resolver el amparo 429/2016, se establece el reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos “y con ello el derecho a ejercer la libre determinación en un marco de autonomía, a nivel constitucional y convencional”.
En este sentido, el marco conceptual relevante del dictamen antropológico se centra en las “nociones de comunidad indígena, sistema normativo, territorio y consulta previa”, aspectos que no se valoraron por la SE para el dictamen de la Libertad de Terrenos.
“En este dictamen se asume que San Miguel del Progreso no sólo es una comunidad indígena por formar una unidad sociopolítica que reconoce sus propias autoridades y que están asentadas en un territorio, como lo estipula el artículo Segundo de la Constitución, sino porque adicionalmente con dicho territorio existe una relación colectiva que trasciende el concepto de tierras o de simple dominio jurídico de un espacio”, dice la argumentación de la antropóloga Sierra Camacho.
Agrega que la relación entre los indígenas y su territorio consiste en una posesión “ancestral, mítica e histórica, indisoluble con la identidad y espiritualidad que es tan importante como la misma reproducción material”, y que por ello tienen el reconocimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Por lo tanto, la reproducción material y espiritual de los miembros de la comunidad indígena depende de la integridad de ese territorio. Es importante destacar que se trata de pueblos indígenas que han sufrido históricamente expoliaciones y despojos como parte del proceso colonial y poscolonial que se les impuso, por lo cual la legislación internacional reconoce la deuda histórica de los estados nacionales hacia ellos”, dice el estudio en el que se basó la jueza Platero Salado en su resolución de amparo.

 

La Secretaría de Protección Civil estatal informó que hoy habrá cielo medio nublado y probabilidad de lluvias y tormentas locales dispersas en las regiones Costa Chica, La Montaña, Acapulco, Centro y Costa Grande.
En un comunicado la dependencia indicó que continuará el ambiente caluroso para el estado, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y 34 grados Celsius, excepto en los municipios de las regiones Norte y Tierra Caliente donde el termómetro podría alcanzar los 36 grados.
Ante las condiciones climatológicas la dependencia recomendó a la población mantener medidas de prevención, principalmente quienes habitan en zonas consideradas como de alto riesgo como barrancas y laderas inestables, así como mantenerse atentos a la información meteorológica, atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil y reportar cualquier incidencia al número de emergencias 911.
Por último señaló que la tormenta tropical Franklin de la cuenca del Atlántico que se localizó ayer frente a las costas del estado de
Quintana Roo, se mantiene en vigilancia ante su potencial trayectoria en próximos días hacia el sur del Golfo de México. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

 

El alcalde de Tlacoachistlahuaca, Javier Carmona Villavicencio, informó que las localidades afectadas por las lluvias de la noche del miércoles siguen en emergencia, y que la ayuda que entregó el gobierno del estado fue “en menor escala”.
El alcalde petista informó que solicitará apoyo al gobierno federal para que los campesinos que perdieron su cosechas de maíz y animales domésticos, puedan recuperarse debido a que el cultivo que se perdió es para el autoconsumo.
Abundó que los campesinos no han recibido ayuda del gobierno por sus cultivos de unas 100 hectáreas de las comunidades de Rancho Viejo, Llano Zapote, Jicayán de Tovar, Yoloxochilt y San Pedro Cuitlapa, a quienes no se les ha contabilizado.
Consultado por teléfono el alcalde dijo que la ayuda del gobierno del estado ha sido en “menor escala” para las 11 familias a las que sus casas prácticamente colapsaron por la corriente del río Coyul, en la comunidad de Rancho Viejo.
Indicó que estas familias necesitan un apoyo para que puedan tener una vivienda porque a pesar de que se fueron a refugiar con familiares en la misma comunidad, son de bajos recursos y necesitan un hogar, y solicitó que las familias sean atendidas por el programa de Un Cuarto Más.
El alcalde informó que hay comunidades del municipio que no tienen comunicación terrestre debido a los derrumbes y cortes en las carreteras como La Trinidad y Santa Cruz Yucucani, y siguen los cortes en la carretera que va al municipio de Tlapa y en la que va a Ometepec.
Carmona Villavicencio agradeció el apoyo de los militares del 48 Batallón de Infantería que apoyaron a las comunidades afectadas y a las 80 familias a las que sus casas se les metió el agua en Rancho Viejo.

 

Padres de estudiantes de la telesecundaria Ignacio Manuel Altamirano ubicada en Cuaxtlahuacán, municipio de Mochitlán, exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la remoción de la directora Yolanda Damián Ramírez, a quien acusan de desvío de recursos, maltrato a los alumnos y tratar con prepotencia a los padres.
Con pancartas en las que se leían consignas como: “fuera directora por desvíos de recursos federales” y “fuera directora prepotente”, las madres y padres de familia de esa escuela acudieron a dar una conferencia de prensa en el kiosco de la plaza Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo.
Algunas de las madres como Lucía Atrisco, Iris Hernández, Aurora Silvio y el padre Francisco López, informaron que desde mediados del ciclo escolar pasado los padres mantienen cerrada la dirección de la escuela para impedir la entrada a la directora Damián Ramírez, “pero no se quiere salir de la escuela y hoy venimos a pedir a la SEG que la cambie o tomaremos otras medidas”.
Una de las madres contó que la directora lleva muchos años en el cargo, a pesar de que es repudiada por los padres de familia por el trato déspota hacia ellos y el maltrato a sus alumnos (Yolanda es directora y maestra a la vez).
Dijo que se mantiene en la dirección porque cuenta con el apoyo de personajes políticos y de funcionarios de la SEG, “por eso hasta se burla de los padres de familia a quienes les advierte que no la van a poder sacar”.
La directora es originaria del mismo pueblo, “pero ni por eso tiene un buen trato con los alumnos y padres de familia”, dijo otra mujer, quien advirtió que al inicio del próximo ciclo escolar definitivamente ya no la van a dejar en la escuela.
Otra acusación en contra de Yolanda Damián Ramírez es el mal uso de los recursos que llegan para beneficio de la escuela.
Contaron que las instalaciones se encuentran en pésimas condiciones, mientras que la directora utiliza los recursos que le mandan de la federación para una casa que está construyendo en Chilpancingo.
Explicaron que el ciclo escolar pasado la directora informó de la construcción de una nueva aula. Aseguraron que en su reporte anotó que contaba con alfombra, “pero si ustedes van a ver no tiene ni butacas”.
Los padres de familia la acusaron también de haberse quedado con el dinero que sería para un equipo de cómputo y para una pantalla de televisión.
Los padres de familia informaron que han acudido con el supervisor Simón Trujillo Giles pero que éste ha reconocido que no la puede remover de esa población, “porque se la encargaron y que es su protegida”.
Aseguraron que todas las dependencias de la SEG saben el problema que hay en Coaxtlahuacán con la directora, pero que no la pueden cambiar porque suponen que da dinero a los funcionarios para que la mantengan en el cargo.
En la telesecundaria hay tres aulas y el ciclo escolar pasado egresaron 18 alumnos.
Los padres informaron que de la SEG han enviado a maestros nuevos a trabajar a esa telesecundiaria pero que la directora no los acepta y los corre.
Denunciaron que ha amenazado a algunos padres de familia a quienes les ha advertido que si siguen insistiendo en que se vaya de esa escuela, “cuando vayan a Chilpancingo me la pagan”.
Dijeron que temen que vaya a tomar represalias en contra de quienes la han denunciado.