Staff / Agencia Reforma

Washington

El gobierno de Canadá está listo para salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) si la Administración estadunidense del Presidente Donald Trump insiste en eliminar el Capítulo 19 de revisión y solución de controversias, publicó ayer el diario The Globe and Mail.
“Un alto funcionario canadiense que no está autorizado para hablar dijo que el primer ministro Justin Trudeau considera el Capítulo 19 como ‘la línea roja’ que no cruzará”, asegura el diario canadiense en un texto de ocho columnas publicado ayer y firmado por el reportero Robert Fife.
La semana pasada, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) estableció como uno de sus objetivos para la próxima revisión del TLC eliminar el Capítulo 19 sobre paneles para la Revisión y Solución de Controversias en Materia de Cuotas Antidumping y Compensatorias.
Planteados originalmente por Canadá en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos de 1987, el Capítulo 19 del TLC trilateral permite que exportadores y productores de los tres países puedan recurrir a paneles binacionales e independientes para cuestionar medidas antidumping y compensatorias.

Nueva advertencia de Sessions a las Ciudades Santuario

Las urbes que no permitan que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entren en sus cárceles federales o locales perderán fondos federales, anunció el fiscal general estadunidense, Jeff Sessions.
Se trata de la primera vez que el Departamento de Justicia estadunidense establece oficialmente qué ciudades pueden recibir fondos de los que muchas localidades dependen para la aplicación de la ley, conocidos como Becas de Asistencia Judicial Byrne.
También se trata de la primera muestra del cumplimiento de una de las principales promesas de campaña del Presidente Donald Trump, quien aseguró que de llegar al cargo cortaría fondos a las ciudades santuario.
Para ser elegibles, las ciudades deben permitir que los oficiales del ICE tengan acceso a sus centros de detención, no deben impedir que sus agentes de la ley compartan información con las autoridades federales sobre el estatus migratorio de sus arrestados y deben dar un aviso 48 horas antes de la liberación de cualquier persona de la que la agencia tenga una orden de aprehensión.

Antonio Baranda / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Procuraduría General de la República (PGR) solicitará al Poder Judicial que el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sea trasladado a un Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), confirmó ayer el fiscal Pedro Guevara Pérez.
“Aún no (se hace la solicitud), estamos recabando la información. Está en trámite, pero aún no se concreta. Sí (se va solicitar)”, señaló en entrevista con Reforma el titular de la Dirección General de Control de Procesos y Amparo en Materia de Delitos Federales de la PGR.
Desde el 17 de julio, cuando fue extraditado de Guatemala, Duarte está preso en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México.
Aunque el pasado sábado se determinó que el ex gobernador permanezca en ese penal, la PGR solicitará al juez que cumpla la prisión preventiva en un Cefereso.
La petición se basará en el artículo 18 de la Constitución, que establece que las personas sujetas a prisión preventiva por el delito de delincuencia organizada –uno de los que la PGR le imputa a Duarte– deben permanecer en “centros especiales”.
“Incluso autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer la situación que guardaba el señor (Duarte) en el Reclusorio Varonil Norte y también hacían notar de que no se trata de un penal de máxima seguridad que reúna las condiciones que se requiere para casos relacionados con delincuencia organizada”, indicó.
El fiscal afirmó que la dependencia no ha concluido la investigación contra Javier Duarte, por lo que tampoco se ha establecido el monto final que habría desviado el ex gobernador de Veracruz.
El director general de Control de Procesos Penales y Amparo de la PGR señaló que la suma podría ser mayor a las cifras expuestas en las dos audiencias previas a la vinculación a proceso del veracruzano y que llegan a más de 2 mil millones de pesos.
Explicó que para continuar y ampliar las investigaciones relacionadas con el lavado de dinero, mismas que calificó como “históricas y complejas”, la PGR solicitó al juez seis meses más, plazo que vence en enero de 2018.
“Seguramente así va ser (una cantidad mayor), porque esos seis meses son precisamente para recabar más datos de prueba, ya dejamos anunciadas algunas diligencias que tenemos pendientes de realizar, así se le planteó juez el día sábado (22 de julio).
“Y seguramente habrá muchas sorpresas todavía en cuanto a esto que ha llamado mucho la atención de las cantidades. Cuando cerremos la investigación, al cabo de estos seis meses, y preparemos la acusación, entonces ahora sí será el momento que Procuraduría podrá decirle a la sociedad: ‘ésta es la suma total de dinero que circuló en el sistema financiero de manera ilícita’”, indicó.
Durante las diligencias iniciales, se señaló a Duarte de haber desviado al menos mil 670 millones de pesos del erario de Veracruz, además de haberse embolsado 350 millones a través de depósitos a empresas fachada.
Guevara dijo que la PGR no investiga una cantidad en concreto, sino que indaga cómo circuló el dinero al parecer de manera ilícita por el sistema financiero.
El fiscal afirmó además que la PGR no está dejando una sola línea de investigación sin atender, por lo que todas las personas físicas o morales de quienes se tienen datos de prueba son sujetas a la indagación del Ministerio Público.

El reglamento al que se refiere ese partido se encuentra vigente, ha sido instrumentado por el Tribunal Electoral, y en múltiples ocasiones ha consentido su aplicación, refuta el PAN

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México / Saltillo

El INE cometió “un descomunal error” al aplicar disposiciones que no son legales en la fiscalización del uso de los recursos en la elección para gobernador de Coahuila, acusó ayer Enrique Ochoa, dirigente nacional del PRI.
El priista anunció que acudieron al Tribunal Electoral federal para denunciar esa irregularidad e impugnar la resolución contra su candidato, Miguel Riquelme, quien –según determinaron los consejeros electorales– rebasó el tope de gastos de campaña por más de 1.4 millones de pesos.
“Hay algo sumamente grave que pone en entredicho el proceso de fiscalización que llevó a cabo el INE en las pasadas semanas: el INE aplicó las reglas equivocadas.
“La determinación del INE, en la que se resuelve que hubo rebase de topes de gastos de campaña, es a todas luces ilegal, porque se sustentó en una norma que no está vigente”, dijo Ochoa, quien señaló que los criterios de “prorrateo” y “máximo hallazgo” usados por los consejeros no fueron publicados en el Diario Oficial ni notificados a los partidos.
Ochoa detalló que los artículos 46 bis, párrafo 2, y 143, párrafo 1, inciso d), son producto de reformas o adiciones al Reglamento de fiscalización que no han entrado en vigor.
“El problema es que el INE omitió esta importante parte del proceso, publicarlas en el Diario Oficial, para que entraran en vigor”, señaló.
Según el líder del PRI, se trata de una situación delicada, que prácticamente deja sin efectos todas las resoluciones del INE en materia de fiscalización.
Para Ochoa, la falta del órgano electoral también impacta los procesos de fiscalización de las campañas en el Estado de México, Nayarit y Veracruz.
Jorge Carlos Ramírez Marín, representante tricolor ante el INE, adelantó que presentarán un recurso similar contra las sanciones impuestas a su candidato en el Estado de México, para reducir el monto de las multas.
“Si los partidos invocan, nosotros lo haremos en el caso del Estado de México, invocan eso, pues sus multas seguramente se verán seriamente reducidas”, afirmó.
El también vicecoordinador de los diputados priistas reconoció que el supuesto error del INE fue detectado hace apenas tres días por el equipo de abogados del partido.
Asimismo, reconoció que ese argumento es una impugnación de forma, pues el fondo es que –según afirmó– no hay elementos documentales para comprobar un rebase del tope de gastos.
Consideró que los consejeros electorales hicieron una serie de ajustes para conseguir el “marcador” deseado.
“No confiamos en una actitud que parece estar viendo cómo va el marcador, para ir inventando reglas; que parece estar viendo cómo está yendo el juego, para decir qué regla vamos a aplicar”, criticó.
Además de reclamar la falta del INE y de pedir la reposición del proceso de fiscalización, el PRI denunció ante los magistrados que no se cumplieron los plazos establecidos en la ley para el proceso de fiscalización.
“No se garantizó el derecho de audiencia que nos corresponde conforme a la ley y no se cumplió el principio de certeza, debido a la cantidad de modificaciones que sufrió el dictamen de la Unidad de Fiscalización”, afirmó Ochoa.

Es inminente la anulación: PAN

Horas después de que el PRI anunció que presentará un recurso de impugnación contra las resoluciones del INE sobre la elección de Coahuila, el PAN afirmó que es inminente la anulación de esos comicios.
En un comunicado, recordó que el Consejo General del INE determinó que el PRI rebasó el tope de gastos de campaña en 7 por ciento, lo cual representa más de lo que señala la Constitución como causal de nulidad (5 por ciento).
“El PRI pretende engañar a la opinión pública al señalar que la determinación del rebase del tope de gastos de campaña adoptada por el INE es ilegal, dado que los fundamentos del reglamento de fiscalización no fueron publicados en el Diario Oficial. Esto es completamente falso, ya que dicho reglamento se encuentra vigente, ha sido instrumentado por el Tribunal Electoral, y en múltiples ocasiones el mismo PRI ha consentido su aplicación”, señaló.

Descarta IEC fraude en Coahuila

La consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Gabriela María de León Farías, rechazó que en la pasada elección se haya dado un “fraude”, como lo acusaron los candidatos que conformaron el Frente por la Dignidad de Coahuila.
En entrevista, la funcionaria afirmó que los conteos distritales no arrojaron diferencia alguna con el conteo original de las casillas, por lo que no se sostiene el argumento de que se manipularon paquetes electorales, como manifestaron los candidatos.
En su momento, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se detuvo porque la documentación electoral no era clara, reiteró De León Farías tras una sesión del IEC en la que se trataron, entre otros temas, los conteos rápidos de la elección de junio y el monitoreo de publicaciones impresas.

 

Zedryk Raziel / Agencia Reforma

Ciudad de México

Integrantes de la organización Ahora impugnaron ante el Tribunal Electoral federal la decisión del INE de desechar su denuncia sobre un presunto desvío de recursos de la empresa OHL a la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México.
Alfredo Figueroa y Emilio Álvarez Icaza acusaron al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, Eduardo Gurza, de “dinamitar” la revisión de los gastos de campaña del priista.
Los activistas acusaron que la UTF elaboró un dictamen a partir de una investigación fragmentada, limitada, incongruente y, en última instancia, ilegal, por lo que también exigieron su cese del cargo.
El recurso de apelación entregado a la magistrada presidenta del Tribunal, Janine Otálora, indica que la UTF rehusó las facultades de investigación que le confirió la reforma electoral de 2014 al declararse incompetente para investigar la dispersión de recursos a través de monederos electrónicos de Banorte y la participación de servidores y empresarios en la operación financiera.
De entrada, señala, la resolución aprobada por el Consejo General el 14 de julio excluyó a actores como Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila, Gerardo Ruiz Esparza, Alfredo Del Mazo y José Andrés Oteyza –presidente de OHL–, a quienes se acusa de participar en un “ciclo de corrupción” para financiar las campañas priistas.
Álvarez Icaza, aspirante a una candidatura por la Presidencia, reiteró que la confianza de la ciudadanía en el INE depende de que los 11 consejeros y el titular de la UTF renuncien a sus cargos.
“Para nosotros es gravísimo en términos de lo que puede generar como precedente para 2018. La iniciativa Ahora ha pedido, por eso, la renuncia de los integrantes del Consejo General, que se anulen las elecciones de Coahuila y el Estado de México, el cese inmediato del titular de la UTF del INE y que, bajo la nueva integración de un nuevo Consejo General, se atraigan las 30 elecciones que se harán el año que viene”, enumeró.

Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Senado incrementó su gasto en más de 202 millones de pesos, de los cuales, 44 por ciento fue destinado a un nuevo aumento en el número y costo de los asesores.
Durante el primer trimestre de este año, los legisladores destinaron 326.5 millones de pesos para el pago de remuneraciones de personal de carácter transitorio y servicios profesionales, científicos y técnicos.
En el mismo periodo de 2016, el Senado erogó 237.4 millones de pesos por los mismos conceptos, es decir, 89 millones de pesos menos.
De acuerdo con las cifras, las erogaciones implican un aumento de 37.5 por ciento entre un año y otro.
En el Informe del Ejercicio del Presupuesto, el Senado reconoce que contrató 438 nuevos asesores en comparación con el año pasado, ya que pasó de 961 a mil 399 contratos por honorarios legislativos.
Asimismo, los legisladores triplicaron su gasto en viáticos, pasajes para comisiones oficiales, para trasladarse a sus estados de origen, foros, reuniones, congresos y convenciones nacionales e internacionales.
Por esos conceptos, erogaron 21.7 millones de pesos, frente a 7.5 millones de pesos en 2016, es decir, 14.2 millones de pesos de diferencia.
Adicionalmente, aumentaron 11 veces el gasto de mobiliario y equipo de administración y 25 veces el de bienes inmuebles, por la compra del Teatro de la República en Querétaro, que tuvo un costo de más de 100 millones de pesos.
La obra pública o remodelaciones también se elevó en más de 8.3 millones de pesos.
Por otro lado, el dinero destinado a los alimentos y utensilios se duplicó, al pasar a más de 14 millones de pesos.
En total, durante el primer trimestre de 2016, el Senado gastó mil 229.7 millones de pesos, frente a mil 431.8 de este año.
En enero pasado, el presidente del Senado, Pablo Escudero, anunció un acuerdo de austeridad y disciplina presupuestaria para este año.
Aseguró que el eje de su propuesta era “crecimiento cero” en la creación de plazas de estructura y de honorarios, congelar las plazas vacantes y no incrementar el parque vehicular.
Su planteamiento incluía por lo menos 30 acciones para recortar el gasto de la Cámara alta, sin afectar su operación y objetivos.
“Se reducirá, al menos en un 10 por ciento, el gasto del Senado de la República respecto del ejercicio 2016 en viáticos y pasajes, materiales y suministros de oficina, servicios de alimentación y de telefonía, el consumo de combustibles, de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones”, afirmó.
Ese mismo mes, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Fernando Herrera, también propuso un recorte de 10 por ciento al gasto total del Senado, tras considerar insuficiente el recorte planteado por Escudero, que ascendía a unos 150 millones de pesos.
En su momento, el entonces coordinador del PRD, Miguel Barbosa, pidió restringir aún más los gastos, hasta llegar a un ajuste general de 20 por ciento en el presupuesto del Senado, lo que implicaría una ahorro de más de 900 millones de pesos.
Tras el aumento a las gasolinas, Emilio Gamboa, coordinador del PRI, llamó a los tres poderes federales a aplicar medidas de ahorro y austeridad ante la crisis provocada por esa medida.
Dilapidan senadores 2 millones ¡en Fiji!

Una delegación de 10 representantes del Senado necesitó sólo cinco días en las islas Fiji para gastar más de 2 millones de pesos en vuelos y viáticos.
Entre el 15 y el 19 de enero de este año, nueve legisladores y un funcionario de la Cámara alta se trasladaron hasta Sigatoka, en la República de Fiji, para participar en la 25 Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico.
Con cargo al bolsillo de los mexicanos, los boletos de avión de los senadores costaron 1.33 millones de pesos, con tarifas que van desde los 130 mil pesos, para el panista Daniel Ávila, hasta los 186 mil pesos, para el priista Manuel Cavazos Lerma.
En contraste, el secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico, Carlos Alberto González Ordóñez, consiguió el mismo vuelo que los legisladores a un precio de 63 mil pesos, es decir, menos de la mitad.
En el caso de la senadora del PVEM, María Elena Barrera, el boleto fue comprado justo el 25 de diciembre, teniendo como punto de origen Nueva York.
Además de los pasajes, los legisladores gastaron 681 mil pesos en viáticos –a razón de 3 mil 640 dólares cada uno–, para pagar alimentación, traslados y el hospedaje.

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que la madrugada del martes estalló un artefacto en el acceso de su edificio sede, lo que causó daños materiales a la puerta principal.
De acuerdo con un comunicado de la dependencia, fue alrededor de las 01:50 horas cuando se registró la detonación.
“Se informa que hoy por la madrugada alrededor 01:50 am aprox. fue colocado un artefacto explosivo (se desconoce de qué tipo) en la puerta prinicipal del edificio de la CEM, ocasionando sólo daños materiales a la propia puerta, sin que ninguna persona en el exterior ni interior resultara dañada”, indica el comunicado.
La sede de la CEM se ubica en Calzada de los Misterios, en la Colonia Guadalupe Tepeyac, delegación Gustavo A. Madero, a unas cuadras de la Basílica de Guadalupe.
El Episcopado condenó la explosión del artefacto en su sede central y advirtió que reforzarán la seguridad del inmueble.
Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la CEM, detalló que sólo fue un individuo quien dejó una bolsa negra en la entrada principal, prendió un cigarrillo y lo dejó a manera de mecha.
“Evidentemente vamos no solamente a reparar los daños efectuados sino que también vamos a reforzar la seguridad, tanto en la calidad de las cámaras como refuerzos en las puertas. Este hecho nos invita a reflexionar, enfáticamente, de reconstruir el tejido social para propiciar un ambiente de seguridad para todos los ciudadanos”, agregó el también obispo auxiliar de Monterrey.
El religioso afirmó que es la primera vez en la historia que se ocurre un atentado en contra el Episcopado.
“No tuvimos ningún aviso de parte de nadie ni antes ni nadie se ha adjudicado este atentado, esta explosión, de parte nuestra desconocemos que haya algún motivo, alguna razón por la cual alguien haya puesta un artefacto en la puerta”, señaló Miranda Guardiola.
Sin embargo recordó que desde 2012 al menos 18 sacerdotes han sido asesinados y 2 más secuestrados.
“Tenemos la preocupación de todo ciudadano de ser víctimas de algún tipo de robo, amenaza o algún tipo de violencia”, admitió.
–¿Consideran que es parte de un ataque directo contra la Iglesia católica?, –se le preguntó.
“No”, respondió tajante, y luego detalló las medidas de seguridad que tomarán tras la explosión de esta madrugada.
La Secretaría de Gobernación condenó el ataque y refrendó su solidaridad y apoyo a las autoridades eclesiásticas.
A través de un comunicado, se comprometió a coadyuvar en las investigaciones que realicen las autoridades para esclarecer los hechos y, en su caso, capturar a los responsables.

 

Héctor Gutiérrez / Agencia Reforma

Ciudad de México

A Delfina Gómez no se le hizo el milagro. El delegado de la Gustavo A. Madero, el perredista Víctor Hugo Lobo, impidió que la ex alcaldesa de Texcoco y sus simpatizantes instalaran un plantón en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe para protestar en contra de un presunto fraude en los comicios del Estado de México.
Al llegar a La Villa, después de peregrinar desde la Cámara de Diputados, la ex abanderada de Morena al gobierno mexiquense notificó a sus seguidores de la decisión del delegado perredista.
“Lamentablemente y lo lamento mucho, el delegado Lobo, Víctor Hugo Lobo Román pues no lo permitió”, reprochó la diputada federal con licencia.
“Sin embargo, vamos a ser respetuosos, quedamos que esta manifestación es pacífica”.
Los reclamos no se hicieron esperar. Simpatizantes de Gómez, así como vecinos de la delegación, le reclamaron con rechiflas y consignas al perredista.
“¡Fuera Lobo! ¡Fuera Lobo!”, corearon.
Por otra parte, el equipo de Gómez informó a los manifestantes que el delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, les dio permiso de instalar el plantón en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
“Un aplauso para el delegado de la Cuauhtémoc”, manifestaron.
En entrevista, la ex alcaldesa de Texcoco mencionó en tono de broma que si las instituciones electorales no responden y limpian la elección mexiquense, espera que la Virgen de Guadalupe le haga el milagro.
“Instituciones que no están haciendo su trabajo, pues a lo mejor solamente un milagro”, ironizó.

 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) construirá un nuevo puente soportado por pilotes justo encima del tramo afectado del Paso Exprés de Cuernavaca, donde dos personas murieron tras caer en un socavón.
La obra, que estará sobre la barranca de Santo Cristo, ubicada en el kilómetro 93+800, será construida y pagada por el consorcio constructor formado por Aldesa y Epccor, mediante la aplicación de las fianzas de anticipo y cumplimiento, así como la utilización de un seguro de daños a terceros, explicó la dependencia.
El consorcio es el mismo que edificó el Paso Exprés.
La SCT indicó que la construcción del nuevo puente tendrá como fin garantizar la seguridad de los usuarios y las poblaciones aledañas al Paso Exprés de Cuernavaca, así como el afluente hidráulico requerido en la zona y la pronta reanudación del funcionamiento normal de la vía.
El puente tendrá 48 metros de longitud y una sección transversal de 36 metros, con tres claros, uno central de 24 metros y dos laterales de 12 metros, así como una losa de 20 centímetros de espesor, soportada sobre pilas de un 1.5 metros de diámetro y una longitud aproximada de 25 metros.
El desarrollo de la construcción se realizará en dos etapas, la primera en el sentido Acapulco-México y la segunda en el México-Acapulco, en un período aproximado de 10 semanas, detalló la SCT. Durante la misma, aclaró, se mantendrán abiertos 5 carriles a la circulación, permitiendo el flujo vehicular en la temporada vacacional.
La SCT resaltó que la obra se realizará de manera paralela al peritaje independiente que efectúan especialistas, y a la investigación que conduce la Secretaría de la Función Pública.
La construcción iniciará entre el próximo viernes y el lunes. (Staff / Agencia Reforma / Ciudad de México).

Iris Velázquez / Agencia Reforma

Ciudad de México

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo A. de Hoyos, afirmó que México es conocido a nivel internacional como un país corrupto y consideró que esa práctica alcanzó niveles de pandemia.
Indicó que el fenómeno se ha extendido a todos los sectores y que, al tolerarlo, la nación pierde, pues esta imagen ha restado inversiones extranjeras.
“Desafortunadamente pienso que es un mal que se ha generalizado y no solamente es una epidemia, yo creo que hoy en día ya tomó proporciones de pandemia; es decir, lo encontramos generalizado en partidos políticos, en todas las formaciones; lo encontramos también, desafortunadamente, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo e incluso en el Poder Judicial. La corrupción, este mal endémico, va permeando de lo público y lo privado incluso hasta en las familias. México, para desfortuna nuestra, es reconocido a nivel mundial como un país en el cual la corrupción ha tomado carta de naturalización. Esto se ha traducido, aparte del daño que sufrimos día a día los mexicanos, en que muchas oportunidades de inversión se hayan quedado en simplemente planes porque hay unos conglomerados importantes que se la piensan dos veces cuando ven estos fenómenos en un país”, sostuvo.
El también integrante del colectivo #VamosPorMás, formado por empresarios, activistas y académicos que han alzado la voz contra la corrupción, señaló a este fenómeno como el culpable del rezago mexicano.
“La corrupción de la impunidad que viene emparejada forma parte de probablemente de la parte más retrasada de nuestro país, que es la fragilidad del Estado de Derecho. Si bien es cierto, el fenómeno de la corrupción ha existido tal vez desde siempre en México, lo que apreciamos es una generalización y un agravamiento de estas conductas. Nos parece que no podemos dejar pasar más tiempo sin atacar las causas de raíz”, apuntó.
De Hoyos agregó que entre entre el 6 y el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) va dirigido a prácticas de corrupción, con recursos que salen de la economía formal y se pierden en la ilegalidad.
“Eso simplemente representa, por hacer una comparación fácil, tres veces el crecimiento o cuatro veces el crecimiento de la economía de un país. De ese tamaño significa las prácticas de corrupción”, abundó.
El empresario refirió que desde el 14 de junio de 2016, cuando integrantes del sector privado protestaron en el Ángel de la Independencia para exigir acciones contra la corrupción, a la fecha ha habido avances como la Ley 3de3, pero retrocesos como la demora del Legislativo para nombrar a un Fiscal Anticorrupción y a los 18 magistrados encargados de dar certeza al Sistema Nacional Anticorrupción.
–Colóquese en un plano ficticio ¿cómo sería México sin tanta corrupción?
–Yo creo que México podría terminar, para empezar, en un nivel de desarrollo mucho mejor que el que hoy en día gozamos. Desde luego la corrupción ha detonado como un fenómeno generalizado que el gasto público en todas las áreas desde infraestructura hasta el gasto social no haya tenido ni la pertenencia, ni la profundidad ni el efecto transformador que pudiera tener y también hay muchas oportunidades inversión que se han quedado perdidas en el camino debido a este fenómeno.
“Hay experiencias internacionales en países mucho más pequeños que México, que cuando se decidieron a hacer cambios de fondo, transformaciones estructurales, cómo ésta, realmente dieron un salto cuántico. Economías como Corea, Singapur que hace medio siglo estaban por debajo del nivel de desarrollo de México y vemos lo que ha pasado”.
–Ha señalado usted que es una lucha de largo aliento ¿La paciencia tiene un límite?
–Me parece que hay amplios sectores de la población que hoy en día a encuentran un altísimo nivel de frustración por encontrar estos casos de corrupción galopante y de impunidad manifiesta, creo que el ciudadano sí se está cansando de ver que estos actos del latrocinio sobre el erario público se reiteran cada vez con más frecuencia, de una forma mucho más contumaz, con uso irracional como nunca habíamos visto en la historia de este país del patrimonio colectivo.

El canciller de Venezuela, Samuel Moncada, rechazó ayer las “excusas débiles” de México y Colombia, que han negado estar trabajando con la CIA para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, y advirtió de que la reunión de este miércoles en la OEA “es otro gatillo para detonar la violencia” en Venezuela.
“Ellos lo negaron, pero les puedo decir ya que esa negación del gobierno mexicano y del gobierno colombiano son absolutamente insatisfactorias”, dijo Moncada en una conversación telefónica con periodistas en la residencia del encargado de negocios venezolano en Washington, Carlos Ron.
El canciller hizo este lunes esa acusación contra México y Colombia al afirmar que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo la semana pasada que estaba trabajando con esos dos países para, según Moncada, “derrocar al gobierno democrático de Venezuela”.
Tanto México como Colombia han negado que estén conspirando para afectar al gobierno venezolano, pero Moncada desacreditó ayer esas reacciones e insistió en que existe “una conspiración internacional contra Venezuela”.
“México y Colombia están trabajando en concordancia con el gobierno de los Estados Unidos para derrocar al gobierno democrático del presidente Maduro”, afirmó el canciller.
Además, advirtió de que las sanciones con las que ha amenazado el presidente estadunidense, Donald Trump, si sigue adelante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela, son restricciones “colectivas a todos los venezolanos” y suponen algo “inmoral” y “repudiable”.
El próximo 30 de julio los venezolanos están convocados a las urnas para elegir a los más de 500 miembros de una Asamblea Nacional Constituyente que redactarán una nueva Constitución y que tendrán facultades para reordenar el Estado sin que nadie pueda oponerse.
Mientras, el servicio de inteligencia siguió efectuando detenciones en la víspera del paro general de 48 horas para este miércoles y jueves, convocado por la oposición contra la redacción de una nueva Carta Magna. Ayer arrestó a dos magistrados recién juramentados por la Asamblea Nacional (Parlamento), Jesús Rojas Torres y Zuleima González, de los 33 jueces que designó el pasado viernes para sustituir en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a los magistrados en ejercicio, cuya legitimidad no reconoce la Cámara.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien considera que el gobierno venezolano ha cometido “crímenes de lesa humanidad”, nombró ayer como asesor a un abogado que abrirá un debate sobre el tema en el organismo para dilucidar si se puede llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI).

La oposición inicia la preparación de la huelga de dos días

Con compras nerviosas se preparan ayer los venezolanos para una huelga de 48 horas convocada por la oposición como protesta contra la ANC impulsada por el gobierno, mientras los manifestantes prevén evitar la normalidad en esos días.
Desde hace casi cuatro meses la nación caribeña se ha visto sacudida por una oleada de manifestaciones que se ha saldado con más de 100 personas fallecidas y, ante la convocatoria gubernamental a una constituyente, la oposición ha anunciado el recrudecimiento de estas protestas.
En tanto, el TSJ destituyó y ordenó ayer el arresto del alcalde opositor del municipio Diego Bautista Urbaneja (Lechería), Gustavo Marcano, por desconocimiento de una orden para evitar bloqueos de vías durante las protestas opositoras en su municipio.
Por su parte, Marcano expresó su desconocimiento a los magistrados que usurpan cargos en el TSJ y reiteró que no acatará las decisiones del Poder Judicial (Con información de Agencias).