El ex procurador del estado, Alberto López Rosas, informó que en su calidad de miembro del Movimiento Ciudadano de Acapulco presentará una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el ex presidente Vicente Fox Quezada, por poner en peligro la próxima elección presidencial al declarar que se va a encargar personalmente de impedir que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de la República.
López Rosas, acompañado de cerca de 50 seguidores, presentó dos videos, uno de nueve minutos de una entrevistas de la televisora Telemundo y otro de un minuto del noticiario de Denise Maerker, en Televisa. Este último, cuando declaró el ex presidente de que por su cuenta corre que el político tabasqueño no llegue a la Presidencia de la República.
Después de la presentación de los videos, manifestó que Vicente Fox se caracteriza por un discurso de rencor e inestabilidad, que “sin pudor alguno y de manera provocadora amenaza con aplicar mañas para impedir que Andrés Manuel López Obrador gane la Presidencia de la República”.
Afirmo que la advertencia a Andrés Manuel también va dirigida a la democracia mexicana, porque en esa declaración sentenció “que si el pueblo de México no se opone, él aplicaría esas mañas”.
La confesión, aseguró que amerita que el INE lo llame a cuentas. Consideró que no se debe olvidar que en 2006 maniobró para que se reconociera “fraudulentamente” el triunfo de Felipe Calderón, lo que tuvo un alto costo para el país, pues generó una guerra en el país.
Dijo que su asociación tomó la decisión de iniciar una denuncia ante el INE, con base en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que Fox Quezada sea llamado a un juicio administrativo y se aplique desde una multa hasta un arresto.
Explicó que al recibir una pensión vitalicia de los mexicanos, el ex presidente debe mantenerse al margen de la voluntad popular, “no hay duda de que Vicente Fox es un delincuente electoral, en categoría de reincidente”.
En la conferencia de prensa, en un salón de negocios del centro comercial Costera 125, dijo que no pertenecía a un partido político y recordó que hace tres años renunció al PRD. Reconoció que tiene interés en apoyar a Morena y conformar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador.

La Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en ocho municipios del estado: Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla.
La alerta se dio un día después de que el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció que el gobierno del estado determinó declarar la alerta de género, en los mismo municipios, aceptando que no cumplieron con las propuestas a las que se comprometió en septiembre del año pasado.
En el dictamen se indica que el gobierno del estado de Guerrero tendrá que cumplir con 20 medidas de prevención, seguridad y justicia para las mujeres. El gobierno del estado tiene diez días hábiles, a partir de la notificación de la declaratoria, para informar de los recursos presupuestales que serán asignados para hacer frente a la contingencia de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
Gobernación publicó este jueves la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres para ocho municipios. Se determinó la conveniencia de coordinar acciones interinstitucionales que permitan poner en marcha una estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, porque el gobierno del estado no cumplió con las acciones que se le encomendaron en el periodo de seis meses que se le dio.
“Del análisis de la información presentada por el gobierno del estado de Guerrero y del dictamen emitido por el grupo de trabajo, se observa que durante el plazo de seis meses, si bien la entidad federativa realizó diversas acciones para cumplir con las propuestas del grupo de trabajo, no se actualizaron los elementos suficientes para alcanzar los objetivos planteados”.
El 12 de septiembre de 2016 el gobierno estatal aceptó las conclusiones y propuestas sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres y el 14 de marzo de este año la Conavim entregó un informe de las acciones implementadas.
En el dictamen que el grupo de trabajo de la Conavim entregó el miércoles pasado, concluyó por unanimidad que no se cumplieron en su totalidad las propuestas a las que se comprometió el gobierno.
En los resolutivos de la alerta se indica que el gobierno del estado deberá adoptar 20 acciones necesarias para ejecutar las medidas de seguridad, prevención y justicia, para garantizar a las mujeres y niñas el derecho a vivir una vida libre de violencia. Medidas que se indica son complementarias, no excluyentes, y que se suman a las propuestas firmadas en septiembre.
Las medidas de seguridad son cinco: la primera es publicar y divulgar la alerta de violencia de género con información accesible a la población. La segunda medida es diseñar y ejecutar “inmediatamente” la estrategia de recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia, con medidas específicas en zonas de riesgo o de alto índice de violencia contra las mujeres.
Entre las acciones está el reforzar el patrullaje preventivo, instalar alumbrado público y mejorar el existente, implementar mecanismos de vigilancia y seguridad pública, como cámaras de video o postes de emergencia; incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público, difundir información de líneas de apoyo a víctimas y crear los protocolos necesarios para su efectivo funcionamiento. Así como crear una aplicación para teléfonos celulares que le permita a las mujeres víctimas de violencia acceso inmediato a servicios de atención y seguridad. La tercera medida de seguridad es la creación de módulos de atención inmediata a mujeres en riesgo, en los municipios en los que se declaró la alerta. En estos módulos debe haber asistencia multidisciplinaria y un protocolo de actuación de los servidores públicos encargados de dar los servicios.
La Secretaría de Gobernación le pide al gobierno del estado que emprenda acciones “inmediatas y exhaustivas” para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente a las mujeres víctimas de violencia. Donde se deberá dar protección inmediata en los casos de violencia familiar.
La última medida de seguridad es crear o fortalecer las agrupaciones estatales y municipales de seguridad pública, las cuales deben de actuar “coordinadamente entre ellas y otros actores estratégicos, y su personal deberá estar capacitado para ejecutar sus funciones con perspectiva de género”.
La dependencia determinó ocho medidas de prevención de la violencia contra la mujer, estas consisten en elabora un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia, de acuerdo con la definición de la Ley General de Acceso, para identificar los problemas particulares de cada región y generar acciones específicas de prevención, en coordinación con la Conavim.
El gobierno del estado debe de integrar y actualizar adecuadamente el banco estatal de datos e información de casos de violencia contra las mujeres, para realizar estadísticas, diagnósticos, análisis y reportes para conocer las características y patrones de la violencia, para así instrumentar políticas públicas efectivas.
Se sugiere crear un semáforo de violencia feminicida que permita diseñar y ejecutar los planes de atención preventiva al comportamiento de la incidencia delictiva.
Otra de las medidas de prevención es establecer un programa único de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en derechos humanos de las mujeres a los servidores públicos del gobierno estatal. Lo que debe de permanecer permanente, continuo, obligatorio y focalizado en servidores públicos vinculados a los servicios de salud, atención a víctimas, procuración y administración de justicia.
Para esta capacitación se sugiere evaluar las condiciones de vida de los servidores públicos, para eliminar la violencia de género desde su entorno primario.
Diseñar una estrategia de educación en derechos humanos y perspectiva de género, para transformar los patrones culturales y la prevención de la violencia mediante la identificación, abstención y denuncia. Así como capacitar al personal docente de escuelas públicas y privadas, para detectar casos de niños o adolescentes en situación de violencia y denunciarlo en las instancias correspondientes.
Realizar campañas “permanentes, disuasivas, reeducativas, expansivas e integrales” para la prevención de la violencia de género. Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia basado en la perspectiva de género, para lo que se debe de tomar como base el modelo de la Conavim.
También diseñar y ejecutar una estrategia de atención y prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público, así como generar una estrategia de empoderamiento económico para las mujeres víctimas de la violencia.
Las medidas de justica y reparación son siete, la primera es garantizar el derecho de acceso a la justicia, que se investiguen y resuelvan todos los casos de violencia contra las mujeres y feminicidios.
La efectividad de esa medida, indica la alerta, está relacionada con el fortalecimiento de la Fiscalía General, particularmente a las agencias especializadas en investigación y atención a los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres. Además de agencias especializadas en delitos sexuales, violencia familiar y la desaparición forzada de personas no localizadas.
Se indica que el gobierno del estado deberá crear una unidad de análisis y evaluación de las labores de investigación y proceso de los delitos de género que se denuncien. Crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres. Así como realizar un mapeo de los delitos cometidos contra las mujeres, para generar políticas públicas focalizadas para la atención y erradicación de la violencia contra la mujer.
Dentro de estas medidas el gobierno del estado debe conformar un grupo-unidad especializada para revisar los expedientes y carpetas de investigación de los hechos relacionados con mujeres en los últimos ocho años. Unidad que identifique las posibles deficiencias en las investigaciones, para sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para esclarecer los hechos.
Crear otra unidad o grupo especializado en la que estén involucradas las autoridades de procuración e impartición de justicia para sancionar.
Según el artículo 26 de la fracción tercera, inciso b de la Ley General de Acceso, el gobierno del estado debe de establecer mecanismos de supervisión y sanción a los servidores públicos que no cumplan con el orden jurídico aplicable en materia de violencia de género. Así como darle seguimiento a los procesos iniciados por posibles omisiones de servidores públicos en la integración de carpetas de investigación.
En el mismo artículo se indica que se debe de realizar un plan individual de reparación integral del daño respecto a los casos de homicidios de mujeres o feminicidios. Considerando estándares básicos en esa materia reconocidos por el derecho internacional. Además de una medida de reparación simbólica para todas las mujeres víctimas de feminicidio, para lo que se tomará en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil y los familiares de las víctimas.
También se debe de conformar un grupo de análisis de la legislación estatal, para detectar que no se menoscaben o anulen derechos en las mujeres y niñas.
En el dictamen de la alerta de género emitida por Gobernación hay un apartado para visibilizar la violencia y enviar un mensaje de cero tolerancia. Por ello el gobernador Héctor Astudillo debe de enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas de violencia contra las mujeres, el cual debe de ser divulgado principalmente en los municipios donde se declaró la alerta.
El gobierno del estado debe de cumplir con las propuestas y conclusiones que firmó en septiembre de 2016, además de las incluidas en la declaratoria de alerta. Diseñar un programa de trabajo multi e intercultual para cumplir con lo establecido en el artículo 23, fracción cuarta de la ley General de Acceso y 38 Bis fracción segunda del reglamento.
Con base en la Ley General de Acceso se conformará un grupo de trabajo que dará seguimiento y evaluará las acciones implementadas por el gobierno del estado para atender la alerta.
En el último resolutivo se indica que se debe notificar de la declaratoria al gobernador y a la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacía las Mujeres, que fue la solicitante de este procedimiento.

Dos ex perredistas y funcionarios de la administración aguirrista se adhirieron a Morena con la presencia del presidente del Comité Ejecutivo estatal del partido, Pablo Amílcar Sandoval: Zeferino Gómez y Moisés Reyes Sandoval, quienes anunciaron su integración.
El dirigente estatal previó que para 2018 partidos antagónicos, como el PRI, PRD y el PAN podrían aliarse para cerrarle el paso a Andrés Manuel López Obrador, por ello están abiertos a la ciudadanía, “nosotros haremos alianza con el pueblo”.
En conferencia de prensa en el restaurante El Portón, el dirigente estatal manifestó que todavía no se han definido las candidaturas locales para las próximas elecciones y en caso de incurrir en violaciones a reglamentos, podrían ser sancionados quienes ya se promuevan para alguna posición.
Pablo Amílcar indicó que Morena no busca alianzas “no acepta afiliaciones corporativas, no estamos buscando alianzas, digamos partidistas, pero sí estamos buscando la gran alianza que este país necesita”.
De los ex funcionarios Moisés Reyes y Zeferino Gómez, recordó que fueron miembros del PRD, consejeros estatales y dirigentes del partido. Afirmó que Morena no está repartiendo candidaturas y por el momento están en la fase de colocarse como un partido “distinto”, que busca la transformación nacional.
Por su parte Zeferino Gómez leyó sus antecedentes como fundador de la izquierda, en ese entonces del Partido de la Revolución Democrática. Recordó que fue en 2005 cuando el partido se consolidó y ganó la gubernatura, pero terminó en el desencanto tras dos administraciones perredistas.
El ex subsecretario de Desarrollo Social en la administración de Ángel Aguirre, postulado por el PRD, indicó que con la llegada de “personajes sin escrúpulos que volcaron sus ambiciones a través del PRD, como antes lo hacían a través del PRI, derivaron en gobiernos lamentables”.
En la intervención de Reyes Sandoval, éste informó que la noche del miércoles se reunió junto a Zeferino Gómez con el dirigente municipal, Isaías Arellano Maldonado, para entregarle la renuncia de la militancia.
El integrante del Consejo estatal del PRD y ex subsecretario de Atención a Migrantes en la administración aguirrista, dijo que después de 16 años de pertenecer al partido decidió renunciar al PRD, porque ya no es “loable”. Argumentó que las alianzas con el PAN, y la posibilidad de que sea Margarita Zavala a quien apoyen, “es repugnante”. Puntualizó que la militancia del PRD es noble, pero sus dirigentes no.
Acompañados de integrantes de los comités estatal y municipal, consejeros y militantes de Morena, entre ellos el cirujano y presidente de Reconstrucción Ciudadana AC de Acapulco, Javier Solorio Almazán, aspirante a la candidatura para la alcaldía de Acapulco por Morena.
En sesión de preguntas y respuestas Amílcar Sandoval expuso que Morena está abierto a la ciudadanía, para “construir el cambio”; sin embargo, dijo que se reservan el derecho de admisión y cuidarán las postulaciones para las candidaturas. Se le preguntó si ex gobernadores como Zeferino Torreblanca Galindo se ha acercado a ellos y respondió que no, pero reiteró que Morena “tiene los canales abiertos”.

Más de 100 soldados que llegaron a la Tierra Caliente a reforzar la seguridad se fueron este miércoles en la tarde y la mañana del jueves con dirección el Estado de México, luego de la emboscada a agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) en La Gavia, San Miguel Totolapan.
Se trata de soldados que operaron en los últimos meses en la región y que formaban parte de las medidas ordenadas por el gobierno federal a petición del gobernador Héctor Astudillo Flores, para atender diversas zonas y permitir que el 34 Batallón destinara algunos soldados del lado de San Miguel Totolapan.
Los que se fueron son soldados de un batallón que vino de refuerzo y que salieron por la ruta de Riva Palacio. A su paso se observaron cerca de 15 unidades en donde los soldados llevaban todas sus pertenencias.
De esta manera disminuyó la presencia militar en Tierra Caliente.
Hace aproximadamente un mes se anunció el arranque de la operación Relámpago con mil soldados que estarían operando en esta región en contra del crimen organizado. Esa presencia se retiró y fue disminuyendo en los primeros 15 días del mes.
Actualmente de esa operación sólo hay 100 soldados.
En Tierra Caliente el Ejército junto a la Policía del Estado está a cargo de la seguridad, debido a que desde diciembre de 2014 las policías municipales de los nueve ayuntamientos fueron desarmadas, tras los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala.

Etiquetas: México, Guerrero, San Miguel Totolapan, La Gavia, Tierra Caliente, seguridad, violencia, Procuraduría General de la República, PGR

Los policías municipales de Zihuatanejo que permanecen en espera de saber qué pasará con su situación laboral tras haber sido desarmados, denunciaron que algunos de sus compañeros trabajan cuidando instalaciones del gobierno municipal vestidos de civil.
Se dijeron desconcertados, “porque a unos nos tienen esperando en nuestras casas y otros compañeros, quizá por quedar bien o por miedo a perder su trabajo, están dando seguridad en instalaciones del Ayuntamiento y no sabemos quién fue la persona que les autorizó a que hagan eso”.
Ayer consultados por separado algunos policías municipales coincidieron en señalar que luego de la irrupción de policías estatales y militares en la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Vialidad el 16 de mayo, cuando detuvieron a algunos de sus compañeros, les quitaron el armamento y fueron desalojados de sus instalaciones porque la Policía Estatal se hace cargo de la seguridad, ellos siguen presentándose a firmar cada vez que les toca su turno y cobran su sueldo de manera normal.
Uno de los policías dijo que en el área administrativa les solicitan que presenten su comprobante de estudios de bachillerato de manera obligatoria, “nosotros estamos pensando que es para tener completos nuestros expedientes porque lo único que nos han dicho es que el presidente municipal Gustavo García está solicitando al gobernador Héctor Astudillo que nos den la oportunidad, que nos hagan de nuevo los exámenes de control de confianza”.
Otro de los policías expresó que todos siguen presentándose a las instalaciones de Seguridad Pública “como si fuéramos a trabajar, pero sólo vamos a firmar nuestra asistencia y nos regresamos a nuestras casas, nos tienen sin hacer nada, pero lo que hemos visto es que algunos compañeros sí están dando servicio de vigilancia en algunos edificios públicos del Ayuntamiento”.
Agregó que todos esperan el llamado de sus superiores “ entonces cómo, por qué o quién autorizó que sólo unos cuantos compañeros estén trabajando aunque sea vestidos de civil y los demás no, desconocemos si lo están haciendo porque se los ordenaron o porque quieren quedar bien para no perder su trabajo”.
Llamó al presidente municipal a que les diga qué es lo que va a pasar con ellos, “ya pasó más de un mes de que se llevaron detenidos a nuestros compañeros y 20 de ellos todavía siguen presos”.

Colectivos de familiares de desaparecidos, organismos civiles y de derechos humanos en el estado expusieron que el nombramiento del titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) en Guerrero, Luis Camacho Mancilla “nace muerto” porque no cuenta con el respaldo de los afectados, además de que este tipo de nombramientos deben de contar con la legitimidad que se adquiere en el compromiso con las familias que sufren la violencia.

Mencionaron que ante la ausencia de soluciones reales a las problemáticas que incrementan la violencia e impunidad, en el estado el número de víctimas va en aumento sin que hasta la fecha se garantice su acceso a la justicia, a una debida reparación del daño y mucho menos garantías de acabar con la violencia.
El comunicado lo firmaron el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Mario Vergara Hernández, Colectivo Buscadores de Fosas de Iguala, el Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos Secuestrados y Asesinados en el Estado de Guerrero y el País y el Colectivo Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos.
Los firmantes señalaron que de manera unilateral y dejando de lado los planteamientos de los colectivos de víctimas se impuso la titularidad de Camacho Mancilla, que además se desconoce que tenga una trayectoria a favor de los derechos humanos y quien tampoco cuenta con antecedentes de trabajo con víctimas de violaciones a los derechos humanos, y que su trabajo se reduce a haber sido parte de la comisión para la implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Penal en el Estado.
Camacho Mancilla fue designado como titular el lunes y su nombramiento se da en un contexto donde la violencia en el estado se ha “enseñoreado”, dejando en una situación de indefensión a las familias que diario buscan a sus desaparecidos, se informó en el escrito.
Se detalló que “es un nombramiento que nace muerto… porque estos nombramientos deben de contar con la legitimidad que se adquiere en el compromiso diario con las personas que sufren el flagelo de la violencia”
Se dio a conocer que la Ley de Atención a Víctimas establece que por única ocasión el comisionado puede ser propuesto por el gobernador al Congreso local, y que para el siguiente periodo deberá enviar una terna previamente consultada con los familiares de las víctimas, sin embargo ni el gobernador Héctor Astudillo ni el Congreso local incluyeron en el proceso a quienes son afectados directos por las omisiones del estado, la violencia y la impunidad.
“Es preocupante el incremento de los desplazamientos forzados, los feminicidios, las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y de fosas clandestinas, lo que sin duda implica un reto en el que las víctimas deben ser tratadas con profesionalidad, sensibilidad y eficacia y no con acciones supeditadas al gobierno estatal, como se prevé con el reciente nombramiento”.
Se indicó que es indispensable que el titular de esta institución tenga verdadero compromiso con las víctimas, sensibilidad humana, experiencia, autonomía de decisión y los recursos necesarios para demostrar una atención profesional y con compromiso ético a favor de las víctimas para dar buena atención a las demandas de sus familias.
“A diferencia de la burocracia que persiste en nuestro estado, este cargo debe de cimentarse en la confianza y cercanía de la gente que ha sido ignorada y revictimizada en su lucha por defender su derecho a ser atendidos con respeto y dignidad”.
Se informó que es preocupante que el gobernador y el Congreso local no hayan tomado en cuenta los criterios que han planteado los organismos internacionales de derechos humanos relacionados con la atención a víctimas, y que hayan prevalecido más los intereses de grupo tomando una actitud “irresponsable, insensible y autoritaria frente al dolor y las necesidades urgentes de las víctimas”.
“Nos solidarizamos y hacemos eco de esta demanda dolida de las víctimas por no sentirse representados y escuchados ante las instancias gubernamentales, por lo que pugnaremos para que el centro de la acción gubernamental sean las víctimas y sus familias y para que no se denigre ni se trivialice su lucha”.

Se repondrá la diligencia del caso de la doctora Adela Rivas Obé, informaron sus familiares a nueve meses de su desaparición y asesinato.
Con una ofrenda floral y corridos de luchadores sociales en el obelisco a Lucio Cabañas en la ciudad de Atoyac, familiares y amigos del a doctora del IMSS Adela Rivas, la recordaron ayer.
Los hijos de la doctora Bolívar y Emiliano Rojas Obé junto a su padre el profesor Willibaldo Rojas Arellano recordaron la “dolorosa fecha”.
“A nueve meses de su desaparición y muerte el tiempo no se detiene, pasa muy rápido, pero los recuerdos de los seres queridos no los borran los meses, ni los años, se llevan hasta la tumba”.
Bolívar Rojas informó que después del amparo que dio un juez federal al presunto asesino de su madre, “en términos legales quiere decir que se va reponer todo el procedimiento, no nos han dado fecha de la reposición para hacer de nuevo todo el procedimiento, vemos una justicia muy lenta en un estado que exige justicia y más por los feminicidios que han estado ocurriendo en los últimos días”.
Señalo que la Alerta por Violencia de Género que declaró el gobernador coincide con los 9 meses del asesinato de su madre.
Expuso que “la mejor justicia es atrapar a sus asesinos, condenándolos, dando una sentencia para que este caso sea un parteaguas y se vea el orden y paz que se ha prometido en Guerrero”.
Confió en que la emisión disminuya los feminicidios en el estado, que expone a las mujeres como las más vulnerables.
Dijo que son pocos los casos que se dan a conocer “y pocos tienen justicia, no sabemos de detenidos por esas muertes, sin embargo en el de mi mamá hay un detenido con pruebas, pero no hay justicia todavía, quiere decir que la justicia va lenta”.
Demandó trabajo a favor de las mujeres no sólo en los ocho municipios donde se decretó la alerta, sino en todos los pueblos y comunidades donde han ocurrido feminicidios.
La ex síndica de Atoyac, Guadalupe Galeana Marín señalo que aún cuando su partido el PRD no ha dado un pronunciamiento en el municipio por falta de un líder, por el asesinato de la doctora Rivas ha estado cerca de la familia apoyando y reconociendo la lucha la doctora, dentro de la política y su trabajo como profesionista.
La profesora Ángeles Santiago reprochó que a 9 meses no haya justicia en el caso de una mujer que fue honesta y leal, y demandó “que cumpla este gobierno con la Alerta de Género que acaba de decretar. Creo que debe de ser una alerta que cumpla con todo el protocolo, no nada más en los municipios donde se consideró”.
Llamó a los municipios que no fueron considerados en la alerta que exijan un presupuesto, y que los que forman parte del sistema de prevención, sanción y erradicación de la violencia se instalen en sesión permanente por los casos de mujeres asesinadas en el estado.
Rosa Ruth Rodríguez Mendiola del Consejo Atoyaquense Ciudadano señalo que hay una burbuja de miedo en el estado, que hay muchos casos que no se denuncian por el temor que se vive en los municipios, como en Atoyac.
Lamentó que los grupos delictivos estén dentro del sistema de gobierno, “pero que eso no nos frene, que esto no se quede en el abandono y en expedientes cuando las muertes contra las mujeres son violentas y aberrantes”.
Insistió en que hay miedo y temor de hablar por los riesgos que conlleva exigir justicia, “por esto podemos mañana estar desaparecidas o muertas”.

La mañana de ayer un joven de 24 años fue atacado a balazos cuando bajaba de un autobús de la empresa Estrella de Oro adentro de la central en la calle Paseo de Zihuatanejo Oriente, en la colonia Zona Industrial en dicho puerto. El hombre resultó herido.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que a las 8:30 de la mañana se reportó que un hombre había sido asesinado a balazos en esta central de autobuses.
Sin embargo policías estatales y ministeriales hallaron a un joven herido en uno de los andenes de la central luego de que fuera agredido por hombres armados al descender de un autobús.
El joven fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y lo trasladaron al hospital general de Zihuatanejo para recibir atención medica, su salud se reportó grave.
El lugar fue acordonado y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hicieron las investigaciones correspondientes.