Unos 20 maestros y coordinadores de la preparatoria Popular Digna Ochoa, del poblado de La Venta, protestaron en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social para exigir al gobierno municipal que cumpla con la entrega de paquetes escolares y becas.
Los inconformes, encabezados por el presidente del Frente Estatal de Prepas Populares, Arturo Guerrero Caballero, llegaron a las oficinas de Sedesol, ubicadas en Palacio Federal, a las 10:30 de la mañana y protestaron para exigir solución a sus demandas.
Guerrero Caballero declaró que el gobierno municipal “desde hace un año nos está mintiendo, nos aseguraron que nos entregarían los paquetes escolares, cañones, butacas y desde hace tiempo me traen dando vueltas y el secretario (Octavio) Olea se comprometió con nosotros a que el 26 de junio nos entregaría los paquetes, pero no cumplió”.
Explicó que en la administración de Luis Walton Aburto le autorizaron un millón de pesos para apoyar a las preparatorias populares, y en esta administración “nos redujeron el apoyo a 500 mil pesos para dar más becas, queremos que esos 500 mil no los entreguen en becas”.
“Queremos becas para todos mis estudiantes porque por eso estamos luchando, no para que los funcionarios se apoderen de estos programas y los manejen a su antojo”, dijo, y señaló que está pendiente la construcción de tres aulas “y es la fecha que no nos dicen cuándo empieza, es pura mentira de Evodio, de sus secretarios”.
Responsabilizó al alcalde Evodio Velázquez Aguirre de los bloqueos: “que deje de andar en campaña, no se va a reelegir porque el pueblo no los quiere, que deje de andar en campaña y que cumpla con lo que se comprometió a darles a las preparatorias”.
Guerrero Caballero criticó que los regidores tengan recomendados “a quienes sí les dan las becas sin irse a formar, por eso estamos molestos y les decimos que ya no creemos en ellos. Ahorita el secretario en lugar de resolver el problema no sabemos dónde está, aquí está el problema en las prepas populares y nos disculpamos por los bloqueos que haremos”.
Abundó que son 2 mil 500 estudiantes de prepas populares que requieren una beca, por ello van a insistir para que sean beneficiados con ese apoyo.
Del alumbrado público, señaló que lleva ocho meses que no se arregla y el director “nos dice que no hay cables, que no hay recursos, y tampoco nos resuelven el problema del agua, es puro engaño este gobierno”.

 
Unos 70 choferes de camiones urbanos del Bloque 1, ruta Costera, protestaron casi tres horas frente al Asta Bandera, frente al parque Papagayo, y por cinco minutos bloquearon con sus vehículos la vía, para exigir una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Encabezados por el presidente del bloque 1, Jesús Catalán Martínez, los transportistas bloquearon la avenida Costera y, tras recibir una llamada del gobierno del estado para convocarlos a una reunión de trabajo el jueves, decidieron retirarse.
Los manifestantes se quejaron de que la Dirección de Transporte pretende otorgar concesiones a un “alto funcionario” para la ruta Macrotúnel y están en contra que entren más camiones, además de que solicitan apoyo económico para mejorar sus vehículos.
A las 9 de la mañana, los choferes empezaron a llegar al Asta Bandera y en ambos sentidos de la avenida Costera estacionaron los camiones en espera que los atendieran. Al lugar llegó el delegado regional de Gobierno en Acapulco, Óscar Hernández Salgado, a dialogar con los inconformes y pedirles que no cerraran la avenida.
Catalán Martínez dijo que “los socios necesitamos cambiar, es tiempo de que Acapulco tenga un transporte moderno, nuevo, para dar una buena imagen, no lo hemos hecho porque no se ha podido, ya tenemos el proyecto aterrizado con las agencias pero nos falta la cuestión económica y necesitamos el apoyo del gobernador”.
Explicó que en la avenida Costera son 133 camiones y los concesionarios tienen que dar un buen servicio a los ciudadanos porque “Acapulco no es cualquier lugar, es el puerto más importante del país y debe de tener un transporte de nivel, y si vamos a cambiar tiene que cambiar todo”, por ello la petición al gobierno del estado de que los apoye.
Advirtió con bloquear frente al Macrotúnel, donde estaría el presidente Enrique Peña Nieto para inaugurar la primera etapa, pero que no lo hizo, dijo, por respeto al gobernador, pero indicó que “si nos integran averiguaciones que lo hagan”.
Insistió en que no permitirá que entren las 25 concesiones “de un alto funcionario que viene abusando de su poder y se nos quiere meter, de por sí nos han saturado”.
“El gobierno del estado nos da un cafecito, otro cafecito, ya nos dio azúcar de tanto café y lo que queremos es dialogar, queremos apoyo para remodelar las unidades, queremos apoyo los permisionarios que están a la deriva y no tenemos seguro de vida, ya nos han pasado muchos incidentes”, puntualizó el dirigente.
Detalló que “estamos molestos los del bloque 1 porque aunque el director de Transporte dice lo contrario, que la gente no simpatiza conmigo, todo el bloque 1, solo los piratas no están conmigo, estamos molestos porque no nos toma en cuenta”.

 

El director de Alumbrado Público, Román Salazar, informó que hay lámparas descompuestas en la unidad habitacional El Coloso y las colonias Emiliano Zapata y Ciudad Renacimiento, y que con la temporada de lluvias aumentó un 27 por ciento el problema.
Consultado ayer cuando supervisaba la rehabilitación de luminarias en la avenida Costera, frente al parque Papagayo, Román Salazar declaró que la dependencia contrató a 10 trabajadores eventuales para atender los reportes de fallas en el alumbrado a causa de las lluvias.
“Teníamos un 22 por ciento de fallas en la ciudad y ha aumentado a un 27 por ciento en la temporada. Sabemos que se triplica al 300 por ciento y tan es así que el presidente municipal Evodio Velázquez está al pendiente para que toda la ciudad se encuentre iluminada”, dijo.
Sostuvo que Acapulco cuenta con 50 mil 321 lámparas, de las cuales “hay muchas que están dañadas, tenemos reportes de colonias y diario estamos atendiendo a la ciudadanía, reparamos de 80 a 120 lámparas al día según los reportes”.
Explicó que “tenemos focos rojos en El Coloso, Zapata, Renacimiento, pero lo importante es que se están haciendo obras que va entregar el alcalde y que vendrán a sanear parte de lo que tenemos, no dejando de atender las quejas en esas colonias”.
A Román Salazar se le preguntó cuánto representa ese porcentaje de fallas y respondió: “estamos hablando de tres mil lámparas que tiene Acapulco en su totalidad, de las que hemos reparado varias y hay avance en el mantenimiento de los transformadores”.
Detalló que lo anterior se hace en coordinación con la CFE “porque somos clientes y debemos coordinarnos para cualquier emergencia, más ahora que está por iniciar la temporada vacacional y el puerto debe lucir alumbrado”.
Respecto a la avenida Cuauhtémoc, donde ha fallado el alumbrado, dijo que “estamos tocando la puerta para coadyuvar con gente del Acabús porque en su momento (cuando se hizo la obra) se retiraron las lámparas y estamos buscando su intervención para sanear, porque ha habido casos de inseguridad”.
Admitió que de la entrada al Maxitúnel al Centro hay problemas con el alumbrado, pero que con las cuadrillas de atención se rehabilitaron 22 lámparas en el tramo del IMSS hacia el Centro.
Sostuvo que la dependencia cuenta con 19 trabajadores distribuidos en brigadas de atención, pero debido a que en la temporada aumentan los problemas en las lámparas se contrató de manera eventual a 10 más por cuatro meses.
Por otra parte, el funcionario adelantó que en los próximos días el alcalde inaugurará obras de electrificación, que fueron 36, y adelantó que para este ejercicio se pretenden hacer unas 35 obras.

Un derrumbe de rocas en la Calzada Pie de la Cuesta, encharcamientos en la avenida Costera y calles de la ciudad, además de cortes de energía eléctrica en varias colonias dejó la lluvia de la noche del domingo, informó la Coordinación de Protección Civil municipal.
Ayer durante el día y parte de la tarde estuvo soleado, y a las 10:30 de la mañana la autoridad detectó un sismo que no ameritó alerta a 25 kilómetros al noroeste de Zumatlán, Guerrero.
El coordinador de Protección Civil y Bomberos, Sabás Arturo de la Rosa Camacho, dijo que los daños reportados son dos árboles caídos, deslizamiento de rocas en la Calzada Pie de la Cuesta que no afectó la circulación ni tampoco hubo daños ni lesionados.
Agregó que la mayor cantidad de lluvia fue de 80 milímetros en la zona de la colonia Vacacional.
Indicó que en ayer en el transcurso del día en playa El Morro, personal a su cargo hizo 15 rescates, de los cuales siete fueron menores originarios de la Ciudad de México.
Por la tarde, De la Rosa Camacho informó que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional a las 7 de la noche se preveía una amplia zona de nublados con 80 por ciento de probabilidad de lluvias y vientos en dirección al sur oeste, y una temperatura de 29 grados.
Ayer durante el transcurso de la mañana se observaron en la avenida Costera montones de basura en la banqueta que habían sido levantadas del área de la playa; también encharcamientos por la playa Tamarindo y en alcantarillas había desechos.
Sobre la recolección de basura, el director de Saneamiento Básico, José Alberto Alonso Gutiérrez, explicó que se reforzó la limpieza en rejillas, calles y avenidas, y se recolectaron 60 toneladas de desechos que fueron arrastrados por la lluvia.
Dijo que las brigadas de trabajadores estuvieron en Ciudad Renacimiento, avenidas como Cuauhtémoc, Ejido y Ruiz Cortines, así como en La Garita e Y Griega, y pidió a la población no dejar la basura en las calles para evitar taponamientos y encharcamientos.

Están frescas todavía en la memoria colectiva las imágenes de la manifestación lésbico-gay-transgénero, que más bien debiera conocerse como de la concordia y la aceptación o la tolerancia colectivos. Todo se vale.
Lo primero que debe asumirse al abordar estos temas, trátese de estar a favor o en contra, es que su existencia social es innegable e incontrovertible. Como dirían los filósofos, su existencia es una verdad del tamaño de una montaña o de una catedral. Desde toda la historia de la humanidad han prevalecido las distintas opciones sexuales, en unas épocas con mayor tolerancia o condena que en otras. El análisis de mayor visión y profundidad, sin pretensiones, debe estar caracterizado por la comprensión, la tolerancia, la educación y sobre todo la salud y la felicidad de los mexicanos.
El respeto es la condición básica para la convivencia pacífica, la armonía y el crecimiento de una sociedad. Nada puede construirse, edificarse u organizarse si la premisa del respeto se soslaya o se omite. Sin respeto la tolerancia es un concepto sin sentido, una palabra hueca. Desde la familia, la célula básica de la sociedad, el respeto es más que la columna vertebral, es el cimiento, los pilares del edificio social. De ahí que más allá de lo sexual, el respeto al género constituye el núcleo de una sociedad sana o mejor organizada, su aplicación y desarrollo tienen que ver con el avance y la civilidad de sus integrantes.
Desafortunadamente la violencia de género no es exclusiva del Estado de México, en donde se registran los primeros lugares de feminicidios, sin que las autoridades hayan sido capaces de atender ese problema.
Un año después de que la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres reclamase la declaratoria de alerta de violencia de género en ocho municipios de la entidad, y más de nueve meses después de que el gobernador Héctor Astudillo aceptara las conclusiones y recomendaciones del informe que presentó el grupo de trabajo conformado para atender la solicitud, hace unos días el gobierno estatal y la Secretaría de Gobernación accedieron a la demanda y emitieron el pronunciamiento respectivo.
A través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavi,), la Segob declaró ese recurso en los ocho municipios con más alta criminalidad de la entidad, en los que además se detecta una gran violencia en razón del género: Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Zihuatanejo, Ometepec y Tlapa de Comonfort. Para qué sirve la declaratoria es difícil explicar, pero podemos intentar el análisis por partes.
La declaratoria emitida establece que el gobierno de Guerrero deberá implementar medidas de seguridad, prevención y justicia, entre las que destacan publicar y divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los alcances de la alerta, con información accesible para la población, así como diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia mediante la implementación de medidas de seguridad específicas en zonas de riesgo.
También deberá elaborarse un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres de acuerdo con la definición que se hace en la Ley, e integrar y actualizar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
Asimismo, deberá establecer una estrategia de educación en derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, para transformar los patrones culturales e impulsar la prevención de la violencia.
El documento oficial plantea además fortalecer la Fiscalía General, particularmente las agencias especializadas en investigación y atención a los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres, así como la especializada en delitos sexuales y de violencia familiar y la desaparición forzada de personas no localizadas. Lo anterior implica medidas como la elaboración de protocolos de investigación, cadena de custodia y servicios periciales con base en estándares internacionales, así como la capacitación a servidores públicos.
Además, crear una unidad de análisis y evaluación de las labores de investigación y proceso de los delitos que se denuncien.
La declaratoria dispone también que el Ejecutivo estatal deberá enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las mujeres, divulgarlo en medios de comunicación y replicarlo por otras autoridades estatales y municipales, particularmente en los municipios donde se ha declarado la alerta.
Finalmente, y considerando el contexto de los pueblos y comunidades indígenas así como afrodescendientes en el estado, estas acciones deben desarrollarse desde una perspectiva intercultural que atienda la violencia de la que son víctimas las mujeres pertenecientes a esos grupos.
En el papel todo suena muy bien. La alerta de género es un mecanismo relativamente novedoso, previsto en la Ley promulgada hace una década, y sólo aplicado recientemente.
Con ésta, hasta la fecha la Conavim ha emitido diez declaratorias. Las anteriores fueron en municipios de los estados de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima y San Luis Potosí. Hay otros procedimientos similares en trámite, en municipios de Campeche, Jalisco, Nayarit, Puebla, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, aunque no hay ni ha habido procedimiento iniciado ni instaurado en Chihuahua, en particular en Ciudad Juárez, donde la gravedad de la violencia de género ha sido inocultable al grado de que hasta películas se han hecho sobre las centenas de mujeres, sobre todo jóvenes y adolescentes desaparecidas y asesinadas. Pero esas omisiones no son tema de estas líneas.
A partir de lo ocurrido en los últimos días, el gobierno de Héctor Astudillo tiene la atención nacional e internacional puesta en torno a este tema. ¿Será eficaz, tendrá éxito? ¿Podrá abatir la violencia criminal que lastima el tejido social, genera el miedo y deriva hasta en la migración de la población, y podrá proteger específicamente a los sectores vulnerables?
Ya próximo a cumplir el segundo año del actual gobierno, los resultados no son muy halagüeños. Y si nos ponemos pesimistas, tampoco se advierten resultados notables como producto de las declaratorias de alerta que han empezado a acumularse en todo el territorio nacional. Tal vez el esquema fue copiado de las legislaciones europeas o de alguna otra región del primer mundo y ya “tropicalizado” probablemente aquí no resulte tan efectivo. Si las estructuras de gobierno no han podido controlar la oleada de violencia que azota al país hace ya un decenio, no se ve cómo hacer prevalecer la perspectiva de género en un escenario en que los criminales dominan territorios y doblegan autoridades.
Pero por lo pronto, alertados ya estamos. Ojalá sirva de algo y si es por el lado de la violencia de género y se dan resultados, bienvenidos, porque en lo general se va de mal, a peor, aunque las campañas de publicidad intentan convencer de lo contrario.

Qué puede hacer el presidente Enrique Peña Nieto para evitar que Donald Trump lo humille en la arena pública? Peña Nieto ya experimentó que la actitud conciliadora que tiene en privado, se vuelve nuclear cuando se traslada al público. Una cosa le dijo Trump el último día de agosto del año pasado en Los Pinos, y otra su reacción tres horas después en Phoenix, al dinamitar la conversación que tuvieron durante la campaña presidencial. Otra fue la conversación telefónica, ya presidentes ambos, para acordar que donde la discrepancia fuera insalvable no hablarían de ello con los medios, que violó Trump ante una cámara de televisión. No hay garantía alguna para que lo que acuerden la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado para su encuentro este viernes en Hamburgo, sea respetado por él. Coloquialmente hablando, lo que vaya a resultar, será un volado.
Peña Nieto y Trump sostendrán lo que llama el Departamento de Estado una reunión pull-aside, que son rápidas y sin tiempo para profundizar, pero que sirven para subrayar el tema que más preocupa en ese momento, o enviar un mensaje de que esa relación es prioritaria. Trump tendrá encuentros pull-aside con nueve de los 19 líderes con quienes se verá en la cumbre del G-20 en Hamburgo a finales de esta semana. ¿Qué puede hacer Peña Nieto con Trump? Si la plática va a ser expedita, sin tiempo para abundar en un tema, la forma como se construirá lo que sucedió en ella no dependerá del presidente mexicano y cómo se le planta, sino de cómo su equipo diseña la narrativa del encuentro.
Lo peor que puede suceder es lo que ya están haciendo: emitir declaraciones inocuas, vagas y retóricas, o preparar comunicados que destilen miel. Un comunicado para hablar generalidades, como suelen hacerlo, junto con sus filtraciones anónimas a las columnas políticas donde ensalzan al presidente, no sirven. No les ha funcionado en el pasado; no les va a funcionar ahora. Una comunicación política diferente podría hacer la diferencia. Pero, ¿serán capaces de reinventarse los mexicanos?
La incapacidad de tener una comunicación política eficiente que defienda los intereses mexicanos, no es exclusiva del gobierno de Peña Nieto. Se extiende por muchos sexenios, explicado por la deformación gubernamental de pensar que información es igual a propaganda, que siempre los hace perder la iniciativa y estar siempre a la defensiva. El encuentro de Trump con Peña Nieto, por ejemplo, lo anunciaron en Washington el jueves pasado, cuando el director del Consejo Nacional de Seguridad, H. R. McMaster, y el director del Consejo Nacional Económico, Gary Cohn, dieron una briefing –equivalente informal a una rueda de prensa– a la prensa en la Casa Blanca sobre el viaje a Europa. Lo que hace la Casa Blanca es administrar la información.
En Hamburgo lo primero primero a través del pool –un grupo compacto– de periodistas que viajen en el Air Fore One, donde altos funcionarios del gobierno darán a conocer el objetivo que van a alcanzar y lo que esperan de los encuentros más importantes. Ese pool da la información al resto de los periodistas acreditados por la Casa Blanca, con lo cual empieza a construir su narrativa, con el énfasis deseado. Una vez en Hamburgo, la oficina de prensa de Trump llevará a los periodistas acreditados a funcionarios de alto nivel que irán explicando los detalles que quieren que se resalten de los encuentros bilaterales, con lo cual definirán el contenido de las pláticas. Otros países hacen lo mismo y neutralizan el spin –la intención– de la Casa Blanca. La experiencia en el gobierno peñista en este campo ha sido amarga, no sólo porque carecen de este procedimiento, sino porque ni siquiera se le da la atención requerida. En una ocasión, para una reunión convocada intempestivamente por el presidente Barack Obama, como la prensa mexicana quedó hospedada a 45 minutos de Washington, no llevaron funcionarios a hablar con ella porque, dijo un colaborador de Peña Nieto, “estaban demasiado lejos y no daba tiempo”. Aquella ocasión, como se ha dado sistemáticamente en otras, el tono y ángulo de la información no respondió a los intereses mexicanos.
La única forma como podría neutralizarse a Trump, pensando en la probabilidad de que haga una de sus jugarretas, es trabajar una estrategia similar: un briefing este mismo martes a la prensa mexicana sobre lo que se espera, para no levantar expectativas falsas y orientar sobre las razones del encuentro, así como reportes diarios, por funcionarios de alto nivel, durante la cumbre del G-20. Esta información les permitiría construir la narrativa de esa gira de acuerdo con los intereses mexicanos, e inyectar antídotos a las ocurrencias de Trump con una versión alterna de lo que diga la Casa Blanca.
La batalla entre los dos presidentes se escenificará, como siempre, en el campo de la comunicación política. Y para entrar a esa guerra se tienen que reinventar los funcionarios mexicanos, dejando su solemnidad y opacidad a un lado. Nunca lo han logrado, por su confusión conceptual con lo que es la información y el mensaje, o generar propaganda en lugar de información. Pero tampoco nunca habían tenido un desafío tan grande como lo es Trump y su bipolaridad. Peña Nieto y su equipo lo saben perfectamente. Han vivido las frustraciones por su excesiva prudencia y falta de creatividad comunicacional. Nunca es tarde para rectificar. Imperdonable sería, con todo lo vivido con Trump, que vuelvan a cometer los mismos errores.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa

Al menos una decena de personas perdieron la vida tras el ataque de un grupo delictivo que pretendía extorsionar a los pobladores de la comunidad de Huehuetlán el Grande, en la parte central de la entidad.
Según los reportes policiacos, un grupo delincuencial encabezado por Pedro Martínez Gómez, El Quije, y que estaría vinculado con el robo de combustible en la zona, atacó entre las 22 y 23 horas del domingo pasado a una familia que se negaba a pagarles “derecho de piso”.
Según los primeros testimonios, Merced Torres Ramos fue sacada de su casa y luego ejecutada en la calle, mientras que otras personas que transitaban en esos momentos por el lugar habrían muerto al ser alcanzadas por las balas que dispararon los delincuentes al huir.
En la población de Huehuetlán se asegura que al menos seis personas resultaron muertas por este ataque.
De acuerdo con pobladores, además de Merced Torres murieron Pablo de Santiago Pedraza, Evaristo Ramírez Pedraza, el menor Ramiro Ramírez Ríos, Abraham Flores Díaz, Ignacio Flores Díaz y Luis Ponce de Santiago. Así como un comandante policiaco cuya identidad no ha sido confirmada.
También se reporta que resultaron heridos el regidor de Gobernación, Evelio Salas Salas, y una agente de la Policía Municipal, cuyo nombre no se precisa.
Y el mediodía de este domingo, otras cinco personas aparecieron calcinadas en el municipio de Cuautinchán, las cuales se presume que son las víctimas levantadas la noche anterior en Huehuetlán.
Sin embargo, el gobernador Antonio Gali Fayad aseguró ayer por la mañana que el reporte con el que cuenta es que fueron tres personas asesinadas y cuatro más levantadas, pero no descartó que las víctimas fatales puedan aumentar en las próximas horas.
Sobre una segunda balacera, ocurrida este lunes, existen dos versiones.
Una de ellas asegura que se habría desatado un enfrentamiento armado cuando familiares de las personas asesinadas y desaparecidas reclamaron a autoridades municipales la falta de apoyo y protección contra los delincuentes que, afirman, desde hace tiempo los extorsionaban y amenazaban con armas largas y granadas.
Pero también existe la versión de que se trató de una balacera entre policías e integrantes de las bandas de huachicoleros que participaron en el ataque la noche del domingo.
Hasta ahora las autoridades no han dado un reporte oficial de lo ocurrido ni han precisado el total de las víctimas.
Cabe señalar que los lugareños advierten que la banda de El Cuije, autora de este ataque, estaría relacionada con la ejecución del alcalde de esta localidad, José Santa María Zavala, quien fue emboscado la noche del 1 de agosto pasado para robarle el dinero de la nómina municipal.

 

Agencia Proceso

Ciudad de México

De 2011 a la fecha, el número de desapariciones en México se incrementó hasta diez veces más, de 3 mil a 30 mil casos, porque el gobierno federal no escuchó las recomendaciones que se le hicieron, aseguró Ariel Dulitzky, ex relator del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
En entrevista para Aristegui CNN, Dulitzky dijo que desde hace años se detectó el problema grave de desapariciones forzadas en México, pero “el gobierno se enfureció en ese momento” cuando se le dijo que había 3 mil casos documentados. Hoy el registro oficial tiene diez veces más (30 mil desapariciones), precisó.
Según el ex relator, lo primero que destacó en su informe “es el sufrimiento de las víctimas; el desamparo con el que muchísimas se encuentran; la indiferencia, la inercia por parte del Estado. Conté también la urgencia de que se apruebe, a la mayor brevedad posible, la Ley general sobre desapariciones forzadas”.
Tras recordar que visitó México en 2011 para elaborar dicho documento, señaló que para él “es una frustración personal-institucional”, porque si el gobierno hubiese implementado las 33 recomendaciones que se le formularon ese año, “muchísimas de estas miles de desapariciones no hubiesen ocurrido”.
En materia de seguridad, añadió, persiste un problema gravísimo: “el paradigma de respuesta del Estado es el paradigma militar”.
La ONU ha recomendado que se retire al Ejército de las tareas de seguridad, “que en parte impide discutir la necesaria reforma policial en México”. Sin embargo, los militares siguen en las calles y esto ha provocado una serie de violaciones graves de los derechos humanos.

 

Interviene el Ejército ante los choques presuntamente protagonizados por vecinos de la colonia Vicente Guerrero y la agrupación priista Frente Popular 14 de junio, a la que acusan de extorsión

Pedro Matías / Agencia Proceso

Oaxaca

Casas incendiadas, vehículos calcinados, barricadas, bloqueos carreteros, sobrevuelos e intervención del Ejército Mexicano ocurrieron la mañana de este lunes en la colonia Vicente Guerrero, presuntamente protagonizados por vecinos de esa localidad y la agrupación priista Frente Popular 14 de junio, sin que el gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, tuviera un “diagnóstico preciso” después de 10 horas de ocurridos.
La violencia se desbordó –según un reporte extraoficial–, alrededor de las 7 de la mañana de este lunes con el saldo de un muerto, identificado como Jesús Rivera, un herido al que le estalló un cohetón, dos detenidos, así como 20 casas y decenas de vehículos incendiados.
Sin embargo, hasta las 5 de la tarde el gobierno estatal no había informado nada de manera oficial.
Entrevistado al término de la firma del Convenio de Colaboración entre la UNAM y el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa), el gobernador Murat Hinojosa solo se limitó a decir: “Las autoridades están desde en la mañana tomando acciones y una vez que tengamos el diagnóstico preciso lo vamos a compartir”.
Al insistirle que los conflictos sociales y agrarios se han reavivado en la entidad, dijo que “es un proceso histórico permanente en el que vive Oaxaca y lo importante es que nos estamos ocupando de poder encontrar soluciones y eso es lo que estamos haciendo en mi gobierno”.
Aunque hay denuncias de que la organización 14 de junio ha cometido una serie de delitos, entre ellos, el cobro por derecho de piso, el funcionario rechazó que actúen como crimen organizado:
“Una cosa son organizaciones sociales y otra los grupos delincuenciales a los que se les aplicará la ley y con las organizaciones sociales, diálogo permanente”.

El secretario de Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón Jáuregui, manifestó que “independientemente de lo que se ha rumorado del enfrentamiento de vecinos de la colonia Vicente Guerrero con las colonias de la organización FP 14 de Junio, hicimos un vuelo de reconocimiento para tener una mejor perspectiva que persiste en la zona y había cinco casas quemándose. No tenemos confirmado muerto alguno. Solo una persona hospitalizada por estallamiento de cohetón en el pie”.
Argumentó: “aquí en la colonia Vicente Guerrero no permiten el acceso fluido de las autoridades. Hace unos instantes subieron tres unidades de la Agencia Estatal de Investigaciones que van a reforzar a la Policía Estatal, también hay presencia de la Secretaría General de Gobierno y de la octava región militar y tratamos de tener comunicación con la presidenta municipal de Zaachila, Maricela Martínez Coronel, para calmar las cosas, abrir la circulación y permitir el acceso a las autoridades”.
A su vez, la alcaldesa Martínez Coronel declaró que desde el pasado 28 de mayo estalló el conflicto con la agrupación 14 de Junio porque la población de la colonia Vicente Guerrero se cansó de tanta violencia cometida por esa organización que pretendía cobrar derecho de piso a los comerciantes del mercado local.
Y no es todo, acusó que “desde enero cometen violaciones, asesinatos que cometen con los mototaxis y extorsionan del día y en la noche y de eso el gobierno está informado, pero no ha hecho nada, no nos ha escuchado”.
La presidenta municipal recordó que desde anoche los del Frente advirtieron lo que iban a hacer, se reunieron en la “sabrosa” y empezaron a disparar y quemaron un mototaxi “para provocar y el gobierno no hizo nada. Yo le llame a (Héctor Anuar) Mafud para que no se salga el conflicto de las manos. Pusieron barricadas y el gobierno no hizo nada”.

Destaca que la ONU seleccionó a México para aplicar su plan de acción en materia de seguridad de comunicadores y combate a la impunidad

Agencia Proceso

Ciudad de México

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) exigió al presidente Enrique Peña Nieto que cumpla con las medidas que ofreció tras el asesinato del periodista Javier Valdez, el pasado 15 de mayo, para reforzar la libertad de expresión en México.
En una carta enviada al Ejecutivo el pasado 30 de junio, la FIP pidió al gobierno federal mostrar el compromiso y la voluntad política de hacer frente a la problemática que afecta no sólo los derechos humanos y laborales de los y las periodistas, sino que desdibuja la integridad democrática de México.
Tras destacar que la Organización de las Naciones Unidas ha seleccionado a México junto con otros tres países para aplicar su Plan de Acción en materia de seguridad de periodistas e impunidad en los crímenes contra la prensa, el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, subrayó:
“Lamentamos que en el transcurso de su mandato, lejos de resolverse, el escenario haya empeorado notablemente, acentuando el entorno de vulnerabilidad dentro del cual se desempeñan los trabajadores y trabajadoras de prensa. En este sentido, desde la FIP le conminamos, respetuosamente, a que antes de que concluya su sexenio, haga explícito su compromiso de resolver los 34 crímenes y tres desapariciones de periodistas perpetrados desde finales de 2012, y se haga justicia enjuiciando a los autores materiales e intelectuales de los mismos”.
Con el envío de esa carta la FIP lanzó –junto con el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP)–, una campaña internacional a favor de la seguridad de los periodistas mexicanos, con el fin de prevenir más asesinatos y agresiones, y al mismo tiempo luchar contra la impunidad de esos crímenes.
México es uno de los países donde más periodistas mueren, con ocho asesinatos en lo que va de año. El último fue Salvador Adame, cuyo cuerpo sin vida fue identificado el pasado 26 de junio.
Los otros siete periodistas asesinados este año son: Maximino Rodríguez, Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Filiberto Álvarez, Jonathan Álvarez y Javier Valdez.
Después del asesinato de Valdez, Peña Nieto prometió cuatro medidas para reforzar la libertad de expresión en México: el fortalecimiento de la estructura y el presupuesto del mecanismo de protección de periodistas y el de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).
Además, se comprometió a establecer un esquema nacional de coordinación con las entidades federativas y un protocolo de acción, así como a coordinar a las autoridades locales y federales para garantizar la atención a delitos contra periodistas, que se han multiplicado en los últimos años.