Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

La Visitaduría General de la PGR investiga a los agentes del Ministerio Público Federal que se declararon incompetentes para indagar presuntos desvíos del Gobierno de Javier Duarte por 4 mil millones de pesos, pese a tratarse de recursos de la Federación.
Según fuentes allegadas al caso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una queja por la actuación de los fiscales que turnaron 13 averiguaciones previas a la Fiscalía de Veracruz, sin justificación legal alguna.
Las indagatorias fueron archivadas por la Fiscalía estatal el mismo día que las recibió, al concluir en unos cuantos minutos que no había elementos suficientes para fincar un delito a los responsables de las irregularidades presupuestales.
Derivado de lo anterior, la Visitaduría abrió un procedimiento en el que concluyó que este caso debía ser turnado al Ministerio Público para que se indagara a los fiscales federales por un probable delito contra la administración de justicia.
El órgano fiscalizador denunció en las 13 averiguaciones que el Gobierno de Javier Duarte había simulado el reintegro de un total de 4 mil millones de pesos, en los faltantes de los fondos federales destinados a Veracruz.
El presunto acto ilícito ocurría en el momento que el órgano fiscalizador daba por solventada la observación. Es allí cuando la autoridad veracruzana devolvía los recursos a su cuenta bancaria original.
De acuerdo con los datos obtenidos, la mayoría de los “agujeros financieros” que cubrió Duarte fueron ocasionados por su predecesor Fidel Herrera.

Mayolo López / Agencia Reforma

Ciudad de México

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, se apersonó ayer en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) para cabildear la defensa de la victoria del candidato del tricolor en Coahuila, Miguel Riquelme, que está en vilo por un presumible rebase del tope de gastos de campaña.
Acompañado por Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del partido ante el INE, Ochoa habló con el consejero presidente, Lorenzo Córdova, y las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela.
“Estamos completamente convencidos, en el PRI, que nuestro candidato Miguel Riquelme llevó a cabo toda la campaña respetando los topes máximos de gastos que establece la normatividad.
“Acudimos a dialogar con los distintos consejeros, con la documentación que acredita que se respetaron los topes de campaña de manera estricta, y que nos asiste la razón cuando afirmamos que nuestro candidato Miguel Riquelme no rebasó los topes, como sí lo ha hecho el candidato del PAN”, sostuvo Ochoa en entrevista.
En la controversia que ha suscitado el tema del pago a representantes de casilla —elemento por el que Riquelme habría rebasado el tope—, el dirigente explicó que los representantes de los partidos llevan a cabo su función después de que terminaron las campañas.
“Es incorrecto contabilizar esa participación como gastos de campaña. El mismo sistema del INE permite que los partidos acrediten, con los formatos establecidos, que los representantes no hayan cobrado dinero alguno para llevar a cabo dicha función”, alegó.
El viernes próximo el Consejo General del INE sesionará para revisar los dictámenes de la Unidad de Fiscalización. Fuentes consultadas en el instituto confiaron en que, con una votación dividida, prosperen los dictámenes.
De ser aprobados, el asunto estaría en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En favor de que se observe el reglamento, el consejero Benito Nacif recordó que los partidos estaban advertidos de que los representantes de casilla iban a constituir un elemento de eventual nulidad de elección.
La semana pasada, la Comisión de Fiscalización del INE perfiló la posibilidad de que sea declarado un rebase en el tope de gastos de campaña para la elección de Gobernador de Coahuila, tras haber incluido como gasto de campaña lo pagado por cada partido a sus representantes de casilla.

 

Ante la posible comisión de un fraude electoral en el Estado de México, y para evitar que se lleve a cabo “una grave violación a los derechos humanos” de los mexiquenses, la organización #NiUnFraudeMasMX solicitó un recuento ciudadano “totalmente autónomo e independiente” para verificar o, en su caso, rectificar el conteo oficial dado a conocer por las autoridades electorales.
“Los ciudadanos del Estado de México y el país no confiamos en la actuación de las autoridades electorales realmente existentes. Hay demasiadas evidencias con respecto a la abierta parcialidad de las instituciones, así como su complicidad con el fraude electoral, para darles un cheque en blanco”, puntualizó en un comunicado.
“Esto constituye la primera vez en la historia política de México en que los ciudadanos impugnan de manera directa la validez de un proceso electoral. Es también la primera vez que se solicita el acceso ciudadano a las boletas electorales desde la aprobación de las reformas constitucionales que plasman el principio ‘pro persona’ en el artículo primero de la Carta Magna.
“Las instituciones electorales ya no pueden esconderse detrás de la fachada de la simulación burocrática”, destacó. (Agencia Proceso /?Ciudad de México).

Hay omisión del gobierno estadunidense para contener el flujo de armas hacia México, señala especialista

Diana Baptista y Antonio Baranda / Agencia Reforma

Ciudad de México

Los homicidios con arma de fuego en el país crecieron 400 por ciento en los últimos 14 años, al pasar de 2 mil 616 en 2002 a 12 mil 604 en 2016, según cifras oficiales.
Esta cifras repuntaron a partir de 2006, cuando el gobierno federal emprendió una lucha contra los cárteles de la droga y alcanzó su punto más alto en 2011 con 13 mil 024 ejecuciones con arma de fuego.
En paralelo, cada año ingresan a territorio nacional alrededor de 253 mil armas de manera ilegal, revela un estudio de la Universidad de San Diego sobre tráfico ilícito de armas.
De acuerdo con esta investigación, las autoridades de Estados Unidos y México sólo logran confiscar 14 por ciento de las armas que cruzan ilegalmente por la frontera.
Muchas de éstas son fusiles de asalto y pistolas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas que van a dar a grupos del crimen organizado en México.
Los especialistas consideran que el número de armas en el país son un factor fundamental para el aumento de la violencia.
El subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Segob, Felipe Solís, consideró que hay condiciones para que el Congreso avance en la iniciativa que propone prisión preventiva oficiosa a la posesión y acopio de armas.
“Veo condiciones para un acuerdo. Incluso, la propia iniciativa es una iniciativa que no es del Ejecutivo federal, es una iniciativa que surgió de los propios grupos parlamentarios y creo que eso hace que haya mejores condiciones para que se pueda concretar”, planteó.

La llegada de Trump las abarata

Desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos disminuyó el costo de las armas de fuego tanto en el mercado negro y como en el comercio legal, aseguró Robert Muggah, director de investigación del Instituto Igarapé.
“Creemos que ha habido una caída en el precio legal de las armas de fuego en los Estados Unidos porque ha habido una fuerte caída en la demanda interna y una sobreoferta continua”, dijo el experto en entrevista.
Mugahh fue uno de los especialistas que elaboraron el informe The Way of the Gun sobre el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México.
En ese informe, de marzo de 2013, se calcula que unas 253 mil armas fueron traficadas anualmente a México de manera ilegal entre 2010 y 2012, mientras que entre 1997 y 1999 habrían cruzado unas 88 mil armas.
Un 2.2 por ciento de todas las ventas de armas en Estados Unidos están destinadas al tráfico ilegal hacia México, de acuerdo con esa investigación auspiciada por el Instituto Igarapé y la Universidad de San Diego.
El documento también señala que 46.7 por ciento de vendedores de armas en EU dependen de la demanda de mexicanos para mantenerse en el mercado.
Mugahh afirmó que todo parece que esta demanda de armas para ser traficadas a México se ha mantenido hasta ahora.
“Claramente la turbulencia actual en México es buena para los minoristas locales de armas que venden ilegalmente, así como para los vendedores comerciales que venden a agencias del Gobierno”, explicó.
Según este especialista, con la llegada de Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero hubo una reducción en el costo de las armas después de que durante la administración de Brack Obama éstas se habían disparado.
Por ejemplo, entre 2008 y 2015, el costo promedio de un rifle de asalto, vendido en el mercado negro estadounidense, incrementó de menos de 500 dólares a más 2 mil, de acuerdo con la base de datos “Illicit Small Arms Trafficking (ISAT)”.
Muggah adjudicó el incremento al miedo de posibles leyes restrictivas sobre la posesión de armas durante la administración del ex Presidente Barack Obama, algo totalmente diferente a lo ue sucede con Trump, cercano a la Asociación Nacional del Rifle y favorable a la industria armamentista.
Añadió que la venta legal de armas de México ha ido al alza: en el 2000, la única tienda de armas en el País, ubicada en un edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México, vendió 549 armas.
En 2015, vendió 10 mil 115 armas.
El especialista en seguridad aseguró que los manufactureros estadounidenses también buscan expandir sus ventas entre las policías y el Ejército mexicano.
Ejemplificó que, entre 2015 y 2016, los productores de armas estadounidenses firmaron acuerdos por 276 millones de dólares con las autoridades mexicanas, además de otros acuerdos por 560 millones de dólares para la venta de equipo militar y aéreo.
Muggah afirmó que hay omisión del gobierno estadunidense para contener el flujo de armas hacia México.
Para hacer frente al problema, insistió en que Estados Unidos necesita mayores restricciones en los mercados de venta de armas, como revisión de antecedentes de los compradores y la creación de un registro nacional de ventas.
El especialista agregó que la creación del muro fronterizo, lejos de disminuir la demanda de armas de fuego, incrementará el poder de los cárteles mexicanos, que serán los únicos con el poder de controlar el tráfico a México.

 

Agencias Proceso y Reforma

Xalapa / Ciudad de México

El camarógrafo hondureño, Edwin Rivera Paz, de 25 años de edad, fue ejecutado a balazos la tarde del domingo en el municipio de Acayucan, al sur de la entidad.
Rivera Paz se encontraba radicando en el sureste de México, luego de huir de su país a causa de la violencia.
Según reportes de la prensa hondureña, Edwin Rivera fue camarógrafo del periodista Igor Padilla, asesinado en enero de este año en el municipio de San Pedro Sula.
En esta misma ciudad de Acayucan, paso obligado de migrantes centroamericanos, Rivera Paz fue asesinado en el barrio de El Temoyo.
El cuerpo de la víctima fue reconocido por su hermano Pablo Rivera Cabrera, quien declaró ante las autoridades ministeriales que el fotógrafo llevaba varios meses viviendo en la zona sur de Veracruz.
Rivera trabajó al lado de Padilla en el canal de televisión Hable Como Habla (HCH) en el norte de Honduras.
La Fiscalía de Coatzacoalcos informó que inició una carpeta de investigación por el asesinato.
“Como resultado de las primeras diligencias realizadas por peritos forenses y agentes de la Policía Ministerial, se estableció la identidad del hoy occiso, como E.R.P., quien contaba con ciudadanía hondureña y se dedicaba a realizar filmaciones”, informó a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.
La Fiscalía señaló continuará con las diligencias ministeriales, hasta agotar todas las líneas de investigación y esclarecer en su totalidad los hechos
En otro hecho de violencia, ayer, otra persona, identificada como Roberto Martínez y de oficio comerciante, fue asesinada en el barrio El Zapotal.
Ayer, durante la reunión que encabeza el Grupo de Coordinación Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes dio a conocer que en el seguimiento semanal que hacen autoridades policiacas y federales se aprecia una disminución de homicidios, ejecuciones y también de secuestro.
Yunes aseguró que la información que presenta es un análisis agregado estatal, sin embargo –refirió–, en algunas zonas del estado esta disminución no se refleja.

Agencia Proceso

Querétaro

El fiscal del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, confirmó el inicio de una carpeta de investigación por la ejecución de cuatro personas en el restaurante La Porfiria ubicado en el municipio de El Marqués, conurbado con la capital de la entidad.
El restaurante está ubicado sobre la carretera estatal 100, que conduce al aeropuerto Intercontinental de Querétaro, donde tres sujetos armados asesinaron presuntamente al empresario Miguel Madrigal Fuentes y a otras tres personas, además de herir a tres más.
De acuerdo con la versión inicial de la Fiscalía del estado, la tarde del domingo un solo sujeto había ingresado a una zona del área privada del inmueble y disparó al propietario y sus escoltas que festejaban el aniversario de ese restaurante.
Tras difundirse versiones sobre la participación de varios sujetos que asesinaron primero a los escoltas del dueño del negocio y persiguieron al propietario hasta el estacionamiento, la Fiscalía del estado modificó su versión y confirmó la participación de tres personas.
“Los agresores accionaron armas de fuego en contra de los escoltas del empresario y una vez que le causaron la muerte fueron tras el empresario, quien había logrado salir corriendo, pero fue alcanzando en el estacionamiento del inmueble y de la misma forma le dispararon hasta provocarle la muerte”, confirmó el fiscal de Querétaro.
En el lugar fueron asesinadas el empresario y sus dos escoltas, una cuarta persona falleció en el hospital, además de que las otras tres personas que fueron trasladadas al hospital para su atención medica fueron reportadas como estables.
Una versión más detalla es que el empresario fue ejecutado de 15 balazos, pero, aunque dieron una conferencia sobre lo sucedido las autoridades de Querétaro evadieron dar más detalles del ataque que provocó la muerte a cuatro personas y dejo tres más heridas.
En su conferencia de este lunes, el fiscal de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, rechazó que exista información que vincule a las víctimas con la delincuencia organizada, como fue filtrado a algunos medios locales.
Al igual que en el primer comunicado sobre este caso, Echeverría mantuvo la postura de la Institución que destaca que las personas responsables de los hechos violentos son originarias de otros estados.
En contraste, el fiscal evadió aportar información sobre el tiempo que el empresario Miguel Madrigal Fuentes tenía de habitar en Querétaro, así como si los escoltas que fueron ejecutados vivían en Querétaro o no.
Echeverría Cornejo confirmó que el empresario que fue ejecutado había sufrido un intento de secuestro del que fue rescatado.
En efecto, existe información pública que relata cómo Miguel Madrigal Fuentes logró escapar de sus captores en 2003, al observar una unidad de la Policía Federal Preventiva, por lo que forcejó con sus captores y los oficiales marcaron el alto al vehículo donde era trasladado y lo rescataron.
No corrió con la misma suerte en Querétaro, donde festejaba el primer aniversario de su restaurante junto a sus familiares.
Alejandro Echeverría adelantó que tienen información de algunas cámaras que lograron captar las imágenes de las personas y también de los vehículos en los que se trasladaban.
Incluso habló de que dos de los vehículos no tenían placas y un tercero sí.
Cuestionado sobre cómo deben recibir los queretanos este tipo de noticias, poco frecuentes en la entidad, el fiscal se limitó a responder que las autoridades deben ocuparse de este caso y prometió dar “una respuesta contundente”.
En la actual administración de Francisco Domínguez Servién, los crímenes han ido a la alza, incluso, en abril pasado hubo 20 homicidios dolosos, cifra mensual que no se había registrado en los últimos 20 años en Querétaro.
Hasta mayo de este 2017 se tenía un registro de 66 homicidios dolosos en Querétaro, estado que solía señalarle por la clase gobernante como uno de los más seguros del país.

 

Staff / Agencia Reforma

Guadalajara

El empresario chihuahuense Jesús Luján Weckmann, señalado como jefe en la organización criminal La Línea, fue asesinado ayer en Guadalajara, Jalisco, mientras corría en el Bosque Los Colomos y dos sospechosos de la agresión fueron detenidos.
La víctima, de 54 años, tenía su domicilio en el lujoso fraccionamiento Puerta de Hierro, en Zapopan, y era acompañado por su hijo al momento del ataque, registrado en el kilómetro 5 de la pista de corredores.
Reportes policiales señalaron que la agresión, reportada alrededor de las 9:30 horas, fue realizada por un hombre que vestía short gris y sudadera del mismo color, quien iba acompañado de otro sujeto.
El agresor disparó al menos tres veces contra Luján Weckmann, una vez en la cabeza y dos en el tórax, con una pistola calibre .40 que fue decomisada por la Policía de Guadalajara.
Luego del ataque, policías municipales y del estado realizaron un operativo que derivó en la captura de dos sospechosos. En el bosque encontraron abandonadas la pistola, una chamarra y un teléfono celular presuntamente propiedad de los agresores.
Los sospechosos y el material incautado fueron puestos a disposición de un agente de la Fiscalía.
“Por los indicios que se tienen, la Policía municipal de Guadalajara detuvo a los responsables del hecho, esta persona (Luján) tiene una serie de actividades económicas en Ciudad Juárez, Chihuahua”, explicó el Fiscal Eduardo Almaguer.

Vínculo criminal

Autoridades de Chihuahua tenían ubicado a Luján Weckmann como cabeza del grupo criminal “La Línea”, revelaron fuentes de la Fiscalía General del Estado.
En la estructura de la organización se encontraba por arriba de líderes regionales como Carlos Arturo Quintana Quintana, “El 80” y César Raúl Gamboa Sosa, “El Cabo”, este último fallecido en un enfrentamiento en marzo entre grupos armados en el seccional de Álvaro Obregón, conocido como Rubio, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.
De acuerdo con las fuentes consultadas, Luján Weckmann era el principal beneficiario de la estructura y filtró amenazas en contra de diversas autoridades por las acciones emprendidas contra la delincuencia.
También amenazó porque no se le aceptó ningún tipo de arreglo para seguir operando con la cobertura que, según las autoridades, tradicionalmente recibió en otros tiempos la organización.
Además, las autoridades identificaron a uno de sus hermanos como tesorero en el municipio de Namiquipa, lugar de control de La Línea y de “El 80”, en la anterior administración.

 

Un pasajero que se comportó de manera agresiva dentro de un autobús de la Línea Enlaces Terrestres Nacionales (ETN) placa 122-JV-7, quemó la unidad. Durante el viaje le prendió fuego al vehículo y se quedó a bordo para morir calcinado, mientras los demás ocupantes se pusieron a salvo.
De acuerdo con la lista de usuarios de la empresa, el ahora occiso fue identificado como Omar S., de 50 años de edad, quien ocupaba el asiento 27 y salió de la ciudad de Morelia con destino a Guadalajara, Jalisco.
Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos de este lunes sobre el kilómetro 261 de la Autopista de Occidente, en el tramo Cuitzeo- Panindícuaro, a la altura de la región de Chucándiro.
Según los pasajeros, testigos del hecho, sin motivo aparente, el hombre comenzó a insultar a los ocupantes del automotor y prendió fuego a los asientos, entonces el chofer del vehículo se orilló, detuvo el avance y bajó junto con los demás usuarios.
El fuego aumentó rápidamente, el individuo cerró las puertas y permaneció dentro mientras desde el exterior varias personas observaban pasmadas cómo la lumbre consumía el autobús, marca MAN, placa 122-JV-7.
Los patrulleros de Chucándiro, de Copándaro y de la Policía Federal de la División de Seguridad Regional acudieron a brindar ayuda al hombre, pero murió calcinado dentro del autobús.
El caso fue  reportado a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJ). Policías ministeriales de la Unidad de Atención Temprana, se encargaron de procesar la escena y de las averiguaciones correspondientes. (Agencia Proceso /?Chucándiro, Michoacán).

Sandra García / Agencia Reforma

Toluca

Una fuga de combustible de los ductos de Pemex fue reportada alrededor de las 9 de la mañana de ayer cerca de la carretera Toluca-Atlacomulco, entre los kilómetros 105 y 107, en su entronque con el poblado Tixhiñu, del Municipio de Aculco.
Elementos del Ejército, Policía Federal, Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), Protección Civil municipal, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de Pemex arribaron para controlar la fuga, lo cual fue concretado alrededor de las 10:30 de la mañana.
La CES confirmó que la fuga fue derivada de la ordeña clandestina en la zona, lo que vulneró la infraestructura de Pemex generando el derrame de gasolina.
La fuga se presentó cuando la manguera con la que era extraído el hidrocarburo de media presión conectada a una camioneta de 3.5 toneladas se rompió, provocando el derrame.
La camioneta, así como los objetos asegurados fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación para localizar a los responsables del ilícito de robo de hidrocarburo.
Se presume que la fuga estuvo abierta durante unos 30 minutos, lo que provocó diversas afectaciones, entre ellas a unas cuatro hectáreas de cultivo.
También se refiere que el combustible llegó al caudal de un río cercano a la presa Tepozan, contaminando sus aguas.
La fuga también afectó 10 domicilios, por lo que 60 personas fueron evacuadas al auditorio municipal de Aculco, que funcionará como albergue hasta que se descarte algún tipo de peligro.

De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Población, Conapo, aunque actualmente más de la mitad de la población en Guerrero son niños y jóvenes, la población infantil ha disminuido 9.3 por ciento en los últimos 27 años, por lo que se prevé un crecimiento de habitantes en edad reproductiva y el promedio de vida es de 73.3 años. También se indica que ha disminuido la mortalidad materna.
Hoy se celebra el Día Mundial de la Población, propuesto por el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1989, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con el Conapo, en Guerrero viven 3 millones 600 mil personas, de los cuales el 51.6 por ciento son mujeres y el 48.4 por ciento son hombres.
El 29.9 por ciento (1.1 millones) son menores de 15 años, en el estado los jóvenes entre 15 a 29 años representan el 27.7 por ciento (998 millones) de la población, que representan el 57.6 por ciento del total de los habitantes del estado, porcentaje que según las cifras ha disminuido en el transcurso del tiempo. Entre 1990 y 2017 la poblacion infantil bajó 9.3 por ciento y la de jóvenes 0.6 puntos porcentuales.
En donde se ha dado un aumento es en el número de personas adultas entre los 30 a 59 años, que incrementaron del 25 al 31.9 por ciento, mientras que las personas de 60 y más pasaron del 7.5 a 10.5 por ciento, “espera que en 2030 su monto aumente a poco más de 515 mil (13.7 por ciento de la población total)”.
Según expuso el Inegi, el aumento en la poblacion adulta se debe a la reducción ininterrumpida de la fecundidad desde finales de los 60 y aumento de la esperanza de vida.
Según la Encuesta de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, el porcentaje de mujeres en edad fértil unidas y que desean limitar o espaciar un embarazo, pero que no usan métodos anticonceptivos es de 6.7 por ciento.
Entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en el estado de Guerrero disminuyó de 94.2 a 49.5 defunciones de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos.
En Guerrero se estima que el porcentaje de mujeres que realizaron atención prenatal es del 95.5 por ciento de 15 a 49 años con su último embarazo entre enero de 2009 a septiembre de 2014, recibió atención prenatal con un promedio de 7.8 consultas, que está por arriba del promedio del 40 por ciento que se tiene registrado en los países de ingresos bajos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) argumenta que la planificación familiar no sólo permite espaciar o limitar los embarazos, sino también disminuye el riesgo de morir por una procreación prematura o porque la mujer ha tenido más de cuatro hijos.
Actualmente la esperanza de vida es de 73.3 años, mientras que el promedio nacional es de 75.2, “consecuencia de los avances tecnológicos y una mejor cobertura en los servicios de salud”, “con este aumento en la sobrevivencia de las personas, las causas de fallecimiento se dan principalmente por padecimientos crónico-degenerativos”. El 42.8 por ciento de las defunciones en Guerrero se debieron a padecimientos relacionados con la diabetes mellitus, las agresiones, las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cerebrovasculares.
Mientras que la mortalidad infantil ha disminuido entre 1990 y 2015, que pasó de 41.9 a 13.6 defunciones de niños menores de 1 año por cada mil nacidos vivos. Se indicó que se da especial seguimiento a las defunciones de niños de 0 a 4 años ocasionadas por enfermedades diarreicas y respiratorias agudas. Ambas han disminuido su nivel entre 1990 y 2015 al pasar de 257.3 a 10.3 y de 118.6 a 14.0 defunciones por cada 100 mil niños menores de 5 años, respectivamente.
Otro indicador que va a la baja es el de dependencia demográfica que pasó entre 1970 y 2017 de 115.3 a 67.9 dependientes por cada 100 mil personas en edades activas, el cual se preve que continue disminuyendo según el aumento de la población en edad reproductiva.
“De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “una mejor educación y empleo para los jóvenes son la clave para aprovechar el bono demográfico”.
En Guerrero, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre del 2016 no asisten a la escuela el 36.2 por ciento de jóvenes entre los 15 a 19 años, y el 2.7 de quienes tienen entre 6 a 14 años. El 95.7 por ciento de los jóvenes entre 25 a 29 años sabe leer y escribir un recado, pero sólo el 47.6 de éstos cuenta con algún grado de educación media superior y superior.