El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez, manifestó que ante una izquierda divida “estamos de regreso” y los priistas tienen una “gran oportunidad de ganar las elecciones.
En conferencia de prensa al finalizar la sesión del Grupo ACA, donde fue el invitado,
opinó que tras la decisión del Congreso Nacional de Morena, a propuesta de su dirigente nacional y virtual candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, de ir a las elecciones del 2018 sólo con el PT, , para el PRI es “una excelente oportunidad, estamos de regreso. Yo creo que a ningún partido político le alcanza poder transitar solo a lo que viene a 2018, por los resultados que estamos avizorando”.
Afirmó que los partidos políticos no pueden “desdeñar” las alianzas o coaliciones y recordó que en las dos pasadas elecciones, López Obrador ha mantenido ese comportamiento “siempre está desdeñando la coalición”.
También cerró la posibilidad, de alguna alianza del PRI con algún partido de izquierda porque se ha visto que “se mezcla la izquierda y derecha de una manera muy abrupta, hablamos del PRD con el PAN, entonces se rompe el mito y yo creo que hoy tenemos un neopragmatismo político y creo que convenenciero para algunos”.

Antes que desarmar a la policía de la UPOEG hay que regularla, dice

En otro tema, manifestó que el diputado con licencia Saúl Beltrán sigue bajo investigación y si se comprueba su relación con el crimen organizado será expulsado.
Del multihomicidio en la comunidad de San Pedro Cacahuatepec, manifestó que es reprobable y corresponde a las autoridades investigar. Agregó que antes de desarmar a los policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se tiene que regular “sobre todo acreditando a la gente que tiene este núcleo de policías comunitarios, sobre todo capacitado”. Agregó que la regulación también sería evitar la infiltración del crimen organizado.
Consultado por el caso del diputado con licencia Saúl Beltrán, indicó que sigue el orden legal y si la autoridad dictamina que es responsable de los cargos que se le imputan, se le expulsará. En caso de absolverlo, la Comisión Nacional de Justicia del partido le devolverá su militancia, actualmente suspendida, explicó el dirigente estatal.
En relación con la declaración del fiscal Javier Olea Peláez, quien fue exhibido en un video en el que señala que el ex presidente municipal de San Miguel Totolapan “es El Tequilero número uno”, Huicochea Vázquez expuso que será el propio Olea Peláez quien lo explique al Congreso en su comparecencia, “bajo su propia lógica del por qué hizo este tipo de argumentos, porque aunque dijo que era el número 1 de los Tequileros primero habría que probar la culpabilidad, no dijo otro argumento”.
Ante la cuestionamiento de que si el trabajo del fiscal Javier Olea dejaba satisfecho al PRI estatal, el dirigente estatal lo consideró como bueno pero insuficiente; sin embargo, afirmó que Olea Peléaz debería tener “más herramientas, mayor capacidad de actuación”.
–¿Pero cómo lo califica?
–Bien, tampoco puedo decir que está mal, pero repito, en lo personal lo califico bien porque sé de la complejidad de los esquemas, pero sí ocupamos que haya mayores resultados.
Manifestó que podrían devolverle los derechos como priísta a Saúl Beltrán, “si no te encuentran nada de algo que tú no hiciste, pues tampoco se te puede suspender de una manera ilegal o arbitraria”.

El nuevo coordinador de la corriente estatal perredista Foro Nuevo Sol, Carlos Toledo Manzur llamó a los perredistas que respaldan al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, como aspirante a la presidencia de la República a que “se vayan del PRD” y se pronunció por una alianza con el PAN, encabezada por “un candidato de izquierda” en 2018.
En conferencia de prensa el ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el segundo gobierno estatal de Ángel Aguirre Rivero, dijo que la nueva coordinación pretende relanzar la corriente, que afirmó representa de manera “más auténtica los principios y planteamientos ideológicos de la izquierda” y se asumieron como “herederos” de los que fueron partidos Comunista y Mexicano Socialista.
En la conferencia leyeron su plataforma política en la que toman posición ante la inseguridad, la economía, la corrupción y la desconfianza hacia los políticos.
Allí consideran que en la elección de 2018, los partidos de izquierda requieren un “amplio frente conducido por la izquierda, que será posible aún sobre las posiciones soberbias y sectarias”, en referencia a la decisión de Morena, de cancelar la posibilidad de una alianza con el PRD y que tomó a instancias de su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador.
El nuevo coordinador de la corriente llamó a fomentar la unidad de las fuerzas de izquierda para la elección de 2018, y consideró que hay posibilidades reales de ganar la elección federal.
Insistió en que es necesario que los partidos de izquierda vayan a la elección unidos, “reprobamos las actitudes de los dirigentes nacionales que obstaculizan la unidad de las izquierdas, tanto la soberbia de unos como el entreguismo de otros a alianzas con la derecha”.
A pesar de que en el inicio de la conferencia el coordinador de Foro Nuevo Sol reiteró que no están de acuerdo en que el PRD haga alianza con el PAN, y que optan por que sea con los partidos de izquierda, al final dijo que no se opondrían a una coalición con el PAN si el candidato es perredista.
“Estamos de acuerdo en la construcción de un frente amplio, pero conducido por la izquierda, lamentamos la posición tomada por Morena recientemente y llamamos a los militantes a fortalecer al PRD o a definirse e irse del partido”.
Reiteró que trabajarán en el proyecto de candidatura del ahora gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, con quien dijo se puede construir una candidatura ganadora.
Del caso de los perredistas que simpatizan con el dos veces candidato presidencial, dijo que “más bien se quieren subir en la ola de la candidatura de López Obrador, este es momento de tomar definiciones y si hay compañeros que estén por apoyar esa alternativa (de apoyar a Morena), es tiempo de que agarren sus cositas y se vayan del partido”.
También propuso al PRD retomar sus principios ideológicos, que desaparezcan los intereses particulares de la burocracia política, además de “fortalecer la democracia interna y que sea ejemplo de democracia en la sociedad”.
Entonces Carlos Toledo se refirió como “un grave error que no se haya emitido la convocatoria para la realización de las elecciones internas”, porque dijo que se agotó el tiempo para solicitar al INE que organice la elección.
El dirigente explicó que a partir de la cercanía de la fecha de inicio del proceso electoral, el 8 de septiembre próximo, el PRD ya está a destiempo para pedir al INE que organice la elección interna.
Dijo que hubo corrientes del PRD como Alternativa Democrática Nacional (ADN) e Izquierda Democrática Nacional (IDN), que se opusieron a que sesionara el Consejo Nacional, para elegir a la nueva dirigencia.
Consideró que se pudo tratar de una estrategia para que la actual dirigencia se mantenga durante el próximo proceso electoral a través de una prórroga de su periodo, sin embargo, propondrán que se renueven las dirigencias a partir de acuerdos internos entre las corrientes nacionales y estatales.
Al igual que otras corrientes, Foro Nuevo Sol se pronunció por privilegiar la participación y el trabajo de organización de base, sobre los acuerdos de las cúpulas de las corrientes, y que haya discusión entre los consejeros del PRD, porque la manera en que opera el consejo estatal no es la adecuada, sólo espera a que los jefes de las corrientes acuerden “en lo obscuro” para que al final voten “mecánicamente, sin discusión ni reflexión alguna”.
Propuso que se fomente la participación de los jóvenes y mujeres en los trabajos internos del PRD, así como incrementar el trabajo de formación política e ideológica.
En la conferencia estuvieron también el vicecoordinador de la corriente, Roberto Cabrera Solís; el regidor de Teloloapan, Paúl An-túnez Aranda; Gloria Peralta Adame, representante en Zihuata-nejo; de Tierra Caliente, Paulino Sánchez Pantaleón; de la Montaña, Irma Paulino Cano; la representante en Chilpancingo, Nichdali Fitch Obregón, y de la zona Norte, José Alberto Ramírez Reinal, quienes llamaron a los guerrerenses a movilizarse para conseguir mayor presupuesto para el estado.

Medidas más radicales contra violencia

Al gobierno del estado le pidieron que dé “la paz y orden que prometió, porque la violencia, la impunidad y la falta de justicia son condiciones que se han profundizado dramáticamente en los últimos meses”.
Consideró que la situación de violencia en el estado es “verdaderamente crítica” y que las autoridades no están cumpliendo con el deber de garantizar la seguridad a los ciudadanos.
A los gobiernos federal, estatal y municipales les demandaron “medidas más radicales para acabar con este ambiente de violencia e inseguridad”.
Toledo Manzur exigió también que se detenga la ola de asesinatos de perredistas y de ciudadanos, para que la justicia expedita sea una realidad y puedan ser castigados los responsables.

El Instituto Nacional Electoral (INE) destruyó 56 mil 770 credenciales de elector, en su mayoría devueltas por los usuarios al renovar su identificación, 3 por ciento que no fueron recogidas de los módulos de credencialización y que se dan de baja por aplicación del artículo 155, párrafo 1 al 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El vocal del Registro Federal de Electores, de la Junta Local del INE en Guerrero, Leoncio Moreno Castrellón, detalló que la trituración de las credenciales es un procedimiento regular, que se realiza cada tres años.
En esta única ocasión, indicó que se destruyeron las que corresponden a seis meses, y las que se encontraban en los módulos de credencialización dos años atrás, a partir del 31 de marzo.
De este rubro, detalló que en total fueron mil 704 credenciales que no fueron recogidas en dos años.
El material fue triturado en presencia de los representantes de los partidos políticos, para que constaten que no hay posibilidad de obtener de ahí datos personales de los ciudadanos.
Una vez terminado, indicó que los restos se envía una compañía recicladora, para que les de el tratamiento apropiado para que pueda ser reutilizable.
Estimó que en octubre, antes del proceso electoral de 2018, se realizará la siguiente destrucción de credenciales correspondiente a los meses de abril, mayo y junio.
De acuerdo con los datos oficiales, el mayor número de credenciales devueltas por canje (renovación) y por terceros (extravío o fallecimiento del titular) fue en el distrito 8 con sede en el municipio de Ayutla, donde el sábado y domingo anterior hubo una consulta ciudadana para el elegir el método por el que se va a elegir al próximo gobierno local. No obstante, la credencial de elector no fue el único medio de identificación válido para votar en las asambleas.
En el último trimestre de 2016 y el primero de 2017, que corresponde al periodo de recolección del material, el distrito de Ayutla sumó 13 mil 340 credenciales regresadas por canje, 380 devueltas por terceros (algunos casos son por defunción) y 92 formatos de credencial retirados de los módulos de atención ciudadana, que los solicitantes recogieron.
El segundo con más formatos y credenciales devueltos para destrucción es el distrito 6 con sede en Chilapa, que alcanzó 11 mil 115 formatos de credencial y credenciales devueltas para su destrucción, de los cuales 92 no fueron recogidas.
En este orden, continúan los distritos 4 y 9 de Acapulco, con 7 mil 895 y 6 mil 349 formatos de credencial y credenciales, y 172 fueron dejadas en los dos módulos.
En general, el distrito 1 de Altamirano, registró 4 mil 322 formatos y credenciales elector en la destrucción del material; el distrito 7 de Chilpancingo, 2 mil 533; el distrito 3 de Zihuatanejo, 2 mil 250; el 5 de Tlapa, mil 648; y 13 devueltas por terceros a la Junta local del INE en la capital.

Sin discusión y a puerta cerrada, la mañana de este miércoles el cabildo de este municipio aprobó la adquisición de un crédito de Banobras por 24 millones de pesos y el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, por más de 402 millones de pesos.
La de ayer es la segunda sesión de cabildo que se tiene en más de dos meses en el Ayuntamiento de Iguala, pues la anterior fue el 5 de abril, de acuerdo con fuentes consultadas en el gobierno, y como ha sido una constante de esta administración priista, las sesiones se hacen a puerta cerrada sin permitir acceso a la prensa.
Minutos después de las 9 de la mañana, en la sala de cabildo se realizó la sesión con la asistencia del alcalde priista Herón Delgado Castañeda, los dos síndicos y los 12 regidores del PRI, PRD, Encuentro Social y Morena. Los ocho puntos del orden del día fueron aprobados por unanimidad y sin ninguna discusión.
Fue aprobado el presupuesto de egresos para el presente ejercicio fiscal, por un monto de 402 millones 646 mil 616 pesos, sin que ningún edil diera mayor información al respecto. También se aprobó la adquisición de un crédito de Banobras por la cantidad de 24 millones de pesos, sin que de esto tampoco se diera ninguna información.
En un escueto boletín de prensa difundido por el departamento de Comunicación Social en medios locales, sólo se da a conocer que la solicitud del crédito por 24 millones de pesos es para “poder adelantar obra pública” del presente ejercicio fiscal.
Por fuentes consultadas se supo que el préstamo que se solicita a Banobras para la obra pública, se pagará en mensualidades con recursos del ramo 33 para terminar la deuda en agosto de 2018, un mes antes de que concluya esta administración.
En la sesión también fueron aprobados otros puntos, como la aplicación del alcoholímetro en automovilistas, celebrar un convenio de “amistad” con el municipio de Jojutla, Morelos; la donación del terreno que ocupa la escuela secundaria Técnica 311, Leyes de Reforma de 1857, asentada en la colonia Fermín Rabadán, antes llamada María de los Ángeles Pineda; la autorización de exentar el cobro de impuestos para instituciones educativas que se regularicen y escrituren sus predios, y aprobación del decreto 433, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la constitución política del estado, en materia de combate a la corrupción.

Mientras no detenga a los responsables de la violencia, no hay condiciones para que regresen a sus casas las familias desplazadas de las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco, municipio de Chilapa, refutaron al gobernador Héctor Astudillo Flores el presidente del colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos, José Díaz Navarro, y el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández.
Mientras tanto el vocero en materia de seguridad del Gobierno, Roberto Álvarez Heredia informó en la tarde en un boletín que 80 familias desplazadas por la inseguridad regresaron a tres comunidades de Chilapa.
En la mañana fueron consultados por separado vía telefónica Díaz Navarro y Olivares Hernández, y coincidieron en que la presencia de los militares y policías estatales en la zona no es garantía de seguridad para las familias desplazadas, y que su regreso corría riesgo.
El presidente de Siempre Vivos denunció que el gobierno no actúa contra los delincuentes. Dijo que ha presentado denuncias contra quienes provocan la violencia y los desplazamientos y que desde hace año y medio hay cuatro órdenes de aprehensión que no se han ejecutado.
Olivares Hernández agregó que mientras los delincuentes no sean detenidos van a permanecer en la zona, porque si antes se peleaban por el control de la plaza para la venta y comercialización de la droga, ahora se pelean por el control del territorio para adueñarse de las rutas de trasiego, las tierras para la producción y la mano de obra.
El gobernador Astudillo Flores declaró el martes que se debe de insistir a los pobladores desplazados por la violencia de las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco del municipio de Chilapa que regresen y a sus casas porque ya no habrá problemas, “yo creo que hay que insistirles de que pueden regresar a sus pueblos y a sus casas porque no habrá problemas”.
Pero el director del Centro Morelos, Olivares Hernández, quien ha dado acompañamiento a las familias desplazadas, dijo que no hay condiciones para que la gente regrese a sus comunidades, y agregó que las del gobernador son declaraciones “no objetivas” porque la única garantía de seguridad que pudieran tener las familias desplazadas, sería que los responsables de su desplazamiento fueran detenidos y castigados.
“Mientras los grupos de la delincuencia organizada sigan actuando no hay ninguna garantía para ésta gente aunque el Ejército se encuentre en la comunidad, porque, finalmente, la gente tiene que hacer su vida normal, tiene que salir al campo, tiene que viajar y en el camino pasan muchas cosas”, explicó.
Mencionó que el viernes cuando defensores de derechos humanos visitaron estas comunidades, constataron la presencia de militares y policías estatales “pero ellos están en puntos fijos, y después de estos puestos fijos ya nadie le garantiza a la gente que está segura”.
Dijo que para que se resuelva el problema de fondo se tiene que investigar y detener a los responsables de estos desplazamientos y después impulsar políticas públicas preventivas, para que se vaya inhibiendo el accionar de la delincuencia organizada, así como su crecimiento.
“Antes se hablaba de la lucha por la plaza, hoy se habla de la lucha por el control del territorio, es decir ahora no sólo quieren controlar la venta y comercialización de la droga, sino las rutas de trasiego, áreas productivas y mano de obra. O sea incorporar por las buenas, ofreciendo dinero, o por la fuerza, mediante la amenaza a los habitantes de estas comunidades, y los que se niegan son obligados a abandonar las comunidades”.

En Tepozcuautla están habitadas 20 de 235 viviendas y casi todas las 361 se fueron de Ahuihuiyuco

El diagnóstico que tiene el Centro Morelos es que en Tepozcuautla de un total de 235 viviendas, sólo unas 20 estaban habitadas el viernes pasado cuando hicieron un recorrido.
Mientras tanto en Ahuihuiyuco, de 361 familias “casi todas las familias han abandonado la comunidad, sólo quedan algunas familias que solicitan seguridad, no sólo para su comunidad sino para todas las de los alrededores”. Según el organismo, en Tetitlán de las Limas, otra comunidad vecina, es donde más gente se ve en las calles.
En un boletín emitido este miércoles, el Centro Morelos dijo que el gobernador “tiene que entender la magnitud de riesgo para estas familias, porque el problema siempre va a existir mientras no se atienda de fondo la causa del desplazamiento forzado”.
Díaz Navarro dijo que el peligro sigue latente para las familias desplazadas porque no han sido capturados los delincuentes que están actuando allí, “yo no sé cómo se puede garantizar la seguridad para los habitantes si los que los amenazan siguen libres”.
Recordó que las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) han estado allí por mucho tiempo y sin embargo el peligro y la violencia siguen igual.
Mencionó como ejemplo Chilapa, la cabecera municipal, donde hay presencia de militares y policías estatales desde hace dos años y los homicidios siguen a diario.
“Garantías habría si empezaran a capturar a los delincuentes que hemos denunciado y que tienen órdenes de aprehensión, pero siguen libres, operando impunemente”, se quejó.
Recordó que por las denuncias que personalmente ha presentado en contra de integrantes de un grupo de la delincuencia organizada que opera en esta plaza, Los Ardillos, hay cuatro órdenes de aprehensión que no se han ejecutado desde hace un año y medio.
“La gente del pueblo sabe quiénes son, incluso las autoridades saben porque ellas han liberado estas órdenes de aprehensión, pero sigue en el aire la pregunta, ¿por qué no los capturan?”, expuso.
Insistió: “desde mi punto de vista, ahorita, todavía no hay garantías de seguridad para que las familias regresen, porque no ha habido una repuesta efectiva para combatir a la delincuencia”.
En su boletín el Centro Morelos dijo que el gobernador tiene que entender la magnitud de riesgo para estas familias de Tepozcuautla, Ahuihuiyuco y Tetitlan de la Lima que se vieron obligadas a desplazarse ante las amenazas de un grupo de la delincuencia organizada, para salvaguardar su vida y la de su familia, dejando todo su patrimonio a la deriva.
Informó que también habitantes de la comunidad Lodo Grande se desplazaron “a causa del miedo y la sicosis” que se vive en comunidades donde la violencia ha llegado a tal grado que la única opción para las familias es refugiarse en otros lugares.
Asegura que se conoce por declaraciones del presidente municipal que 580 familias huyeron de sus hogares en tres días. “Lo anterior es una muestra más de que nos encontramos ante un Estado fallido, rebasado por la corrupción que permite el accionar de los grupos de la delincuencia organizada, ya que en los últimos meses en estas comunidades y sus alrededores han sido asesinados varios hombres, y mujeres, incluidos niños”.
Agregó que también ha sido notorio el dominio de algún grupo de la delincuencia organizada que controla la salida de las personas que tienen que hacer sus compras en la cabecera municipal, checando quiénes viajan en las camionetas del servicio público y quiénes regresan, además ya Chilapa vigilan con quién platican o se relacionan.

Hay garantías del Ejército y de la Policía del Estado, dice el vocero

En el boletín del vocero de seguridad Álvarez Heredia que se difundió en la tarde se asegura que 80 familias regresaron a tres comunidades de Chilapa “por las garantías ofrecidas por el Ejército Mexicano y la Policía del Estado de resguardar su integridad y detener a los grupos delictivos que operan en la zona”.
Álvarez Heredia informó que aún quedan 20 familias desplazadas de las poblaciones de Tepozcuautla, Lodo Grande y Ahuihuiyuco. El funcionario informó que actualmente se encuentran en esas comunidades tres Bases de Operaciones Mixtas compuestas por soldados del Ejército y seis grupos de la Policía del Estado.
Al respecto el Centro Morelos confirmó que las familias que regresaron a sus comunidades son las que su salida de las comunidades fue resguardadas por militares, policías estatales y municipales, pero que las familias que se salieron por su cuenta y que buscaron refugio en otros lugares distintos al que les propuso el Ayuntamiento aún no quieren regresar.

Dos empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desaparecieron la tarde del lunes en la carretera federal 51 en el tramo Arcelia-Teloloapan, el hecho fue reportado ayer ante autoridades ministeriales.
Según la información obtenida con fuentes policiacas de Seguridad Pública estatal, los dos empleados salieron después de la 1 de la tarde de Ciudad Altamirano (Pungarabato) con dirección a Teloloapan.
Los hombres iban en una camioneta con grúa blanca de la marca International tipo Navipar modelo 2013 con rótulos de la CFE y placas de Guerrero, los empleados mantenían comunicación vía radio y dejaron de transmitir cerca de las 2:30 de la tarde cuando reportaron que iban por el municipio de Arcelia.
Familiares y amigos reportaron el hecho ante las autoridades y de acuerdo con las fuentes consultadas hasta ayer se desconocía del paradero de los dos empleados así como del vehículo en el que iban.

Un taxista de 33 años se enfrentó a balazos con hombres armados que lo interceptaron cerca de la media noche del martes en la colonia Adrián Castrejón al sur de Iguala, el chofer resultó con cuatro heridas de bala.
Reportes policiacos detallaron que vecinos de dicha colonia denunciaron al 911 una balacera y persecución y que había una persona lesionada.
Al lugar llegaron policías estatales, federales y municipales y en la calle Fresnos localizaron a un taxista vecino de ese asentamiento con un balazo en cada pierna, otro en la pelvis y uno más en el abdomen y quien fue trasladado en ambulancia a una clínica y donde hasta ayer su salud era estable.
Según la versión de testigos y del propio taxista, éste llegó a su casa y fue interceptado por hombres armados que iban en un Cavalier rojo y lo atacaron.
Se informó que el taxista iba armado y repelió la agresión y los pistoleros huyeron.
Se indicó que al hacer las diligencias en el lugar fueron decomisados 13 casquillos percutidos calibre .9 milímetros y se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.