Regidores de las comisiones unidas de Gobernación y Hacienda acordaron por unanimidad dar de baja 446 chalecos antibalas y 137 placas balísticas, con el objetivo de depurar equipo de la Secretaría de Seguridad Pública que está en desuso.
Al concluir la sesión, el regidor Porfirio Daza Rodríguez y el síndico procurador de Gobernación, Ilich Lozano Herrera, dijeron que el dictamen será sometido al Cabildo para que una vez que se apruebe proceder a la destrucción del equipo.
Daza Rodríguez indicó que se aprobó que una empresa certificada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se encargue de la destrucción de los chalecos y las placas balísticas que ya no sirven y que esté presente personal de Contraloría municipal.
El pasado 2 de marzo, El Sur informó que la Secretaría de Seguridad Pública solicitó al Cabildo dar de baja 315 chalecos antibalas catalogados como “inservibles”. La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda en la sesión de Cabildo del 30 de enero.
Lozano Herrera explicó que se aprobó que se dieran de baja 446 chalecos antibalas y 137 placas balísticas, con “el objetivo de depurar una buena parte del materia de protección de policías que está en desuso y que ha caducado para que no se haga un mal uso”.
Agregó que se aprobó que sea una empresa certificada por la Semarnat la que garantice que los chalecos y las placas balísticas serán destruidas y no utilizadas, por ello se acordó que estuviera presente la Contraloría para certificar el proceso de baja.
El síndico precisó que parte del equipo tiene “tres administraciones, se fue acumulando, de la administración pasada y es necesario darlo de baja ”. (Aurora Harrison).

Cada temporada vacacional, cientos de turistas se confunden al intentar ir a La Quebrada, debido a que el letrero que indica el camino los envía a la calle 5 de Mayo, sin embargo debido al cambio de sentido tienen que meterse al Centro o maniobrar para dar la vuelta en el punto conocido como las Siete Esquinas.
El sentido de la calle 5 de Mayo se cambió en junio del año pasado, debido al funcionamiento del Acabús.
“Es seguido que los turistas llegan aquí preguntando por dónde seguir para La Quebrada y se enojan cuando les tenemos que decir que tienen que darse la vuelta”, comentó la vecina Anahí Palacios.
Los conductores tiene que continuar por la calle Xóchitl para seguir por Velázquez de León y regresar de nuevo a la avenida Costera, o en su caso maniobrar para darse la vuelta.
La circulación va de la calle 5 de Mayo, desde Juan R. Escudero hasta el punto conocido como Las Siete Esquinas, para incorporarse a la vía alterna, Andrés de Urdaneta, rumbo a la calle Juan Sebastián Elcano (por el parque Papagayo).
Antes del Acabús, el sentido de la calle 5 de Mayo era con dirección a la Juan R. Escudero para que quienes iban a La Quebrada siguieran por la calle Progreso, luego por Lerdo de Tejada, cruzar la calle Quebrada y seguir por la avenida Adolfo López Mateos. Aunque cambió el sentido de la calle, lo que no se modificó fue el letrero que indica a los turistas el camino a La Quebrada, es por 5 de Mayo. Para quienes van por la Costera hacia el Zócalo, en la esquina con 5 de Mayo el letrero que indica el camino a La Quebrada los lleva hacia el punto conocido como las Siete Esquinas, ya que los que van al Zócalo dicen Caleta, Malecón, Fuerte de San Diego y Club de Yates.

El secretario de Fomento y Desarrollo Económico de Guerrero, Álvaro Burgos Barrera, anunció la “reapertura”, el próximo año, de una mina a cargo de Grupo Peñoles, en San Miguel Totolapan, que contará con una inversión de 200 millones de dólares.
En declaraciones al concluir la primera reunión para conformar la cadena de proveedurías de empresas legalmente establecidas al Clúster Minero, Burgos Barrera detalló que las empresas mineras representan un área de oportunidad importante para las empresas guerrerenses.
Indicó que Grupo Peñoles desarrollará otro proyecto “importante” cerca de San Miguel Totolapan y otra empresa, Timmins Gold Corp, abrirá una nueva mina en Cuetzala.
El presidente del Clúster Minero, Alfredo Phillips Greene, dijo a los asistentes a la junta, celebrada en el salón Olinalá del Centro de Convenciones, que el próximo viernes tendrá una reunión en la Ciudad de México y de la cual no proporcionó más información, sobre la vigilancia en la región donde son explotados minerales en Guerrero y donde quedó conformado un grupo policías comunitarias por una decena de pueblos de Mezcala, nueve del municipio de Eduardo Neri y uno de Tepecoacuilco.
Lo anterior a pregunta de uno de los asistentes quien quiso saber qué había ocurrido en el tema de seguridad en la zona y cómo se estaba atendiendo.
Phillips Greene expuso: “es un tema muy complejo. Tenemos el Clúster Minero de Guerrero establecidos mecanismos y por parte de La Gendarmería tienen que proteger sistemas productivos, para ver si hacemos algo parecido a lo que hicieron con el aguacate en Michoacán, con mecanismos de protección a ese sistema productivo”.
El representante de la empresa Media Luna agregó que el viernes sostendría una reunión en la Ciudad de México para hablar respecto al tema de inseguridad en la región, no obstante que hay una “estrecha comunicación” con el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán, y con el gobernador Héctor Astudillo.
En su mensaje al final de la reunión, Burgos Barrera dijo que Grupo Peñoles retomará “un proyecto en una zona pegada a San Miguel Totolapan y que han detectado que es un potencial importantísimo en esta parte de la Tierra Caliente y que dicha empresa ve la posibilidad de retomar el desarrollo”.
Indicó que la “reapertura” de la mina, cuya fase, explicó posteriormente, es la de construcción, contará con juna inversión de 200 millones de dólares.
A la convocatoria acudieron 117 proveedores, precisó al final el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de Guerrero (Concaingro), Julián Urióstegui Carbajal.
Fueron convocadas empresas dedicadas a explosivos, materiales para construcción, servicios industriales, servicios generales, equipo y maquinaria de equipo y construcción, fianzas, lubricantes y combustibles, y seguridad industrial.

 

El presidente del Colegio de Licenciados en Turismo (Coltur), Justino Arziga Castañón, pidió a las autoridades establecer mecanismos de control, supervisión y verificación para la venta y consumo de cuartos de hotel e inmuebles en ciudades turísticas, para evitar que la hotelería formal se sume a la informalidad, dada la competencia desleal que representan portales de internet como Airbnb.
Como lo informó El Sur, portales y plataformas en internet comenzaron una guerra de precios para ofrecer alojamientos “a bajo costo” y compiten con las tarifas de hoteles, que conforme se acerca el arranque oficial de las vacaciones encarecen sus costo por noche de hospedaje.
El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Jorge Laurel González, advirtió que sin regulación de portales de venta de cuartos “a bajo costo”, las hotelerías podrían pasar a la informalidad y señaló que Acapulco cuenta con unas 250 mil propiedades que dan alojamiento, no pagan impuestos a ningún nivel gubernamental y que promueve la plataforma en internet Airbnb.mx.
Consultado al respecto, el presidente del Coltur declaró que ese organismo colegiado ha señalado la necesidad de conformar un padrón de oferta extra hotelera que hasta fines de semana, pero sobre todo en temporadas vacacionales o puentes, ofrecen por diferentes medios servicios equivalentes a los de un hotel, pero sin pagar contribuciones para promoción o algún tipo de impuesto.
Mencionó que desde volantes, sitios web personales, correo electrónico spam, y ahora en sitios especializados en oferta de hospedaje como Booking, Trivago, Despegar, Airbnb, los particulares ofrecen inmuebles.
Sin embargo señaló que no hay quién evalúe los estándares requeridos por la industria hotelera o evite quejas por cancelaciones, malos servicios, incumplimiento de contrato u otros, además que para cumplir con sus obligaciones fiscales, tampoco hay una ley que exija el pago de impuestos.
Habló de la necesidad de recaudar impuestos que contribuyan con el impuesto al hospedaje, a la promoción y mejora de infraestructura de Acapulco.

 
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Acapulco, Sergio Reyes Carbajal, consideró que el incremento del costo del cemento afectará la obra pública, porque se harán menos proyectos y menos empresas tendrán trabajo este año.
Indicó que se considera entre los constructores la importación de cemento, ya que en otros países el costo es menor que en México.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el precio del cemento incrementó 15.34 por ciento entre abril de 2016 y abril de 2017. El costo en Acapulco de una tonelada de cemento al público es de 3 mil 200 pesos.
Consultado vía telefónica al respecto, Sergio Reyes indicó que existe un descontento generalizado entre los constructores porque el acumulado el precio de dicho material es del 30 por ciento y consideraron que no hay una razón.
Consideró que “todos” salen perdiendo, en el caso de quienes hacen obra pública es difícil que les paguen el aumento debido a que los presupuestos están etiquetados.
Reyes Carbajal explicó que con la reducción del presupuesto de obra y el aumento en el costo de cemento es probable que haya una revisión de los proyectos por parte de los gobiernos, y con ellos también se disminuya el número de metas que tengan.
Expuso que en el caso del concreto hidráulico, el costo de una obra varía entre el 30 y 40 por ciento más a lo que se tenía proyectado, y que en caso de tener destinada una cantidad para cien metros lineales alcance para menos y si es necesario terminarla se tome el dinero de otro proyecto, el cual ya no se haría o se quede a medias.
Al haber menos proyectos, agregó, también hay menos trabajo, por lo que menos empresas tendrán ingresos por obras públicas.
En el caso de viviendas, dijo Sergio Reyes, el aumento del costo del cemento no afecta tanto porque lleva menos concreto, sin embargo en consecuencia también suben otros insumos para la obra, por lo que prevé que se encarezcan más los materiales.
“Se analiza la posibilidad de importar cemento de otros países porque está más barato, tendrá costo adicional pero al final es una opción”, indicó el constructor.
Dijo que otras organizaciones que se dedican a la construcción buscan el diálogo con las cementeras para defenderse del alza y detenerla, y no llegar a la importación del material.
En relación a la asignación de obra pública en Acapulco, Sergio Reyes indicó que están en pláticas con la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Luz María Meraza Radilla, a quien ha solicitado que sean empresas acapulqueñas y guerrerenses las contratadas, ante la necesidad de trabajo que se tiene en el estado.
También del compromiso que tienen las empresas de terminar las obras que les den antes del 30 de diciembre, porque así lo marca la ley, y que las autoridades no se retrasen en los pagos para el avance y cierre de los proyectos.

Hasta ahora en el panorama electoral, la única opción de cambio la representa Andrés Manuel López Obrador, quien marcha como puntero en las encuestas y es el candidato a vencer. Por eso mismo, es blanco de múltiples ataques y así como cuenta con partidarios decididos, tiene en contra a poderosas fuerzas empeñadas en sacarlo del camino hacia la Presidencia de la República.
La enorme ventaja que le conceden algunas encuestas pareciera inalcanzable, pues en algunos casos es hasta de once puntos sobre otros aspirantes. Sin embargo, más allá de lo que hacen sus enemigos, López Obrador debe cuidar en primerísimo término su entorno y especialmente sus propias decisiones y declaraciones, pues ahí radica el mayor peligro para él y su proyecto.
En unos cuantos días se le acumularon varias facturas que seguramente le cobrarán sus malquerientes. En el reciente conflicto ocurrido en el diario La Jornada, hizo público su apoyo a la empresa, con lo que descalificó la huelga de los trabajadores, hecho que lo muestra como un enemigo del sindicalismo e implica la amenaza de que, si llega a la Presidencia, privará de derechos a los trabajadores. Se le suponía defensor de las causas obreras. No lo es.
Otro hecho que no contribuye a darle una imagen democrática es su virtual destape de Claudia Sheinbaum como eventual candidata de Morena al gobierno capitalino, lo que desequilibra la contienda interna en la que también están inmersos Ricardo Monreal y Martí Batres. Por fortuna para éstos, la jugada no le salió bien al hombre de Macuspana, no del todo.
Morena acordó que la elección de aspirantes a cargos públicos deberá hacerse por unanimidad en las asambleas del partido, lo que es no sólo absurdo, sino prácticamente imposible, salvo en la elección del candidato presidencial que será el propio AMLO. Si no hay unanimidad, se recurrirá a un procedimiento dudosamente democrático: las encuestas. Dicho de otra manera: no le funcionó el dedazo a Andrés Manuel, pero se salió con la suya, pues los llamados sondeos de opinión son campo propicio para toda clase de manipulaciones y sesgos, como bien lo sabe el líder de Morena, quien más de una vez ha condenado el uso de las encuestas, que frecuentemente son trajes hechos sobre medida.
Otro hecho que ha causado escozor entre no pocos morenistas es la llegada de Lino Korrodi al equipo de Andrés Manuel. Se entiende que quien fuera recaudador de Vicente Fox en el año 2000, resulta útil para la campaña de 2018, en la que será necesario disponer de grandes recursos. Pero caray…
López Obrador salió en defensa del ex foxista diciendo que “la gente que se está uniendo a Morena para transformar al país lo hace de buena fe”, y si han cometido errores, señaló que “todos los seres humanos merecemos una nueva oportunidad”. Amén.
En este punto, AMLO sigue en la línea de captar personajes indeseables, como ya ocurrió con Miguel Barbosa, antipejista furibundo hasta un día antes de su conversión, o con la adhesión del yerno de Elba Esther Gordillo y de un ex dirigente del SNTE a la campaña de Morena en el Estado de México. Es también el caso de Manuel Bartlett, a quien le recordaron otra vez la “caída del sistema” de 1988. Por si algo faltara, a la reciente junta de consejo de Morena, AMLO llegó acompañado del líder de su partido en Durango, Rosendo Salgado, a quien la comisión de honor y justicia de Morena  suspendió sus derechos políticos, pues le comprobó que acosaba sexualmente a una militante.
En esa línea, Morena –léase López Obrador–ya invitó a Marcelo Ebrard a incorporarse a su movimiento, lo que puede verse frustrado por una orden de aprehensión, pues el ex jefe de Gobierno salió de México en medio de acusaciones por malversación de fondos en la construcción de la línea 12 del metro, cuyo costo aumentó en 50 por ciento en el último año.
Y mientras el líder de Morena otorga absoluciones y, como dicen sus críticos, “recoge cascajo”, ni siquiera se digna a tomar la llamada de militantes perredistas que consideran necesario presentar un sólido frente de izquierda que garantice el triunfo en las elecciones del año próximo. Con extrema soberbia, les hace saber que quienes deseen integrarse a su campaña deberán hacerlo individualmente, porque la llegada de una organización, tribu o como se le quiera llamar, sería un contrapeso no para el liderazgo del tabasqueño, sino para el poder incontrastable que ejerce dentro de “su” partido.  Y eso no lo puede permitir.

Según Hobbes, si el Estado no sirve para protegernos a unos de los otros, entonces no tiene el carácter de soberano y, por tanto, tampoco tiene razón de ser.

Para Thomas Hobbes (Inglaterra, 1588-1679) la razón de ser del príncipe, es decir, del poder político, es impedir el retorno al “estado de naturaleza”. Si finalmente el aparato de gobierno exige la obediencia del ciudadano es porque hay un intercambio de libertad por seguridad. La meta es no retornar a una supuesta etapa anterior a la existencia de las instituciones políticas y que el filósofo caracterizó como la interminable “guerra de todos contra todos”, donde la convivencia civilizada era imposible y donde, al final, todos, débiles y fuertes, vivían una existencia “solitaria, pobre, brutal, desagradable y breve” (El Leviatán, [1651], 1ª parte, cap. 13).
Pues bien, si Hobbes viniera por aquí y ahora, encontraría que México está acercándose al “estado de naturaleza”, especialmente en ciertas regiones donde, literalmente, “el hombre es el lobo del hombre”, pues la autoridad ha desaparecido y los rostros de la barbarie se muestran de manera sistemática. Veamos los ejemplos de este mes: el día 1°, en Villa Unión, en Sinaloa, se reportaron 19 muertos en un enfrentamiento entre delincuentes y policías y el ejército. El día 3, en Huehuetlán el Grande, Puebla, un comando que “cobraba piso” ejecutó a nueve personas. El día 5, en Las Varas, Chihuahua, un enfrentamiento entre delincuentes dejó un saldo de 15 muertos y en Yuriria, Guanajuato, se asesinó a seis personas. Al día siguiente, en el penal de Las Cruces, Acapulco, un choque entre grupos rivales dejó 28 muertos mientras en Cajeme, Sinaloa, acribillaron a una mujer y dos niñas. El día 8 se reportaron nueve homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara, tres de ellos colgados de un puente y en Guerrero, la Federación de Cámaras de Comercio publicó un cálculo de 150 empresarios o comerciantes asesinados en Acapulco en un año. El lunes 13 se supo de tres ejecutados en Cabo San Lucas y cuatro en Querétaro. Hasta aquí, un periodo cualquiera en el México de nuestros días, pero que lo asemejan más a un “estado de naturaleza” que a un “Estado de derecho”.
La cifra de la violencia asesina en México ascendió vertiginosamente en el “calderonato”, de 2008 a 2011. Disminuyó con el cambio sexenal pero ya volvió a repuntar. Las cifras recopiladas sistemáticamente por el Semanario Zeta muestran que, entre diciembre de 2012 y enero de 2017, los asesinatos en nuestro país sumaron 90, 649 (Aristegui Noticias, 12 de marzo). En la lluvia diaria de nota roja destacan las masacres cometidas en penales, es decir, precisamente en esos espacios teóricamente dominados de manera total por las fuerzas del gobierno. En febrero de 2016, en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, hubo 49 muertos tras una disputa por el control de la institución; en junio el conflicto se repitió, aunque con menos víctimas. Sin embargo, el tema de la expropiación del control de las prisiones por parte del crimen organizado se mostró en todo su horror en Piedras Negras, Coahuila, donde por años Los Zetas se posesionaron del penal en lo que Sergio Aguayo define como ejemplo perfecto de enclave del crimen organizado: un territorio independiente, donde sólo la “ley Zeta” imperaba y donde los reos entraban y salían a voluntad, fabricaban insumos para sus actividades, llevaban y eliminaban a sus prisioneros –alrededor de 150– y en fin, donde eran los amos a ciencia y paciencia de las autoridades formales. Por eso, y por la omisión del gobierno para impedir en 2011 que los zetas asesinaran y desaparecieran a “decenas de personas” en Allende, Coahuila, y destruyeran parcialmente a ese poblado de poco más de 20 mil habitantes, la Comisión de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, como parte de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (ONU), que se juzgue al gobierno mexicano por crímenes de lesa humanidad (véase la entrevista a Jacobo Dayán y José Antonio Guevara en Aristegui Noticias, 7 de julio).
Y aquí surge el otro aspecto del problema. No es sólo el crimen organizado sino el propio gobierno el que, no sólo por omisión sino por acción, nos acerca, con su violencia, al temido “estado de naturaleza”. Los casos emblemáticos de esta situación son Tlatlaya, (30/6/14) donde en una sola acción el ejército dio muerte a 22 supuestos criminales. Apatzingán, (6/1/15) donde la policía federal (PF) acabó con al menos 16 civiles desarmados en el palacio municipal. El Rancho del Sol en Tanhuato, (22/5/15) donde también la PF, sin tomar prisioneros, ultimó a 42 presuntos criminales. Pero fue la acción de la policía de Iguala, Guerrero, contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, y que concluyó con ocho muertos, 12 heridos y 43 desapariciones forzadas, lo que mejor simboliza la contribución gubernamental a la atmósfera de miedo en que vivimos.
Hobbes colocó como elementos centrales de su visión del poder justamente al miedo y al deseo de seguridad de cada uno de nosotros para eludir a “una muerte violenta y repentina”. Si el Estado no sirve para protegernos a unos de los otros, entonces no tiene el carácter de soberano y, por tanto, razón de ser. No hay duda de que hoy y aquí esa protección es muy deficiente y que el miedo es un elemento dominante de la visión que los mexicanos tenemos de nuestro entorno. Saquemos la conclusión.

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Espiar ilegalmente en México a mexicanos por el hecho de tener posiciones críticas al gobierno, es una acción condenable que exige explicación y sanción a quien o quienes lo hayan hecho, dentro del gobierno –funcionarios actuando al margen de la ley– o fuera de él. Pero espiar ilegalmente a extranjeros en territorio mexicano, coloca al gobierno en el umbral de un problema internacional. Las autoridades pueden mantener su negligencia para investigar casos de espionaje a mexicanos y burlarse de la rendición de cuentas. Pueden ignorar, deliberadamente o no, conocer a los autores intelectuales de semejante actividad, e incluso solapar a los responsables. Pero pretender lo mismo cuando hay extranjeros involucrados tiene implicaciones internacionales, como sucede con el espionaje al grupo de expertos internacionales que coadyuvaron en la investigación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, revelado esta semana.
Como reacción directa ese espionaje difundido a través del periódico The New York Times, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, afirmó en el programa “La Nota Dura” transmitido por El Financiero-Bloomberg, que nunca recibió del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ningún reclamo por la sospecha de que sus comunicaciones privadas estaban siendo intervenidas. No lo sabían. Los investigadores le dijeron al diario que no fue sino hasta que difundió el método mediante el cual se intervinieron los teléfonos de activistas sociales, abogados de derechos humanos y periodistas, que sospecharon que ellos también habían sido objetivo de esos ataques. El Citizen Lab, de la Universidad de Toronto que verificó que esas intervenciones habían sido realizadas por un programa llamado Pegasus, confirmó que así había sido.
Pegasus es un software que vende una empresa israelí llamada NSO Group, que de acuerdo con el Times, sólo puede ser adquirida por gobiernos. De ahí la sospecha informada de que el espionaje se originó en alguna oficina del gobierno federal, y la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto para que la PGR investigara. Han pasado varias semanas desde que dio la instrucción y no ha sucedido nada. El argumento es que una investigación de esta naturaleza lleva tiempo. Lo inverosímil no es la demora para dar resultados, sino que no sepan claramente quién o quiénes, dentro o fuera del gobierno, tenían acceso a Pegasus. Lo mismo se puede alegar del Cisen, que de acuerdo con funcionarios federales, no tiene ese software, contradiciendo lo que los contratos del NSO Group sostienen.
El espionaje ilegal es un tema de seguridad nacional. Si la PGR y el Cisen, que tiene la tecnología para investigar de manera más expedita el espionaje ilegal, no saben nada, es más grave que si funcionarios en esas dependencias hubieran abusado de su autoridad, pues reflejaría una incompetencia monumental del gobierno en términos de la seguridad del Estado. No es creíble que desconozcan su origen y a los autores. La hipótesis de que el gobierno sí sabe quién espió y está encubriendo a los responsables, la fortalece el cabildeo del PRI en el Congreso para impedir que sean llamados a comparecer el secretario de Gobernación, el procurador general y el director del Cisen. En toda democracia, como asegura el presidente Peña Nieto es México, que el Congreso llame a que los funcionarios involucrados en temas delicados expliquen sus haceres y procederes, es una práctica normal. Que el PRI esté impidiendo que vayan a comparecer, sabiendo que los coordinadores no hacen nada que no les ordenen desde Los Pinos, daña más al presidente Peña Nieto de lo que el propio presidente o su equipo creen. No se beneficia el presidente de este blindaje contra la transparencia, sino que indirectamente lo inculpa.
Ciertamente, en el caso del espionaje doméstico, el gobierno puede soportar las críticas e ignorarlas, así como manipular al Congreso para que no moleste al Ejecutivo. Sin embargo, eso no lo podrá hacer con el espionaje a extranjeros, que violó tratados y acuerdos internacionales, con lo cual podría ser sujeto el presidente, como jefe del Ejecutivo, a un litigio en cortes internacionales. Sólo como botón de muestra, la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, establece que nadie puede ser sujeto de interferencia arbitraria o ilegal de su privacidad, y tiene derecho a la libertad de pensamiento, a expresarse y a diseminar información por cualquier medio sin ser sujeto a coerción o intimidación, gozando de la protección de la ley contra esos ataques.
Las garantías individuales y los derechos contemplados internacionalmente, fueron violados con los mexicanos y los extranjeros. Los mexicanos no tienen muchas opciones, ante la pasividad e indiferencia de las autoridades, pero no los extranjeros. El espionaje contra ellos no tiene muchos precedentes. La analogía en la memoria es el espionaje global de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo. No obstante, el hoyo legal que salva al gobierno de esa nación fue el Acta de Vigilancia de Inteligencia en el Extranjero de 1978. El mexicano no tiene nada por el estilo. El espionaje fue grotesco y masivo, y el encubrimiento se encuentra bajo los mismos parámetros.
El presidente debe reflexionar sobre lo que está sucediendo en su gobierno, sean o no algunos de sus colaboradores responsables directos de ello, y actuar en consecuencia. Si no hace algo al interior de su equipo, entonces se le recomienda contratar un equipo de abogados y preparar su defensa en cortes internacionales, porque alguien va a pagar por esto y, hasta ahora, la única cabeza responsable a la vista es la de él.

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Este domingo pasado 9/7/2017, se realizó el Consejo Nacional (CN) de MORENA que es la instancia de mayor representación y decisión después de su Congreso Nacional. De acuerdo con el Estatuto de Morena el CN se integra con 300 consejeros, del cual forman parte los presidentes, secretarios generales y de organización de cada Comité Ejecutivo Estatal más doscientos consejeros que son elegidos por voto libre, secreto y directo en el pleno del Congreso Nacional.
1.- Los temas que ya son de la opinión pública toda vez que han sido expuestos en diversas entrevistas en medios de comunicación por los dirigentes nacionales, que fueron abordados en este CN, se refieren a los lineamientos para fortalecer la estructura de Morena rumbo al proceso electoral 2017-2018. Uno de los aspectos fundamentales en todo partido político es su estructura, su asentamiento territorial, en razón de que las elecciones se ganan en las urnas. Un partido podrá tener excelentes candidatos, una atractiva propuesta legislativa y/o de gobierno, la más alta intención de voto de los electores en las encuestas, pero si no cuenta con estructura electoral que tenga la capacidad de movilizar a sus electores y quien cuide los votos en las casillas, sobre todo en el sistema electoral mexicano en donde existen múltiples formas de fraude electoral en las mesas de casilla, a la hora del cómputo, el llenado de las actas y el resguardo de los paquetes electorales, es muy difícil que obtenga triunfos electorales.
2.- Por ello Morena con gran acierto está poniendo mucho énfasis en su estructura electoral, para afrontar con el mayor de los éxitos el proceso político que se avecina. Para esto, uno de los acuerdos fundamentales de este Consejo Nacional es que los Consejos Estatales sean quienes conduzcan estas decisiones, entre ellas la designación de coordinadores en cada ámbito territorial, municipios, distritos locales y federales y estatales, quienes una vez que las leyes electorales federales y locales lo permitan podrán representar a Morena como candidatos en la elección constitucional. Para evitar que algún dirigente aproveche su condición para ofrecer candidaturas y repetir los vicios de otros partidos en donde los candidatos se designan por dedazo, o más grave aún que se utilicen recursos del partido para posicionar aspirantes, se acordó descentralizar el proceso, para que los Consejos Estatales seleccionen por consenso a los candidatos a cargos de elección popular y en caso de que esto no se logre se elijan ternas que se sometan a una encuesta, esto para evitar que haya candidatos golondrinos como en otros partidos que nombran candidatos de otras entidades que no tienen arraigo y se fue muy claro también para que no haya nepotismo ni amiguismo.
3.- Este método de selección de los candidatos de Morena a cargos se representación popular por medio de los Consejos Estatales, tiene la virtud de que no se infiltren políticos oportunistas que no hayan tenido una tradición de lucha y que no compartan sus principios, permite que haya el filtro de una instancia institucional y que quienes se postulen sean personas que cuenten con la mayor simpatía en el electorado, de tal manera que el candidato a la Presidencia de la República con su gran popularidad y simpatía electoral sea acompañado por candidatos fuertes en cada ámbito territorial, a las presidencias municipales, a las diputaciones locales y federales y a las senadurías. De esa forma se combinaría la fuerza del candidato presidencial con el arraigo de los candidatos locales quienes se harán corresponsables de la campaña en los estados, distritos y municipios y esto permita al partido un éxito electoral.
4.- Se acordó también continuar invitando a miembros de la sociedad civil sin partido, a empresarios honestos, comerciantes, maestros, trabajadores, estudiantes, campesinos, colonos, a militantes de base de otros partidos que simpaticen con el proyecto de Morena a participar en el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México que ya se ha signado en las 32 entidades de la república y que el próximo 3 de septiembre se va a ratificar en una concentración en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Así con un Proyecto Alternativo de Nación con un profundo contenido patriota y social, con una fuerte estructura, con un proceso interno cuidadoso en la selección de candidatos, con una alianza muy amplia progresista y popular, con un fuerte liderazgo como el de Andrés Manuel López Obrador, Morena se enfila a ganar la mayoría del Congreso de la Unión y la Presidencia de la República en el 2018.

marcialrodriguez60
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