Vecinos nahuas de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, agrupados en el Frente de Defensa Popular Francisco Villa México Siglo 21 (FDP), exigieron que se ejecuten 67 órdenes de aprehensión contra otros pobladores integrados en el Congreso Nacional Indígena (CNI), a quienes acusan de haber asesinado en 2015 a cinco hombres.
Ayer integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de Espino Blanco ofrecieron una conferencia de prensa en esta ciudad.
El lunes pobladores de comunidades nahuas de Chilapa y José Joaquín de Herrera, entre ellos algunos de San Jerónimo marcharon, bloquearon y se plantaron afuera de Palacio de Gobierno dos días, para exigir entre otras cosas la cancelación de las 67 órdenes de aprehensión, y señalan al otro grupo de pertenecer a Los Rojos.
Ambos grupos mantienen una rivalidad desde el enfrentamiento del 8 de febrero de 2015, se acusan de este hecho y de otros como el del 25 de noviembre de ese año, cuando fueron ejecutadas cuatro personas y tres más resultaron heridas en un ataque a balazos contra una unidad del transporte público en las inmediaciones de la comunidad de Atzacoaloya.
El representante del FDP, Rodolfo Colorado Ahuixteco exigió “al gobierno el esclarecimiento de la masacre que ellos hicieron, el tiroteo que hicieron en la comisaría de San Jerónimo Palantla, es lo que le exigimos al gobierno, es lo que le exigimos a Héctor Astudillo Flores, a César Flores Maldonado que políticamente nos ha recibido, que no ha resuelto nada de eso”.
Se dirigió a los manifestantes del lunes y a su dirigente Jesús Plácido Galindo, a quien acusan de los hechos violentos, y a su padre Cirino Plácido Valerio, “le decimos a esas personas: nosotros no somos cómplices, nosotros lo que exigimos es el esclarecimiento”.
Indicó que una muerte no puede quedar impune, por eso exigen al gobierno, a la Fiscalía General del Estado (FGE) que no tenga atorada las órdenes de aprehensión.
Dijo que si sus compañeros son culpables que no se van a oponer a que la ley los juzgue.
“Sabemos que el estado ha manipulado todo esto políticamente, pero nosotros no estamos aquí nada más porque la queja ya la tenemos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante la ONU, donde estamos pidiendo el esclarecimiento del asesinato de nuestros compañeros”, agregó.
Constantino Calvario Merino a quien el grupo opositor lo acusa de ser culpable de la inseguridad en San Jerónimo, mencionó a sus cinco compañeros asesinados en febrero de 2015: Ana Candelaria Pánfilo quien estaba embarazada, Ángel Calvario Tlatempa, Tomás Chepillo Villanueva, Agustín Hilario Cortés y Juan Bolaños Reyes.
“Se siente triste todo lo que nos han hecho, pero nosotros nos reforzamos con la mayor fuerza con otros compañeros, cómo vamos a salir adelante, ellos siempre han manejado que nosotros somos los culpables de todo lo que ellos han hecho”.
Mencionó que el día del enfrentamiento resultaron 20 heridos, y a algunos de sus compañeros los golpearon y a otros les dieron machetazos.
“Se siente triste cómo lo vivimos, cuando ese canijo (Jesús Plácido) mandó a su gente a que nos fuera a chingar, a que los mataran a la comisaría municipal, porque llevaban hasta un garrafón de gasolina para que nos quemaran, pero gracias a Dios, Dios mismo nos ha protegido y aquí andamos, porque nos han hecho emboscadas en los caminos”, abundó.
Señaló a la Policía Comunitaria del otro grupo de que ha violado a sus propias hijas y familiares y responsabilizó a Cirino Plácido y a su hijo de cualquier cosa que les llegue a suceder.
Denunció que a consecuencia de las quejas del otro grupo el 16 de junio les quitaron siete armas, algunas escopetas.
Pidió que les devuelvan las armas que son su defensa, “la gente de Cirino nos ha amenazado, nos ha dicho que nos van a ir a quemar nuestras casas a nuestro pueblo, eso no es justo por eso nosotros también, el pueblo ya está preparado está levantado, como sea el pueblo se va a defender”.
Además expuso que el luego del ataque a la Urvan en Atzacoaloya aprehendieron a sus compañeros, los llevaron a una casa de justicia y los culparon del multihomicidio, pero no les comprobaron nada.
Advirtió que si el gobierno no ejecuta las órdenes de aprehensión lo va a hacer el pueblo, “porque el pueblo ya se está preparando para eso”.

 

 

Pobladores de comunidades nahuas de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que protestaron el pasado lunes para exigir la cancelación de 67 órdenes de aprehensión en su contra, propusieron una reunión con el grupo opositor para aclarar y reconstruir los verdaderos orígenes de los asesinatos del 8 de febrero y 24 de noviembre de 2015.
Este miércoles, el grupo opositor dio una conferencia de prensa exigiendo se ejecuten las órdenes de aprehensión para castigar a los responsables de cinco homicidios que se dieron en el enfrentamiento de febrero.
Más tarde el grupo contrario se enteró de las declaraciones en la conferencia de prensa y emitió un comunicado, firmado por autoridades de comunidades, donde exponen su descontento.
“No somos un grupo”, “somos Autoridades de Institución de Justicia y Seguridad Comunitaria, las Comunidades y Pueblos Indígenas… con sede en Rincón de Chautla, los Comisarios y demás compañeros aludidos”, aclararon en el escrito.
Además, hicieron alusión a las declaraciones que hizo el otro grupo, que forma parte del Frente de Defensa Popular Francisco Villa, en un noticiario de Radio UAG y que dijeron son mentira.
Abundaron que las averiguaciones previas fueran integradas dolosamente a mujeres y hombres indígenas, que desde la comisaría de San Jerónimo Palantla fueron recibidos a balazos por un grupo encabezado por Domingo Orgín Calvario, Antonio Bolaños Calvario, Constantino Calvario Merino y Apolinar Calvario Tlatempa, quienes dicen ser del grupo delictivo de Los Rojos. Aclararon que muchos de los acusados no estuvieron en el enfrentamiento.
Propusieron una reunión de ambos grupos para aclarar los hechos violentos, para detener a los responsables.
“Ninguna autoridad de la casa de justicia actual y anterior tiene derecho a quitar la vida a nadie. Es proyecto de vida, no es proyecto de muerte. Es una casa de justicia, no es casa de ladrones y asesinos”, sostuvieron.
Solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que cite al otro grupo, al que nuevamente lo señala como parte de Los Rojos, para aclarar las acusaciones que hacen en contra de su casa de justicia, y que si los citan ahí estarán también ellos, autoridades y promotores, y que desarmen a ese grupo, aunque en la conferencia de prensa dijeron que ya fueron desarmados desde junio.

 

Unos 500 campesinos integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ) marcharon en Chilpancingo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) para exigir 2 mil toneladas de fertilizante para 5 mil productores.
Los manifestantes, que avanzaron por la lateral sur-norte del bulevar Vicente Guerrero, son de los municipios Zapotitlán Tablas, Chilapa, Tecoanapa, Quechultenango, José Joaquín de Herrera, Acatepec, Ayutla y Mochitlán.
La marcha partió de la bifurcación de la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco. Los campesinos pretendían bloquearla, pero al lugar llegaron representantes del gobierno estatal para ofrecerles una mesa de negociación en la Sagadegro.
Durante la marcha, el dirigente de la LARSEZ, Marcial Dircio Ortega, informó que desde 2015 el padrón estatal de fertilizante no ha sido actualizado, lo que impide a nuevos campesinos acceder a este programa, y algunos han tenido que comprarlo. Precisó que el bulto cuesta entre 300 y 500 pesos, y la mayoría no puede costear este gasto.
También recriminó que en Atlixtac y Tecoanapa vendieron el fertilizante, lo que consideró grave. Resaltó que el fertilizante se tenía que haber entregado los primeros días de junio, “en varios municipios y comunidades las milpas ya están amarillas y, sin fertilizante, las cosechas se perderán o no darán igual”.
Los manifestantes marcharon por la lateral del bulevar Vicente Guerrero hasta llegar a la Sagadegro, para reunirse con el secretario, Juan José Castro Justo.
A las 4 de la tarde salieron de la reunión, donde funcionarios estatales les propusieron que les darían 190 toneladas para los 5 mil campesinos, con lo que se inconformaron los manifestantes, y reiniciaron su marcha en la Autopista del Sol, y a las 4:30 bloquearon totalmente el carril norte-sur, en la salida de Chilpancingo hacia Acapulco, frente al hotel el Parador del Marqués, al sur de la capital.
Al lugar acudieron policías federales para dialogar con los inconformes y pedirles que se retiraran del lugar. Asimismo, llegaron autoridades estatales que les prometieron una respuesta para las 7 de la noche, los manifestantes desbloquearon la carretera, aunque se quedaron en el lugar a esperar que llegara la hora fijada.
Se acordó que se les entregarán 300 toneladas de fertilizante, y que el próximo sábado se reunirán con el gobernador, Héctor Astudillo Flores; luego, los campesinos se retiraron del lugar.

 

La Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) señaló que hubo violación de los derechos humanos de los reos de la cárcel de Ayutla, a quienes “sin motivo legal” les quitaron aparatos electrónicos, informó el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Rogelio Téliz García.
El 23 de septiembre de 2016 agentes de la Fiscalía General del Estado catearon la cárcel, a los internos les quitaron radios, televisores, y ventiladores pese a que estos aparatos ingresaron con la autorización de la Dirección de la cárcel.
Por este hecho el preso político y consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos interpuso una queja.
Ayer Téliz García indicó que la Codehum le notificó que hubo un “indebido aseguramiento de aparatos y se transgredió el derecho humano de la seguridad jurídica”.
La Codehum recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública abrir una investigación para determinar qué agentes de la Policía del Estado participaron en la revisión en la cárcel de Ayutla, y se les aplique la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
Además la comisión solicitó que los aparatos retirados a los reos les sean devueltos. (Jacob Morales Antonio).

 

El delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello canceló su visita a la comunidad de Santo Domingo, municipio de Coyuca de Catalán, prevista para la mañana de este miércoles, cuando ya lo esperaban vecinos inconformes con la calidad de las casas que les entregaron, así como por acuerdos de darles 15 mil pesos en lugar de viviendas a los damificados de 2013.
Mientras que en un boletín, la Sedatu dijo que entregó 47 viviendas en localidades de la región Tierra Caliente.
En Santo Domingo la reunión estaba programada para las 10 de la mañana pero a esa hora les informaron a los vecinos que la reunión se cancelaba. Los vecinos ya lo esperaban para reclamarle la mala calidad de las casas.
Se quejaron de que para llegar al fraccionamiento donde los reubicaron tienen que cruzar un camino de 100 metros de lodazales. Ante las recientes lluvias, no entran los carros.
Las casas tienen cuarteaduras que se ven corregidas con cemento. Se quejaron también de que una vez concluidas las casas les hicieron una banqueta que quedó hasta 10 centímetros más arriba del nivel de las viviendas, provocando que el agua no pueda salir de las casas.
El vecino Ceferino Santamaría es el único que vive en el fraccionamiento, y mostró que la tormenta de este miércoles inundó su casa debido al tope que le hicieron con la banqueta, por lo que tuvo que echar el agua hacia el drenaje del baño que va a una fosa séptica.
Uno de los vecinos que va recibir casa también mostró la vivienda que le toca, que fue construida a un costado de este fraccionamiento, en su terreno, porque no quiso que se lo hicieran en el mismo espacio; sin embargo, la tormenta reblandeció el suelo y derribó el poste de la toma de energía eléctrica porque no fue plantado con suficiente profundidad.
La mayor inconformidad en Santo Domingo es que faltan por construirse más de 50 casas desde 2013, de vecinos que cuentan con su folio y que perdieron completamente su vivienda, pero que nunca tuvieron respuesta del gobierno federal.
A los damnificados se les prometió desde enero que podrían recibir una cantidad de dinero en efectivo para compensar el que no les hayan construido su casa; algunos estuvieron de acuerdo, pero conforme fueron pasando los meses la cantidad disminuyó, y en mayo pasado el último ofrecimiento fue de 15 mil pesos.
También les ofrecen en lugar de casa un paquete de 2 toneladas de cemento para compensar que no les entregaron sus casas que tiene un valor que el mismo gobierno federal fijó en 120 mil pesos.
Se trata de vecinos de escasos recursos económicos, de los que algunos, debido a la demora después de cuatro años, estuvieron de acuerdo en entregar su documentación para avanzar en este trámite.
Les prometieron que el dinero llegaría lo más pronto posible, y esperaban que a más tardar en julio les darían lo prometido, pero no les han dado nada.
Otro grupo de vecinos está molesto porque señala que no se puede hacer nada con 15 mil pesos, pues no alcanzan ni para levantar una pared como la de las casa que se les cayeron.
La señora Martina dijo que su casa era de unos 10 metros por 15, y se cayó completamente. Todavía en el patio hay escombros y ella no aceptó el acuerdo de los 15 mil pesos porque lo considera un fraude.
También la señora Marilú tenía una vivienda que se cayó y tampoco estuvo de acuerdo en los 15 mil pesos, reclama que ese dinero no corresponde a lo que el gobierno ya reportó como gastado, “con 15 mil pesos no puedo construir un nueva casa”, dijo.
Santo Domingo es una de las localidades más grandes del municipio de Coyuca de Catalán. Se ubica aproximadamente a 15 kilómetros de la cabecera municipal.
En Santo Domingo se perdieron más de 100 casas en septiembre de 2013, cuando el río Balsas se desbordó. La mayoría de las casas son de adobe, pero también hubo un reporte de 150 viviendas con daños parciales.

Entregó 47 viviendas en localidades de Tierra Caliente, informa

En un boletín la Sedatu informó que entregó 47 viviendas en localidades de la región Tierra Caliente.
En Santo Domingo, localidad de Coyuca de Catalán, fueron entregadas 17 casas, “para continuar con la reconstrucción hemos enfrentado distintos procesos adversos, pero estamos cumpliendo tal y como lo instruyó el presidente, Enrique Peña Nieto”, declaró el delegado federal durante un recorrido de supervisión de obras en la capital, según la misiva.
Refirió que las autoridades municipales han contribuido, “con inversión del gobierno federal se construyeron las viviendas y se hizo una alianza con los municipios para que ellos se encargaran de la introducción de los servicios básicos como lo es la electrificación, agua potable y drenaje”.
Armenta Tello reconoció la participación de Abel Montúfar Mendoza, presidente municipal de Coyuca de Catalán, por contribuir en las acciones a favor de los damnificados.
De igual forma, resaltó la colaboración del alcalde de Ajuchitlán del Progreso, Onofre Santana Ramírez.
En ese municipio se entregaron 30 viviendas y también se construyeron 272 cuartos adicionales del programa Un Cuarto Más, con una inversión superior a los 12 millones de pesos, agrega.
El delegado de la Sedatu argumentó que a pesar de no poder estar en el recorrido de este día, las casas se entregaron a los beneficiarios y mantiene comunicación con todos los alcaldes de Tierra Caliente. (Redacción / Chilpancingo).

 

Vecinos de la colonia Buena Vista pidieron la intervención del presidente priista de Tlapa Jesús Noé Abundiz García, ante la situación de riesgo que presentan algunas viviendas ante asentamientos y grietas en el suelo.
Hace unos días, vecinos se quejaron de que sus casas fueron afectadas por la empresa Torreblanca que extrajo tierra de un terreno cercano para llevarla al libramiento que se está construyendo, lo que provocó que surgieran agrietamientos en sus viviendas.
Sin embargo, el alcalde dijo que Protección Civil municipal y estatal están trabajando en un dictamen de riesgo en la zona y las posibles causas de las grietas, ya que la empresa le comunicó que no sacó mucho material porque era inviable su traslado al estar cerca el mercado.
Informó que la noche del lunes se reunió con los vecinos afectados, y acordaron que les darán asesoría y apoyo para beneficiarlos con algún programa de vivienda y que las direcciones de Catastro y Desarrollo Urbano revisarían si había alguna área verde que pudiera ser factible de cambio de uso de suelo para su reubicación, y que pedirán la intervención del gobierno del estado para apoyar a las familias. Además, dijo que se formó un comité para darle seguimiento a las familias afectadas.
Dijo que Protección Civil municipal acudió al lugar y las familias de dos viviendas afectadas directamente optaron por dejarlas para prevenir, una se fue a rentar y otra a vivir con familiares, y que quedan otras cinco familias un poco alejadas que aún siguen en el lugar.
Mencionó que las colonias Buena Vista, Paraíso y Figueroa presentan áreas riesgosas que no pueden ser habitadas y que en esta administración que inició en 2015 no se han entregado permisos de construcción, y que ante un imprevisto se verán afectadas las de la parte baja, como la Fovissste, San Nicolás y Aviación.
Destacó que desde 2009 existe un dictamen de riesgo de la zona, por lo que si las viviendas fueron afectadas o se vieron los agrietamientos, “pudo deberse a varios factores”, como las lluvias, las vibraciones y las condiciones del lugar.
Dijo que están alertas porque recientemente hubo desprendimiento de tierra. Las casas afectadas quedaron cercanas a una calle y un lote que fue retajado con maquinaria a una altura de más de 30 metros.

 

El delegado en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, en un recorrido en fraccionamiento El Mirador, al sur de la capital, indicó que ante la insistencia de Protección Civil de atender la fragilidad de estructura en la manzana 2-B, donde hay 32 viviendas, se están solicitando recursos a para que se desmantelen y sean removidas, ante la negativa de las empresas de hacerse cargo de la reparación del las casas mal hechas.
Por lado, informó que del adeudo de 78 millones de pesos del programa Hábitat, como parte de un convenio de la Sedatu con nueve municipios, ya se entregaron 54 millones de pesos a la mayoría de estos, que tiene mayores avances con la administración de los recursos.
El delegado acudió a El Mirador, donde fueron reubicadas familias damnificadas de 2013 que en reiteradas ocasiones se han quejado de la mala ejecución de la obra, pues las viviendas presentan cuarteaduras, filtraciones, sobre todo en temporada de lluvias.
En consulta, dijo que acudió a supervisar el avance del puente, que no puede concluirse porque donde termina una de las partes de la obra, el propietario del terreno que cedió al municipio, se queja de incumplimiento de los acuerdos, y ha impedido continuar la obra.
Dijo que las vialidades podrían usarse, que deberán pasar unos días en lo que se logra el fraguado del concreto, pero que se les impide utilizarlo, y está prácticamente suspendido.
Dijo que había hablado con el alcalde Marco Antonio Leyva Mena, porque es necesaria para el arranque de la obra comunicación oficial del municipio, “de que se puede disponer del predio para ejecutar la acción, pero entiendo que los acuerdos que tuvieron con el propietario del predio, no han sido cumplidos a satisfacción de él y por eso él ha impedido que se pueda desarrollar”, contó.
Dijo que se necesita terminar la obra, que se está haciendo con recursos federales del programa de Infraestructura para el Hábitat, y que tienen caducidad, y que su interés es que se ejerza cuanto antes. Abundó que el costo de la obra es de más de 20 millones de pesos, y que ya tienen un avance de más de 90 por ciento.

Se ha ampliado la demanda contra las empresas, dice

Respecto a las viviendas que fueron mal ejecutadas por las empresas, Armenta Tello abundó que la demanda legal contra las empresas que ejecutaron mal las viviendas se han ido ampliando, incluso les han pedido algunos peritajes administrativos técnicos para que se pueda perfeccionar la averiguación.
“Nosotros ante la insistencia de Protección Civil de atender la fragilidad de la estructura donde está la manzana 2-B, estamos solicitando recursos a nuestra oficina central para que puedan ser desmanteladas, ante la negativa que hemos tenido de las empresas de hacerle frente a esta situación”, detalló.
El delegado argumentó que ha hablado con el secretario de Protección Civil estatal, Marco César Mayares, sobre la importancia de atender el riesgo de la inestabilidad de las estructuras.
Refirió que las viviendas siguen cuarteándose, con fisuras y filtraciones; que la empresa accedió a reparar los daños, pero ha dicho que nunca se van a detener los daños de las vividas, porque el tipo de terreno en el que están soportadas las estructura tienen movimiento permanente y que cada temporada de lluvias hay reacción.
También informó que el sistema de agua ha sido resuelto, que está llegando el suministro del municipio.

Ya fueron entregados 54 millones de los 78 del programa Hábitat, dice

Asimismo, Armenta Tello informó que del adeudo de 78 millones de pesos del programa Hábitat, ya le fueron entregados 54 millones.
Recordó que estos recursos son parte de un acuerdo que habían firmado con alcaldes de nueve municipios desde el año pasado, entre ellos Zumpango, cuyo acalde, Pablo Higuera Fuentes se quejó varias veces de la falta del pago.
El delegado abundó que el dinero ya se ha repartido a la mayoría de los municipios en donde se tienen las acciones de mayor avance, que ya se tiene la documentación comprobatoria, las acciones que se ejecutaron y una vez que llegue el resto, se tendrá que entregar.
“Con Zumpango hemos ya llegado a un avance significativo en la administración del recurso que es igual de lo que ya hemos recibido de comprobación, está verificado físicamente y documentalmente y esperemos que llegue el complemento para que podamos cumplir lo acuerdo al cien por ciento con lo convenido”, añadió.
Respecto a adeudo con trabajadores del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), dijo que aún hay pendientes, que está solicitando recursos para gastos operativos de la supervisión y ejecución de acciones del proceso de reconstrucción.
Reconoció que no se ha pagado a los trabajadores, y que el compromiso era que a finales de julio se les iba a abonar el pago de mayo, por lo cual es probable que retomen sus protestas los trabajadores.
Resaltó que pronto tendrán una mesa de trabajo donde expongan las necesidades que tienen como estado, particularmente la delegación, en infraestructura vial urbana y vivienda, para que se tomen acciones para resolver los conflictos que enfrentan, pues dijo que están próximos a cumplir cuatro año del paso de las tormentas Ingrid y Manuel.
Lamentó que este miércoles no llegó a una gira en Tierra Caliente, donde entregaría 45 viviendas del proceso de reconstrucción, y que su preocupación es entregarlas cuanto antes. Comentó que de algunas de ellas le han señalado que no tiene agua ni energía eléctrica, y aclaró que eso le corresponde al municipio.

Las lluvias de la madrugada de este miércoles dejaron seis viviendas inundadas en la comunidad de Rancho Viejo, municipio de Tlacoachistlahuaca, y seis enramadas en Barra de Potosí, municipio de Petatlán.
La Secretaría de Protección Civil del estado reportó esos daños, y en un informe dio a conocer que la carretera Tlacochistlahuaca-Metlatónoc resultó seriamente afectada por los derrumbes provocados por el deslizamiento de tierra por la humedad.
En Petatlán, seis enramadas de Barra de Potosí se inundaron ante la crecida de la laguna.
El director de Protección Civil y Bomberos de Petatlán, David Miralrío Mora explicó que debido al crecimiento de la laguna tras las precipitaciones que se han registrado en la región, seis enramadas resultaron afectadas con la reducción del área de servicio.
“El agua subió hasta donde ponen las mesas y las sillas. Lo que pasa es que los enramaderos son los que están invadiendo la zona de la laguna, y cuando la laguna esta crecida les llega el agua”, explicó.
La laguna conecta desde la cabecera municipal de Petatlán hasta Barra de Potosí, desfoga en la Barra San Valentín y Barra de Potosí.
Miralrío Mora comentó que se dio un desfogue de agua cuando la Barra de San Valentín se abrió, pero desde hace quince días el nivel del agua continúa afectando a los enramaderos.

Continuarán las tormentas, actividad eléctrica y vientos en el estado, prevé el SMN

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un boletín en el que prevé que para Guerrero continuarán las tormentas puntuales muy fuertes, además serán acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.
Estas condiciones serán originadas por un canal de baja presión, la onda tropical 21, la onda tropical 22 y una zona de baja presión con potencial ciclónico, así como un sistema anticiclónico.
La tarde de este cayó un chubasco en la capital del estado, que provocó inundaciones al sur de la ciudad, principalmente en zonas de barrancas donde hay avenidas grandes, como la Lázaro Cárdenas. (Anarsis Pacheco Pólito y Redacción / Chilpancingo y Zihuatanejo).

 

El presidente del comisariado ejidal de Zihuatanejo, Jorge Luis Reyes López informó que la tarde de este martes conversó por teléfono con el subsecretario de Gobernación federal, René Juárez Cisneros, quien se comprometió a pactar una reunión para discutir la indemnización que los ejidatarios no han recibido de la expropiación de sus tierras.
Los ejidatarios llevan un pleito jurídico en el Tribunal Unitario Agrario contra el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por la indemnización que desde hace 44 años les adeudan a los campesinos de este ejido, a quienes les expropiaron 480 hectáreas para desarrollar la zona comercial y hotelera de Ixtapa, y que hasta la fecha no los han indemnizado.
Vía telefónica, Reyes López dijo que la reunión que prometió gestionar Juárez Cisneros con los directores del Fonatur, Alonso Reyes, y del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), Carlos Flores Rico, que se llevaría a cabo en la Ciudad de México, sería el preámbulo para conocer la opinión de estas dos instituciones sobre la lucha de los ejidatarios.
Comentó que la llamada que recibió de Juárez Cisneros obedece al compromiso que hizo el subsecretario con el ejido de Zihuatanejo, de empezar a explorar soluciones legales a un conflicto social y legal de tiene 44 años.
El presidente del comisariado ejidal relató que el compromiso es la próxima reunión, “ya formal, para que podamos discutir propuestas y contrapropuestas y nos serán señalados el día, la hora y el lugar”, que podría ser la Subsecretaría de Gobernación.
Añadió que estos son los comienzos de lo que podrían ser diálogos para encontrarle salida al conflicto, y destacó que con esta llamada “se ha expresado, por primera vez en la lucha de estos 44 años, una intención sería de la federación de atender y escuchar al ejido de Zihuatanejo”.
Manifestó que con este enlace telefónico los ejidatarios se quedan tranquilos, “pero con la guardia en alto todavía”, y advirtió que las protestas que han venido haciendo cada sábado en Ixtapa, desde hacer varios meses, continuarán.
“El próximo sábado tenemos programado un plantón en el centro de Ixtapa… y una mega marcha el 12 de agosto; estamos viendo que se sume una fundación de apoyo a campesinos que abarca de Petatlán a La Unión y Zihuatanejo, a quienes les voy a pedir que se sumen a la marcha”, informó Jorge Luis Reyes López. (Redacción / Zihuatanejo).

 

Comisarios municipales de Buena Vista del Salto, Yolotla y Petlacala, municipio de San Miguel Totolapan, solicitaron al gobierno del estado médicos, maestros y el rastreo de la carretera, porque debido a las lluvias hay continuos derrumbes que cierran el paso.

Este miércoles por la mañana, una comisión de 11 habitantes de las tres comunidades acudieron a la Secretaría General de Gobierno para tener un encuentro con funcionarios, para que se les atendiera y diera respuesta a sus demandas de salud, educación y carreteras.
Tras dos horas de reunión en la sala Emperador Cuauhtémoc, los habitantes de la parte serrana del municipio salieron visiblemente enojados, porque esperaban que en la reunión estuviera el gobernador Héctor Astudillo Flores o el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, pero en su lugar estuvo algún subsecretario.
“A lo mejor satisfechos nos vamos, porque por lo menos un agua nos invitaron (una botella de 275 mililitros)”, señaló uno de los comisarios.
Al concluir al reunión don Ismael Antúnez García explicó que se le solicitó al gobierno del estado una mesa de trabajo, para obtener resultados ante la ausencia de médicos y enfermeras para las tres comunidades.
Agregó que al darse cuenta que no serían atendidos por el gobernador ni por el secretario, se convencieron que la ayuda no les llegaría, a pesar de las necesidades puntuales que presentaron.
“Por educación nos quedamos, no queríamos reunirnos con ellos, queríamos a un subsecretario o el mismo secretario”, señaló.
Antúnez García comentó que se van de Chilpancingo desanimados, porque sólo les dieron “largas”, ya que de momento no le solucionaron nada a los comisarios y sólo quedaron en avisarles el sábado sobre qué podrán atender.
Detalló que en la reunión se planteó la demanda de médicos y enfermeras para las tres comunidades, que se ubican en la Sierra de San Miguel Totolapan, ya que en ninguno de los centros de salud se está dando servicio a la población.
Relató que ante una emergencia, en la que se requiera de atención inmediata, las familias deben abrirse paso por las carreteras de terracería para trasladarlos a hospitales en Atoyac o Tlacotepec.
“Si es una emergencia hacemos de todo para llegar a un lugar con atención médica, porque a veces hasta corremos el riesgo de que se mueran en el camino, sino es tan grave nos aguantamos y soportamos”, agregó.
Comentó que en el tema de carreteras se solicitó la pavimentación del trayecto de Yolotla a Toro Muerto, así como el rastreo en el tramo Yolotla-Tlacotepec, ya que durante esta temporada de lluvias se han registrado varios y continuos derrumbes que impiden el paso.
“Hay tanto derrumbe y tan poca ayuda, las maquinas ni el módulo llegan, debemos arreglarlo a pico y pala para limpiarlas”, agregó.
Dijo que desde hace tres años, las carreteras que comunican a las tres comunidades con el resto de la sierra, que pertenece al municipio de Heliodoro Castillo, no han sido rastrilladas por el gobierno del estado, por lo que el poco mantenimiento que se les ha dado fue con la ayuda de la propia comunidad.
Otro de los puntos que solicitaron fue el de maestros para el nivel preescolar, pues requieren tres maestros para diferentes grados en la comunidad de Petlacala.
“No queremos que nos construyan escuelas, ahí nosotros nos arreglamos, lo que queremos ahorita son maestros”, agregó.
Por parte del gobierno del estado fueron atendidos por trabajadores de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, trabajadores de la Secretaría de Salud, de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) y de Conafe.