El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inauguró, en el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4, su primer banco de leche materna para recién nacidos, que recolectará más de mil litros en lo que resta del año.
Se trata de la primera Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), ubicada en San Jerónimo, que obtuvo la certificación de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF como Hospital Amigo del Niño y la Niña, informó el Instituto en un comunicado.
La leche materna es de vital importancia para el recién nacido, ya que es la primera vacuna que los protegerá del sobrepeso, la obesidad, así como de las enfermedades crónicas, destacó.
Por ello, la instrucción a médicos y enfermeras de la dependencia es promoverla y erradicar las fórmulas lácteas.
El hospital atiende recién nacidos de menos de mil gramos que logran una sobrevida de 70 por ciento y ha logrado reducir la mortalidad materno infantil, indicó el IMSS.
El área de urgencias de esta UMAE cuenta con un protocolo denominado Código 100, estrategia que brinda atención a la mujer embarazada grave y dispone de un quirófano para su atención inmediata en caso de ser necesario.
En el país, sólo 14 por ciento de las madres amamanta a su bebé recién nacido, por lo que todavía se requiere promover la lactancia materna para evitar infecciones en vías respiratorias, gastrointestinales, muerte súbita y, a largo plazo, obesidad, advirtió el Instituto.
Hasta hoy, la dependencia sólo contaba con lactarios en sus unidades. (Evlyn Cervantes / Agencia Reforma / Ciudad de México).

El escritor sueco de ficción policial Henning Mankell, narrador que fue traducido a más de 40 idiomas, publicó la novela Vindens son, en el año 2000, en la editorial Norstedts Förlag, de Suecia. Ese volumen poseía 360 páginas. Diez años después, ese libro se tradujo al inglés como Daniel. El documento fue publicado por la editorial londinense Harvill Secker; el número de páginas, de 337. La traducción estuvo a cargo de Steven T. Murray. En castellano, este libro se titula El hijo del viento. Tusquets cobija esa historia, en 2009, y la versión es de 351 páginas. La traducción es obra de Carmen Montes Cano y justamente Montes toma como referencia Vindens son. Tanto la versión de Montes como la de T. Murray enfatizan (noto variantes en los acabados de las frases, abusos en los coloquialismos; es un esfuerzo titánico meter una narración del sueco al castellano, una narración del sueco al inglés, dos camisas de fuerza) el comportamiento atolondrado y a veces despótico que define el contorno de un hombre llamado Hans Bengler. Un joven que abandonó a su padre enfermo (también huyó de la profesión de médico, pues simplemente caía desmayado en cuanto veía sangre), y que pasó por la vida como alguien de bajo perfil, con buenas intenciones pero malas resoluciones.
El libro es provocativo en un aspecto, en poner el dedo en la fístula y mostrar que hay personas predispuestas al homicidio, al comportamiento salvaje. Cobija la tesis de que existen organismos proclives al daño. Mankell se aleja de su especialidad, la novela policial, y amplía el rango de su prosa, prescinde de la usual construcción de sus novelas; no apuesta por revelar misterios sino por radiografiar las travesías geográficas del alma.
En 1874 el sueco Hans Bengler abandona los estudios de medicina, decide irse a África con la intención de iniciar una carrera de entomólogo. Anhela descubrir nuevos insectos, con ellos obtendría fama y prestigio. Después de un penoso viaje por el desierto Kalahari, una vital experiencia al límite, el sueco llega milagrosamente a una estación de comercio, donde lo acoge otro sueco (primera “coincidencia”) llamado Wilhelm Andersson, quien se dedica ignominiosamente a la caza de elefantes. Andersson recoge a un niño negro que sobrevive a una masacre. El niño pasa la noche con los dos suecos e impulsivamente Bengler, una vez que ha encontrado ignotos escarabajos e insectos, decide regresar a Suecia con el niño, a quien bautiza como Daniel.
Bengler choca contra las primeras dificultades de su decisión. Los civilizados tratan al niño como un salvaje, lo creen una variante de un simio, un demonio. La advertencia que hace Bengler a Daniel es la siguiente: “Serás objeto de curiosidad, de desconfianza y, por desgracia, también de malevolencia. La gente teme a lo diferente. Y tú eres diferente”. La versión en inglés, a diferencia de la hecha por Montes, adopta un tono parco que escasamente varía el registro. Es decir, la prosa imita el ritmo de una caminata a buen trote, una zancada marcial que transmite la historia que se acerca a la ficción noir. Se acerca y abruptamente se aleja de ese enfoque violento. Dicho de otra manera, el traductor adecua la voz del narrador, la uniforma para agrandar la expresividad del libro. Eso no ocurre en la versión de Montes, probablemente por la fidelidad de la traductora.
Volviendo al asunto, Hans Bengler desaparece de la vida de Daniel. Huye tras atacar a una reportera que cuestiona la presencia del niño negro en Suecia y Daniel se queda en una región gélida del mundo, cuidado por familiares de Bengler. El chico añora su desierto. Intenta escapar del frío y la novela nuevamente afloja la marcha (la segunda “coincidencia” es que Daniel pretende huir vía marina, acompañado de una niña que fue violada por su padrastro; al inicio del periplo muere el capitán de la nave y el yate del rey de Suecia rescata a esos náufragos cuando intentan arrojar el cadáver del capitán al mar).
Las partes sobresalientes de la novela son las presentaciones en público de Daniel, pues Bengler, en completa ruina, opta por mostrar al chico como parte de un espectáculo científico; de paso, exhibe sus  insectos y charla sobre las inclemencias de África. El plan fracasa porque Daniel boicotea, sin desearlo, el show.
El negro habla sueco, se expresa bien; trata de aprender a caminar sobre el agua, para regresar andando a su tierra, y constantemente sueña con sus familiares, lo llaman. El universo interno de Daniel es poderoso, pero el autor se regodea en la construcción de una iconografía salvaje, no la utiliza de la mejor manera, la explota elementalmente. Quizá el problema radica en que los impactos culturales del continente negro sólo sirven para enfatizar lo aparentemente civilizado de Suecia, aunque en lo que acierta el autor es en marcar las hondas raíces del racismo en el primer mundo.
Si usted vive en Guerrero, esta novela no va a sorprenderle. Basta con abrir las páginas de este diario para saber que la realidad en esta parte del mundo es horripilante, sucia y ominosa.
Este libro de Mankell es una desalentadora examinación de lo que se percibe como humanismo mal aconsejado. Los críticos literarios afirman que Daniel aborda la pérdida de la inocencia, que indaga violentamente la sique humana, pero temo que están equivocados. Bueno, ellos también hacen publicidad. Esa novela sólo es una especulación racional, no una exposición estética definida, del mal. Insisto: si usted habita Guerrero, esto puede hacerle pensar que vive en una zona de guerra y que los gobiernos (federal, estatal y municipal)  juegan a no ver lo evidente. Como bien decía el bardo Juan Gabriel: lo que se ve no se juzga. Ninguno de esos poderes reconoce que esta parte de México está siendo exterminada. Si alguien famoso escribe y publica una novela sobre este Guerrero, el de verdad, quizá nos hagan caso. Que tengan un coqueto martes.

La legislación electoral federal determina que puede ser causal de nulidad de comicios si un candidato supera en 5% el límite

Héctor Gutiérrez y Mayolo López / Agencia Reforma

Ciudad de México

El INE acreditó que el priista Miguel Riquelme, declarado triunfador en los pasados comicios de Coahuila, rebasó en 8.2 por ciento el tope de gastos de campaña.
La legislación electoral federal determina que puede ser causal de nulidad de comicios si un candidato supera en 5 por ciento el tope estipulado.
Al votar el dictamen de la Comisión de Fiscalización, que daba originalmente un 31 por ciento de exceso en gasto del priista, el Consejo General del INE “rebajó” el exceso de Riquelme a un 8 por ciento y determinó que también el panista Guillermo Anaya rebasó el tope justo por 5 por ciento.
La aprobación ocurrió en medio de una larga sesión, caótica, y donde se improvisaron criterios para el registro de gastos de campaña. Consejeros y representantes partidistas entraron en un regateo sobre rubros a descontar.
El consejero electoral Ciro Murayama explicó al final de la sesión que Riquelme gastó 20.8 millones de pesos frente al tope que tenía de 19.2 millones de pesos. Anaya sobrepasó en 997 mil pesos el límite de gasto.
“La anulación de la elección de gobernador de Coahuila es inminente”, dijo el presidente del PAN, Ricardo Anaya, en un comunicado.
El dirigente priista Enrique Ochoa indicó que la decisión del INE no daba certeza jurídica y cuestionó que se hubieran cambiado criterios de fiscalización de último momento.
Agregó que acudirán ante el Tribunal Electoral federal “para que restablezca de nuevo el orden y la certeza jurídica para todos los partidos”.

Dan 24 horas para comprobar el pago a representantes

El Consejo General del INE dio un plazo de 24 horas para que los partidos presenten toda las constancias que les haga falta para acreditar si realizaron o no pagos a representantes de casillas.
En sesión, se aprobó hacer una investigación específica para determinar si los partidos reportaron de manera correcta el pago a sus representantes, lo cual, por el momento, es algo que la autoridad no va a sumar al gasto total de las campañas.
El resolutivo de esta indagatoria se presentará en los próximos días y será entonces cuando se sepa de qué manera impactará este asunto en particular en las sanciones y en en el tope de gastos de campaña de los candidatos.
Por unanimidad de votos los consejeros, quienes reconocieron que hubo errores y omisiones de la Unidad Técnica de Fiscalización, acordaron abrir un procedimiento oficioso para hacer un cotejo de la información presente en las bases de datos del Instituto y la información presentada por los partidos para saber si éstos realizaron o no pagos a sus representantes y si los reportaron adecuadamente.
El representante del PAN, Francisco Gárate, advirtió que esto podría abrir la puerta a que los partidos hagan trampa, pues, como Grupo Reforma documentó, la semana pasada el PRI en Coahuila convocó a sus representantes de casilla a que presentaran firmas de que no recibieron pagos.
Al respecto, el representante del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, negó lo anterior y señaló que su partido presentó toda la documentación sobre este asunto en tiempo y forma.
El consejero Ciro Murayama aseveró que en este procedimiento el INE hará un cotejo escrupuloso y pondrá sanciones si detecta que los partidos intentan engañar a la autoridad electoral.
Durante la sesión, partidos y consejeros señalaron que la labor de fiscalización en este tema de los representantes de casilla fue deficiente y abre la puerta a que el Tribunal Electoral federal la revoque.
“De aquí para adelante esto no puede volver a ocurrir”, sentenció Lorenzo Córdova, consejero presidente.
En Coahuila, originalmente el INE le adjudicaba al priista Miguel Riquelme 3.4 millones de pesos en pago de representantes de casilla y al panista Guillermo Anaya, 2.9 millones.
Con el tema de los representantes de casilla pendiente, Riquelme tendría un gasto de 21.8 millones y Anaya de 21.4 millones, mientras que el tope es de 19.2 millones de pesos.
Y cuestionan la fiscalización en el Edomex

Las representaciones de Morena, PRD y PAN cuestionaron el desempeño de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en la revisión de la elección de gobernador del Estado de México.
“En el caso del Estado de México sí hay un sesgo absoluto en la fiscalización que busca blindar a Alfredo del Mazo y generar una percepción ciudadano. Lo que pretende es generar una percepción de que las sanciones todos los partidos distintos a la coalición del PRI son los que tienen las mayores sanciones.
“Se está protegiendo al PRI, se está castigando a los partidos distintos al PRI, pero con el ánimo de generar un blindaje que es de impunidad”, alegó el representante de Morena, Horacio Duarte.
El Consejo General confirmó –con datos preliminares–, que ninguno de los siete candidatos a la gubernatura de la entidad sobrepasó el límite de gastos, de 285 millones de pesos.
“Algo nos está fallando en la fiscalización. No estamos tratando bien las cosas. Cómo hacemos para fortalecer la fiscalización hacia 2018. No hay criterios equitativos para todos”, planteó el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, quien hizo notar que el presupuesto de la Unidad Técnica de Fiscalización es tres veces superior al que maneja la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.
Tras sostener que no hubo ni exhaustividad ni objetividad, el representante panista Jorge López Martín se quejó de que “la portería de los partidos de oposición la están haciendo más grande”.
“La fiscalización que realiza el INE es a la mitad”, dijo el también panista Francisco Gárate, quien afirmó que a pesar de que el PAN reportó un gasto de 95 millones de pesos, la autoridad le había fincado observaciones por 482 millones de pesos.

 

Buscan a española desaparecida en Tamaulipas

Autoridades estatales y federales iniciaron la búsqueda de Pilar Garrido Santamans, de 34 años, ciudadana de nacionalidad española que presuntamente fue secuestrada por sujetos armados el pasado 2 de julio en el municipio de Soto La Marina, Tamaulipas.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reportó que Garrido Santamans se encuentra en calidad de no localizada, luego que un familiar presentó la denuncia respectiva ante autoridades ministeriales.
“Dado que no ha habido petición alguna de rescate ni indicios de que pudiera estar privada de su libertad”, señaló.
La dependencia tamaulipeca indicó que desde que se conocieron los hechos se llevan a cabo diversos operativos de búsqueda en la región de Soto la Marina.
En la búsqueda participan elementos de la Policía Federal y de la PGJE, con apoyo de un helicóptero que sobrevuela la zona y caninos entrenados.

Surge grupo justiciero, ahora en la CDMX

Un grupo de supuestos justicieros que se autonombra “Barrio Santa Julia” lanzó una amenaza a ladrones que atacan en transporte público y el mercado.
En un video se aprecia que tienen a un hombre retenido, golpeado y sometido, y lo acusan de ser asaltante.
“A todos los mugrosos y bachichero que estén robando en Santa Julia a peseras de la Ruta 28, que va del Metro Normal a Polanco, y en el Mercado Santa Julia a puestos ambulantes, repartidores de Coca Cola, Bimbo o gas, y no es a cambio de nada, sólo por el bienestar de nuestras familias”, advierte uno de los hombres que aparece con una máscara verde.
Al menos otros cuatro integrantes de ese grupo utilizan máscaras blancas y negras, uno porta una hacha y otro una arma larga con la que tiene sometido y golpea al presunto asaltante.
El sujeto hace una confesión: “Me agarraron a mí por andar robando en las micros y espero que El Grillo y El Lanas vean esto para que no sigan robando aquí en Santa Julia”.

Detienen a ex jefe policiaco de Coahuila vinculado a secuestros

La Procuraduría General de Justicia (PGJ)  de Coahuila ejecutó una orden de aprehensión contra Gabriel Mazcorro Torres, ex director de Seguridad Pública Municipal de Francisco I. Madero, quien enfrenta cargos por asociación delictuosa y “figuras típicas” relacionadas con el secuestro.
El ex funcionario municipal, fue detenido al momento que salía del Centro Federal de Readaptación Social número 14 de Durango.
La dependencia refirió que tras la detención Mazcorro Torres fue trasladado al centro penitenciario de Torreón, donde quedó a disposición del juez de la causa para enfrentar cargos de asociación delictuosa y figuras típicas relacionadas con el secuestro, en particular por ayudar a eludir la acción de la autoridad en hechos ocurridos el 15 de junio de 2009. (Staff / Antonio Nieto / Agencia Reforma /?Soto La Marina / Ciudad de México).

Isabella González / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Secretaría de Educación Pública (SEP) encontró 44 mil 76 plazas irregulares en las escuelas del país.
El titular de la dependencia, Aurelio Nuño, informó que al finalizar la auditoría a la nómina magisterial, se ubicaron 44 mil 76 plazas que se pagaban a maestros que no estaban dando clases.
En reunión con 23 de los 32 mandatarios de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el funcionario aseguró el costo de esas plazas equivale a 5 mil millones de pesos anuales.
“Esto es un acto y un hecho, en muchos aspectos, histórico”, afirmó.
Asimismo, la SEP y los gobiernos estatales encontraron mil 361 plazas de docentes que ya no estaban trabajando, pero por algún error seguían cobrando las plazas, así como 10 mil 553 plazas que no fueron localizadas y para las cuales los docentes tienen un mes y medio para demostrar que están frente a grupo.
“Se va a suspender el pago de esas plazas y se va a dar un mes y medio de gracia por si hay alguna incidencia, por si son maestros que sí están frente a grupo, que se presenten y lo demuestren para reactivar el pago inmediatamente y no tendrán ningún problema”, explicó Nuño.
El secretario de Educación Pública indicó que el pago del total de las plazas ya ha sido suspendido, por lo que las vacantes serán puestas a concurso nuevamente.
En la reunión previa entre la Conago y la SEP, los gobernadores de las cinco regiones educativas del País reafirmaron su respaldo al nuevo Modelo Educativo y acordaron fortalecer su implementación a través de la Estrategia de Inclusión, la Estrategia Nacional de Inglés y la Estrategia de Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales.
“La educación es un compromiso que tomamos con todo el entusiasmo”, aseveró el presidente de la Conago y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.

Hoy concluye el plazo para que las legislaturas de los estados tengan listo el marco jurídico que dará sustento a sus respectivos sistemas locales de combate a la corrupción; y aunque en Guerrero dichas normas se aprobaron en tiempo y forma, el 11 de julio, hay detalles que es pertinente destacar.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), del que se derivan los sistemas locales, se ha construido con el acompañamiento puntual de la sociedad civil por medio de organizaciones ciudadanas especializadas en los temas de transparencia y rendición de cuentas. A veces a contracorriente de las inercias y resistencias de actores gubernamentales, en el plano nacional las organizaciones de la sociedad civil han influido en varios de los procesos del SNA, sea a través de la proposición de ajustes a las leyes para mejorarlas, sea para señalar a los mejores candidatos a ocupar los puestos clave del sistema.
Por tratarse de una iniciativa nacional, se procuró que este acompañamiento ciudadano se concretara también en las entidades federativas en los sistemas locales anticorrupción (SLA). Pero las evidencias muestran que ha habido retrasos en la aprobación de las leyes en varios estados y en muchos casos, procesos desaseados en la designación de quienes formarán parte de estos sistemas locales. Incluso a nivel nacional, aún está pendiente el nombramiento del fiscal anticorrupción y la ratificación de ministros del tribunal administrativo
En el caso de Guerrero se ha cumplido con los plazos estipulados para la legislación de las normas, y en este proceso ha prevalecido una visión exclusivamente gubernamental; pero esto no sólo es propiciado por el propósito de funcionarios y servidores públicos de no compartir opiniones y decisiones, sino que hay una gran carencia de ciudadanos informados y organizados para opinar, presionar, proponer y exigir que el sistema estatal de combate a la corrupción realmente sea un instrumento que vigile y controle el ejercicio de los recursos públicos para que se cumplan los derechos sociales de la población.
Sin duda, la construcción del SNA es una de las medidas de mayor trascendencia en los últimos años; pero no será de mucha utilidad si la ciudadanía no cumple la función que le toca y cumple sus obligaciones y ejerce plenamente sus derechos.

Las ocho leyes

Aunque el 20 de junio el gobernador Héctor Astudillo envió un paquete de ocho propuestas de nuevas leyes o reformas al Congreso del estado, relativos al sistema estatal anticorrupción, los documentos nunca se dieron a conocer públicamente. Los diputados de la LXI Legislatura aprobaron las leyes el 11 de julio, con los votos en contra de los partidos Movimiento Ciudadano y Morena. Prácticamente nadie, fuera del ámbito gubernamental y los diputados, conoció las iniciativas.
Guillermo Ávila, investigador del Imco señaló que no sólo es importante que los congresos modifiquen sus constituciones considerando el SNA como un estándar en el que deben guiarse, sino que la legislación en la materia cuente con la calidad necesaria para que realmente los beneficios de las leyes anticorrupción puedan ser percibidos por la sociedad.
“Por ejemplo, en algunos casos no se cumplió con los estándares de Parlamento abierto, que implicaba la participación ciudadana y el aseguramiento de transparencia en los procesos de elaboración de la legislación anticorrupción. A nivel local hubo congresos que trabajaron a puertas cerradas, disminuyendo la legitimidad y profundidad de lo que salió de ahí”, mencionó Guillermo Ávila.
Por canales informales conseguimos la iniciativa de la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción de Guerrero, pues ésta no fue pública. Consideramos que hay dos asuntos clave que tendrán una repercusión directa y mostrarán el talante del naciente sistema: uno de ellos es la formación del Comité Coordinador del SLA, y el segundo, la constitución del Comité de Participación Ciudadana.
La ley considera “la composición, atribuciones y objetivos del Comité Coordinador del Sistema, que se constituye como una instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Anticorrupción y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción”.
El comité coordinador será la instancia más importante del SLA, por lo que es pertinente mencionar quienes formarán parte de él: un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; el titular de la Auditoría Superior del estado (denominación que adquirirá la actual AGE); el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del estado (que hoy se denomina Tribunal de lo Contencioso Administrativo); el comisionado presidente del Itaigro; y un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado.
Otro de los puntos relevantes de la ley es el de la constitución del Comité de Participación Ciudadana; la ley establece que su “objetivo principal es vigilar, prevenir y detectar actos de corrupción y faltas administrativas, así como coordinar y encauzar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción”.
En estados como Guerrero, donde tradicionalmente ha habido una concentración y discrecionalidad en la toma de decisiones, una figura ciudadana con estas facultades es inusitada. De hecho, la iniciativa de ley aprobada por los diputados incluye planteamientos en este sentido. Por ejemplo, “La corrupción se combate no sólo con el esfuerzo de las autoridades, es indispensable la participación ciudadana como el mecanismo más importante para el funcionamiento del Sistema Anticorrupción. Cuanto más participen los ciudadanos en los asuntos públicos Guerrero será más incluyente, ordenado y democrático”.
Se agrega en la iniciativa que “se pretende encauzar los esfuerzos de la sociedad civil en el combate contra la corrupción a través del Comité de Participación Ciudadana creado por mandato constitucional”.
Será fundamental la función del CPC en el sistema estatal anticorrupción, por lo que será prioritario vigilar que los cinco miembros que lo conformarán realmente tengan una visión ciudadana, y evitar en lo posible que esta figura sea capturada por las entidades gubernamentales y achaten su potencial.
La elección de los integrantes del CPC no la hará directamente el Congreso del Estado; se realizará a través de una comisión de selección de siete miembros –ésta sí, nombrada por el órgano legislativo– (cinco de instituciones de educación superior y de investigación; y dos de organizaciones de la sociedad civil), quienes realizarán una amplia consulta pública en el estado para que la sociedad presente candidatos a ocupar los cinco puestos del CPC.
La comisión de selección deberá diseñar y hacer públicos la metodología, plazos y criterios de selección de los miembros del CPC, entre los más importantes, el método de registro y evaluación, la lista de los aspirantes, hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción, en versión pública.
La nueva ley del sistema estatal anticorrupción entrará en vigor el primero de enero de 2018. El Congreso del estado designará a la comisión de selección dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor de la ley; y el Comité Coordinador del sistema se integrará dentro de los 60 días después de seleccionados los miembros del CPC. Es decir, en el mejor de los casos, el sistema de Guerrero comenzará a funcionar en el segundo semestre de 2018.

Un foro a destiempo

El pasado 7 de julio se llevó a cabo el foro Sistema Anticorrupción, Perspectivas y Retos en Guerrero 2017. Se trató de un acto inusual, pues aunque por definición un foro debe ser abierto y accesible, extrañamente a éste sólo se pudo asistir mediante invitación expresa, y además se celebró en uno de los salones (de la República) de Casa Guerrero, cuyo acceso de por sí es restringido e inhibitorio para el grueso de la población.
No obstante que en el foro se escucharon las ideas de algunos de los actores que formarán parte del SLA y de activistas que han tenido una participación importante en la construcción del sistema nacional, la prensa no fue convocada, ni el acto fue difundido en los medios de comunicación (salvo tal vez un par de casos), aun cuando se trata de un tema que por su relevancia requiere de una difusión masiva. Sólo en redes sociales, algunos de los participantes dieron cuenta parcial de sus intervenciones.
Y también fue inusual porque, como lo expresó Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas y ponente invitada, el foro se realizó fuera de tiempo, ya que estaba próximo el vencimiento del plazo para aprobar la legislación correspondiente para la integración del sistema en el estado, y “tuvieron un año para debatir de manera pública” los contenidos importantes de dichas leyes y no se hizo. Y efectivamente, cuatro días después, los diputados locales aprobaron el paquete de leyes, evidentemente sin tomar en cuenta ninguno de los señalamientos del foro.
Al respecto, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, consultado por la Revista R, de Excélsior, mencionó que llevar al límite la homologación de las leyes locales con el SNA, es una estrategia de los congresos locales para evitar las prácticas de parlamento abierto que caracterizaron la aprobación del sistema nacional.
“Creo que lo que están tratando es de llevar al límite los plazos para aprobarlo sin una discusión apropiada con la comunidad y sin proceso abierto donde nos informemos y nos enteremos de qué cambio están haciendo alrededor de estos temas”, sostuvo Bohórquez, quien agregó que en el tema de parlamento abierto es donde hay más reticencia de los congresos locales, pues implica transparentar sus discusiones, deliberaciones y decisiones; una práctica a la que no están acostumbrados y que consideran riesgosa.

Los sistemas, en riesgo

Por diferentes motivos, los sistemas nacional y estatales anticorrupción están enfrentando dificultades para su integración u operación. En el primero, el Senado de la República aún no designa al fiscal anticorrupción del SNA, luego de que desde noviembre de 2014 ha tenido tiempo para hacerlo. La Fiscalía Anticorrupción se instituyó mediante reforma constitucional de febrero de 2014. Su objetivo es erigirse en pieza clave para la persecución de delitos de corrupción, pero a la fecha sigue acéfala. Incluso, el grupo de ciudadanos que daban seguimiento al proceso de selección del primer fiscal anticorrupción (Comité de Acompañamiento Ciudadano) rompieron con los senadores, pues se dijeron “decepcionados” de la manera en que los legisladores atascan decisiones fundamentales para el país por motivos políticos y de esa manera muestra un menosprecio hacia el SNA.
El Senado tampoco ha ratificado a los magistrados de la Sala Especializada en combate a la corrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En el ámbito local, hay dos estados que no han hecho la reforma constitucional requerida para implementar el sistema a nivel local, y otras 11 entidades aún no cuentan con las leyes secundarias para el funcionamiento de dicho mecanismo. Y en cuanto a los nombramientos claves del proceso de implementación de los SLA, la mayoría de éstos han sido objetadas por organizaciones civiles nacionales y locales, por tratarse de personajes cercanos al gobernador en turno, militantes activos de partidos políticos e incluso personas relacionadas con actos de corrupción; son los casos de Puebla, Nayarit, Morelos, Sonora, Estado de México y Querétaro.
Sobre este asunto, Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA, comentó que el común denominador en la conformación de los sistemas estatales ha sido el intento de los gobiernos locales de capturar dichos mecanismos mediante nombramientos a modo.
“Es la tónica; en términos generales, se puede decir que los sistemas locales anticorrupción quieren ser capturados por los gobernadores de los estados vía los nombramientos de funcionarios públicos que carecen de autonomía, y también mediante la exclusión de una participación social efectiva”, informó Pérez de Acha, también entrevistado por Revista R.
Y aunque en Guerrero se cumplió con el primer paso referente a la aprobación de las normas que dan sustento al SLA, habrá que estar pendientes con los nombramientos que vienen.