Silvia Garduño / Agencia Reforma

Cancún

El canciller Luis Videgaray llamó tener una perspectiva integral y de corresponsabilidad sobre la migración y a defender los derechos de los migrantes.
“Una perspectiva integral, una cooperación corresponsable de nuestros países con los derechos humanos de los migrantes y con sus contribuciones al desarrollo”, señaló.
En la apertura de los trabajos formales de la 47 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que se debe atender la gobernabilidad hemisférica y las causas estructurales de la migración, e impulsar prosperidad en la región.
Videgaray defendió además la necesidad de fortalecer del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y habló sobre la relevancia del combate a la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Ariel Dulitzky, ex integrante, durante siete años, del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, pidió a familiares de víctimas en México llevar sus casos ante la ONU.
Durante una ponencia que ofreció en la Ciudad de México, el especialista argentino lamentó que el año pasado el Grupo de Trabajo sólo tuviera 378 casos abiertos para México, muchos de los cuales correspondían al periodo de la Guerra Sucia.
“Por eso hoy les hago un llamado, para que presenten más casos al Grupo de Trabajo, porque es una especia de ‘hábeas corpus’ internacional, tiene un carácter humanitario, da publicidad y crea un récord internacional; si hay miles de desaparecidos en México, como los hay, tienen que haber miles de casos en el Grupo de Trabajo”, expresó.
Sobre los posibles alcances de este tipo de medidas, recordó el caso de Chile, donde la Vicaría de la Solidaridad presentó un hábeas corpus por cada desaparecido en plena dictadura.
Ante familiares de personas desaparecidas, legisladores federales como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña; especialistas como Santiago Corcuera, estudiantes y académicos, Dulitzky pidió terminar con el desinterés, la ineficiencia, el desden en los casos de desaparecidos y poner a las víctimas en el centro de las políticas públicas.
En ese contexto, condenó el informe que se dio a conocer esta semana sobre espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos a través de un software que se vende sólo a órganos gubernamentales.
“Es un ejemplo de prácticas inaceptables en una sociedad democrática”, sentenció. (César Martínez / Agencia Reforma / Ciudad de México).

La tortura persiste en muchos ámbitos de la cadena de seguridad, por lo que su erradicación sigue siendo uno de los principales retos en materia de derechos humanos, reconoció ayer Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
“No puede negarse que ha habido avances en nuestro país, que su práctica se ha reducido en muchas de las corporaciones de seguridad y que nuestro marco jurídico es ahora mucho más claro en su prohibición. Sin embargo, tenemos que reconocer que no hemos logrado su erradicación. Y que su práctica persiste en muchos ámbitos de la cadena de seguridad pública; este reconocimiento no sólo se sustenta en las recomendaciones de los organismos internacionales, sino también, de manera muy importante, en los diagnósticos de organismos nacionales”, apuntó.
A partir de diagnósticos como los de la CNDH y la CEAV, subrayó el subsecretario, todas las corporaciones se han sumado al rechazo más absoluto a los actos de tortura y al compromiso de prevenirla y sancionarla.
“Para estos fines, se han puesto en marcha políticas y acciones encaminadas a su combate, lo que incluye protocolos de actuación y de fortalecimiento institucional”, dijo ante el representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab. (Antonio Baranda / Agencia Reforma / Ciudad de México).

No existe ninguna duda en mi mente de que por lo menos desde los años sesenta, el Estado mexicano espía, vigila, sigue e interviene los teléfonos de sus adversarios, sus críticos, y sobre todo, sus integrantes y adeptos (para que lo sigan siendo). En momentos cruciales, se agudiza la vigilancia; el resto del tiempo, seguramente se lleva a cabo con la misma ineptitud, desidia e impericia que caracteriza a las fuerzas del orden nacionales en otros menesteres. No hay nada nuevo bajo el sol.
Salvo que en el caso del software Pegasus y de la empresa israelí NSO, los cacharon. Esa es la gran diferencia entre el escándalo revelado por The New York Times y la mayoría de los anteriores, remontándonos a la infame Dirección Federal de Seguridad de Gutiérrez Barrios,  Miguel Nassar y García Paniagua. A reserva de que resulte falsa la historia narrada en el largo reportaje del diario neoyorquino el lunes, esta vez un medio de prestigio internacional informa de una estrategia de intervención telefónica y de datos en diez casos concretos –deben ser muchos más– con nombres y apellidos. Los autores consultaron a los afectados, a expertos en “encriptar” y “hackear” celulares, a la empresa fabricante del software, y hasta al gobierno mexicano, que desde luego se hizo el desentendido.
He aquí la segunda característica novedosa de este caso. Normalmente, los gobiernos se rehúsan a responder –desmintiendo o confirmando– casos de espionaje de cualquier índole. Esta vez, Peña Nieto no tuvo más remedio –por tratarse del Times, de la extensión y detalle del reportaje, y de la coyuntura en la relación con Estados Unidos. Tuvo que enviar una carta patética al Times, que podría haber sido redactada por Donald Trump. “No hay ninguna prueba de que fuimos nosotros”, dice el pobre encargado de medios internacionales de la Presidencia. E insta a las víctimas a interponer una denuncia ante la PGR, una de las tres dependencias que adquirió el software en Israel. Sólo que al responder, abre una caja de Pandora que no va a poder cerrar fácilmente.
El gobierno tiene manera de  averiguar qué sucedió. Sabe exactamente que dependencias compraron Pegasus, sabe cuánto han pagado por sus servicios –65 mil dólares por cada aparato hackeado– y quién tuvo acceso al dispositivo para utilizarlo, en su caso, indebidamente. El hacker no deja huellas en el celular intervenido, pero sí existen necesariamente huellas presupuestales, de cadena de mando, de utilización en oficinas de gobierno, o incluso de alquiler o venta venal del equipo a terceros.
Nadie puede afirmar que la PGR, el Cisen o la Sedena utilizaron el software para espiar a los mexicanos y a la norteamericana nombrados en el artículo de NYT. Pero sí se puede afirmar que el gobierno cuenta con las herramientas necesarias para saber quién fue, aunque se tratara de un esquema más de corrupción de este régimen: un alto funcionario “prestando” el  servicio a particulares, o a otros funcionarios, o a políticos externos a la administración pública pero cercanos al partido de gobierno.
Es cierto que no veremos el espectáculo de Osorio Chong (jefe de las instancias de seguridad), Imaz, Cervantes, Cienfuegos o Meade (el que paga), interrogados en cadena nacional por senadores o diputados bien preparados y documentados sobre Pegasus y The New York Times. Es mucho pedir. Pero no lo es insistir que el gobierno investigue de oficio lo que probablemente sea un delito, sin duda es una estupidez, y seguro es inmoral.

La práctica de la corrupción está presente en todo el mundo y como todos sabemos México no es la excepción, pero sí lo es que aquí eso se puede hacer con total impunidad. No hay consecuencias por el hecho de corromperse. Esto vale para el político y el ciudadano.
Para el mexicano es muy fácil ver las acciones de corrupción del otro, pero no las suyas. Un ejemplo claro es que está bien que yo compre productos piratas, pero mal que el otro lo haga. En mi caso es una medida inteligente de ahorro y en el otro un acto de corrupción.
El 47% de los mexicanos dice no estar comprometido a obedecer la ley si la considera injusta y 41% que está dispuesto a violarla si piensa que él tiene la razón, de acuerdo con un estudio de la UNAM.
Casi la mitad de los mexicanos, ante la falta de credibilidad de la ley y las instituciones que la hacen valer, se sienten con el derecho de no acatarla y sólo respetarla en los casos que estime pertinente. La discrecionalidad ante la ley es siempre causa de corrupción.
Los ciudadanos no se ven como corruptos a pesar de serlo. El 70% de los mexicanos dice haber comprado alguna vez un producto pirata. A la pregunta de quién viola más la ley sólo el 7.8% dice que son los ciudadanos, el 18% que todos y el 68% que los políticos y funcionarios, de acuerdo con la misma fuente.
El 70% de los mexicanos piensa que en todos los niveles del gobierno hay una amplia corrupción y el 33% dice haber sobornado a un funcionario público. Del 100% de estos, el 60% a un policía y el 55% a un integrante del sistema judicial, según la OCDE. En la visión de los mexicanos el soborno no es un acto de corrupción, sino una manera práctica de resolver un problema.
Con datos de la OCDE, al ciudadano común le queda más o menos claro, ronda en el 60%, que no debe dar mordidas, que no debe violar las reglas de tránsito, que no debe evadir el pago de impuestos y que no debe evadir el pago del transporte público, pero con frecuencia hace precisamente lo que dice no es válido.
En el país hay un cúmulo de incentivos perversos que invitan a la corrupción. El más importante la impunidad, pero también ver que los servidores públicos del más alto rango y los dirigentes políticos y sindicales dan ejemplo de una cínica, perversa y millonaria corrupción que se asume como agudeza y capacidad.
En los últimos dos años, la sociedad ha llegado a un punto de inflexión en la tolerancia a la corrupción de los funcionarios y los políticos. Ahora es uno de los problemas más sentidos, junto con la carencia de buenos empleos y la violencia cotidiana. Esta conciencia se expresa en el hartazgo y enojo en contra de la política y los políticos.
Lo anterior es un cambio fundamental que rompe con años de tolerancia y permisividad a la corrupción de los servidores públicos. Ha llegado el tiempo de que los ciudadanos también sean menos tolerantes y permisivos con su propia corrupción y se decidan a respetar la ley.

Twitter: @RubenAguilar

El pasado domingo concluyó un proceso político de poco más de 340 días que transformó la vida política de Francia, y tendrá consecuencias no sólo en la Unión Europea, sino también en el mundo entero. A raíz de la instauración de la Constitución de la Quinta República por el general Charles de Gaulle en 1958, dos grandes partidos políticos se habían repartido el poder, tanto a nivel nacional como local: el Partido Socialista y el partido Los Republicanos. Para ellos, la postulación presidencial del joven ex banquero del banco Rothschild no podía significar una amenaza, en el sentido que no dirigía un partido político, nunca había ganado una elección popular y no disponía de los recursos financieros para pagar el costo de una campaña electoral. Mientras tanto, Emmanuel Macron consiguió levantar casi veinte millones de euros para financiar su campaña (incluido un préstamo personal de ocho millones de euros), montó una estructura territorial a partir de su movimiento político “En Marche!” (¡En Marcha!), y construyó un discurso que le permitió conquistar los sufragios de los franceses, hasta llegar a la Presidencia de la República. Pasó de ser un neófito ministro de Economía, sin ninguna experiencia electoral, a ser el contrapunto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a nivel mundial. Sin duda un hecho histórico, que tal vez sólo haya sido igualado en su momento por el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, que fue candidato independiente en 2006 y no presentó en su momento candidatos al Congreso, lo cual no le impidió posteriormente tener una mayoría absoluta después de la elección de una asamblea constituyente un año después.
Ahora bien, si es cierto que Macron acaba de hacer historia obteniendo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, con más de 300 diputados para su partido (se necesitan 289 escaños de 577 curules en total) sin contar a los diputados electos por el partido del ministro de la Justicia, François Bayrou, el Movimiento Democrático (Modem), los desafíos que tiene el nuevo presidente son inmensos. En primer lugar, darle coherencia al grupo parlamentario de En Marche! en el Congreso, dado que el 75 por ciento de los diputados nunca había ejercido una función electiva antes de ganar el pasado domingo. Si bien podemos destacar y celebrar el hecho que más del 40 por ciento de los nuevos diputados serán mujeres, en buena parte gracias al gran número de candidatas vencedoras, habrá un número históricamente reducido de empleados o ex obreros. Es decir, lo que se gana en diversidad de género se pierde en la homogeneidad de los perfiles socioeconómicos de los nuevos diputados. Por otro lado, el contenido de las reformas que serán impulsadas en el plano doméstico también serán el centro de la atención política, en particular para determinar la correlación de fuerzas dentro del gobierno. Durante la campaña legislativa, de mayo al pasado domingo, el gobierno encabezado por el primer ministro Edouard Philippe (ex alcalde de la ciudad de Le Havre y miembro del partido Los Republicanos) anunció su voluntad de hacer votar tres proyectos de ley inmediatamente después de la instalación de la nueva legislatura: una ley de “moralización de la vida pública”, otra de lucha contra el terrorismo, así como una vasta ley de reforma del mercado laboral. Si bien las dos primeras disponen de fuerte apoyo en la opinión pública, la ley del mercado laboral será, sin duda, la primera prueba de fuego de la capacidad de articulación política del nuevo gobierno. Para buena parte de los electores de Emmanuel Macron, este proyecto de ley tiene mucho más retrocesos que avances. Los sindicatos, por su lado, han anunciado movilizaciones de envergadura en las próximas semanas.
Por el momento, el presidente Macron se ha focalizado en la agenda internacional, en particular en su voluntad de crear una polarización con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la agenda climática internacional. Sin embargo, su gobierno tiene que dar resultados en el corto plazo en la economía para que su ascenso meteórico se confirme y se afiance.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada

Unas cuantas horas después de que circulara el reportaje del The New York Times sobre el spyware para intervenir comunicaciones de periodistas, abogados de derechos humanos y activistas, el gobierno de México envió una carta al editor del periódico, donde afirmó que “no (había) prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano (fueran) responsables del supuesto espionaje descrito en (el) artículo”. Firmada por un funcionario de segundo nivel de Los Pinos, la carta subrayaba el respeto a la privacidad y la protección de datos personales, como “valores inherentes a nuestra libertad, democracia y Estado de derecho”. La carta jugó con la semántica.
Como el reportaje no identificó qué dependencia utilizó el programa llamado Pegaso, se escabulló afirmando que no se tenían pruebas de participación oficial. El Times, sin embargo, lo dejó claro. Desde 2011, apuntó, al menos tres dependencias federales compraron 80 millones de dólares en spyware a la empresa israelita NSO Group que aclaró, a petición directa de las instituciones que hicieron la investigación publicada por el diario, que sólo vende ese programa a gobiernos con el acuerdo explícito de ser usado únicamente en el combate de terroristas, narcotraficantes o criminales. Es decir, si Pegaso sólo era vendido a gobiernos, el gobierno mexicano es el único que pudo haberlo utilizado contra objetivos que no son criminales ni terroristas.
El gobierno no quiso dar una respuesta directa a la opinión pública mexicana, y se escudó en la carta que decidieron, antes de que fuera publicada por el Times, divulgar su traducción a través de la cuenta de Twitter del vocero presidencial, Eduardo Sánchez, y presentarla como la respuesta oficial. La Presidencia, decía la carta, respetaba la privacidad de las personas y condenó “cualquier intento de vulnerarla”. Esta respuesta, sin embargo, es insuficiente. Llena los espacios de opinión pública, pero no va ni al fondo del problema, ni atiende los problemas que arrastran desde que inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
El caso de un periodista, fuera de la investigación que publicó el Times, es sintomático de la dialéctica entre algunos periodistas y medios de comunicación, y algunos funcionarios del gobierno. Entre varios incidentes, dentro del contexto del hostigamiento, intimidación y espionaje, sobresalen:
1.- A mediados de 2014, después de varios textos sobre la ilegalidad de los grupos de autodefensa en Michoacán, comenzó a ser seguido. El periodista descubrió la cola y los confrontó. “Si me están tomando fotografías”, les dijo, “les voy a tomar fotografías yo”. Dos fotografías fueron entregadas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien ofreció investigar quiénes eran. Hasta la fecha, nunca dio respuesta. El periodista investigó y encontró que las placas del vehículo correspondían a una empresa de seguridad en el Estado de México.
2.- A finales de 2014, molestos en la PGR por su cobertura sobre la investigación de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, desde la oficina del entonces procurador Jesús Murillo Karam, se ordenó que investigaran su vida privada, y durante semanas se recopiló información a través de intercepción de teléfonos y de otros periodistas, para conocer su patrón de comportamiento.
3.- En 2015 recibió varios mensajes de texto en su teléfono celular, similares a los descritos en la investigación que publicó el Times, así como también uno repetido que llegó como mensaje directo en su cuenta de Twitter, que procedía de la cuenta del periodista Ricardo Alemán –muy probablemente clonada–, que decía: “Ya viste esta foto tuya que esta en Twitter  goo.gl/c85E4F Es real? si eres tu? Que te paso ese día!”.
4.- Durante 2015 y 2016 continuaron llegando mensajes de esa naturaleza a su teléfono celular, referidos a presuntos robos en su casa, supuestas fotografías comprometedoras de él o amigos suyos, o peticiones de apoyos solidarios.
5.- En el mismo periodo, varios intentos de penetrar a su teléfono celular fueron hechos desde dos números telefónicos de direcciones inexistentes. Los números desde donde se hicieron los intentos de penetración, aparecían siempre ocupados cuando se marcó para rastrear esas llamadas.
Varios de estos episodios fueron presentados informalmente en instancias de gobierno que escucharon con atención, pero nunca actuaron. Tampoco mostraron alerta por lo que sucedía. Lo único que algunos altos funcionarios aseguraron, era que no se trataba de un tema ordenado por el gobierno. No era el caso más serio ni más sistemático que se había hecho contra un periodista, pero al ser denunciado ante las mismas instancias, tampoco hubo una respuesta de interés por resolverlo. Lo que sí sucedió fue que cuando publicó una información que relacionaba al Cisen con este espionaje, plumas oficiosas descalificaron el texto, sugiriendo que se trataba de una mentira.
El caso del periodista revela un patrón de intimidación, hostigamiento y espionaje que muestra en su conjunto, una vigilancia sistemática contra él. Como probó la investigación en el Times, el uso político de las herramientas de inteligencia es mucho más grande de lo imaginado, que abarca no sólo a periodistas, abogados o activistas, sino a quienes consideren un adversario o enemigo potencial, aún cuando este se encuentre –como irá emergiendo gradualmente–, dentro del mismo gobierno. Por esta última razón, fue lamentable la respuesta del gobierno al periódico neoyorquino. Ojalá se hubiera abierto una investigación interna que pudiera sostener la palabra inicial del gobierno o encontrar a quien dentro del propio gobierno está abusando del poder y los recursos a su disposición. La negación absolutista cubre de sombras y sospechas el comunicado que eso quiso disipar. En estos tiempos, la apertura, no la cerrazón, es algo que debe considerar.

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Venezuela protagonizó una nueva jornada de la 47 Asamblea General de OEA defendiéndose con ferocidad de las críticas de varios países en la primera sesión plenaria, mientras que un grupo negocia una resolución sobre la crisis en la nación caribeña.
Chile y Perú lanzaron la primera piedra. Ricardo Luna, canciller peruano, advirtió que la iniciativa de la Asamblea Constituyente en Venezuela puede abocar a una situación “crítica e irreversible”, dentro de una crisis que “exige una urgente concertación”.
Llegó la primera réplica de varias de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez: “Si ellos forman parte de la camada de perritos simpáticos para el imperio, Venezuela no, y no va a aceptar intromisiones indebidas”.
Estas palabras marcaron el tono de las contestaciones de Venezuela a naciones como Canadá, Brasil, Colombia y Honduras.
Entre otras perlas, la canciller definió a su homólogo de Costa Rica, Manuel González Sanz, de “analfabeto político” por no conocer la situación en el país caribeño, advirtiendo que alimenta “las protestas violentas” en las calles.
En contraposición, Rodríguez defendió el “modelo exitoso de inclusión” del país petrolero y arremetió con ahínco contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro, una de las voces internacionales más críticas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Almagro “promueve, protagoniza y encabeza la direccionalidad de la guerra civil en Venezuela, y así lo denuncio”, afirmó con dureza la canciller.
Anunció que esta será la última participación del país en la Asamblea General de la OEA, después de que a finales de abril pasado solicitara la salida del organismo, que no se concretará hasta 2019.
Acto seguido, se levantó de la silla y abandonó la sala, escenificando así la salida de Venezuela del organismo multilateral y repitiendo el desaire de la reunión de cancilleres acontecida este lunes.
Con Estados Unidos, “el Imperio”, tuvo otro sonado, aunque previsible, choque frontal.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan, propuso en la plenaria formar un grupo de naciones para “facilitar una salida” a la crisis venezolana, que la canciller rechazó por “inútil e innecesario”.
En una rueda de prensa celebrada mientras todavía tenía lugar la sesión, que duró siete horas, acusó a Estados Unidos de “recrear la Guerra Fría” y de “extorsionar” y “presionar” a miembros de la OEA para lograr la resolución.
Estados Unidos forma parte de un grupo de países liderado por México -que califica de “gravísima crisis” la realidad del país caribeño- que busca una resolución conjunta de la OEA sobre Venezuela para aprobarla en la Asamblea General de Cancún, tras no lograr acuerdo en la reunión de cancilleres del lunes.
El Tribunal Supremo venezolano aprueba antejuicio contra la fiscal crítica Luisa Ortega

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó ayer un procedimiento contra la fiscal general Luisa Ortega solicitado por el oficialismo para su posible destitución, en una jornada en la que Maduro relevó al jefe de la Guardia Nacional que actúa en las manifestaciones.
El TSJ anunció ayer la aprobación de una ponencia de la magistrada Marjorie Calderón, presidenta de la Sala de Casación Social, para emprender un antejuicio de mérito contra la fiscal Ortega y determinar su eventual destitución.
En otros hechos, previamente, por la mañana de ayer, un grupo de diputados opositores se presentó a las puertas del comando de la Guardia Nacional para exigir justicia por la muerte de un adolescente de un tiro, presuntamente disparado por un soldado en una manifestación contra el gobierno el lunes.
La muertes aumentaron a 75 en más de dos meses de protestas contra el gobierno, según cifras actualizadas por el Ministerio Público.
La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática anunció ayer su decisión de desconocer al gobierno de Maduro y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente al tiempo que llamó a organizar una “protesta permanente”.
En tanto, Maduro ratificó en su cargo al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, pero relevó al mayor general Antonio Benavides como jefe de la Guardia Nacional, la fuerza encargada de mantener el orden y enfrentar las manifestaciones.
Al respecto designó como nuevo jefe de la Guardia Nacional al mayor general Sergio Rivero, en sustitución de Benavides, quien ha sido acusado de violaciones de derechos humanos en las protestas y ha sido blanco de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos.

EFE

Bruselas

El presunto terrorista neutralizado ayer por militares belgas en la estación de Bruselas ha fallecido, según informó la fiscalía federal, que no ha aportado datos sobre su identidad.
El individuo, sucumbió a las heridas y falleció tras ser neutralizado por soldados que se encontraban en el lugar, según recogen medios como la agencia Belga o la cadena pública RTBF.
La Fiscalía confirmó que trata el incidente como un “atentado terrorista”.
El portavoz de la Fiscalía Eric Van Der Sypt indicó en una declaración a la prensa que se produjo una “pequeña explosión” hacia las 20.30 horas en la estación Central y que el presunto autor fue “neutralizado” por militares que se encontraban en el lugar.
La detonación, de baja intensidad, no causó heridos.
Por el momento, el portavoz dijo que no tienen ninguna información sobre la identidad del sospechoso, y rechazó hacer comentarios sobre “rumores de lo que se haya visto o dicho” ya que eso forma parte de la investigación abierta.
Según un agente y varios testigos presenciales citados por la agencia Belga, el hombre gritó “Alá es grande” antes de la explosión, y portaba un cinturón de explosivos.