Agencias Reforma y Proceso

Ciudad de México / Xalapa

Ante las acusaciones de falta de preparación de los fiscales federales en la primera audiencia del caso Duarte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió ayer tener fe en la PGR.
“La PGR ha estado haciendo su trabajo, lo ha estado informando, es un proceso que hay que cuidar, vigilar, llevar.
“Entonces hay que tener fe en la institución, fe en el trabajo que van a realizar y esperar a que el proceso siga, y derivado de ello entonces el juez, la jueza que le toque este tema, y otros, pueda resolver conforme a la ley”, dijo en entrevista, tras encabezar la firma de un convenio de colaboración con la CROC.
Osorio Chong sostuvo que la PGR es una institución que va más allá de quién la encabeza, y que está integrada por hombres y mujeres que vienen desempeñando su trabajo desde hace muchos años.
“De parte de la institución se está haciendo todo el esfuerzo y ellos estarán informando oportunamente”, agregó.
En la audiencia inicial celebrada el lunes, Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, exhibió la falta de preparación de los ministerios públicos y las debilidades en la acusación de la PGR por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Reforma publicó que con sólo 12 preguntas, Duarte puso en duda más de 90 por ciento del desvío por 439.6 millones de pesos que se le imputa.
Tras evasivas y la intervención del juez, los fiscales federales se vieron obligados a aceptar que sólo tenían documentados depósitos de la Secretaría de Educación de Veracruz por 38.5 millones de pesos.
En la audiencia, Marco Antonio del Toro, defensor de Duarte, dijo que los fiscales de la PGR no estaban capacitados y hasta se mofó diciendo que respondían a sus solicitudes de aclaración en forma “cantinflesca”.
Osorio Chong afirmó ayer que la PGR está haciendo su trabajo y “todo el esfuerzo”, por lo que consideró que hay que darle tiempo.
–¿Es un asunto de fe? Hay un cuestionamiento sobre la actuación de los fiscales —se le inquirió al funcionario.
–No, no. La ley no es un asunto de fe, es un asunto de norma, que hay que prepararse para poder dar seguimiento a este tema tan importante para la sociedad mexicana, para el gobierno, entonces la PGR habrá de tomar todas las acciones y entregar cuentas a la propia sociedad —señaló.
A pregunta expresa, dijo que no debe haber impunidad en ningún caso “absolutamente”.
“Yo creo que hay que dejarlo, va iniciando (el proceso de Duarte), yo creo que hay que dejar que todo esto siga”, indicó.
Repudia la Fiscalía de Veracruz trato preferencial de la PGR

El fiscal general Jorge Winckler Ortiz reprochó a la PGR el que no se hayan sumado todas las carpetas de investigación por desvío de fondos federales, simulación de reintegros a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la compra de medicamentos falsos para exámenes de sida.
Winckler Ortiz lamentó que en el proceso penal que se sigue al ex mandatario priista Javier Duarte, y a otros ex funcionarios de su primer círculo de gobierno, la PGR dejó fuera –por ahora–, dichas pruebas en contra del político veracruzano que estuvo más de 90 días preso en Guatemala, hasta que fue extraditado el lunes anterior.
El fiscal citó a rueda de prensa para hacer un llamado y un extrañamiento a la PGR, debido a que hay varios delitos de los cuales quedo exentó el último gobernador priista que ha tenido la entidad.
“Existen los datos de que se cometió un hecho delictivo y la probabilidad de quiénes lo hayan cometido o participado, por ello se exige se ejercite la petición al juez de control para la conducción de estas personas a un proceso judicial”, clamó.

El amparo no detiene el proceso, aclara

Jorge Winckler aseguró que aunque la defensa jurídica de Javier Duarte ya obtuvo un amparo, esto no significa que el ex gobernador ya evadió o libró todos los agravios y desvío de recursos que le señala el gobierno de Miguel Ángel Yunes y la propia Fiscalía General del Estado (FGE).
“El amparo solicitado por Javier Duarte de Ochoa sólo le valió la suspensión temporal de las órdenes de aprehensión giradas por los cargos levantados en su contra desde la Fiscalía General del Estado”, acotó.
Winckler Ortiz reviró que son falsas las versiones de medios de comunicación que publicaron sobre una cancelación de las órdenes de aprehensión libradas contra Duarte de Ochoa.
“Solamente se otorgó al presunto culpable una suspensión de provisional por un amparo que otorgó un juez federal en Ciudad de México”, aclaró.

Y hallan a Moisés Mansur cuenta en Suiza

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga cuentas bancarias en Suiza, a las que presuntamente Moisés Mansur Cysneiros habría transferido al menos una parte de los 223 millones de pesos que recibió de la venta de terrenos en Campeche, dentro de la trama financiera de Javier Duarte.
Durante la audiencia de imputación del pasado lunes, los fiscales federales dijeron que han presentado a la Confederación Helvética solicitudes de asistencia jurídica para conseguir los detalles de las cuentas bancarias del supuesto principal prestanombres del ex gobernador de Veracruz.
Según las investigaciones de la PGR, Mansur vendió a precios inflados unas parcelas del ejido Lerma en Campeche a la empresa Consorcio Brades, en una suma de 223 millones 800 mil 963 pesos.
Conforme a documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda a los que se tuvo acceso, la empresa hizo 13 depósitos a Mansur entre el 8 de octubre de 2012 y el 15 de febrero de 2016, para cubrir la totalidad del monto de la compra-venta.
Si bien la PGR ha dicho que una parte del dinero Mansur la habría invertido en el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, entre otros bienes, ahora ha dado a conocer que la huella del dinero del presunto prestanombres llega hasta Suiza.

Agencias Reforma y Proceso

Ciudad de México

El dictamen final del peritaje del Paso Exprés de Cuernavaca será entregado en 15 días, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de un comunicado.
El peritaje es realizado por especialistas del Colegio de Ingenieros, de la UNAM y del Colegio de Ingenieros Civiles de Morelos, entre ellos Luis F. Robledo Cabello, presidente del Comité de Peritos en Ingeniería Hidráulica y experto en gerencia de planeación de proyectos, y Humberto Juan Francisco Marengo Mogollón, perito en Ingeniería Hidráulica, ex presidente de la Academia de Ingeniería e Investigador del Instituto de Investigaciones de Ingeniería de la UNAM.
Otra de las actividades que realizarán los expertos del Colegio de Ingenieros Civiles de Morelos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua es la revisión técnica del comportamiento de las obras de drenaje que se localizan a lo largo de los 14 kilómetros del Paso Exprés.
“El dictamen final se elaborará en base a los eventos sucedidos y tomando en cuenta las evidencias del comportamiento de las estructuras considerando todos los aspectos técnicos que sucedieron”, informó la dependencia.

“En proceso”, nueve solicitudes de información: INAI

Desde la muerte de dos personas por el socavón que se abrió en el Paso Exprés de Cuernavaca, se han registrado nueve solicitudes de información adicionales a las 31 que ya se tenían relacionadas con esa vía de Morelos, informó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Las solicitudes hechas a partir del 12 de julio –día de la tragedia–, sobre la Ampliación del Libramiento Cuernavaca (Paso Exprés) se encuentran “en proceso”, indicó el organismo.
El resultado de las otras 31 solicitudes, precisa el INAI en un comunicado, se encuentran disponibles en el Sistema de Solicitud de Acceso a la Información (SISA) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), ya que se trata de las respuestas otorgadas a los particulares que presentaron una solicitud de información.
Entre la información solicitada por la sociedad se encuentra el proyecto de ampliación, el proceso de licitación de la obra, la propuesta técnica, los estudios de impacto ambiental, hidroeléctrico y de mecánica de suelos, el diagnóstico de la calidad de la construcción, los montos erogados, las empresas encargadas, los contratos, la fecha de inicio y conclusión.
Detalló que derivado del proceso de evaluación diagnóstica que el Instituto realiza a todos los sujetos obligados de la Federación, respecto a los contratos relacionados con el Paso Exprés, en la PNT, se encontró información de 12 casos relacionados con este proyecto.
“Esta información corresponde a contratos relacionados con el tipo de procedimiento usado, convocatoria o invitaciones, servidores públicos involucrados, unidad administrativa contratante, fecha de inicio y término de la obra, convenios modificatorios, origen de los recursos”, que también pueden encontrarse en la PNT, subrayó el INAI.
En este sentido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) cuenta con información publicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) y en su misma página de internet sobre información adicional relacionada con el proceso de contratación del proyecto Paso Exprés.
El INAI otorgará el acompañamiento correspondiente a los sujetos obligados del ámbito federal para que la información pública relacionada con este caso, cumpla con el principio de máxima publicidad, de conformidad con la Constitución y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, garantizando así su cumplimiento.

Designan al nuevo delegado en Morelos

Héctor Armando Castañeda Molina fue designado como nuevo director del Centro SCT Morelos, informó la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Castañeda sustituye a José Luis Alarcón, quien fue destituido luego de la muerte de dos personas que cayeron en un socavón en el Paso Exprés, de Cuernavaca.
A tráves de un comunicado, la dependencia detalló que Castañeda es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó una Maestría en Administración de la Construcción en el Instituto Tecnológico de la Construcción de Hermosillo; y el diplomado en Proyecto, Construcción y Conservación de Carreteras, en la UNAM.
Asimismo, fue director general del Centro SCT Oaxaca. Ocupó las Direcciones Generales Adjuntas de Supervisión Física de Autopistas, de la Dirección General de Desarrollo Carretero; y de Construcción y Modernización, de la Dirección General de Carreteras, de la SCT.
Reforma publicó que en 2016, constructores oaxaqueños acusaron al funcionario de SCT Alejandro Fernández Campillo de haber cancelado una licitación pública de nueve obras, por 48.4 millones de pesos, para entregarla a empresas vinculadas a él y a Héctor Armando Castañeda, cuando fue delegado de Comunicaciones y Transportes en Oaxaca.

Agencia Proceso

Ciudad de México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, luego de acreditar la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria de cuatro jóvenes y una menor de edad en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, el 11 de enero de 2016.
En dicha recomendación solicitó se proporcione a los familiares de las víctimas la reparación integral del daño, que incluya una compensación y/o indemnización justa por la gravedad de los hechos.
En un comunicado, la CNDH consideró que por su naturaleza y gravedad, ese asunto trascendió el interés del estado de Veracruz e incidió en la opinión pública nacional, por lo que lo atrajo para conocer del caso y radicar el expediente de queja CNDH/1/2016/204/Q/, con el fin de investigar las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de las víctimas.
El organismo destacó que los hechos fueron difundidos mediante diversas notas periodísticas los días 14 y 15 de enero del año pasado, y en ellas se dio a conocer que cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, involucrados en la desaparición forzada de las víctimas, fueron detenidos por la Fiscalía General del estado (FGE).
De acuerdo con las evidencias contenidas en el expediente de queja, el 11 de enero de 2016 las víctimas viajaban en un vehículo particular del Puerto de Veracruz hacia Playa Vicente, en esa misma entidad federativa, y al llegar al municipio de la Cuenca del Papaloapan fueron detenidas por agentes de la SSP, aproximadamente a las 12 horas.
En la misma fecha, a las 20:15 policías de esa corporación localizaron el vehículo en el que se trasportaban las víctimas, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.
Dos días después, el 13 de enero, la CNDH recibió la queja en la que se denunció que entre las 12:30 y las 13 horas del 11 de ese mismo mes y año, el hijo de la persona denunciante se transportaba en un vehículo particular, en compañía de cuatro personas más, y que al llegar a una gasolinera ubicada en la carretera federal 140, en las inmediaciones de un negocio comercial denominado “Súper Che”, en Tierra Blanca, fueron detenidos por agentes de la SSP, desconociendo hasta esa fecha el paradero de los agraviados.
Adicionalmente, la CNDH sostuvo que ha observado con preocupación, desde hace varios años, “la problemática existente en el estado de Veracruz sobre desaparición de personas, motivada entre otras causas por la falta de implementación de políticas públicas para prevenir y combatir este ilícito, además de la conjunción de impunidad, violencia, inseguridad y colusión de agentes policiales con el crimen organizado”.
Por todo lo anterior, la CNDH solicitó al gobernador de Veracruz que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se proporcione a los familiares de las víctimas la reparación integral del daño, que incluya una compensación y/o indemnización justa por la gravedad de los hechos.
De igual manera, que se les proporcione atención médica, psicológica y tanatológica, con trato digno, sensible y con calidez, y que el titular de la SSP les ofrezca una disculpa pública institucional.
Además, Yunes deberá dar instrucciones para que la Comisión de Honor y Justicia de la SSP determine a la brevedad y conforme a derecho la investigación administrativa contra los policías estatales que participaron en las conductas cometidas contra los agraviados y se deslinden las responsabilidades correspondientes.

 

Agencia Proceso

Ciudad de México

Ayer, la Secretaría de Seguridad Pública (SSPCDMX) desplegó un operativo en Santa Julia, así como en las colonias Tlaxpana y Anáhuac, ubicadas en la delegación Miguel Hidalgo, donde fueron movilizados unos mil 200 policías.
La acción derivó tras la difusión el lunes pasado en redes sociales de un video en el que un grupo de presuntos autodefensas somete a un supuesto ladrón, quien habría perpetrado un asalto en una unidad de transporte público de Santa Julia.
En la grabación se observa a por lo menos cuatro personas amenazar con arma de fuego al presunto asaltante, al tiempo que uno de ellos da lectura a un pronunciamiento contra acciones de criminales.
El operativo policiaco de este miércoles estuvo encabezado por Hiram Almeida, titular de la SSPCDMX, quien dijo que con estas acciones se busca dar certeza a la población de que los encargados de impartir la justicia son las autoridades locales.
En su cuenta de Twitter, Almeida Estrada confirmó: “Recorremos con 1200 policías a bordo de 100 patrullas las inmediaciones de Santa Julia, Polanco, Anáhuac y más”.
Por su parte el procurador capitalino Edmundo Garrido Osorio justificó ante la prensa: “Lo que sí les puedo dejar muy claro es que no hay ninguna autodefensa en la Ciudad de México, ningún grupo que se dedique a eso”.
También comentó que las autoridades ya trabajan para tratar de ubicar a los sujetos que elaboraron y difundieron el video sobre el supuesto grupo de “justicieros”.
No obstante, aclaró que hasta el momento no existen denuncias de personas que hayan sido asaltadas en esa zona de la Miguel Hidalgo.
“No tenemos ninguna denuncia en relación con la línea de autotransporte que se refiere en el video, tampoco hay denuncias de comerciantes relacionados con el mismo contexto y vamos a seguir la investigación”, advirtió el funcionario.

 

Agencia Proceso

Ciudad del Carmen, Campeche

El alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus dio a conocer hoy que exfuncionarios de alta jerarquía de la Tesorería y de la Contraloría de su propia administración fueron denunciados ante la Vicefiscalía Regional en Ciudad del Carmen por abuso de confianza y un presunto quebranto de 100 millones de pesos.
Al principio de su administración, el alcalde presentó una serie de denuncias y solicitudes de juicio político ante el Congreso del estado contra su antecesor en el cargo, Enrique Iván González López, actualmente procesado, y varios de sus colaboradores, por el desfalco a las arcas del municipio.
Esas denuncias las presentó el ex contralor, José María Pérez Vega, quien fue cesado justamente en febrero pasado por motivos hasta ahora desconocidos, aunque en su momento se rumoró que la causa habría sido el encubrimiento a irregularidades cometidas por el ex tesorero, Carlos Arturo Flores Olán.
En repentina conferencia de prensa a la que se convocó esta tarde, el munícipe panista reveló que la denuncia se presentó en febrero pasado. Aclaró que los abogados del despacho que lleva el caso vinieron a la isla para ratificar la acusación ante el ministerio público, por lo que se aprovechó su estancia para dar a conocer públicamente el asunto.
Gutiérrez Lazarus y sus abogados apelaron al respeto al debido proceso para omitir detalles sobre la acusación contra sus ex funcionarios y la que al parecer alcanzaría a algunos proveedores de la comuna implicados en el presunto desfalco.
No obstante, comentó que el caso detonó a resultas de una denuncia anónima que derivó en una serie de auditorías a las dos dependencias, en las que detectaron diversas irregularidades en el manejo de los recursos y que son atribuidas a ex funcionarios de la Tesorería y de la Contraloría.
Agregó que la corrupción es un problema grave que merma el desarrollo de las sociedades por lo que no se debe tolerar y, en ese sentido, se está actuando para castigar a quienes abusen de la confianza otorgada.
El alcalde dijo que se continúan aportando datos para la integración del expediente y todos los elementos necesarios para acreditar la responsabilidad de las personas involucradas.
Su administración, añadió, pondera la transparencia en la administración pública y, por ello, coadyuva en la investigación aportando elementos a la investigación.
“Debe sancionarse a quien haya incurrido en el manejo indebido del erario, sin que esto tenga que ver con rencores ni venganzas, en una democracia lo que cabe es la justicia y el buen gobierno”, aseguró.
Y advirtió que todo aquel que sea descubierto en esta administración cometiendo actos de corrupción, saqueo o robo hormiga, será conducido a la justicia sin protección especial.

Un grupo de entre tres y cinco sujetos irrumpió en un módulo de la Policía del municipio de Querétaro para sustraer armas de fuego, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, aunque en la dependencia sospechan de sus propios elementos.
Los hechos ocurrieron la noche del martes en el Módulo de Motociclistas ubicado en el Acceso II de la Zona Industrial Benito Juárez, al norte de la ciudad, luego de que los presuntos responsables sometieron al elemento que estaba de guardia para llevarse el armamento, según narró un oficial en un video difundido en redes sociales.
Las autoridades sostienen que dicho módulo policiaco no funciona por la noche, por lo que indicaron que 26 elementos adscritos al Grupo de Motociclistas están bajo investigación.
En rueda de prensa matutina, el secretario de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz, dio a conocer que personal de la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación número CI/QRO22529/2017 y entrevistó a esa veintena de policías.
El funcionario agregó que ordenó iniciar un cuaderno administrativo a dichos elementos para determinar responsabilidades.
“He ordenado sean canalizados al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza para la aplicación de protocolos nacionales que establece el Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza en esta materia. He girado instrucciones y se dio inicio a través de la Visitaduría Interna de esta Secretaría, para la apertura del cuaderno administrativo SSPM/VI/194/2017, con la finalidad de determinar posible responsabilidad que de las investigaciones se deriven”, anunció Ferrusca Ortiz.
Aunque las autoridades mantienen en reserva información sobre el número y el tipo de armamento sustraído con la excusa de no entorpecer las investigaciones, medios de comunicación locales reportaron que fueron extraídas armas largas y equipo táctico.
Al ser cuestionado sobre cuál sería el mensaje para la gente ante estos hechos, el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Manuel Velázquez Pegueros, atinó a decir:
“El mensaje a la ciudadanía es que seguimos trabajando, que seguiremos redoblando esfuerzos y que… seguiremos generando las (sic) comunicación y la coordinación que sea necesaria para poder trabajar este tema de seguridad”. (Agencia Proceso /?Querétaro).

Agencia Proceso

Ciudad de México

Autoridades policiacas confirmaron este día que grupos de la delincuencia organizada han destruido a balazos 39 cámaras de vigilancia desde marzo a la fecha en la capital sinaloense.
El subsecretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, dijo que las cámaras estaban instaladas en 26 puntos diferentes de la ciudad.
Luego detalló que en 13 puntos de vigilancia eran cámaras operadas por el C4I de la SSP estatal y el resto por el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Los delincuentes destruyeron a balazos cámaras fijas y giratorias de 360 grados, reportó este día el portal de Ríodoce.
Castañeda Camarillo mencionó que se presentaron dos denuncias en la Fiscalía General del Estado (FGR) por los daños a los equipos.
Sin embargo, aseguró que las cámaras destruidas son reemplazadas de manera inmediata por la empresa con la que se contrató el seguro.

 

EFE

San Diego

El caso de la ex diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, supuestamente vinculada al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, será trasladado a Washington luego de que un gran jurado de dicho distrito presentara cargos en su contra, confirmó ayer el fiscal.
La ex diputada, considerada como novia del líder del Cartel de Sinaloa, se presentará la próxima semana ante un juez federal en San Diego (California), en donde podrían fijarse las condiciones para su potencial traslado a Washington.
Sánchez López está acusada de conspiración para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, delito por el cual ya se ha declarado no culpable ante un juez en California, precisó el fiscal Joshua Mellor, quien aún lleva el caso en San Diego.
La ex diputada se mantiene aún bajo custodia de autoridades en San Diego luego de que fuera detenida el pasado 21 de junio cuando intentó ingresar de Tijuana (México) a Estados Unidos a través del puente internacional CBX.
En una audiencia previa, una jueza federal le negó la posibilidad de fianza al considerar que había riesgo de que huyera a México, dado que intentó hacerlo anteriormente cuando fue detenida por agentes de aduanas en el cruce fronterizo.
De encontrarse culpable, el gobierno estadunidense solicitará se le decomisen todos los bienes que haya adquirido con dinero de procedencia ilícita.
Sánchez López, antigua integrante del Congreso del noroccidental estado de Sinaloa, era investigada en México por presunta falsificación de documentos, ya que, de acuerdo con las autoridades mexicanas, en 2014 habría utilizado un nombre falso para visitar a El Chapo Guzmán en la prisión del Altiplano.
Según la declaración de un testigo protegido citado en la demanda federal, la ex funcionaria se presentaba como la novia del capo mexicano e inclusive aceptó que se encontraba con él cuando escapó durante un operativo fallido de las autoridades mexicanas para dar con su captura en 2014.