Campesinos de San Juan Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan, denunciaron que el Ayuntamiento que preside la alcaldesa Felicitas Muñiz Gómez, los excluyó del programa de fertilizante para beneficiar a unos 40 vecinos que no son productores, y que hora están vendiendo a 160 y hasta a 200 pesos el bulto.
El presidente del comisariado de Bienes Comunales, Melquiades García Ríos informó además que las autoridades municipales “rasuraron” el padrón. Explicó que, en esa comunidad el padrón era de más de 100 productores, pero que este año bajó a 49.
Por separado, productores de Apango, la cabecera municipal, denunciaron que también en esa población fueron excluidos del padrón 120 productores.
Vía telefónica, el representante de los comuneros de San Juan Totolcintla, García Ríos informó que ha enviado dos oficios a la presidenta municipal, el primero el 31 de mayo, y el segundo el 24 de julio, pero que ni siquiera se los ha contestado.
Mientras tanto, acusó que a 40 habitantes de ese pueblo, sin solicitud de por medio, la presidenta municipal les repartió fertilizante a pesar de que no están en el padrón, y de que algunos son maestros y otros empleados de dependencias federales y estatales.
García Ríos denunció que el padrón también fue “rasurado” por la presidenta municipal, y que de más de 100 productores este año se redujo a 49 empadronados.
Informó que para la segunda etapa de fertilización de sus cultivos, que comenzará la próxima semana, han estado solicitando 35 paquetes, pero que la edil, que es del partido Movimiento Ciudadano, no les ha dado respuesta.
“Lo que más nos da tristeza y coraje es que el fertilizante que le dio a esa gente, lo están vendiendo. Hemos visto que vienen de Tula del Río (una comunidad vecina) a comprar a San Juan Totolcintla, en 160 y hasta en 200 pesos el bulto de abono”, denunció.
García Ríos reconoció que algunos de los 40 vecinos que benefició la alcaldesa, sí están ocupando el fertilizante porque sembraron “sólo para elotes”, para el autoconsumo, pero que la mayoría de los beneficiados no sembró, porque son maestros o empleados de dependencias federales o estatales, “y eso no se vale”, dijo García Ríos.
Pidió que la presidenta Muñiz Gómez le conteste aunque sea negativamente, pero por escrito, “para decirle yo a la gente que estoy representando que ni modo, que vamos a tener pérdidas por todo el trabajo que hemos invertido en el campo, porque sin fertilizante no se va a dar la milpa”.
Informó que cuando ha ido con el director de desarrollo rural, Fernando Álvarez Ojeda le dice que ya se cerró el programa, “y me manda con el regidor, Gines Ocampo Rosales, y éste me manda con la presidenta municipal, pero ella otra vez me dice que quien se encarga del programa es el director de Desarrollo Rural”.
El dirigente de los comuneros de San Juan Totolcintla, pidió la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores, y del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), Juan José Castro Justo, porque los productores que ha excluido la presidenta municipal del programa del fertilizante, compraron el fertilizante desde el año pasado.
García Ríos aseguró que en su caso el año pasado compró más de 3 toneladas, “y eso no se vale porque se supone que el abono es gratuito, según ha dicho el gobernador”.
Dijo que con estas acciones del gobierno municipal están obligando a los campesinos a que abandonen la tierra y que se vayan como jornaleros agrícolas a los campos de Michoacán o Jalisco, “allá donde pierden la vida nuestros hermanos. Eso nos da tristeza y coraje”, insistió.
El dirigente campesino denunció que en el municipio de Mártir de Cuilapan, quien asume el control del fertilizante es directamente la presidenta municipal, porque ni siquiera al regidor Ocampo Rosales lo dejan que meta las manos, “ahorita quien distribuye es directamente la presidenta municipal”, aseguró.
Aseguró que, en el caso de San Juan Totolcintla, los 40 a los que benefició la alcaldesa son gente que la apoyó y votó por ella en las elecciones, mientras que el resto de los campesinos tienen que comprar en 250 pesos el bulto de sulfato de amonio y en 400 el de granulado.
Recordó que, de acuerdo con la normatividad del programa los productores, tienen derecho a recibir el fertilizante para 2 hectáreas, es decir, 12 bultos. Explicó que por cada hectárea son cinco bultos de sulfato de amonio y uno de granulado.
Por separado, campesinos de Apango denunciaron que en esa población el Ayuntamiento excluyó a 120 productores, sin explicación alguna, pero que suponen que son los campesinos que disienten de su administración.
García Ríos, dijo que por eso el llamado es a que intervengan directamente el gobernador Astudillo Flores y el titular de la Sagadegro Castro Justo, para que atiendan a los campesinos que de verdad necesitan el fertilizante, “si no como vamos a mantener a nuestras familias, porque nosotros sembramos para el autoconsumo”, explicó el dirigente comunal.

El alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena develó una estatua de Cuauhtémoc que es parte de la remodelación de la avenida Alemán, que finalmente costó 25 millones de pesos y no fue concluida en su totalidad.
En su discurso en el lugar, Leyva Mena dijo que en la avenida Alemán habrá 12 esculturas, entre ellas estará la de Juan Ruiz de Alarcón y la de Nicolás Bravo, que es parte del arreglo.
También dijo que habló con el gobernador priista, Héctor Astudillo Flores, sobre el cableado subterráneo que costaría 6 millones y medio de pesos, “ya sea que se coloque en la avenida Alemán o en la Álvarez”.
El alcalde dijo que, “me alegra que mi amigo el alcalde de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Darío Pérez Morales esté conmigo; hoy Chilpancingo le rinde homenaje a Cuauhtémoc, dado que desde muy joven, ante la invasión española siempre levantó el brazo con dignidad y orgullo”.
El alcalde capitalino expresó que Cuauhtémoc se colocó en la avenida Alemán porque se está tratando de recuperar la memoria histórica, que sea una calle con todos los héroes que Guerrero le ha dado al país, “necesitamos una calle donde haya historia”, domentó.
El 12 de septiembre de 2016, el gobernador Héctor Astudillo Flores puso en marcha la remodelación de la avenida Alemán. Entonces, Leyva Mena explicó que la obra iniciaría en la calle Cristóbal Colón y terminaría en el parque Unidos por Guerrero, que la obra tendría una longitud de 800 metros y que costaría 9.8 millones de pesos, tras una gestión de la diputada federal, Beatriz Vélez Núñez, y se preveía que estuviera concluida en dos meses y medio, antes del paseo del pendón.
Consistiría en la ampliación de banquetas, infraestructura y equipamiento urbano, alumbrado público en tramos de la avenida, donde el cableado sería subterráneo.
Al finalizar la develación de la estatua, el alcalde declaró que en la avenida Alemán la primer inversión fue de 13 millones de pesos, “pero nos extendimos a 25 millones”, porque se colocó concreto hidráulico, y se hizo el cambio de tubería de drenaje y de agua.
Aseveró que los vendedores ambulantes ya fueron retirados de la avenida Alemán y no se permitirá ahí el “ambulantaje”.
Se le cuestionó que en la última etapa no fue colocado el concreto, respondió que, “no nos alcanzó el presupuesto”, y reconoció que sólo  90 de la obra tiene ese tipo de material.
–¿Es decir que la obra no fue planeada?, se le preguntó al alcalde.
–Si fue planeada perfectamente, pero cuando se realiza una obra se deben de considerar siempre los por menores.
El presidente municipal capitalinio dijo que el Ayuntamiento no consideró el cambio del concreto hidráulico, la tubería de drenaje y de agua y el cableado subterráneo, el cual “es importante que se concluya” porque dentro de la convocatoria que fue publica no se tenía contemplado, y habrá otro presupuesto de unos 6 millones de pesos, pese a que cuando se anunció la obra el cableado subterráneo estaba contemplado.
El presidente municipal resaltó que, “el gobernador del estado está interesado en que el cableado sea subterráneo, ya sea en la avenida Alemán o Álvarez, por eso se destinarán más de 6 millones de pesos”.
En cuanto a la avenida Álvarez, Marco Antonio Leyva Mena dijo que ahí sólo se ampliarán las banquetas y el alumbrado público, lo que costará 9 millones y medio de pesosos; contó que el Ayuntamiento capitalino tuvo que “convencer” a la diputada priista, Beatriz Vélez, para que hiciera la gestión del presupuesto.
Están en su derecho ante un problema “tan complejo”, dice de la protesta de taxistas contra la inseguridad

Sobre la protesta este jueves de integrantes del Consejo de Autotransporte, quienes pintaron la leyenda “Señor gobernador exigimos audiencia. Seguridad”, ante los asesinatos a taxista, dijo que están en su derecho, ante un problema “tan complejo”.
El alcalde informó que los ataques a los taxistas atentan también contra la seguridad de los usuarios, “pero como ya lo hemos platicado muchas veces, es un tema complejo”.
En cuanto al drenaje roto cerca del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, dijo que no es problema “fácil” es un asunto del cambio de drenaje que tiene más de 60 años de antigüedad, y el Ayuntamiento abrió la calle para cambiar la tubería.
“Claro que el hoyo está ocasionando problemas, pero son complejos, las personas quieren que abramos y cerremos al otro día, no se puede hacer de esta manera, y tengo fotos de que si hay señalización”, indicó.

Colonos del fraccionamiento Las Gaviotas, en Chilpancingo, denunciaron que el Ayuntamiento capitalino y el encargado de la construcción del puente elevado de Chichihualco, no quieren bombear el agua que está estancada a un lado de sus casas, y temen que alguien caiga al desagüe, porque con las últimas lluvias la profundidad del agua aumentó a 12 metros.
En un recorrido en el fraccionamiento, se observó a las familias sacando el lodo y el agua que se metió en sus casas, luego de las recientes lluvias que han caído en la capital.
Desde hace 10 años, en este asentamiento ubicado al norte de la capital viven 22 familias de bajos recursos, en casas de madera y techo de lámina; sólo tres tienen paredes de tabique y techo de lámina.
En el recorrido se pudo observar que los vecinos protegían sus muebles y aparatos electrodomésticos subiéndolos encima de tabicones para que no se dañara el agua. Las familias incluso contaron que cuando llueve con fuerza, se van con algún familiar.
A finales de junio pasado, las lluvias de la tormenta tropicad Dora provocaron inundaciones en 16 casas del fraccionamiento, cerca de las instalaciones de la Policía Montada y frente al crucero de Chichihualco.
Los vecinos dijeron que cuando inició la obra también “se complicó el problema”, porque el desagüe se tapó, y solicitaron al encargado que desazolve para que baje el volumen del agua, pero no quiso.
También le pidieron al Ayuntamiento que les ayudara, pero les negaron solucionar el problema argumentando que es una colonia irregular, y que deben de abandonarla porque es de alto riesgo.
Los colonos manifestaron que si las autoridades no los ayudan a reponer sus pertenecías perdidas o a proporcionarles otro predio, entonces que desazolven para que el agua continúe fluyendo y las familias no corran peligro cada vez que llueve. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Pescadores de la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión, urgieron al subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, para que se agilice el trámite para reunir la documentación que demuestre la afectación que causó la empresa Flensa SA de CV, en su zona de pesca, al contaminar un brazo del río Balsas con el derramamiento de 32 mil litros de combustóleo.
Se tenía previsto que el pasado jueves 20 de julio los pescadores recibieran el llamado para reunirse con autoridades federales para revisar el concentrado de información que demuestra la responsabilidad de la empresa.
El presidentes de los pescadores, Gilberto Barrera Reyes, vía telefónica dijo que por cuestiones de salud, no se ha podido reunir con el subsecretario Juárez Cisneros.
Manifestó que tampoco se han reunido, porque la información no está lista y es urgente que se agilice, que se reúna “toda la documentación necesaria para que se concentre y nos den el dictamen final”.
“Nosotros  queremos que la empresa nos dé la cara, confiamos en la buena disposición del gobernador, Héctor Astudillo Flores, y del subsecretario René Juárez, y tenemos plena confianza en que ellos harán que la empresa nos dé la cara”, refirió el líder de los pescadores.
Barrera Reyes manifestó que los pescadores ya se están inquietando, “porque ya estamos viendo que el trámite se está tardando… pedimos su valiosa intervención porque queremos que este conflicto se acabe rápido”. (Redacción / La Unión).

El abogado de la Alianza de Afectados por Financieras en Guerrero (Adafig), Jaime Alvarado López informó que ya hay una sentencia definitiva del juicio del concurso mercantil que beneficiará con el Fideicomiso Pago (Fipago) a mil 200 familias de Xochihuehuetlan y Huitzuco que fueron defraudadas en 2009 por la financiera Cofía.
En consulta telefónica, el abogado recordó que en 2009 la financiera, que es una sociedad cooperativa de responsabilidad limitada, defraudó en Huitzuco y en Xochihuehuetlán, a 4 mil 554 inversionistas.
Sin embargo, en 2015 se firma el convenio entre el gobierno del estado, representado en ese entonces por Rogelio Ortega, y Fipago, organismo creado para rescatar a los defraudados por financieras, para que recuperaran sus fondos.
A finales de 2015, socios de la financiera Cofia promovieron un juicio de concurso mercantil, equivalente a declararse en quiebra, para impedir que el gobierno federal asumiera su cartera.
Alvarado López comentó que el Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa y del Trabajo, y juicios federal de Cholula, Puebla, admitió el juicio de concurso mercantil con el número 57820015, y que el pasado 11 de julio se emitió la sentencia que incluye la relación de los guerrerenses que pudieron acreditar sus ahorros ante ese juzgado.
Los defraudado tuvieron que ir a Puebla a apersonar el juicio, 250 familias de Huitzuco y 950 de Xochihuehuetlan, y con esto las mil 200 familias podrán hacer válido el convenio que hizo el gobierno del estado con Fipago.
El abogado abundó que van a retomar las pláticas, y que ya le informó al representante del gobierno del estado ante Fipago, Arturo Latabán, que ya tienen la sentencia y la lista, que era un requisito que impuso el Fideicomiso para pagarles. (Beatriz García / Chilpancingo).

Alejandro Guerrero

Iguala

El presidente de la Unión de Usuarios de la Autopista Iguala-Amacuzac, Jesús María Flores Botello presentó ayer ante la delegación regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) una queja en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Banco Nacional de Obras (Banobras), para que vecinos de Iguala tengan la vía libre en la autopista dentro del programa Residente, o que se construya una vía alterna libre de cuotas.
La mañana de ayer, Flores Botello interpuso una queja formal por violación de los derechos humanos de libre tránsito, derecho al trabajo y desarrollo económico, en contra de los titulares de la SCT, Gerardo Ruíz Esparza; Capufe, Benito Neme Sastre; y de Banobras, Alfredo Vara Alonso.
Durante tres domingos consecutivos, automovilistas de Iguala adheridos a la Unión de Usuarios y Cámaras de Comercio, han protestado en la caseta de peaje de la carretera hacia Cuernavaca, en rechazo a que se refrende la concesión por 20 años más. En agosto de 2017 termina la tercera concesión de 20 años otorgada a esta vía construida entre 1952 y 1954.
De acuerdo con el documento entregado a la Codehum, después de la construcción de la carretera de cuota en el camino real de Iguala a Amacuzac, desde 1954 se le han otorgado tres concesiones, cada una por 20 años, sin que haya una vía alterna libre entre el tramo Amacuzac, Buenavista de Cuéllar e Iguala, “lo que constituye una práctica monopólica por parte de Capufe y la SCT”.
Además señala que durante 62 años, la gran mayoría de los caminos alternos que concurren con esta vía han sido cerrados o clausurados por Capufe y la SCT.
El pago de la cuota en la caseta es de 68 pesos para carros particulares, sólo se exentó a 2 mil 500 vecinos de Buenavista de Cuéllar a través del programa Residente, impulsado en 1998. Para el caso de algunos beneficiarios de Iguala se suspendió en 2007, tras supuestas indicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que consideran también un acto discriminatorio y arbitrario.
En el documento exigen que vecinos de Iguala sean incluidos en el programa Residente para no seguir afectando  los empleos de quienes transitan por esta vía, y que el pago de la caseta ya no genere un encarecimiento de productos y servicios que llegan al municipio.

En la reunión de integrantes de Antorcha Campesina del municipio de Zapotitlán Tablas con representantes de la Secretaría de Salud (Ssa), ante el reclamo de la carencia de médicos, se informó que se enviaron dos médicos y otro está por llegar para cubrir la exigencia de los ciudadanos me’phaa y nahuas.
Además les dijeron que se capacitará al personal para sensibilizar a los trabajadores del hospital, y que den una buena atención; tendrán los médicos que piden y se reestructurarán las funciones de los integrantes de la plantilla laboral para cubrir los turnos, días festivos, fines de semana, permisos y traslados, para no afectar a los derechohabientes.
Acordaron que se cumplirá con el catálogo de medicamentos, que no autorizarán cambios, y si se hicieran, se repondrá el personal, además de que tendrán reuniones de seguimiento para atender las quejas.
En la reunión estuvieron los líderes de Antorcha Campesina en la Montaña, Macario Moreno y del municipio, Miguel Rodrigo; el presidente priista, Teodelfo Pérez García; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 Montaña de la Ssa, José Luis Morales Alvarado; el jefe de Recursos Humanos, Jorge Aguilar; el director, y el administrador del Hospital de Zapotitlán.
En la reunión en el auditorio municipal, Macario Moreno planteó la falta de atención de calidad en el hospital y que en lugar de mejorar iba decayendo ante la falta de apoyo de las autoridades, al no generarse condiciones para los especialistas, no tener equipamiento en laboratorios, Rayos X inservibles, y falta de un pediatra y una ginecóloga.
El líder municipal de Antorcha Campesina, Miguel Rodrigo lamentó que no se convocara a los comisarios, delegados y representantes de colonias para que escucharan, ya que, “no somos sólo los antorchistas los que necesitamos el hospital, ni queremos agandallarnos nada”, les dijo a los representantes del Ayuntamiento.
Recordó que desde 2015 el equipo de Rayos X no funciona, y entonces les dijeron que necesitaba consumibles para las placas; luego les dijeron que no servía y que repararlo costaría unos 18 mil pesos; y ahora les dicen que se requiere un millón de pesos para repararlo.
El jefe de la Jurisdicción, José Luis Morales dijo que la plantilla del Hospital es de 11 médicos y 18 enfermeras, a quienes se deben sumar dos parteras que hacen su servicio social, cuatro enfermeras pasantes y tres médicos becarios; reiteró que los especialistas no quieren acudir a la región.
Por su parte, el presidente priista de Zapotitlán Tablas, Teodelfo Pérez pidió que la ambulancia sea para uso de todo público, no sólo para trasladar a mujeres embarazadas; le dijeron que podría hacerse, pero si el Ayuntamiento da el chofer o la gasolina.

Turistas que viajaban en dos camionetas chocaron en el acceso a playa Linda, municipio de Zihuatanejo, en el bulevar, dejando a una turista lesionada y daños en los carros.
La tarde de este viernes, paramédicos de Protección Civil del estado, fueron movilizados tras la alerta de la colisión de dos camionetas.
El choque fue entre una camioneta Mitsubishi Asx, color gris con placas de Michoacán y una camioneta Nissan NP blanca con placas del Yucatán; el chofer de está ultima chocó contra el costado derecho de la primera camioneta.
En el accidente resultó lesionada Ester N. de 78 años, originaria del estado de Michoacán, quién viajaba en la camioneta Mistsubishi; fue trasladada al hospital regional del Seguro Social. (Redaccción).

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán informó que ante la situación de violencia en la entidad, en la que 22 alumnos y docentes de la máxima casa de estudios han sido víctimas de la delincuencia, se pedirá el resguardo del Ejército en sus planteles en el próximo regreso a clases.
Fue consultado en Atoyac al término de la instalación de la primera piedra del nuevo plantel después de 9 años de estar en funciones la licenciatura del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados-Ignacio Manuel Altamirano (IEPA-IMA).
El instituto estará en la colonia 2 de Diciembre sobre el bulevar de Atoyac a la Y Griega, en un predio que donó el municipio e invierte un millón 500 mil pesos, para la construcción de cuatro aulas con aires acondicionados y sanitarios.
La primera piedra fue instalada por el rector Javier Saldaña y el alcalde Dámaso Pérez, quienes destacaron la importancia de invertir en la educación.
Saldaña Almazán dijo que seguirá trabajando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno en la educación, “yo sé que si preparamos a un guerrerense tenemos ahí a un gran gestor, a un gran profesionista y podemos quitarle un joven a la delincuencia”.
Adelantó que no se cerrará ninguna carrera, pero serán direccionadas y se abrirán más escuelas, que es la mejor herramienta para combatir el delito, más que invertir millones de pesos persiguiendo el delito “una persona preparada se mete, aunque sea de profesor, aunque sea de reportero”.
Expuso que en las zonas donde los maestros que no cuidan su empleo la Universidad no les va hacer su tareas, como en algunas preparatorias que están desapareciendo porque hay algunas con 10 alumnos “se cerrarán las que no operan, porque algunas las usan para hacer políticas y la Universidad no es para eso, en caso de las prepas populares”, señalo.
Lamentó que la inseguridad siga tocando a los alumnos y trabajadores de la UAG y sigan siendo víctimas de la delincuencia como ocurrió el jueves con la docente Carmelina, quien fue asesinada al intentar defender a su pareja, “es algo que denunciamos y queremos que se haga justicia porque ya había sido víctima la misma docente en octubre de 2016 con una hija muerta, y eso lastima”.
Adelantó que para el siguiente regreso a clases ante los casos que se han presentado la estrategia es un protocolo de seguridad que confía en que funcione, “aunque los eventos que han pasado con los universitarios han sido fuera de la institución los lastima, se ha pedido a los militares que mantengan la seguridad, ya tenemos en varias escuelas, sin embargo mientras sea para prevenir el delito y salvar una vida, muchos dicen que se viola la autonomía, claro que no porque estamos asegurando la seguridad de la gente que está en las escuelas” .
Afirmó que hay un acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de que mantendrá su presencia en las instalaciones de la Universidad, en las escuelas que sea necesario.
En las investigaciones de los asesinatos que han sido víctimas los universitarios dijo que se ha detenido a gente, que se les ha comprobado que han participado por lo menos en siete homicidios y quedan libres.
Mencionó que en la región Tierra Caliente es donde se ha registrado la mayor deserción de alumnos por cuestiones de seguridad, que es de un 20 por ciento en comparación con otras que es de 10 por ciento.

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) dará de baja de manera definitiva a 87 trabajadores del sector, quienes fueron encontrados con plazas irregulares en la auditoría a la nómina magisterial a cargo del gobierno federal.
Según el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, en la auditoría a la nómina magisterial se hallaron 44 mil 76 plazas irregulares en país, de las que 14 mil 900 eran de maestros en funciones administrativas, 17 mil 262 tenían alguna comisión o licencia con goce de sueldo que por ley no debían otorgarse, y mil 361 plazas eran de docentes que se habían dado de baja pero seguían cobrando.
Consultado vía telefónica al respecto el secretario de Educación Guerrero, José Luis González de la Vega Otero dijo que continúa el proceso jurídico de los trabajadores en esa situación, ya que no se les puede dar de baja “sin darles la oportunidad de que se defiendan”, pero no proporcionó la cifra total.
Puntualizó que a 87 trabajadores, maestros y administrativos se les buscó para que aclararan su situación, pero “no aparecieron, no respondieron y no los tenemos ubicados en ningún centro de trabajo, o bueno, en donde supuestamente estaban ubicados no están”.
Dijo que hay “muchos más” trabajadores con plazas irregulares de los que “algunos” han pedido permiso, pero éste se venció y ya se pasó el tiempo de renovación, y por ello se les buscará para que aclaren si van a regresar a su plaza o no, de manera que se les ubique en centros de trabajo.
“Es un tema sumamente complejo”, expresó.
Señaló que hay casos de trabajadores del sector que obtuvieron su cambio de adscripción, pero aún aparecen ubicados en el centro de trabajo que se les asignó cuando ingresaron al sector, “no es que sean aviadores, es que bueno a veces regular, honestamente, a veces irregular logran su cambio antes de que nosotros lo detectáramos, tienen un acuerdo de que van y cobran, o va un pagador y les paga, están en un centro de trabajo pero no en el que aparece en el sistema, todo eso tenemos que regularizarlo”.
Por otra parte informó que los resultados de la evaluación de ingreso al Servicio Profesional Docente podrían darse a conocer la próxima semana, por lo que acudió a la Ciudad de México para hacer las gestiones pertinentes de manera que se garanticen las claves y salarios de los maestros.
Precisó que a la SEG no se le envían los resultados especificando los puntajes de los maestros que participaron en la evaluación, sólo recibe un concentrado con los nombres de quienes aprobaron, aunque a los docentes sí se les indica la calificación que tuvieron. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).