Comerciantes ambulantes de la calle 21 de Marzo, al lado del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, bloquearon totalmente la avenida Insurgentes para exigir a la dirección de Protección Civil municipal que agilice los trabajos de desazolve de las alcantarillas que están en la zona, que les han provocado pérdidas económicas.
Desde las 8 de la mañana, más de 20 comerciantes ambulantes se encargaron de la limpieza en las alcantarillas de la calle 21 de Marzo, porque Protección Civil municipal se ha tardado con los trabajos de desazolve.
Los comerciantes recriminaron que desde el lunes han hecho los trabajos porque las alcantarillas se colapsaron a causa de la lluvia que cayó el domingo, pero los trabajos son lentos, lo que les ha ocasionado perdidas económicas.
Las vendedoras dijeron que comerciantes y familiares limpiaron el lugar desde las 4 de la mañana de este miércoles, para evitar más perdidas. Además recriminaron que los trabajadores de Protección Civil son lentos y llegan tarde. Comentaron que los trabajadores llegan a las 9:30 de la mañana y se van a las 2 de la tarde, y que por eso no avanzan.
A las 10:20 de la mañana, los comerciantes bloquearon la avenida Insurgentes para exigir que se agilicen los trabajos.
El bloque duró una media hora, y al lugar acudió el director de Protección Civil del municipio, Gustavo Vela Guevara, quién se comprometió a tener dos turnos para que los trabajadores terminen más rápido.
Dijo que los trabajadores llegarán a las 9 de la mañana y se irán a las 2 de la tarde, y en el turno de la tarde llegarán a las 3 de la tarde y se irán a las 8 de la noche. Después de los acuerdos, a las 10:50 de la mañana los comerciantes desbloquearon la avenida.
Al finalizar la protesta, Gustavo Vela nuevamente responsabilizó a los comerciantes que tiran la basura a las coladeras, y por eso “se taponean”.  Indicó que los trabajos de desazolve estarán durante toda la semana porque en el lugar hay mucha basura y arena, lo que  ha complicado que se entreguen a tiempo los trabajos.(María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

El Ayuntamiento de Chilpancingo que encabeza el alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena, nuevamente cambió al administrador del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla; ahora queda como encargado Estanislao Méndez Ávalos, quien dijo que es urgente que se haga una nueva central de abasto, debido a que el mercado central ya llegó a su ciclo final de vida.
Consultado en su oficina en el mercado central, comunicó que desde el sábado fue nombrado nuevo encargado, “no sé por qué despidieron al otro encargado, yo tengo el puesto de coordinador de todos los mercados en Chilpancingo, pero mientras me dejaron aquí”.
Se le preguntó sobre los asesinatos dentro y alrededor del mercado, y respondió que el administrador del mercado sólo se encarga de que haya agua, energía eléctrica, que se recolecte la basura y desazolve de las alcantarillas.
Informó que en lo que va de la administración de Leyva Mena se ha sustituido más de siete veces al encargado de mercado.
Dijo que el mercado central deberá de cambiarse de lugar para hacerlo más amplio porque el inmueble actual ya llegó al final de su vida útil, y que de continuar en el lugar, podría ocurrir una desgracia.
Comentó que el Ayuntamiento no tiene el dinero suficiente para construir un nuevo mercado, por lo que ahora se tienen que adecuar con lo que se tiene; además, indicó que los vendedores y compradores no quieren irse a otro lugar.
“Cuando llegué, hace más de 30 años, a la capital, no estaba tan poblada, por eso era fácil otorga los servicio, había dos colonias, ahora hay más de 600, lo que complica que el mercado se sature”, indicó.
Expresó que analizará los problemas principales de los comerciantes fijos y semifijos para dar un diagnóstico de cómo están el interior y el exterior del mercado. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Choferes de varias rutas de transporte público de Zihuatanejo iniciaron un procedimiento legal para evitar la demolición de la caseta de la parada ubicada entre las avenidas Morelos y Benito Juárez, frente a la plaza de la Libertad de Expresión.
Los choferes de microbús y Urvan, encabezados por el delegado de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en la Costa Grande, Felipe Moreno Sánchez, iniciaron el proceso en la sala regional de Zihuatanejo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado, con número de expediente 128-2017, contra de presidente municipal, Gustavo García Bello; el delegado de Vialidad y Tránsito, Roberto Durán Abarca; y el director de Seguridad Pública.
Por su parte, otros líderes del transporte urbano, suburbano y liviano que están de acuerdo con la cambio de la caseta, acompañados por autoridades del transporte en el municipio, argumentaron que la reubicación y permuta de paradas fue un consenso entre todos los líderes.
Desde el 21 de junio, transportistas independientes y otros agremiados a varias agrupaciones se manifestaron contra la decisión del gobierno municipal del cambio de paradas en el centro.
Desde entonces, han denunciado arbitrariedades y corrupción de agentes de Tránsito, que cobraban hasta 10 pesos a cada camión o Urvan para dejarlos quedarse más tiempo del permitido esperando pasajeros en las paradas.
El delegado regional de la CROM en la Costa Grande, Moreno Sánchez, quien presentó un poder que lo acredita como defensor de los transportistas, dijo que tiene un mes buscando al presidente municipal para dialogar sobre el cambio de paradas.
“Ha hecho caso omiso el señor (Gustavo García Bello), nosotros estamos peleando que se regrese la caseta de los micros que están en la avenida Morelos que ya tiene más de 25 años esta caseta”, refirió el líder.
El líder Alberto Cervantes Quiroz puntualizó que los choferes que están en contra del cambio del lugar de las paradas y la demolición de la caseta juntaron 120 firmas, que no son unos cuantos y todos están bien constituidos.

 

 

Los dirigentes estatales del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, y del PAN, Marco Antonio Maganda Villalva, indicaron que la percepción que la gente tiene sobre la inseguridad dista mucho de lo que declaró el comandante de la Octava Región Naval, almirante Juan Guillermo Fierro Rocha, quien afirmó que el Estado no ha sido rebasado por el crimen organizado.
Ambos fueron entrevistados, por separado, tras una reunión que sostuvieron en Acapulco para tratar de alianzas electorales en el 2018.
Cesáreo Guzmán opinó que las cifras de 226 homicidios de julio dadas a conocer por El Sur deben ser motivo de alarma nacional y recordó que la dirigencia del PRD ha solicitado de manera reiterada una atención especial del gobierno federal a Guerrero.
Dijo que no solamente con armas y policías se va disminuir la violencia sino con políticas de impacto social.
Cesáreo Guzmán señaló que las declaraciones del almirante Fierro Rocha “no coinciden en nada con lo que la gente percibe en las calles, lo que se vive en las calles es muy diferente porque no todos tienen la escolta que a él lo acompaña”.
Dijo que por eso el PRD reclama una atención especial para Guerrero y que en su momento pidieron que se nombrara un comisionado federal de seguridad y el gobierno federal dijo que no.
Indicó que han demandado que entonces el gobierno federal atienda de manera urgente el rezago de Guerrero como se ha hecho en otros lados donde se ha abatido la violencia y “esa mano presupuestal federal no se ve en Guerrero y ahí están los índices de violencia cada vez subiendo al grado que se ve actualmente, de verdadera confrontación”.
“La opinión de la mayoría en Guerrero y Acapulco que día a día sorteamos la suerte si podemos llegar a nuestros hogares, sería otra, la situación está muy difícil”, dijo en tanto el panista Maganda sobre las declaraciones del jefe de la Marina en Guerrero.
Añadió que lo más lamentable es que julio fue el mes de más homicidios, 7.2 diarios según el recuento de El Sur, y eso quiere decir que no se está combatiendo el crimen como se hacía en los gobiernos del PAN, “ahora creo que ya rebasamos el número de muertos en el sexenio que mucho criticaba el gobierno priista, que decían que ellos sí sabían gobernar y ya hemos rebasado las cifras; con una pequeña diferencia, que en estos momentos no hay un combate frontal contra la delincuencia y en esa promesa de campaña del gobierno del estado como federal (de dar paz y seguridad) han quedado a deber”.
Para el panista es claro que la seguridad se les ha salido de control “porque ni el gobierno del estado ni la federación abonan a que las cosas sean distintas y, al contrario, creo que empeoran”
Sobre la situación en Chichihualco donde policías federales fueron retenidos por ciudadanos argumentado atropellos, Celestino Cesáreo señaló que los agentes deben estar ahí para garantizar la seguridad de la gente y “nosotros como partidos nunca vamos a estar a favor de los abusos en el cumplimiento de la ley”.
Añadió que es cierto que las autoridades se ocupan de un pueblo cuando suceden hechos donde tocan a las autoridades y “debiera darse una política más integral y por eso el PRD ha reiterado que mientras el gobierno federal no tome a Guerrero como prioritario, el gobierno del estado debiera tener una estrategia propia y no la tiene; van como 60 operativos especiales del gobierno y es evidente que no hay resultados”.
Para Maganda Villalba no es la primera vez que se menciona esa situación de abusos por parte de la Policía Federal, por lo que “pedimos al gobierno federal que tome las acciones y medidas necesarias para poder solucionar este problema porque se puede salir de control y no sé a qué grado pueda llegar y podamos lamentar”.

 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en el ejercicio fiscal 2016 del gobierno de Ayutla de los Libres un daño a la hacienda pública por 50 millones 309 mil pesos que no fueron solventados, porque los utilizaron para compra de fertilizante y proyectos productivos.
El municipio es gobernado por la alianza PRI-PVEM que postuló a Hortensia Aldaco Quintana, a quien la ASF realizó una auditoría de desempeño a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federa de Ayutla de los Libres.
El órgano fiscalizador tomó una muestra de 106 millones 899 mil 400 pesos que es el 71.5 por ciento de un total de 149 millones 587 mil pesos.
De acuerdo al informe, la federación transfirió al estado 4 mil 566 millones 219 mil 600 pesos durante el ejercicio fiscal 2016 a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), de los cuales fueron asignados a Ayutla 149 millones 587 mil pesos.
La ASF realizó 10 observaciones al municipio, de las cuales ocho fueron solventadas. Las dos restantes generaron una observación y un pliego de observaciones, por los que determinaron recuperaciones probables por 50 millones 309 mil pesos que no fueron solventados.
De estos recursos, 49 millones 809 mil pesos fueron utilizados para la compra de fertilizantes y 500 mil pesos por proyectos productivos.
Esas acciones no se encuentran consideradas en la ley de Coordinación Fiscal, ni en el catálogo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
La auditoría concluyó que el municipio “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FISMDF y tiene una contribución marginal al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social”.
En el dictamen se apunta que al 31 de diciembre de 2016, el municipio gastó el 95.7 por ciento de los recursos disponibles y al cierre de la auditoría, el 31 de marzo de 2017 había ejercido el 99.7 por ciento.
Pero en el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias a la ley principalmente de Coordinación Fiscal y la General de Contabilidad Gubernamental, con lo que generaron “un probable daño a la hacienda Pública federal por un importe de 50 millones 309 mil 100 pesos” que representa el 47.1 por ciento de la muestra auditada.
También determinó que el municipio incurrió en incumplimientos de las obligaciones de transparencia sobre la gestión del FISMDF, ya que no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes del ejercicio y destino de los recursos. Tampoco realizó el Programa Anual de Evaluaciones, ni efectuó evaluaciones sobre los resultados del fondo, “lo cual limitó al municipio para conocer sus debilidades y áreas de mejora”.
Por las irregularidades en la ejecución de los recursos, la ASF determinó que los objetivos y metas del fondo se cumplieron de manera marginal, ya que el municipio invirtió 50 millones 309 mil 100 pesos (que es el 33.6 por ciento de lo asignado) para proyectos que no están considerados en los lineamientos establecidos ni obtuvo “la opinión favorable” de la SEDESOL para considerarse como proyectos especiales, y tampoco corresponden a los rubros establecidos en la ley de Coordinación Fiscal.
Se precisa que el gobierno municipal de Ayutla cumplió con el porcentaje de recursos establecido para las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas, porque invirtió el 16.7 por ciento cuando debió de ser al menos el 10 por ciento. Sin embargo, el porcentaje que se invirtió en proyectos de incidencia directa fue del 36 por ciento cuando debió de ser por lo menos el 70 por ciento de los recursos transferidos.

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) emitió una inejecución de sentencia del juicio (es decir, que no fue atendida), para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a favor de la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, y en contra del síndico Benito Sánchez Ayala y tres regidores de esa comuna.
La segunda resolución se emitió con fecha 25 de julio pasado por el magistrado de la Sala Superior, Indalfer Infante González bajo el expediente: Sup-jdc-1773/2016 y Su-jdc1806/2016 acumulado, en el que resuelve que el síndico y los regidores Humberto Palacio Celino, Edelmira del Moral Miranda, y María del Rosario López, no cumplieron la sentencia que emitió en junio del año pasado.
En dicha sentencia el Trife pidió al síndico y a los tres regidores el desalojo del Palacio Municipal que mantienen tomado desde mayo del 2015 en demanda de la revocación de mandato de la alcaldesa del Movimiento Ciudadano, Felícitas Muñiz Gómez, a quien acusan de actos de corrupción y nepotismo.
En respuesta a la nueva resolución, el síndico Sánchez Ayala, dijo que “es falso que hayamos incumplido con la sentencia que dictó ese Tribunal, lo cierto es que a partir de la fecha en que fuimos legalmente notificados de la misma, aun cuando no hemos cometido las conductas que nos atribuye, nos hemos abstenido de cometer acto alguno que la actora incidentista (quien presentó la demanda), Felicitas Muñiz Gómez, califica de violencia política y de género encaminados a afectar el pleno ejercicio de su cargo como presidenta municipal”.
Agregó que tampoco han impedido el ejercicio de las funciones de la presidenta municipal, “por la razón de que ésta no vive en la población de Apango y dice que trabaja ejerciendo sus funciones en forma itinerante, en las distintas comunidades que desconocemos, como también que ésta trabaje en una oficina alterna”.
Agregó que la alcaldesa no puede ejercer sus funciones en el Palacio Municipal, no porque se lo impidan, si no que son los ciudadanos quienes tienen tomado el edificio donde funciona el Ayuntamien-to, lo que no debe ser obstáculo para que Muñiz Gómez desempeñe sus funciones, pues “lo puede hacer en lugar distinto a este como supuestamente dice que lo hace y que no es verdad, porque vive y opera ejerciendo sus funciones desde la ciudad de Chilpancingo, en donde tiene su domicilio particular y esto es del dominio público”.
En su escrito de respuesta el sindico expresa que la presidenta pretende que desalojen a las personas que mantienen un bloqueo del Ayuntamiento. Por otra parte, notificó al organismo electoral que los ciudadanos de esa localidad se reunieron y acordaron mantener el bloqueo, hasta que el Congreso del Estado resuelva sobre una nueva solicitud de revocación de mandato en contra de la presidenta municipal.

 

Los consejos estatales de Morena definirán si los militantes que recurrieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) para defender sus derechos políticos podrán ser candidatosen las elecciones de 2018.
En el oficio CNHJ-098-2017 de fecha 26 de julio la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia da respuesta a una consulta hecha por la presidenta del Consejo Estatal de Morena de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, sobre los criterios que deben seguir “para determinar la procedencia o improcedencia” de los militantes que aspiren a cargos en caso de que hayan sido sancionados por esa instancia.
La Comisión recomendó a los consejos estatales que “realicen las consideraciones ético-políticas necesarias” para que quiénes sean seleccionados como aspirantes a cargos de elección popular para la elección de 2018 sean “ejemplo” para los militantes.
En respuesta a la consulta, la Comisión respondió que los militantes sancionados por ese órgano están “inhabilitados para participar en calidad de candidatos”, siempre que la resolución “esté en firme, es decir, que no hayan sido revocadas por algún órgano jurisdiccional electoral estatal y/o federal”.
La opinión de la Comisión agrega que “en los casos de aquellos militantes que hayan impugnado las resoluciones de esta Comisión y que derivado de dicha impugnación se haya revocado la resolución, se recomienda que al interior del Consejo Estatal se realicen las consideraciones ético-políticas necesarias a fin de lograr que los representantes de Morena emanados del proceso de selección interna, sean un claro ejemplo para los afiliados , simpatizantes y ciudadanía en general, de que las y los representantes de Morena se conducen en estricto apego a los documentos básicos que rigen la vida intrapartidaria”.
En Guerrero, hay varios casos de militantes que recurrieron al Trife en defensa de sus derechos políticos. Uno de ellos es el actual secretario general del Comité Ejecutivo Estatal, Marcial Rodríguez Saldaña, quien fue destituido del cargo y despojado de sus derechos partidistas y después por medio del Trife recuperó su nombramiento y sus derechos como militante.
De Rodríguez Saldaña, ex rector de la UAG, se sabe que aspira a ser candidato a senador.
En su momento, el dirigente estatal de Morena, Pablo Amílcar Sandoval, dijo que el Trife es un instrumento de la “mafia en el poder”para influir en la vida interna de ese partido.

Los presidentes estatales del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, y del PAN, Marco Antonio Maganda Villalba, tuvieron el primer acercamiento con miras a concretar acuerdos para una alianza en lo local en la elección del 2018, que es lo que esta dentro de sus competencias.
La reunión privada se llevó a cabo en el Starbucks, al lado del hotel Fiesta Americana, y tuvo una duración de casi una hora.
Al concluir la reunión y en declaraciones a El Sur, el presidente del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, informó que fue el primer acercamiento con la dirigencia del PAN, que encabeza Marco Antonio Maganda, con quien afirmó tener “una extraordinaria relación más allá de nuestras responsabilidades institucionales”.
Sin dar muchos detalles de lo hablado, dijo que con ello se inicia una serie de acercamientos con miras a concretar acuerdos para el 2018 en el plano local.
Informó que el próximo lunes va sesionar el consejo del PRD y “vamos a formalizar una comisión de la dirección estatal del partido para que dialogue con el PAN y con los demás partidos, con MC, PT y con todos los que se pueda”.
Adelantó que esa comisión es la que va ir concretando temas ya en lo especifico, Contó que ya platicó con el dirigente de MC, Luis Walton Aburto, pues los partidos tienen sus propias instancias y comisiones con las cuales “nosotros vamos a mantener una relación de respeto e institucional”.
Mientras que el presidente del PAN, Marco Antonio Maganda Villalba, indicó que se está buscando construir gobiernos de coalición y “de poder mandar a los mejores hombres y mujeres a las candidaturas a las alcaldías y distritos locales”
Dijo que van hablar con todos los que estén abiertos a un frente y poder construir una coalición política en Guerrero y “le podamos dar buenos resultados a los guerrerenses que están ávidos y se vayan solucionando los problemas a los guerrerenses”.
Añadió que era la primera páica, pero “estamos igual abiertos en poder seguir dialogando y poder aterrizar esta situación y no nada más es con el PRD sino con los todos los partidos que tengan el interés de conformar ese frente amplio, todos van a ser bienvenidos”.
Maganda Villalba finalizó diciendo están abiertos para poder construir el frente o coalición en Guerrero.
En la reunión estuvieron integrantes del comité estatal del PRD como el secretario de Organización, Pánfilo Sánchez; el secretario de Formación Política, Miguel Flores; el secretario de Alianzas, Salvador Mojica y el secretario de Asuntos Electorales, Luis Estefano Cervantes García.
A pesar de que este martes el mismo presidente del PAN informó que su partido conformó una comisión para evaluar candidaturas comunes, a la reunión asistió únicamente él.

Padres de familia de la secundaria Bicentenario de la Independencia 2010, ubicada en el poblado San Agustín, en Acapulco, denunciaron que personas se metieron a las instalaciones del plantel, de donde sustrajeron computadoras, equipo de laboratorio, aires acondicionados e impresoras.
En declaraciones, los padres dijeron que los ladrones los dejaron sin nada en la escuela y que es consecuencia de que las autoridades nunca les hicieron caso para construir una barda.
El pasado 15 de marzo unos cien padres de familia llevaron a cabo un bloqueo de más de tres horas en la carretera federal México-Acapulco, frente al nuevo hospital ubicado en la periferia de la ciudad, para exigir la construcción de aulas, una barda, butacas y el pago de adeudos de horas a maestros.
Los padres recordaron que aunque las autoridades educativas llegaron al bloqueo y acudieron a la escuela para ver las condiciones que estaban, donde se hizo el compromiso de construir la barda y darles butacas, a cinco meses de eso no les dieron nada, que nada más los engañaron por lo que piden la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores para que los ayude, pues no tienen ni una máquina para iniciar con el papeleo.
Los denunciantes, quienes pidieron omitir sus nombres, informaron que los hechos al parecer fueron el sábado, que los veladores les avisaron y fueron a ver, encontrando todo revuelto y mucho del equipo ya no estaba. De acuerdo con unas fotos mostradas, se ve que los ladrones levantaron parte de herrerías y ventanas del área de cómputo donde se llevaron las computadoras.
Mientras que en el área de laboratorios los ladrones rompieron varios equipos y otros se los llevaron, despegaron un aire acondicionado y se robaron los ventiladores. En la dirección de la escuela fue tirada toda la papelería y sustraídos los aparatos eléctricos y computadoras. La cafetería de la escuela también fue atracada y se llevaron los tanques de gas.
Indicaron que para poder comprar al menos dos computadoras y hacer los trámites de los alumnos, la mayoría de los padres acordó cooperar 500 pesos. Indicaron los padres que la situación se la hicieron saber a César Flores Maldonado, asesor del gobernador, quien dijo que el tema lo iba tratar con Astudillo Flores y le piden a éste que los ayude, porque los ladrones los dejaron sin nada, “bueno hasta sin escobas”.