Los congresistas republicanos tienen previsto incluir en el presupuesto para 2018 del Departamento de Seguridad Nacional los mil 600 millones de dólares que solicitó la Casa Blanca para empezar a construir un muro entre Estados Unidos y México, de acuerdo con el proyecto revelado ayer.
La propuesta salida del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes también prevé 100 millones de dólares para la contratación de 500 agentes de la Patrulla Fronteriza y 185.6 millones para un millar de agentes migratorios.
Estos números coinciden con los solicitados a finales de mayo por la Casa Blanca a través de su Oficina de Administración y Presupuesto.
Trump solicitó los mil 600 millones para construir 32 millas (51,5 kilómetros) de muro en el sector del Valle del Río Grande (sur de Texas) y otras 28 millas (45 kilómetros) de valla en esa misma zona.
También planteaba otras 14 millas (22,5 kilómetros) de muro en el sector de San Diego (California), para sustituir la verja existente.
Se trata de algunas de las zonas “con más detenciones” en toda la frontera sur y donde el muro “impedirá –según el DHS–, el paso a traficantes de drogas y personas”.
Pese al acuerdo en el seno republicano, que domina cómodamente la Cámara de Representantes, no está claro que el Congreso apruebe finalmente estos presupuestos ya que para obtener el visto bueno del Senado necesitan un mínimo de ocho votos demócratas afirmativos.

Los demócratas bloquearán fondos para el muro de Trump

Los demócratas de la Cámara de Representantes bloquearán la propuesta de sus colegas republicanos para aprobar un presupuesto de 4 mil 300 millones de dólares que serían destinados a la construcción del muro que el presidente Donald Trump pretende construir en la frontera con México.
Esta semana los republicanos del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes desvelaron un proyecto presupuestal para el muro que agregaría mil 600 millones de dólares al pedido presupuestal original de Trump, por 2 mil 700 millones de dólares, para el año fiscal 2018 que inicia el próximo 1 de octubre.
El debate para aprobar el presupuesto del año fiscal 2018 es ya una realidad. Pero los demócratas sostienen que no aprobaran un solo dólar para el muro fronterizo, lo cual colocaría en un impasse al paquete de financiamiento para cubrir las actividades del gobierno de Trump.
“Los demócratas no respaldarán las propuestas de la Casa Blanca que se avocan específicamente en cumplir las promesas de campaña del presidente”, declaró Mattew Dennis, vocero de los integrantes del Partido Demócrata que integran el Comité de Apropiaciones en el Congreso federal.
La disputa con los republicanos y la aparente irrevocable posición de los demócratas sobre el muro fronterizo podría obligar al gobierno federal a cerrar sus puertas al iniciar el próximo año fiscal.
Sin los fondos del presupuesto solicitado por Trump, el gobierno federal no podría operar. Y en los pasillos del Capitolio se rumora que los republicanos del Comité de Apropiaciones están dispuestos a todo con tal de garantizar los fondos para construir el muro en la frontera con México.
Unas de las alternativas que analizan para asegurar el dinero del muro es incluir los 4 mil 300 millones de dólares dentro del paquete presupuestal para el Pentágono, por 72 mil millones de dólares.
Bajo las reglas del Comité de Apropiaciones, el pedido presupuestal para el Departamento de Defensa requiere únicamente una votación oral, cuya mayoría estaría garantizada por la representación mayoritaria de los republicanos.
Los 2 mil 700 millones de dólares solicitados por Trump para dicho proyecto, al igual que los mil 600 millones adicionales propuestos por los republicanos, saldrán del bolsillo del erario estadunidense.
El pasado viernes 7, en el marco de la reunión del G-20 en Hamburgo, Holanda, y durante su breve encuentro informal con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, Trump insistió que el muro sería pagado por México.
A pregunta expresa de los reporteros, respondió: “Absolutamente”.
En un primer momento, Peña Nieto y su canciller, Luis Videgaray, dijeron que no habían oído a Trump decir que el gobierno mexicano sería el responsable de cubrir los gastos de la edificación de la valla.

 

EFE

Miami

Texas, Florida y Colorado son los estados de Estados Unidos que más contrataron trabajadores inmigrantes temporales en 2016, en su mayoría provenientes de México, Jamaica y Guatemala, según el Centro de Estudios de Inmigración (CIS).
Basado en datos oficiales, CIS señaló que en 2016 las autoridades migratorias de Estados Unidos aprobaron más de 80 mil visas H-2B en el país, especialmente a mexicanos, jamaiquinos, guatemaltecos, surafricanos y británicos.
En junio pasado el gobierno anunció que otorgará más visados H-2B para trabajadores temporales debido al “severo” daño que su ausencia puede ocasionar en compañías que dependen de los inmigrantes para funcionar durante el verano.
A los estados de Texas, Florida y Colorado, de gran población hispana, le siguen en vinculación de estos inmigrantes Massachusetts, Luisiana, Pensilvania, Virginia, Carolina del Norte, Arizona y Carolina del Sur.
Sitka, una ciudad en Alaska, es la de mayor concentración por localidad, pero otras jurisdicciones con números altos de trabajadores temporales, según CIS, son Phoenix (Arizona), en la isla turística de Mackinac (Michigan), Myrtle Beach (Carolina del Sur) y la exclusiva isla de Nantucket Massachusetts.
Las empresas que recurren a los visados H-2B para trabajadores agrícolas o temporales deben probar que no hay suficientes desempleados estadounidenses que puedan y quieran ocupar un puesto de trabajo de manera temporal.
El gobierno “tiene que asegurar que no haya abusos a este programa y que no esté excluyendo a los trabajadores estadounidenses”, aseguró Jessica Vaughan, directiva de CIS.
CIS detalló que un empleador de Sitka, Silver Bay Seafoods, es también el que tiene más trabajadores con H-2B, con 971, seguido de Faith Forestry Service, en Misisipi, con 704 trabajadores.
Mientras tanto, AJA Video Systems es el empleador que más paga para un trabajador sin requisitos de educación, más de 68 dólares por ahora.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, tomó la decisión de sobrepasar los 66 mil visados al año que se conceden a esos trabajadores por ley debido a que importantes negocios, como parques de atracciones u hoteles, podrían verse “severamente dañados” por la ausencia de empleados.
En 2015, el magnate Donald Trump, que asumió la Presidencia de Estados Unidos en enero pasado, obtuvo permiso del Departamento de Trabajo para contratar a 64 trabajadores de manera temporal en su exclusivo club Mar-a-Lago, en la costa sureste de Florida.

Érika Hernández / Agencia Reforma

Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a quienes participan en el proceso de la procuración e impartición de justicia, aplicar los cambios legales que se han logrado en este sexenio, y asumir una conducta responsable y recta.
Al conmemorar el Día del Abogado, el presidente afirmó que su gobierno está cumpliendo en tiempo y forma con la instrumentación de todas las reformas aprobadas durante su gestión.
“Cada precepto legal debe pasar del papel a la práctica. Tenemos que reconocer que el cambio en la ley por sí mismo no es suficiente”, dijo.
“Todo cambio legal exige compromiso con su implementación. Sé que este paso no es sencillo. Es, de hecho, el más complejo en muchos casos, estas reformas implican desde transformar lo completo, la manera de realizar los procesos que ya se tenían dominados, hasta desarrollar nuevas habilidades”.
Por ello, expuso, este nuevo escenario demanda una nueva mentalidad y una nueva actitud ante los retos que enfrenta la justicia en el país.
Sin mencionar la polémica por el Sistema de Justicia Penal, Peña Nieto afirmó que la nueva etapa en procuración e impartición de justicia exige el más alto compromiso con la ley.
“Hoy nos tocó ser parte de la generación de abogados, a quienes se les ha encomendado la responsabilidad de hacer realidad uno de los mayores avances para la justicia efectiva en el país.
“La batalla más importante que libramos es la de devolver al ciudadano la confianza en las instituciones que están para servirle, debemos hacer que todos los mexicanos, sin excepción, vivan y sientan en su día a día el respaldo del Estado mexicano”, sostuvo.
Peña pidió ser absolutamente claros en su empeño, compromiso y liderazgo, pues de ello dependerá el éxito de los cambios realizados.
“En nuestras manos descansa la responsabilidad de lograr que el derecho siga siendo la herramienta más poderosa para la construcción de una sociedad más justa, próspera e incluyente.
“Quienes hemos optado por esta profesión debemos tener como guías la integridad, la rectitud y la probidad, confío en que su talento, vocación y profesionalismo serán siempre puestos a favor de las mejores causas”, aseveró.

Rumbo a la Asamblea Nacional priista, la ex secretaria general se declara en favor de abrir los candados y que los delegados que revisarán los documentos básicos escuchen el reclamo de la militancia

Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México

Ivonne Ortega, ex secretaria general del PRI, advierte que el candidato presidencial de su partido se debe elegir a través de una consulta abierta a la ciudadanía o carecerá de legitimidad para competir en las elecciones de 2018.
La ex Gobernadora de Yucatán sostuvo que el voto del Presidente Enrique Peña Nieto debe contar sólo como uno más en la definición del abanderado, que no debe ser producto de un acuerdo cupular.
Si no hay un proceso interno abierto, alerta, el PRI perderá la oportunidad frente a sus contrincantes y legitimidad ante los electores.
“Cuando sales electo en un proceso en el que los ciudadanos te acompañaron, eres un candidato legitimado. Si sales en un proceso de Consejo Político, asamblea delegados, son unos cuantos los que definen por millones de electores que van a manifestarse en las urnas. Al final, te debes a una cúpula”, advierte.
Tras presumir que siempre dice lo que piensa y defiende lo que cree, la aspirante presidencial priista rechaza el dedazo y exige que sea la militancia quien escoja a los candidatos.
“Por eso pido proceso interno, porque yo quiero de verme a la militancia y a la sociedad no a una cúpula”, insiste.
Cuestionada sobre la postulación del candidato presidencial del tricolor, Ortega plantea que debe ser elegido tanto por los militantes como por los ciudadanos, quienes pagan los impuestos de los que se mantienen los partidos.
“Si queremos un partido que sea rentable, necesitamos regresar primero a la base. Preguntarle a la militancia ¿cuál de los que están aspirando te parece? Y si ellos te acompañan a ganar la interna, te acompañan la constitucional y, lo más importante, te acompañan en el Gobierno que es lo que hace falta”, plantea.
Considera que el presidente Enrique Peña Nieto, como integrante del Consejo Político, debe ser un voto más para garantizar piso parejo a quienes aspiren a la candidatura en 2018.
“Lo más importante, para el que quiera ser candidato, de cualquier partido, pero en mi caso me importa el PRI porque soy militante del PRI, es que sea rentable, si no es rentable para qué quieres ser candidato”, insiste.
Sobre el discurso de que primero el programa y después el hombre o la mujer, la diputada federal con licencia dice que aun cuando el dirigente del tricolor hizo tal pronunciamiento, hubo algún funcionario del gobierno que dijo que el hombre y quitó a las mujeres.
“El programa por supuesto que importa, pues tenemos que revisar la política económica.
“Tenemos 35 años con la misma política económica y es obvio que no está dando resultados. Tenemos que evaluarla, fortalecer lo que si funciona y cambiar lo que no. La política social tiene 29 años, hemos tenido cinco presidentes, tres del PRI y dos del PAN, y la política social es la misma, tenemos que discutirla, ese es el fondo que importa a los ciudadanos y a los militantes”, expone.
Rumbo a la Asamblea Nacional de su partido, Ortega se pronuncia por abrir los candados y que los delegados que revisarán los documentos básicos del tricolor escuchen el reclamo de la militancia.
“Los militantes tienen que cumplir una serie de condiciones para poder ser candidatos: tener firmas de sectores y una serie de cosas. Que se abran todos los candados, que participen los que quieran y ganen la interna con el apoyo de la militancia y de la ciudadanía”, demanda.
Adelanta que irá a la Asamblea Nacional a defender sus propuestas sobre la apertura de procesos internos.
“Si la Asamblea no hace cambios de fondo que están pidiendo miles y me atrevo a pensar que millones de militantes, determinaré qué voy a hacer”, comenta.

Reclaman el fin del dedazo presidencial

A un mes de que en el PRI se definan las reglas para la elección de 2018, cuadros de ese partido rechazaron el dedazo presidencial y exigieron que el candidato surja de una elección abierta.
Ante la 22 Asamblea Nacional del tricolor del 12 de agosto, ex gobernadores y ex integrantes de la dirigencia cuestionaron la actual conducción del partido y reprocharon que un grupo político pretenda secuestrar la definición del candidato.
“En meses se tomarán decisiones de las que dependerá la existencia del partido. No debería un solo grupo político asumir esa responsabilidad”, expresó Antonio González Curi, ex gobernador de Campeche.
“El PRI debe evitar elegir al candidato por la vía tradicional. Debemos abrir un proceso interno que permita a varios aspirantes competir en igualdad de circunstancias”, agregó.
También se han pronunciado en ese sentido los ex gobernantes de Yucatán, Ivonne Ortega, y de Oaxaca, Ulises Ruiz, y ex integrantes del CEN, como José Ramón Martel, José Encarnación Alfaro y Beatriz Pagés.

 

Mayolo López / Agencia Reforma

Ciudad de México

El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) deberá atender 68 impugnaciones para analizar si proceden nuevos cómputos en al menos 40 distritos electorales de los comicios de Gobernador de esa entidad y con los cuales se pretenden anular la votación recibida en varias casillas.
Morena, el Partido del Trabajo y el PRD promovieron juicios de inconformidad ante la Sala Superior del Trife, luego de que el Tribunal Electoral mexiquense desechó las quejas bajo el argumento de que los responsables de presentar los recursos carecían de la debida representación partidista.
Por unanimidad, los seis magistrados respaldaron el proyecto coordinado por Reyes Rodríguez Mondragón y ordenaron al Tribunal Electoral del Estado de México analizar las impugnaciones en un plazo no mayor a 20 días “de forma exhaustiva el fondo de las medidas”.
“Se garantiza el acceso a la justicia. Abonaremos a la certeza de los resultados”, resumió ayer la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine Otálora Malassis.
El 30 de junio pasado, el TEEM informó que de 130 juicios de inconformidad presentados contra el cómputo distrital, al menos 71 fueron declaradas improcedentes debido a que no se cumplió el principio de personería; es decir, que la persona acreditada debe hacer el procedimiento de manera presencial y no mediante un tercero.
“Facultad que no tienen los representantes partidistas ante el Consejo General, como indebidamente aconteció en todos los casos”, informó el TEEM.
Los magistrados mexiquenses desecharon entonces los 45 recursos que presentó Morena, 16 del PT y 8 más interpuestos por el sol azteca.
Entre otros distritos electorales de la entidad cuyos cómputos serán revisados, aparecen el 18 de Tlalnepantla, el 30 de Naucalpan, el 02 de Toluca, el 35 de Metepec, el 01 de Chalco y el 12 de Teoloyucan.

César Martínez /Agencia Reforma

Ciudad de México

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno mexicano que indague a agencias estatales por el espionaje a través del programa Pegasus.
“En particular, la Relatoría Especial llama al Estado a investigar la posible vinculación de entidades estatales en estos hechos y, con ese fin, disponer de todos mecanismos legales e institucionales a su alcance para dotar de garantías de independencia e imparcialidad a la investigación, en consulta con la sociedad civil y los afectados”, estableció.
El órgano expresó su preocupación por las denuncias por espionaje ilegal a periodistas y defensores de derechos humanos, que en fechas recientes se amplió a políticos e incluso a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que colaboraron en el caso Ayotzinapa.
“La Relatoría Especial recuerda que el uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional y selectivo, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación, y contar con control judicial previo”, señaló la CIDH.
“La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina, deben ser drásticamente sancionadas”.
A cargo del abogado y periodista uruguayo Edison Lanza, la relatoría pidió a México garantizar una investigación exhaustiva e independiente y, en su caso, juzgar y sancionar a los responsables.
También consideró que corresponde al Estado garantizar el derecho a acceder a información pública sobre los programas de vigilancia o espionaje que posee el Gobierno, incluidos los controles que existen para su uso.
“Esta obligación abarca la información sobre su marco regulatorio, los contratos para la adquisición de estos programas, los protocolos y procedimientos de autorización, de selección de objetivos y de manejo de datos”, indicó.

 

La PGR trasladará a Javier Duarte de Guatemala a México entre el lunes y viernes de la próxima semana en un vuelo oficial.
A través de una tarjeta informativa, la dependencia dijo que se encuentra en los plazos que marca la ley para extraditarlo con respeto a las reglas del Tratado de Extradición con el país centroamericano.
“La PGR irá por el señor Javier Duarte en un vuelo oficial, una vez que se tenga la certeza de que el Poder Judicial está en condiciones de recibirlo y se determine la prisión en donde será recluido.
“La PGR estima que regresará a México entre el 17 y el 21 de julio para ser puesto a disposición del juez federal.” (Agencia Reforma /?CDMX).

 

Agencia Proceso

Xalapa

Durante una década, Hernán Martínez Zavaleta y/o Jorge Martínez López, El Comandante H, jefe de plaza de una célula de Los Zetas en el sur de Veracruz y en el norte de Tabasco, cultivó amistades poderosas en el PRI, en el PAN, entre la clase empresarial y la propia Fiscalía General del Estado (FGE).
Su captura, ocurrida la tarde-noche del viernes 30 de junio en el municipio tabasqueño de Cárdenas vino a poner a la luz pública su relación con un círculo de poder en el sur de Veracruz.
Dueño del lujoso restaurante The Port House, de gimnasios y bares, El Comandante H siempre aparecía fotografiado cerca del empresario priista José Antonio Chagra Nacif y de la secretaria de Mujeres del Comité Municipal del PVEM, Genoveva “Beba” Chagra.
Pero en Acción Nacional también trabó amistad con el empresario y excandidato del PAN-PRD a la alcaldía de Coatzacoalcos, Jesús Moreno.
Apenas ayer, en redes sociales, filtraron que el Comité Directivo Municipal de Cosoleacaque también “convidaba” como invitado especial a Martínez Zavaleta a las reuniones con el entonces senador Fernando Yunes –hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares—, en mítines proselitistas en el sur de la entidad.
En un escueto comunicado, Yunes Márquez aceptó que en esa reunión se encontraba El Comandante H, pero se deslindó de haber convocado al hoy indiciado y de haber organizado dicha reunión, recargando la responsabilidad en los panistas del sur de la entidad.
En el caso del PRI, parientes de los Chagra amenazaron vía telefónica a la periodista de La Jornada Veracruz, Sayda Chynas, por revelar la amistad de dicha familia con Martínez Zavaleta.
En el caso del líder estatal del PAN, José de Jesús Mancha, justificó el que los panistas Jesús Moreno y Fernando Yunes se fotografiaran con delincuentes porque “cuando andan en campaña, se toman fotos con quien sea, por quedar bien”.
En el caso de Jesús Moreno y El Comandante H, éstos asistieron juntos el pasado 16 de enero al estadio Rafael Hernández Ochoa de Coatzacoalcos a un partido de futbol profesional. La fotografía fue subida a la red social Instagram por la priista Genoveva Chagra, quien también aparece en la imagen.
En la Fiscalía Regional de Veracruz, dependencia encargada de procurar justicia, El Comandante H también tenía bien aceitadas sus relaciones de amistad.
Policías ministeriales de esa zona revelaron a Agencia Proceso la amistad entre Martínez Zavaleta y el fiscal regional Jorge Morales Carrasco, quien tuvo que renunciar a la corporación apenas un par de días después de la detención del capo de Los Zetas.
Aunque Hernán Martínez llevaba una década operando en la zona y fortaleciendo sus relaciones con políticos y empresarios del sur de Veracruz, fueron las investigaciones ministeriales federales y las locales llevadas desde Xalapa las que lo relacionaron como el autor intelectual de la salvaje muerte de seis personas el 17 de junio pasado en el puerto de Coatzacoalcos, cuatro menores entre ellos.
Las ejecuciones, revelaron policías ministeriales, fue en venganza porque una de las seis personas asesinadas participó un mes atrás en la ejecución de uno de sus principales colaboradores, Bernardo Mota.