Un mecánico murió la noche del sábado en el hospital luego de que había sido severamente golpeado el lunes anterior afuera de su taller, ubicado en la colonia Vacacional.
De acuerdo con la información oficial recabada, hombres que podrían pertenecer a algún grupo de la delincuencia organizada llegaron al negocio el lunes pasado, y sacaron a su dueño contra quien arremetieron a golpes y lo dejaron tendido en el suelo.
Posteriormente, la víctima fue trasladada en una ambulancia al hospital Donato G. Alarcón, ubicado en la cercana colonia Ciudad Renacimiento, para su atención médica.
La hija de la víctima, de nombre Olga, se enteró por medio de las redes sociales de la golpiza que recibió su papá y lo visitó en el hospital, donde los médicos tuvieron que amputarle un brazo.
Y el sábado por la noche, la víctima no resistió y murió en el nosocomio por golpes contusos en diferentes partes del cuerpo, según el reporte médico.
La víctima se llamó Fernando, de 46 años, quien reparaba automóviles y vivía en el poblado Órganos de San Agustín, El Quemado, de acuerdo con la declaración ministerial de los familiares. También expusieron que desconocen el motivo de la agresión.
Los policías ministeriales dijeron que los agresores podrían pertener a algún grupo de la delincuencia organizada que opera en la zona conurbada .
En lo que va del mes en Acapulco suman ya 57 víctimas de hechos violentos y 524 durante el año, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.

Identifican los cuerpos hallados en la fosa

Corresponden a un taxista, un checador de un sitio, una trabajadora de una lonchería y una ama de casa los cuerpos hallados el viernes en una fosa clandestina adentro de una casa abandonada en la colonia Jacarandas, a dos kilómetros de la Central de Abasto.
De la primera víctima se informó en estas páginas el mismo viernes en la noche, y se trató de un taxista de nombre Felipe, de 26 años, quien tenía 10 días de desaparecido.
El otro hombre se llamó Joel, de 52 años, quien era checador de un sitio de taxis colectivos de la ruta Casas Palenque, según la declaración ministerial de los familiares.
Mientras que la primera mujer se llamó María del Rosario, de 20 años, y era trabajadora de una lonchería ubicada en la colonia Progreso, aunque vivía en la Emiliano Zapata, de acuerdo con el expediente del Ministerio Público.
La otra mujer se llamó Azucena, también de 20 años, y era ama de casa que vivía asimismo en la Zapata, según el acta de defunción emitida por el Servicio Médico Forense.
El viernes, los cuatro cuerpos fueron hallados en una fosa cavada adentro de una casa en la colonia Jacarandas, ubicada cerca de la Central de Abasto, en la zona suburbana.

En la última década, el miedo ha sido un componente decisivo de la experiencia cotidiana de muchas ciudades, pueblos, comunidades, familias y personas en este país desangrado. Pero no es cualquier miedo, como es el caso del mecanismo de supervivencia innato que nos permite responder ante riesgos y peligros, ese miedo que nos induce a protegernos y a defendernos. Ese miedo beneficia porque nos pone en guardia para ponernos a salvo. No, se trata de un miedo diferente, una verdadera enfermedad que se ha ido convirtiendo en una epidemia de alto riesgo y que sólo ha merecido la indiferencia de las autoridades del sector salud.
Que el 94.1 por ciento de los chilpancinguenses y el 83.2 por cierto de los acapulqueños digan que viven con miedo a ser víctimas en sus respectivas ciudades, es una desgracia social mayúscula porque se genera y se desarrolla un proceso de deterioro social con repercusiones dañinas para todos. ¿Qué podemos esperar del clima de miedo –que puede derivar en el terror– en muchas ocasiones? Si este miedo es enfermizo, sólo podemos esperar una sociedad enferma, que pierde capacidades y que requiere ser tratada como tal, como enferma.
Una de las finalidades de la violencia y de su manifestación cruel y despiadada es, precisamente, amedrentar. Y lo consiguen las organizaciones criminales. Intimidan a sus rivales y a la sociedad para mantener su control y su dominio. Meter miedo es una estrategia de dominación que da resultados para mantener el dominio en un territorio. Se neutraliza cualquier resistencia de la gente y se pone a raya a los grupos rivales.
Este miedo tiene sus efectos, enfermizos también. Viene la resignación y la claudicación. Se desactiva la capacidad de pensar y de responder. Y esto deriva en el enojo y en la rabia, que funcionan como umbral del rencor y del odio. Así se van construyendo círculos viciosos detonados por los cotidianos eventos violentos. No es extraño, pues, que la descomposición social vaya tomando más amplitud y profundidad. De hecho, el miedo es uno de los factores más importantes de la pasividad que muestra la sociedad, incluso, muchas víctimas de la violencia prefieren refugiarse en su aislamiento para no ser nuevamente violentadas.
En estas condiciones, ¿qué puede aportar una sociedad intimidada para la construcción de la paz? Aporta miedo, enojo y, hasta odio. En días pasados yo escuchaba a gente que se refería a la matanza de los 28 presos que se dio en el reclusorio de Las Cruces, expresiones de odio, sin más. Alguien decía: ‘Los hubieran matado a todos, son una lacra’. Son expresiones enfermas, carentes de lucidez moral, y dañinas para cualquier camino de construcción de paz. Y esa expresión retrata a gran parte de la sociedad.
Si el miedo beneficia –por decir así– a las bandas criminales, es posible encontrar a otro beneficiario: el gobierno. Si el miedo desactiva la conciencia y paraliza a los ciudadanos, es justo lo que conviene a quienes tienen el poder en sus manos para mantenerlo o para arrebatarlo. En este sentido, el gobierno es responsable y beneficiario del miedo, al mismo tiempo. Es responsable porque no ha cumplido con su obligación de desactivar las causas que generan la violencia, tales como la desigualdad, el desempleo, la corrupción, la impunidad y demás. Si el gobierno es responsable de la violencia también lo es del miedo que ella genera. Y es responsable también porque es indiferente ante el clima de miedo y de terror como enfermedad que necesita ser atendida como efecto de un problema de salud pública. De hecho, la violencia es un problema de salud pública, que está causando estragos diversos en las comunidades y en las familias.
Una sociedad enferma de miedo no presagia nada bueno, sólo abona a mayor descomposición y violencia. ¿Por qué no lo entendemos nosotros? ¿Por qué no hacemos algo para revertir esta tendencia? ¿Por qué tenemos un gobierno tan omiso y tan indolente ante este grave asunto?
Se necesitan algunas líneas de acción precisas para afrontar esta situación. La primera consiste en tratar la inseguridad y la violencia como un tema de salud pública y reconocer la crisis humanitaria en la que estamos metidos, que en algunos lugares es patente mientras que en otros es latente aún. Y movilizar todos los recursos del Estado para atender, mediante políticas públicas, esta emergencia. La segunda tiene que ver con los sistemas de salud y de educación que deben atender, de manera directa, el miedo acumulado de años, para contener el deterioro de salud mental y emocional que se ha ido desarrollando.
Hay que entender que el miedo, aunque es una enfermedad, es solo un síntoma de algo más trágico. Reconocer el miedo es reconocer la tragedia que vivimos todos los días en Guerrero, lo que es muy difícil que hagan nuestras autoridades, como es el caso del alcalde chilpancinguense Marco Antonio Leyva Mena, quien impone su particular punto de vista desde su burbuja de poder y sugiere que no es para tanto. Si no se atiende el miedo dejará secuelas perniciosas que harán crecer exponencialmente la violencia que ya padecemos.

Dos series de datos publicados a finales de la semana pasada vuelven a ilustrar el carácter delirante de la guerra del narco de Calderón y Peña Nieto. Primero los muertos. Las cifras de junio de homicidios dolosos –todos, vinculados al narco o no– divulgadas por el Secretariado ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad pública (así con algunas mayúsculas y nombre rimbombante entero, para que no se sientan menospreciados los burócratas) arrojaron los totales más altos de la historia. En el mes de junio, fueron víctimas de homicidios dolosos 2 mil 566 personas en México, haciendo del mes pasado el más sangriento desde que el SESNSP levanta datos, es decir, desde 1997. El Inegi recopila números análogos, aunque una ligera distorsión hacia arriba, desde 1992, pero no ha publicado todavía la información de 2016; extrapolando, estamos muy por arriba de ese año. Algún tontito por allí descubrirá que en realidad la cifra total de homicidios –dolosos y culposos– de junio superó por 69 víctimas la de mayo (4009), sin recordar que mayo tiene 31 días, y junio, 30.
Si nos remitimos al primer semestre del año, el total registrado de homicidios dolosos alcanzó 13 mil 729, mayor que el primer semestre de 2011, el año rojo de Felipe Calderón, con 10 mil 324, un incremento de 33%. El dato del mes pasado es el más alto desde que comenzó la guerra, y más que duplica la cifra del primer año de la misma, a saber 2007. De acuerdo con varios medios, de mantenerse la tendencia actual, este año cerrará en más de 27 mil homicidios dolosos, alrededor de 25 por cada cien mil habitantes, el peor año de la historia moderna de México y cercano al nivel de Brasil. Si nos vamos al desglose diario, como Alejandro Hope, entre 2016 y 2017 el total de homicidios por día pasó de 61 a 85. Chapeau, EPN. Fox le entregó a Calderón el país menos violento de nuestra historia moderna; Peña a López Obrador, el más.
¿A cambio de que? ¿De algo peor? Difícil de imaginar. ¿De la pérdida por el Estado del control territorial del país? ¿Como hoy en Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California? ¿De haber reducido el consumo de drogas en México? Ya vimos en estas notas como la encuesta más reciente muestra que México es un país de consumo muy bajo, ligeramente superior al de hace cinco años. ¿Que llegue menos droga a Estados Unidos? De mariguana, quizás. Porque hemos perdido segmento de mercado debido a la legalización allá y los “heroicos” decomisos aquí, pero nada más. En Colombia se siembran nuevamente más hectáreas de hoja de coca que nunca, y aunque una parte se encamine a Europa vía Venezuela y África, y otra hacia EU pero vía el Caribe y el Golfo, el destino principal sigue siendo nuestro vecino, y el conducto principal, nosotros. El único cambio es la heroína, producida a partir de la amapola. A ella se refiere el otro dato sangriento de la semana.
Según datos de la Secretaría de la Defensa publicados por Reforma el 21 de julio, el promedio mensual de hectáreas sembradas con amapola detectadas por el Estado se duplicó entre 2016 y 2017. Durante el primer semestre del año pasado, se cultivaron mil 837 hectáreas de amapola por mes; este año, el promedio mensual aumentó a 3 mil 702 hectáreas. El total para 2016 fue de 26 mil hectáreas bajo cultivo; de seguir la tendencia actual este año, se alcanzará una cifra de 44 mil hectáreas. Pero no solo eso. De acuerdo con un oficial de la Sección Séptima del Ejército citado por Reforma, “una semilla normal hace crecer una planta con 8 a 10 bulbos; la semilla mejorada logra más de 40 bulbos.” Vamos bien.

Como todas las operaciones que involucran a los comandos especiales de la Marina, la que realizaron el jueves pasado en las calles de la Delegación Tláhuac, en la Ciudad de México, fue quirúrgica. Se inició cerca del mediodía, cuando unidades de la Marina con el apoyo táctico de los grupos especiales de la policía capitalina, llegaron a la Delegación para catear un domicilio donde la información de inteligencia ubicaba a Felipe de Jesús Pérez Luna, apodado El Ojos, líder de una banda crecientemente poderosa dedicada al narcomenudeo. La investigación federal sobre este grupo llevaba siete meses, pero la decisión de acabar con ella se tomó hace unos dos meses, después de una plática entre el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el secretario de la Marina, almirante Vidal Soberón.
Los comandos de la Marina tomaron el control del perímetro central de la operación, en donde una de sus unidades fue directamente sobre Pérez Luna, y un equipo de apoyo aseguraba las esquinas que delimitaban la zona de acción, coordinados con la policía capitalina. Los halcones de la banda de Pérez Luna le advirtieron de su presencia, por lo que escapó de la casa que iban a catear y buscó huir. Los halcones, principalmente mototaxistas, intentaron de manera apresurada bloquear calles para permitirles el escape. Sin experiencia, como se aprecia en las fotografías, no pudieron bloquear ninguna vía. Los comandos los alcanzaron en una cocina económica y tratando de escabullirse en un vehículo. Los abatieron sin miramientos. Así es la Marina; no toma prisioneros. Unas cuatro horas después, la banda criminal había quedado descabezada.
La prensa rápidamente dio cuenta del operativo contra el que llamó Cártel de Tláhuac, tomando como referencia la calificación que utilizó El Universal para describir al grupo que controlaba el narcomenudeo en Ciudad Universitaria. La tipificación es errónea, sin embargo, y crea confusión sobre la escala del grupo. Un cártel de las drogas controla territorio; la banda de Pérez Luna no tenía ninguno bajo su dominio. Un cártel maneja la logística, organiza la producción, distribución y comercialización de sus drogas, mediante esquemas empresariales que involucran a bandas, a las cuales suministran el producto, armas, les llegan incluso a asignar zonas de venta en calles y ciudades (como hacen Los Zetas) y les cobran por todo; el grupo de Tláhuac compraba el producto del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva y de la facción del Cártel del Pacífico que encabeza el llamado Mini Lic, Dámaso López.
En los medios, algunos analistas mencionaron que el que la autoridad rechazara que era un “cártel”, minimizaba el impacto del grupo criminal. Establecer la analogía por el solo hecho de que venden droga, tienen personal armado y realizan actividades criminales, dicen los expertos, es una generalización equívoca. Paradójicamente, la violencia que generan los cárteles de las drogas es menor cuantitativamente que la que provocan las bandas de narcomenudistas. Los cárteles se habían repartido el país en territorios. Esta distribución tenía como premisa que debían arreglarse entre ellos para evitar una lucha entre cárteles que provocara la intervención del Estado. El presidente Felipe Calderón cambió la estrategia y en lugar de administrar el fenómeno, como había sido, atacando a uno o dos cárteles por sexenio, emprendió una guerra total. Esto motivó que ante la disyuntiva de ser aniquilados si no se fortalecían, los cárteles empezaron a pelear entre ellos modificando el mapa del narcotráfico y desatando la violencia en aquél sexenio, que se ha incrementado en el de Enrique Peña Nieto, desdoblándose con mayor crudeza también en las bandas de narcomenudistas.
La guerra entre las organizaciones criminales propiciada por Calderón incentivó el crecimiento de las pandillas y su realineamiento con los cárteles en términos de salida para sus drogas en las calles de la Ciudad de México y como matones a sueldo. Una externalidad del narcotráfico es el narcomenudeo, que es lo que ha generado en los últimos 10 años que poco más del 92% de los delitos, sean del fuero común. El narcomenudeo es la parte más salvaje y violenta del negocio del narcotráfico, que se asocia gradualmente con robo, extorsión y secuestro. Los narcomenudistas en el país no controlan territorios, pero amenazan a las comunidades, como sucedió en Tláhuac, donde la presencia del grupo de Pérez Luna hacía muy difícil la vida cotidiana.
Ese grupo criminal manejaba el narcomenudeo en Tláhuac y una zona de Chalco, pero este año se extendió a otras delegaciones cercanas, como Ixtapalapa, Tlalpan y Coyoacán, y comenzaba a incursionar en Álvaro Obregón, y en el Estado de México y Puebla. En pocos meses amplió su mercado de las zonas marginales de la ciudad a las de clases medias y altas, obteniendo recursos para ampliar su negocio y comprar armas. Este crecimiento es lo que llevó a Mancera a plantear al gobierno federal le necesidad de destruirlo. La capacidad de fuego de la policía capitalina, frente al armamento que estaba adquiriendo el grupo de Pérez Luna, obligó la intervención federal, que es lo que se acordó hace un par de meses y se ejecutó el jueves.
El problema y la violencia no cesará. Marinos y policías capitalinos están tras los lugartenientes de Pérez Luna para tratar de eliminar al grupo del escenario delictivo y buscar ser más rápidos en la aniquilación de sus cuadros, versus que esta banda recicle y restituya a sus jefes. La lucha no ha acabado; tampoco la violencia. De eso hay que estar conscientes.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

Este martes 18 de julio fuimos testigos del show que protagonizaron funcionarios federales que estuvieron de visita en nuestro estado. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong estuvo acompañado de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para encabezar un encuentro con beneficiarios del programa “Un Cuarto Más”. También junto con el gobernador del estado Héctor Astudillo dieron arranque al programa “Pintura en Fachadas” teniendo como espectadores a los habitantes de las colonias Tata Gildo y Capellania de la capital del estado.
En otro helicóptero llegó a Cochoapa el Grande el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, que también llego acompañado del gobernador para hacer entrega de una planta tratadora de aguas residuales. Se lucieron sacándose fotografías con los niños y niñas del pueblo tu un’savi que lucían ataviados con huipiles y cotones de manta. Se presentaron como futuros precandidatos que usan los escenarios como pasarelas, para medir su simpatía y lucir sus atributos como políticos con carisma. No importa tanto lo que vengan a anunciar, ya sea utilizando un rodillo para pintar una pared o discurriendo sobre la rectoría de un Estado fallido. Lo importante, como siempre sucede con los políticos en precampaña es centrar los reflectores en los futuros prospectos. Empezar a darse baños de pueblo y tomar el pulso de la situación que se vive en regiones convulsas.
Son giras millonarias que no están destinadas a responder a las demandas más sentidas de la población, sino que están armadas para el lucimiento personal y el impacto mediático. La población cautiva no cuenta. La siguen tratando como una masa informe, fácilmente manipulable y que sigue siendo víctima del escarnio. Los payasos que entretuvieron a la gente mientras llegaba el secretario de Gobernación y la titular de la Sedatu arremetían contra las mujeres con chistes misóginos y comentarios sumamente ofensivos. Este es el verdadero nivel de la clase política que ve a la gente sencilla simplemente como un número que puede hacer la diferencia en la urna. Un voto que se puede cooptar o comprar. Para ello empiezan a preparar el escenario con programas inmediatistas que generen gran impacto entre la gente, sin que resuelvan los problemas de fondo.
Ir a Cochoapa el Grande sólo para inaugurar una planta de aguas residuales y centrar el mensaje en adulaciones al presidente de la República, ofreciendo un dato frívolo de que Guerrero es el estado más visitado por Enrique Peña Nieto. Con ese mensaje quiso agradar a una población sumida en el olvido y sometida por grupos políticos locales y estatales que han sabido utilizar los programas públicos para amasar fortunas familiares. Anunciaron que el 95 por ciento de “la población mixteca tendrá acceso a agua potable y saneamiento, con una inversión de 51.3 millones de pesos”. Buena parte de la población que escuchó al funcionario federal es monolingüe y analfabeta. Se dedica a la siembra de maíz de temporal y un gran número de familias sale a trabajar durante la temporada de secas a los campos agrícolas de Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Zacatecas y Michoacán.
Buena parte de los jóvenes buscan cruzar la frontera para trabajar en el campo o en las cocinas de los restaurantes de comida mexicana. No hay como obtener un ingreso dentro de la misma comunidad. El trabajo agrícola no es remunerado. Son las mismas familias que trabajan jornadas extenuantes para sembrar en su tlacocol. Los niños y las mujeres son parte de esta mano de obra gratuita que lucha por la sobrevivencia. Solo la cabecera municipal cuenta con una carretera pavimentada que comunica con Metlátonoc y que en temporada de lluvias la población queda incomunicada. Más de 90 comunidades están sumidas en el olvido. Desde las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre de 2013 varias de ellas fueron devastadas como San Miguel Amoltepec que tuvo que ser reubicado y que hasta la fecha no han sido concluidas las obras de la comisaria, la escuela y varias viviendas. El puente vehicular quedó como ruina en medio de la playa del río Mixteco. Fue un compromiso incumplido que obliga a que las comunidades que se encuentran río abajo como Valle Hermoso, Jicayán de Tovar, El Coyul, entre otros, queden incomunicados y que la gente tenga que arriesgar su vida cruzando el río. Los mismos niños y niñas cuando van a la escuela tienen que hacer frente a este peligro.
Es un municipio donde las mujeres siguen estando relegadas en la toma de decisiones. A pesar de que la autoridad municipal es una mujer, sabemos que son los hombres de su familia los que toman las decisiones y controlan los recursos financieros. El pago de la dote se ha denigrado y ahora han aumentado los conflictos por estos acuerdos que realizan los papás de la joven pareja que están pactados como un monto de dinero. Esta mercantilización ha cosificado más a la mujer incrementado la violencia y el sojuzgamiento por parte de las autoridades municipales y tradicionales.
Las visitas de los funcionarios federales a las comunidades indígenas muestran los dos polos opuestos de nuestra realidad mexicana. Los políticos urbanos llegan en calidad de redentores remarcando su postura etnocéntrica de lo que es el desarrollo y fortaleciendo el centralismo político. No hay un intento por acercarse a una realidad que interpela y que pone en cuestionamiento las políticas diseñadas por el gobierno federal para combatir la pobreza. La postura vertical del poder sólo fortalece el autoritarismo e impone un modo de ejercer el poder. Las comunidades indígenas son parte del folclor de los políticos, nunca son tratadas como sujetos de derecho, mucho menos hay un compromiso por combatir la desigualdad y romper con estas estructuras que pisotean a los más vulnerables.
Y en la cátedra que vino a dar el secretario de Gobernación después de acompañar a Rosario Robles para pintar algunas fachadas de los colonos, dijo que “el Estado va a recuperar la rectoría de la seguridad”, “que quede claro: la potestad de la seguridad está en manos de los gobiernos municipales, estatal y federal. Nada permite bajo ninguna razón, que se pueda armar la sociedad porque entonces estaríamos en la anarquía a la que algunos quisieran que llegáramos. De ninguna manera lo vamos a permitir”. Después de cuestionar el papel que desempeñan las autodefensas, que supuestamente son usadas por la delincuencia contra las autoridades, reafirmó que el gobierno federal estará “presente para devolver la tranquilidad, no para generar violencia, y si están pidiendo la salida de algún grupo institucional de seguridad es porque seguramente quieren que se les abra la puerta para hacer sus fechorías y actuar al margen de la ley y eso no lo podemos permitir”.
Esta postura que muestra firmeza contrasta con la grave crisis de seguridad y el alto índice de muertes violentas que ponen en entredicho la estrategia que ha implantado el presidente Enrique Peña Nieto. El problema actual no es la proliferación de grupos de autodefensa o la conformación de nuevas policías comunitarias. El punto nodal es la impunidad, la corrupción y la colusión que se ha generalizado entre grupos de la delincuencia organizada, miembros de las policías, elementos del Ejército y autoridades civiles. Hay un colapso de las instituciones de seguridad y justicia. Las ciudadanas y ciudadanos desconfían de las autoridades encargadas de la seguridad y de la procuración de justicia. Las mismas estadísticas recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hablan que en la capital del estado, Acapulco y Zihuatanejo la mayoría de personas mayores de 18 años afirma que se sienten inseguras de vivir en estas ciudades. No es casual esta percepción, por el contrario es la cruda realidad que nos desquicia, porque no se trata de una pregunta ociosa más bien atrás de esta respuesta está el dato cruento de que nuestro estado sigue siendo el más violento del país. Que “en promedio cada tres horas y media una persona fue asesinada en Guerrero en junio”, pues tomando como fuente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en junio se registraron 206 asesinatos y durante el primer semestre de 2017 la entidad acumuló mil 161 homicidios lo que confirma que Guerrero es el más violento del país. Junio fue para el SESNSP el más cruento de los últimos 20 años. La tendencia a la alza ha roto el record histórico, lo que nos indica fatídicamente el fracaso de esta estrategia de seguridad implantada desde hace 11 años con Felipe Calderón.
Las mismas cifras oficiales están demostrando el fracaso de un modelo de seguridad que ahora quiere adquirir un estatus constitucional. La iniciativa de Ley de Seguridad Interior impulsada por el mismo secretario de la Defensa Nacional es un gran riesgo para la sociedad en general que ha sido víctima de la violencia que trae aparejada la consumación de graves violaciones a los derechos humanos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y tortura. El paradigma de una seguridad militarizada no es la solución ni el camino a seguir en un estado que ha padecido la guerra sucia de la década de los setentas, donde centenares de víctimas siguen reclamando justicia y demandando investigaciones para dar con el paradero de sus familiares. Los crímenes del pasado son una herida abierta que se acrecienta con la guerra contra las drogas. El combate a la impunidad es una demanda prioritaria, el castigo a los perpetradores y la garantía de no repetición de estos crímenes atroces es una deuda histórica que los gobiernos federal y estatal tienen que saldar con el pueblo de Guerrero.
A nivel estatal el gobernador tiene que entender que este panorama sombrío no se resolverá aumentando el número de efectivos militares, ni acrecentando los grupos de la Policía Federal. Tiene que abrirse a discusiones más amplias y a conocer de fondo los paradigmas de la seguridad basadas en el respeto a los derechos humanos. Debe también de nutrirse de los planteamientos que llegan de la misma sociedad. En Guerrero hay una experiencia exitosa del proyecto histórico de la Policía Comunitaria. Hay 22 años que la respaldan. En la región donde se aplica la población se siente segura y los delitos de alto impacto están a la baja. Por estas razones tienen que atender en su justa dimensión el proyecto de decreto de reforma constitucional presentado por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y organizaciones de los pueblos de la Montaña, así como nuestro Centro de Derechos Humanos. Es una propuesta que constituye un avance en el tema de los derechos de los pueblos indígenas y es una iniciativa que busca hacer efectivo el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos. Esta contribución generosa no tiene otro interés más que apoyar la lucha contra la violencia criminal y la misma violencia institucionalizada. Este es el gran desafío para el gobierno del estado. Apostarle a una ley y a un modelo de seguridad basado en los derechos humanos y en el reconocimiento de los pueblos indígenas. Esta propuesta es en verdad un planteamiento serio para el futuro de nuestro estado, no es una ocurrencia ni acciones improvisadas como las que vimos con los funcionarios federales que se lucieron pintando fachadas de casas.

Además de la acusación de desvío de mil 670 millones de pesos del erario de Veracruz, Javier Duarte se embolsó otros 350 millones de pesos, reveló José Juan Janeiro Rodríguez, principal cerebro financiero del ex gobernante y testigo colaborador de la PGR.
Janeiro indicó que el Gobierno de Veracruz depositó ese monto a empresas “fantasma”, sin tomarse siquiera la molestia de simular un contrato fraudulento, como acostumbraban hacerlo.
No hubo licitación, no hubo adjudicación directa ni tampoco hubo contrato: sólo el depósito directo a las cuentas bancarias. Después, dispersarían el dinero en el sistema financiero, según la declaración que rindió el 2 de febrero en España.
El testigo contó a la PGR que ese dinero llegó al final al propio ex gobernador y a su principal prestanombres Moisés Mansur Cisneyros.
El abogado fiscalista conoció a Duarte precisamente por medio de Mansur.
Reveló que el entonces gobernador le solicitó sus servicios para que le ayudara a “gestionar” empresas que manejaran “facturación y dispersión” de un crédito que había conseguido.
“El 15 de enero de 2016 me recibió en una cita de empresas para servicios de facturación, porque el Gobierno de Veracruz había procedido a dispersar el dinero”, dijo Janeiro.
Según el abogado, en aquella ocasión le explicó a Duarte que no estaba resuelto el problema de los 350 millones de pesos, transferidos desde las arcas del Gobierno estatal en diciembre de 2015.

Halla la PGR lavado de dinero en una ruta alterna

Cuatro constructoras que recibieron contratos legales por mil 170 millones de pesos de la administración de Javier Duarte hicieron depósitos a tres empresas fantasma donde el ex gobernador presuntamente lavó dinero.
Una parte de ese dinero fue para el Consorcio Brades, el cual simuló la compra de parcelas en Campeche por 223 millones de pesos a Moisés Mansur, prestanombres del ex mandatario.
Israel Lira Salas, subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, expuso el sábado en la audiencia de vinculación a proceso de Duarte una sinopsis que también señala a empresas legalmente constituidas por fondear a factureras del veracruzano.
Se trata de las compañías Expectra, Constructoras Asociadas El Papaloapan, Construcciones Enremex y Aglomerados de Concreto del Papaloapan, que hicieron pagos a Diseños Arquitectónicos Melvan, Diseños Arquitectónicos Alim y Evolución de Diseño ARG.
Aunque la diapositiva expuesta no precisa el monto transferido a las constructoras, sí refiere que de las cuentas de las tres empresas fachada se enviaron 61.8 millones de pesos a otras compañías de la misma red de lavado del ex mandatario.
El esquema que se conocía hasta ahora del caso Duarte era la simulación de contratos del Gobierno de Veracruz con compañías fantasma para desviar recursos y ahora se sabe que esas mismas empresas ilegales también recibieron dinero de contratistas formales.
Expectra, una de las proveedoras de la infraestructura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 en Veracruz, según la diapositiva de la PGR, recibió de 2013 a 2014 contratos por 691 millones de pesos.
Constructoras Asociadas El Papaloapan, a la que el sexenio duartista asignó obra carretera, cobró entre 2011 y 2012 un total de 359 millones de pesos.
De acuerdo con la PGR, Construcciones Enremex cobró de 2012 a 2014 a la Administración estatal 65 millones de pesos, mientras que Aglomerados de Concreto del Papaloapan recibió contratos por 55 millones de pesos.
Las cuatro constructoras hicieron depósitos a Diseños Arquitectónicos Melvan, Diseños Arquitectónicos Alim y Evolución de Diseño ARG, identificadas por la PGR y el Servicio de Administración Tributaria como fachadas.
Es decir, compañías que sólo existen en el papel porque no tienen domicilio fiscal y su naturaleza es simular operaciones en las que emiten facturas por cada depósito, sin que exista una contraprestación o justificación.
De acuerdo con la exposición del titular de la SEIDO, del pago que recibieron las tres factureras se hicieron transferencias de 61.8 millones de pesos a Sakmet Inmobiliaria y Consorcio Brades en depósitos de 23.3 millones, 23.5 millones y 15 millones de pesos
Brades es la empresa que compró a Moisés Mansur sus parcelas de Campeche en 223 millones 800 mil 963 pesos, en una operación de compra venta donde se inflaron en 15 mil por ciento el precio de los bienes.
La PGR asegura que Mansur empleó el dinero para adquirir bienes muebles e inmuebles para Duarte.

 

Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México

Legisladores de oposición exigieron que se realice una auditoría exhaustiva por el socavón en el Paso Exprés, donde murieron dos personas, para determinar las causas de la falla y fincar responsabilidades a los funcionarios y empresarios involucrados.
Diputados y senadores del PAN, PRD y Morena insistieron en pedir la renuncia del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza.
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, sostuvo que la auditoría debe arrojar información suficiente para sancionar lo antes posible a los responsables de la negligencia y posible desvío de recursos públicos.
“Es una obra que, como toda esta Administración federal, huele a corrupción y descuido permanente.
“El enorme hoyo del Paso Exprés en Morelos no es un ‘gaje del oficio’, como dijo el Secretario Ruiz Esparza, sino un socavón que refleja lo que hemos tenido en estos casi cinco años de la Administración del PRI, un ejemplo más del vacío y de la corrupción que hemos vivido en los últimos años”, consideró.
Esta semana, la Comisión Permanente analizará las peticiones de la oposición para citar a comparecer a Ruiz Esparza y demandar su cese inmediato.
La senadora del PRD, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pidió la intervención de la PGR para esclarecer culpabilidades.
Solicitó la comparecencia del titular de la SCT para que explique todo lo relacionado con la licitación, construcción, supervisión, operación y derrumbe de la obra.
“Después de su comparecencia, se solicita que se separe inmediatamente de su cargo para garantizar que las auditorías, las investigaciones que se realicen sean prontas expeditas transparentes independientes y objetivas”, planteó.
La coordinadora de la bancada del PRD en el Senado, Dolores Padierna, exigió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realice una revisión específica sobre la obra, los contratos y los costos, para detectar posibles omisiones o fallas de los funcionarios involucrados.
Demandó a la SCT suspender todos los contratos con las empresas Aldesa y Epcco para la constricción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo menos, mientras se realizan las investigaciones del caso.
Los senadores de Morena se sumaron a la petición de comparecencia de Ruiz Esparza para que informe sobre las deficiencias de la obra, así como las omisiones en las que incurrió frente a los avisos de riesgo de autoridades municipales, estatales, de derechos humanos y hasta el testigo social de la obra.

Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Congreso decidió ponerle lupa a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la cual arrancará el próximo 16 de agosto.
Esta semana, la Tercera Comisión de la Permanente analizará una propuesta impulsada por el PAN, y suscrita por legisladores del PRI, PRD, PT, Morena e independientes, para pedir a la Secretaría de Economía que rechace la pretensión del representante comercial del Gobierno de Estados Unidos, de eliminar el capítulo 19 del TLCAN, vinculado a la solución de controversias.
Según los legisladores, de concretarse esta propuesta, se permitiría que los diferendos en casos de antidumping, subvaluación y salvaguardas sean resueltos de acuerdo a las leyes de ese país y no con base en las disposiciones del Tratado.
El senador de Morena, Mario Delgado, consideró preocupante que, a menos de un mes de iniciar el proceso de renegociación, el gobierno mexicano no tenga una postura pública respecto a sus objetivos, ni los puntos que considera negociables y las fronteras de la negociación.
“Esta falta de postura es peligrosa, sobre todo cuando se considera que el Gobierno mexicano encuentra deseable que se adapte parte del Acuerdo de Asociación Transpacífico a TLCAN, sin una evaluación de sus costos y beneficios”, aseveró.
El integrante de la Comisión de Hacienda advirtió que los objetivos presentados por la oficina del representante comercial de Estados Unidos anticipan una negociación larga y complicada.
“Es poco razonable e incluso irresponsable pensar en un acuerdo finalizado en diciembre”, indicó.
El senador independiente Armando Ríos Piter criticó que ni el gobierno mexicano ni la Cámara alta hayan definido cuáles son las prioridades en la renegociación, lo que pone en ventaja a los socios comerciales.
“Urge se determinen las prioridades, afinarlas, cerrar filas y estar listos para la renegociación que viene”, aseveró.
La coordinadora del PRD, Dolores Padierna, advirtió que su partido no avalará una renegociación que perjudique al país.
“El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados señaló que en la renegociación debe discutirse un posible acuerdo sobre las políticas domésticas agroalimentarias, debido a que los mexicanos se han quejado de que en EU se proveen más subvenciones que en nuestro país”, advirtió Padierna.

Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México

El gasto autorizado y erogado por el gobierno federal en medios de comunicación se incrementó en 2017, en los meses previos a las elecciones en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.
De acuerdo con los reportes enviados por la Secretaría de Gobernación al Senado, los recursos autorizados para la propaganda gubernamental en radio y televisión aumentaron 12.1 por ciento, en comparación con 2016.
Según los informes, la Dirección General de Normatividad de Comunicación autorizó el pago de 924.8 millones de pesos para el periodo enero-abril, es decir, casi 100 millones de pesos más que el año pasado, cuando el monto fue de 824.8 millones de pesos.
Por otro lado, los documentos detallan los recursos que ya fueron erogados en ese mismo periodo y que registran un aumento de 20.8 por ciento.
Este año, el Gobierno federal pagó 62.5 millones de pesos para la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
La cifra es 10.7 millones de pesos más alta que en 2016, cuando se erogaron 51.7 millones de pesos.
La documentación revela que, el año pasado, la administración federal destinó menos dinero para publicitar sus acciones en los medios, a pesar de que estaban en juego 12 gubernaturas, de las cuales el PRI perdió siete.
En contraste, para este 2017, los recursos pagados se incrementaron, justo en el marco de la renovación de la gubernatura del Estado de México.
La documentación del año pasado detalla que la Presidencia de la República tenía autorizados para los primeros cuatro mes unos 12.3 millones de pesos, que no fueron ejercidos en ese periodo.
Para este año, gastó la totalidad de los 10.2 millones de pesos que estaban autorizados en el Presupuesto y fueron pagados a Estudios Churubusco Azteca S.A.
En el caso de los tiempos Fiscales y de Estado, la Presidencia también incrementó su presencia, sobre todo en la televisión.
En 2016, utilizó 11.9 y 4.7 por ciento de esos tiempos en la televisión, respectivamente.
Para este año, la cifra aumentó a 14.6 por ciento y a 13.8 por ciento de esos mismos tiempos.
Las cifras refieren que la dependencia que tuvo una mayor presencia con tiempos Fiscales, de Estado y Oficiales fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que difundió mensajes sobre inversiones en infraestructura.
Esa dependencia pasó de tener promedios de entre 0.79 por ciento y 1.6 por ciento de los tiempos, hasta ocupar entre 10.7 y 14.93 por ciento del total del tiempo al aire en radio y televisión por ese concepto.
Grupo Reforma documentó el activismo de funcionarios del Gobierno federal y estatal durante el proceso electoral del Estado de México, a través de actos públicos y entrega de dádivas.