Si es un “grande” del futbol, dicen que James Rodríguez debe agradecerle a un “padrino” ligado al narcotráfico.
Después de que el futbolista colombiano fuera fichado por el Bayern Munich procedente de la banca del Real Madrid, el diario alemán Bild desempolvó información en la que señalan a Rodríguez de haber recibido la ayuda de un hombre, supuestamente relacionado al narcotráfico cafetalero, para ser sometido a un tratamiento hormonal y llegar al profesionalismo.
Según un informe difundido a raíz de lo publicado en el libro James, su vida, desde niño Rodríguez lució grandes habilidades para manejar el balón, pero una talla muy baja que jugaba en su contra.
Por ello, necesitaba recibir un tratamiento con hormonas de crecimiento, el cual pagó el dueño del conjunto Evigado FC, Gustavo Upegui.
Según relata el medio colombiano Las 2 Orillas, el benefactor era socio del extinto narcotraficante Pablo Escobar y supuesto jefe de una organización criminal llamada “La Oficina de Envigado”.
Todo salió como se esperaba y Rodríguez debutó en la Primera División a los 14 años; Upegui fue asesinado antes de ver los logros de su supuesta creación. (Rodrigo Yépez / Agencia Reforma / Múnich).

 

Marcos Vizcarra / Agencia Reforma

Guamúchil

El 11 de noviembre fue la última vez que Ezequiel Orozco había pisado la cancha del estadio Centenario de Los Mochis. Entonces salió ovacionado para jugar su partido contra el rival más peligroso: el cáncer.
Su equipo, Los Murciélagos, le renovó el contrato como un gesto de gratitud, porque pensaron que a un capitán no se le deja solo en los peores momentos. Su caso y la acción del equipo dieron la vuelta al mundo, y entonces se propuso un juego con causa y que los fondos se destinaran a su tratamiento. Lanzaron la convocatoria y distintos equipos levantaron la mano, pero se decantaron por el América.
Ayer fue el duelo y no pudo ser mejor, por primera vez el estadio Centenario tuvo casi un lleno, asistieron más de ocho mil aficionados que ondeaban las banderas de Murciélagos y las del América, y junto a ellas pancartas con la leyenda #FuerzaCheque. Él avivó la pasión por el futbol en Los Mochis, una ciudad entregada a su equipo de beisbol, Los Cañeros.
Al partido no pudo faltar Ezequiel, quien después de ocho meses volvió a la cancha para portar de nuevo el distintivo de capitán, pero esta vez lo hizo en silla de ruedas para ver cómo su equipo superaba al rival 2-1.
Antes se colocó en el centro del campo, saludó a Oribe Peralta, capitán del América, y tomó el micrófono para dirigirse a los aficionados que gritaban su nombre. El estadio enmudeció y él, con su voz cansada, prometió volver.

 

Los Tuzos tienen la nómina más cara de su historia. El japonés Keisuke Honda, los chilenos Edson Puch y Angelo Sagal, el argentino Germán Cano, el uruguayo Robert Herrera y el mexicano Joaquín Martínez conforman el nuevo rostro del Pachuca, quienes fueron presentados ayer por parte del club hidalguense, y que además está cerca de cerrar al también argentino Sebastián Palacios que se incorporaría a la plantilla hasta que inicie el Mundial de Clubes.
La página especializada Transfermarkt valúa al plantel del Pachuca en 36.70 millones de euros, el cuarto más caro de la Liga MX.
“Hemos conformado el mejor plantel, en cuanto a nómina, en toda la historia del club Pachuca. Falta que funcione y esa es la responsabilidad del cuerpo técnico y de Diego (Alonso)”, dijo el presidente del club, Jesús Martínez. (Édgar Contreras / Agencia Reforma / Pachuca).

El proceso electoral del 2018 arrancará formalmente en poco menos de dos meses, el 8 de septiembre. Toda la atención se está poniendo en el día de los comicios, el domingo 1º de julio. ¿Quiénes serán los candidatos, cuáles serán las coaliciones que lograrán su registro, quién ganará? Éstas son las preguntas cotidianas en los medios de comunicación, en los debates políticos y en las mesas de los cafés y de los hogares. Sin embargo, quizás valdría la pena también reflexionar sobre lo que seguirá después: los días y meses posteriores, hasta el 1º de diciembre y más allá.
Dos problemas serían en este caso materia de inquisición: la posibilidad de un conflicto postelectoral y la fortaleza del gobierno y el Congreso que entrarán en funciones ese mismo año.
Un primer escenario plantea una elección competida entre dos o tres coaliciones partidarias. La diferencia entre unos y otros, como sucedió en 2006, es muy reducida. ¿Qué condiciones se presentarían para un largo conflicto que se desarrollaría en las calles y en las instancias legales si el supuesto perdedor es el candidato de izquierda? De acuerdo con la experiencia que nos dejó el caso del Estado de México que acabamos de vivir, parece que difícilmente se repetirían las protestas de hace 11 años.
Pero éste no es el único escenario posible: podría darse el caso inverso, es decir que el candidato de la izquierda ganara en las urnas y se le arrebatara la victoria en los tribunales. Esta posibilidad puede parecer remota el día de hoy, pero no es imposible debido a que el deterioro de las instituciones del país es muy grande y al control que ejercen sobre ellas un pequeño grupo que parece decidido a todo sin importar las consecuencias. Nada parece detenerlos: ni los escándalos de corrupción; ni las acusaciones de los organismos internacionales sobre la violación sistemática de los derechos humanos; ni la incapacidad de detener la violencia; ni las evidencias de manipulación de las elecciones estatales ocurridas este año; ni las acusaciones de espiar ilegalmente a sus opositores. Se han comportado como una pandilla que se ha apropiado de las instituciones y medran con ellas sin límite ni medida.
Para borrar completamente la posibilidad de que ocurra un acontecimiento como éste, tendrían que pasar dos cosas: o bien una división del grupo en el poder hasta ahora encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto; o bien la creación de una fuerza política y ciudadana que se aglutinara en torno de una coalición de partidos lo suficientemente poderosa como para impedir un “golpe de Estado blando”, como se le ha llamado en otros países de América Latina, donde presidentes electos han sido destituidos por razones muy dudosas o francamente ilegales. Ahí está el caso de Brasil que resulta aleccionador por muchas razones.
El segundo escenario para el 2018 consistiría en que una coalición de partidos ganara con amplio margen la Presidencia de la República y no hubiera duda sobre su legalidad y legitimidad. Si este ganador pertenece al PRI o al PAN, puede descartarse la existencia de un conflicto postelectoral en las calles pues ganaría la continuidad de las políticas actuales. Serían seis años más de postración del país en el caos y el desastre actual.
Para las izquierdas, esta derrota las obligaría a una profunda reestructuración. El surgimiento de nuevos partidos y nuevas estrategias de lucha y organización serían materia obligada de un largo debate.
Si, en cambio, el ganador incuestionable fuera un candidato de izquierda, comprometido con la voluntad de poner en práctica un programa de transformación del país, el problema sería distinto. ¿Hasta dónde, cómo y en qué condiciones, aún con una voluntad semejante, hay margen para la reconstrucción de México? ¿Por dónde empezar?
Mi opinión es que ésta es la pregunta de fondo que los progresistas que desean sinceramente un cambio debemos plantearnos desde ahora. Creo que sólo podría ocurrir un triunfo holgado de la izquierda y el sostenimiento de un gobierno fuerte y capaz de iniciar una transformación a fondo del país, si hay una mayoría social que pueda convertirse en una mayoría política capaz de proporcionar los votos y sobre todo la fuerza organizada para sostener esa victoria y acompañar las reformas que el nuevo gobierno decidiera emprender.
Una fórmula que resulta demasiado sencilla y compleja a la vez. Nadie puede negar que la construcción de esta mayoría es indispensable, pero es una propuesta que, en la realidad, muy pocos se están tomando en serio. Al contrario, hasta el día de hoy, algunos de los principales actores políticos están actuando en un sentido distinto.
De un lado, la mayoría de la dirección del PRD está sosteniendo que una alianza y una eventual coalición de gobierno con el PAN puede garantizar una mayoría electoral holgada. Una hipótesis que es, al mismo tiempo, altamente improbable y profundamente equivocada. Lo primero porque una coalición de este tipo concitaría muy poco entusiasmo de los electores. Ambos partidos son identificados, desgraciadamente en el caso del PRD y merecidamente en el de Acción Nacional, como parte del sistema de corrupción que ha privado en el país desde el inicio de este siglo.
Equivocada, porque esa alianza no puede propiciar el cambio. Es evidente que la élite que controla al PAN es incapaz de generar una verdadera transformación del país, pues ni siquiera puede imaginarla. No importa de qué tema se trate: el manejo de la economía, los derechos humanos, la seguridad pública, o la reforma del sistema político. En todos ellos su voluntad continuista es manifiesta y su capacidad intelectual para avizorar un rumbo alternativo es nula.
Pero del otro lado, la confianza en que el triunfo de AMLO es la condición necesaria y suficiente para iniciar el cambio del país, también está conduciendo a serios errores. Por un lado, a un sectarismo precoz que proclama que el partido y su candidato ya tienen la fuerza suficiente para ganar las elecciones. Las adhesiones a las que convoca más bien parecen actos publicitarios destinados a confirmar que esa mayoría ya se ha alcanzado que a concitar la construcción de una fuerza organizada más allá del partido y el candidato. Su rechazo a dialogar con otras fuerzas políticas y sociales parece incomprensible.
Otro ejemplo es el método que han decidido para elaborar el programa de gobierno. En él están trabajando, según se ha dicho, un pequeño grupo de expertos cuyos nombres no se han revelado excepto el de sus principales coordinadores, los cuales, por cierto, no suscitan ninguna confianza. El anuncio de que se dará a conocer el programa cuando esté terminado es una mala señal para establecer alianzas y animar a amplios sectores del movimiento progresista que desearían dar su opinión y reconocerse como protagonistas del cambio, y no permanecer como meros seguidores del candidato y sus nuevos e inesperados ideólogos.
Hasta ahora, entonces, el panorama parece configurado por esfuerzos que acentúan la dispersión. Cada uno quiere construir “su” fuerza, en contra, al margen o ignorando a los demás.
Convocar a una mayoría social para convertirla en una mayoría política parece una fórmula elemental que todos deberían compartir, pero muy pocos de los protagonistas del 2018 se están preocupando por ello.
Algunos esfuerzos, sin embargo, están surgiendo. Poco a poco, algunos actores políticos y sociales se han convencido y ya están trabajando en esta dirección. Todavía no son muchos. Pero quizás el curso de los acontecimientos y un poco de diálogo y reflexión, puedan cambiar esta situación.
A veces, las buenas ideas llegan (o convencen) cuando ya es demasiado tarde. Pero en otras ocasiones han sido capaces de mover millones de voluntades. De aquí al día de los comicios habrá que insistir en dialogar, convencer, unir, pensar juntos un proyecto de país, una propuesta de cambio en la que todos podamos sentirnos parte. Convertirnos en protagonistas de un nuevo rumbo para la nación, aún es posible.

Twitter: #saulescoba

El pasado miércoles, el juez Sergio Moro, con sede en la ciudad de Curitiba, condenó al ex presidente Luis Inácio Lula da Silva a nueve años y medio de cárcel, por corrupción pasiva y lavado de dinero, desatando una avalancha de reacciones en Brasil y en el mundo. Por su lado, Lula respondió a la sentencia del polémico juez anunciando que será precandidato a la Presidencia de la República para las elecciones de 2018. A partir de la segunda quincena de agosto, el popular ex presidente viajará por los principales estados del noroeste del país, el principal bastión de su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), para movilizar a sus seguidores.
Lo que está en juego no es poca cosa: se trata del futuro del político más popular del país, así como del futuro del país mismo. Desde la reelección de Dilma Rousseff en 2014, Brasil vive en un clima de gran polarización política y social, que tiene consecuencias negativas en la economía. La destitución definitiva de la presidenta de la República en septiembre del año pasado, no se tradujo en crecimiento económico ni en mejoras en la lucha contra la corrupción. Por el contrario, el número de ministros investigados por la Justicia ha aumentado desde la llegada de Michel Temer al poder. Desde el año pasado, cuatro de los cinco principales asesores del actual presidente brasileño han sido puestos bajo investigación. Uno de ellos, Rodrigo Rocha Loures, fue interceptado por la Policía Federal brasileña con una maleta llena de dinero, que no fue capaz de justificar. Más aún, hace poco más de dos meses, el propio presidente Temer fue grabado por un gran empresario, Joesley Batista, pidiendo que siguiera comprando el silencio del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para evitar que colabore con la Justicia y ponga en entredicho su mandato. Este mismo empresario, a su vez, grabó al presidente con licencia del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, en el momento en que este último le pedía dos millones de reales a cambio de ayudar a su empresa de productos cárnicos, JBS, a nombrar a un director del poderoso Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Lo más impactante de estas grabaciones no está ligado a su contenido –al fin y al cabo, el escándalo de Petrobras ha puesto en evidencia actos de corrupción todavía más graves– sino al hecho de que se llevaron a cabo hace pocos meses, después de la destitución de Rousseff. Es decir, para una buena parte de la clase política de Brasil, los escándalos de corrupción no se han traducido en un cambio de las prácticas existentes desde hace décadas.
Esta situación contrasta con la condena del ex presidente Lula. En este c

El pasado miércoles, el juez Sergio Moro, con sede en la ciudad de Curitiba, condenó al ex presidente Luis Inácio Lula da Silva a nueve años y medio de cárcel, por corrupción pasiva y lavado de dinero, desatando una avalancha de reacciones en Brasil y en el mundo. Por su lado, Lula respondió a la sentencia del polémico juez anunciando que será precandidato a la Presidencia de la República para las elecciones de 2018. A partir de la segunda quincena de agosto, el popular ex presidente viajará por los principales estados del noroeste del país, el principal bastión de su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), para movilizar a sus seguidores.
Lo que está en juego no es poca cosa: se trata del futuro del político más popular del país, así como del futuro del país mismo. Desde la reelección de Dilma Rousseff en 2014, Brasil vive en un clima de gran polarización política y social, que tiene consecuencias negativas en la economía. La destitución definitiva de la presidenta de la República en septiembre del año pasado, no se tradujo en crecimiento económico ni en mejoras en la lucha contra la corrupción. Por el contrario, el número de ministros investigados por la Justicia ha aumentado desde la llegada de Michel Temer al poder. Desde el año pasado, cuatro de los cinco principales asesores del actual presidente brasileño han sido puestos bajo investigación. Uno de ellos, Rodrigo Rocha Loures, fue interceptado por la Policía Federal brasileña con una maleta llena de dinero, que no fue capaz de justificar. Más aún, hace poco más de dos meses, el propio presidente Temer fue grabado por un gran empresario, Joesley Batista, pidiendo que siguiera comprando el silencio del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para evitar que colabore con la Justicia y ponga en entredicho su mandato. Este mismo empresario, a su vez, grabó al presidente con licencia del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, en el momento en que este último le pedía dos millones de reales a cambio de ayudar a su empresa de productos cárnicos, JBS, a nombrar a un director del poderoso Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Lo más impactante de estas grabaciones no está ligado a su contenido –al fin y al cabo, el escándalo de Petrobras ha puesto en evidencia actos de corrupción todavía más graves– sino al hecho de que se llevaron a cabo hace pocos meses, después de la destitución de Rousseff. Es decir, para una buena parte de la clase política de Brasil, los escándalos de corrupción no se han traducido en un cambio de las prácticas existentes desde hace décadas.
Esta situación contrasta con la condena del ex presidente Lula. En este caso, contrariamente a lo sucedido con Eduardo Cunha, que fue sentenciado con base en pruebas documentales, lo único que existe son suposiciones de intercambios de favores, y no se aporta ninguna prueba documental de algún hecho delictivo. En particular, la sentencia de 260 páginas del juez Moro pone de relieve el testimonio del presidente de la empresa de obras públicas OAS, Léo Pinheiro, que acusa a Lula de haber aceptado un departamento. Sin embargo, cuando el juez le preguntó qué pruebas documentales tenía para justificar tal pedido, el empresario le respondió que Lula le habría pedido que “destruyera las pruebas”. De esta manera, aunque la acusación no esté en medida de probar un hecho delictuoso del ex presidente, el juez Moro determinó que estas afirmaciones del empresario eran suficientes para condenar a Lula. Lo más sorprendente de este hecho es que esta acusación del empresario se llevó a cabo bajo la modalidad de la llamada “delación premiada”. Es decir, Léo Pinheiro se encontraba preso cuando hizo su declaración, y, sobre todo, recibió una reducción sustancial de su condena en el caso de mencionar a Lula en su declaración. De tal manera que el juicio de apelación de la condena del ex presidente Lula dará de qué hablar en los próximos meses. Entre tanto, Lula continuará su precampaña presidencial. Sin duda, los próximos meses serán de mucha disputa política en Brasil.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada

aso, contrariamente a lo sucedido con Eduardo Cunha, que fue sentenciado con base en pruebas documentales, lo único que existe son suposiciones de intercambios de favores, y no se aporta ninguna prueba documental de algún hecho delictivo. En particular, la sentencia de 260 páginas del juez Moro pone de relieve el testimonio del presidente de la empresa de obras públicas OAS, Léo Pinheiro, que acusa a Lula de haber aceptado un departamento. Sin embargo, cuando el juez le preguntó qué pruebas documentales tenía para justificar tal pedido, el empresario le respondió que Lula le habría pedido que “destruyera las pruebas”. De esta manera, aunque la acusación no esté en medida de probar un hecho delictuoso del ex presidente, el juez Moro determinó que estas afirmaciones del empresario eran suficientes para condenar a Lula. Lo más sorprendente de este hecho es que esta acusación del empresario se llevó a cabo bajo la modalidad de la llamada “delación premiada”. Es decir, Léo Pinheiro se encontraba preso cuando hizo su declaración, y, sobre todo, recibió una reducción sustancial de su condena en el caso de mencionar a Lula en su declaración. De tal manera que el juicio de apelación de la condena del ex presidente Lula dará de qué hablar en los próximos meses. Entre tanto, Lula continuará su precampaña presidencial. Sin duda, los próximos meses serán de mucha disputa política en Brasil.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada

Las imágenes de Javier Duarte al pisar territorio mexicano tras ser deportado por Guatemala, tienen una involuntaria comicidad. Su cara, y la de los agentes que lo acompañaron hasta la cárcel, se digitalizaron para que nadie pudiera enterarse quién era el misterioso personaje que todos sabían quién era. Sus manos también estaban digitalizadas para ocultar que iban esposadas. En el juzgado, ordenó a la prensa que logró acceso a su primera comparecencia, que no podían tomar fotografías ni videograbar la diligencia. Se trataba de salvaguardar el debido proceso, dentro de los parámetros del nuevo sistema penal acusatorio, del ex gobernador de Veracruz, que para efectos de registro histórico, es su primer caso de alto impacto. El show, como dijo Duarte, comenzaba.
La primera escena fue el lunes, cuando el juez federal en el Reclusorio Norte le negó seguir su proceso en libertad por el temor de que se podía escapar. Era una discusión ociosa, dado que para que eso pudiera ser considerado, tendría que dejar de existir el presunto delito de delincuencia organizada, que es el único por el que está en la cárcel. La segunda fue la admisión de la PGR que ha acreditado sólo el 10% del dinero desviado del erario, en donde quieren amarrar el presunto delito de lavado de dinero. Este arranque tuvo sus cortinas de humo.
¿Cómo mantener la credibilidad de un caso que parece armado para que, si no se cae rápidamente, Duarte vea con nitidez la luz al final del túnel y mantenga alta su expectativa de recuperar la libertad en un tiempo que no impacte políticamente en el gobierno? Esta pregunta sirve como hipótesis de trabajo: ¿será Duarte juzgado realmente por los delitos que presuntamente cometió? O ¿es una charada para satisfacer las jaurías de la opinión pública y gobernar –a contrapelo de lo que originalmente decían en Los Pinos- para la gradería? La duda surge a partir de lo que está sucediendo en el arranque del juicio al ex gobernador, cuya persecución judicial comenzó unos 10 meses después de haberse iniciado la investigación.
En febrero de 2016, de acuerdo con personas que conocen los prolegómenos del caso Duarte, el entonces director del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, entregó a la PGR todas las carpetas de investigación sobre el entonces gobernador de Veracruz, que fueron la base para iniciar la averiguación previa que mucho tiempo después sirvió para pedir la orden de aprehensión. La documentación no mostraba un daño al erario por sólo 38 millones de pesos, que es lo que la PGR dijo al juez que tiene probado como desvío, sino por más de 400 millones de pesos.
Esto no incluye algunos “botines de guerra”, como llaman en el argot policial a los decomisos que son rasurados, como el que sucedió este año en un departamento que encontró la PGR en la colonia Del Valle de la Ciudad de México, donde descubrieron 400 millones de pesos en efectivo, de los cuales se repusieron alrededor de 200 al gobierno de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, y el resto se destinó para la campaña del PRI para gobernador en el Estado de México, según funcionarios que conocieron del decomiso. Este monto, no quedó registrado.
Entonces, como primera reflexión, se puede argumentar que las autoridades no están acusando a Duarte por todos los recursos que supuestamente desvió. No obstante, como en el caso del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, y de la maestra Elba Esther Gordillo, sólo se necesitan dos millones de pesos para mantenerlo en la cárcel. Los 38 millones acreditados a Duarte por la PGR, por ello mismo, son suficientes. Y con eso puede montarse el show pronosticado por el ex gobernador de Veracruz, para un público sediento de sangre. Pero el caso tiene otra lectura que no está en la superficie, y que deberá ser uno de los argumentos centrales de la defensa sobre la observancia del debido proceso.
Si se toman en cuenta los tiempos en que tardó en actuar la autoridad, se puede argumentar que por error o por perversidad se solicitó la orden de aprehensión hasta después de que Duarte pidiera licencia como gobernador, a mediados de octubre pasado, sin que mediara un juicio de procedencia para el desafuero. Esto significa que el ex gobernador puede argumentar que como tenía fuero constitucional, la ejecución de la orden de aprehensión violó el debido proceso y se tiene que fallar una nulidad de origen, por lo que el caso se caería en su totalidad.
Existe una discusión continua sobre si el fuero desaparece cuando se pide licencia para retirarse del cargo. Cuando Duarte la solicitó, Yunes, entonces gobernador electo de Veracruz y abogado que entiende bastante de estas cosas, dijo que seguía teniendo fuero, por lo que tendría que ser desaforado para ser procesado, en el caso de delitos federales por el Congreso de la Unión, y en el de los delitos del fuero común, por el Congreso estatal. Adicionalmente, hay una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia que indica que cuando un servidor público que goza de fuero constitucional solicita licencia, no pierde la protección otorgada.
De esta manera, si se pensaba ejercer acción penal verdadera contra Duarte, la PGR tendría que haber pedido al legislativo un juicio de procedencia para solicitar su desafuero. Al no hacerlo dejó sembradas las semillas para que Duarte camine hacia la libertad. El expediente, como se dice en el argot judicial “lo dejaron flojito” para que la defensa encuentre la puerta de salida, y Duarte no se desespere. Así está la justicia mexicana.

rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

A estas alturas es vox populi la conclusión que sacó el gobierno de la elección del Estado de México. Con un candidato correcto –sin más–, recursos ilimitados, y la división de los partidos opositores –de preferencia con candidatos mediocres– el PRI gana. A escala estatal, o nacional. Por lo tanto, conviene reproducir esa estrategia en todo el país, el año entrante, para vencer a López Obrador, el único contrincante peligroso, aunque sea de panzazo, al igual que en el Estado de México.
Aclaro que albergo enormes dudas sobre la eficacia de esta estrategia. Pero sí pienso que es la de Los Pinos. Implica, para empezar, que el PAN vaya solo a la contienda, y en segundo lugar, al igual que en el Edomex, con una candidata incapaz de ganar, más bien susceptible de derrumbarse, pero sin desaparecer por completo, conservando algo así como el piso de Acción Nacional: Margarita Zavala Calderón. En tercer término, el esquema presupone que el PRD también se presente al electorado sin coaliciones o aliados significativos (Movimiento Ciudadano o el PT no importan), con un aspirante viable, que sin embargo no llegue a ser competitivo, pero que impida que todo el electorado perredista se corra hacia Morena: Miguel Ángel Mancera.
Enseguida, sería necesario que contiendan un par de independientes atractivos, que puedan reunir entre ambos de ocho a diez puntos porcentuales, sin despuntar, ya que cada uno le coloca un techo al otro. Y por último, un candidato del PRI que, sin ser Bill Clinton o Barack Obama en campaña, no provoque escisiones ni brazos caídos o resentimientos, asegure cicatrices duraderas, y goce del apoyo completo del Estado mexicano, a la vieja usanza.
Este conjunto de ingredientes deben garantizar un PRI, cualquiera que sea su candidato entre los posibles, en casi 30%, y un AMLO que no pase de esa misma cifra. En el empate, creen, gana el PRI, gracias al par de puntos que siempre puede arrebatar el día de los comicios. Yo pienso que aún si esta estrategia se consumara, le haría el juego a López Obrador, y no al gobierno. Esto es discutible, pero es lo de menos. El error consiste en establecer de entrada una ecuación que sencillamente no cuadra.
La tasa de aprobación de Peña Nieto en el conjunto de encuestas públicas oscila en torno a la barrera del 20%. Se trata también del piso histórico del PRI: cerca del 22% del voto que obtuvo Roberto Madrazo en el 2006. Por tanto, para que el candidato priista –e insisto: no importa cual; eso sólo les interesa a los fieles de ese partido– pueda emparejarse con AMLO, debe aumentar en 50% su voto: pasar de los 20% de EPN hoy, o los 22% de Madrazo ayer, a los 30% de Andrés Manuel mañana. ¿Por qué habría de suceder eso?
A priori, no existe razón alguna. La popularidad de Peña difícilmente subirá; ni Duarte ni los socavones le ayudan. El candidato del PRI, con una excepción, difícilmente adquirirá una personalidad propia en tan poco tiempo, sobre todo cuando toda la oposición se dedicará a tildarlo de títere del propio Peña. Y el deslinde no será como en los tiempos del viejo PRI, del dedazo y de los ritos sucesorios siempre más conflictivos de lo que se esperaba. ¿Cómo le harán un Nuño, un Osorio, un Meade o un Narro para explicar que siempre no son tan empleados de Peña, ni tan admiradores suyos? Pero en todo caso, he ahí el reto: pasar de los 20% de EPN, a los 30% necesarios para ganar. Good luck.

El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte exhibió debilidades en la acusación que hizo la PGR en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Durante la audiencia inicial y con sólo 12 preguntas, el ex gobernante puso en duda más del 90 por ciento del desvío por 439.6 millones de pesos que se le imputa.
Tras evasivas, los fiscales federales sólo pudieron acreditar depósitos por 38.5 millones de pesos desviados en 2015 de la Secretaría de Educación de Veracruz.
“Por el momento son los únicos recursos”, reconoció el fiscal Pedro Guevara Pérez, quien además es director general de Procesos y Amparos en Delitos Federales de la PGR.
Gerardo Moreno, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, se dirigió al abogado de Duarte, Marco Antonio del Toro: “Mire, señor defensor, usted y yo tenemos claro en este momento que los números no cuadran”.
Duarte mostró también que los fiscales no conocían el número de terrenos que fueron adquiridos en Campeche y advirtió una contradicción de la PGR relacionada con la supuesta compra de 4 departamentos en Ixtapa.
Si bien los fiscales dijeron que los delitos que le imputaban ocurrieron de 2011 a 2016, el ex Mandatario hizo notar que, según las constancias, las compras inmobiliarias ocurrieron en 2010.
“Esa operación fue antes de que fuera gobernador”, dijo el acusado.
El fiscal Guevara Pérez reconoció incluso que no contaba con información que acredite que la Secretaría de Hacienda practicó a Duarte una auditoría fiscal, requisito previo para poder acusarlo de lavado de dinero.
El abogado Del Toro ha ganado dos juicios a favor de Elba Esther Gordillo por defraudación fiscal, justamente con este argumento. Es decir, que no proceden estas acusaciones si no existe una facultad de comprobación previa.
Aunque en el sistema oral una vinculación a proceso permitiría a la PGR ofrecer pruebas que inicialmente no aporte en sus imputaciones, desde hace nueve meses la dependencia sólo ha obtenido dos nuevos testimonios como pruebas adicionales en contra de Duarte.

Suspende jueza dos órdenes de aprehensión en su contra

Sandra Leticia Robledo, Juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la CDMX, suspendió, momentáneamente, dos órdenes de aprehensión contra Javier Duarte por cinco delitos no graves en Veracruz.
La juez admitió a trámite la demanda de garantías 614/2017 del ex gobernador, la cual presentó apenas el lunes que llegó extraditado al país.
Duarte pide la protección de la justicia contra las órdenes que libró el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito 11 Judicial de Xalapa, por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición.

Promete Renato Sales estricta vigilancia

En la cárcel federal a la que sea trasladado el ex gobernador de Veracruz será vigilado estrictamente, garantizó el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales.
“Todas las personas privadas de su libertad y particularmente los que se encuentran en una situación de esta índole, pues son sujetos de vigilancia especial, de medidas de vigilancia particular y así lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal”, indicó.
En la ceremonia del Día del Personal Penitenciario en la que entregó medallas y reconocimientos, Sales indicó que aún no se determina a qué centro penitenciario será llevado Javier Duarte.
Dijo que será un juez el que determine el lugar en el que el ex gobernador que seguirá su proceso, pero adelantó que el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Cuautla, Morelos, podría ser una posibilidad.
“Estamos preparados para recibirlo en ése, en el Ceferepsi, en Cuautla, o en otro de nuestros penales (tenemos)”, apuntó.

 

Isabella González y Zedryk Raziel / Agencia Reforma

Ciudad de México

Legisladores de oposición cuestionaron la actuación de la PGR en la primera audiencia contra Javier Duarte y acusaron al procurador Raúl Cervantes de armar deliberadamente un caso mal sustentado contra el ex gobernador.
En la Cámara de diputados, integrantes de las bancadas del PAN, PRD y Morena señalaron que no es verosímil que la dependencia haya sido incapaz de sustentar su acusación por el desvío de 439 millones de pesos del erario.
Reforma publicó que la Procuraduría sólo logró acreditarle 38.5 millones de pesos, de los más de 439 millones de pesos que la PGR acusa.
Jorge López Martín, vocero de la bancada de Acción Nacional, advirtió que su partido solicitará la separación de Cervantes del cargo si detecta que desde la PGR hay la intención de favorecer al ex priista para que purgue una condena menor en el proceso que se le sigue.
Francisco Martínez Neri, coordinador de la bancada del PRD, advirtió que existe una red de complicidades entre el gobierno federal y los gobernadores priistas porque éstos le suministran recursos públicos para la compra del voto en los procesos electorales.
En entrevista con Grupo Reforma, la senadora Dolores Padierna indicó que por situaciones como esa es que Duarte se ríe de la justicia mexicana.
Rocío Nahle, coordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, calificó al caso de Duarte como un show mediático.