El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, el priista Eusebio González Rodríguez, confirmó que la entonces Auditoría General del Estado (AGE), le envió a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una observación por sus altos sueldos y el requerimiento para que los reduzcan.
Fuentes del IEPC informaron también que se espera que hoy en sesión del Consejo General los siete funcionarios electorales se reduzcan sus salarios hasta en un 40 por ciento, acatando la observación de la Auditoría.
La observación y el requerimiento que el órgano fiscalizador realizó al IEPC es por la revisión al ejercicio fiscal 2015, que es el que está en proceso de solventación.
En declaraciones en el Congreso local, el diputado priista comentó que la Auditoría emitió una observación y una recomendación “para que de manera inmediata en que conozcan la notificación, se reduzcan el sueldo y se ajusten a este criterio inconstitucional”.
Explicó que el pliego de observaciones de la auditoría al IEPC fue notificado a finales de junio pasado, por lo que los consejeros tienen que acatar la recomendación lo antes posible, porque en agosto deben ser solventado.
La Constitución en su artículo 191, establece que ningún servidor público “dentro de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos, los órganos autónomos y los órganos con autonomía técnica” podrá recibir “una remuneración igual o mayor a la de su superior jerárquico, ni superior a la establecida para el gobernador del estado”, según su fracción quinta.
De manera oficial el sueldo del gobernador es de 146 mil pesos al mes, mientras que el de la presidenta del IEPC Marisela Reyes es de 275 mil 930 pesos mensuales. Los otros seis consejeros ganan 216 mil 666 pesos.
El priista dijo que desconoce si en el pliego de observaciones la Auditoría le pide el reintegro del recurso público que se pagaron de manera irregular, pero sí hay el requerimiento de que se reduzcan el sueldo, pero solo en el caso de los consejeros que son quienes están violando la Constitución, “no los funcionarios medios y bajos”.

Consejeros defendieron su sueldo; es como el del INE, dijeron

Contrario a lo dicho por la presidenta del Congreso local, Eusebio González afirmó que desde septiembre de 2016 recibieron en el poder Legislativo la cuenta púbica del ejercicio fiscal 2015.
Desde hace casi un año está en el Congreso local la cuenta pública en la que deberían estar las observaciones y requerimientos que hizo que la entonces Auditoría General del Estado (AGE), a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación ciudadana (IEPC) por violar la Constitución del estado al apropiarse de un sueldo superior al del gobernador.
El diputado dijo que si tienen conocimiento de cual es el sueldo de los consejeros y que este es superior al del gobernador, “no podemos decir que no los conocemos, porque están a la vista pública (en su portal de internet)”.
Pero justificó que son por las mismas cantidades que consejos generales pasados ganaban “y no se los incrementamos nosotros”.
Porque recordó que el IEPC es un órgano con autonomía técnica y presupuestaria “y eso también es una responsabilidad en el manejo de los recursos públicos”
Dijo que en una ocasión diputados platicaron con los consejeros el caso de lo elevado de su sueldo, pero ellos les dijeron “que de acuerdo al INE, ellos traen ese tipo de sueldos”.
Comentó que en  los anexos del presupuesto de egresos que el IEPC presenta, el órgano electoral ha pedido incrementos pero no los han aprobado “porque no encontramos razón de ser”.

Integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Acapulco, llamaron a los diputados locales a eliminar el fuero, porque permite actos de corrupción.
En la conferencia de prensa en las oficinas del sindicato empresarial en Plaza Marbella, fue compartido el mensaje y las exigencias de más acciones contra la corrupción, como parte del movimiento contra la corrupción #Vamospormás, que fue presentado el pasado lunes en la Cuidad de México y cuyo vocero fue el actor Diego Luna.
En la ronda de participaciones, el empresario César Zambrano Pérez recriminó y calificó de indignante la indiferencia de los legisladores para quitar el fuero constitucional, lo que evitaría mayores actos de corrupción, “este lastre de impunidad, de corrupción que está llevándonos a situaciones muy difíciles, y puede propiciar a una guerra civil”.
“Hay otros estados de la República que están realizando cambios determinantes como que se quite el fuero a los funcionaros, legisladores, políticos, que eso va ayudar mucho a que se mejore este Estado de derecho que todos buscamos”, expresó.
Por la falta de un fiscal y los magistrados anticorrupción con la entrada de la nueva Ley general de responsabilidades administrativas del Sistema Nacional Anticorrupción, el presidente de la Coparmex, Fidel Serrato Valdez dijo que “la corrupción es algo muy difícil y fuerte”.
“Pero que tenemos que empezar por algo todas las organizaciones, presionando y exigiendo que cumplan con su trabajo”, para que se cambie todo lo que hay en el país y llamó a denunciar estos actos de corrupción y quienes participen.
Además indicó que hay una serie de “obstáculos” para poder cumplir con las leyes anticorrupción, por eso desde organizaciones empresariales, académicos, y organizados han demandado que las autoridades terminen con la corrupción y la impunidad, “y vamos por más”.
El representante empresarial también se quejó porque se les escuchó “a medias” en las propuestas que enviaron al gobierno que tiene que ver con leyes de transparencia y rendición de cuentas en adquisiciones y obras públicas, además, el que tiene que ver con el financiamiento a los partidos políticos y sus finanzas, “eso no se movió a nivel nacional y se vino en cascada a los estados”.
En la rueda de prensa estuvieron el representante de la Universidad Tecnológica, Abelardo Galeana; del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Desarrollo Económico de Estado, Alfonso Abarca; el representante de la Coparmex de la zona Suroeste, Fernando Vargas Lozano, y los empresarios, Jaime Badillo y Carlos Reyes Paris.

El presidente estatal de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, dijo que su partido está abierto a los perredistas que quieran participar con su partido, pero advirtió que deben pasar filtros y adelantó que ese partido irá sólo a las elecciones locales en el 2018.
En conferencia de prensa en la inauguración de las oficinas de esa formación política en el Edificio Oviedo de Acapulco, indicó que para las próximas candidaturas serán selectivos con quienes pretendan postularse por Morena. “Nos reservamos el derecho de admisión, no cualquiera va a ser”, subrayó y recalcó que aún no hay candidaturas definidas, las que saldrán del Consejo Estatal por unanimidad o de una encuesta si no se alcalza el consenso, según acordó el Congreso Nacional celebrado el pasado domingo.
Añadió que “sabemos de muchos dirigentes perredistas que han tenido problemas o que tienen una fama pública negativa, o acusaciones de corrupción o incluso en sus ejercicios de gobierno violación a los derechos humanos, no queremos que vengan a Morena”.
De la declaración que hiciera la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Beatriz Mojica Morga, de que una alianza es la única vía de ganar al PRI y que “los ya merito” no le siven a México, Sandoval Ballesteros respondió que ella debe verse en un espejo porque es quien ha mantenido un discurso de declinar por quien vaya mejor posicionado: “ese fue su la bandera de campaña, por lo tanto debería empujar para que los candidatos o precandidatos del partido declinaran a favor de Andrés Manuel López Obrador”.
Añadió que el discurso de la secretaria general del PRD es “muy” incongruente y que en el PRD cupular hay desesperación por la caída “brutal” de los resultados electorales.
Afirmó que Morena es la primera fuerza electoral en el país de acuerdo con los resultados de las pasadas elecciones. “Morena sacó más votos que el PRI y muchísimos más votos que el PRD”, celebró.
Para Pablo Sandoval, la posición de Mojica Morga no es representativa de las bases del partido “esto es la dirigencia del PRD la que forma parte Beatriz Mojica, no es el perredismo”.
De la alianza que plantea el PRD con el PAN, afirmó que “desnudará” la intención del primero en convertirse en un satélite de Acción Nacional, proyecto que “ya está pactando con los poderosos”.
Sandoval Ballesteros dijo que ante el próximo proceso electoral la organización interna ya está preparada.
Con relación a la declaración que hizo la fundadora del PRD, Ifigenia Martínez la semana pasada al concluir la participación en un foro en el Senado sobre la Constitución de la Ciudad de México y quien expuso que se deben reconciliarse el PRD, Morena, Movimiento Ciudadano y el PT para ir juntos en el 2018, opinó que “vendrán más llamados de ese tipo porque sabemos que hay gente de buena fe, por eso estamos haciendo ese tipo de llamados”.
El también consejero estatal y nacional dijo que no hay pláticas formales con la dirigencia nacional del PRD, pero sí con perredistas quienes han externado preocupación por la conducción de su partido, “porque no van a apoyar a la derecha en ese proceso”. Aseguró que la mayoría perredista apoyará a Andrés Manuel López Obrador.
Afirmó que la dirigencia nacional está secuestrada por la cúpula del poder que recibe recursos millonarios: “están entrando en los arreglos del poder, en las mieles del poder”.
Después del corte de listón, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo leyó un comunicado en el que externó que las tomas de decisiones y los mecanismo de operación quedan en órganos y comisiones de Morena y que no habrá grupos ni poderes externos de presión. En el acto estuvieron consejeros nacionales y estatales y militancia del partido.

 

La coordinadora del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Ruth Delgado Bahena, declaró que si el Estado garantizara la seguridad no existirían las autodefensas, grupos de policías comunitarias o ciudadanas, pero que, lamentablemente, la inseguridad es creciente y que es necesaria la presencia de estos grupos.
También en respuesta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que en el caso de su agrupación no existen vínculos con grupos de la delincuencia organizada y que, por el contrario, han pedido coordinarse con las fuerzas de seguridad federal y estatal para realizar sus labores de vigilancia.
Mientras tanto, el promotor de la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero, que recientemente surgió en Zihuatanejo, Artemio Sánchez Sánchez, dijo que “a lo mejor el secretario (Miguel Ángel Osorio Chong) tiene razón, pero él vive en México y aquí, de este lado, son nuestras familias las que están en peligro”.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió el martes pasado en su visita a Chilpancingo que el Estado va a recuperar la rectoría de la seguridad en los lugares donde operan grupos de autodefensa, que se hacen llamar policías comunitarias, y dijo que tiene información de que algunos grupos de la delincuencia organizada están azuzando a las comunidades para que no permitan la presencia de las autoridades federales, estatales y municipales.
El funcionario federal declaró, asimismo, que la potestad de la seguridad está en manos de los gobiernos municipales, estatal y federal, y que “nada permite, bajo ninguna razón, que se pueda armar la sociedad, porque entonces estaríamos en la anarquía a la que algunos quisieran que llegáramos”.
Consultada al respecto, Ruth Delgado respondió que si el estado garantiza la seguridad que todos los ciudadanos en el país necesitamos “sería excelente”, porque aclaró que los grupos de autodefensa surgieron porque “no tenemos seguridad ni justicia”.
Añadió: “Si de verdad tuviéramos la certeza de nuestra seguridad, nosotros estaríamos en la disposición de retirarnos a nuestras casas, sin embargo vemos que es creciente la necesidad de seguridad y no solamente en nuestra región, sino en todo el país”.
Dijo que los grupos de policías civiles surgieron a partir de una necesidad, “no por gusto”.
Comentó que para los ciudadanos que se encargan de la seguridad de sus pueblos es muy difícil, “si viera (el secretario de Gobernación) todo lo difícil que es para nosotros mantener la seguridad en nuestros pueblos, con carácter de policías comunitarios o ciudadanos. No hay un sueldo, no hay un recurso destinado para estas actividades, sin embargo, tenemos que hacerlo para cuidar a nuestras familias”.
Delgado Bahena declaró que una vez de que se conforman los grupos no les queda más que resistir, “por lo menos aquí en Juan R. Escudero pareciera que estamos en contra de todos, luchamos en contra de los delincuentes y en contra de los grupos de poder que están en contra de nuestro movimiento comunitario y social”, denunció.
Con respecto al señalamiento de que grupos de la delincuencia organizada están azuzando a algunos pueblos para que pidan la salida del Ejército, aseguró que en el caso de Juan R. Escudero están en la disposición de tener una coordinación con todas las instituciones, “en ningún momento estamos en esa dinámica y sobre todo no tenemos ningún tipo de nexo, contacto o acuerdo con grupos de la delincuencia”.
Dijo que el origen del FUSDEG es en contra de las prácticas de la delincuencia “y nosotros, por supuesto, no podríamos en ningún caso tener acuerdo con ellos, de ningún tipo”.
Contó que en algún momento, la organización se estaba fortaleciendo y que ingresó a Petaquillas, pero que entonces el Ejército y la Policía Federal les impedían el libre tránsito por la carretera federal y ellos tenían que salir a Ocotito, Mazatlán o a Xaltianguis, que por eso los pueblos respondieron y pidieron el retiro de las fuerzas militares “pero fue en respuesta al hostigamiento y a la violación de derechos de libre tránsito”, explicó.
Por su parte, el promotor de la Guardia Rural de Ejidos Unidos de Guerrero, Artemio Sánchez, dijo que a lo mejor el secretario de Gobernación, Osorio Chong, tiene razón, “pero es a la familia de uno a la que le duele y está en peligro, Osorio Chong vive en México y nosotros vivimos acá, de este lado de Guerrero”, respondió.
Agregó que el problema aquí es que donde quiera no hay seguridad, “por eso se está defendiendo la gente, por eso yo creo que no hay otra solución, ya no se puede andar de otra forma, y es mejor que nos reconozca el gobierno para andar bien, porque si no, si no hay seguridad, de todos modos vamos a andar así, armados”, advirtió.
El campesino dijo: “Yo pienso que aquí vamos a seguir, mientras Dios nos preste vida, porque si no esa gente se va a seguir metiendo”. Recordó que antes de que se conformaran como policía rural, muchas veces pidieron el apoyo del gobierno y que no se los dio, a pesar de que es su obligación, como dijo el secretario.

 

El presidente municipal de Petatlán, Arturo Gómez Pérez, tomó protesta a Adalid Pérez Galeana como nuevo secretario general del Ayuntamiento, después de que por 15 días el área permaneciera acéfalo, ante el asesinato de su titular, Manuel Rebolledo Pérez, quién desde inicios de la administración fungió en el cargo.
El pasado martes 4 de julio, Rebolledo Pérez fue encontrado sin vida en el camino que conduce al aeropuerto, en el entronque hacia La Chivera, en la comunidad del Coacoyul, a unos cuatro kilómetros de Zihuatanejo.
A dos semanas de que este cargo quedó acéfalo, este miércoles en sesión de cabildo extraordinaria se presentó la propuesta del alcalde perredista Arturo Gómez Pérez, de que Adalid Pérez Galeana ocupara el puesto.
La propuesta fue aprobada por unanimidad por los regidores y la síndica del municipio. La toma de protesta se hizo en ceremonia previa a la toma de posesión de los comisarios municipales de Petatlán.
Adalid Pérez Galeana fungía como subdirector de Desarrollo Rural en la actual administración y fue presidente de la Asociación Ganadera de Petatlán. (De la corresponsalía / Petatlán).

 

 

En lo que va del año el Cabildo de Chilpancingo no ha realizado ninguna sesión abierta pese a que está establecido por la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, las cuales deben realizarse por lo menos una cada dos meses.
El artículo 49 de la Ley Orgánica del Municipio indica que “los Ayuntamientos celebrarán inexcusablemente dos sesiones ordinarias mensualmente de las cuales una deberá, cada bimestre por lo menos, ser sesión de cabildo abierto a efecto de que la ciudadanía y los consejos y grupos ciudadanos que las Leyes prevén conozcan los asuntos que se ventilen y proporcionen sus puntos de vista y propuestas de interés colectivo”.
Desde que inició su administración el alcalde de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena, no se han realizado sesiones abiertas. Además las sesiones que realiza el Cabildo prohíben la entrada a los reporteros.
El Ayuntamiento capitalino no informa a la ciudadanía de los acuerdos, cambios o decisiones que se realizan en las sesiones. Sólo cuando a un regidor se le consulta de qué trató la sesión se da la información.
El pasado 18 de marzo a Leyva Mena se le preguntó el porqué todas las sesiones de son cerradas: “Hay reuniones de carácter privado y abiertas, por lo que el pasado enero el Cabildo aprobó que habrá una sesión abierta por mes.
Pero éstas no se han realizado.
Los regidores perredistas, Omar Chavarría Obeso y Nancy Soraya Cruz García, han solicitado por escrito a Marco Antonio Leyva Mena que haya sesión de Cabildo abierta, pero se las ha negado.

Un grupo de mujeres del municipio de Mártir de Cuilapan de distintos partidos políticos, entregaron al Congreso local una demanda de juicio político y la revocación de mandato contra la presidenta municipal Felícitas Muñiz Gómez, a quien acusan de actos de corrupción, opacidad en el manejo del presupuesto, enriquecimiento inexplicable y nepotismo.
La demanda la presentaron el 13 de julio pasado 40 mujeres y en el documento argumentan que la alcaldesa del Movimiento Ciudadano “no acredita ni transparenta de dónde obtiene recursos económicos para hacerse de sus extensas propiedades, “porque los bienes que tiene hoy en día, no puede decirse que los hizo a través de su carrera de sicóloga que dice es su profesión”.
El escrito que fue recibido en la Oficialía de Partes del Congreso local, establece que la presidenta municipal incurre en actos y omisiones “que han redundado en perjuicio del patrimonio del Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan”.
La denuncia agrega: “La ciudadana Felícitas Muñiz Gómez, a partir del 30 de septiembre en acto solemne protestó al cargo como presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, y lo hizo de forma irregular porque una persona ajena al Congreso del estado fue quien le tomó la protesta, violentando las disposiciones de orden público como es la Ley Orgánica del Municipio Libre y que acreditamos con el acta de sesión solemne de toma de protesta e instalación del Ayuntamiento de la fecha indicada”.
También la acusan de haber cometido “actos y omisiones graves” en perjuicio del patrimonio del Ayuntamiento en colusión con otros servidores públicos, como el tesorero municipal, el director de Obras Públicas “y terceros ajenos al Ayuntamiento”.
Precisan en su escrito que Benito Sánchez Ayala, Humberto Palacio Celino, Edelmira del Moral Miranda y María del Rosario López García, “por los abusos de poder, actos y omisiones graves en perjuicio del patrimonio de la persona moral Ayuntamiento, han tenido diferencias políticas con la alcaldesa, por el ejercicio de su mandato “plagado de corruptelas y coludida con los órganos fiscalizadores cómo es la Auditoría General del Estado y la Contraloría General del Estado”.
Recuerdan que los ediles Benito Sánchez Ayala, Humberto Palacios Celino , Edelmira del Moral Miranda y María del Rosario López García, en su carácter de síndico y regidores interpusieron un juicio político de revocación de mandato y en una primera resolución fue favorable a estos pero que no se dio a conocer en los medios de comunicación.
Sin embargo “por intereses políticos los señores diputados cambiaron la resolución y a la luz pública sacaron otra que declaraban la misma como improcedente y dentro de los señalamientos entre de ellos el de nepotismo.
Acusan que desde la primera quincena de octubre del 2015 venían prestando sus servicios y devengando un salario Vicky Anahí Nava Muñoz, su hija, a quien le dio el cargo de presidenta del DIF con un salario de 16 mil 175 pesos; Yucundina Muñiz Gómez, su hermana y asesora, a quien le asigno un salario quincenal del 9 mil 100 peros; Giovanni Muñiz Alquiciras, su sobrino y a quien le dio el cargo de secretario particular, con un salario quincenal de 10 mil 761 pesos.
También Denise Muñiz Cardera, su sobrina y a quien le otorgó el cargo de directora de Educación, con un salario quincenal de 4 mil 834 peros; Jesús Morales Muñiz, su primo hermano. a quien le dio el cargo de oficial del Registro Civil, con un salario de 6 mil ocho pesos; María Muñiz Nava, su sobrina y a quien le tomó protesta como directora de Catastro Municipal, con un salario quincenal de 6 mil ocho pesos; Esperanza Miranda Morales, su cuñada, a quien asignó como directora de la Unidad de Rehabilitación, con salario de 6 mil ocho pesos, entre otros.