Su voz es casi inaudible. Le impide hablar un nudo en la garganta. En su rostro surcado por las lágrimas se percibe la tristeza, la nostalgia y la impotencia. Cuando habla, entrelaza nerviosamente los dedos de las manos a la altura del vientre y dice, “nosotros nos salimos por miedo, vimos que toda la gente ya se estaba yendo, por eso nos salimos también, y dejamos la casa solita, los animales, todas mis cositas”.
Es una mujer de 61 años de edad y forma parte del grupo de 36 indígenas nahuas de nueve familias de las comunidades de Ahuihuiyuco, Tepozcuautla y Tetitlán de La Lima, municipio de Chilapa, que el 8 de junio abandonaron sus comunidades ante la violencia protagonizada por los grupos criminales de Los Rojos y Los Ardillos. Hoy se refugian, lejos de su pueblo, en una comunidad del municipio de Juan R. Escudero, pero todavía con el miedo de ser encontrados.

“Ahorita allá andan los soldados, pero cuando se vayan, otra vez va a ser lo mismo”

Con su intempestiva huida de Tepozcuautla, la mujer todo lo perdió, lo único que le queda son sus recuerdos que ahora cuenta; igual que todos sus compañeros del grupo, pide no revelar su identidad, ni mencionar el lugar donde se encuentran. El miedo los acecha.
“Quién sabe si algún día regresemos, tenemos miedo, ahorita allá andan los soldados, pero cuando se vayan, otra vez va a ser lo mismo”, cuenta.
A ella no le mataron a ningún familiar, no le desaparecieron a nadie, tampoco fue amenazada, se salió de su pueblo simplemente por miedo de ver y oír tantas cosas, reconoce.
“De pronto, en la noche, aparecían muertos en la carretera que va para Chilapa. Nosotros sólo escuchábamos las balaceras, a veces hasta en el pueblo amanecían cuerpos, veíamos cuando los iban a levantar, entonces la gente del pueblo se empezó a ir; también se fueron los vecinos que vivían mas cerquita, nos dejaron solitos, y fue cuando en mi familia decidimos también salirnos”.
Añade que su familia también se fue del pueblo porque los hombres armados se estaban llevando a todas las muchachas, “a unas muchachas se las fueron a quitar a sus mamás, y eso nos dio harto miedo, de plano, que nos fueran a quitar a la nuestra que ya tiene 21 años”.
Recuerda que fue la mañana del 8 de junio. Ese día tomaron poca ropa y sus documentos personales, para que si los encontraban los hombres armados no pensaran que iban huyendo del pueblo. “Le dimos por la barranca y de allí salimos al cerro. Nos fuimos pa’ Chilapa; allá (en su comunidad) dejamos mis bueyes, mis chivos, mis pollos, mis marranos, mis perros y toda mi ropa se quedó”.
Agrega que ahora quisiera ir a traer, aunque sea, su ropita, “¿pero cómo?”, se pregunta y ella misma se responde, “no vamos porque no sea que no nos vayan a dejar entrar a nuestra casa, o que nos maten, porque hasta ahorita, bendito sea Dios, estamos completos”, dice mientras deja escapar un suspiro.

Aseguran que no volverán al cumplirse un mes de su huida

Él tiene 26 años, ella 22, y tienen un hijo de 6 y una bebé de un año. Ellos también vivían en Tepozcoautla, de donde la violencia los expulsó; ahora sobreviven en alguna comunidad del municipio de Juan R. Escudero. Este 8 de junio se cumple un mes de que abandonaron su comunidad, a la que definitivamente ya no van a volver.
“Regresar es como entregarse a la muerte”, dice él, mientras su joven mujer entretiene a su bebé quien, ignorante de la tragedia que viven sus padres, juega con la grabadora del reportero en el regazo de su madre.
La pareja y sus dos hijos viven ahora en una choza de cinco por seis metros con una sola división en medio, y en la que también habita otra pareja y los padres de él. En total, ahí viven hacinados 11 personas de tres matrimonios.
Él cuenta porqué decidieron salirse de Tepozcuautla. A su hermana y a su cuñado los levantó la delincuencia organizada. Él trabajaba fuera del pueblo y, cuando se enteró, le pidió por teléfono a su mujer que se saliera de allí para evitar que se fueran a ir también en contra de ella.
Cuenta que su mujer no quería dejar su casa, sus muebles, sus animalitos, “¿cómo los voy a dejar?”, recuerda que le reprochó un día ella. Él le contestó, “primero estás tú y los niños, lo demás hay luego vemos como le hacemos para recuperarlo, vamos a salir adelante, pero salte”, le ordenó. Sin embargo, la mujer le contestó resuelta, que no.
El joven dice que por eso le sorprendió cuando la tarde de ese mismo día fue ella la que le llamó para notificarle: “¿sabes qué?, me voy”. Y salió de Tepozcoautla la noche de 8 de junio, con sus dos hijos menores de edad.
El joven relata su caso mientras su mujer lo escucha al lado suyo, con su hija en brazos.
Entonces, ella retoma el testimonio y cuenta, “ese día dejé todo, mi casa, mis cosas, mis animales. Nomás me traje una poquita de ropa que alcancé a juntar y los papeles, fue lo único que nos trajimos, no nos pudimos traer nada más. Haga de cuenta que no fue planeada nuestra salida. Nosotros decíamos, ‘no, no nos vamos a salir’, y de un ratito para otro vimos que ya estaban feas las cosas.
–¿Por qué de un ratito para otro?
–Cómo le dijera, la delincuencia ya estaba de por sí desde hace mucho tiempo en el pueblo, pero ya últimamente andaban que querían gente. Levantaban a mucha gente y muchos aparecían ya sin vida, por eso tuvimos miedo.
“Por ejemplo, a él (su esposo) le quitaron a su hermana, se la llevaron, y así (las mujeres) ya no estábamos seguras ni en la propia casa”. Denuncia, “últimamente hubo muchos cuerpos que estuvieron encontrando en las carreteras. Se oían muchas cosas, disparos, peleas. En el barrio donde nosotros vivíamos estaba ubicado el grupo que según gobierna en el pueblo. Siempre que yo bajaba con mi niño al jardín era normal encontrarlos, porque por allí siempre andaban. Tantito salíamos, los encontrábamos tomando o fumando”.
Explica que por eso se salieron. “Mi niño está chiquito, pero ya tenía mucho miedo. Haga de cuenta que, si andaba jugando en la calle con su bicicleta, cuando los veía no le importaba nada, dejaba todo y corría a la casa, y uno de ellos siempre le preguntaba por su papá, que dónde estaba, que cuándo iba a regresar”.
Explica que atrás de su casa no hay camino, pero siempre por allí pasaban, “por eso decidimos salirnos. Ya estaba muy feo teníamos miedo que algo pasara”.
Entre nostálgica y triste la joven mujer agrega, “y ahora la vida nos cambió drásticamente, porque aquí no tenemos nada. Ahorita tenemos unos ahorritos y de allí estamos agarrando, pero no sabemos cuánto nos va a durar. Como verá, la casa donde vivimos ahora está muy chiquita, tiene una sola cocina para las tres familias que vivimos allí”, dice.
Dice que les urge que el gobierno les ayude con su reubicación, “y más que nada, nos dé seguridad, porque tenemos miedo que nos encontremos a los delincuentes que pueden andar buscándonos, en represalia de que nos salimos. Más que nada eso, también que nos ayuden para tener derecho de ir al centro de salud para que atiendan, sobre todo a nuestros hijos”.
El día de la entrevista, la pareja acababa de llegar del centro de salud, donde no los atendieron. Iban con su hija de brazos enferma, pero les dijeron que como no estaban registrados como vecinos del lugar no podían atenderlos, “pueden venir el día que sea de la semana, menos hoy”, les dijo un médico.
El joven padre denunció que así les han venido diciendo desde hace un mes, cuando llegaron.
Acepta que no les queda otra que aguantar y seguir así aquí. “Regresar es como entregarse a la muerte. Haga de cuenta que, si yo regreso a mi casa, luego luego me van a ir a matar, pero van a esperar el momento adecuado, cuando digan, ‘ya se confiaron, ya viven aquí normal’, y entonces van a ir y me sacan, o allí mismo me matan”.
–¿Por qué?–, pregunta el reportero.
–Porque nos conocen bien y saben que nosotros también los conocemos a ellos, y ese mismo miedo les va a decir, ‘te saliste, a dónde fuiste y por qué regresaste’. Por eso, de regresar, ya no vamos a regresar.
“No los vamos a exponer a ellos –dice mientras señala con el índice a sus hijos–, preferimos estar aquí, sufriendo, en vez de estar allá arriesgando la vida, mejor aquí”, dice mientras voltea a su alrededor, como resignado a estar en una tierra que no es la suya.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, denunció que el gobierno federal viola los derechos laborales de las y los trabajadores de la Ciudad de las Mujeres en Tlapa, que depende de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La dependencia federal decidió el 29 de junio pasado que 30 de las 59 mujeres que laboran en dicho Centro dejarían de trabajar ahí a partir del lunes 3 de julio, mientras que las 29 restantes sufrieron la reducción del 50 por ciento de su salario.
Entre las despedidas se encuentran abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, administrativas y de intendencia.
La creación y funcionamiento de la Ciudad de las Mujeres derivó de la violencia que se vive en los 19 municipios que conforman la región de la Montaña, dando cumplimiento a las obligaciones del gobierno federal para la erradicación de la violencia contra la mujer.
Su creación está relacionada con las recomendaciones emitidas al Estado mexicano en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa abusadas sexualmente por soldados del Ejército mexicano, en las que es obligado a crear instituciones que se encarguen de brindar atención a las mujeres indígenas.
Ciudad de las Mujeres fue construida con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo e inaugurada el 22 de julio de 2015, por el presidente Enrique Peña Nieto.
Tlachinollan mencionó este viernes en un boletín que a raíz del anuncio “inesperado” las trabajadoras de la Ciudad de las Mujeres tomaron el Centro y se plantaron a las afueras, para denunciar que desde hace cuatro meses no reciben su salario ni los recursos para desempeñar su labor de manera efectiva.
El organismo denunció que con el despido de algunos trabajadores y la reducción de su salario de otros, la dependencia federal “violenta y denigra los derechos de sus trabajadoras al no contar con un contrato laboral, adeudando cuatro meses de trabajo, realizando despidos injustificados, forzando al personal a laboral horas extras sin que estas sean remuneradas”. Además sin ofrecerles servicio médico, ni seguro de vida “y mucho menos las prestaciones contempladas en la Ley Federal del Trabajo”.
El organismo menciona que el 21 de junio junto con Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala, Coyuca de Catalán, Ayutla y Ometepec, Tlapa es uno de los ocho municipios del estado en donde la Secretaría de Gobernación emitió la alerta por violencia de género, “lo que evidencia el nivel de violencia contra las mujeres en la región y por lo tanto la necesidad de la existencia y desempeño eficaz de un centro como la Ciudad de las Mujeres”.
Tlachinollan consideró que el actuar de la Sedatu violenta no sólo a las trabajadoras sino a las beneficiarias del Centro y viola el Artículo 18 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “la cual establece como violencia institucional los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.
El organismo también denunció que el gobierno federal incumple las sentencias de la Coidh en las que se establece como medida de reparación la construcción de un centro para las mujeres en beneficio comunitario.
“Por lo anterior como Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que acompaña la implementación cabal de las sentencias de la Corte en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, así como la defensa de los derechos de las mujeres indígenas desde hace 23 años, hacemos un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales, para que en el ámbito de su competencia giren a la brevedad las instrucciones necesarias para evitar la continuidad de las violaciones a los derechos laborales de las trabajadoras de la Ciudad de las Mujeres”, pide.
Tlachinollan demandó a las autoridades federales que establezcan una mesa de diálogo con las trabajadoras de la Ciudad de las Mujeres para llegar a una solución que pondere sus derechos laborales y los derechos humanos de las mujeres.
Asimismo que reencamine su actuar hacia el cumplimiento cabal de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo y advirtió que como Tlachinollan “estaremos atento y daremos puntual seguimiento a las acciones que el Gobierno federal emprenda para dar solución a este problema”.

El secretario de Protección Civil de Guerrero, Marco César Mayares Salvador informó vía telefónica que fueron 93 viviendas afectadas por la lluvia y el fuerte viento del miércoles en cuatro comunidades del municipio de Coahuayutla.
Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en un boletín de prensa a las 7 de la noche que permanece el pronóstico de tormentas muy fuertes para hoy en regiones de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco y Campeche.
Las localidades que resultaron con afectaciones en Coahuayutla a causa de la tormenta, de acuerdo con fuentes del municipio, son El Naranjo, Puerto El Naranjo, La Providencia y El Reparito, sin embargo, ayer vía telefónica, Mayares Salvador manifestó que además de El Naranjo, hay otras ocho comunidades afectadas por la lluvia y el viento, aunque no mencionó cuáles son.
Agregó que socorristas de esa dependencia se encuentran desde el jueves en el municipio haciendo las evaluaciones, en coordinación con el gobierno municipal.
Dijo que el reporte preliminar es de seis viviendas con pérdida total del techo y 87 más con daños menores, “también se reportó el colapso del techo de una cancha de basquetbol y 15 vacas que fallecieron a consecuencia de un rayo que cayó cerca de donde estaban… desde ayer (jueves) estamos trabajando en coordinación con el Ayuntamiento de Coahuayutla para atender lo más pronto posible a estas personas y verificar los daños para poder entregar un censo verídico y no tengamos ningún problema al momento de tratar de ingresar algún tipo de recurso, de apoyo para estas personas”.

Provocan encharcamientos en la capital las fuertes lluvias de la tarde de ayer

En Chilpancingo, a las 2:30 de la tarde se registraron lluvias fuertes que duraron unos 40 minutos y provocaron encharcamientos en la ciudad.
El SMN advirtió que las próximas lluvias serán ocasionadas por una amplia zona de nublados generada por la onda tropical número 11, que está muy activa en el occidente del país, una zona de inestabilidad ubicada en el oriente de la Mesa del Norte y la onda tropical número 12, que se extenderá en el sureste del territorio nacional.
Informó que a las 4 de la tarde se formó la tormenta tropical Eugene, que se localizó a unos mil 230 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a mil 70 kilómetros al suroeste de Playa Perula, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y desplazamiento con dirección al noroeste, sin afectar al país.

Anarsis Pacheco Pólito

Chilpancingo

Integrantes del Frente de Grupos Vulnerables y Discapacitados de Chilpancingo solicitaron al gobierno del estado que cumpla con el pliego petitorio entregado a principios del año.
Este viernes por la mañana más de 10 personas discapacitadas acudieron a la puerta de Palacio de Gobierno donde darían una conferencia de prensa, pero ante la presencia de los medios, trabajadores de la Secretaría General de Gobierno les ofrecieron una mesa de trabajo.
El líder de los minusválidos, Silvestre Rodríguez Fernández, explicó que le solicitan al estado modificar el acceso al Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) ya que en el puente peatonal del río Huacapa no hay rampas por lo que se dificulta el acceso.
También dijo que solicitan que se considere una descuento en el transporte público, incluyendo boletos de autobús para acudir a las revisiones médicas que se hacen en la Ciudad de México.
La reunión se llevó a cabo por dos horas y se acordó que se les daría una respuesta en los próximos días.

Alejandro Guerrero

Iguala

Policías municipales detuvieron la madrugada de ayer en flagrancia a un joven de 26 años que entró a robar a la tienda de autoservicio Soriana, quien en complicidad con otros que escaparon abrieron un hoyo en una pared.
Según reportes policiacos a las 5 de la madrugada de ayer al 911 de manera anónima se denunció un robo en la tienda de autoservicio ubicada en la carretera Federal México-Acapulco en la salida hacia Taxco.
Policías municipales, estatales y federales encontraron adentro de la tienda a un joven de 26 años de nombre Juan de Dios, vecino de esta cabecera municipal.
Dos de los cómplices del robo lograron escapar y según fuentes de la Policía Municipal los ladrones abrieron un hoyo en una de las paredes de concreto de la tienda, por donde entraron, sin embargo no robaron mercancía.
El joven detenido fue puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público del fuero común.

Hombres armados en dos vehículos compactos interceptaron y robaron una camioneta Jeep Grand Cherokee a un vecino de esta ciudad en la carretera federal México-Acapulco, al pasar por la comunidad de Xalitla, municipio de Tepecoacuilco y dejaron al propietario abandonado en una brecha.
En hechos distintos dos hombres armados robaron una motocicleta la medianoche del jueves en el periférico Norte de esta ciudad, frente a las instalaciones del Instituto Tecnológico.
Según información de fuentes policiacas de seguridad pública estatal dada a conocer ayer, minutos antes de las 10 de la noche del jueves hombres armados a bordo de dos vehículos compactos, uno blanco y otro negro, se le emparejaron y le cerraron el paso el conductor de la camioneta para obligarlo a detenerse a la orilla de la carretera federal al ir pasando en la comunidad nahua de Xalitla, cuando viajaba de Chilpancingo a Iguala.
Tras ser interceptado por los delincuentes el vecino del centro de esta ciudad fue llevado hacia una brecha, allí le robaron la cartera con dinero y documentos personales, un teléfono celular y la camioneta gris modelo 2015.
Después de ser abandonado en la brecha los delincuentes se fueron hacia la carretera federal, en tanto que el propietario de la camioneta pidió apoyo para llegar a Iguala y ayer presentó la denuncia correspondiente en la agencia del Ministerio Público.
En hechos distintos a la medianoche del jueves dos hombres armados a bordo de una motocicleta robaron con violencia una motocicleta Yamaha tipo BWS modelo 2010 a un joven, vecino de la colonia Insurgentes al ir pasando en el periférico Norte frente a las instalaciones del Instituto Tecnológico de esta ciudad.
El joven fue alcanzado por dos hombres que iban en otra motocicleta, se le emparejaron y el que iba en la parte de atrás sacó una pistola tipo escuadra y le apuntó a la cabeza para obligarlo a detenerse.
Con violencia lo bajaron de la motocicleta y le robaron la cartera y el teléfono celular, después los dos asaltantes huyeron en las dos motocicletas hacia el centro de la ciudad, sin que nadie intentara detenerlos.

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado (FGE), por violaciones a los derechos de ciudadanos de Apango, cabecera del municipio de Mártir de Cuilapan, durante la operación organizada por agentes ministeriales para detener al líder de esa cabecera municipal, Crisóforo Nava Barrios.
En el documento, la Codehum pide al fiscal, Javier Olea Peláez, que instruya a quién corresponda, inicie y determine el procedimiento de responsabilidad administrativa que en derecho correspondan en contra de Margarito García Márquez, Miriam Silvana Mendoza Bernal y Alejandro Alistac López, en su calidad de coordinador de grupo y agentes de la Policía Ministerial del estado.
Los agentes fueron encontrados responsables de haber incurrido en “vulneración de los derechos a la seguridad jurídica (detención arbitraria) a la legalidad (actos y omisiones contrarios a la legalidad y actos y omisiones contrarios a la inviolabilidad del domicilio) en integridad personal (lesiones)”, en perjuicio de Edith Sánchez Martínez, Crisóforo Nava Barrios y una menor de edad.
La recomendación emitida es la CODEHUM-VG/1/054/2016-III, que envió el presidente de este organismo, Ramón Navarrete Magdaleno, a Javier Olea Peláez.
Se establece que los tres agraviados, vecinos de Apango, fueron sacados con violencia y golpeados en una operación para detener a Crisóforo Nava Barrios, uno de los líderes que mantienen bloqueado el edificio del Ayuntamiento en demanda de la revocación del mandato de la alcaldesa, Felícitas Muñiz Gómez.
El movimiento contra la alcaldesa la acusa de no transparentar el uso de los recursos públicos asignado a este municipio, nepotismo y corrupción, concretamente el desvío de 7 millones de pesos en el primer trimestre de su administración.
En su queja ante la Codehum, Crisóforo Nava Barrios señala que, como a las 2:30 de la madrugada del 10 de agosto de 2016 se encontraba descansando con sus hijos en su casa, cuando escucharon un fuerte golpe en la puerta principal, por lo que se levantaron para ver que ocurría. Dijo que al abrir la puerta de su recámara pudieron observar a varios hombres vestidos de negro y armados, que entraron a su recámara y uno de ellos aventó a Edith Sánchez Martínez contra la puerta, golpeándola en el brazo izquierdo. Mientras que a otra menor de edad la empujaron y cayó al piso, golpeándose la rodilla derecha.
Dijo que a él lo sacaron de su casa y que a su hijo, Jesús Nava Sánchez, lo agarraron de los cabellos y lo tiraron al piso mientras lo encañonaban, igual que a Edith Sánchez Martínez y a la menor de edad.
Nava Barrios, denunció que observó unas ocho camionetas de color blanco, de las cuales dos presentaban el logotipo de la Policía Ministerial.
Mientras tanto, Jesús Nava Sánchez declaró que se llevaron detenido a su padre, Crisóforo Nava Barrios, sin mostrar ninguna orden de aprehensión, actos que consideró violatorios de la legalidad y de sus derechos humanos. Nava Barrios presentó el escrito de queja y quedó registrado en el libro de gobierno bajo el número de expediente, VG/1/054/2016-III.
En su investigación, la Codehum encontró como evidencias cuatro certificados médicos expedidos por el perito médico adscrito a la Comisión el 10 de agosto de 2016, quién examinó a Edith Sánchez Martínez y observó dolor intenso en el hombro izquierdo.
En cuanto a la menor de edad observó dos escoriaciones en la rodilla derecha. También recibieron los testimonios de Edith Nava Sánchez y Jesús Nava Sánchez.
Crisóforo Nava Barrios declaró que lo encañonaron, lo tiraron al piso, lo subieron a una patrulla y que, antes de llegar a Tixtla, cerca de la Colonia San Miguelito, lo bajaron de la camioneta y que una persona lo insultó y lo acusó de haber quemado la camioneta de la presidenta municipal, Felicitas Muñiz Gómez, y le tomó una foto con un teléfono celular.
Dijo que se lo llevaron a los separos de la Policía Ministerial del Estado, donde lo retuvieron hasta las 8 de la mañana, y de ahí lo trasladaron a la cárcel de Chilpancingo.

Pescadores de Petacalco que ayer cumplieron siete días de tomar la caseta de cobro Feliciano de la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, en demanda de que el gobierno federal y estatal les ayuden a que la empresa Flensa los indemnice ante la contaminación su zona de pesca, dijeron que saben que ya hay una carpeta de investigación integrada en su contra.
Ayer, nuevamente los pescadores llegaron a la caseta, donde avisaron a los encargados que iban a pedir cooperación voluntaria a los choferes como una forma de presionar al gobierno federal, específicamente al subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, para que vuelva a reunirse con ellos y les ayude a reunir la información que necesitan para demostrar que la empresa Flensa sí afectó su zona de pesca con el derrame de 32 mil litros de combustóleo en febrero de 2016.
Minutos antes de que se retiraran de la caseta, vía telefónica, el dirigente Gilberto Barrera Reyes dijo que ningún funcionario del gobierno estatal o federal acudió a atenderlos, “nosotros estamos en espera de una respuesta del gobierno federal y estatal, no nos ha venido a ver ni un funcionario, yo quisiera que le pusieran cartas al asunto o de lo contrario no les interesa pues aquí arreglar el asunto de nosotros los pescadores”.
Advirtió que los pescadores están molestos ante la desatención del gobierno federal, “nosotros vamos a permanecer aquí, y tal parece que ya nos pusieron una demanda, y no le tengo miedo a una demanda porque yo no estoy haciendo violaciones a cosas que perjudican, esto lo estamos haciendo porque está permitido para nosotros hacer una manifestación de esta forma, porque es la única manera de presionar para que nos ayuden a que pague la empresa que contaminó el río, que dé la cara”.
De las denuncias de Autopistas de Michoacán, SA de CV, empresa concesionaria que opera y mantiene la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas, comentó, “más corajudos se pusieron los compañeros, porque no puede ser posible que nos metan una demanda a consecuencia de algo que estamos reclamando después de un año y cuatro meses”.
Dijo que las tomas de la caseta Feliciano se deben a que no les han dejado otras salidas, “que también lo piensen para desalojarnos porque hay mucha familia aquí; desde aquí le decimos el señor gobernador, al licenciado René Juárez Cisneros, al presidente de la República que aquí estamos en espera y que la gente no se quiere quitar hasta que no haya la solución”.

Por sexta ocasión la comunidad lésbico gay y trasvesti acompañada de organizaciones de la sociedad civil, salió a las calles de esta ciudad para pedir respeto a las diferencias y a tratar de cambiar la percepción de una sociedad machista.
La tarde de ayer representantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, trasvesti e intersexual de este municipio, Chilpancingo, Acapulco y la Ciudad de México, así como grupos de danza, las organizaciones Zihuame Xotlametzin y Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Reddeser), así como autoridades locales marcharon por la principales calles de Chilapa.
En sus distintas pancartas pidieron respeto, un trato igualitario, una sexualidad libre así como una educación sin prejuicios.
Consultado durante el recorrido Joaquín Ortega Villanueva, director municipal de la Diversidad Sexual y activista, dijo que a comparación de la primera marcha en esta hay más participación de los grupos del sector lésbico gay y de la sociedad.
Agregó que esta es una sociedad machista donde es complicado tratar temas de preferencias sexuales, sobre todo en las comunidades de la zona rural donde aseguró, ofrecen talleres sobre el respeto a los derechos a estudiantes, maestros y padres de familia.
“Se han abierto las puertas, es ir quitando poquito estos prejuicios sociales y cambiar la percepción de la sociedad machista hacia la comunidad”, explicó.
Expuso que esta sexta marcha donde la comunidad de Chilapa portó trajes regionales del país y del estado, fue para manifestar que la homosexualidad existe en las zonas indígenas donde muchas veces es más complicado de tratar y aceptar.
“Nos topamos con diferentes formas de pensar, es parte de nuestro trabajo concientizar a la sociedad para que podamos quitarnos esas etiquetas, esos prejuicios que toda la vida nos han estado marcando y señalando”, mencionó.
En el desfile la organización Zihuame Xotlametzin portó en grande la leyenda: “Luchan por la vida del feto pero cuando nace y es gay le quitan sus derechos”, mientras que estudiantes portaron cartulinas donde decía: “mi preferencia sexual no justifica el rechazo social” o “respeta mi familia, mi libertad, mi vida”.

Este jueves, el Ayuntamiento capitalino tomó protesta a 35 de los 42 nuevos comisarios del municipio de Chilpancingo. Las nuevas autoridades fueron citadas a las 12 del mediodía para tomarles la protesta a la 1 de la tarde; sin embargo, los integrantes del Cabildo y el presidente municipal llegaron a las 2:20 de la tarde.
En declaraciones antes de su toma de protesta, comisarios de las comunidades de Azinyahualco, San Miguel, Inscuinatoyac y Agua Hernández, declararon que sus principales problemas son de salud y educación.
Cirenio Pereira Cortes, de Inscuinatoyac, dijo que en el centro de salud hacen falta medicamentos, médicos y enfermeras porque la atención es irregular, y cuando algún paciente tiene una complicación debe viajar hasta la capital, que queda a tres horas de recorrido.
Asimismo, dijo que tienen kínder, primaria, secundaria y bachillerato, pero no cuentan con buena infraestructura, “algunos salones son de madera, además los maestros no van constantemente”.
Recriminó que, desde que inició la administración Leyva Mena no ha acudido a la localidad, “sólo fue cuando estaba en campaña, de ahí no lo hemos visto en la comunidad”.
Por su parete, el comisario de Agua Hernández, Genaro Martínez Juárez indicó que también tienen problemas en educación y salud, porque “tenemos un enfermero”, pero va una vez por semana porque también atiende a otra comunidad.
Además, dijo que les falta un plantel de nivel bachillerato, por lo que los jóvenes dejan de estudiar ante la imposibilidad de ir a estudiar en la capital, “los jóvenes se quedan estancados”, se quejó.
Reclamó que también es urgente tener un médico en la comunidad, y citó el caso reciente de una mujer a quien se le complicó el embarazo y tuvieron que trasladarla de urgencias al Hospital General Raymundo Abarca, cuando “de la comunidad a la capital son cinco horas de camino”.
El comisario de San Miguel, Rogelio Martinéz Carbajal dijo que, “allá en la comunidad se requieren muchas cosas, todo se ha quedado en promesas del presidente municipal”.
Indicó que cuando Marco Antonio Leyva Mena estaba en campaña se comprometió a construir un comedor comunitario, y no lo hizo, “ya pasaron casi dos años de su administración y ni ha acudido a la comunidad”.
Manifestó que “es una tristeza no tener el apoyo del alcalde” por lo que espera que este último año que le queda haga una obra.
Por su parte, el comisario de Azinyahualco, Carlos Morales informó que en la comunidad no hay rehabilitación de caminos, hace falta medicamentos y médicos. Tampoco ha entregado las casas para damnificados de la tormenta Manuel.
Recriminó que el alcalde “se comprometió con sistema de riego, pero no nos los ha proporcionado”, ni ha regresado a la comunidad luego de la campaña a presidente municipal.
En su discurso el alcalde dijo que, “para esta administración ha sido prioritario el hecho de atender las comunidades, porque son zonas donde la pobreza duele y duele mucho, donde las necesidades están latentes y golpeándolos. Al ser elegidos son los responsables de tratar de arreglar y mejorar las condiciones de su comunidad”.