Las familias desplazadas por amenazas de grupos criminales de las comunidades de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima rechazaron un albergue temporal del gobierno municipal por que no querían estar expuestos en la violenta ciudad de Chilapa, informó el alcalde priista Jesús Parra García.
Según sus cifras dijo que en Tepozcuatla de 250 familias huyeron más de 200, en Ahuihuiyuco de 400 se fueron 350, mientras que en Tetitlán de la Lima 40 familias abandonaron el pueblo.
En este año en Chilapa han ocurrido 107 ejecuciones en las que presuntamente está involucrada la delincuencia organizada, según un recuento de las notas publicadas en El Sur.
Al paso de los días, aseguró, “mucha gente” ha regresado, “han ido regresando poco a poco, pero también hay que decirlo, que mucha gente ha regresado a la región pero por sus pertenencias”.
La tarde de este martes el alcalde agasajó con el platillo conocido como gallina rellena y la entrega de electrodomésticos a 55 periodistas en lo que llamaron el festejo del Día de la Libertad de Expresión, fecha instaurada en 1951 por el gobierno de Miguel Alemán Valdés en la época de la hegemonía del PRI.
Al llamado acudieron periodistas de este y otros municipios, la mayoría afines al gobierno municipal, en un lugar donde los contados reporteros que ejercen han asegurado que no existen garantías de seguridad, que han optado no acudir a zonas de alto riesgo y han tomado medidas de autoprotección ante la desconfianza en las autoridades civiles y en las corporaciones de seguridad pública, según consignó este diario el ocho de junio.
Consultado al final de la celebración, el alcalde informó que desde que supo que familias de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlán de la Lima estaban huyendo ante amenazas de ataques armados contra la población, se les atendió y platicaron con los comisarios, quienes también huyeron.
“Los invitamos a un refugio temporal y albergue en al auditorio municipal pero la mayoría de los habitantes no quisieron, obviamente el temor, el miedo lo tienen, ellos decidieron ir a otros municipios y fuera del estado o con sus familiares”, informó.
“Nuestros paisanos no quisieron por el temor, dijeron ‘no queremos estar en Chilapa expuestos’, les ofrecimos seguridad en el auditorio municipal, dijeron que no, es entendible. Buscaron el refugio de familiares y parientes en otros estados, en lo que se calma la situación”, agregó.
“Ellos dicen ‘nos vamos un tiempo y regresamos cuando ya estén calmadas las cosas’ pero si se van hay mucha desolación, mucha tristeza”, añadió.
“Son muchas familias, en Tetitlán de la Lima, de una población de 150 personas, 40 familias abandonaron el pueblo, Ahuihuiyuco que es una de las comunidades más grandes en el municipio de una población de mil 340 pobladores, de unas 400 familias como 350 han abandonado el pueblo. Tepozcuautla, una comunidad grande con una población de más de mil 200 pobladores, de unas 250 familias se han ido más de 200”, afirmó.
Aseguró que mandos militares encargados de la seguridad de la zona, y que entre el jueves y viernes resguardaban a las familias que huían, le han informado que desde el han estado regresando a sus hogares algunos vecinos.
“Al paso de los días mucha gente también ha ido poco a poco regresando, pero también hay que decirlo que mucha gente ha regresado a la región pero por sus pertenencias. Es una situación delicada la que se está viviendo, es una situación difícil que estamos atendiendo, a mí me duele demasiado todo lo que vivimos, hemos platicado con los maestros, con las autoridades educativas, con las autoridades de salud para que nos apoyen”, dijo.
Añadió que su gobierno ha apoyado a los desplazados instalando mesas de atención y les ha entregado despensas, cobertores y cobijas.
“Aquí hay un operativo permanente, hemos solicitado al gobernador el reforzamiento de estas Bases Mixtas de Operación de esa región para que den seguridad”, agregó.
A pregunta expresa respondió que espera que el fenómeno del desplazamiento forzado no se extienda a otras poblaciones, pero advirió que “empezó a crearse un miedo generalizado”.

 

El representante legal de la hermana del preso político Gonzalo Molina González, Claudia, Hegel Mariano Ramírez informó que está presa por terrorismo, privación de la libertad, lesiones agravadas y robo específico, que ya se desahogaron las pruebas y esperan que este jueves se le dicte auto de libertad.
Del caso de Gonzalo Molina expuso que su situación jurídica se ha complicado porque tres personas que lo acusaron cambiaron de domicilio, se están localizando para interrogarlos, pueda darse por terminado el proceso y se le dicte una sentencia definitiva.
Claudia González fue detenida el 7 de junio cuando llegó al puerto de Los Cabos, Baja California, donde pensaba establecerse por un tiempo y trabajar, fue trasladada al reclusorio de la capital.
“El día de hoy ya hemos desahogado las pruebas que hicimos dentro del plazo constitucional, ya el día de mañana a las 7 de la tarde se le vence el plazo a los jueces para que le resuelvan su situación jurídica, y determinen en qué situación va a quedar. Agregó que hay dos procedimientos ante dos jueces que desde el sábado hasta ayer se ofrecieron testimonios, algunas pruebas documentales, pidiendo que se inspeccionaran algunas fotos que había en los expedientes para demostrar que ella no ha incurrido en ninguno de los delitos que se le están imputando, y para demostrar las inconsistencias de las acusaciones que tiene en su contra.
“Lamento mucho la ejecución de estas órdenes de aprehensión, porque recientemente en una reunión con el fiscal (Javier Olea Peláez), donde estuvieron familiares de Molina González, el fiscal se comprometió a que todas las órdenes de aprehensión que se encontraban vigentes quedarían suspendidas”, informó.
Dijo que en enero se ejecutó una orden de aprehensión contra un integrante de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia Mi Patria Es Primero, del barrio El Fortín en Tixtla, pero que no se hizo público porque los familiares no quisieron, pero quedó libre en el plazo constitucional.
Informó que todavía hay otras órdenes de aprehensión vigentes que son cerca de 10 contra integrantes de la Policía Comunitaria de Tixtla y de Olinalá, que se había comprometido a suspender el fiscal pero no lo hizo.
De la situación jurídica de Gonzalo Molina, el abogado expuso que se ha complicado porque algunas personas que declararon en su contra cambiaron de domicilio, algunos que eran policías se dieron de baja y no se han podido localizar.

Los tres hombres y dos mujeres que fueron encontrados en una casa en la colonia Lomas de San Mateo a dos cuadras del viejo libramiento a Tixtla, presuntamente pertenecen a los grupos criminales Los Rojos y el Cártel del Sur, cuatro fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) y una menor de edad fue llevada ente la Agencia de Justicia para Adolescentes, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP).
El martes tres hombres y dos mujeres (una de ellas menor de edad) fueron hallados en una casa por policías municipales, estatales y ministeriales después de un enfrentamiento a balazos con civiles armados en ese lugar, los cinco dijeron que estaban secuestrados.
Ese día fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público para determinar si fueron secuestrados o están relacionados con grupos criminales, luego de que vecinos de este asentamiento dijeron que “las dos mujeres hacían vida normal en la casa donde estaba en cautiverio porque entraban y salían de la vivienda”.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó en un boletín de prensa una de las cinco personas halladas en la casa se llama Jazmín de 19 años, y otra es una menor de 15 años y que presuntamente pertenecen al grupo delictivo Los Rojos, mientras que los tres hombres son Gerardo de 55 años, Agustín de 48 y Edwin de 19, a quienes señala como integrantes del Cártel del Sur.
En la operación fueron decomisados un fusil Barret calibre .50 milímetros, tres granadas de mano de fragmentación, cinco fusiles AK-47 conocidos como cuerno de chivo, un fusil G3, otro HK-36, cinco cargadores para cuerno de chivo, un cargador para fusil Barret abastecido, 484 cartuchos calibre .223 milímetros y 400 calibre 7.62×39, un vehículo Mazda blanco, dos motocicletas y una cuatrimoto.
La SSP precisó que a las 5:40 de la tarde del martes dentro de una casa en esa colonia había disparos de arma de fuego y las corporaciones policiacas acudieron al lugar.
Los uniformados observaron dos motocicletas en las que iban dos hombres y dos mujeres, “quienes al notar la presencia policial abrieron fuego en contra de los policías y se introdujeron a una vivienda, dejando abandonadas afuera las motocicletas y un arma de fuego”.
La dependencia informó que los agentes estatales al acercarse a la casa fueron otra vez agredidos a balazos, “la puerta de la vivienda estaba abierta y los policías entraron y detuvieron a Jazmín de 19 años y a una menor de 15 años, que intentaban huir a bordo de un vehículo marca Mazda, ambas manifestaron ser integrantes del grupo delictivo Los Rojos, mientras que dos de sus acompañantes huyeron”.
En el boletín se indica que “dentro de la casa había tres hombres quienes dijeron pertenecer al Cártel del Sur y se llaman Gerardo de 55 años de edad, quien portaba un fusil calibre 7.62 milímetros con un cargador desabastecido, Agustín de 48 portaba un fusil y Edwin de 19 años quien portaba un fusil del mismo calibre”.
La dependencia informó que los cuatro detenidos, el armamento, el vehículo y las motocicletas fueron puestos a disposición de la PGR y la menor de 15 años a la Agencia Especializada en Justicia para Adolescentes quienes se encargarán de hacer las investigaciones y deslindar responsabilidades.

 

La Secretaría de Gobernación (Segob) notificó a la coordinación del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), que será revisado el armamento y la actuación de los policías comunitarios de esta agrupación, al igual que el de los policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), a raíz de la masacre de siete personas en San Pedro Cacahuatepec, municipio de Acapulco.
La coordinadora del FUSDEG, Ruth Delgado Bahena, declaró vía telefónica que en esa agrupación están de acuerdo en la revisión pero no en el desarme de la policía del FUSDEG, y que por tanto, “los ciudadanos nos vamos a activar por cualquier circunstancia”.
Argumentó que la policía comunitaria cuentan con base social, no usa armamento exclusivo del Ejército y no sale de la comunidad a la que pertenece, a diferencia de la Policía Ciudadana de la UPOEG.
El gobernador Héctor Astudillo Flores declaró el martes que “lo más conveniente es desarmar a policías como la de la UPOEG, porque son puros problemas los que generan, no soluciones”. Su declaración fue luego de que el viernes pasado policías ciudadanos de la UPOEG atacaron cuatro casas en San Pedro Cacahuatepec, en las que mataron a siete personas y dejaron a dos heridos. Entre los muertos hubo tres niños (uno de cuatro meses), así como tres mujeres y un hombre.
La coordinadora del FUSDEG en Tierra Colorada, Ruth Delgado informó que a raíz de esa masacre el delegado de Gobernación en Guerrero, Ramiro Ávila Morales, quien es enlace entre la agrupación con el gobierno federal, les comunicó que va a iniciar un proceso de investigación tanto a la policía de la UPOEG como a ellos, “y queremos decirles que la ley se va a aplicar parejo”, les advirtió.
Informó que está de acuerdo en que los gobiernos federal y estatal revisen el funcionamiento de las policías de las dos agrupaciones para que se vea quién actúa fuera de la ley, y en ese sentido se aplique el desarme.
Sin embargo advirtió que no están de acuerdo con el desarme de su policía, y que “los ciudadanos nos vamos a activar por cualquier circunstancia”.
Delgado Bahena aseguró que la policía comunitaria del FUSDEG que tiene su base en Tierra Colorada, cuenta con base social, no usa armas de alto poder y no sale de las comunidades de donde los policías son originarios, a diferencia de la Policía Ciudadana de la UPOEG.
Añadió que el delegado de Gobernación les dijo, “yo les creo a ustedes, pero eso es diferente a lo que arrojen los resultados de la investigación y la ley se va a aplicar parejo, a quienes se encuentren con armas de uso exclusivo del Ejército se va a proceder”.
Reconoció que ante la advertencia en esa organización hay temor porque existe la posibilidad de que se les desarme, “a pesar de que nosotros, a diferencia de la UPOEG, tenemos base social y aquí los ciudadanos nos vamos a activar por cualquier circunstancia, porque pareciera que apenas andamos respirando porque los delincuentes ya se salieron y ahora nos vamos a cuidar del gobierno”.
Agregó que la masacre en San Pedro Cacahuatepec refleja el grado de peligrosidad de la Policía Ciudadana UPOEG, y que en esas condiciones sí se justifica la revisión que anunció el gobierno.
Ruth Delgado calificó los ataques como “actos reprobables, a pesar de que ellos (la UPOEG) se justifican diciendo que repelieron una agresión, pero eso no justifica que maten a inocentes, ellos quiénes son para juzgar a delincuentes y matar a inocentes, se supone que hay instancias a donde los pudieron poner a disposición si eran delincuentes”.
Agregó que la policía comunitaria del FUSDEG se manifiesta en contra de esos hechos “porque no por portar un arma tienes el derecho de matar a ningún ciudadano, y mucho menos a menores de edad”.
“Es cierto que las policías comunitarias carecen de amparos legales, sin embargo la policía comunitaria como concepto está para cuidar a tu comunidad”, agregó.
Añadió que la policía del FUSDEG ha sostenido enfrentamientos pero en defensa de la comunidad, “en ningún momento hemos irrumpido en comunidades que no sean las nuestras”.
Insistió en que “jamás hemos amenazado a municipios colindantes como San Marcos o Tecoanapa, en el sentido de que vamos a ir para poner orden allá, ¿Nosotros quiénes somos para impartir justicia en un lugar en donde no nos conocen ni conocemos?”, preguntó en referencia a que la UPOEG así lo hace.

 

El apoderado legal del ejido Barrio Nuevo, Gregorio Valencia Bracamontes denunció que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo (CAPAZ) está violando el amparo de suspensión que el Juzgado Octavo Federal otorgó a dicho núcleo para que la paramunicipal no haga excavaciones en sus tierras ejidales, agregó que actualmente la CAPAZ está perforando en el interior de una parcela de un empresario que el que está en contubernio. Ayer se llevó a cabo una prueba de inspección para avisar al juez octavo de dicha violación al amparo.
El 30 de abril pasado los ejidatarios de Barrio Nuevo encabezados por el presidente del comisariado ejidal, Obdulio Valencia Rumbo, se plantaron en el pozo 4 de la CAPAZ a un costado del cauce del río Ixtapa para impedir que la empresa Perflores SA de CV perforara la tierra pues aseguraron que la CAPAZ nunca tomó en cuenta a las autoridades ejidales.
El plantón duró más de 12 días, durante ese tiempo los campesinos por medio Valencia Bracamontes tramitaron un amparo ante la federación para que la CAPAZ se abstenga de perforar en las tierras de ese núcleo agrario, la paramunicipal decidió retirar la maquinaria y se fueron a perforar en un fraccionamiento habitacional a poco más de 1 kilómetro del mar.
Valencia Bracamontes manifestó a la CAPAZ “no le resultó y regresaron de nuevo al ejido pero en contubernio con el empresario de material pétreo, Fernando Meraza Catalán, quien desde hace años explota de manera irregular varias parcelas del núcleo agrario para sacar piedra, grava y arena, y ahora él le prestó a la CAPAZ una parte en una de esas parcelas para que sigan haciendo perforaciones en perjuicio del ejido”.
Ayer el secretario del Segundo Juzgado Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito de Azueta, Lucio Pano Valdez acompañado de Valencia Bracamontes y de las autoridades ejidales y un grupo de campesinos acudieron al sitio donde se encuentra la maquinaria de Perflores que es contratada por la CAPAZ para llevar a cabo la perforación en busca de agua, esto para desahogar una prueba de inspección judicial ordenada por el juez octavo de distrito para cerciorarse si la CAPAZ está violando o no la suspensión otorgada por dicho magistrado.
Valencia Bracamontes señaló que “en este caso consideramos que sí están violando la suspensión otorgada por el juez porque encontramos funcionando y perforando un pozo para la CAPAZ, y consideramos que el empresario (Fernando) Meraza no tiene facultades para meter a terceras personas a su parcela y hacerle daños al ejido, que ya basta con lo que él está dañando con las perforaciones que está haciendo en todas las parcelas que tiene supuestamente en renta- venta, quién sabe de qué se trate, pero jurídicamente no está haciendo las cosas conforme a derecho”.

Las organizaciones Pueblos Unidos por el Desarrollo Sustentable de la Sierra de Guerrero (Puedess) y Alcanos Unidos, se reunieron con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, y demandaron la construcción de 3 mil viviendas, de las que mil son para damnificados por la tormenta Manuel de 2013.
En consulta antes de entrar a la reunión, el representante de Puedess, Damián David García expuso que, desde hace dos años han estado gestionando la construcción de viviendas.
Abundó que, primero acudió a la Ciudad de México para exponer su demanda al director general del fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), Ángel Islava Tamayo, y que la próxima reunión para concretar acuerdos es con Armenta Tello.
Al término de la reunión, el dirigente expuso que el compromiso es esperar a que sea liberado el dinero para “300 recámaras adicionales” que se aprobaron el año pasado.
Dijo que el delegado se comprometió a comenzar el procedimiento para la construcción de mil viviendas más, y tienen hasta el 15 de julio para reunir los expedientes.
Dijo que quizá se empiece con 400 viviendas.
Por otro lado, la Sedatu emitió un boletín en el que expone que luego de que el delegado se reunió con las organizaciones, anunció que está en marcha la gestión, con una inversión de 6 millones de pesos para grupos vulnerables.
“Resaltó que con la integración de expedientes técnicos implementarán el plan de trabajo para la construcción de 300 recámaras adicionales”, que cada solicitud de vivienda tiene que estar acompañada de un censo y que las organizaciones ya cumplieron las reglas de operación del programa de vivienda.

Vecinos de la comunidad de Tilapa, municipio de Malinaltepec, se reunieron con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel, para exigir la construcción de una escuela y que intervenga en un conflicto por el predio de otra, así como la ampliación del servicio de energía eléctrica y obras de alcantarillado.
Ayer, a las 10 de la mañana una comisión de nueve vecinos de la comunidad se reunió de manera privada con el funcionario en el edificio Norte de Palacio de Gobierno en Chilpancingo.
Al término de la reunión uno de los comuneros que no quiso dar su nombre comentó que solicitaron al gobierno del estado que dé seguimiento a los trabajos pendientes que dejaron tras los daños provocados en su comunidad por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid en 2013.
Detalló que pidieron a las autoridades estatales que concluyan la construcción de la escuela Luis Donaldo Colosio, que quedó en un 80 por ciento de avance, también que intervengan en el conflicto del predio que tiene la escuela Ignacio Zaragoza.
Manifestó que pidieron apoyo para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) amplíe la red de energía eléctrica en la zona, pero que los funcionarios les respondieron que se debe planear porque no hay dinero.
Agregó que también pidieron que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) elabore un proyecto de alcantarillado, canales pluviales y una laguna de oxidación.

Por segundo día consecutivo los trabajadores sindicalizados de la sección 28 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) cerraron el Ayuntamiento y bloquearon ocho avenidas y calles del centro de la ciudad de Chilpancingo, para exigir un aumento salarial y de prestaciones.
El líder sindical, José Natividad Adame Salinas informó que no llegaron a ningún acuerdo, pues los funcionarios municipales les siguen proponiendo los incrementos de 8 por ciento al salario y 10 en prestaciones.
Ayer, a las 7 de la mañana los manifestantes cerraron el Ayuntamiento, así como las secretarías de Salud y de Servicios Públicos municipales, y a las 9:20 de la mañana bloquearon las avenidas Juan N. Álvarez, Ignacio Ramírez y Juan Ruiz de Alarcón, así como las calles Abasolo, Valerio Trujano, Morelos, Baltazar R. Leyva Mancilla y Heroico Colegio Militar.
El martes 13 de junio, los trabajadores cerraron el Ayuntamiento y bloquearon avenidas porque exigen al alcalde, Marco Antonio Leyva Mena, un aumento de 15 por ciento salarial y 30 en prestaciones.
Ayer, en declaraciones en la entrada del Palacio municipal, el líder sindical, José Natividad Adame Salinas informó que el martes las autoridades municipales les ofrecieron el 15 por ciento de incremento salarial, pero no de 30 por ciento en las prestaciones, y acordaron seguir protestando para exigir los dos incrementos.
Detalló que el secretario de Finanzas municipal, Héctor Avilés, y el subsecretario de Planeación municipal, Karlo Misael López les dijeron que sólo les ofrecen esos incrementos porque no pueden rebasar lo que el gobierno del estado proporcionó de aumentos.
“Hay una gran diferencia entre los trabajadores del gobierno del estado, porque ellos ganan más que los del Ayuntamiento de Chilpancingo. Además, el bono del Día del Padre en la administración del alcalde priista, Marco Antonio Leyva Mena, no nos los quieren proporcionar”, reprochó.
El líder sindical aseveró que el secretario de Finanzas municipal los amenazó con no darles el aumento de salario y de prestaciones, “y que le hiciéramos como quisiéramos, pero no nos darían lo que pedimos, que sólo nos daban el 8 por ciento al salario y un 10 de las prestaciones”.
Adame Salinas manifestó que en Chilpancingo por compromisos políticos hay gente que está en la nómina y sólo acude cada quincena al Ayuntamiento a cobrar, “son personas que entran porque son cercanas a un diputado, a un regidor, por eso es que la nómina está abultada, son personas que entraron en esta administración y en la pasada”.
Pidió al alcalde capitalino que atienda a los trabajadores porque no le piden algo que no está a su alcance.
El bloqueo de las calles y avenidas de los sindicalizados en el primer cuadro de la ciudad ocasionó tráfico vehicular, y debido al cierre de la Secretaría de Servicios Públicos ayer no se dio el servicio de recolección de basura en la capital, en la que diariamente se genera más de 300 toneladas de desechos.
A las 2 de la tarde, el líder sindical se reunió en el restaurante El Señorial con funcionarios municipales, entre ellos el secretario de Finanzas, Héctor Avilés.
Más tarde, consultado vía telefónica, José Natividad Adame informó que quitaron los bloqueos y abrieron el Ayuntamiento a las 7 de la noche, pero que hoy volverán a bloquear calles y a cerrar el Palacio Municipal, porque no llegaron a ningún acuerdo, pues les siguen proponiendo los incrementos de 8 por ciento al salario y 10 por ciento en las prestaciones.
“El alcalde (Marco Antonio) Leyva Mena nuevamente no quiso escuchar a la base trabajadora, sus funcionarios no van a resolver las peticiones de los sindicalizados”, reprochó.

 

El secretario general de la sección 15 del Sindicato Independiente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), Asunción Rodríguez Flores se quejó de que el director de la paramunicipal, Juan Antonio Ramírez Valle le informó que no hay presupuesto económico para pagar sus demandas laborales, entre ellas 64 despensas mensuales de productos básicos.
Ayer, consultado vía telefónica, Asunción Rodríguez Flores comentó que la semana pasada se reunió con Ramírez Valle, quien le dijo que no podía solucionar el problema de su pliego petitorio porque la Capach no tiene presupuesto económico.
Dijo que entre sus demandas está la entrega de despensas mensuales con productos básicos para 64 agremiados sindicales, también piden que les retengan el dos por ciento de su sueldo.
Manifestó que cuando estaba el ex director de la Capach, Gerardo Nabor Ojeda de la Peña no había problemas de retenerles el dos por ciento de su salario y recibían las despensas, pero la nueva administración “rompe los acuerdos ya obtenidos”.
“La semana pasada, el director de la Capach me dijo que no tiene dinero para dar las despensas, por lo que ahora los trabajadores sindicalizados buscarán al alcalde (Marco Antonio Leyva Mena) para ver si pueden lograr que les autoricen nuevamente la entrega”, aseguró.
Agregó que si sus peticiones no son solucionadas el lunes 19 de junio suspenderán labores.
El 11 de mayo, Rodríguez Flores detalló que el pliego petitorio 2016-2017 contempla seguro social, el pago retroactivo 2012 y 2016, 64 despensas, base para los trabajadores y un bono de 2012.

El alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, informó que levantará actas administrativas a los trabajadores sindicalizados de la sección 28 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) luego de que cerraron el Ayuntamiento y bloquearon avenidas y calles para exigir un aumento salarial y de prestaciones.

Además, solicitará al Tribunal Superior de Justicia que establezca diálogo con los inconformes, porque si se les paga lo que exigen representaría un gasto de 25 millones de pesos para el Ayuntamiento capitalino y aseguró se dejarían de hacer varias obras públicas.
Este martes unos 750 trabajadores sindicalizados de la sección 28 del SUSPEG pararon labores y cerraron las intalaciones del Ayuntamiento, las secretarías de Salud y de Servicios Públicos municipales, además bloquearon tres avenidas para exigir al alcade priista, Marco Antonio Leyva Mena, un aumento salarial de 15 por ciento y de prestaciones de 30 por ciento.
Ayer, en conferencia de prensa en el restaurante El Señorial, el alcalde capitalino habló del problema con los trabajadores sindicalizados que por segundo día consecutivo cerraron el Ayuntamiento, bloquearon calles y avenidas.
Comentó que el incremento de 15 por ciento al salario y de 30 en las prestaciones se dio hace un año, pero fue excepcional porque este año no se puede ante el recorte presupuestal federal.
Aseguró que el gobierno estatal está haciendo sus propios reajustes y el Ayuntamiento capitalino se debe adecuar con el presupuesto económico del estado, “no podemos ser irresponsables y generar una prestación más que el año pasado”.
Leyva Mena afirmó que ante los recortes presupuestales, está ofreciendo a los sindicalizados un aumento de 8 por ciento en el salario y de 10 por ciento en las prestaciones, un incremento que está por encima de lo otorgado en otros municipios.
Aseveró que de entregar los incrementos que piden los sindicalizados el municipio dejaría de construir un centro de salud en la colonia Villas del Sol, escuelas en la comunidad de Palo Blanco, una clínica de hemodiálisis, alumbrado público, la pavimentación de tres calles, la construcción de tres pozos con un costo de 10 millones de pesos, 15 parques básicos, 15 accesos a colonias y un comedor comunitario, con una inversión total de 25 millones de pesos.
Dijo que en el paro laboral se están metiendo fuerzas partidistas en el interior del sindicato, aunque no dio detalles, y consideró que es delicado en términos legales y jurídicos.
Leyva comentó que solicitará una orden del Tribunal Superior de Justicia para establecer diálogo, porque los trabajadores no pueden cerrar las oficinas como lo están haciendo.
El presidente municipal de Chilpancingo comentó que no dejará de aplicar la ley y levantará actas administrativas ante la ausencia de los trabajadores, porque a los ciudadanos no se le puede detener los servicios del Ayuntamiento.
De la denuncia de los comerciantes agremiados en la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Chilpancingo de que los grupos del crimen organizado los han amenazado y extorsionado, Leyva Mena respondió que no ha recibido ni una petición formal para que los atienda en materia de seguridad, y no puede asumir que está enterado cuando la información sólo fue otorgada a los medios de comunicación.
Solicitó a los comerciantes de la Canaco que se acerquen a él para dialogar, y activen protocolos de seguridad como lo han hecho los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Espero que no utilicen el tema de la inseguridad con fines propagandísticos y que no sea con fines electoreros o de intereses sólo gremiales, es un tema delicado y creo que no es lo adecuado”, comentó.
El domingo 11 de junio, el presidente de la Canaco en Chilpancingo, Víctor Manuel Ortega Corona informó que ante las advertencias de los delincuentes de que les cobrarán piso, acordaron medidas de seguridad como tener armas en sus negocios, cerrar a las 8 de la noche y colocar cámaras de seguridad.
Este lunes, cinco comerciantes encabezados por Ortega Corona solicitaron a la Secretaría Particular del gobernador una audiencia, porque han manifestado que el alcalde capitalino los desdeña.