El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que los hechos violentos en San Pedro Cacahuatepec, donde integrantes de Policías Ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), asesinaron a siete vecinos, entre ellos un bebé de cuatro meses, “es verdaderamente inaceptable”.
“Yo creo que es un buen momento para que el gobierno del estado, con apoyo del gobierno federal, por supuesto, pongamos un hasta aquí a este tipo de grupos que toman determinaciones y acciones que llegan hasta la barbaridad”, subrayó el gobernador sin mencionar a la UPOEG.

El único grupo al que reconocen el gobierno del estado y el federal es la CRAC

En declaraciones al concluir un recorrido por el nuevo hospital de El Quemado, al gobernador se le preguntó sobre lo sucedido en San Pedro Cacahuetepec, dijo que era algo brutal y que el llamado del gobernador, independientemente de los trabajos de la Fiscalía General del Estado (FGE), es que sea quien haya hecho esto, sean miembros de una organización, “se entreguen, declaren y precisen bajo qué circunstancias pudo haber tenido alguien armado una participación en donde le quitaron la vida a menores de edad, menores de un año”. Astudillo Flores indicó que la Fiscalía está haciendo su trabajo para tener información de lo que sucedió ahí.
Subrayó que los hechos violentos son algo verdaderamente inaceptable, brutal. Pero añadió que, independientemente de lo que está haciendo la Fiscalía el “gobernador del estado tiene una claridad de que este tipo de organizaciones, sea cuál sea, no están facultadas para actuar de esta manera”.
Agregó que su gobierno tiene una gran determinación de que es un asunto que tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias en la ruta legal y, por supuesto, “son grupos armados que no defienden de ninguna manera el interés del pueblo o de los pueblos, defienden intereses de grupos que ocasionan este tipo de problemas más otros que se han presentado recientemente en Tierra Colorada, en Mojoneras”.
Astudillo Flores dijo que es buen momento para que “pongamos un hasta aquí a este tipo de grupos que toman determinaciones y acciones que llegan hasta la barbaridad”.
Precisó que el gobierno del estado y la federación, al único grupo que reconocen es a la CRAC, “ningún otro grupo está reconocido por el gobierno del estado ni por la federación, precisamente por cuestiones como las que ustedes han conocido en esta ocasión, actúan en el escudo de proteger a la población y agreden a la población”.
Sobre si se tienen que desarmar a esos grupos como declaró la semana pasada, el gobernador Héctor Astudillo subrayó que sí tienen que desarmarse: “yo creo que el asunto se va acercando a eso, a tomar una determinación de fondo, no es posible que sigan actuando disfrazados de defensores del pueblo y agreden el pueblo”.
Sobre si el control de la seguridad lo podría tomar el Ejército en la comunidad, respondió que “es una acción que tendrá que ponerse de acuerdo, como lo están pidiendo, las gentes de Tierra Colorada que piden que permanentemente se quede el Ejército y la Policía del Estado, porque ya ninguno garantiza la estabilidad social en este pueblo”.
Dijo que tiene que ser una acción entre todas las fuerzas, y sobre las declaraciones que hizo el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, de que no hubo una masacre sino que su gente respondió a una agresión de un grupo de extorsionadores, el gobernador dijo que “las consecuencias no dicen eso, hay bebés que fallecieron”.
El pasado viernes, Policías Ciudadanos de la UPOEG irrumpieron en cuatro casas de la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, donde asesinaron a balazos a tres mujeres, un hombre, un adolescente y un bebé de cuatro meses, y dejaron heridos a tres menores, uno de los cuales murió posteriormente en el hospital, y saquearon, robaron y quemaron una casa.

Las policías municipales tienen que hacer su trabajo de prevención

Sobre la violencia que ha dejado varios muertos en los últimos días en Acapulco, Héctor Astudillo dijo que es un asunto en el que tienen que actuar entre todos, pues no sólo tiene que actuar la policía del estado; todos tienen que actuar, incluyendo a todas las policía municipales.
“Tiene que haber una acción de la policía municipal, no solamente en Acapuclo… en todo lugar donde haya policías municipales tienen que actuar, en todos los municipios, y si hay recursos federales, las policías municipales también tienen que colaborar porque lo que encontramos en todos los casos, en las ciudades importantes, es que las policías municipales no solamente no colaboran, sino que se convierten en un problema”.
El gobernador dijo que es el momento de hacer un llamado de la participación de la Policía Municipal, y aunque la mayoría de los policías no están certificados, “con lo que tengan que ayuden”.
Por otra parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que hoy, en Puebla le entregan la estafeta para el Congreso Nacional del Petróleo a Acapulco para el próximo año, lo cual es muy importante porque asistirán unos 12 mil congresistas, ya que es uno de los eventos más grandes del país.
Informó también que la Secretaría de Hacienda liberará recursos para concluir los 3 kilómetros que faltan del Macrotúnel para salir a Metlapil.
Asimismo, sobre el asesinato del ex alcalde perredista Crisóforo Otero, el gobernador dijo que es un “asunto bien delicado, tal y como se comentó ayer en el comunicado del vocero, se tiene información, es una información que nosotros creemos puede ser muy cercana a la realidad, pero que tampoco podemos hacerla pública. Son asuntos que hay que cuidar”.

En una gira de trabajo en Acapulco, el gobernador Héctor Astudillo Flores recorrió el nuevo hospital, ubicado en El Quemado, donde anunció que en unos dos meses se estará dando servicio; posteriormente, inauguró la obra del tanque de almacenamiento de agua de Hornos Insurgentes, que tuvo una inversión de 42.3 millones de pesos y beneficiará a 27 colonias, sobre todo, de la zona poniente.
El gobernador estuvo en el nuevo hospital donde recorrió cada uno de los niveles del edificio y donde se observó que ya se encuentra equipado. Ahí, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos informó que en equipo la inversión fue de más de 300 millones de pesos y que cuenta con lo más nuevo en aparatos médicos.
Durante el recorrido al gobernador le fueron explicando cada una de las áreas del hospital y de algunos aparatos, que todavía están envueltos en plástico, le informaron cuánto costó.
El gobernador saludó a varios trabajadores a quienes les dijo que es claro que el Acabús debe tener una parada frente al hospital, por lo que se tiene que ampliar la carretera a cuatro carriles.
Al finalizar el recorrido, Héctor Astudillo declaró que en dos meses ya podrá estar funcionando normalmente el hospital, que sólo faltan detalles como el agua, pues actualmente se está llevando con pipas.
El gobernador reconoció que el sistema institucional de salud no está en las mejores condiciones; dijo que la semana pasada visitó el Hospital Raymundo Abarca, en Ruiz Cortines, que ya es “urgente que opere”.
El director general de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Arturo Palma Carro, informó que ya se trabaja en la conducción del agua para el nuevo Hospital General de El Quemado, donde se construye una línea de agua de 20 litros por segundo, con una inversión de 9 millones de pesos.
Por su parte, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos manifestó que el hospital es una obra magna y moderna que cuenta con todos los estándares que exige la normatividad de hospitales.
El hospital tiene una inversión en equipamiento de más de 300 millones de pesos, dijo el secretario, cuenta con 120 camas y está diseñado para optimizar los espacios para que no se sature, sobre todo la sala de urgencias.

Inaugura un tanque de almacenamiento de agua en la colonia Hornos Insurgentes

Luego de recorrer el hospital, el gobernador Héctor Astudillo Flores, se dirigió a la colonia Hornos Insurgentes, donde inauguró el tanque de almacenamiento de 5 millones de litros de agua.
“Es una obra ligada al proyecto de Lomas de Chapultepec. Es un ejemplo para hacer otros tanque más y con más recursos valdría la pena pensar en un par de tanques más en Acapulco y en otras ciudades de como Iguala, Chilpancingo y Zihuatanejo”.
Ahí el director de la CAPASEG, Arturo Palma informó que con el tanque beneficiará a 25 mil colonos que viven en 27 colonias, y que tuvo una inversión de 42.3 millones de pesos, y que el gobierno del estado aportó 27 millones 530 mil pesos, y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 13 millones de pesos.

El presidente nacional del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep) del PRI, Paul Ospital Carreras defendió que en el gobierno de Héctor Astudillo no se originó la violencia, y que Guerrero necesitaba un gobernador decidido a acabar la inseguridad.
Ante la ola de violencia en el estado, el priista consideró que ésta “no es un asunto nuevo, es un problema que se ha venido arrastrando muchos años y lo que requería Guerrero es precisamente un gobernador con pantalones, que no dé un paso atrás, y lo vemos a él encabezando los esfuerzos de seguridad y planeación con las autoridades nacionales”.
Afirmó que entre la federación y el estado hay coordinación para abatir la violencia que por años se dejó descuidada.
Consultado al finalizar la reunión estatal para la elección de delegados del Icadep Guerrero, Paul Ospital Carreras indicó que el PRI está en proceso de 22 Asamblea Nacional del partido, por lo que el Icadep organiza debates estatales y municipales para que salgan propuestas del Icadep Guerrero, que a su vez se expondrán en la reunión Asamblea.
Se le preguntó sobre la reacción del PRI ante casos como el de los ex gobernadores Javier Duarte y Roberto Borge; respondió que quien falla son otros partidos, porque los señalados son capturados, “los corruptos terminan en la cárcel, y es la primera vez en la historia que un presidente y que un gobierno federal castigue a los corruptos”.
En la Asamblea, aseguró, se discutirán esos casos de corrupción, “pero en la práctica, quien le ha fallado a México está detrás de las rejas”.
Sostuvo que a diferencia de la dirigencia del PAN nacional, en el PRI no hay intereses personales, y que Acción Nacional está en colisión de sus actores políticos, por una pugna interna.

De 135 aspirantes que se registraron para participar en el proceso de elección y designación de consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), 14 pasaron a la última etapa de entrevistas, de entre quienes se elegirá a tres.
Antes del 30 de septiembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) designará a los tres consejeros que suplirán a Leticia Martínez Velázquez, Felipe Arturo Sánchez Miranda y René Vargas Pineda, quienes fueron electos para un periodo de tres años, del 1 de octubre de 2014, al 30 de septiembre de 2017.
Entre los finalistas en el proceso de selección está Raúl Calvo Barrera, relacionado directamente con el PRI, quien fue consejero local y después participó en el proceso de selección y designación de consejeros, pero no pasó a la última etapa, tuvo el segundo lugar con 91.5 de calificación.
También quedó en el grupo el ex secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que fue director de la facultad de Ciencias Sociales, Nazarín Vargas Armenta, quien tuvo el tercer lugar con 90.5; así como el secretario ejecutivo del IEPC, Pedro Pablo Martínez Ortiz, cercano a la consejera presidenta Maricela Reyes Reyes.
Fueron ocho hombres y seis mujeres los que pasaron a la última etapa, y la mejor calificación fue de 93.5.
Otros finalistas son Edmar León García, con 90.5; Elionei Nelxon Baranda Altamirano, que obtuvo 90 de calificación; Cuauhtémoc Castañeda Gorostieta, con 89.5, y Víctor de la Paz Adame, con 68 de calificación.
Las aspirantes que pasaron a la última etapa fueron Evelyn del Carmen Puente Flores, que tuvo la mejor calificación, de 93.5; Osbelia Beltrán Villalva, con 73.5 de calificación; Lilia Nava Gregorio, que tuvo 72.7 de calificación; Vicenta Molina Revuelta, con 70.5; con 66 puntos, Yolanda Leticia Medina Aguilar; y con 60.5, Cinthya Citlali Díaz Fuentes.
De los 135 aspirantes a consejeros locales en Guerrero que se registraron desde el inicio, sólo 117 hicieron el examen después de que se depuró la lista, porque algunos no tenían el perfil o no entregaron la documentación requerida según la convocatoria.
El examen fue la primera de tres etapas en el proceso de elección; fue aplicado por la UAG y en él participaron 80 hombres y 37 mujeres, de los cuales fueron escogidos los 25 mejores promedios, 12 mujeres y 13 hombres, porque hubo un empate.
Dos aspirantes hicieron el ensayo presencial en otros estados y 23 en Guerrero, de los cuales sólo 14 pasaron a la última etapa.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez consideró que la legislación para las policías comunitarias se debe replantear. En declaraciones en el hotel Gran Plaza, el dirigente del PRI en Guerrero manifestó también que se debe castigar a los responsables de los hechos ocurridos el viernes en Cacahuatepec.
Consultado en el receso de la reunión estatal para el desarrollo de los trabajos deliberativos, elección de delegados y elaboración de relatorías del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep), Huicochea manifestó que, tras la irrupción de Policías Ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) no se debe perder la capacidad de asombro sobre la violencia, “nos consterna socialmente y nos hace repensar”.
El dirigente reiteró que son, “muy lamentable y muy condenable las pérdidas humanas”, y llamó a impulsar estrategias de seguridad en las que no se delegue la seguridad a quienes no cuenten con la acreditación para la portación de armas que la ley establece.
Afirmó que es un tema “peculiar” el de las policías comunitarias, y debe ser tratado a profundidad, porque si lo ocurrido el viernes en Cacahuatepec es la forma de actuar, “es muy lamentable y tiene que analizarse, revisarse y, sobre todo, someterse al procedimiento de ley para que sean castigadas”.
Expuso que es necesario abrir un debate sobre la Ley 701 y llamó a no politizar la violencia, aunque aseguró que sí compete a los partidos políticos y a la sociedad, “se debe hacer un replanteamiento a las estrategias, el análisis y la visión donde los ciudadanos tengamos que participar también de forma muy decidida”.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en un comunicado informó que se reunió este sábado con la canciller de Alemania, Ángela Merkel.
En la reunión, el director de la organización, Abel Barrera Hernández expresó su particular preocupación porque el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no vaya a ser resuelto durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
También denunció la falta de voluntad política de las autoridades federales para dar seguimiento a las líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Hasta el momento no hay avances sustanciales en la investigación del paradero de los normalistas.
Tlachinollan, junto con otras organizaciones y periodistas, compartieron su preocupación por la persistencia de la impunidad y la corrupción sistémicas que han sido “causa fundamental de esta crisis en materia de derechos humanos que enfrentamos en México”, dice el comunicado.
Informa que estas prácticas han socavado el Estado de derecho y han generado un ambiente de permisibilidad para que las organizaciones delincuenciales sometan a la población con la consumación de delitos de alto impacto.
Las agresiones a periodistas y las personas defensoras de los derechos humanos fue un tema de preocupación de la Canciller, quien reconoció la gran labor que realizan en situaciones difíciles y adversas. Por ello manifestó su interés en ayudar, y apoyar el trabajo de periodistas y de los defensores de los derechos humanos.
Angela Merkel fue sensible y receptiva a los planteamientos emitidos por representantes de la sociedad civil. Preguntó, “¿en México no sé sabe cómo actuar o no se quiere actuar? Continuó comentando que en nuestro país las libertades deben ser garantizadas, eso es claro y se debe combatir la corrupción, que es una tarea difícil”, afirmó la canciller.
Por otra parte, manifestó preocupación por que no haya contrapesos políticos en el país, sobre todo un Poder Legislativo que pueda pedir cuentas al Ejecutivo, y que no exista un Poder Judicial con la fuerza para hacer valer el Estado de derecho.
Finalmente, las defensores y periodistas expresaron su preocupación por el impulso que se le ha dado al Ejército y que cuenta con el apoyo de varios partidos políticos a una ley de seguridad interior que apuesta a un modelo militarizado de la seguridad, en detrimento de los derechos humanos de la ciudadanía.