El delegado del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (Fovissste), Apolonio Marcial Radilla, dijo que los acreditados tienen dificultad para adquirir viviendas pues son pocas las de interés social que hay nuevas y disponibles.
En entrevista, el funcionario federal indicó que se han otorgado mil 866 créditos a igual número de trabajadores, cifra que superó un 10 por ciento el registro del año pasado en el mismo período.
“Son pocas las viviendas de interés social disponibles, casi no hay con precios que oscilen entre los 500 y 600 mil pesos, pero estamos invitando a los desarrolladores a que tengan confianza para construir ese tipo de casas, aunque comentan que no hay predios para edificar”, señaló.
Indicó que los acreditados recurren a la compra de casas usadas, aunque se ayudan con ahorros u otros ingresos.
Marcial Radilla comentó que una vez que los acreditados cumplen con los trámites, firman escrituras en tres meses como máximo con tasas preferenciales que no rebasan el 3 por ciento de interés.
Agregó que de los mil 866 créditos otorgados la mayoría son para viviendas nuevas, aunque también los hay en viviendas usadas o para la edificación en terrenos propios.
Advirtió que esa dependencia mantiene vetos en zonas de Acapulco que fueron afectadas por las inundaciones provocadas por la tormenta Manuel, pues se basan en los atlas de riesgo de Protección Civil.
“Es una coordinación que hay ahora con los tres órdenes de gobierno, desde que las constructoras van a edificar, hasta la obtención de los permisos”, dijo Marcial Radilla.
Agregó, sin precisar cifras, que la mayor cantidad de créditos se otorgan en Acapulco, le siguen Chilpancingo, Iguala y las regiones Costa Grande y Chica; aunque hay acreditados que compran sus viviendas en otras entidades del país.

Mientras más se acerca López Obrador al poder, mayores son los obstáculos que él mismo interpone en su camino. Las elecciones del Estado de México mostraron que los gobiernos priistas (y panistas) están dispuestos a cualquier cosa para detener al líder de Morena. Y lo hicieron con la complicidad de los organismos electorales, tanto de la entidad como del país.
Ante el cochinero mexiquense, por no mencionar otros, y en la perspectiva de que en el 2018 veamos la misma película corregida y aumentada, cabe preguntar a Andrés Manuel si tiene caso insistir en la vía electoral, si continuar en la misma ruta no es llevar a sus seguidores a la decepción y al abandono de la política, cuando no a la represión y a la muerte, que resulta previsible de seguir las cosas como van.
Una casta política caracterizada de arriba abajo y a lo ancho por la corrupción hará todo por preservar sus privilegios, dispondrá de cualquier recurso para evitar la entrega del gobierno y sus mecanismos, incurrirá en toda clase de gastos, legales e ilegales, para que sus eventuales verdugos no dispongan del poder del Estado.
Por supuesto algo, así sea muy poco, del sistema electoral todavía es funcional y resulta loable el empeño de AMLO para que sus seguidores se mantengan dentro de las reglas del juego. Pero los conductos legales se estrechan, las marrullerías crecen y ningún partido o líder político puede ignorar estas realidades.
Desde luego, rechazar la podredumbre del sistema electoral y a las autoridades ciegas y sordas no implica necesariamente un llamado a las armas, pero sí a la desobediencia civil, a una enérgica movilización social que para ser eficaz ha de estar acompañada por una intensa campaña de denuncia ante los organismos internacionales.
Pero si AMLO y Morena aún confían en el INE, el IEEM, el Trife, la Fepade y amigos que los acompañan, deberán tener muy claro que necesitan ganar por amplísimo margen, y que el Movimiento de Regeneración Nacional, por sí mismo, no puede reunir todos los votos que se requieren, lo que obliga a integrar un amplio frente.
Con buenas razones, López Obrador y los morenistas desconfían de los dirigentes del PRD, pero rechazar groseramente toda posibilidad de alianza sólo sirve a los adversarios. Lo menos que debe reconocer AMLO es que en el PRD no todo apesta y que todavía existen fuerzas sanas, capaces de aliarse y aportar a un eventual triunfo en 2018.
Ante la posibilidad de negociar y alcanzar acuerdos con grupos o personajes del PRD, la actitud de López Obrador ha sido grosera e irresponsable, especialmente cuando llevado por una inadmisible soberbia responde a las propuestas de alianza en forma despectiva, señalando que quien quiera apoyarlo simplemente se sume a sus contingentes.
Lamentablemente para este país, tan urgido de un cambio de personas, de formas de gobierno y de instituciones, la política no es asunto de ángeles y demonios, no hay una línea que separe a los buenos de los malos. La política es negociación y acuerdo y se negocia y se acuerda precisamente con los diferentes y a veces con los adversarios y hasta con los enemigos.
Las alianzas bien trazadas permiten avanzar, pero nunca igualan del todo a las partes. Para decirlo con crudeza, hay riesgo de contagio, pero es mínimo. Las diferencias, sobre todo las ideológicas, se mantienen, pero se unen esfuerzos para conseguir objetivos claros y previamente determinados. Pero antes hay que sentarse a negociar, conceder y recibir para que ambas partes ganen.
Si López Obrador no es capaz de entender que necesita de otras fuerzas, ya desde ahora podemos anunciar su derrota en el 2018 y, lo que es peor, la decepción generalizada que producen los fracasos repetidos. De poco sirve en esos casos la pureza sectaria que ocasiona derrotas y lleva a la disgregación de fuerzas.
Nadie ignora que Morena y su líder están sometidos a una guerra mediática, a una feroz campaña que pretende mostrar a ese partido y a su líder tan corruptos como el PRI y sus dirigentes. En esa dirección fueron todos los esfuerzos del flotillero que dizque dirige el PRI, pero es evidente la superioridad moral de López Obrador y su partido. Lo que hace falta es que tal ventaja ética, ciertamente valiosa, se distinga claramente de las necesidades políticas. De otro modo, en 2018 presenciaremos de nuevo el triste espectáculo de las elecciones robadas o compradas por el adversario, y en ese caso, la pureza moral de poco sirve.

Andrés Manuel López Obrador pasó la factura al PRD porque su candidato a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, no declinó a favor de Delfina Gómez, candidata de Morena. Zepeda y el PRD sí les hicieron daño. Los medios de comunicación le abrieron sus puertas y en un instante se convirtió en la sensación de la campaña electoral. Obtuvo un millón de votos, básicamente de Neza, el municipio donde fue alcalde, y contribuyó a quitarle electores a Morena en la zona metropolitana de la Ciudad de México y el sur del estado. No se lo perdonó López Obrador. De mercenario no bajó al partido que lo postuló dos veces a la Presidencia, y adelantó que no buscará una alianza con el PRD en la elección presidencial de 2018.
López Obrador perdonó al PT, que a cambio de que el presidente Enrique Peña Nieto ordenara a su partido que le apoyara con los votos suficientes en Aguascalientes para que no perdieran el registro y las prerrogativas, fue su aliado táctico en cuanta elección se presentó en el último año hasta que, una semana antes de la elección del 4 de junio, su candidato a gobernador en el estado de México, Óscar Yáñez, un bon vivant oportunista de la política, le entregó sus pocos votos a Morena. La memoria de López Obrador no es longeva sino coyuntural. Sus decisiones aliancistas murieron y nacieron hace dos domingos, bajo un criterio purista, teológico como su discurso, de que con los impuros no emprendería la marcha hacia el 2018, mientras que los arrepentidos, como el PT, serían indultados.
Para la sucesión presidencial que ya comenzó, López Obrador reclutará perredistas y líderes sociales en todo el país, sin meterse al pantano donde chapalean sus dirigentes. Es una decisión principista, aunque maniquea, sobre cómo ve el panorama político y electoral, y cómo analizó los resultados de Morena el 4 de junio. Muy bien en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, donde su candidato fue un factor de la aplastante derrota del PRI, y menos bien en Veracruz, donde el impulso de las elecciones del año pasado lo mantuvo como tercera fuerza, pero sin la energía de aquél entonces. Aún así, el gran malestar en el país, que se alineaba a favor de los candidatos de Morena, no le alcanzó para ganar posiciones de gobierno, salvo un puñado de alcaldías veracruzanas. La pregunta de si con el andamiaje que está mostrando hoy en día López Obrador, le alcanzará para ganar la Presidencia, tiene una respuesta simple: no.
Con sus amarres actuales, López Obrador no tiene el combustible para ir a las elecciones presidenciales con claras posibilidades de ganar. Será una fuerza competitiva, pero no la locomotora que parece cree tener. Por ello debería ser más prudente y menos soberbio. El dinero y las irregularidades durante las campañas no fueron las únicas razones por las que no alcanzó la gubernatura mexiquense o mejores resultados en Veracruz. Tuvo errores en la organización, como la falta de representantes de casillas en el Estado de México, y no menos relevante, la campaña sucia que le endilgó el PRI fue kryptonita.
La revelación del llamado diezmo de Gómez cuando era alcaldesa en Texcoco, no le quitó puntos, de acuerdo con sus estrategas, pero frenó su avance ante el priista Alfredo del Mazo. La campaña con el instrumento útil de Eva Cadena, la candidata a una presidencia municipal en Veracruz, que apareció en un video recibiendo dinero que decían era para López Obrador, golpeó de manera importante la imagen de honestidad del jefe de Morena, de acuerdo con resultados preliminares sobre el impacto electoral de la campaña. Su fuerza quedó menguada y no fue suficiente para impulsar en el último tramo a su candidata mexiquense. Un estudio de la Central de Inteligencia Política que publica mensualmente El Financiero, que mide los impactos en los medios, encontró que la cobertura negativa sobre López Obrador en el mes previo a la elección, se incrementó en 360%.
López Obrador no parece estar analizando con frialdad la variedad de recursos que se utilizaron contra él y Morena en los procesos electorales pasados, aunque su comportamiento luce bipolar en ocasiones. No se sabe aún, por ejemplo, el tamaño del impacto negativo de su alteración durante la entrevista con Pepe Cárdenas en Radio Fórmula, con quien prácticamente se peleó al aire. Cárdenas, un profesional probado y reprimido en el pasado por la defensa a su libertad, quedó periodísticamente reivindicado mientras que su interlocutor exhibió su piel delgada y a veces intolerante. Más grave aún, en términos de comportamiento, fue la manera como criticó también a Carmen Aristegui, en otra entrevista por internet, por no hacer bien su trabajo. Aristegui es incondicional de López Obrador, por lo cual los expertos se preguntan: si a una leal maltrata, ¿qué será con quienes discrepan con él?
Ya se está viendo. Los excluye, los critica, los insulta. López Obrador comete un error que puede pagar el próximo año si no rectifica. No puede negarse a una alianza con quienes no piensan como él, por el hecho que no se subordinen a sus necesidades y deseos. La elección en el Estado de México lo mostró vulnerable y eliminó la inevitabilidad de que caminará hacia Los Pinos el próximo año. Debe entender que el ejército que ha juntado hasta ahora no le dará para ganar y que tiene que convencer a otros, en la sociedad política y en la civil, que es la mejor alternativa para el país, pero sin ese purismo con tufo totalitario que asomó en él durante las tres últimas semanas de efervescencia electoral.

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Aún cuando todavía no concluyen los procesos electorales en los estados de Coahuila y México, en razón de que están en la etapa de impugnaciones que permitan limpiar estas elecciones y anularlas en donde hayan existido irregularidades, se ha desencadenado el debate y la acción política sobre el proceso electoral del año siguiente, en donde se habrán de elegir mil 589 ayuntamientos, 16 alcaldías de la Ciudad de México, 24 juntas municipales en Campeche, 67 síndicos en Chihuahua, nueve gobernadores –incluido el jefe de gobierno de la capital del país–, 300 diputados federales 128 senadores y el presidente de la República que concentra la atención de la opinión pública.
1.- Uno de los temas que más se debaten en estos días es el de las alianzas rumbo al proceso electoral del 2018, a partir de la decisión de Morena acordada en su III Congreso Nacional Extraordinario realizado el pasado domingo 11 de junio, en donde resolvió ir en alianza únicamente con el Partido del Trabajo (PT). Hay que destacar que esta determinación fue tomada en una votación libre de cada uno de los congresistas asistentes, quienes en forma abrumadora se pronunciaron en contra de ir en alianzas con otros partidos y en caso del PT hubo una parte importante de los congresistas que se opuso a la misma, sin embargo, la mayoría se expresó a favor, motivados por la decisión que tomó este partido en la reciente elección del Estado de México en donde su candidato a gobernador Oscar González Yáñez declinó a favor de la candidata de Morena, la maestra Delfina Gómez Álvarez.
2.- Es importante señalar que respecto a las alianzas hacia la elección del 2018, Morena tomó otros acuerdos fundamentales. Entre ellos se puso énfasis en deponer el sectarismo para continuar impulsando la alianza con ciudadanos y militantes de organizaciones sociales y políticas; sumar esfuerzos con ciudadanos de distintas clases sociales, campesinos, obreros, profesores, estudiantes, académicos, intelectuales, artistas, empresarios honestos, comerciantes, mujeres, jóvenes, adultos mayores y de todos los credos religiosos; seguir con los acuerdos de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México en todas las entidades de la república y que estén a favor de la regeneración nacional, para lo cual se convocó a una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 3 de septiembre.
3.- La definición de las alianzas políticas en una contienda electoral por el poder político no es un asunto exclusivamente de pragmatismo convenenciero electoral, sino que es fundamentalmente de coincidencias en un proyecto político, más aun cuando en este caso, en la elección presidencial y del Congreso de la Unión en el 2018, estará de por medio el futuro del pueblo de México. De acuerdo con los resultados electorales que se han tenido a nivel local y federal desde el 2015 en donde Morena aparece como un nuevo partido político en el escenario nacional, los partidos políticos tradicionales en México (PRI, PAN y PRD) han perdido su voto duro, el voto fiel partidario; así ocurrió en Veracruz en donde el PRI que nunca había perdido ha disminuido considerablemente su electorado, o en el Estado de México en donde en esta elección perdió mas de un millón de votos respecto de los que obtuvo en la elección anterior de gobernador en 2011; o el caso del PRD en la Ciudad de México, en donde ha sido superado por Morena en dos elecciones consecutivas 2015 y 2016.
4.- El gobierno de Peña Nieto, sus aliados y sus voceros en los medios de comunicación han impulsado una fuerte campaña en contra de Morena y de su presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo aparecer que su política de alianzas lo lleva a un aislamiento, pero hay que precisar que una cosa es aliarse con las cúpulas de los partidos políticos que firmaron y han sostenido el Pacto por México el cual tiene metido al país en una profunda crisis moral, social y política y otra es abrir las alianzas a la sociedad civil, a las organizaciones sociales y políticas, a los ciudadanos libres, a las bases de los partidos para afrontar la contienda electoral que se avecina, en donde lo que se votará son dos proyectos de nación: uno que representan quienes son partidarios del modelo neoliberal de privatizaciones, de corrupción, inseguridad y pobreza; y otro que representará Morena de abatir la corrupción, de política social,  de seguridad, de crecimiento económico, de protección al patrimonio nacional, de oportunidades de empleo y estudio para los jóvenes de México. Entre estos dos proyectos habrá de librarse la batalla político-electoral del 2018 y quienes van a decidir no son las cúpulas partidarias, sino la inmensa mayoría de los millones de electores de la nación.

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La extracción de información privada y el control sobre su propia información, son dos formas empleadas por los gobiernos para aumentar su poder sobre los gobernados.

Sir Francis Bacon aseguró: “conocimiento es poder” (1597). Aparentemente se refería al conocimiento científico –la ciencia fue una de sus pasiones–, pero como él también fue político –llegó a ser Lord Canciller– en una época llena de intrigas palaciegas –los reinados de Isabel I y Jaime I–, igual comprobó que la información política es un tipo de conocimiento que da poder.
No cualquier información política se traduce en poder, pero cualquier ejercicio sistemático del poder requiere de información. Desde la antigüedad, los gobiernos han recopilado información que han ocultado. En la actualidad, un área de esta búsqueda de información es el espionaje que a veces se cubre con el manto de la legalidad y otras se hace de manera totalmente ilegal. Una buena parte de la información política recopilada termina en los archivos. Pasado un tiempo, esa información debe dejar de ser secreta para quedar a disposición de investigadores y público en general, pero con frecuencia las leyes de archivos impiden o dificultan el acceso a información que el gobierno considera “sensible”. Y es entonces que aparece la dupla espionaje y censura.
Como muchos otros gobiernos, el mexicano espía a voluntad a quienes quiere controlar, sean enemigos o incluso aliados. Este espionaje se lleva a cabo con o sin autorización y puede ejercerse sobre líderes, activistas políticos o periodistas “molestos”. Sin acceso a los archivos, no es fácil documentar el espionaje, pero siempre se llega a saber de casos que permiten inferir la magnitud de la telaraña. Así, por ejemplo, en los 1960, durante la Guerra Fría, la CIA ofreció al presidente Adolfo López Mateos compartir alguna información del espionaje telefónico que se proponía hacer a la embajada soviética y de paso a líderes de la izquierda –Lázaro Cárdenas, Vicente Lombardo Toledano o David Alfaro Siqueiros– a cambio de que se le permitiera introducir al país las decenas de aparatos que necesitaba para crear y operar una red de escuchas (Jefferson Morley, Our man in Mexico, U. P. of Kansas, 2008, pp. 93-94).
Gracias al trabajo de Citizen Lab, una organización canadiense de la Munk School of Global Affairs, hoy sabemos que nuestro gobierno ha espiado, con un equipo de escucha israelí y que sólo puede ser adquirido por gobiernos, al menos a dos ONG mexicanas y a un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, cuyas actividades molestan al gobierno y a la poderosa industria refresquera, corresponsable de la “epidemia de obesidad” que hoy sufre el país (Reforma, 24 de mayo; https://citizenlab.org/2017/02/bittersweet-nso-mexico-spyware/). ¿Cuántas operaciones similares están hoy en curso? Con lo enrarecido que está el ambiente político, deben ser muchas.
El negar o entorpecer el acceso de los ciudadanos a información política disponible, pero “sensible”, es una forma de restarle capacidad a la vigilancia ciudadana. Es una forma de impedir que la sociedad civil se empodere. Y un buen ejemplo de esto se encuentra en manejo actual de documentos de Gobernación depositados en el Archivo General de la Nación (AGN).
Tras la represión en Chihuahua, Guerrero y los sucesos de 1968 y 1971 en la Ciudad de México, parte de la izquierda optó por la vía armada. Para comprender mejor la forma en que el gobierno llevó a cabo la “guerra sucia” contra esa izquierda revolucionaria, una fuente imprescindible son los papeles en el AGN de la antigua y temida Dirección Federal de Seguridad (DFS), disuelta en 1985 tras haber sido penetrada por el narco.
En el 2001 y por decisión del gobierno de Vicente Fox los archivos de la DFS pasaron al AGN. Pero ese paso lo dieron también el equipo de archivistas-policías que había estado a cargo de esa información en Gobernación y luego en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). La consulta de esos documentos que contienen información sobre personas, sus actividades y las acciones del gobierno que les persiguió, nunca fue fácil. Los custodios, provenientes de una estructura policiaca, sólo dieron a los investigadores la información que ellos quisieron. Pero a partir de 2015 la naturaleza y calidad de esa información disminuyó. Los documentos ya no se pudieron consultar en la sala, tuvieron que pedirse vía la ley de transparencia, y al investigador sólo se le facilitó una copia ya muy censurada –a veces se borró hasta el nombre del presidente de la República, pese a que por la mera fecha se podía deducir– por considerarse que aún hoy se trata de información de carácter personal o sensible y, por tanto, “histórico confidencial” que debe mantenerse en reserva por un tiempo mucho mayor.
¿Cómo explicar esta reticencia gubernamental a no compartir información de un pasado supuestamente ya superado? Una posible respuesta es que ese pasado autoritario sigue sin pasar del todo. La apertura de archivos que se llevó a cabo bajo el gobierno de Vicente Fox –ese que prometió “echar a patadas al PRI de Los Pinos” y que ya no tenía nada que ocultar–, al gobierno priista que ha recuperado Los Pinos, no le gusta.
La DFS ya no existe, ya es historia, pero el espíritu de esa organización y de la política que la animó sigue vivo, porque vivo está el sistema que la creó. Por eso sigue espiando y le molesta que salgan a la luz los viejos métodos, pues quizá no son tan viejos y le restan legitimidad al gobierno de ahora.

* El autor no escribirá la próxima semana.

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El secretario de Estado, Rex Tillerson, adelantó ayer al Congreso la implementación de un “enfoque muy diferente” en la manera que Estados Unidos y México combaten a los cárteles del tráfico de drogas y a las organizaciones criminales transnacionales.
Ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el jefe de la diplomacia estadunidense dijo que los dos países se concentran ahora en la “cadena de abasto” de cómo se conducen las actividades de tráfico de drogas, trata de personas y otras actividades criminales de manera transfronteriza.
“Se trata de un esfuerzo integral que hemos tenido, que estamos promoviendo, con la cooperación de nuestras contrapartes mexicanas. Creo que van a ver un enfoque muy diferente de cómo atacamos el problema de los cárteles”, advirtió Tillerson.
El secretario de Estado respondió así a la pregunta del representante republicano por Texas, Michael McCaul, sobre si Tillerson compartía la preocupación del secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en torno al “nexo” entre las redes criminales y las redes terroristas.
McCaul, quien recientemente encabezó la delegación estadunidense a la reunión interparlamentaria México-Estados Unidos, dijo que Kelly testificó que los cárteles “comparten lazos” con redes terroristas, con la posibilidad de poder contrabandear no sólo drogas o personas sino “bombas sucias”.
Cuestionado si coincidía con Kelly, Tillerson respondió afirmativamente. “Claramente vemos estas conexiones de estas actividades con organizaciones terroristas, incluyendo el Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS)”, resaltó este día Notimex.
“Esto es parte de nuestro esfuerzo global para negar financiamiento a los terroristas”, abundó Tillerson.
McCaul agradeció las palabras del secretario de Estado y señaló que como representante de Texas está preocupado por lo que pueda llegar al hemisferio occidental, y especialmente lo que pueda ingresar a Estados Unidos a través de su frontera con México.
“Por eso es importante tener seguridad tanto en la frontera con México, como también en la frontera sur de México”, añadió el legislador.
Tillerson compareció ante el Congreso para defender la petición presupuestal del presidente Donald Trump para el año fiscal 2018, que incluye un recorte de 35% en la ayuda económica para América Latina.
El Departamento de Estado solicitó un total de mil 93 millones de dólares para la región, comparado con mil 707 millones que fueron aprobados por el Congreso en el año fiscal 2016.
Para México, la administración Trump solicitó un total de 87.6 millones de dólares para el año fiscal 2018, frente a los 160.1 millones aprobados por el legislativo estadunidense para el año fiscal 2016.
Del total de recursos solicitados para México, unos 25 millones corresponden a los Fondos de Apoyo y Económico, desglosados en 10 millones para derechos humanos, 11.5 millones para buen gobierno y 3.5 millones de dólares para la sociedad civil.
Para el rubro de Control de Narcóticos Internacionales y Aplicación de la Ley, (INCLE), la petición será de a 60 millones de dólares, de los cuales 42 millones corresponden a ayuda antidrogas, 4 millones en apoyo contra el crimen transnacional y 14 millones para estado de derecho y derechos humanos.
Aunque la petición presupuestal del año fiscal 2018 omite apoyo a México en la lucha antiterrorista, comparado con 1.6 millones en 2016, en esta ocasión solicita una cifra similar en apoyo contra las armas de destrucción masiva.

 

Un informe dado a conocer ayer por el Senado canadiense concluye que Canadá y México deberían fortalecer sus lazos, “especialmente ya que Estados Unidos señala cambios en su planteamiento a México y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”.
El informe, realizado por el comité de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Senado canadiense, señaló que el acercamiento estratégico a México, a la vez que Ottawa cultiva sus lazos con Estados Unidos, debería ser la base del plan de Canadá para gestionar sus relaciones exteriores en Norteamérica.
El comité del Senado canadiense también señaló que aunque las relaciones entre Canadá y México son profundas, todavía hay espacio para que sigan mejorando en un entorno bilateral.
El informe también constató que, gracias al TLCAN, las economías de los tres países han aumentado su productividad en un momento en el que la competencia global está creciendo.
El texto destacó que el comercio bilateral entre Canadá y México se sitúa ya en 38 mil millones de dólares canadienses al año (unos 28 mil 600 millones de dólares estadunidenses) y que la reforma del sector energético en México abre la puerta a la posibilidad de unos 50 mil millones de dólares estadounidenses en inversión extranjera.
La senadora Raynell Andreychuk, presidenta del comité que redactó el informe, señaló en un comunicado que son “conscientes de que la nueva administración estadunidense ha señalado un cambio de política en sus relaciones con México”.
“Cualquiera que sean los cambios de política que Estados Unidos pueda realizar, lo que más le interesa a Canadá es seguir manteniendo una relación estratégica con México”, añadió.
Por su parte, el senador Percy Downe, vicepresidente del comité, explicó que “la incertidumbre rodea las relaciones de Estados Unidos y México, pero Canadá entiende la importancia de mantener buenos lazos con ambos socios”.
“Canadá se ha beneficiado de 23 años de asociación comercial con México y los Estados Unidos y debería continuar su cooperación con ambos países”, dijo Downe. (EFE / Toronto).

EFE / Agencia Reforma

Ciudad de México

Los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray; Gobernación, Miguel Ángel Osorio, y Hacienda, José Antonio Meade, viajan a Miami para asistir a la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica, informó ayer la Cancillería.
Videgaray viaja este miércoles para participar en el encuentro convocado por los gobiernos de México y Estados Unidos, indicó la institución en un boletín.
La conferencia se llevará a cabo este 15 y 16 de junio y reunirá a secretarios y jefes de Estado, así como a titulares de organismos internacionales y líderes empresariales de Estados Unidos, México, Centroamérica y otros países.
Por México estarán presentes, además del canciller, los titulares de Gobernación y Hacienda, mientras que de parte de Estados Unidos acudirán el vicepresidente Michael Pence y los secretarios de Estado, Rex Tillerson; de Seguridad Nacional, John F. Kelly, y del Tesoro, Steven Mnuchin, entre otros funcionarios.
Los países centroamericanos del Triángulo Norte estarán representados por el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, y por el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz.
“Los participantes de la conferencia dialogarán durante dos días sobre oportunidades de desarrollo en materia económica en Centroamérica -en particular El Salvador, Guatemala y Honduras-, así como de estrategias para mejorar la seguridad regional”, indicó la Cancillería.
En esta reunión, México buscará aunar esfuerzos con Estados Unidos para que “el desarrollo del hemisferio sea una responsabilidad compartida y que los Gobiernos de ambos países asuman un compromiso concreto para trabajar de manera conjunta en promover el desarrollo de los países de Centroamérica”.
“El trabajo conjunto realizado por nuestro país y Estados Unidos es reflejo de la buena relación que existe entre nuestros Gobiernos y de los valores que compartimos”, añadió.
A su vez, el gobierno estadunidense también buscará implicar a México en el desarrollo de un plan económico y de seguridad para los países del Triángulo Norte, que han visto disminuir sus ayudas desde Estados Unidos en los últimos dos años, indicó la Casa Blanca.

Ven especialistas la mano de Trump en la reunión

Aunque la Conferencia para la Prosperidad y Seguridad de Centroamérica, que inicia hoy en Miami, es una iniciativa conjunta de Estados Unidos y México, especialistas consultados advirtieron que el gran organizador es el gobierno de Donald Trump y el enfoque es la seguridad.
Eric Olson, especialista del Woodrow Wilson Center, aseguró que el arquitecto del encuentro es el Secretario de Seguridad Interna, John Kelly, quien como ex dirigente del Comando Sur, tiene un interés en desalentar la migración y fortalecer las fronteras.
“El enfoque de fondo es traer a México a la mesa, comprometer a México en estos asuntos, ver cómo se desalienta la migración, pero también pone en la mesa el tema de la inversión en Centroamérica como algo importante, siempre en el contexto de desalentar la migración”, comentó.

Dijo que si bien México tiene su propio interés nacional para hacer frente a la migración centroamericana, también es un interés en común con EU, un área de colaboración donde no hay una situación de confrontación.
Señaló que poco se espera en términos de mayor inversión de recursos hacia Centroamérica.
En tanto, Tonatiuh Guillén, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, aseguró que es una conferencia muy cargada al tema de seguridad, crimen organizado y narcotráfico.
Por el contrario, dijo, México debe aprovechar el encuentro y jugar la ficha del desarrollo regional en sentido amplio, lo que pasa por visualizar su frontera sur como una oportunidad para avanzar hacia un modelo de desarrollo transfronterizo compartido.
“México ha dejado de ser un tema estrictamente de control migratorio para EU. El gran tema es Centroamérica y ahí es donde México está haciendo un rol muy eficaz en la detención del flujo centroamericano”, señaló.
“El punto es cómo plantear el tema para que deje de ser un rubro el control migratorio y se convierta en el rubro central los factores de la emigración en función de desarrollo.
“Ojalá se plantee ese giro, pero mi apuesta y preocupación es que EU está orientando todo el segundo día de la conferencia al tema más fuerte, que es el control del narcotráfico”.
Para Fernando López Antillón, abogado guatemalteco de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la conferencia es un llamado de EU a México para que además de seguir impulsando la seguridad fronteriza, invierta más en la región a través de asociaciones público-privadas.
“Pareciera que EU le está diciendo a México, ocúpate vos de Centroamérica”, mencionó. (Con información de Silvia Garduño).