Este sábado en la tarde fueron asesinados cinco hombres en tres hechos diferentes en esta ciudad, los tres primeros en la colonia ampliación Lázaro Cárdenas, otro en la PRD y uno más en el mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla.
Antes de las 2 de la tarde cinco hombres fueron asesinados en menos de una hora, el primer evento fue cuando dos hombres fueron asesinados.
Una tercera persona quedó herida durante el hecho, minutos después de ser trasladado a las 2:14 de la tarde se informó que fue trasladado al hospital general de Tierras Prietas.
Del primer ataque fuentes de seguridad pública dijeron que minutos antes de las 2 de la tarde las víctimas iban en un automóvil Shadow verde, cuando fueron atacadas a balazos.
Otro hombre fue asesinado en el mercado, casi a la misma hora se reportó que en otro hecho un hombre fue atacado con armas de fuego, y murió entre los puestos semifijos afuera de las naves del mercado central, donde antes estaba la terminal Estrella Roja.
El quinto ejecutado fue en la colonia PRD parte alta, iba en su taxi que circulaba en la calle principal de la colonia.

Un joven de 27 años fue asesinado ayer de al menos cuatro impactos de bala en los márgenes del río Santa Catarina, en la localidad de Milpillas, Ometepec.
Según reportes de la Policía Municipal, el cuerpo fue encontrado a las 8 de la mañana por vecinos del lugar, quienes avisaron a las autoridades que llegaron casi una hora después. El cuerpo presentaba impactos en la cabeza.
En el lugar fueron encontrados cuatro casquillos percutidos, dos calibre 38 súper y dos de 9 milímetros. Al margen del río llegaron policías del estado, el Ejército y ministeriales, quienes resguardaron el área mientras se realizaron las diligencias.
El cuerpo fue entregado a los familiares del joven identificado como César Santiago.
En consulta telefónica a las 2 de la tarde el acalde Omar Estrada Bustos dijo que el asesinato pudo ser por una riña en la comunidad colindante con el municipio de Cuajinicuilapa.

Una patrulla de la Policía Militar sufrió un accidente la tarde de este sábado en el camino a la sierra cuando se dirigía al poblado de El Carrizal, San Miguel Totolapan, en un tramo del camino que pasa pegado al río Balsas, donde se cree que la patrulla sufrió una volcadura y terminó bajo el agua con un saldo de dos muertos, un herido y ocho desaparecidos.
Se reportó extraoficialmente que a las 9 de la noche había dos muertos y un herido localizados, mientras que siete militares más estaban desaparecidos en el agua, y se desconocía si se encontraban atorados los cuerpos dentro de la patrulla volcada.
Entre los desaparecidos se encuentra un capitán primero y siete elementos de tropa.
Policías del estado y ministeriales confirmaron que el accidente ocurrió en el tramo que pasa pegado al río Balsas, que debido a las lluvias estaba en mal estado. El vehículo con los militares que se dirigían a la sierra se fue al barranco y terminó en el agua.
Acudió a la localidad personal del área de periciales de la Fiscalía regional para avanzar en las diligencias. Personal de Protección Civil también llegó a ese lugar en ayuda a los soldados.
Se trata de un grupo de la Policía Militar del Primer Batallón, de la Operación Relámpago que inició el 12 de mayo pasado con la irrupción de 500 soldados y policías estatales en San Miguel Totolapan y con el objetivo de detener a miembros de los grupos delictivos Los Tequileros y La Familia Michoacana.
El accidente fue en las colindancias del poblado de Santo Tomás municipio de Arcelia, que es la población que está al otro lado del río Balsas.
El lugar está aproximadamente a una hora y media de camino desde la cabecera municipal. A las 9 de la noche no se confirmaba la cifra de muertos del accidente.
En un boletín el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que los militares se encontraban acampando después de sus labores en las laderas de El Carrizal, cuando sufrieron un accidente debido a las intensas lluvias de los pasados días. Un alud de tierra y la acumulación de agua en una represa cercana afectaron a los elementos.
“El saldo de este accidente es de dos elementos fallecidos, algunos más que no han sido localizados y un elemento que ya ha sido trasladado al Hospital Militar de Chilpancingo para recibir atención médica inmediata”, agrega.
Al tener conocimiento de este suceso, dos helicópteros del gobierno de Guerrero y dos más de la Fuerza Área Mexicana despegaron hacia esa zona para efectuar vuelos de reconocimiento del área y rescate de los soldados, quienes se prevé pudieran estar desorientados.

El colectivo Siempre Vivos y el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) calificaron el desplazamiento forzado de las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco, como una grave violación a los derechos humanos y exigieron al gobierno del estado que atienda el problema y dé a conocer un censo real de las víctimas.
Consultado al término de un recorrido por la zona donde dos comunidades han sido abandonadas tras una serie de homicidios y amenazas de ataques armados, el coordinador del colectivo de familiares de desaparecidos en la parte baja de La Montaña, José Díaz Navarro calificó la situación como un desastre humanitario.
“No hay una vida normal, es una situación de tristeza y una grave violación a los derechos humanos, hay la certeza de una situación grave de violencia, lo sabemos, llevamos años denunciando la situación de desplazamiento que también se da en otros puntos de la región como en las comunidades de Zitlala o en la cabecera de Chilapa, y que no se está atendiendo”, agregó.
“De 2007 a la fecha hay un registro de alrededor de 400 homicidios, más los desaparecidos y desplazados”, añadió.
Adelantó que buscará en la Ciudad de México al primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez para pedir su inmediata intervención y al gobernador Héctor Astudillo Flores, ya que dijo, en la Fiscalía General del Estado le afirmaron que la situación en esas comunidades de Chilapa era de tranquilidad.
El 7 de diciembre de 2016 Siempre Vivos, el Centro Morelos y familiares de víctimas de desaparición dieron un diagnóstico de la situación de desplazamiento forzado en las comunidades de Chilapa y Zitala al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien consideró que esas personas necesitaban el apoyo urgente del Estado.
Ayer por separado mediante un comunicado, el Centro Morelos mostró su preocupación de que el gobierno de Héctor Astudillo no atiende el desplazamiento a casusa de la delincuencia, y exigió que dé a conocer la cifra de personas en esa situación en el municipio de Chilapa y cuál ha sido la atención que se les ha brindado.
Informa que el viernes constató que familias enteras de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco abandonaron su patrimonio y que los centros de salud, clínicas, escuelas y la mayoría de las viviendas se encuentras cerradas.

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero acudieron al monumento de los caídos del 60 para conmemorar los 46 años de la masacre del Jueves de Corpus o El Halconazo, y para condenar la violencia en Guerrero.
En la alameda Granados Maldonado colocaron una ofrenda florar por la muerte de los más de 100 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en apoyo de la de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame dijo que los paramilitares fueron contratados para asesinar a más de 100 estudiantes universitarios que protestaban.
“Por eso hacemos un llamado a los estudiantes y al pueblo en general a no olvidar esta fecha (…) y por las represiones, la última perpetrada en Iguala con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa”, expuso.
Dijo que la Dirección Colectiva condena y repudia al Estado, “que se ha manchado las manos de sangre de miles y miles de mexicanos asesinados”.
Enfatizó que condenan y repudian la desaparición forzada, y denunció que continúa la represión de los luchadores sociales.
Nicolás Chávez exigió la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, castigo a los culpables y ofreció su apoyo a los padres de familia de los desaparecidos.
Pidió la libertad de los presos políticos en las prisiones de Guerrero y a nivel nacional. Dijo que están en contra de las reformas estructurales que sólo privatizan los recursos de los mexicanos, demandó la reinstalación inmediata de las trabajadores de Prospera y la reubicación de los pueblos afectados por la tormenta Manuel.
Al finalizar el acto Nicolás Chávez dijo que las próximas actividades son que se reunirán con los telefonistas de Acapulco, además de un foro por los 10 años de la huelga de Taxco, e hizo un llamado por la articulación de la lucha social de Guerrero y el país.
Recriminó que continúa la persecución y encarcelamiento de los líderes sociales, “exigimos la libertad de Gonzalo Molina y de su hermana Claudia, la de Samuel Ramírez y de Arturo Campos”.

Ayer se hicieron las primeras 70 asambleas en comunidades y colonias de Ayutla de los Libres, donde los habitantes eligieron el modelo que utilizarán para seleccionar a las autoridades municipales por usos y costumbres en las elecciones de 2018.
Hoy se espera que en otras 70 colonias y comunidades, de un total de 140, tengan lugar las asambleas para saber si elegirán el modelo A, que es mediante asambleas, o el B, mediante planillas.
En las reuniones participan funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, y observadores.
La presidenta del IEPC Maricela Reyes Reyes declaró en la comunidad de San José la Hacienda que ayer, en las 70 comunidades hubo asambleas sin incidencias y en tranquilidad.
Indicó que en San José la Hacienda, dos policías comunitarios se presentaron a votar con armas, pero que los habitantes se lo permitieron, y que el próximo miércoles se darán a conocer los resultados de las asambleas en la sesión del IEPC.
Durante la mañana, la presidenta del Instituto estuvo presente en la asamblea de la colonia Centro, donde observó cómo los habitantes de la cabecera municipal eligieron, mediante la opción de pelotón, el modelo B, con 186 votos, y 16 a favor del modelo A.
De acuerdo con los datos recopilados en 16 colonias, hasta ayer en siete había ganado el modelo A, y el B en 6: faltaron tres colonias por obtener la información. Los votos para el A, sumaron, 495, mientras que para el modelo B fueron 713 votos.
En las 54 comunidades restantes, según la información recopilada de 33 comunidades, la opción A ganó en 15 localidades con mil 767 votos, y la opción B ganó en 18 localidades con un total de mil 684 votos.
Las asambleas comenzaron a las 8 de la mañana, con el registro; a las 10 de la mañana, una vez que fue escogida la mesa de los debates, comenzaron a elegir cómo votarían la selección del modelo en las próximas elecciones.
Las reuniones de los ciudadanos previamente informados de cómo era cada modelo, fueron rápidas, en menos de media hora las asambleas resolvieron qué modelo elegían. En la colonia centro la particularidad fue que los ciudadanos escogieron para votar el método del pelotón, es decir, que del lado derecho se concentraron los que eligieron el modelo A, y del lado izquierdo del auditorio los del modelo B.
En la colonia San José, los ciudadanos optaron por la lista de asistencia; uno por uno, fueron nombrados y pasaron a decir a los de la mesa de los debates qué modelo elegían. En la comunidad de El Tamarindo la votación fue a mano alzada.
A la 1:30 de la tarde, de acuerdo con los promotores de la UPOEG de las 70 comunidades, tenían resultados de 40 comunidades, y en 29 había ganado el modelo A, mientras en otras 11 la opción B.
Resaltaron que en la comunidad de La Concordia hubo 380 votos a favor del modelo A y ninguno para el modelo B, igual que en El Paraíso, donde 228 votantes prefirieron elecciones en asambleas y ninguno por las planillas.
Denunciaron que desde el viernes la presidenta municipal, Hortensia Aldaco Quintana, y gente del PRD, PRI, PAN y PVEM, entregaron despensas y obsequios en algunas comunidades y colonias para que la gente votara por la opción B.

La Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) informó que pese a que la comunidad de La Concordia, se opuso a que los militares entraran al pueblo, un convoy llegó ayer a las comunidades aledañas con el pretexto de brindar atención médica y hacer trabajo social, intentó ingresar pero los vecinos se lo impidieron.
Los coordinadores de la casas de justicia informaron que los policías comunitarios instalados en el retén de la comunidad de San José la Hacienda, a unos 20 minutos de la cabecera, informaron que dos camiones llenos de militares y cinco patrullas pasaron por el lugar en dirección a Pascala del Oro, rumbo a La Montaña.
Las autoridades comunitarias reiteraron la exigencia de la salida de los militares de las comunidades, ante el temor de que puedan detener a integrantes de la Policía Comunitaria o desarmarlos.
Los coordinadores manifestaron que hay alerta entre los comisarios y los policías de las comunidades por la incursión militar, luego de que desde agosto del 2013, cuando fueron detenidos seis policías comunitarios de la Casa de Justicia, no habían ingresado las fuerzas castrenses a la zona.
Informaron que el comisario y los habitantes de La Concordia a una hora y cuarenta minutos de la cabecera, impidieron que los militares llegaran a la comunidad, pese a que el Ejército envió a un médico que trató de convencer a los vecinos de permitirles el paso, ante lo que se retiraron a otras comunidades aledañas.
Las autoridades comunitarias quienes pidieron omitir sus nombres, volvieron a recriminar que ni el Ayuntamiento ni las autoridades del estado o de los mandos militares les informaron con anticipación que irían a su territorio.
El 31 de mayo el comandante de la 27 Zona Militar, Adelfo Castillo dijo que irían a la zona no a confrontarse con la CRAC, sino a dar servicios sociales y médicos.