Este domingo 18 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional Francesa. El resultado ha sido muy favorable al partido Movimiento “En Marche” del actual presidente de la República Emmanuel Macron, quien recientemente fue electo en segunda vuelta con el 66.10 por ciento de los votos ante su adversaria Marine Le Pen del partido de extrema derecha –Frente Nacional- quien logró el 33.90 por ciento de los sufragios.
1.- Movimiento en Marcha, es un partido político muy reciente en la vida política francesa, ya que fue fundado apenas el 6 de abril del 2016, de 577 diputados a elegir obtuvo 308 legisladores más 42 de sus aliados del Movimiento Demócrata logró en total 350 con lo cual tiene la mayoría simple que le permite formar el gobierno; el partido de derecha Los Republicanos sumó 137 legisladores de 93 que tenía; el Partido Socialista obtuvo 44 diputados -de 262 que tenía; el Partido Francia Insumisa de izquierda radical ganó 17 legisladores de diez que tenía; el Partido Comunista Francés logró 10 legisladores de uno que tenía; el Frente Nacional obtuvo 8 diputados de 6 que tenía; el Partido Verde un legislador y otros partidos obtuvieron diez asambleístas.
2.- El efecto político más relevante de estas elecciones de diputados de la Asamblea Nacional Francesa es que los electores le refrendan al Presidente Macron una mayoría parlamentaria que le facilita la formación del gobierno con sus propios cuadros y sus aliados más cercanos, de tal manera que podrá impulsar y eventualmente aprobar sus proyectos de gobierno. Por otra parte, el partido de derecha Los Republicanos –herederos de Charles de Gaulle- incrementan sus escaños y los grandes perdedores de estas elecciones son el Partido Socialista Francés que disminuye significativamente su presencia en la Asamblea Nacional, después de haber logrado la Presidencia de la República con François Hollande y de haber obtenido el mayor número de legisladores -280- frente a los otros partidos en las elecciones legislativas del 2012 y el partido de extrema derecha Frente Nacional que recientemente pasó a la segunda vuelta presidencial gracias al apoyo del 21.30 por ciento de los electores, sólo tuvo 8 escaños con el 13. 20 por ciento de los votos.
3.- Las elecciones presidencial y legislativas en Francia ha traído una recomposición del sistema político debido a que en la segunda vuelta de la elección de presidente los partidos tradicionales el Socialista Francés y el de Derecha Los Republicanos fueron desplazados de la contienda por el partido emergente de Emmanuel Macron “En Marcha” y por el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, y en la elecciones para la asamblea nacional los republicanos mantienen una fuerza significativa –la segunda representación parlamentaria- y los socialistas obtienen una votación muy escasa del 9.48 por ciento de los votos, así como el Frente Nacional que pierde un porcentaje relevante de votos 8.10 por ciento respecto del que obtuvieron en la primera vuelta de la elección presidencial y su presencia en la Asamblea Nacional será poco determinante.
4.- El presidente Francés Emmanuel Macron asumió la jefatura del Estado con un gran respaldo de los electores 66.10  por ciento en la segunda vuelta y ahora le ratifican una mayoría en la Asamblea Nacional que es el órgano de representación parlamentaria que aprueba las políticas públicas; este enorme apoyo lo obliga a dar resultados en un tiempo razonable en seguridad, en empleo, en educación, en combate a la corrupción y en general en el bienestar de los franceses. La lectura de estas elecciones es clara en sentido de que nadie tiene los votos cautivos para siempre, que la confianza de ellos puede cambiar radicalmente en un lapso de tiempo muy breve, de una elección a otra. Por lo pronto, las complicaciones para Macron han comenzado en el funcionamiento del gobierno, debido a que cuatro ministros han renunciado a formar parte del nuevo gobierno, tres del Movimiento Demócrata, entre ellos su líder François Bayrou al ministerio de justicia, Marielle de Sarnez de Asuntos Europeos y Sylvie Goulard de Defensa, implicados en una investigación de empleos ficticios en el Parlamento Europeo y Richard Ferrand de Cohesión Territorial, acusado de favorecer a su conyugue en operaciones inmobiliarias. Así comienza en largo camino de Macron en los próximos cinco años.

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En la apertura de la XLVII Periodo Ordinario de Sesiones de la OEA, el presidente Enrique Peña Nieto demandó a las naciones del continente enfrentar los desafíos “con apego a las reglas y las normas de la democracia y en el marco de nuestras instituciones”. Horas después se frustraba la intentona de sancionar al gobierno de Venezuela –por cierto elegido en elecciones realizadas bajo vigilancia internacional.
El fracaso del Ministerio de Colonias de Washington se explica porque un acuerdo similar adoptado a principios de los años sesenta, mediante el cual se dio trato de apestado al gobierno cubano de Fidel Castro, redundó para la OEA en un desprestigio que en más de medio siglo no ha podido sacudirse, en tanto que, con todo y sus problemas, el régimen de la Gran Antilla sigue en pie.
La razón principal de ese nuevo fracaso de la OEA es que, pese a contar con la sumisión lacayuna de un buen número de gobiernos, ya Washington no puede imponer con tanta facilidad su vieja política del big stick. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se han renovado los empeños injerencistas de la gran potencia y, pese a que gobiernos como el de México han hecho nuevos votos de sumisión, hay factores que dificultarán el predominio de las políticas intervencionistas.
El presidente Peña Nieto planteó en la OEA que para generar más y mejores oportunidades económicas, de inclusión y desarrollo, se requiere también “garantizar el respeto a los derechos humanos”. Pero un día antes, la realidad mostró que las palabras no se compadecen de los hechos, pues The New York Times publicó que el gobierno mexicano espiaba a periodistas, hombres de empresa, defensores de derechos humanos y a otros ciudadanos de los que seguramente desconfía.
Entre los periodistas sometidos a espionaje se cuentan la gran Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga, Sebastián Barragán, Salvador Camarena  y otros colegas que se han distinguido por su profesionalismo y valor civil. Junto a ellos, curiosamente, aparece también Carlos Loret de Mola, de Televisa, lo que demuestra, si hiciera falta, que la paranoia del gobierno lo lleva a desconfiar hasta de sus allegados. De que la perra es brava…
El espionaje denunciado se realiza mediante una tecnología que permite interceptar los mensajes de teléfonos celulares. Se trata del software llamado Pegasus, elaborado en Israel por la firma NSA Group y que supuestamente vende a entidades gubernamentales sólo para investigar al crimen organizado y a organizaciones terroristas.
De acuerdo con lo publicado, en México son por lo menos tres las dependencias oficiales que han adquirido la citada tecnología: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Cisen. Por supuesto, el gobierno federal se apresuró a negar su responsabilidad, pues no podía aceptar su comportamiento orwelliano.
El vocero presidencial Eduardo Sánchez, con una buena dosis de humor negro, invitó “a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas” en el artículo del New York Times, a presentar su denuncia ante la Procuraduría General de la República, precisamente una de las dependencias federales acusadas de espionaje.
Sólo una gran torpeza en el manejo de tecnología tan refinada pudo producir este nuevo escándalo que no debería sorprender en este sexenio de grandes crímenes políticos, golpeteo constante a los derechos ciudadanos y corrupción desbocada. Pero otra característica de los regímenes en decadencia es el descuido, el desprecio por la opinión pública y por el Estado de derecho.
Así, mientras el gobierno federal se empeña en mantener bajo vigilancia a ciudadanos y organizaciones civiles, la delincuencia se despacha con la cuchara grande sin que las autoridades sean capaces de evitarlo. Sigue sin saberse el destino de los 43 muchachos de la Normal de Ayotzinapa y continúa la impune cacería de periodistas y hasta ahora no hay castigo para quienes los matan.
No es algo nuevo la existencia de orejas y soplones, de policías infiltrados en medios de comunicación y organizaciones sociales, pero esa vigilancia ha ganado en complejidad. Todos los gobiernos espían a sus ciudadanos, pero esa labor se debe realizar en la mayor reserva para que transcurra sin incidentes, pues ya se sabe que vergüenza no es robar (en este caso espiar), sino que lo agarren a uno. El gobierno actual hasta en eso es inepto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso ayer instalar paneles solares en el muro que quiere levantar en la frontera con México para que la energía producida ayude a financiarlo y el país mexicano “tenga que pagar mucho menos dinero”.
“Estamos pensando en construir el muro como un muro solar, algo que cree energía y se autofinancie. De esta forma México tendrá que pagar mucho menos dinero. Tiene sentido, ¿no?”, dijo Trump durante un mitin en Cedar Rapids, en el estado de Iowa.
La idea de colocar paneles solares en el muro ya llevaba dos semanas circulando en Washington, dado que el mandatario habló de ella en un encuentro privado con un grupo de legisladores republicanos el pasado 6 de junio, pero hasta ahora Trump no había formulado esa posibilidad en público.
Trump aseguró que esa “idea singular” era suya, porque él es “un constructor”, y que la audiencia de Iowa era “el primer grupo” al que se la había comunicado.
“Allí abajo es uno de los lugares donde la energía solar funciona realmente bien. Y creemos que podríamos hacer que (el muro) tenga una apariencia preciosa, además”, aseguró Trump.
Pese al reclamo de Trump de que la idea del “muro solar” es suya, múltiples medios estadunidenses la atribuyen a una de las decenas de propuestas enviadas por distintas empresas que han participado en la licitación pública para construir el muro.
La compañía se llama Gleason Partners, cuyo fundador, Tom Gleason, dijo este mes al diario The Washington Post que su diseño generaría dos megavatios de electricidad por milla, una energía suficiente para abastecer a 350 viviendas.
Construir el muro propuesto por Gleason costaría unos 7.5 millones de dólares por milla (1.6 kilómetros), según aseguró el propietario de la empresa al diario.
Tras reunirse con Trump y otros legisladores en privado en la Casa Blanca el pasado 6 de junio, el congresista republicano Steve Scalise dijo a varios medios que el mandatario había tanteado con ellos la idea de “un muro que funcionaría como un panel solar para que finalmente se pagara por sí mismo”.
La construcción de un muro fronterizo con México es una de las grandes promesas de campaña de Trump, quien aseguró una y otra vez en sus mítines que esa barrera no costaría ni un dólar a los estadunidenses y sería financiado por el gobierno mexicano.
Esas afirmaciones le causaron problemas diplomáticos con México y, aunque no quiso retractarse, solicitó al Congreso una partida presupuestaria para la construcción del muro con la promesa de que después sería reembolsada por los mexicanos, algo a lo que la oposición demócrata se negó al aprobar los presupuestos.

Houston vota en contra de la ley de Texas sobre inmigración

El concejo municipal de Houston, la ciudad más grande de Texas y la cuarta de Estados Unidos, aprobó ayer unirse a la batalla legal contra el estado de la estrella solitaria por la ley que prohíbe las “ciudades santuario”, ratificada hace casi dos meses por el gobernador sureño, el republicano Greg Abbott.
Después de una ajustada votación (10-6), el ayuntamiento decidió unirse a otras ciudades texanas, como Austin y San Antonio, que ya han presentado una demanda contra Texas en los tribunales estadounidenses, y Dallas, que aprobó a principios de junio tomar también acciones legales en esta cuestión.
Así, las cuatro grandes ciudades de ese estado sureño intentarán parar por la vía legal la ley SB4 antes de que entre en efecto el próximo 1 de septiembre, fecha en la que debería entrar en vigor según estipulan las reglas de la Legislatura texana.
Además de estas grandes urbes, los condados fronterizos de El Paso y el de Maverick y el pueblo también limítrofe de El Cenizo ya han pedido a la Justicia estadounidense que bloquee esta ley, que ha sido catalogada de “inconstitucional y racista” por sus detractores.
Esta controversial ley prohibirá las “ciudades santuario” en Texas y permitirá a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida, incluso en una parada de tráfico.
Esta cláusula, conocida popularmente como “enséñame los papeles”, es la parte de la legislación que los demandantes consideran que vulnera claramente la Constitución de Estados Unidos.
Después de la votación de ayer, los representantes públicos de Houston estudiarán una versión preliminar de la demanda el próximo lunes, informó el medio local Houston Chronicle.
La ley SB4 penaliza a los gobiernos locales y a las universidades de Texas que decidan no cumplir las leyes migratorias federales para favorecer la situación de los indocumentados y permite a las autoridades locales cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona detenida.
Asimismo, contempla penas de cárcel para los sheriffs que estén a cargo de las oficinas de los distritos que no cooperen con las autoridades federales, así como sanciones económicas que alcanzan los 25.000 dólares.
Las organizaciones proderechos de los hispanos, como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), el Fondo México Estadunidense para la Defensa Legal (Maldef), la Asociación de Chicanos en Educación Superior de Texas o La Unión del Pueblo Entero (Lupe), se han unido en la batalla legal contra la norma.
Otros grupos de defensa de los derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu) y el Proyecto de Defensa de Trabajadores, también tienen un rol protagonista en esta batalla legal.

 

EFE

Washington

El representante de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, confirmó ayer en el Senado que la negociaciones para modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) comenzarán el 16 de agosto.
Lighthizer aseguró que Estados Unidos está “en el proceso de hablar con nuestros socios sobre el primer día de la reunión”.
Estados Unidos había acordado con México y Canadá que la renegociación del tratado con 23 años en vigor comenzaría a finales del mes de agosto, pero no se ha había confirmado una fecha de inicio.
El representante de Comercio Exterior consideró en su audiencia de hoy ante el Comité de Finanzas del Senado que será difícil un acuerdo antes de que finalice este año.
“Mi esperanza es tenerlo finalizado a finales de año, pero hay muchos que consideran que es poco realista”, afirmó Lighthizer.
“No vamos a tener mucho tiempo y vamos a comprimir (las negociaciones) lo máximo posible”, añadió el responsable de Comercio.
Por su parte, la Oficina del Representante de Comercio Exterior va a comenzar la semana próxima el proceso de consultas a los grupos de interés sobre las modificaciones al tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México.
Las modificaciones al acuerdo comercial deben ser aprobadas por el Congreso, y Lighthizer confió en que pueda obtener un apoyo entre republicanos y demócratas.

Terminan diputados y senadores la discusión en la Permanente con posiciones irreconciliables frente a este escándalo y se citan para que el punto de acuerdo sea discutido en la próxima sesión el miércoles 28

Agencia Proceso

Ciudad de México

En un “debate pactado” con la mayoría priista y sus aliados del Verde y Panal, la oposición del PAN, PRD, Morena-PT y MC unió fuerzas para demandar en la Permanente se cite a declarar a los titulares de Gobernación, PGR y Cisen por el espionaje ilegal, al tiempo que responsabilizó al gobierno de Enrique Peña Nieto de esta operación denunciada en The New York Times.
Por primera vez durante las sesiones de esta Comisión Permanente, los diputados federales y senadores de la oposición se unieron para promover un punto de acuerdo, pero no alcanzaron la mayoría calificada (dos terceras partes) de los 36 legisladores que integran este pleno para someter a votación el acuerdo.
El PRI y sus aliados del Verde y del Panal insistieron en todas sus intervenciones en que “no hay pruebas definitivas de que el gobierno (de Peña Nieto) sea el responsable”, y citaron una y otra vez a los autores del reportaje del New York Times.
En el colmo de la defensa de la posición gubernamental, el diputado federal priista José Hugo Cabrera Ruiz afirmó que el espionaje es responsabilidad de quienes “quieren mandar al diablo” las instituciones, en clara referencia a Andrés Manuel López Obrador, “y por eso creo que el 2018 se gana con proyecto, se gana voto con voto, no con este tipo de acciones que desde el extranjero obedecen a otros intereses”.
La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, afirmó que el reciente escándalo “refleja un método sistemático de la actual administración federal de Enrique Peña Nieto para aplicar una política de hostigamiento e intimidación, en vez de una política de protección hacia quienes se han convertido en una voz crítica del sistema”.
Padierna recordó que, según la información publicada en septiembre de 2016 por el propio rotativo norteamericano, el gobierno mexicano pagó al Grupo NSO “más de 15 millones de dólares para tres proyectos, según lo registró la propia empresa en su correo electrónico con fecha 2013”.
El senador Miguel Barbosa, de la bancada PT-Morena, insistió en que la investigación no debe realizarla el fiscal especializado para los delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos porque “no hay confianza” en esta institución.
“Aquí apuestan a que se olvide el escándalo. A que se mediatice. ¡No! Queremos escuchar la voz de Enrique Peña Nieto para que exponga su posición, la de su gobierno frente a estos hechos. ¿Por qué no? ¿Es intocable?”, exclamó Barbosa en el debate que encendió los ánimos en la Permanente.
“Estamos en presencia de un poder que no tiene controles. Estamos en presencia de una realidad deformada que quieren que sea la normalidad política”, insistió el legislador poblano.
También los diputados y senadores del PAN expresaron una dura condena al espionaje denunciado, el mismo día que el dirigente nacional de este partido, Ricardo Anaya, afirmó que también su teléfono móvil se buscó ser invadido por el sistema malware Pegasus de la empresa NSO Group.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza recordó que antes de este escándalo se generó el caso de los hermanos Monreal y que el presidente Peña Nieto “se indignó del espionaje que se estaba haciendo desde Estados Unidos hacia diversos mandatarios, mientras en nuestro país se espiaba a periodistas, activistas de derechos humanos y sociedad civil”, quienes denunciaron casos de corrupción.
Gómez del Campo hizo sus propias cuentas sobre el costo de este sistema de espionaje, y señaló que, si fueron 88 intentos a un costo de 77 mil dólares por cada intercepción, “estaríamos hablando de 125 millones 356 mil pesos. Es increíble que estemos hablando de estas cifras y no haya respuesta contundente del gobierno federal, que no haya culpables hasta el momento”.
La senadora priista Graciela Ortiz trató de desviar el tema sin mucho éxito. Expresó su “enérgica condena” al espionaje, al que calificó de “inadmisible”, “ilegal” e “intolerable”, pero insistió en que no hay pruebas de que el gobierno peñista sea responsable.
“Rechazo verdaderamente indignada que un medio internacional utilice la creencia para poder hacer una aseveración como la que ha hecho. Es indignante y a todos nos debiera llamar la atención”, afirmó Ortiz.
En respuesta, el diputado federal Jesús Zambrano, coordinador del PRD en San Lázaro, insistió en que si el gobierno peñista “salió a decir que no es él, entonces que diga quiénes son los que están haciendo la acción, quiénes están realizando esta actividad, quién está utilizando los instrumentos que el gobierno adquirió”.
A su vez, el diputado panista Federo Döring criticó al PRI por “condenar los hechos y después descalificar la labor periodística y tergiversar la información”.
“Quienes señalan al gobierno no es el periódico o el periodista, sino las víctimas de estos atropellos. Ello señalan al gobierno como responsable”, subrayó el legislador federal.
Los legisladores acordaron que el punto de acuerdo sea discutido en la próxima sesión de la Permanente, el miércoles 28, y terminaron el debate con posiciones irreconciliables frente a este escándalo.

 

Agencia Proceso

Ciudad de México

En un video compartido en sus redes sociales, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que a 16 días de las elecciones en cuatro entidades del país, la población quedó insatisfecha con la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE).
En 4:18 minutos, el político tabasqueño explicó que luego de los comicios en Nayarit, Veracruz, Coahuila y el Estado de México, los ciudadanos se quedaron con la sensación de haber sido defraudados.
“La gente no confía en los organismos electorales, en el caso particular del INE que, de acuerdo con una encuesta publicada ayer en Reforma, tiene menos credibilidad que el anterior IFE. Al final de cuentas siguen siendo instrumentos al servicio del régimen antidemocrático”, indicó, mientras hablaba junto a una réplica del rostro de Benito Juárez.
En su opinión, los consejeros del INE viven en una especie de “enajenación” porque se sienten autónomos, rectos, jueces, independientes, “cuando en realidad están al servicio del régimen corrupto. Ese es su papel. Para eso les pagan”, afirmó.
Al mismo tiempo, pidió que “la gente no pierda la fe” en las elecciones.
“A pesar del árbitro, la gente sigue pensando que vamos a triunfar en el 2018. ¡Qué bien que se tenga esa idea! Que no se pierda la fe, que no se pierda la esperanza. Sí se puede ganarle al régimen corrupto a pesar de que tengan el control de los organismos electorales”, agregó.
López Obrador consideró que es necesario que haya más participación ciudadana “de la que ha habido” en las elecciones.
El objetivo, dijo: “es que ganemos” con un amplio margen, como se dice en el beisbol, por paliza, para que de esta manera no tengan la posibilidad de maniobra.
“En la actualidad, la maestra Delfina, en el Estado de México, gana con un porcentaje considerable, pero fue mucha la acción para comprar votos, rellenar urnas, todo lo que no vieron los del INE”, añadió.
Destacó que no sólo a Morena sino a representantes de otros partidos políticos les entregaron los nombramientos un día antes de la elección por una ineficiencia total, pues se les “cayó” el sistema.
“Pero no sólo es un problema técnico, es un problema político. Se hicieron ‘de la vista gorda’ ante la operación que hizo Peña desde Los Pinos para imponer a su primo”, señaló.
Ahora, comentó, a los del INE les toca analizar cómo se gastó el dinero de las campañas y “vamos a esperar a ver qué van a resolver”.
Confió que se den cuenta de lo que se hizo en la elección, pero aun así, Morena sigue avanzando, dijo, y celebró que en la encuesta de ayer Reforma “casi el 60% de los ciudadanos piensa que se le va a ganar al PRI en el 2018”.

Érika Hernández / Agencia Reforma

Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a redoblar esfuerzos para que en el último año de su gobierno se incremente la inversión privada en el país.
Ante empresarios de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), consideró que sus proyectos se ejecutaron gracias a la estabilidad económica, certeza jurídica y el marco regulatorio propicio que impulsó su Administración.
“Somos conscientes de la responsabilidad que le corresponde al gobierno para asegurar que esas (condiciones) se cumplan y creo que hemos venido acreditando el esfuerzo para ese propósito.
“Por ello he dado indicaciones para que las dependencias que aquí se encuentran (Hacienda; Infonavit; Fovissste; Comunicaciones y Transportes; y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), redoblen esfuerzos y actúen de manera coordinada para facilitar el desarrollo exitoso de la inversión privada y de las actividades productivas”, apuntó.
Reiteró su compromiso por seguir reencauzando el esfuerzo público hacia la consolidación y fortalecimiento del sector inmobiliario.
Peña Nieto apuntó que la ampliación de créditos otorgados por el Infonavit y por el Fovissste lograron que creciera el mercado para la adquisición de vivienda.
“Si no viéramos estos cambios en el rostro urbano de nuestras ciudades, como hoy lo estamos apreciando, significaría que, como país, no estamos creciendo; que no está habiendo un avance económico, social, político. Y México lo está teniendo”, apuntó.

 

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) pidió a la Cámara de Diputados que reponga el Fondo Sur-Sureste (Fonsur) que hasta el año pasado contaba con 500 millones de pesos pero para 2017 fue cancelado.
La Comisión Sur Sureste de la Conago propuso además que la cantidad subiera a 600 millones por lo menos, monto que deberá repartirse entre nueve estados que se encuentran entre los más pobres del País.
En una reunión con la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste de la Cámara de Diputados, representantes de estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán criticaron que el Gobierno Federal les cancelara el apoyo.
Los diputados de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste les prometieron su apoyo, aunque admitieron lo difícil que es modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos que manda el Ejecutivo.
El presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste, Enrique Zamora Morlet, del PVEM, recomendó que los gobernadores que presionen al presidente Enrique Peña Nieto para resucitar el fondo, antes de que mande su propuesta de egresos y ya no se pueda modificar.
Los gobernadores acordaron hacer una declaración el 29 de junio en Tuxtla Gutiérrez. (Agencia Reforma / CDMX).

En vez de ayuda han recibido amenazas, reclama Deborah Ramírez, hermana de David, secuestrado en 2012 cuando se dirigía a Guerrero

Iris Velázquez / Agencia Reforma

Ciudad de México

Familiares de víctimas de plagio reclamaron ayer a Patricia Bugarín, Coordinadora Nacional Antisecuestro de la Secretaría de Gobernación, por la ineficacia en las investigaciones en la materia.
“Más acciones y menos palabras”, le demandaron a la funcionaria dos mujeres en el foro El secuestro en México: diálogos para su combate y prevención, realizado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).
“Aquí adentro están hable y hable y hable de todo lo que hacen o todo lo que creen que hacen, mientras que nadie hace nada”, reclamó Deborah Ramírez, hermana de David, secuestrado en 2012.
Indicó que David fue secuestrado junto con su amigo Miguel Ángel cuando se dirigían a Guerrero a pasar las vacaciones. Tenían 19 y 20 años, respectivamente.
Transcurridos más de cinco años, Deborah y la madre de David, María de Lourdes, aseguran que a través de investigaciones propias, saben quién es el secuestrador.
Aseveran que tienen pruebas de sus acusaciones y domicilios de los captores, mismos que les han presentado a la PGR y a la Segob, pero en vez de ayuda han recibido amenazas.
“El gobierno no hace nada. Es increíble ver cuántas personas levanta este secuestrador y el gobierno no hace nada”, acusó.
María de Lourdes dijo que han sido amenazadas por policías, jueces y a través de redes sociales, por lo que temen por su vida.
“Fue el mismo gobierno, de verdad estamos hartas. Pedimos seguridad y nos quieren dar a (policías) ministeriales, cuando ellos son los mismos cochinos que nos quieren matar”, advirtió.

 

Agencia Proceso

Silao

La Procuraduría de Justicia del estado confirmó el traslado del chileno Raúl Escobar Poblete, Comandante Emilio al penal de alta seguridad de Ocampo, al norte del estado.
Esto fue informado inicialmente por su abogado José Luis Vargas, quien señaló que el traslado obedece al proceso de extradición que estaría iniciando para que el “Comandante Emilio” sea trasladado a Chile, donde enfrenta cargos por terrorismo.
Este miércoles, el procurador estatal, Carlos Zamarripa Aguirre, dijo que el martes se realizó el traslado de Escobar Poblete del Cereso Mil de Valle de Santiago al Cefereso 12 en Ocampo.
Además, Apro pudo conocer que esta mañana se efectuaron algunas diligencias por autoridades ministeriales en San Miguel de Allende, y al menos dos personas –uno de ellos extranjero–, fueron presentadas ante el Ministerio Público en el caso del secuestro del que se acusa a Escobar Poblete, como presunto integrante de una banda de plagiarios, cometido contra una francoestadunidense en marzo pasado en esa ciudad.
Aparentemente, las dos personas fueron presentadas en calidad de testigos dentro de la investigación complementaria que realiza la Procuraduría de Justicia en el caso del secuestro, por el cual el Comandante Emilio está vinculado a proceso penal.
El abogado de Escobar Poblete afirmó que éste fue detenido de manera fortuita y que es un chivo expiatorio en el caso del secuestro de la residente extranjera en San Miguel de Allende. También acusó a la PGJE de efectuar un montaje.
“La investigación complementaria ya la estamos llevando a cabo nosotros, estamos teniendo intercambio de información con otras autoridades (PGR) para esclarecer casos pasados que fueron similares a éste”, dijo el procurador, quien evitó responder preguntas sobre el caso.