Francisco Magaña

Atoyac

Alrededor de 500 productores tendrán problemas para la producción de maíz en el municipio de Atoyac, generado por el retraso en la entrega de fertilizante.
Lo anterior lo declararon en conferencia de prensa en el Zócalo de la ciudad comisarios de las principales zonas productoras: de Río Santiago Miguel Yañez Rosales, de San Juan de las Flores Celso Zamora y de Cacalutla José Manuel Carbajal, de la zona baja.
Los productores se quejaron de que aún cuando no perderán la cosecha, se les generan más gastos porque tendrán que adquirir el insumo por otros medios cuando se supone que es gratis y se iba dar prioridad a la zona serrana, lo que no se cumplió.
Yañez Rosales señaló que las autoridades los han traído dando vueltas con promesas y engaños.
En todos los ejidos sólo han recibido tres bultos de granulado y las milpas ya están listas para ser fertilizadas ante las lluvias, pero no tienen el insumo.
Informó que en el Ayuntamiento les dijeron que la empresa proveedora ha incumplido en la entrega cuando ya fue pagado, “pero no entendemos por qué no se actúa con la empresa mientras al productor eso le está dejando pérdidas”.
Advirtió que de no obtener una respuesta en este mes no descartan movilizarse.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En el clima de violencia e impunidad que hay en el estado, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán pone en riesgo a los universitarios cuando filtra información personal de los trabajadores a la prensa, denunció el docente de la Preparatoria 2 de Acapulco, Román Zúñiga Galeana.
En respuesta a dos notas publicadas el miércoles en El Sur, en las que el rector informó de 400 casos de trabajadores con plaza de tiempo completo en la UAG y el Colegio Bachilleres, según un cruce de nómina, y que menciona como ejemplo al ex líder sindical del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), con 30 años de servicio en la universidad, que percibe ingresos globales de 40 mil pesos al mes.
El también comisionado del Sutcobach, Zúñiga Galeana señaló que los delincuentes van a pensar que el docente tiene mucho dinero, mientras lo que tiene son deudas, y para confirmarlo mostró sus cheques recientes de pago. También presentó la bitácora de sus horarios de clase en la preparatoria, que no se empatan con su labor en el sindicato, donde no tiene horarios fijos, por esa razón no ha sido requerido por ninguna instancia de fiscalización de la UAG ni del gobierno federal.
El viernes 30 de junio, en la sesión del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, Zúñiga Galeana fue uno de los impulsores de plan de acción con movilizaciones para rechazar el gravamen de Impuesto sobre la Renta (ISR) a todas las prestaciones percibidas por los universitarios.
También denunció la asignación de plazas de tiempo completo de forma generalizada y unilateral, por la administración en las unidades académicas; y en redes sociales, el delegado universitario, Adolfo Plancarte informó que en esa misma sesión se integraron dos planillas para conformar la comisión electoral que se encargará del proceso para renovar la dirigencia sindical, una oficial y otra de oposición, a la que se integró Zúñiga Galeana. Advirtió que podría haber una política de represión.
En consulta, Zúñiga Galeana aclaró que los tiempos completos en la Universidad, de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo, son de 26 horas de clase a la semana, pero los trabajadores reciben cargas de 30 horas.
Aseguró que con 30 años de servicio en la UAG, hace 26 años que no ha sido recategorizado, cuando hay casos de cambio de categoría cada año, y que tampoco solicita becas, ni apoyos adicionales, porque sería otro ingreso y para que sus compañeros puedan acceder a ellos.
Precisó que su modo de vida es congruente con sus ingresos y con su labor en la academia y su lucha sindical.
Reveló que la rectoría envió un nuevo procedimiento estricto de registro de asistencias de los trabajadores universitarios, y que la jornada de tiempo completo será de 8 horas diarias, para la docencia, la investigación, extensión y vinculación.
Sin embargo, aclaró que durante 30 años de servicio ha laborado en el turno vespertino, es decir de las 2 de la tarde a las 10 de la noche, y que ese era el horario que tenía en el servicio, que se reduce ante la inseguridad en el estado.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Alfredo Ramírez García cuenta con doble plaza en ese subsistema y en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), con las que percibe más de 20 mil pesos al mes.
De acuerdo con un documento al que tuvo acceso El Sur, Ramírez García cuenta con una plaza como periodista y locutor de Radio Universidad donde recibe un salario de 3 mil 950 pesos con 33 centavos, mientras que en el Colegio de Bachilleres cuenta con una plaza tipo “Prof. Tit. B. T. C.”“, con la que recibe 20 mil 646 pesos con 43 centavos.
Además, Ramírez García está identificado como integrante del Sutcobach y docente en el subsistema.
El de Ramírez García es uno de los 400 casos que de acuerdo con el rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, han sido encontrados mediante el cruce de nóminas y que ya están en proceso de solución ante la Contraloría Interna.
El jueves 29 de junio en el auditorio de la Rctoría se llevó a cabo una sesión ordinaria del Consejo General de Representantes (CGR) del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), en la que los delegados se quejaron de la asignación unilateral de plazas de tiempo completo que benefician a personal de confianza en “todas” las unidades académicas y oficinas regionales, las cuales autoriza la administración central.
Saldaña Almazán declaró que es en el personal de base donde se ha encontrado a trabajadores con “dos o tres” plazas en distintas instituciones educativas.
Además informó que hay profesores de tiempo completo en la UAG que ganan más que los funcionarios, por ejemplo “los funcionarios ganan entre 6 y 18 mil pesos a la quincena, mientras que los académicos ganan hasta 22 mil pesos de base por eso algunos no se quieren venir de funcionarios”, y si pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores “ganan más”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

Los dos lesionados por el accidente del martes en la avenida Escénica internados en el hospital general fueron dados de alta, informó el secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos.
En declaraciones breves por teléfono, el funcionario del estado explicó que dos personas ya salieron del hospital y solamente una queda internada, quien está fuera de peligro, pero que se le va a operar del húmero.
Indicó que las dos personas salieron del hospital sin mayor problema, y que a la mujer de 46 años el gobierno del estado le va apoyar como los los demás lesionados.
Precisó que por el accidente del martes en la avenida Escénica al Hospital General ingresaron tres personas lesionadas, dos de ellas dadas de alta y una continúa en el hospital. Esta persona está fuera de peligro, en la espera de la operación.
El martes, siete personas quedaron prensadas y resultaron lesionadas tras un fuerte accidente provocado por un camión de volteo que se quedó sin frenos en la avenida Escénica y se impactó con cuatro camionetas, cerca de las instalaciones de la Octava Región Naval.
Entre las víctimas estuvo la esposa del secretario de Turismo del estado, Ernesto Rodríguez Escalona, y el ex diputado local priista y  ex procurador de Propeg, Ernesto Valdez Memije.
Ayer El Sur publicó que el chofer del camión de volteo que ocasionó la carambola en la Escénica y resultaron siete personas lesionadas el martes pasado, salió libre después de salir del hospital.
Por otro lado, se le preguntó que si la Secretaría de Salud se está atendiendo a los tres heridos del penal de las Cruces tras la riña el jueves pasado. De la Peña Pintos respondió que no tiene conocimiento.
El jueves, una riña entre reos en el penal de Las Cruces, debido a una pugna “permanente” de grupos contrarios en el interior, dejó 28 muertos y tres heridos.

Un hombre radicado en esta ciudad, murió ahogado en la Isla de la Roqueta.
De acuerdo con la información recabada, la madre de la víctima reportó a las autoridades después de  las 3 de la tarde la desaparición de su hijo.
Luego, la madre manifestó que su hijo cayó del muelle de la Isla de Roqueta, y ya no salió del mar.
Los trabajadores de la Promotora de Playas, del área de barrido encontraron el cuerpo en el mar, y lo trasladaron hasta el Parque de la Reyna para entregarlo a las autoridades.
Después de las diligencias del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Semefo para sus estudios correspondientes. (Argenis Salmerón).

Vecinos de la colonia Ángel Aguirre Rivero se quejaron de que a una semana que un incendio consumió la casa de la familia Luna, en la Dirección de Protección Civil no les hayan dado el dictamen para hacer trámites y recuperar documentos oficiales, así como que tampoco les permitan limpiar el lugar, dejándolos sin un lugar donde vivir.
También se quejaron que cuando ocurrió el incendio los bomberos llegaron sin agua para sofocar el incendio y se molestaron con los vecinos cuando éstos les reprocharon que no iban preparados.
La ex delegada de la colonia Jardín, Marbella Rodríguez Romero, explicó que el incendio de la casa de la familia Luna ocurrió el sábado pasado, y los bomberos tardaron en llegar más de una hora después de que ellos hablaron al número de emergencia.
Cuando llegaron los dos bomberos en un vehículo, les dijeron a los vecinos que no llevaba agua, lo que causó el reproche de la gente.
Los bomberos les dijeron que solamente hay 110  elementos para atender todo el municipio, y el vehículo que fueron iban de la estación Farallón, porque en Pie de la Cuesta no tienen ni ambulancias.
“Solo dieron poquito de su apoyo y luego se retiraron, todavía no salían de la colonia cuando empieza a prenderse de nuevo el fuego, les llamamos y no quisieron regresar” recordó Marbella.
Los vecinos tuvieron que encargarse con cubetas y tierra de sofocar el fuego para que no se extendiera, pero una de las casas se quemó completamente, “hasta la perrita que tenían se murió porque estaba adentro”.
El lunes acudieron a Protección Civil por el dictamen del incendio, para poder utilizarlo para tramitar documentos oficiales que se les quejaron, así como hacer peticiones porque la familia quedó sin un lugar donde vivir.
Sin embargo, hasta ayer todavía no les habían dado el escrito e incluso les pidieron que no movieran nada que iban a ir los de Protección Civil a revisar y no lo han hecho, además de que los bomberos que acudieron al incendio apenas el jueves pasaron el acta del reporte.
Marbella Rodríguez expuso que el director de Bomberos, José Hernández Ramírez, incluso levantó un acta contra uno de los vecinos porque supuestamente trataron mal a los bomberos, y les dijeron que cuando se quemara otra casa en la Ángel Aguirre Rivero no acudirían al llamado de emergencia.
La vivienda que se quemó esté en la calle Jardines de la colonia Ángel Aguirre Rivero. Mario Luna, su esposa y tres hijos se quedaron sin un lugar donde vivir y por eso están urgiendo a las autoridades con el trámite para limpiar el terreno y poder construir con la ayuda de sus vecinos su casa nuevamente.

Los cuatro policías comunitarios de la UPOEG, detenidos el martes en la noche por posesión de drogas y portación de arma de fuego exclusivas del Ejército, quedaron en libertad.
Fuentes policiacas, informaron que después de rendir su declaración ministerial, los cuatro agentes comunitarios fueron liberados.
Pese a que el juez de control determinó la libertad a los cuatro comunitarios, éstos siguen sujetos a proceso.
Los policías comunitarios que quedaron en libertad se llaman René de 43 años, Carlos de 22 años, Juan de Dios de 22 años y Celedonio de 57 años.
El martes por la noche, el vocero de seguridad del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que policías estatal Acreditable detuvieron a cuatro hombres que portaban un arma de uso exclusivo del Ejército y supuesta droga, identificándose como integrantes de la UPOEG.
En un comunicado, el funcionario del estado explicó que los agentes en un recorrido de vigilancia en la carretera Acapulco- Pinotepa Nacional, cerca del municipio de San Marcos, detectaron una camioneta Pick-up blanca, marca Ford, sin placas para circular, que era conducida con exceso de velocidad.
Álvarez Heredia indicó que durante su revisión encontraron un fusil calibre 7.62×39, 47 bolsitas con marihuana, 8 bolsitas de plástico con droga conocida como cristal y otra bolsita más con la misma sustancia, pero a granel.
Asimismo, dijo que 32 bolsitas de plástico con cocaína en piedra, 16 carrujos de marihuana.
Informó que la detención de llevó a cabo cerca del municipio de San Marcos, en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional. (Argenis Salmerón).

Karla Galarce Sosa

La jueza Sexta Civil y Mercantil de Primera Instancia del Distrito de Tabares, Delfina López Ramírez, estimó que en tres o cuatro años estarán resueltos los juicios mercantiles que aún llevan los seis juzgados de Acapulco en el sistema tradicional, toda vez que el nuevo sistema de justicia oral atiende los nuevos casos de los cuales 16 fueron resueltos el año pasado por el juzgado que ella preside.
En entrevista en su oficina ayer dijo que el retraso en la emisión de la sentencia para los casos que deben ser resueltos con el sistema tradicional de justicia, son retardados “en la mayoría de los casos por los abogados”.
Para la López Ramírez, una bondad de los juicios orales es que una vez depurado y declarado el proceso, hay una etapa de conciliación que permite llegar a un arreglo, pues una vez establecido el juicio tardaría hasta tres meses en desarrollarse y ejecutarse una sentencia con la salvedad de que no se difieran las audiencias por alguna causa; en caso contrario, se aplazaría un mes más.
“Los jueces somos mediadores y las bondades de conciliar en esa etapa, todo lo que se hace, es para que las partes entren en un nivel de confianza, diriman sus diferencias y lleguen a un acuerdo, aunque yo como juez escuche, porque todo lo que se diga en esa etapa de conciliación no será ventilado en una audiencia”, explicó.
Respecto al retraso en la resolución de las demandas en el sistema de justicia tradicional, en materia mercantil, dijo: “la mayoría de los casos son los abogados que en muchas ocasiones llegan a un convenio con sus clientes porque entre más largo sea más intervención tendrán”.
“A veces el mismo abogado sugiere a los demandados o a los demandantes que hablen y pospongan el asunto”, señaló Delfina López.
Indicó que al ser Juzgados de Primera Instancia en Materia Civil y Mercantil, atienden ambos procedimientos y carecen de salas de juicios orales en ese edificio, por lo que las salas de juicios orales de la Unidad de Atención Jurídica son utilizadas por ellos en alguna audiencia de juicio oral.
“La mayor complicación, dijo, es la falta de salas de juicios orales para los casos mercantiles, porque son prestadas”.
Explicó que a pesar de que las reformas entraron en vigor en 2011, hubo una prórroga hasta julio de 2013 para adecuar los espacios.
Destacó que el 25 de enero de éste año se estableció en el Código de Comercio que a partir de 2019, todas las controversias mercantiles serán tramitadas bajo juicios orales, no obstante acotó que los montos no mayores a 500 mil pesos reclamados, serían resueltos a partir de éste año y que los montos de hasta un millón de pesos serán sometidos a ésta modalidad en enero del año entrante.
Explicó que desde la modificación, el cambio establece que las demandas por cifras superiores al millón y medio de pesos serán resueltos por la vía oral.
“El año pasado realizamos 16 juicios en este juzgado y si se calculan por los seis que atendemos esos casos, la cifra se multiplica”, lo que estima 96 demandas mercantiles resueltas mediante juicios orales en un año.
Agregó que el 60 por ciento del trabajo que cuentan los juzgados mercantiles es de ejecutivos mercantiles, es decir que las demandas están basadas en el cobro de una cantidad determinada por medio de un documento: un cheque, un pagaré o una sentencia de condena, un contrato bancario u otro documento.
Descartó que haya rezago en los casos mercantiles y detalló que la demanda común son quienes reclaman herencias, bienes inmuebles que deben ser reclamados monetariamente; y el mayor número de demandantes están relacionados a tarjetas de crédito a partir de la falta de pago, porque incumplen en el pago de créditos hipotecarios o que las personas físicas firmaron un pagaré y no pagaron.
Añadió que temas como la usura, hasta hace tres años se respetaba el “libre pacto”, aunque ahora los jueces tienen la facultad de evaluar el usufructo o explotación del dinero prestado y determinar los montos de pago, gracias a una interpretación de la Suprema Corte de Justicia cuyas cifras de interés moratorio se basan a las tasas bancarias equivalentes de acuerdo a la fecha que se establece el “pacto” entre el prestamista y el solicitante.