Aprueba el Congreso un exhorto para que se investigue la emboscada en La Gavia
Los diputados piden a las dependencias involucradas tener mayor coordinación y subsanar cualquier cuestión en la que se haya fallado, además de investigar y castigar si se filtró información sobre la operación policiaca
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Sin el aval de la diputada de Morena, el Congreso local aprobó un exhorto que condena la emboscada a policías federales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, y que llamar a una mejor coordinación entre instituciones de gobierno, así como investigar y castigar si hubo filtración de información en este suceso.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, leyó el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, que incluye un “atento y respetuoso” exhorto al procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade; al fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, y al comisionado de Seguridad Pública, a tener mayor coordinación y subsanar cualquier cuestión en la que se haya fallado, además de investigar y castigar si hubo una infiltración de la operación policiaca.
En el ataque a policías federales que llegaron en una búsqueda para detener al jefe de la banda de Los Tequilero, Raybel Jacobo de Almonte, fueron muertos tres uniformados y un civil, y siete policías resultaron heridos.
La diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, aclaró que su partido no justifica el uso de la fuerza en Guerrero, porque se usa para justificar medidas represivas, y la militarización que durante muchos años no ha dado resultados.
Como referencia, dijo que Guerrero sigue entre los estados más violento del país, por el registro de homicidio dolosos, y confirma “la absoluta incompetencia del gobierno del estado para tutelar la vida de sus habitantes”.
Mejía Berdeja replicó que hay una industria criminal que combatir, “esa gente se ha hecho millonaria, ha sembrado el terror, no le interesa la pobreza ni la desigualdad, se convirtieron en autoridades por encima de los gobiernos”.
En tribuna, el diputado del PRD, Osiel Hugar García Trujillo, aclaró que la violencia no sólo está en Tierra Caliente, y denunció el aumento de ataques a los integrantes de su partido. Se refirió a los disparos de policías estatales contra el automóvil en que viajaba el ex diputado del PRD, Pablo Ávalos, el martes en Acapulco.
Aclaró que luego ofrecieron disculpas por el error, pero los ataques se acumulan y deben ser investigados. Como línea, mencionó las fricciones directas de Pablo Avalos con el presidente del comité municipal del PRI. Insistió en que se tiene que analizar, “no sólo perdón, borrón y cuenta nueva. Tal parece un ataque frontal y directo. Ojalá que el gobierno del estado otorgue medidas cautelares para que no tenga ningún temor su familia ni él”.
El diputado del PAN, Iván Pachuca Domínguez, propuso que sea obligatorio para funcionarios públicos y trabajadores afines la aplicación de exámenes toxicológicos, incluido el gobernador, “a fin de garantizar que sean ajenos al consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes que produzcan efectos similares”.
Argumentó que dada las condiciones que padece el estado, un examen toxicológico dará certeza de que los servidores públicos y tomadores de decisiones “desempeñen su labor sin la influencia de fármacos, drogas o sustancias prohibidas por la ley”.
Pachuca dijo que la crisis de inseguridad por la que atraviesa Guerrero “se agudizó en los últimos años y está marcada por la creciente y compleja actividad del narcotráfico, por ello la necesidad de cuidar a Guerrero de malos funcionarios que no tienen respeto por las instituciones, que carecen de vocación de servicio y tienen una conducta corrompida al consumir substancias”.
Se informó de diferentes iniciativas entregadas por el secretario general de Gobierno para reformar el Código Penal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y la iniciativa de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que se turnaron a comisiones para su análisis.
De las propuestas del ejecutivo, la presidenta del Congreso, Flor Añorve, declaró que le darán salida lo antes posible.
Entre otros puntos, el diputado de MC Silvano Blanco de Aquino planteó otro exhorto al Congreso federal, para que reforme la legislación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sancionar la firma de pagares en blanco. Explicó que principalmente en la región Montaña, hay muchos indígenas defraudados por casas de empeño o por oportunistas que se aprovechan porque no hablan español, y consideró que este es un problema que debe tener seguimiento.
Qué digan a qué autoridades infiltradas se refieren los agentes de la PGR, pide Astudillo
Califica el gobernador de “temeraria” la declaración hecha en la TV por dos de los sobrevivientes del enfrentamiento en La Gavia con Los Tequileros. Él tiene “información” pero corresponde a la dependencia federal decir qué pasó, insiste el gobernador. Debe haber una “mejor” coordinación, sostiene
Karla Galarce Sosa
El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que debe haber una “mejor” coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR), y calificó de “temeraria” la declaración de dos agentes que resultaron heridos en el enfrentamiento contra Los Tequileros en La Gavia, de que las autoridades locales están “inmiscuidas” con el crimen organizado y que por eso ya los estaban esperando para emboscarlos.
En breves declaraciones en el centro de convenciones Mundo Imperial, tras anunciar la reinauguración de la Casa de Cultura del Niño de Atlamajalcingo, Astudillo Flores insistió en que la PGR debe informar qué ocurrió en el enfrentamiento que dejó tres muertos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), pues aunque él tiene “información” no le corresponde divulgarla.
“Esa es una información muy temeraria, respecto a que los gobiernos locales están infiltrados, hay que ubicar a qué gobiernos locales se refieren, porque los gobiernos tienen tres instancias. Yo lo que les puedo expresar a ustedes que en ese lugar hay una lucha muy antigua, no es nuevo lo que está sucediendo ahí, y no creo que sea lo correcto que en una situación en donde se ha lamentado la pérdida de vidas, de quienes intentaron detener un delincuente, frente a una circunstancia que no salió como hubiéramos querido, el reparto de culpas sea de esa manera”, dijo el gobernador.
“Sin que yo pueda meter las manos al fuego por alguien, me parece que la Procuraduría General de la República, con todo respeto, debe ofrecer alguna información de qué fue lo que sucedió y por qué fue el planteamiento de la operación como lo hicieron, yo sigo reconociendo y agradeciendo a todas las instancias federales que vengan y que nos ayuden”, indicó el gobernador.
“Yo creo que la coordinación que se tiene que hacer para enfrentar ese tipo de problemas debe de armarse mejor”, opinó Astudillo Flores, quien dijo que espera que pronto se aprehenda a El Tequilero y a quienes generan la violencia en Tierra Caliente.
“Tengo información pero no puedo yo hacer alguna exposición, porque no me corresponde, soy muy respetuoso en este caso de la Procuraduría”, justificó.
Lo anterior, luego las declaraciones de dos agentes que resultaron heridos y que fueron entrevistados por Denise Maerker en el noticiero En Punto de Televisa, el miércoles en la noche, quienes señalaron que el ataque al convoy de federales fue perpetrado por habitantes de ese poblado y que en esa situación las autoridades locales están inmiscuidas.
En la transmisión, uno de los agentes federales que lograron sobrevivir al ataque subrayó que no se avisó a ninguna de las autoridades federales ni estatales que entrarían a La Gavia, “no, a nadie se le avisa. Desgraciadamente sabemos que hay mucha resistencia de las autoridades locales, pues están un poco inmiscuidas o metidas con ese tipo de bandas”.
Se le comentó al gobernador que el mes pasado fue mostrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como el más violento en los últimos cinco años y respondió: “No es un problema que solamente esté afectando a Guerrero, es un problema nacional y en ese problema nacional lamentablemente estamos en una situación de la cual no nos sentimos nada, nada halagados”, expresó.
Debería la PGR actuar contra funcionarios ligados al crimen, ataja Florencio Salazar
El secretario de Gobierno señala que la administración estatal sabe que operaciones como las de La gavia se hacen sin comunicárselo a los estados, porque son del ámbito federal
Anarsis Pacheco Pólito
Chilpancingo
El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) deberá actuar en el supuesto de que hubiera funcionarios locales relacionados con grupos criminales, quienes pudieran filtrar información sobre sus operaciones.
Este miércoles, en una entrevista trasmitida en el noticiario En Punto de Televisa, que conduce la reportera Denise Maerker, uno de los agentes de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) señaló que no se informó al gobierno guerrerense sobre el operativo que se realizó en La Gavia: “No, a nadie se le avisa. Desgraciadamente sabemos que hay muchas resistencia de las autoridades locales, pues están un poco inmiscuidas o metidas con este tipo de bandas”.
Ante este señalamiento, el funcionario estatal dijo que es una declaración que se debe de sustentar, y si proviene de la PGR, esta agencia de seguridad debe actuar porque es de su competencia hacerlo.
“Ellos deberían actuar en el supuesto de que hubiera funcionarios en esas condiciones, deben hacerlo por las propias competencias que les otorga la ley”, señaló.
Agregó que el gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores sabe que este tipo de operaciones que realiza la federación se hacen sin comunicárselo al gobierno estatal.
Enumeró los por qué no se les informa: Primero, porque no tienen la obligación de hacerlo; segundo porque lo que persiguen son objetivos delincuenciales de carácter federal, y tercero, “en efecto lo prudente para cualquier corporación policial es hacerlo con la mayor discreción posible”.
Entrevistado en su despacho del edificio Norte del Palacio de Gobierno, se le preguntó sobre si se investigaría a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ante el señalamiento, o si se pediría la intervención de la PGR para hacerlo.
“Ni vamos a esperar, ni vamos a solicitar investigación alguna, porque para nosotros es la autoridad competente federal la que tiene las facultades para iniciar cualquier indagatoria al respecto pues carecemos de elementos”, señaló.
También se le preguntó si para el gobierno estatal La Gavia era un foco rojo en este momento, pero el funcionario respondió que para este gobierno todos los lugares y comunidades donde hay violencia son prioridad.
“El gobierno del estado no solo atiende a La Gavia, porque al gobernador y sus colaboradores lo que nos interesa es proporcionar la mayor seguridad pública posible”, enfatizó.
Ante esto, también se le preguntó de la información revelada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), de la Secretaría de Gobernación, que detalla que en mayo Guerrero fue el estado más violento del país con 217 homicidios dolosos.
“Es una situación que lamentablemente se debe fundamentalmente a la división que ha habido de los grupos delincuenciales”, señaló.
Dijo que el aumentó en la cifra se debe a los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado por la disputa del territorio, lo que ha provocado que Guerrero se coloque en los primeros lugares de violencia.
Insistió en que esto no es un tema que tenga satisfecho al actual gobierno, por lo que periódicamente sostienen reuniones entre las cabezas de las dependencias de seguridad, para revisar los mecanismos apropiados para poder disminuir estos niveles que se han registrado.
“Pasamos de ser el estado más violento del país a ocupar el segundo lugar, tampoco es un aliciente, pero es indicativo de que el nivel delincuencial pues ha disminuido, pero ciertamente no en los porcentajes que deseamos”, señaló.
A pregunta dijo que las políticas públicas diseñadas para atender el problema de seguridad son las apropiadas para combatir la delincuencia, pero recordó que se trata de un problema nacional.
Recordó que se realiza una reunión periódica con los gobernadores de todo el país, para una evaluación sobre la situación que se vive no solo en el estado.
“Los grupos de coordinación de seguridad son las instituciones responsables, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública y las instancias federales, las que instrumentan las medidas necesarias para atacar estos problemas”, agregó.
Alerta de género
El secretario general de Gobierno recodó que hay dos vías para realizar la declaratoria de alerta de género, una de ellas es la estatal a través de su secretaría, y la federal a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
“Lo que ayer asumió el gobernador de manera responsable, fue que en uso de las facultades que otorgan las leyes del estado se emitiera la alerta de género, independientemente de que siga su curso el proceso establecido en la federación”, señaló.
Dijo que están tan dispuestos a cumplir con los puntos establecidos para mejorar estas condiciones, que la próxima semana se realizará la primera reunión donde se revisaran los avances que se tienen e instrumentar las políticas necesarias para que se atienda.
Se le preguntó sobre si el anuncio realizado un día antes de que la federación lo diera se trataba de una estrategia política, y el funcionario respondió: “Todo lo que hace el gobierno es político, pero en lo que se refiere a la declaratoria del día de ayer, pues simplemente fue advertir cómo se estaba incrementando el número de mujeres que han perecido de manera violenta e implementar las políticas necesarias, y no necesariamente esperar lo que pudiera resolver el gobierno federal, porque los feminicidios han ido a la alza y nosotros haremos un esfuerzo en atajarlos”.