Las Chivas y el Porto empataron 2-2 y no hubo tanda de penales, por berrinche del cuerpo técnico europeo contra el árbitro Paul Delgadillo.
Al arranque del duelo, Matías Almeyda lanzó al ruedo a 11 juveniles rojiblancos que mostraron deseos, pero más nervios, inseguridad e inexperiencia.
Era el último juego de pretemporada para el Guadalajara antes de su debut en la Liga, el sábado, y el Pelado guardó a su equipo titular, por lo que los chamacos se fueron 2-0 abajo ante el cuadro europeo, que inició sin mexicanos.
Héctor Herrera entró al 34’ e Iker Casillas salió en ese instante, tras ser sólo un espectador frente a los jóvenes rojiblancos.
El camerunés Vincent Aboubakar aprovechó un mal despeje de Miguel Jiménez para marcar el primero, al 2’, y Otavio, al 38’, hizo el segundo con un remate de cabeza.
Para el segundo tiempo, el chiverío cambió a todo el equipo y jugó con quienes iniciarán ante el Toluca y el duelo se equilibró.
Les alcanzó para empatar 2-2, entonces, los penaltis definirían al ganador del trofeo del patrocinador, pero los lusos renunciaron a competir por él tras reclamarle a Paul Delgadillo la expulsión del técnico, Sergio Conceicao.
Cuando el Porto tenía a todos sus mexicanos –Herrera, Jesús Corona y Miguel Layún– en la cancha, el canterano José Juan Macías marcó el 2-1.
A 7’ del final, Carlos Fierro anotó el 2-2 que desató la algarabía de la gente en la tribuna.
Isaac Brizuela reapareció para jugar los últimos 15 minutos después de recuperarse de una fractura que le tenía fuera desde abril.
En el arranque del partido la tribuna lució desolada, pero conforme avanzó el duelo se registró una asistencia de casi 15 mil espectadores. (Ramón Estrada / Agencia Reforma / Guadalajara).

 

Un regalo de más de un millón de pesos recibió a Hirving Lozano en el PSV Eindhoven.
Los Granjeros le regalaron al mediocampista mexicano una camioneta Mercedes Benz, valuada en poco más de un millón de pesos.
El Chucky fue recibido en una concesionaria de Mercedes donde le entregaron las llaves de su vehículo no sin antes tener una breve explicación sobre este modelo.
El club de Eindhoven tiene convenio con esta marca de automóviles y suele entregarle carros a sus jugadores.
El PSV continúa su preparación hacia la temporada 2017-18 de la Eredivisie, bajo la tutela del técnico Phillip Cocu, pero el sábado celebrará el día de los aficionados en el Estadio Phillips, donde Lozano podrá interactuar con los fans. (Staff / Agencia Reforma / Eindhoven).

Un grupo de expertos y relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió al gobierno mexicano que “cese las intervenciones y el monitoreo” de periodistas y activistas, y pidió que la investigación que realiza sobre el uso ilegal del “malware” espía Pegasus sea “transparente, independiente e imparcial”.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, subrayaron, debe implementar “controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia”, pues las denuncias del uso ilegal de Pegasus “dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en México”.
En un comunicado conjunto emitido ayer en Ginebra, Suiza, también demandaron que las víctimas de las tentativas de espionaje ilegal participen en la investigación que supuestamente realiza la Procuraduría General de la República (PGR).
Y expresaron su “preocupación” de que la propia PGR sea una de las dependencias que compró el sistema Pegasus, por lo que, recalcaron, se encuentra en el banquillo de las agencias gubernamentales sospechosas de haber utilizado el “malware” para espiar a periodistas y activistas.
El grupo de expertos –conformado por Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Houria Es-Slami, presidenta del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas, David Kaye, relator especial en materia de libertad de expresión, y Joseph Cannataci, relator especial sobre derecho a la privacidad–, recordó que sólo al resolver este caso el gobierno de Peña Nieto demostrará su voluntad de luchar “contra la impunidad en la procuración de justicia en México”.
Hace precisamente un mes, el pasado 19 de junio, Citizen Lab publicó un informe en el que documentó que entre 2015 y 2016, una agencia del gobierno mexicano trató de infectar con el “malware” Pegasus los celulares de periodistas –entre ellos Carmen Aristegui y su hijo Emilio, entonces menor de edad– y defensores de derechos humanos como Mario Patrón, director general del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).
Ese mismo día, organizaciones interpusieron una denuncia ante la PGR para que determine qué agencia y funcionarios operaron el programa espía de manera ilegal. Sin embargo, desde un principio expresaron sus reservas en cuanto a la voluntad del gobierno mexicano y de la PGR de investigarse a sí mismos.
En ese sentido, los expertos de la ONU exigieron que se invite a un panel de expertos internacionales para coadyuvar en la investigación, con el fin de evitar que las autoridades cierren el caso. También pidieron a la administración federal que transparente todos los contratos de compra de programas espías como Pegasus, para que la ciudadanía sepa cómo funciona el aparato de vigilancia del gobierno mexicano.
Hasta la fecha, pese a los reiterados llamados de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, el gobierno hizo caso omiso a estas dos peticiones.
Y existen evidencias de que la PGR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong–, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –dirigida por el general Salvador Cienfuegos–, adquirieron la tecnología Pegasus.

 

EFE

Washington

La primera ronda de negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y México sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) se celebrarán en Washington ente el 16 y 20 de agosto, anunció ayer el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer.
“Las negociaciones sucederán inmediatamente después del período de consulta de 90 días con el Congreso y la ciudadanía iniciado el 18 de mayo de 2017”, apuntó la oficina Lighthizer en un comunicado.
Lighthizer también anunció que John Melle, representante adjunto de Comercio Exterior para el Hemisferio Occidental, será el negociador principal de las negociaciones del TLC.
“En su función de negociador jefe, Melle será responsable de las negociaciones cotidianas”, agregó la nota.
Desde su incorporación a la oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), en 1988, John Melle ha ocupado varios cargos en México, Canadá, el Caribe y Centroamérica.
Esta semana, el gobierno estadunidense también publicó sus objetivos de la renegociación del tratado, entre los que destaca “mejorar la balanza comercial” y reducir el déficit con Canadá y México, los otros países firmantes del TLC, un objetivo que se fija en el intercambio de bienes, pero no en el de servicios.
Un informe publicado este mes por el centro de estudios Instituto Peterson de Economía Internacional advertía de que usar la renegociación como método para reducir el déficit de Estados Unidos con México podía llevar al fracaso de las conversaciones, porque un pacto comercial “es un vehículo ineficaz” para lograr ese objetivo.
Pero el gobierno de Trump parece decidido a intentar esa fórmula y ha incluido también entre sus prioridades el acceso de sus bienes a los mercados mexicano y canadiense y, en particular, la entrada a Canadá de varios productos agrícolas como los lácteos, los vinos y los cereales.
Además, Estados Unidos hará hincapié en la eliminación de lo que considera “subsidios injustos” que dañan a sus exportaciones, además de la abolición de las “prácticas que distorsionan el mercado por parte de empresas estatales y las onerosas restricciones de propiedad intelectual”.
Estados Unidos también exigirá a México y Canadá que tengan “leyes que gobiernen las condiciones aceptables de trabajo”, y que “ajusten y mantengan en sus leyes y prácticas” los “estándares laborales reconocidos” en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Agencia Proceso

Ciudad de México

Los servidores públicos en México deberán abstenerse de exigir, aceptar u obtener cualquier tipo de regalo, obsequio o dádiva indebido con motivo de sus funciones, de lo contrario podrán ser castigados con suspensión o destitución del empleo, sanción económica o inhabilitación temporal para ejercer un cargo público.
Lo anterior se desprende de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forma parte del andamiaje legal del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP), con la ley anterior era factible que un servidor público recibiera obsequios, siempre que éstos no excedieran el valor de diez veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México.
Sin embargo, a partir de este miércoles la prohibición se vuelve absoluta, por lo que ningún servidor público, por sí o a través de terceros, podrá recibir obsequios de ningún tipo o monto con motivo de su cargo.
La misma prohibición aplica para el cónyuge, parientes consanguíneos o terceros con los que la persona servidora pública tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que la o el servidor público o las personas mencionadas formen parte.
En caso de incumplir con esta obligación, las y los servidores públicos estarían incurriendo en una falta administrativa grave, que podría ser castigada con suspensión o destitución del empleo, sanción económica o inhabilitación temporal para ejercer un cargo público, según lo determine el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En caso de que los servidores públicos, sin solicitarlo, reciban de un particular un regalo, obsequio o beneficio, con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo inmediatamente a la SFP. Si se trata de un bien, deberá entregarse al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Si el regalo, obsequio o dádiva para la persona servidora pública o las personas mencionadas anteriormente, es prometido, ofrecido o entregado por un particular, éste puede incurrir, incluso, en cohecho, mismo que será sancionado en los términos de la misma ley.
De igual manera el servidor público incurrirá en cohecho en caso de que acepte o pretenda aceptar cualquier tipo de obsequio, destacó la SFP en un comunicado.

Urgen a estados a cumplir con anticorrupción

La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, hizo un llamado a los congresos de los estados a completar el marco legal que a cada uno de ellos les corresponde respecto del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Al emitir un discurso por la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la funcionaria dijo que ya venció el plazo de un año que se estableció para que los estados armonizaran sus leyes e implementaran sus Sistemas Locales Anticorrupción (SLA).
“Debe de ser prioridad para los congresos locales finalizar la etapa de aprobación de los marcos normativos de los Sistemas Locales Anticorrupción, en todas las entidades federativas que aún no lo han hecho, con el propósito de dar un paso decisivo para prevenir y combatir la corrupción en todo el país”, indicó.
Ante subsecretarios, titulares de Órganos Internos de Control (OIC) y otros funcionarios de la propia Secretaría, Gómez ofreció la ayuda de la dependencia a aquellos estados que así lo soliciten.
En el caso de la Secretaría, presumió la funcionaria, de acuerdo con un diagnóstico realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la dependencia está lista para comenzar a aplicar las disposiciones establecidas en la nueva Ley.
“Un claro ejemplo de ello, es la reestructuración orgánica de todos los Órganos Internos de Control, para hacer frente a las disposiciones normativas, que establecen diferencias muy específicas respecto del procedimiento administrativo y las partes que intervienen en él”, resaltó.
La nueva ley, explicó Gómez, conceptualiza de una manera más integral las responsabilidades de los servidores públicos al prever la existencia de 10 conductas administrativas graves y cinco no graves en las que pueden incurrir los servidores públicos.
“Una tipología que debemos conocer a detalle, estudiar y promover su prevención, garantizar su detección e investigación, y procurar siempre la sanción de los casos que se presenten”, resaltó.
Para la Secretaría, sostuvo, el SNA es un tema prioritario y por ello este día se dio a conocer el nuevo reglamento interno, el cual adecuó la estructura orgánica a las nuevas necesidades.
“Hemos logrado importantes avances, sin embargo, tendremos que estar alertas y preparados para enfrentar los retos y desafíos que supondrá la implementación y consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción”, enfatizó.

Para quienes hoy están en el poder, el 2018 representa un peligro, pero no para México, como pretenden, sino para ellos: el que se les llame a cuentas.

Una encuesta nacional levantada a inicios de julio ofrece, entre sus resultados, este: al preguntar al encuestado por cual partido nunca votaría en la elección presidencial del año próximo, el 49.2% seleccionó al PRI y el 11.8% a Morena. Al hacer la pregunta en sentido positivo, por cual sí votaría, Morena quedó en un primer lugar, aunque con el 18.1%, pero el PRI apareció con sólo 8.6% y sus aliados de siempre –PVEM, NA y PES– apenas le aportarían el 0.9%. Sin embargo, PAN y PRD –la oposición “leal” al gobierno y enemigos jurados de Morena y de su líder, Andrés López Obrador (AMLO)–, sumados alcanzan el 23.1% (El Universal, 17 de julio).
Las encuestas, que últimamente han fallado mucho, son apenas un reflejo más o menos distorsionado del estado de ánimo colectivo. Y ese estado anímico puede cambiar antes de que México se encuentre con las urnas en 2018. Como sea, Morena va en ascenso y hay elementos para suponer que ese hecho debe preocupar a la derecha, pero sobre todo a quienes controlan el entramado institucional.
Los datos de la encuesta sugieren que lo ideal para quienes van a tratar de que 2018 no sea un parteaguas histórico y que las elecciones concluyan en algún tipo de “gatopardismo” –cambios en la superficie pero no en el fondo–, sería construir un gran frente PRI-PAN-PRD que enfrente a Morena. Teóricamente y según los datos, ese frente podría obtener el 31.7% del voto más lo que le añadieran sus rémoras –los partidos chicos que irían con la coalición–, y así, con la mano en la cintura, podría aplastar a la única oposición real.
Pero como la unión de aguas y aceites de una supuesta izquierda con derechas certificadas –PRD-PRI-PAN– no pareciera ser presentable en la disputa presidencial, el bloque sólo lo pueden formar PAN y PRD. Por eso el antimorenismo va a quedar dividido en dos: PRI y rémoras por un lado y PAN-PRD por el otro. En ese caso, el PRI va a empeñarse en una defensa numantina. Y defenderá no tanto su futuro sino lo acumulado en el pasado por sus élites. El miedo será el motor de su estrategia.
Urbe et orbi PRI, PAN y PRD y sus aliados anuncian ya que Morena puede ser el advenimiento ya no del comunismo sino del “populismo”. Y en este contexto, para el antimorenismo, el populismo será presentado como un “mesianismo tropical” que si bien no es un asalto frontal contra el sistema de propiedad, si es lo más cercano: un autoritarismo caudillista con aumentos impositivos, gasto público demagógico, peligro para la privatización energética, etcétera. Todo esto, y siempre según los anti populistas, desembocará en una crisis económica y política mayúscula, similar a la de Venezuela. Que el ejercicio efectivo de la responsabilidad de gobernar de AMLO cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2005), no avale esta visión apocalíptica de sus enemigos, es lo de menos. Lo demás es impedir a como dé lugar que esta tercera y última campaña presidencial de AMLO tenga éxito.
¿Pero si objetivamente Morena y AMLO no se proponen introducir ningún cambio radical en la naturaleza del capitalismo mexicano sino apenas adecentar su administración política, a qué realmente le temen los que le temen? Quizá a una posible rendición de cuentas.
Hoy, la corrupción gubernamental campea en buena parte de nuestro hemisferio, pero algunas de sus sociedades ya han empezado a reaccionar. Aquí, al otro lado del Suchiate, en 2015 el presidente Otto Pérez Molina fue acusado de corrupción, destituido y encarcelado. En Perú, el ex presidente Ollanta Humala, que gobernó entre 2011 y 2016, está ya en prisión preventiva lo mismo que su esposa, acusados de corrupción. Desde 2007, otro ex presidente peruano, Alberto Fujimori, está en prisión por su responsabilidad en matanzas durante su gobierno. Y otro ex presidente peruano, Alejandro Toledo y su esposa, también pueden ir a prisión si Lima logra su extradición, pues están acusados de lavado de dinero. En El Salvador, el ex presidente Elías Antonio Saca fue llevado este año a la prisión de Mariona, acusado de enriquecimiento ilícito, y otro ex presidente, Mauricio Funes, estaría acompañando a Saca de no haber huido a Nicaragua. Rafael Callejas, ex presidente de Honduras, ingresó a prisión en Estados Unidos en 2015 por participar en un esquema de corrupción dentro de la FIFA y Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá, está preso en Florida, acusado de haber usado recursos públicos para espiar a rivales políticos. Finalmente, está el caso más reciente y muy diferente de los anteriores, porque implica a un ex presidente muy popular: Luis Inácio Lula da Silva de Brasil, condenado en primera instancia por una aún no probada acusación de corrupción. Lula, posible candidato para la elección de 2018, está acusado de haber recibido un departamento y una casa de manos de contratistas de la obra pública.
Lula ha apelado y está por verse si la condena inicial se sostiene o no, pero si eso le ocurre a un personaje tan popular dentro y fuera de su país ¿qué podría pasar con los políticos mexicanos, tan desprestigiados por haber sumido al país en la corrupción extrema?
En suma, el verdadero temor de quienes hoy tienen las riendas del poder no es al “populismo” sino a que México ingrese al grupo de países que llaman a cuentas a sus gobernantes ¡Y vaya que si hay cuentas pendientes!

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El olor a incienso era muy penetrante, el humo que salía de una vasija de barro inundaba la sala donde estaba tendida la cruz de madera cubierta por decenas de cadenas de flor de cempasúchil, había velas encendidas por los cuatro costados, imágenes de Eduardo en la cabecera de la cruz, ceniza para tomarla y depositarla en una caja de cartón.
Eran los cuarenta días del asesinato de Eduardo Catarino Dircio, que en Tixtla sus familiares, esposa, mamá, hija, hermanos, familiares y amistades cumplían con un ritual religioso llamado el levantamiento de la cruz. Había comenzado a las cinco y media de la mañana colocando la cruz en donde tendido en el piso de la sala de su casa, había sido acribillado por la espalda bocabajo, por policías estatales. Rezos continuos desde esa hora se escuchaban con dolor y tristeza buscando el consuelo espiritual de los deudos de un crimen que no debió ocurrir porque Eduardo era un hombre de trabajo que había realizado su carrera de abogado, a la cual se dedicaba con honestidad y profesionalismo para el sustento de su familia.
Cuentan sus familiares que ese día domingo 4 de junio del 2017, después del medio día, en la calle principal de Tixtla policías estatales perseguían delincuentes disparando constantemente sus armas, entraron con toda su fuerza las casas de los vecinos, de las familias nativas de este lugar histórico, que estaban con sus hijos y demás familiares. Eduardo estaba con su esposa, su hija y un sobrino en la planta alta de su casa y en la parte baja con su madre en silla de ruedas. A pesar de que Eduardo y su esposa advirtieron a los policías que eran los caseros, que estaban con niños, con su familia, los policías con lujo de violencia, rompiendo puertas y ventanas penetraron en sus habitaciones, violaron el derecho al domicilio, a su vida privada, sin hacer caso del clamor de su esposa de que no era delincuente, ahí por la espalda, tirado en el piso, sin misericordia acribillaron a Eduardo, a quien le sembraron un arma de alto calibre para encubrir el crimen.
En boletín del vocero del gobierno del estado en materia de seguridad, esa tarde al licenciado Eduardo Catarino Dircio, lo señalaron injustamente de delincuente manchando con ello su honor y el de su familia. Los policías que estuvieron en ese operativo, que presenciaron los hechos trataron de encubrir el crimen extrajudicial y dejaron ir al autor o autores materiales del asesinato y todos los que formaron parte de la cadena de responsables. El fiscal del estado, a pesar de que pueda tener una orden de aprehensión, no ha sido capaz de detener al culpable y/o culpables de este abominable crimen.
Ese día del levantamiento de la cruz, en el transcurso de la mañana sirvieron el tradicional pozole de Tixtla, con el mezcal que se degusta y acompaña en todas las festividades y ceremonias religiosas. A las once de la mañana, la rezandera –mujer que dirige con suma destreza el ritual con libreta en mano que contiene todos los rezos para estas ocasiones– llamó a los padrinos de la cruz, de las velas, a familiares y amistades cercanas a participar de la ceremonia, a tomar la vasija con el incienso para esparcir el humo sobre la cruz y las cadenas de cempasúchil, a recoger la ceniza y levantar la cruz a la cual le dan vuelta y luego la llevan en manos recorriendo la sala, las recámaras de la casa donde habitaba Eduardo con su familia para de ahí salir con la cruz y con flores rumbo al cementerio de la ciudad.
Ya en el panteón, colocan la cruz junto a la cabeza de la tumba de Eduardo, en donde luego ponen todas las cadenas de cempasúchil y los ramos de flores. Severiano Catarino, tío de Eduardo, a nombre de la familia habla y exige justicia. Este es uno de tantos crímenes que ocurren en México y en Guerrero, de personas inocentes, de la sociedad civil, a causa de una guerra que cada vez cobra más víctimas civiles en torno de un ambiente de incesante inseguridad. Eduardo Catarino Dircio era un abogado honesto, un ciudadano que ejercía sus derechos políticos con libertad para lograr un cambio verdadero en nuestro país. Su familia con toda la razón exige justicia, con cuya demanda nos solidarizamos sus compañeros de lucha. Ojalá que este caso no siga el mismo camino que tantos otros han seguido, que al paso del tiempo el fiscal del estado no le dé carpetazo y que sí se haga justicia a sus familiares y realicen la reparación del daño moral.

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Twitter: @marcialRS60

Tegucigalpa. En pocas cosas es tan eficaz el gobierno de México como en la deportación de los centroamericanos. En los últimos cinco años el índice de la misma creció en 116%, según la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur (2004-2015), publicado por el Consejo Nacional de Población (Conapo).
Los centroamericanos deportados en 2010 fueron 61 mil y en 2015 la cifra llegó a los 132 mil. En ese año el mayor número de los devueltos a su país correspondió a Guatemala con 59 mil 482 seguido de Honduras con 45 mil 656 y El Salvador con 26 mil 517.
La totalidad de los deportados entraron a México por la frontera de Guatemala. El 34.3% por Ciudad Hidalgo, Chiapas, y el 21.9 % por la de El Ceibo, Tabasco. El otro 44% por alguno de los otros ocho puntos fronterizos.
El estudio registra que 50 mil de los migrantes entraron al país caminando y 30 mil 288 lo hicieron en tubos de llanta o nadando. Y sólo mil 588, el 1.2%, en lanchas o embarcaciones por el mar.
Del total de los deportados 86 mil 739, el 65%, solo quería pasar por México para ingresar a Estados Unidos, y 44 mil 926, 35%, tenían contemplado quedarse a vivir en el país, de acuerdo con el estudio.
El 94% de los deportados fueron detenidos por las autoridades en carreteras o en calles de ciudades mexicanas. El 5.5% indica que en otros lugares.
Antes de ser detenidos, para luego ser deportados, 62 mil 868 vivieron algunos días en Chiapas, 19 mil 510 en Tabasco, 13 mil 990 en Veracruz y 3 mil 490 en Tamaulipas.
De ellos sólo 2 mil 425 tenían algún documento migratorio, que en todos los casos fue la Forma Migratoria de Visitante Local (FMVL), que se entrega para el ingreso legal a las ciudades de la frontera de México con Guatemala.
Cuentan con primaria completa 41 mil 280 de los deportados, 28 mil 371 tienen estudios entre los siete y nueve años, que corresponde a la secundaria, 27 mil 164 entre uno y cinco años de estudios y 14 mil 246 no contaban con ningún grado escolar.
La migración centroamericana hacia Estados Unidos y México no se va a parar en los próximos años. Las condiciones económicas y de violencia de los países del Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) van a continuar.
En los últimos tres años, México ha deportado más del doble de los centroamericanos que Estados Unidos. ¿Ese es el papel que le toca jugar a México en Centroamérica? ¿Ese trabajo es la parte fundamental de la política exterior con esa región?
En lo que queda de este gobierno está claro que no hará cambios en la política exterior con la región y en particular con su eficaz programa de deportar centroamericanos.
Es necesario y urgente que cambie la política exterior con Centroamérica, clara zona de influencia de México, que exige, entre otras cosas, se modifique las deportaciones masivas de los últimos años.

Twitter: @RubenAguilar

* Este artículo debió publicarse ayer, lo que no ocurrió por un error del editor. Una disculpa al autor y a los lectores.

Se acerca el 2018 y la disputa por las candidaturas crece y se recrudece. El único aspirante presidencial que parece inamovible es Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena y cabeza de una amplia corriente social. Fuera de él, muchos son los llamados pero pocos, muy pocos, serán los elegidos, tanto dentro de sus partidos como en la prueba de las urnas.
En el PRI están anotados en la lista varios miembros del gabinete, como Miguel Ángel Osorio Chong, José Antonio Meade, y hasta Enrique de la Madrid, porque en este jueguito también se valen las bromas. Luis Videgaray está fuera por el desgaste que ha sufrido, lo mismo que Aurelio Nuño, a quien esta semana se le derrumbó una escuela que está a unos pasos de la SEP. Más discreto, aunque con un enorme prestigio, está también José Narro Robles, secretario de Salud y ex rector de la UNAM.
Fuera del gabinete son varios los aspirantes, entre los cuales se cuentan algunos gobernadores, aunque el gallo de las bases priistas es Manlio Fabio Beltrones, quien sólo se quedaría fuera en caso de consumarse la imposición de un delfín, lo que llevaría a la derrota al partido tricolor.
Menos numerosa que la hueste candidateable del PRI es la del PAN, partido que vive un tenso proceso por la definición de su abanderado. A la cabeza, por supuesto, figura Ricardo Anaya, quien, para mostrar su patriotismo y su gran confianza en las instituciones, tiene en Estados Unidos a su familia.
Anaya cuenta con la ventaja de ser líder de Acción Nacional, cargo que le da una presencia mayor de la que tienen sus contrincantes. Uno es Rafael Moreno Valle, quien como gobernador de Puebla llenó las cárceles de presos políticos y derrochó en obras faraónicas los dineros públicos para dejar una deuda que no podrá ser pagada en varias generaciones.
Junto a Moreno Valle y al joven Anaya se apunta Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón Hinojosa, el individuo que como principal huella de su paso por la Presidencia de la República dejó un país anegado en sangre, con cien mil mexicanos muertos, treinta mil “desaparecidos” y cientos de miles de desplazados por la violencia. Difícilmente se puede pensar que la señora Zavala de Calderón gobernaría de otra manera. Cada quien hace lo que sabe hacer, y ella estudió en la misma escuela política que su marido.
Pese a su grisura e ineptitud, Miguel Ángel Mancera acaricia el sueño guajiro de ser abanderado del PRD, pero ni él ni los líderes tribales ofrecen garantía de una candidatura mínimamente presentable. De ahí que los dueños de ese partido busquen subirse al furgón de cola del tren panista, con la esperanza de recoger las migajas de un eventual triunfo de los azules. Igualmente, carece de futuro el ala perredista que aboga por una alianza con Morena, pues son muchos y muy groseros los gestos de rechazo de López Obrador, actitud que impedirá un triunfo de la izquierda, lo que será responsabilidad histórica del propio AMLO.
En Morena la candidatura presidencial ya está decidida, pero la disputa es ahora por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La candidata de López Obrador es Claudia Sheinbaum, pero están en la pelea Ricardo Monreal y Martí Batres. Salvo su breve desempeño como delegada en Tlalpan, cargo que ejerce de manera paralela a sus funciones dentro de Morena, Claudia carece de experiencia.
Por contraste, Ricardo Monreal ha sido diputado, senador, gobernador de Zacatecas y jefe delegacional en Cuauhtémoc, cargo, este último, en el que ha recibido fuertes críticas por el abandono de grandes zonas de su jurisdicción y, sobre todo, por la desastrosa lentitud con la que se desarrollan obras públicas indispensables, lo que redunda en serios problemas para quienes viven o trabajan en Cuauhtémoc.
Martí Batres ha hecho toda su carrera política en la ciudad de México. De sólida formación jurídica, es veterano del movimiento del CEU, trabajó en Cencos, ha ejercido el periodismo en múltiples publicaciones, es cofundador del PSUM, del PRD y de Morena, partido éste del que fue dirigente nacional y ahora del Distrito Federal. Tras los sismos de 1985 participó como rescatista y organizador de damnificados, fue diputado local y líder de la Asamblea Legislativa, diputado federal y líder de su fracción parlamentaria y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara y subsecretario de Gobierno del DF. Es el más indicado para ser candidato, pero el dedo de AMLO apunta en otra dirección.

La premisa fue clara tras el análisis de las consecuencias del socavón en el Paso Exprés de Cuernavaca donde murieron dos personas: “si no se contiene de manera correcta este suceso, pondrá en tela de juicio proyectos como el tren México-Toluca y el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”. La discusión, dentro del equipo de estrategia de Los Pinos, urgía una serie de acciones para controlar los daños derivados de esa tragedia que contemplaba la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza y, en una acción de poder, que el presidente Enrique Peña Nieto no se la aceptara porque él “no es el responsable directo”. El objetivo de la estrategia era que la responsabilidad se contuviera en el delegado de la dependencia en Morelos y en las constructoras, para que de esa forma, convertir a la Secretaría de víctima a victimario. ¿Qué sucedió? La estrategia no funcionó. Fracasó antes de nacer.
Una copia del documento para el control de daños y el manejo de crisis elaborada por los estrategas presidenciales, refleja lo que sucedió en las primeras 48 horas de la tragedia la semana pasada: una crítica generalizada en los medios de comunicación por la pasividad mostrada por las autoridades, y las primeras declaraciones equívocas del secretario Ruiz Esparza que sugerían que el gobierno quería eludir su responsabilidad. En el centro del primer diagnóstico de impacto que realizaron está el secretario, a quien observaron en un papel declarativo lleno de contradicciones y con un “bajo nivel argumentativo”, que generó más confusión y dio margen a que se pensara que se estaba protegiendo a la empresa constructora hispano-mexicana Aldesa.
La recomendación de los estrategas era que la empresa constructora, el supervisor y el realizador del proyecto ejecutivo de obra, debían hacerse responsables de la tragedia, y que no recayera en la SCT el papel de victimario. La realidad ha sido un deslinde generalizado de responsabilidades, donde nadie tuvo culpa alguna de nada. Aldesa, que ha enviado un equipo de ejecutivos a México para controlar el daño y manejar la crisis que enfrenta, rechazó el cuestionamiento sobre la integridad de la empresa. Epccor, la otra empresa que colaboró con Aldesa en la construcción del Paso Exprés, culpó al gobierno de Morelos por falta de mantenimiento y limpieza del drenaje.
La falta de control sobre los declarantes y la ausencia de un secretario firme que pudiera unificar una respuesta y homologar el mensaje, contribuyó al desorden comunicativo y a la crisis que no se detiene. La declaración del vocero de Epccor molestó a las autoridades de Morelos, que se agravó cuando Ruiz Esparza dijo que el delegado de la SCT en el estado, lo había recomendado el gobernador Graco Ramírez. La respuesta fue fulminante y abrió nuevos flancos al gobierno federal. Ramírez dijo no haber conocido jamás al delegado –al anterior, agregó, pidió que lo removieran por corrupto–, y comentó que el representante de la SCT lo había nombrado la Secretaría de Gobernación.
El documento retomó la información aportada por Ruiz Esparza a la prensa de que la tragedia había sido causada por una fuga de agua en un drenaje, consecuencia de lluvias atípicas en la zona. “La atipicidad de las lluvias en el centro del país es una variable fácilmente comprobable”, indicaron los estrategas. Roberto Ramírez, director de Conagua, dijo una semana antes que si bien se estaban registrando lluvias atípicas en el centro del país, en el promedio del año, había llovido menos en 2017 que en 2016. En la zona del socavón, empero, la lluvia fue de 54.4 milímetros, cuatro milímetros más que el promedio histórico.
La atipicidad de las lluvias y la responsabilidad sobre las constructoras que se sugería como “la narrativa gubernamental”, quedó hecha trizas antes de que comenzara a aplicarse. Ruiz Esparza no ha logrado que los ejecutivos de Aldesa ofrezcan una rueda de prensa, como se pide en el documento, para responder los cuestionamientos técnicos. Tampoco se preparó un análisis del suelo (mecánica de suelos) donde se realizó la obra “para atender cualquier otro riesgo y prevenirlo”, que de acuerdo con Óscar Callejo, subsecretario de Infraestructura de la SCT, fue responsabilidad única de la dependencia, con lo que deslindó, una vez más, a las constructoras.
Ruiz Esparza y su equipo demolieron la estrategia. Primero dijeron que no había peligro y que el subsuelo de la obra en el área del socavón estaba firme y estable. Después tuvieron que limitar el flujo por el Paso y más adelante suspenderlo. A los habitantes de la zona, a quien no habían volteado a ver salvo para afirmar que estaban seguros, tuvieron que desalojarlos a medianoche ante los riesgos de más víctimas. Los estrategas plantearon que se debía mantener en confidencialidad los montos del apoyo a las familias, pero el secretario declaró que se les daría un millón de pesos por “el mal rato que pasaron”, que fue una declaración que volvió a incendiar a la opinión pública por la insensibilidad, por lo menos que se pueda decir, del comentario.
“Mediáticamente, Gerardo Ruiz Esparza ha resultado y será señalado como el principal responsable. En materia de opinión pública, el asunto es altamente complejo y de alta densidad por la percepción de corrupción e incompetencia contra la actual administración y su ambicioso programa de infraestructura”, iniciaron los estrategas en su documento. La estrategia pretendía evitar que las percepciones se convirtieran en la historia oficial de la tragedia. Lo que no anticiparon es que el fracaso del plan contribuirá a hacer realidad lo que querían impedir.

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