Jenaro Villamil / Agencia Proceso

Ciudad de México

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y la Junta de Coordinación Política del Senado acordaron formar un “grupo de seguimiento” a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que iniciarán el próximo 16 de agosto con Estados Unidos y Canadá.
Tras sostener una reunión a puerta cerrada con los coordinadores de las bancadas del Senado, Guajardo afirmó que presentó ante los legisladores los objetivos que se buscarán en materia de comercio electrónico, energéticos, telecomunicaciones, propiedad intelectual y dejó entrever que se defenderá el Capítulo 19 sobre resolución de controversias “o cualquier otra acción alternativa de acomodar controversias comerciales que no necesariamente sea el Capítulo 19”.
Un día antes, la Comisión Permanente votó un punto de acuerdo exhortando a la Secretaría de Economía para que defendiera la existencia de este Capítulo 19 que fue propuesto originalmente por Canadá durante su negociación con Estados Unidos.
Este jueves 27 de julio, Guajardo afirmó que “tendríamos que regresar al Senado, para que el Senado evalúe si el paquete complementario que lo acompaña es suficiente, pues pudiéramos llegar a un acuerdo de equilibrios”.
“Lo que le quiero decir es que toda negociación toma elementos fundamentales, pero también toma margen de maniobra para poder encontrar equilibrios que nos beneficien a todos”, abundó el secretario de Economía en rueda de prensa.
Guajardo informó que durante el proceso de consulta previo al inicio de las negociaciones, se recibieron 630 comentarios, participaciones y recomendaciones, la mitad de ellas de la ciudadanía directa; una buena parte de académicos, de la sociedad civil; otra parte de los sectores productivos especializados.
Entre los temas de mayor preocupación están “acceso a mercados, propiedad intelectual, medidas sanitarias, esquemas de inversión” y que la Secretaría de Economía seguirá “enriqueciendo el proceso de planteamiento de estrategia de negociación hacia delante”.
Por su parte, la coordinadora de la bancada del PRD, Dolores Padierna, advirtió que hay varios temas preocupantes:
“Primero, por fin conocimos los objetivos del gobierno federal, algunos los compartimos, otros son omisos, y otros preocupantes, en el caso nuestro, como el sector energético”.
Sin embargo, Padierna advirtió que los temas que no mencionó son “el asunto agropecuario, el capítulo de migrantes, el laboral, el salario que se tendrían que afinar. Él mencionó el tema energético, pero el PRD no está de acuerdo”.

Juan Carlos Rodríguez / Agencia Reforma

Monterrey

El consulado de Estados Unidos en Monterrey dio sus condolencias a las familias de los migrantes que fallecieron en Texas y pidió a los interesados en migrar a Estados Unidos que mejor busquen visas.
Timothy Zúñiga-Brown, Cónsul en Monterrey, habló sobre la tragedia donde murieron migrantes mexicanos en el interior de un tráiler y calificó lo ocurrido como una horrible tragedia.
“En primer lugar quiero ofrecer nuestro pésame a los familiares y obviamente estamos horrorizados por lo que ha pasado”, comentó.
“Por favor, si la gente está pensando ir a allá (Estados Unidos), busquen visas”.
“No es necesario hacer esto”, pidió, “es preferible no pasar por esa odisea que pasó esa gente en esa tragedia, es horrible”.
Al señalar que no está dentro de sus competencias como Consulado, el funcionario dijo que no han solicitado visas humanitarias en Nuevo León tras los hechos.
Y señaló qué hay un apoyo total del Gobierno de Estados Unidos hacia México.

Aseguran que alertas no cambian pese a acoso

El gobierno de Estados Unidos no ha emitido alertas de viaje para Nuevo León o Tamaulipas pese a los hechos ocurridos recientemente en la frontera, aseguró el cónsul de Monterrey, Timothy Zúñiga-Brown.
Al cuestionarle sobre si existe una preocupación por los casos en los cuales regiomontanos han denunciado acoso del crimen organizado, principalmente en Reynosa, el Cónsul aseguró que saben de los casos y que no han cambiado de estatus.
“Nosotros mantenemos nuestras alertas de viaje y se analizan cada seis meses, y esas no han cambiado para Nuevo León”, dijo.
“Aquí en México emitimos alertas de viaje por estado, eso es inusual”.
“Ustedes han reportado que han habido incidentes”, reconoció, “y estamos conscientes de ellos”.
Zúñiga-Brown recalcó que mucho de lo que sucede en la frontera lo saben por el trabajo de los medios de comunicación.
“Nosotros nos enteramos de mucho de lo que pasa en este país gracias a la buena labor de todos ustedes (prensa)”, agregó.
Señaló que trabajan con el Gobierno de Nuevo León en materia de seguridad, pero no destacó algún cambio en las alertas o señal de preocupación.
“Nosotros siempre hemos trabajado con las autoridades del Estado y trabajamos muy bien, justamente en el tema de la seguridad”, comentó.

Agencia Proceso

Ciudad de México

Las autoridades mexicanas resolvieron apenas 49 casos de los cinco mil 824 delitos perpetrados contra migrantes durante su travesía de México por los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Coahuila entre 2014 y 2016, resultado que eleva la cifra de impunidad a 99%, denunció ayer un colectivo de organizaciones y albergues.
En un informe sobre el tema, las organizaciones documentaron que la cadena de responsabilidades de la impunidad abarca a todas las autoridades: desde el Instituto Nacional de Migración (INM), la Procuraduría General de la República (PGR), las fiscalías especializadas en la atención de delitos contra migrantes que operan en siete estados y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hasta los consulados de los países centroamericanos en México.
El padre Pedro Pantoja, quien dirige el albergue Posada del Migrante en Saltillo, Coahuila, denunció que, si bien la situación de los derechos humanos es desastrosa de manera general en México, resulta todavía “más asquerosa” para los migrantes, quienes están considerados por las autoridades “como mierda y mercancía”.
Aseveró que, a lo largo de la ruta migratoria, sigue operando la Mara Salvatrucha, la pandilla criminal de origen centroamericano, cuyos integrantes son contratados por los grupos criminales mexicanos como “mercenarios” para secuestrar a los migrantes. “No sólo crece el crimen, sino se diversifica”, deploró el sacerdote.
Pantoja recordó el caso de una pareja de migrantes que inició el trámite de solicitud de asilo en México. Contó que recientemente fueron a denunciar un robo en Monterrey, pero ahí la policía municipal los detuvo y los entregó al INM. Uno se encuentra en el centro de detención ubicado en Iztapalapa, en la Ciudad de México, con una orden de deportación.
Desde que el presidente Enrique Peña Nieto implementó su política de detención y deportación sistemática de los migrantes centroamericanos, mediante el Programa Frontera Su -que anunció en verano de 2014-, los migrantes no pueden utilizar el tren de carga conocido como “La Bestia” para atravesar México.
Así, el trayecto de Arriaga, en Chiapas, hasta el albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec, en Oaxaca, se alargó de 14 horas a tres semanas. Y si bien los migrantes sufrían asaltos y robos en el tren, la cifra de delitos se disparó en 90% porque son asaltados durante el largo camino que deben recorrer a pie, denunció Jessica Cárdenas Canuto, integrante del albergue.
Las organizaciones denunciaron que las cifras oficiales de los delitos perpetrados contra migrantes no reflejan la realidad “más violenta y siniestra” que viven durante su tránsito por México, pues minimizan la proporción de secuestros y el involucramiento de las autoridades en las agresiones en su contra.
Los migrantes, agregaron, no denuncian la mayoría de los delitos por el temor a ser deportados al acudir ante las autoridades y porque las fiscalías suelen estar alejadas de los lugares donde ocurren los asaltos y ataques.
Añadieron que cuando los migrantes se atreven a denunciar –generalmente con el acompañamiento de personal de los albergues—, las autoridades carecen de voluntad y recursos para investigar sus casos y castigar a los delincuentes.

Gobierno “hipócrita”

El informe planteó que el INM otorga las llamadas “visas humanitarias” –con duración de un año— solamente cuando los migrantes fueron víctimas de delitos graves y detectaron que el proceso de regularización es lento, pues tarda un mes “en el mejor de los casos” y en ocasiones “no hay funcionarios en las fiscalías para recibir las denuncias”.
La estadunidense Maureen Meyer, directora del programa para México de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), sostuvo que el gobierno mexicano se ve “un poco hipócrita” cuando exige el respecto a los derechos humanos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, mientras aún no ofrece respuestas en el caso de los 72 migrantes centroamericanos asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010.
La activista recordó que, desde la llegada al poder de Donald Trump, en enero pasado, John Kelly –el general retirado y ahora secretario de Seguridad Interior–, se convirtió en el interlocutor de los gobiernos mexicano y centroamericanos en materia migratoria.
Kelly fue jefe del Comando Sur estadunidense y, según Meyer, pretende extender la frontera sur de Estados Unidos “hasta Perú”, para controlar la producción de cocaína. “Ya no tiene el enfoque diplomático, sino al combate contra las drogas”, deploró.
Emelie Viklund, integrante del albergue La 72, ubicada en Tenosique, Tabasco, señaló que su organización acompaña a los cerca de 400 guatemaltecos expulsados de sus tierras de la región de El Petén, quienes instalaron un campo precario en la frontera con México a inicios de junio pasado.
La activista aseveró que el territorio del que fueron desplazados coincide con los planes del Comando Sur de instalar una base en Guatemala para combatir el narcotráfico.

 

Agencia Proceso

Ciudad de México

El juez 14 de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, Guillermo Campos Osorio, declaró “ilegal” la cancelación del programa radiofónico de Carmen Aristegui en MVS y afirmó que a la empresa de Joaquín Vargas no le asistía la razón ni el derecho para interrumpir las transmisiones de “Noticias MVS, Primera Emisión”.
En su sentencia, emitida el pasado 15 de julio, el juez afirmó que la plataforma Mexicoleaks fue un pretexto para cancelar las transmisiones, sin que existiera “conducta ilegal, ni de la conductora, ni de sus colaboradores”.
La autoridad determinó que la periodista y conductora del programa “no explotó ilegalmente” la marca de MVS ni incurrió en irregularidad al reclamar por el despido de sus colaboradores Irving Huerta y Daniel Lizárraga, integrantes de la Unidad de Investigaciones Especiales.
Por tanto, según el juez, Carmen Aristegui no debe pagar ninguna cantidad a MVS por presuntas irregularidades en el manejo de los derechos y de la marca de esta compañía.
Con esa resolución, la empresa radiofónica podrá apelar la sentencia del juez Campos Osorio, pero complicará los otros litigios que sostiene contra la periodista.
En opinión del abogado Xavier Cortina, “los diversos juicios que adicionalmente ha planteado MVS contra Aristegui, deberán atender las consideraciones vertidas en este fallo, así como aquellas que en su momento esgrimió sobre libertad de expresión y derechos fundamentales el juez Fernando Silva García”.
También deberán considerar “los amparos que plantearon miles de ciudadanos ante Tribunales Especializados recalmando su derecho como audiencia afectada por el ilegal actuar del grupo concesionario”.
El comunicado de Xavier Cortina, integrante del despacho Quijano, Cortina y De la Torre, prevé que “lo más probable” es que la controversia regrese a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “donde debió ser resuelta desde un principio, cuando la periodista pidió un amparo que se desechó en circunstancias muy cuestionables y en contra de la jurisprudencia obligatoria, a pesar de que ya se le había concedido una suspensión definitiva que, precisamente perseguía evitar que no se volviera irreparable la conducta que en esta sentencia ya ha sido declarada ilegal”.

Agencia Proceso

Ciudad de México

La Secretaría de Movilidad (Semovi) realizó un operativo en el que retiró de ci3culación a 87 mototaxis por no estar autorizados a prestar servicio como transporte público; además, la policía capitalina detuvo a tres personas por resistirse a la autoridad.
Héctor Serrano, titular de la dependencia, señaló que los vehículos fueron remitidos al corralón de la secretaría.
En el operativo participaron 60 verificadores del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y 20 funcionarios de la Semovi, de acuerdo con un comunicado del Instituto. Las unidades retiradas fueron llevadas en 12 vehículos de la policía y la Agencia de Gestión Urbana (AGU).
Según las autoridades, las multas para recuperar los vehículos ascenderán unos 17 mil pesos.
En su cuenta de Twitter, Serrano Cortés compartió imágenes del operativo que se realizó la avenida Tláhuac esquina con Arabella, en la colonia Miguel Hidalgo.
El gobierno capitalino informó que aplicación de estas medidas contra el transporte irregular continuará en todas las delegaciones de la Ciudad de México.
El operativo se da a una semana de haber sido abatido Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos presunto líder de la banda de narcomenudistas que opera en la demarcación y que presuntamente utilizaba estos vehículos como “halcones” y para la distribución de droga.
De acuerdo con reportes, El Ojos compraba los vehículos y los habilitaba como transporte público, aunque su papel fundamental era la venta de cocaína y mariguana. Los conductores eran “halcones” y se encargaban de mantener el control en la zona y avisar de la presencia de policías.

 

El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, afirmó que la obra para resolver los problemas del Paso Exprés de Cuernavaca podría extenderse hasta cuatro meses, contradiciendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ayer aseguró que el tiempo de construcción sería de 10 semanas.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el mandatario mencionó que el retraso es por la complejidad del terreno y por la temporada de lluvias.
“La diferencia son los tiempos porque estábamos viendo la complejidad que tenemos todavía de descarga pluvial, el pronóstico todavía puede ser alto en el mes de septiembre, históricamente así has sido”.
El gobernador reconoció que se tiene que arreglar el problema del paso de agua en la zona del socavón, “pero tenemos que tener una solución de fondo. Y coincidimos en la solución de fondo: hacer una especie de puente de gran calado que permita el paso del agua”.
Ayer, autoridades de Morelos, encabezadas por el gobernador Graco Ramírez, y funcionarios federales acordaron impulsar acciones conjuntas para resolver los problemas del socavón.
Según un comunicado, también se discutió el proyecto técnico presentado por la SCT, atendiendo los comentarios y propuestas del gobierno del estado, e incluso se acordó dar inicio el próximo lunes 31 a ese plan, cuya ejecución sería de 10 semanas. (Agencia Proceso /?Cuernavaca).

 

Agencia Proceso

Ciudad de México

La PGR presentó a autoridades de Panamá, a través de los conductos diplomáticos respectivos, la solicitud formal de extradición de Roberto Borge, exgobernador priista de Quintana Roo.
Según la dependencia, la petición corresponde a cuatro causas penales que se siguen en contra de Borge Angulo: la primera del fuero federal, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y las otras tres por causas del fuero común por lo que hace a los delitos aprovechamiento ilícito, ejercicio indebido de la función pública y peculado.
Tras ser analizada la petición por la Cancillería de Panamá, el martes pasado se turnó la petición a la Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la Nación de aquel país, la petición.
En tanto, el gobierno mexicano está a la espera de que la Fiscalía Superior de Asuntos Jurídicos solicite al Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá fije fecha de audiencia para la prosecución legal del procedimiento, lo cual se espera ocurra en los próximos días.

 

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Dámaso López Serrano, hijo del capo Dámaso López Núñez, El Licenciado, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, acordó su arresto con autoridades de la Agencia de Investigación de Drogas de Estados Unidos.
De acuerdo con informes del gobierno federal, el Mini Lic, se entregó ayer miércoles a las 19:00 horas en la Garita de Caléxico, California, a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.
Enseguida, fue presentado ante la DEA, autoridad que lo pondrá a disposición de la fiscalía que lo requiere.
El joven es ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán y en las redes sociales López Serrano siempre hizo ostentación de dinero, mujeres, armas y droga, además de su devoción por Jesús Malverde, el considerado santo de los narcotraficantes.

 

Rolando Chacón / Agencia Reforma

Saltillo

La Procuraduría de Justicia de Coahuila citó al obispo de Saltillo, Raúl Vera López, para que acudiera a rendir un testimonio respecto de casos de abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes.
El citatorio, para las 11:00 horas de ayer, coincidió con el inicio de las festividades del Santo Cristo, la principal ceremonia religiosa de la comunidad católica de Saltillo.
Se trata de un expediente que la Procuraduría de Justicia de Coahuila inició en 2014, donde requirió una declaración del Obispo Vera, informó la Diócesis de Saltillo.
“El señor José Raúl Vera López, Obispo de la Diócesis de Saltillo, recibió una notificación en su domicilio por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, con fecha del 25 de julio de 2017, para presentarse el día de hoy, 27 de julio a las 11:00 horas, en las oficinas de la Dirección de Unidades de Investigación para que rindiera declaración testimonial por casos de abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes y sobre los cuales la PGJE inició una averiguación en 2014, la cual incluye ya una declaración de nuestro Obispo”, informó ayer la Diócesis.
“Dicho citatorio está firmado por la licenciada Margarita Barrientos Rodríguez, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección de Unidades de Investigación”.
Dado que el Obispo se encontraba la mañana de ayer en la ceremonia religiosa en Catedral, en su lugar acudieron cuatro abogados.
“Cuatro abogados acudieron a conocer el motivo de la cita, mientras el Obispo estaba en Catedral, y la misma fue pospuesta para el 7 de agosto, un día después de que concluyan las festividades del Santo Cristo”.
Para la Diócesis de Saltillo, el “repentino” interés de la Procuraduría de Justicia en el Obispo Vera, a tres años de iniciada la investigación por pederastia, está relacionada con la denuncia que el 5 de julio interpuso el religioso junto a la Federación Internacional de Derechos Humanos ante la Corte Penal Internacional, en contra de la actual administración gubernamental, por la comisión de delitos de lesa humanidad.
“Luego de presentar en La Haya, el 5 de julio pasado, ante la Corte Penal Internacional, el Obispo Fray Raúl Vera López, ha recibido en un par de ocasiones la visita de agentes ministeriales”.
La Diócesis informó que agentes de la Procuraduría acudieron la semana pasada a solicitar detalles de lo que declaró el Obispo Vera ante la Corte Penal Internacional.
La Diócesis de Saltillo no ha recibido ninguna acusación sobre delitos sexuales en contra de sus miembros. Los procesos que esta Diócesis llevó al Vaticano han concluido y los involucrados han quedado fuera del sacerdocio”.

Agencia Proceso

Ciudad de México

Una juez estadunidense determinó que la próxima comparecencia de Edgar Veytia, ex procurador de Nayarit, será el próximo 22 de agosto, y entonces se decidirá si habrá juicio o si el ex funcionario llega a un acuerdo con la Corte.
La juez Carol Bagley Amon concedió este jueves mayor tiempo para que el equipo de abogados de Veytia, encabezados por Jeffrey Lichtman, y el grupo de fiscales pudieran entrar a una etapa de “prenegociación” para determinar lo que sucederá con el caso del ex fiscal nayarita.
En caso de que Veytia decida llegar a un acuerdo con la Corte, éste tendría que rendir una declaración de culpabilidad de alguno o de los tres cargos que le imputa el gobierno de Estados Unidos por supuestamente conspirar para traficar drogas en este país, destacó hoy la agencia Notimex.
Veytia, vestido con el uniforme verde de la prisión donde se encuentra recluido en el condado de Brooklyn, donde también sucede el juicio, fue presentado sin esposas ante la Corte, donde lo esperaban tres de sus familiares.
Lichtman indicó que es posible que durante la próxima comparecencia se posponga nuevamente la decisión sobre el caso de Veytia, dependiendo de las prenegociaciones con la fiscalía.
“Para la próxima comparecencia lo que pide la juez es que tomemos una decisión sobre si vamos a hacer una declaración de culpabilidad o si vamos a juicio, pero eso no necesariamente significa que si no llegamos a un acuerdo el caso irá con certeza a juicio”, explicó Lichtman.
El abogado añadió que la decisión sobre un acuerdo de culpabilidad o un juicio podría alcanzarse más adelante, si la juez concede más tiempo a las partes para negociar.
“Cada caso es diferente. En algunos casos hay juicio y en otros se llega a un acuerdo. En unos casos eso es dictado por la evidencia, en otros el acusado toma la decisión. No siempre es lo que el abogado quiere. Hay muchos factores fuera de mi control”, justificó Lichtman.
Capturado a finales de marzo en la ciudad de San Diego, California, Veytia es acusado de tres cargos por conspirar para importar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana entre enero de 2013 y febrero pasado en Estados Unidos.
Presentado en abril en la Corte del distrito este de Nueva York, Veytia se declaró inocente de los cargos que se le imputan.