Este miércoles la ocupación en Acapulco se ubicó en 69.7 por ciento, lo que significó un incrementó de 10.8 puntos en comparación al martes, informó la Secretaría de Turismo estatal.
Ixtapa-Zihuatanejo continúa en ascenso y dichos destinos en promedio amanecieron con una ocupación de 88.7 por ciento, 2.1 puntos más en comparación al día anterior.
La Policía Federal informó que a las 11 de la mañana se tenía un ingreso promedio de 12 vehículos de entrada a Acapulco en la caseta de La Venta, por 9 de salida.
De acuerdo con el reporte de la Sefotur, la zona Dorada obtuvo la mayor ocupación con 76.5 por ciento, 12.6 puntos más que el martes que registró 63.9 puntos.
En la zona Diamante la ocupación llegó a 62 puntos, 7.2 arriba del día anterior, que fue de 54.8 por ciento. La Tradicional apenas se elevó 3.7 por ciento, alcanzando 45.2 puntos.
El promedio global para Ixtapa-Zihuatanejo fue de 88.7 por ciento de ocupación hotelera, y por separado Ixtapa alcanzó 90.8 puntos y el tradicional puerto de Zihuatanejo 71.9 por ciento. Este día la ocupación en hotelera incrementó 2.1 puntos en comparación con el martes, que se registró un 86.6 por ciento.
Las playas aún tienen buena presencia de turistas y las más visitadas hasta el momento son La Ropa en Zihuatanejo, y el Palmar y La Isla en Ixtapa.
En la Isla de Ixtapa el martes después del medio día, un turista procedente de Monterrey, Nuevo León, se fracturó la rodilla mientras practicaba deportes acuáticos.
Se trata de Daniel Bernardo Téllez Mercado, de 50 años de edad, quien fue auxiliado por marinos y trasladado en una ambulancia a una clínica privada, donde se reportó como estable.
En el caso de Taxco de Alarcón amaneció con 40.9 por ciento de sus habitaciones ocupadas.

Integrantes de la delegación de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco-Servytur) en Atoyac llamaron a la Auditoría General del Estado para que revise las finanzas de ese municipio, porque, señalaron, el alcalde priista Dámaso Pérez Organes “está malgastando” el presupuesto.
El presidente de dicha organización, Marco Antonio Moreno Torreblanca, indicó que el alcalde está ebrio la mayoría de los días y entrega dádivas que van de 50 a 500 pesos a quienes lo visitan a diario en su casa, incluso en la madrugada.
“El alcalde ha usado mal el presupuesto, se le hace un llamado para recordarle que ya no está en campaña y que tiene que ponerse a gobernar”, enfatizó.
En conferencia de prensa en las oficinas de la Canaco Servytur en Acapulco, acompañado del presidente de esa organización, Roberto Jacinto de la Cruz, y otros integrantes, Moreno Torreblanca expuso que los comerciantes de Atoyac consideran que “las cosas no se están haciendo bien”, que el alcalde ha declarado que el municipio no tiene dinero y por ello le adeuda tres quincenas a algunos trabajadores del Ayuntamiento, e incluso los manda a descansar por días.
“Hacemos un llamado al gobernador Héctor Astudillo y a la Auditoría General del Estado para que se vea qué sucede, el desarrollo se ve, se palpa y no se ve nada en Atoyac, se puede decir que es un foco rojo y el principal problema del municipio es el dinero mal distribuido, y así se dan los problemas sociales”.
Expuso que los empresarios buscaron al alcalde para conocer en qué se invierte el presupuesto pero no los recibió ni tampoco encontraron información en el portal de transparencia, y se quejaron de que no hayan sido consultados como organización para programar cómo se ejercen los recursos que recibe el municipio de los diferentes rubros estatal y federal.
Manifestó que no sólo los comerciantes han notado que no se atienden los servicios públicos del municipio, que no hay servicio de agua potable, tratamiento de aguas residuales ni recolección de basura. También se quejaron de los altos cobros del servicio de energía eléctrica.
Moreno Torreblanca agregó que se han dado cuenta de que no hay nada que ofrecer como atractivo turístico para promover el municipio y lleguen visitantes.
Además de que a la inauguración de la Clínica de la Mujer no fueron convocados representantes de diferentes sectores para evitar que se quejaran del trabajo del alcalde.
Dijo que propusieron los de Canaco al alcalde hacer los proyectos para obtener recursos de la Secretaría de Economía e invertir en el mercado, y que Dámaso Pérez les respondió que no era necesario porque el mercado iba a desaparecer.
El vicepresidente de la Canaco, José Macedo Zúñiga, informó que llegan a Atoyac más de 6 millones de pesos por concepto de Fomento Municipal, más de 2 millones y medio del Fondo de Infraestructura municipal, más de 4 millones para infraestructura social y 2 millones del Ramo 33, dinero que, aseguró, no se ha visto en mejoras en el municipio; “vemos algo crítico, algo malo está pasando”.
De la Comisión de Honor y Justicia de la Canaco Acapulco, Javier Saldívar Rodríguez expuso que esa organización es un órgano de consulta obligada para los proyectos de inversión en los municipios, por lo que convocó a los diputados locales que pidan que se haga una investigación a fondo del uso de los recursos del presupuesto de Atoyac.
El consejero de Canaco en Atoyac, Alejandro Aguilar Jiménez, resaltó que hacían un llamado de auxilio porque los recursos del presupuesto no son bien canalizados o correctamente utilizados.
Consideró que es lamentable que en la ley de Ingresos se planee un ingreso de 9 millones de pesos, cuando otros municipios similares a Atoyac esperan recaudar 45 millones de pesos. “Atoyac está siendo endeudado, se tiene una deuda de 230 millones de pesos”.

Trabajadores aglutinados en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), de las secciones 21, 69 y 44 de Guerrero, marcharon ayer por la tarde para exigir claridad en las reglas en materia laboral con la separación funcional de Teléfonos de México (Telmex), que impone el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y para que el sindicato de los telefonistas sea partícipe en las negociaciones entre la empresa y el instituto.
En Chilpancingo, unos 150 integrantes de la sección 69 partieron del monumento de Las Banderas hasta llegar a las oficinas de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ubicada sobre la avenida Juventud.
De manera simultánea con sus compañeros de Acapulco iniciaron su movilización a las 5 de la tarde, a pesar de la intensa lluvia. Los trabajadores y jubilados, vestidos con playeras rojas, gritaron consignas en contra del gobierno federal por incumplir con la protección a los derechos laborales.
Durante la marcha los telefonistas repartieron volantes en los que leía: “El gobierno quiso mover a México y se le olvidó que el país se mueve gracias a los millones de trabajadores”, además de señalar en el documento que su fuente de trabajo está en riesgo por la “ignorancia del IFT”.
A su llegada a las oficinas de la SCT, la lluvia aumentó de intensidad lo que obligó a que el mitin programado se redujera a cinco minutos, en los que los inconformes señalaron que no hay una explicación clara sobre las modificaciones, además de no admitir que sus medidas son las más adecuadas.
Lanzaron una consigna en la que alertaban a las autoridades que no desistirán de su movilización a pesar de los constantes ataques en contra de los trabajadores.

Acapulco

En Acapulco, unos 250 integrantes de organizaciones sindicales marcharon la tarde de ayer de la Diana Cazadora al Asta Bandera, frente al parque Papagayo.
Los manifestantes también exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 34 meses en Iguala, que calificaron como un hecho aberrante, además de un alto las reformas estructurales que perjudican los derechos de los trabajadores y a la construcción y avance de los megaproyectos como la presa La Parota.
La movilización partió a las 5 de la tarde de la glorieta de la Diana Cazadora y una hora después llegó al Asta Bandera, donde se realizó un mitin. Ahí el secretario general de la sección 21 del Sindicato de Telmex, Rodolfo Radilla Regalado, reiteró el llamado para que el IFT incluya al sindicato en las negociaciones de la separación de Telmex, y así defender los derechos de los 15 mil trabajadores que podrían ser despedidos en el país.
Los empleados también recriminaron que la reforma en telecomunicaciones no sea en beneficio de los trabajadores y la protección de sus derechos, sino que prácticamente los está dejando en la calle.
A la movilización de los telefonistas se unieron representaciones del Sindicato del Colegio de Bachilleres, de la Sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), de la Unión de Pueblos y Ejidos contra la Presa La Parota, así como integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua en el Estado de Guerrero.

En Iguala, unos 150 trabajadores de la sección 44 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana marcharon en rechazo a las reformas a telecomunicaciones, a favor de su contrato colectivo de trabajo y contra a la división de Telmex.
A las 7 de la tarde, los telefonistas caminaron de las oficinas de la SCT, ubicadas en la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Iguala-Taxco, hacia la avenida Vicente Guerrero, hasta llegar al hemiciclo a Juárez en el zócalo, donde finalizó la movilización.
Al frente de la marcha, un grupo de trabajadores de Telmex mostraron una lona en la que se leía: “En defensa de la materia de trabajo y más empleos en los nuevos espacios productivos”.
En declaraciones hechas al término de la marcha, en la que participación unos 150 de los 277 trabajadores de la delegación Iguala, el secretario general de la sección 44, Jesús Roberto Valle Ramos, informó que la jornada de lucha nacional y marcha simultánea en todas les delegaciones sindicales “es en contra del gobierno federal y sus políticas neoliberales emitidas a través de las leyes secundarias de Telecomunicaciones y en defensa del contrato colectivo vigente”.
Detalló que en marzo de este año, el regulador del Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió un dictamen mediante el cual se le notificaba a Telmex la máxima regulación, que es la separación funcional de la empresa por declararla hace tres años agente económico preponderante.
En este sentido, Valle Ramos denunció que con esta determinación del IFT se pretende dividir a Telmex de Infinutim-Macronet, lo que afectaría el contrato colectivo y sus prestaciones económicas, al ser la segunda empresa la que genera más ingresos.
Entre sus demandas, dijo, están la no división de la empresa, posicionar la marca Telmex y se postulan en favor de sus derechos sindicales y laborales y del contrato colectivo de trabajo.
Dio a conocer que hasta ayer la determinación del IFT no ha afectado las prestaciones y derechos laborales de los trabajadores, pero sí por parte de la empresa Telmex que ha restringido los insumos para todas las labores como la dotación de Modem´s, cables y otros que son ocupados como materia prima, ya que la empresa no sabe qué pasará con la resolución.
Advirtió que en caso de que sí se dé la división de las empresas, se afectaría el contrato colectivo, sus derechos sindicales y otras prestaciones.

Por ser una playa tranquila y económica las familias visitan Tlacopanocha. Los prestadores de servicios se quejaron de que tiene tres meses un escurrimiento de aguas negras, que lo han reportado constantemente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) y no se ha atendido.
A la 1 de la tarde, la mayoría de las sombrillas colocadas a lo largo de la playa Tlacopanocha estaban ocupadas, pues familias de turistas y residentes eligieron dicho lugar para disfrutar de su día de vacaciones.
Esa es una de las playas donde la Promotora de Playas no tiene sombrillas ni sillas para rentar, sino que está concesionada a las cooperativas pesqueras y hay una cooperativa turística que se encarga de la limpieza y del mobiliario.
Algunos visitantes evitan ingresar a la playa si vienen caminando por el Malecón, ya que lo primero que ven es un escurrimiento de aguas negras que, según dijeron los prestadores de servicios, empezó hace tres meses.
Señalaron que en la última semana acudieron tres veces a la CAPAMA a reportar el escurrimiento, pero siguen sin atenderlo.
Alberto González, de la colonia Roma, de la Ciudad de México, llegó con su esposa y dos hijos para pasar el día en Tlacopanocha. Decidieron a ir ahí por la tranquilidad de la playa, pues permite que los niños jueguen con las olas y disfruten del agua con menos riesgo.
La familia González llegó a Acapulco el domingo y visitó las playas Icacos, Puerto Marqués y Caleta.
De las playas les pareció más cara en comida y renta de sillas y sombrillas la de Puerto Marqués, y la más económica fue Tlacopanocha, la cual calificó de “bonita y calladita”.
Mario Mejía y su familia también eligieron visitar Tlacopanocha porque les parece una playa bonita, además de tranquila.
Los cooperativistas colocan en cada una de las sombrillas que están ocupadas un letrero enmicado, en el que informan que la “sombrilla con 2 sillas $50.00 mesa $30.00, silla extra $ 10.00 nos vamos 6 p.m estés o no estés”.
Del otro, el mensaje es: “Atento aviso, no taigas perros, no hagas fogatas, no dejes basura, no herede la sombrilla”.
El presidente de la Sociedad Cooperativa de Servicios Turísticos Playa Tlacopanocha, Ventura Rodríguez Delgado, comentó que se sienten desplazados porque las autoridades dan poca publicidad a esa zona, incluso indicó que en algunos mapas no aparece.
Expuso que Tlacopanocha es una playa a la que todo el que quiera puede entrar a vender los productos que ofrece, por eso se ven entre las sillas a vendedores de inflables, collares, nieve, tuba, quesadillas, donas, micheladas y van aumentando conforme atardece.
Algunos de los vendedores tiene pequeños puestos informales en el Malecón, de donde traen los productos.
El mesero Miguel Ángel manifestó que ven mucha promoción de Acapulco para la zona Diamante y para el área Tradicional es poca.

 

 

Meseros de la playa Larga, en Zihuatanejo, reportaron una buena afluencia turística durante el sábado y domingo pasado, aunque lamentaron que por falta de promoción pocos visitantes llegan.
Dijeron que después de casi un mes de haber dado el banderazo de arranque a la ampliación de la red eléctrica subterránea, al gobierno se le ocurrió iniciar los trabajos el pasado sábado, lo que dio mala imagen y causó molestias a los visitantes.
Playa Larga es un balneario ubicado a unos 5 kilómetros de la cabecera municipal, y allí se ubican 17 restaurantes que ofrecen los típicos platillos de la gastronomía del puerto, además de contar con alberca por estar situados en una extensión de 15 kilómetros de playa frente al mar abierto.
Los meseros consideraron que por la falta de promoción turística este destino tiene poca afluencia.
“El fin de semana fue buen arranque para la temporada, estuvo al cien, pero entre semana está baja”, lamentó el mesero Nicolás Pérez Segura, al señalar hacia las mesas vacías del restaurante donde labora.
Añadió que a esta playa no se le da la promoción suficiente: “parece mentira pero hasta Barra de Potosí, en Petatlán, se llena de camiones y aquí llegan muy pocos a pesar de que estamos más cerca”.
Por otro lado, señaló que después de casi un mes de que se dio el banderazo de arranque a la ampliación de la red eléctrica subterránea en este lugar, al gobierno se le ocurrió iniciar con los trabajos el sábado, lo que dio mala imagen a los visitantes.
La ampliación de la red eléctrica subterránea fue gestionada por diputado federal del distrito 03, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, quien durante su visita al municipio, el pasado 29 de junio, acudió a la playa Larga para dar el banderazo a los trabajos.
Pero casi un mes después, el pasado 22 de julio, la empresa encargada comenzó a abrir el pavimento, lo que causó ruido que molestó a los turistas, se quejó Pérez Segura.
“Está mal, lo hicieron en pleno fin de semana; cuando empezaron a abrir metieron la máquina y hace un ruido tremendo, casi no llega turismo y así no nos ayudan”, lamentó.

Todo mundo se equivoca, pero una vez conocido el error, lo que procede es modificar las cosas para que la situación mejore o, al menos, para que no siga empeorando. Como lo sabe cualquiera, ése y no otro es el camino a seguir. Sin embargo, las autoridades mexicanas no lo creen así e insisten en respetar las políticas que nos han llevado al abismo.
La organización Semáforo Delictivo acaba de hacer público un informe según el cual, lejos de disminuir en el país el número de homicidios, aumenta de manera que debiera alarmarnos. Lo dicen claramente las cifras: en el primer semestre este año se cometieron 12 mil 155 homicidios, lo que representa un aumento de 31 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior.
De acuerdo con Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, casi tres de cada cuatro asesinatos fueron cometidos por el crimen organizado. Los estados con más delitos son Colima, Guerrero, los dos estados de la península de Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Morelos, Zacatecas, Michoacán, Sonora y Oaxaca, entidades en las que hay gobiernos del PRI, del PAN y del PRD.
Como puede verse, estamos ante un rotundo fracaso de las medidas adoptadas para combatir la criminalidad, pues de mantenerse la actual tendencia, en 2017 la suma de homicidios será superior a los 24 mil y el sexenio actual superará por mucho al de Felipe Calderón, el hombre que en forma del todo irresponsable desató la carnicería que desde hace más de diez años afecta al país.
Para Roel, un hombre que ha seguido con detenimiento la evolución de la criminalidad, el porvenir inmediato será peor si se mantiene la terquedad en torno a la política de seguridad seguida hasta ahora. En efecto, todo ha ido empeorando desde 2008 en que el gobierno mexicano aceptó que Washington le impusiera el Plan Mérida, mismo que Estados Unidos no sigue en su territorio, pero que nuestras autoridades, con una docilidad dictada por el entreguismo, aplican en nuestro país a cambio de unos cuantos dólares que nadie sabe bien a bien en qué bolsillos terminan.
La salida, se ha dicho hasta la saciedad y lo repite ahora Santiago Roel, es regular las drogas, lo que a su juicio permitiría bajar en 70 u 80 por ciento la criminalidad, como ha ocurrido en otros países. Al respecto, habría que decir que Holanda, donde la mariguana es legal desde hace ya muchos años, la violencia ligada a los estupefacientes es insignificante, si es que existe, y el gobierno acabó con el mercado de las drogas duras, pues los adictos pueden optar por rehabilitarse mediante los programas estatales o bien recibir en su propio domicilio dosis y jeringas esterilizadas. Alguien podría tachar de inmoral esa política, pero lo cierto es que ha permitido abatir hasta casi cero las cifras de criminalidad. A fin de cuentas, lo inmoral es propiciar la muerte, no el evitarla.
Otro país que decidió dar paso a la despenalización de la mariguana es Uruguay. Se cultiva la yerba bajo riguroso control de las autoridades y se distribuye al público en negocios debidamente acreditados y vigilados. El Estado también sale ganando, pues una actividad que siendo ilícita le significaba un enorme y creciente gasto al combatirla, ahora, bajo control legal, representa un alto ingreso fiscal.
Otro buen ejemplo que los beneficios que acarrea la regularización de las drogas está en la mitad de los estados de la Unión Americana, algunos de ellos que ofrecen mariguana legal con fines terapéuticos y otros que permiten su consumo recreativo. En ellos la criminalidad tiende a disminuir o se ha reducido drásticamente, además del beneficio colectivo que representa el cobro de impuestos.
Pero en México la matanza prosigue con el consiguiente aumento del número de muertos por violencia criminal –Tláhuac es sólo un ejemplo–. La reciente legalización del canabis con fines terapéuticos es tan limitada que ni siquiera está claro cómo se va a producir para hacer frente a la demanda.
Todo indica que esa actitud timorata o tal vez interesada obedece a fines inconfesables. Por fortuna no se prohíbe la producción, comercio y consumo de bebidas alcohólicas, pero en esas condiciones no es explicable ni razonable la prohibición de otras sustancias menos perjudiciales, como la mariguana y la cocaína. Lo que parece importar es que no se afecte a las mafias y, por supuesto, a los políticos y jefes policiacos que se benefician de la prohibición. ¿O no es así?

En poco más de dos semanas se celebrará la Asamblea Nacional del PRI, tras de la cual quedará definida la ruta del partido para la sucesión presidencial. Los priistas vienen marcando territorios y definiendo posiciones para debatir –v.g. apertura del método de selección de candidato y eliminación de candados que abra la puerta grande a un no militante–, pero están perdidos. Si antes no lograron quitarle o reducirle el poder metaconstitucional de escoger a su candidato al presidente Enrique Peña Nieto, ahora menos. La victoria pírrica en la elección para gobernador en el Estado de México fue suficientemente contundente, en la correlación de fuerzas internas, para mantener intacta su atribución. Pero esto no significa que dentro del PRI no exista un intento por restarle poder y capacidad de elegir a su relevo. El elefante en la sala tricolor se llama Carlos Salinas.
El ex presidente Salinas no ha dejado de jugar política de altos vuelos desde que terminó su sexenio, aún desde el auto exilio. Cercano al ex gobernador Arturo Montiel, acompañó desde sus inicios a su entonces discreto colaborador Peña Nieto, a quien procuró y aconsejó. Ya como gobernador, Salinas libró una lucha con quien fue secretario de Finanzas de Peña Nieto, Luis Videgaray, quien luego se convirtió en el jefe de su campaña presidencial. Salinas presumía a Peña Nieto y a quienes llenaban el arquetipo del neopriista post baby boomer, y sus conquistas las hacía suyas. En el caso de Peña Nieto, los lazos eran aún más profundos que con otros de esos próceres del momento, como el ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, porque un incondicional de él, era íntimo amigo del presidente, el abogado Juan Collado.
Si bien Salinas estaba claro que con Peña Nieto no iba a existir el tipo de Maximato que quizás llegó a idealizzar con la frustrada candidatura de Luis Donaldo Colosio, se dio cuenta, desde la campaña presidencial incluso, que con Peña Nieto las cosas iban a ser muy distintas. Antes de iniciar el nuevo gobierno, Salinas mandaba desde Londres nombres para ocupar cargos en el gabinete, y para puestos de dirección general al equipo de transición. Al inicio del gobierno, hablaba directamente con los secretarios de Estado para cabildear a favor de potenciales inversionistas. La presencia de Salinas parecía omnipotente en el peñismo, hasta que le pusieron un alto.
Peña Nieto le encomendó a Videgaray aclararle a Salinas que las reglas del juego habían cambiado y que no podía actuar de la manera como lo estaba haciendo. Ese encontronazo dejó la relación maltrecha, y Peña Nieto buscó minimizar el daño. Lo buscó para decirle que cuando necesitara algo, no tenía que hablar con nadie, porque como ex presidente tenía derecho de picaporte para buscarlo y solicitar todo lo que requiriera. A Salinas no le gustó esa redefinición del trato, y hubo señales muy claras del distanciamiento de Salinas, como cuando en una ocasión le hicieron una invitación para participar en un evento donde Peña Nieto había llamado a todos los ex presidentes –menos Luis Echeverría–, y que declinó con la explicación que tenía compromisos previos contraídos en el exterior. El despecho político que sintió Salinas se fue convirtiendo gradualmente en una oposición soterrada a la mecánica y operación de las reformas peñistas.
El distanciamiento de Peña Nieto se dio fundamentalmente por los choques con Videgaray. Con esa relación ya deteriorada, se encontraron en una cena muy pequeña para celebrar un cumpleaños de Collado, a la que, como es su costumbre, Peña Nieto llegó muy tarde. Durante la espera, Salinas criticó la política económica de Videgaray, y el todavía secretario de Hacienda le respondió fuerte y rechazó sus observaciones. Más adelante, la forma como Videgaray maltrató a su sobrina, Claudia Ruiz Massieu, cuando aún tenía la cartera de Relaciones Exteriores en el contexto de la visita del candidato presidencial Donald Trump a México, molestó al ex presidente, según personas cercanas a él. Pero la forma como fue rudamente cesada como canciller para darle el paso a Videgaray, se convirtió en algo más grande que un enojo, que detonó en una militancia anti peñista.
Salinas salió a la calle a tejer alianzas. Fuera del PRI, de acuerdo con priistas y panistas, ha establecido relación con Margarita Zavala, aspirante a la candidatura azul, y ha estado trabajando con algunos ex jerarcas del PRI para ir construyendo una oposición al dedazo de Peña Nieto en la sucesión presidencial. Líderes y gobernadores priistas platican con el ex presidente y hay secretarios de Estado cercanos a él, como Rosario Robles, de Desarrollo Urbano y Territorial, a quien rescató financieramente cuando querían lincharla en sus tiempos de dirigente del PRD, y Aurelio Nuño, de Educación, a quien presentó con Peña Nieto. Nuño tiene en su entorno cercano a un grupo de prominentes salinistas, pero es un error pensar que por esa razón, Salinas se encuentra detrás de él. Hace tiempo Nuño se anidó junto a Peña Nieto, quien lo tiene con la más alta consideración dentro del gabinete.
El ex presidente es más sofisticado que eso. Conoce al PRI, a los priistas y entiende cómo la gestión de Peña Nieto le ha restado capacidad de maniobra. Pero qué tanta ha perdido para no sobreponerse a los embates que sufre, es lo que están midiendo sus adversarios dentro del partido, donde el ex presidente está siendo considerado por algunos peñistas como su principal enemigo.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

En el ejercicio fiscal de 2016 el sector cafetalero del país, a decir de las cabezas institucionales, obtuvo un presupuesto histórico de mil 328 millones de pesos, convergiendo la inversión presupuestal de entidades como Sagarpa, Sedesol, Cdi, Amecafé-Conabio y FIRA.
Resulta un hecho inusitado si lo vemos desde la perspectiva del desplome de la producción nacional de este grano, la cual apenas llegó a 2.3 millones de sacos en este periodo, constituyendo una reducción del 43 por ciento respecto al promedio presentado en lo que va de la década.
Frente al consistente incremento en el consumo interno, este desplome hizo que las importaciones de café superaran a la producción interna, y que el contrabando de grano de calidades inferiores de Centroamérica se convirtiera en un fenómeno recurrente, y factor de presión bajista de los precios pagados al productor.
Si damos por buenas las cifras oficiales, la base productora de Guerrero fue especialmente privilegiada en la participación del presupuesto, recibiendo un poco más de 122 millones de pesos y representando algo así como el 9.2 por ciento de la inversión pública hecha en el sector cafetalero, contrastando con la contribución que hace Guerrero a la producción nacional de café, la cual apenas llega al 0.82 por ciento con tan sólo 19 mil 166 sacos de 60 kilos.
El jueves 20 de julio, el director de Fomento a la Agricultura de Sagarpa (dependencia en la que se aloja el Programa Integral de Atención al Café (PIAC), el ingeniero Santiago Argüello Campos visitó la ciudad cafetalera de Atoyac de Álvarez y, en reunión con representantes de organizaciones cafetaleras, autoridades de los núcleos agrarios y funcionarios estatales del ramo, presentó la evaluación del ejercicio y se congratuló por los éxitos anticipados de éste, aunque ciertamente aún son intangibles.
Pronosticó un incremento de la producción nacional en un millón de sacos más (situación más atribuible a condiciones climatológicas benévolas, que a los impactos directos del programa ya que, por la naturaleza del cultivo, sólo podrán ser percibidos sus efectos dentro de un mínimo de tres ciclos productivos); y destacó las virtudes que revisten al programa, tales como haber sido construido con el consenso de las organizaciones nacionales cafetaleras, tener un enfoque integral de la producción primaria e integrar la concurrencia de diversas entidades de gobierno para su financiación, argumentos tan innegables y plausibles, como cuestionables y perfectibles.
Porque mientras celebramos la asignación presupuestal 2016 récord de esos mil 328 millones de pesos, la demanda de apoyo registrada por el Sistema Único de Registro de Información de la Sagarpa ascendía a 3 mil 980 millones de pesos; es decir, la cobertura de la cobija apenas llegó a poco más del 33 por ciento de la necesidad de los productores del país, bajo los términos del propio programa.
En Guerrero, la excepcional asignación presupuestal alcanzó para cobijar a tan sólo 4 mil 430 productores, de un estimado de 25 mil, para la adquisición de planta nueva tolerante a la roya, es decir tan sólo el 17.72 por ciento de los cafetaleros activos en el estado. Y proporcionó lo suficiente para adquirir 9 mil 663 paquetes de nutrición vegetal e insumos, para el 38.65 por ciento de los cafetaleros que se mantienen en la actividad.
A este ritmo, para lograr la indispensable renovación de la plantación cafetalera estatal nos tomará entre 11 y 23 años, dependiendo de la densidad de siembra que se elija, y estaremos dejando sin comer cada año, a casi seis de cada diez de nuestros cafetos. ¿Estamos logrando así algún rastro de competitividad, de viabilidad o de sustentabilidad para el sector? Considero que es demasiado pretencioso afirmarlo.
Más aún cuando, en palabras del propio funcionario de Sagarpa, la participación de presupuesto PIAC 2017 para el café de Guerrero, no pasará de 35 millones de pesos, es decir, se reducirá en casi 60 por ciento y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) ha anunciado, por razones técnicas y operativas, una reducción de 66 por ciento del presupuesto otorgado a los 42 grupos que apoya en la región de La Montaña.

Uno de los temas más relevantes en el estudio teórico de los partidos políticos es el de su vida democrática interna. En general en todas las sociedades políticas ha existido una fuerte tendencia hacia la centralización del poder, de la toma de decisiones, muy marcada en los imperios, en las monarquías, en los regímenes políticos autoritarios, en los de transición y aún en las denominadas democracias liberales. Pero esta característica centralizadora se refleja consecuentemente en los partidos políticos que son un espejo del funcionamiento de los sistemas políticos.
1.- Maurice Duverger (Angulema1917-2014 París) fundador del Centro de Análisis de Sistemas Políticos Comparados en la Universidad de París I Pantheón-Sorbona –donde tuve el privilegio de recibir mi curso sobre partidos políticos– fue uno de los pioneros en el estudio de esta temática. Su libro Les partis politiques apareció publicado por primera vez en 1951 por la Editorial Armand Colin, en donde hace un estudio teórico profundo de los partidos políticos, desde su estructura, sus integrantes, sus dirigentes, su denominación, dimensiones y alianzas y su relación con los regímenes políticos. En el capítulo uno de su obra se refiere al asunto específico de la centralización y la descentralización en los partidos enfocada a la distribución de poderes entre los diferentes órganos de dirección y luego en el capítulo tres analiza la forma de elección interna de dirigentes en donde pone mucho énfasis en las tendencias autocráticas.
2.- Sobre la democracia y los partidos políticos Moisei Ostrogorski (Grodno Govermorat 1854, Petrogrado1921) publicó en Francés en 1903 su obra sobre la democracia y la organización de los partidos políticos; en cuanto al estudio particular de las tendencias oligárquicas en los partidos, Robert Michels (Colonia 1876, Roma 1936) publicó su libro en alemán en 1911. Después de la extraordinaria obra de Duverger, publicada originalmente en francés, vinieron muchos estudios sobre la teoría general de los partidos políticos, en donde destacan el de Giovani Sartori sobre los partidos y sistemas de partidos publicado en 1976, el de Angelo Panebianco sobre los modelos de partido publicado en 1982 y desde luego muchos más sobre los partidos políticos en Europa y en sus países miembros en forma específica, los de Inglaterra –donde se atribuye su origen– de Estados Unidos, América Latina, en los sistemas socialistas, en África y en Asia.
3.- Regresando al asunto de la centralización y descentralización en los partidos políticos, en el caso de México como sabemos el PRI originalmente como partido único y luego como partido hegemónico fomentó al máximo la cultura autoritaria y oligárquica de la centralización en donde sus dirigentes y candidatos a cargos de elección popular son designados desde el centro del poder. Esto se ha reproducido en la mayoría de los partidos políticos existentes en nuestro país en donde las cúpulas-nomenklaturas partidistas se atribuyen el derecho de seleccionar a sus candidatos, lo cual reproduce culturalmente un régimen político antidemocrático en razón de que para que haya democracia en un sistema político, la democracia se debe incubar y practicar al seno de los partidos políticos, en síntesis, quien como militante busque construir un régimen democrático debe auspiciarlo con toda su convicción desde el interior de los partidos políticos.
4.- Al ciudadano sin partido o militante partidario no se le puede ni debe exigir que conozca la teoría política, de la democracia o de los partidos, porque no todos han tenido la oportunidad de acudir a las universidades, pero hay quienes en los partidos políticos tienen una supuesta tendencia a “debatir” claro, algunos lo hacen sólo por aparecer como partidarios de la teoría y el debate, pero la teoría son ideas, hipótesis con suficiente argumentación, son razonamientos, sobre todo en procesos de elección de dirigentes, candidatos o en el ejercicio de responsabilidades partidarias, jamás se podrá debatir con calificativos, injurias, calumnias, menos con guerra sucia que tienda a la liquidación y al exterminio de miembros de un mismo partido o de sus representantes populares como las diputadas y diputados, porque estas formas de comportamiento reflejan mediocridad teórica, política y democrática, a veces hasta vileza humana como una expresión anquilosada de ambición y enfermedad del poder.
5.- En el caso del nuevo partido político mexicano que es Morena, partido que refleja el mayor crecimiento en tan poco tiempo en la historia política del país y que hoy se encuentra en el primer lugar de la intención de voto por encima de todos los partidos políticos, su Consejo Nacional celebrado el pasado 9 de julio, congruente con sus principios y estatuto de luchar por cambiar al actual régimen político e instaurar la democracia en la nación, resolvió descentralizar la elección de sus candidatos a cargos de elección popular para la elección del 2018 en sus consejos estatales, combatiendo con ello el centralismo autoritario que ha practicado el PRI, por ello l@s consejer@s de Morena de todos los estados de la república, deben asumir a plenitud su facultad democrática y ningún dirigente puede revertir o ir en contra de un mandato del Consejo Nacional porque ello sería atentar contra la vida democrática interna del partido y contra la lucha por la instauración de la democracia en México. Descentralizar las decisiones en los partidos es fomentar la democracia; centralizar es alentar, auspiciar, es asumir la cultura autoritaria y oligárquica.

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Al comparar dos presidencias en problemas, las de Estados Unidos y México, lo que resalta es la gran diferencia del entorno institucional en que operan.

Las comparaciones son odiosas pero muy sugerentes. México y Estados Unidos son países muy diferentes pero que atraviesan por una coyuntura similar: sus gobiernos tienen poco apoyo ciudadano. En el caso norteamericano, Donald Trump (DT) sólo es secundado sin reservas por 25% del electorado (The Washington Post, 17/7/17) en tanto que Enrique Peña Nieto (EPN) tiene la aprobación de apenas 20%, (Reforma, 20/7/17).
Comparar ambas presidencias en esta coyuntura permite mostrar el papel del complejo institucional en que operan. En el país del norte, la presidencia se topa en cada recodo con resistencias políticas y barreras institucionales que le obligan a rectificar o disminuir el ritmo. En contraste, en México la evidente debilidad y corrupción del entramado institucional ha permitido que una presidencia sin gran respaldo mantenga el curso de un plan centrado en la búsqueda desbocada de beneficios para el grupo en el poder en detrimento del interés mayoritario.
En el caso norteamericano y hasta ahora, parte del entramado institucional resiste los embates presidenciales y empieza a llamar a cuentas, en el mexicano no.
Un conductor de un programa político norteamericano –Don Lemon de CNN–, define lo acontecido en el primer semestre del gobierno de DT, como un proyecto para modificar la institucionalidad de su país (19/07/17). Y es que, desde el arranque de su presidencia, DT se lanzó de lleno contra los grandes medios de difusión –The New York Times, The Washington Post, CNN y otras cadenas de televisión– pero esas instituciones siguen sin disminuir su contenido crítico. DT también atacó a las instituciones electorales por, supuestamente, haber permitido el sufragio de tres a cinco millones de votantes irregulares e impulsó la creación de un comité para demostrarlo, pero este ataque sigue sin dar fruto, (http://www.nbcnews.com/politics/white-house/trump-establish-vote-fraud-commission-n757796). DT también ha chocado con el FBI y los servicios de seguridad de Estado porque éstos insisten en investigar sus relaciones con el gobierno de Rusia durante la campaña electoral. Por este motivo, la Casa Blanca ha arremetido contra su propio procurador general, pero éste no se intimidó y el Congreso citó a declarar sobre el tema al yerno y al hijo del presidente. Finalmente, el proyecto de DT está empeñado en destruir la estructura del sistema de salud heredado –el llamado Obamacare y el Medicaid– pero ha encontrado resistencias formidables.
El blitzkrieg anti institucional de DT pareciera seguir un guión elaborado por su consejero de estrategia, Steve Bannon, identificado con la alt-right (ultraderecha) que propone como tarea histórica de la presidencia echar por tierra la estructura económica y política nacional e internacional actual para dar paso a una nueva que deje atrás al “Estado Benefactor” y ponga en su lugar al mercado y a un empresariado agresivo que inyecte energía al sistema mediante un proceso de “destrucción creativa” que vuelva a “hacer a (Norte) América Grande” (véase a Neil Howe, en The Washington Post, 24/2/17).
En contraste, en México, la institución presidencial, aunque sin la fuerza que tuvo durante su etapa de esplendor autoritario –1935-1994–, se sigue imponiendo a instituciones aún más débiles. Los ejemplos sobran. Para empezar, está el caso de los órganos electorales. En este 2017, EPN logró que el INE y el OPLE del Estado de México aceptaran que el PRI, pese a tener una pésima hoja de servicios en ese estado en materia de seguridad y justicia, sume otros seis años más a los 88 que ya lleva de ejercicio ininterrumpido del poder ejecutivo y que llegue a batir un récord mundial político: 94 años sin perder ni una sola elección. Claro, el costo es que el 69% del electorado considera que esa elección fue fraudulenta (Reforma, 20/6/17).
Otro ejemplo son los mecanismos anticorrupción. Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, fue presentado por EPN como prototipo del “nuevo PRI” y se le permitió una corrupción sin paralelo: al final de su mandato, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le encontró irregularidades por 35 mil millones de pesos, pero explicó la falta de acciones a tiempo porque la Procuraduría General de la República (PGR) –institución subordinada al presidente–, tenía pendientes 90 mil denuncias más (La Jornada, 5/11/16). Hoy que Duarte está ante el juez, la PGR sólo pudo justificar inicialmente una acusación por desvío de 38.5 millones de pesos, aunque más tarde amplió la suma a mil 670 millones (Reforma, 23/7/17). Y Duarte es sólo uno de los ex gobernadores a los que se dejó desvalijar al erario a espuertas, especialmente mediante licitaciones de obra pública “arregladas”.
Otra de las muchas zonas de desastre institucionales es la lucha contra el crimen organizado. En los primeros cuatro años de este sexenio los asesinatos ya superan a los del anterior (businessinsider.com/r-mexicos-2016-murder-tally-exceeds-those-of-many-countries-at-war-study-2017-5) y la impunidad en los delitos sigue rondando en el 95%, (María Amparo Casar, México: Anatomía de la Corrupción,CIDE, 2015, p. 56).
En conclusión, al comparar nuestra coyuntura con la norteamericana, lo fundamental no es lo evidente –presidencias que no están a la altura del desafío– sino la impotencia de las instituciones para contener el daño.