Para que exista paz en los estados violentos como Guerrero se necesita erradicar la impunidad y que se haga justicia a las víctimas, porque el 99 por ciento de los asesinatos no se resuelven.
Además deben de existir mejores condiciones y oportunidades para que la gente no caiga en manos de la delincuencia organizada, coincidieron representantes de organizaciones no gubernamentales y de la Iglesia católica.
Ayer fue presentado el Índice de Paz Global en el auditorio de la biblioteca de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, que es una de las ciudades con mayor violencia en el país, para incidir en un cambio.
Según el estudio del Centro Internacional de Investigación Institute for Economics and Peace, México cayó dos lugares y se ubicó en el 142 de 163 países, mientras que Islandia sigue siendo el país más pacífico.
En su intervención la representante del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) en México, Patricia de Obeso dijo que por cuarto año consecutivo el estado ocupa el último lugar en el índice de paz, y tiene una tasa de homicidios de 62 por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio es de 16, “que ya es muy por encima del promedio global”.
Abundó que Guerrero en el último año empeoró en los delitos que tienen que ver con el crimen organizado como secuestro, extorsión y tráfico de drogas, en un 80 por ciento. Mencionó que en el Índice de Paz en México dado a conocer en abril pasado, Guerrero está por cuarto año en el último lugar.
“La problemática no sólo es el crimen organizado, sino la violencia interpersonal, las violaciones que han empeorados en los últimos años, los crímenes con violencia, es decir, los robos y los asaltos también han empeorado”, informó.
Dijo que el costo e impacto económico por la violencia a nivel mundial es de 12.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, que corresponde a mil 900 dólares por personal, y en México corresponde al 18 por ciento del PIB, es decir que 25 mil pesos por persona, “México es de los 35 países en el mundo que mayor impacto económico de la violencia tiene”.
Reveló que el costo de la violencia en Guerrero representa el 73 por ciento del PIB, y que corresponde a 53 mil pesos por persona. El cálculo incluye los costos directos de la violencia, lo que gastan los países en contención y los costos indirectos como la pérdida de un integrante de una familia y el gasto que representa.
“Qué pasaría si en Guerrero invirtiéramos más de forma positiva, en prevención, en fortalecer la policía o simplemente si ya no queremos hacer eso pues que a todos nos dieran esos 53 mil pesos ¿no?, yo creo que las familias pudieran hacer mucho más con esos recursos que lo que se está haciendo actualmente en el país”.

Los ocho factores para disminuir la violencia

Patricia de Obeso dijo que hay ocho factores que harían que la violencia bajara en el país y que considera el Instituto, son: el buen funcionamiento del gobierno, “¿qué tanto confían los ciudadanos en su policía?, la distribución equitativa de recursos, libre flujo de información, un entorno empresarial sólido, altos niveles de capital humano, aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción y las buenas relaciones entre los vecinos.
Dijo que por cuarto año consecutivo en el Índice de Paz los pilares más débiles son: el buen funcionamiento del gobierno, “si bien vemos que la confianza en la policía aumentó un poco como lo dice el INEGI en el último año, venimos de niveles bajísimos de confianza” pese al aumento de denuncias por casos de tortura.
Los niveles de corrupción que según el INEGI el 91 por ciento de los delitos no se castigan, no llegan a una sentencia “y cuando vemos el índice global de impunidad México ocupa el nivel 58 de los 59 países que evalúan” y es el que más preocupa a los ciudadanos.
El libre flujo de información, “hay censura de la información y ataques a los periodistas, además de que actualmente hay manipulación de los datos”, dijo, y llamó a fortalecer a las autoridades locales y a la sociedad civil para avanzar en la paz.
Destacó que México es menos pacífico y que tiene un mayor deterioro en el indicador de conflicto interno, terror político, e inestabilidad social.
Además que hay mucha discrepancia entre los datos oficiales que reportan las Fiscalías de los estado y lo que el INEGI recoge sobre los asesinatos, lo que hace que sean menos confiables.

Acapulco concentra el 44 por ciento de los asesinatos

La representante de México Evalúa e impulsora de la campaña México sin Homicidios, Cecilia Real afirmó que en Guerrero el 94 por ciento de los homicidios no se resuelven y que el reto para las autoridades es la impunidad, que es como se revertirán los índices de violencia.
Ante los asistentes indicó que Acapulco concentra el 44 por ciento de los asesinatos y a nivel nacional a porta el 5 por ciento de las cifras.
Cecilia Real refirió que el reto con los homicidios cometidos en Guerrero “es el tema de la impunidad, y Guerrero tiene una impunidad del 94 por ciento de los homicidios, el 99 por ciento de los homicidios no se resuelven”.
Indicó que América Latina es la región más violenta del mundo, concentra el 38 por ciento de los homicidios del mundo y tiene el 8 por ciento de la población, por eso México está dentro de la campaña Sin homicidios.
Para México Evalúa, según su representante, elevar el costo de los homicidios, es decir que se haga justicia reduciendo la impunidad, bajaría la violencia, y “la Procuraduría tiene mucho qué hacer, y lo que estamos pidiendo es que se concentren los recursos en las cosas que más afectan a la comunidad”.
Además dijo que los programas de prevención de la violencia no tienen resultados, y se demuestra en los índices de asesinatos, “cuánto no se ha invertido en prevención de la violencia en el país, particularmente en Acapulco, también es el municipio que más recursos recibió”.
Ante la falta de resultados dijo que se deben de analizar y revisar las experiencias internacionales que han arrojados resultados, como las campañas de prevención que se concentran en los adolescentes en conflictos con la ley, la sanción y la disuasión efectiva de la violencia doméstica.
Llamó a que las autoridades no tomen decisiones por ocurrencias o para la foto, “si hay polígonos de Acapulco que tienen altas tasas de violencia sería de sentido común que las autoridades invirtieran recursos ahí, y no solamente a cualquier tipo de programa, sino realmente cuáles son los factores que están detonando la violencia en esos lugares porque no siempre son los mismos”.
Pidió desarrollar una policía orientada a resolver problemas porque hay mucha desconfianza en las autoridades, sin embargo el dinero que se destina para la prevención de los delitos está invertido en los policías, así que se le tienen que dar capacidades para atender a la comunidad.
Y que se reduzca el acceso a las armas porque más del 70 por ciento de los homicidios que se cometen en Acapulco y en Guerrero son con armas, y se tiene que pensar en programas efectivos del desarme, que no sea el canje por dinero que sólo hace que se renueven las armas.

Mejores condiciones de vida para no caer en el narco

El padre Jesús Mendoza Zaragoza pugnó por mejores condiciones de vida para los habitantes del estado para poder conseguir la paz, porque la falta de oportunidades hace que la gente que no tiene trabajo sea presa fácil de los grupos delincuenciales.
Expresó que donde no hay condiciones de oportunidades de empleo, para desarrollar mejores condiciones de vida, salud, educación, alimentación, es imposible mejorar,
“son caldo de cultivo de violencia” y que se debe de pensar desde una perspectiva de igualdad y desarrollo para todos.
El padre afirmó que lo que se vive en Guerrero es consecuencia de su historia que dio pie a lo que sucede ahora, “no tenemos que ser como antes”.
Afirmó que la violencia es el rezago de la política económica y social, sin olvidar el cacicazgo político que persiste.
“El gobierno tiene un papel fundamental para el desarrollo del estado o de la región, es correcto que tengamos gobiernos fuertes, no duros”, pero en cambio en el estado hay gobiernos frágiles y vulnerables, reprochó.
Dijo que hay regiones donde prácticamente hay “ingobernabilidad, donde las instituciones no están presentes y si lo están, están muy deterioraras, la gran manifestación son los grupos de las autodefensas porque surgen por el vacío del Estado”.
Advirtió de la desconfianza generalizada al gobierno que está cooptado por los grupos delincuenciales, además de que no hay una cultura de la denuncia porque las instituciones no funcionan.
El presbítero aprovechó para recriminar la forma en que fue nombrado el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el estado, Luis Camacho Mancilla, quien fue propuesto por el gobernador Héctor Astudillo, “el autoritarismo es una dificultad también”.
Lamentó que no hubo consulta a los colectivos y familiares de las víctimas y que la decisión fue vertical, “el estado está funcionado a su modo, al margen de la población”.
Agregó que la corrupción en el estado se distribuye en forma “mafiosa y sectaria“ y por ello hay un amplio malestar social y desconfianza, y llamó a que su combate sea algo formal y no de palabras, además de que no es privativa de las autoridades.

El secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) deberá actuar en el supuesto de que hubiera funcionarios locales relacionados con grupos criminales, quienes pudieran filtrar información sobre sus operaciones.
Este miércoles, en una entrevista trasmitida en el noticiario En Punto de Televisa, que conduce la reportera Denise Maerker, uno de los agentes de inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) señaló que no se informó al gobierno guerrerense sobre el operativo que se realizó en La Gavia: “No, a nadie se le avisa. Desgraciadamente sabemos que hay muchas resistencia de las autoridades locales, pues están un poco inmiscuidas o metidas con este tipo de bandas”.
Ante este señalamiento, el funcionario estatal dijo que es una declaración que se debe de sustentar, y si proviene de la PGR, esta agencia de seguridad debe actuar porque es de su competencia hacerlo.
“Ellos deberían actuar en el supuesto de que hubiera funcionarios en esas condiciones, deben hacerlo por las propias competencias que les otorga la ley”, señaló.
Agregó que el gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores sabe que este tipo de operaciones que realiza la federación se hacen sin comunicárselo al gobierno estatal.
Enumeró los por qué no se les informa: Primero, porque no tienen la obligación de hacerlo; segundo porque lo que persiguen son objetivos delincuenciales de carácter federal, y tercero, “en efecto lo prudente para cualquier corporación policial es hacerlo con la mayor discreción posible”.
Entrevistado en su despacho del edificio Norte del Palacio de Gobierno, se le preguntó sobre si se investigaría a los policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ante el señalamiento, o si se pediría la intervención de la PGR para hacerlo.
“Ni vamos a esperar, ni vamos a solicitar investigación alguna, porque para nosotros es la autoridad competente federal la que tiene las facultades para iniciar cualquier indagatoria al respecto pues carecemos de elementos”, señaló.
También se le preguntó si para el gobierno estatal La Gavia era un foco rojo en este momento, pero el funcionario respondió que para este gobierno todos los lugares y comunidades donde hay violencia son prioridad.
“El gobierno del estado no solo atiende a La Gavia, porque al gobernador y sus colaboradores lo que nos interesa es proporcionar la mayor seguridad pública posible”, enfatizó.
Ante esto, también se le preguntó de la información revelada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), de la Secretaría de Gobernación, que detalla que en mayo Guerrero fue el estado más violento del país con 217 homicidios dolosos.
“Es una situación que lamentablemente se debe fundamentalmente a la división que ha habido de los grupos delincuenciales”, señaló.
Dijo que el aumentó en la cifra se debe a los enfrentamientos entre los grupos del crimen organizado por la disputa del territorio, lo que ha provocado que Guerrero se coloque en los primeros lugares de violencia.
Insistió en que esto no es un tema que tenga satisfecho al actual gobierno, por lo que periódicamente sostienen reuniones entre las cabezas de las dependencias de seguridad, para revisar los mecanismos apropiados para poder disminuir estos niveles que se han registrado.
“Pasamos de ser el estado más violento del país a ocupar el segundo lugar, tampoco es un aliciente, pero es indicativo de que el nivel delincuencial pues ha disminuido, pero ciertamente no en los porcentajes que deseamos”, señaló.
A pregunta dijo que las políticas públicas diseñadas para atender el problema de seguridad son las apropiadas para combatir la delincuencia, pero recordó que se trata de un problema nacional.
Recordó que se realiza una reunión periódica con los gobernadores de todo el país, para una evaluación sobre la situación que se vive no solo en el estado.
“Los grupos de coordinación de seguridad son las instituciones responsables, en este caso la Secretaría de Seguridad Pública y las instancias federales, las que instrumentan las medidas necesarias para atacar estos problemas”, agregó.

Alerta de género

El secretario general de Gobierno recodó que hay dos vías para realizar la declaratoria de alerta de género, una de ellas es la estatal a través de su secretaría, y la federal a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
“Lo que ayer asumió el gobernador de manera responsable, fue que en uso de las facultades que otorgan las leyes del estado se emitiera la alerta de género, independientemente de que siga su curso el proceso establecido en la federación”, señaló.
Dijo que están tan dispuestos a cumplir con los puntos establecidos para mejorar estas condiciones, que la próxima semana se realizará la primera reunión donde se revisaran los avances que se tienen e instrumentar las políticas necesarias para que se atienda.
Se le preguntó sobre si el anuncio realizado un día antes de que la federación lo diera se trataba de una estrategia política, y el funcionario respondió: “Todo lo que hace el gobierno es político, pero en lo que se refiere a la declaratoria del día de ayer, pues simplemente fue advertir cómo se estaba incrementando el número de mujeres que han perecido de manera violenta e implementar las políticas necesarias, y no necesariamente esperar lo que pudiera resolver el gobierno federal, porque los feminicidios han ido a la alza y nosotros haremos un esfuerzo en atajarlos”.

 

Sin el aval de la diputada de Morena, el Congreso local aprobó un exhorto que condena la emboscada a policías federales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, y que llamar a una mejor coordinación entre instituciones de gobierno, así como investigar y castigar si hubo filtración de información en este suceso.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, leyó el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, que incluye un “atento y respetuoso” exhorto al procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade; al fiscal general del estado, Javier Olea Peláez, y al comisionado de Seguridad Pública, a tener mayor coordinación y subsanar cualquier cuestión en la que se haya fallado, además de investigar y castigar si hubo una infiltración de la operación policiaca.
En el ataque a policías federales que llegaron en una búsqueda para detener al jefe de la banda de Los Tequilero, Raybel Jacobo de Almonte, fueron muertos tres uniformados y un civil, y siete policías resultaron heridos.
La diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, aclaró que su partido no justifica el uso de la fuerza en Guerrero, porque se usa para justificar medidas represivas, y la militarización que durante muchos años no ha dado resultados.
Como referencia, dijo que Guerrero sigue entre los estados más violento del país, por el registro de homicidio dolosos, y confirma “la absoluta incompetencia del gobierno del estado para tutelar la vida de sus habitantes”.
Mejía Berdeja replicó que hay una industria criminal que combatir, “esa gente se ha hecho millonaria, ha sembrado el terror, no le interesa la pobreza ni la desigualdad, se convirtieron en autoridades por encima de los gobiernos”.
En tribuna, el diputado del PRD, Osiel Hugar García Trujillo, aclaró que la violencia no sólo está en Tierra Caliente, y denunció el aumento de ataques a los integrantes de su partido. Se refirió a los disparos de policías estatales contra el automóvil en que viajaba el ex diputado del PRD, Pablo Ávalos, el martes en Acapulco.
Aclaró que luego ofrecieron disculpas por el error, pero los ataques se acumulan y deben ser investigados. Como línea, mencionó las fricciones directas de Pablo Avalos con el presidente del comité municipal del PRI. Insistió en que se tiene que analizar, “no sólo perdón, borrón y cuenta nueva. Tal parece un ataque frontal y directo. Ojalá que el gobierno del estado otorgue medidas cautelares para que no tenga ningún temor su familia ni él”.
El diputado del PAN, Iván Pachuca Domínguez, propuso que sea obligatorio para funcionarios públicos y trabajadores afines la aplicación de exámenes toxicológicos, incluido el gobernador, “a fin de garantizar que sean ajenos al consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes que produzcan efectos similares”.
Argumentó que dada las condiciones que padece el estado, un examen toxicológico dará certeza de que los servidores públicos y tomadores de decisiones “desempeñen su labor sin la influencia de fármacos, drogas o sustancias prohibidas por la ley”.
Pachuca dijo que la crisis de inseguridad por la que atraviesa Guerrero “se agudizó en los últimos años y está marcada por la creciente y compleja actividad del narcotráfico, por ello la necesidad de cuidar a Guerrero de malos funcionarios que no tienen respeto por las instituciones, que carecen de vocación de servicio y tienen una conducta corrompida al consumir substancias”.
Se informó de diferentes iniciativas entregadas por el secretario general de Gobierno para reformar el Código Penal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y la iniciativa de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que se turnaron a comisiones para su análisis.
De las propuestas del ejecutivo, la presidenta del Congreso, Flor Añorve, declaró que le darán salida lo antes posible.
Entre otros puntos, el diputado de MC Silvano Blanco de Aquino planteó otro exhorto al Congreso federal, para que reforme la legislación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sancionar la firma de pagares en blanco. Explicó que principalmente en la región Montaña, hay muchos indígenas defraudados por casas de empeño o por oportunistas que se aprovechan porque no hablan español, y consideró que este es un problema que debe tener seguimiento.

 

 

A pesar de las estrategias de seguridad sigue el problema, reconoció la presidenta del Congreso local y coordinadora de la fracción del PRI, Flor Añorve Ocampo, al hablar sobre los datos oficiales que colocaron a Guerrero como el estado más violento del país, con 217 homicidios en mayo.
En entrevista colectiva, añadió optimista que se sigue trabajando para encontrar la solución, “esperemos que sea pronto”.
Asimismo habló de la alerta de género por violencia feminicida en Guerrero, que aplicará por decreto el gobernador Héctor Astudillo Flores, cuyo anuncio fue este miércoles, un día antes de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitiera su dictamen de alerta por violencia de género contra las mujeres para ocho municipios.
La diputada consideró “bueno” que el gobernador se haya adelantado a la Conavim, porque era un asunto que de todas formar iba suceder y porque no hay más resistencia en Guerrero.
Consideró que en otros estados los gobernadores se resisten a aceptar una alerta de violencia contra las mujeres, pero en Guerrero el Congreso apoyará las acciones del gobierno del estado para que disminuya la incidencia en la muerte de mujeres.
Tuvo que reconocer que la fracción del PRI trató de impedir la declaración de alerta en Guerrero, durante el año que duró el trámite de la solicitud de alerta promovida por la Alianza Feminista en la Secretaría de Gobernación, a través de la Conavim.
“Nosotros estábamos haciendo todo lo posible para que no se declarar la alerta, no cubriendo el hecho, sino ayudando para que con distintas leyes el Congreso estuviera acorde con la necesidades de las mujeres en el estado”.
Incluso dijo que “la alerta es algo difícil, a nadie le gusta estar con tanta incidencia, no es deseable porque quiere decir que muchas mujeres son violentadas, maltratadas, la declaración (de alerta) hace que los ojos de muchas mujeres volteen y se asignen recursos para trabajar. Es triste que se declare, porque significa que en Guerrero tenemos ese problema”.
Estimó que el hecho de que el gobernador se adelantara a la Conavim “no es malo, es bueno. Pienso que es necesario, porque en muchas de las ocasiones no se hacen este tipo de situaciones y no se hace nada por mejorar la condición de las mujeres”.
Sobre el registro de muertes de mujeres de ultimas fechas con posibles vínculos con la delincuencia, opinó que no es un asunto de dinero o educación, las mujeres son más violentadas por la propia cultura y situaciones de género, “porque no son utilizadas por la delincuencia como jefas de grupo, sino como carne de cañón, lo que repercuten en la violencia contra ellas y en su propia muerte”.
Luego abordó el índice de homicidios dolosos que registra mes con mes la Secretaría de Gobernación, que engloba hombres y mujeres, donde se colocó en mayo de 2017 a Guerrero como el más violento del país, un mes que supera en asesinatos a los del mismo mes de 2012, que fue el año más cruento de la historia reciente.
“Estamos sintiendo que la batalla no está siendo mucho a nuestro favor, tenemos que redoblar esfuerzos, hacer muchas más estrategias, hay que buscarle, seguirle buscando. El problema es cuando no se hace nada”.
Adelantó que en la sesión de este jueves, el gobierno del estado envió varias iniciativas sobre el tema de seguridad y anticorrupción, “vamos a trabajar fuertemente para que en tiempo récord las saquemos”.
Añadió que hubo una reunión con los integrantes de la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción, para que den sus opiniones sobre la iniciativa, y una vez listas, ellos realizarán foros para difundirlas.
Saúl Beltrán puede regresar y ocupar su curul en el PRI, dice

En otro tema, informó que el diputado con licencia Saúl Beltrán, vinculado a Los Tequi-leros, en Tierra Caliente, y acusado de homicidio, puede regresar a su curul sin ningún impedimento y mantener su posición en la fracción priista.
Sin embargo, aclaró que de acuerdo con la información difundida en la prensa, él decidió antes resolver la situación que enfrenta. Mientras tanto, dijo que están suspendidos su dieta y sus derechos.
Precisó que también será su decisión quedarse o separase de la fracción, después de que el partido le suspendió sus derechos, “Saúl Beltrán sigue siendo diputado del PRI, la posición en el Congreso es distinta a un partido”.
En el caso del alcalde de Chilpancingo, que denunció fuego amigo contra su gobierno, la coordinadora consideró que los diputados del PRI lo han defendido en el Congreso, como hacen los de otros partidos en respaldo de los alcaldes de la misma afiliación.
Recordó que se han reunido con Marco Leyva para conocer los problemas del municipio, como el de la basura, “los diputados de Chilpancingo están trabajando, los veo muy activos”.

 

El fiscal general Javier Olea Peláez dijo que se están “tergiversando las cosas”, en relación con la emboscada donde murieron tres agentes de la PGR mientras iban en busca de Raybel Jacobo Almonte, El Tequilero.
En breves declaraciones después de la inauguración del Congreso de Prevención Social para la Paz en Guerrero, que se llevó a cabo en el Polideportivo Cici de Ciudad Renacimiento, el fiscal dijo que no podía emitir una opinión de lo acontecido en La Gavia, San Miguel Totolapan, luego de preguntarle acerca de que el coordinador de la Policía Federal en Guerrero, David Portillo Menchaca, declaró que si desde las fuerzas de seguridad.se filtró a los delincuentes la información sobre el operativo de la PGR debe castigarse a los responsable.
Añadió que ya platicó con el comandante Portillo Menchaca, sin dar más detalles.
Al preguntarle cómo va el trabajo de la Fiscalía para la detención de El Tequilero, el fiscal se dio la vuelta, agradeció y se fue.

El presidente municipal Felipe Vázquez Neri de Movimiento Ciudadano, pidió al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Nuvia Mayorga Delgado, apoyo para terminar pavimentaciones de calles, la red de electrificación y una unidad médica del IMSS-Prospera para 10 comunidades, así como médicos para un centro de salud que está cerrado.
Las peticiones fueron en su intervención en la inauguración de la Casa del Niño Indígena General Vicente Guerrero en esta cabecera municipal, y siguió con su lista: un puente de ocho metros, ya que el que tienen es de cuatro y apoyo con la unidad deportiva.
Agradeció el apoyo de los gobiernos que le han dado empuje y desarrollo al municipio con varias obras, la construcción del libramiento en Tlapa que beneficiará a La Montaña.
Astudillo Flores recordó la deuda histórica con el pueblo que cedió las campanas de la iglesia a Vicente Guerrero en su lucha de independencia, y remarcó los 50 millones de pesos de la Cdi en la construcción del libramiento en Tlapa.
Agregó que era una obra pedida años atrás y que era costosa pues se invertirán 100 millones.
Dijo que en La Montaña el programa Escuelas al 100 tiene varias obras en cada municipio, y preguntó a los presidentes municipales cuántas tenían, el de Malinaltepec respondió que más de 40, el Xalpatláhuac más de 20 al igual que en Tlacoapa, y dijo que eso era una inversión del gobierno federal interesado en la educación.
En la actividad Nuvia Mayorga entregó certificados de proyectos productivos de panaderías en la comunidad de Tototepec y de truchas en Ixtlahuazaca, pidió a los beneficiarios que hablaran de sus experiencias de trabajo y que les darán recursos cada año durante tres años para consolidarlos, aunque los beneficiarios dijeron que eran insuficientes.
El beneficiario del proyecto de truchas agradeció el apoyo del diputado petista Victoriano Wences Real, y se quejó de que otros les cierran las puertas como “el Alberto”, dijo señalando al secretario de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Gilberto Solano Arreaga, e insistió en que se necesita más inversión.
Agregó que quería saber dónde estaba el dinero del proyecto ecoturístico, “se desvío ese recurso, ya habíamos abierto la cuenta y no hay nada”.
Mencionó que la inversión de la Casa del Niño Indígena fue de 12 millones de pesos y que en el país eran 34 las que estaban remodelando o reconstruyendo, que era para 100 personas, 50 hombres y 50 mujeres con la intención de apoyar a los niños y jóvenes para que siguieran estudiando y tuvieran buenas calificaciones.
De la unidad médica del IMSS-Prospera que solicitaron dijo que se iba buscar la manera para que se concretara, al igual que le darían seguimiento al proyecto ecoturístico.
La alumna de secundaria Técnica, Monserrat Campos dijo que estaba agradecida porque las nuevas instalaciones eran nuevas y contaban con comedor, sala de usos múltiples, baños, computadoras que no tenían y ahora les servirán para hacer sus tareas.
Pidió Internet para poder investigar y apoyos a sus compañeros que tienen que caminar desde sus comunidades, porque no tienen 150 pesos para pagar el transporte y eso los expone a peligros.
Antes de la llegada del gobernador y la directora de la Cdi personal del gobierno ensayaba con los niños cómo caminar, las porras a gritar y cómo sonreír cuando ya estuvieran los funcionarios. El acceso fue restringido hasta que llegaron al lugar.
También les pidieron a los policías federales apostados en los cerros que se ocultaran porque saldrían en las fotografías.

 

La directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Nuvia Mayorga Delgado y el gobernador Héctor Astudillo Flores coincidieron en que se cumple la entrega de maíz, frijol y arroz a los integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña.
Consultados por separado al concluir la inauguración de la Casa del Niño Indígena, la directora de la Cdi dijo que el apoyo alimentario al Consejo está bien, que es un recurso de la institución que administra el gobierno del estado, y que es una cantidad menor a la que se aportaba, pero hace unas tres semanas se entregaron los granos básicos a las comunidades.
De la denuncia del delegado Lenin Carbajal Cabrera de un presunto desvío de recursos en el programa alimentario por el Consejo de Damnificados dijo que no existe, porque la parte que aporta la Cdi se transfiere a Diconsa que es la encargada de distribuir los granos básicos, y que si había señalamientos de otras personas los desconocía y lo iba a checar.
Al respecto en un primer momento Carbajal Cabrera se negó a responder y al abordarlo nuevamente sobre la petición de integrantes del Consejo de Damnificados de que se retractara dijo que no lo haría, porque él no había dicho nada ya que “el manejo de los recursos y la operatividad lo hacemos en la Cdi por lo que no hay ninguna retractación”.
Remarcó que el programa es manejado por la Cdi y la federación y que no hizo ninguna declaración sobre el tema.
El gobernador dijo que no es que no se atiendan los planteamientos de las comunidades, “sino que el Consejo hace sus planteamientos y nosotros respondemos en la medida de nuestras posibilidades, hay un apoyo que se va a entregar en los próximos días”.
“Insisto, no todo lo que se pide se puede resolver, el estado hace una distribución, tanto el gobierno federal que apoya con los planteamientos a este grupo de damnificados, nos interesa mucho seguir ayudando, pero también constatar cómo se entregan los apoyos”, enfatizó.
Del cierre de la carretera Tlapa-Chilapa porque padres exigen la clave de una escuela dijo que se dialoga y que debía haber comprensión de la gente porque ahí no se podía construir una escuela, por un dictamen de Protección Civil de que es zona de riesgo.
De por qué en diciembre les fue entregada una clave que resultó falsa dijo que desconocía esa información.
En cuanto a la emboscada en Cualac donde fueron asesinados cuatro policías para robarles el dinero de Prospera, dijo que ya había avances y que todos los alcaldes que tuvieran recursos de seguridad deberían de fortalecerla porque no sólo es responsabilidad del estado.
Sobre el presidente de Copanatoyac que vecinos denunciaron que no quería brindar seguridad al personal de Prospera dijo que debía hacerlo, porque el estado no se puede responsabilizar de todo y los municipios deben apoyar.

 

La alcaldesa perredista de Tlalchapa, Amalia Mora Euguiluz, informó que no le ha llegado ninguna notificación que la advierta de un proceso legal en su contra por el retraso en la entrega de la Cuenta Pública 2016.
Este miércoles, el auditor general del estado, Alfonso Damián Peralta, dio a conocer que trabaja en coordinación con el fiscal anticorrupción para poner demandas penales de manera inmediata en contra de servidores públicos que no cumplan con la ley de fiscalización, como las presentadas contra tres alcaldes que no presentaron la cuenta pública 2016.
Ante esto, la alcaldesa perredista aseguró que no le ha llegado ningún requerimiento en este tema legal, inclusive se enteró a través de esa nota sobre el proceso legal que se realiza.
Reconoció que su gobierno se ha retrasado en la entrega de la Cuenta Pública, pero se debe a “cuestiones contables” que no están relacionadas de manera directa en querer ocultar algo.
“Es por el exceso de trabajo y el poco personal que tenemos, no tenemos mucho presupuesto para pagar un despacho, hay despachos que te elaboran toda la cuenta y nosotros sólo tenemos a un contador que lleva la cuenta”, describió.
Reiteró que se han puesto a trabajar diariamente para atender la situación, a pesar de la falta de personal para atender este procedimiento anual.
“Es falta de personal, pero ya estamos avocados a cumplir con los mandatos de ley que implican entregar las cuentas a tiempo, estamos tratado de corregir que se entregue tarde, tratamos de que se entregue en tiempo y forma”, señaló.
Señaló que la Cuenta Pública del 2016 se entregó, pero su contador le informó que por una observación técnica le regresaron la documentación presentada, por lo que el lunes de la próxima semana se estará entregado.
Agregó que se le informó que deben contar con un programa especial, que cuesta 600 mil pesos, dinero que no tiene su administración y deberá analizar cómo adquirirlo para hacer su trabajo.

 

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, negó que exista “fuego amigo” en contra del alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, y precisó que lo que sí existe son críticas constructivas y propositivas de militantes del PRI al gobierno municipal, para fortalecer a la actual administración.
Consultado vía telefónica por las declaraciones del alcalde Marco Antonio Leyva Mena, quien desde el martes se ha quejado de que no tiene apoyo de la militancia del PRI y que dentro del partido existe “fuego amigo”, el dirigente estatal dijo que, “hay que reconocer que están a dos tercios de la administración y siempre habrá opiniones, críticas constructivas y propositivas de la militancia del PRI al gobierno de Chilpancingo, pero es para ir corrigiendo las deficiencias de la administración, es para fortalecerla”.
Aseveró que no hay problemas dentro de la militancia del PRI, con el alcalde no tienen ningún problema, tampoco ha recibido una queja, hay un buen trato de la militancia.
Heriberto Huicochea aseveró que se debe de entender que hay críticas y autocríticas en el partido, que en las administraciones si se hace un señalamiento es constructivo, por lo que lejos de afectar deberá de ayudar.
Incluso dijo que el PRI municipal ha apoyado a algunas actividades, como la limpieza de las barrancas.
Agregó que en los próximos días se reunirá con el alcalde de Chilpancingo para que le informe de las obras que está realizando para que concluya bien su administración.
Resaltó que “tal vez Marco (Antonio Leyva) está hablando de otros actores, porque con la militancia no hay problemas ni pleitos, no hay fuego amigo”.
En cuanto a las cifras que en mayo colocan a Guerrero el estado más violento en todo el país, con 216 homicidios, dijo que en reiteradas ocasiones ha mencionado que es un problema grave, que son muchas las causas que ha provocado la violencia, ya que en el caso de la entidad no se atendieron en años anteriores.
las elecciones de 2018, y respondió que es un tema general no solo en Guerrero, “debe de quedar claro que no hay una receta mágica, ni un mesías que lo venga a resolver de la noche a la mañana”.
Informó que no se deberá de caer en el “populismo” de que el problema de la violencia lo arreglan en 10 minutos, porque es un problema estructural y socioeconómico, tiene que ver con problemas graves como es la corrupción y la violencia.

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores supo con anticipación que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) iba a dictar la alerta de violencia de género en ocho municipios este jueves, y el miércoles anunció la aplicación por decreto de otra alerta, evidenciando que no tiene seriedad ni voluntad para resolver el problema, denunció la Alianza Feminista.
A las 10:30 de la mañana, en conferencia de prensa, la promovente Marina Reyna Aguilar informó que muy temprano recibió una llamada de la comisionada presidenta, Alejandra Negrete Morayta, para informarle que en el transcurso del día recibirían vía electrónica, ella y el gobernador, el dictamen de decreto de la alerta de género, y a partir del viernes el gobierno del estado tendrá diez días hábiles, que se vencen el 6 de julio, para entregar a la Comisión un cronograma y programa de trabajo, que integre alrededor de 40 acciones de seguridad, prevención y justicia.
Lo anterior, al margen de las acciones que anunció el ejecutivo anticipadamente, para otra alerta.
La feminista María Garfias Marín opinó que si el gobernador se adelantó a la alerta de género de la Conavim, fue porque dos integrantes del grupo de trabajo que revisó la solicitud de la alerta responden intereses del gobierno estatal. Se refirió a la universitaria Elia Moreno del Moral, a la que la Alianza Feminista impugnó cuando se integró el grupo; y a la representante de la Secretaría de la Mujer, quien también forma parte del equipo de expertos.
En este sentido, denunció que Astudillo Flores supo que se iba declarar la alerta de género porque no cumplió con las recomendaciones que planteó el grupo de trabajo, con las que pretendía evitar la declaración en Guerrero
“Es un golpe para este gobierno, que se negó durante muchos meses, casi dos años, a aceptar que en Guerrero hay feminicidios; que decía que era más importante el turismo que la vida de las mujeres”, sentenció.
La universitaria Violeta Pino Girón señaló que en seis meses el gobierno del estado “no le dio importancia al desarrollo de las acciones que propuso el grupo de trabajo, y en su decreto (de alerta) incluyó acciones que dejó de hacer, pero evidencia que no hay voluntad ni seriedad para realizar trabajo en coordinación con los demás entes de gobierno”.
No obstante, opinó que con las dos alertas, la anticipada y la que emitió la Conavim, se reconoce el nivel de violencia feminicida en Guerrero, y que la Alianza Feminista seguirá reclamando justicia y responsabilidades para los agresores de las mujeres.
La feminista Isabel Chautla Dircio, del municipio de Chilapa, consideró el decreto del gobierno del estado un acto desesperado, con el que pierde credibilidad. Afirmó que las integrantes de la Alianza Feminista continuarán siendo observadoras de todo el proceso.
Marina Reyna añadió que tras la notificación de la alerta de género, que ocurrió a la 1 de la tarde, se abre otro proceso que debe ampliarse a todos los municipios del estado, y al que la Conavim estará dando seguimiento puntual.
Aclaró que el procedimiento del gobierno del estado no tiene legalidad, porque se hizo al margen del proceso formal.
Precisaron que tienen claridad en que la alerta no va a desaparecer la violencia y/o los feminicidios por sí sola, pero visibiliza el problema y obliga a la coordinación de gobiernos e instituciones, para que se profesionalicen los servidores públicos, se reformen u homolguen leyes con perspectiva de género y se asignen presupuestos para atender a las mujeres, “donde todos deben ponerse las pilas para trabajar y no para la simulación”.