Desde hace varios trienios, la población de Chilpancingo es afectada por una serie de problemas que parecen no terminar. Amén de ser una de las ciudades con los más altos índices de criminalidad –el fin de semana pasado lo evidencia–, la capital guerrerense enfrenta la perenne carencia de agua, abundancia de basura sin un sistema pertinente para su disposición, y cada vez más, un continuo desorden vial y del transporte público, sólo por listar los conflictos más visibles y que mucho interesan a la ciudadanía.
Ante este coctel de temas, hay omisiones graves de las autoridades capitalinas para resolver estructuralmente los problemas, ya que los alcaldes de los últimos años han preferido evadirlos y “llevársela de a muertito” proponiendo medidas cosméticas y dejar que el siguiente resuelva los asuntos.
Dos rasgos distinguen a los gobiernos municipales de Chilpancingo: su opacidad en el ejercicio de gobierno -todavía hoy, el ayuntamiento en funciones no transparenta nada, sólo hay que revisar la plataforma nacional y su portal electrónico para corroborarlo-; y su discrecional y centralizada manera de tomar las decisiones, una de cuyas manifestaciones es que nunca consultan realmente a los ciudadanos, más allá de sus ejercicios de simulación, para la búsqueda de soluciones reales a los problemas.
Chilpancingo ha dejado de ser desde hace varios años la ciudad tranquila que muchos escogieron para vivir, y hoy se ha convertido en uno de los sitios más riesgosos donde la calidad de vida de sus habitantes se deteriora de manera constante. Sin embargo, la respuesta ciudadana a la timoratez de las autoridades tampoco ha sido contundente y esto no cambiará mientras los habitantes de esta ciudad no se conviertan en ciudadanos y ciudadanas de “a deveras”, es decir, que exijan y ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones, lejos del clientelismo, los intereses de grupo y el paternalismo que imperan actualmente.
En esta entrega abordaremos dos de las decisiones más desafortunadas que han tomado los gobiernos de Chilpancingo y que resumen y retratan muy bien las posiciones y actitud de quienes gobiernan: el controvertido caso de los parquímetros, y la remodelación de la avenida Alemán, que extrañamente -porque había numerosas prioridades antes- propusieron el ex alcalde Mario Moreno Arcos y el actual presidente municipal Marco Antonio Leyva.
Parquímetros
El de los parquímetros es un buen ejemplo de cómo se toman las decisiones en la capital del estado: de manera discrecional, sin consultar a la ciudadanía o haciéndolo de manera simulada, sin planeación y sin atender los problemas verdaderamente importantes.
La prensa registró tpdas las inconformidades por la imposición; por ejemplo, el 22 de septiembre de 2015 los vecinos de las calles Altamirano y Alemán cerraron los vialidades para exigir al ayuntamiento que retirara los parquímetros que colocó la empresa española EYSA, de lo contrario mantendrían un bloque permanente. Pidieron que primero se solucionaran los problemas de servicios públicos, “antes de privatizar las calles de la ciudad”.
Desde el principio se ocultaron deliberadamente los documentos esenciales sobre el tema, como el acta de cabildo que dio luz verde a este proyecto, y el convenio firmado entre el ayuntamiento y la empresa proveedora del servicio. Esto lo podemos documentar porque el 12 de marzo de 2015, hace más de dos años, solicitamos al ayuntamiento la siguiente información: “Copia del acta de la sesión de cabildo en la que se aprobó la contratación de la empresa Estrategia de Movilidad Urbana SA de CV para la operación de parquímetros en Chilpancingo. Copia del contrato firmado por la empresa y el ayuntamiento relativo a los parquímetros. Copia del estudio de factibilidad para el establecimiento de parquímetros en Chilpancingo”. El ayuntamiento nunca respondió a este requerimiento y evidentemente no entregó la información; el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, organismo donde presentamos un recurso de revisión en contra del ayuntamiento, perdió el expediente, y mi derecho a la información quedó de esta manera cancelado.
El 15 de abril de este año nuevamente solicitamos los mismos documentos, y en esta ocasión sí obtuvimos una respuesta afirmativa. El acta de cabildo tiene fecha del 4 de septiembre de 2014 y en esa sesión se declaró: “se aprueba por unanimidad de votos (de los 14 ediles presentes de todos los partidos) el acuerdo mediante el cual el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, autoriza la implementación y ejecución del programa ‘Servicio de Ordenamiento y Regulación de Estacionamiento en la Vía Pública’ (…) asimismo, autoriza a los Ciudadanos Mario Moreno Arcos, Presidente Municipal; Jorge Abelardo Adame Ávila, Primer Síndico Procurador; Saenz Guadalupe Pavía Miller, Secretaria General y Jesús Manuel Urióstegui Alarcón, Secretario de Finanzas y Administración , para que de manera conjunta, suscriban el Contrato de arrendamiento con la empresa “Estrategias de Movilidad Urbana, SA de CV”’.
Ninguno de los ediles que aprobaron este acuerdo hizo preguntas de fondo ni tampoco se observan en el acta intervenciones bien sustentadas y argumentadas, especialmente tratándose de un acuerdo de esta trascendencia que rebasaría el periodo del cual eran representantes, ya que el contrato con la empresa tienen una duración de 10 años.
En esta sesión de cabildo avalaron el proyecto los ediles Mario Moreno Arcos, Jorge Abelardo Adame Ávila, Marco César Armenta Adame, Ernesto Monje Tivar, Edith Bello Nájera,, Víctor Hugo Soto Martínez, Yeni Francisca Solís Carmona, Carlos Leyva Acevedo, Teresa Robledo Rebolledo, Eduardo Adame Robles, Francisca Ramírez Jerónimo, Elizabeth Mendoza Damacio, Andrei Yasef Marmolejo Valle y Pedro Luna Evaristo.
Un contrato desventajoso
El contrato fue firmado en diciembre de 2014 y tiene por objeto arrendar durante 10 años al ayuntamiento los equipos necesarios para la implementación del programa, que en su primera etapa consideraba mil cajones de estacionamientos con la posibilidad, si el ayuntamiento así lo solicitaba, de firmar una segunda etapa de mil cajones adicionales, evidentemente pagando un sobreprecio.
De acuerdo con el contrato, por este concepto el ayuntamiento se obliga a pagar un monto de 587 mil 507 pesos y 18 centavos mensuales a la empresa, lo que equivale a poco más de 7 millones de pesos al año. Y aunque el contrato explica que si el ayuntamiento no reúne esa cantidad cada mes, no estará obligado a aportar recursos hasta alcanzar la cifra, sí se obliga a proporcionar a la empresa el dinero que se recaude de más en los meses posteriores.
Es en este punto donde hay una completa opacidad del ayuntamiento. Presentamos una solicitud de información al gobierno municipal el 15 de abril de 2017 para conocer cuánto dinero recibe mensualmente por concepto de derechos de estacionamiento, aplicación del inmovilizador e infracciones, y con esta información saber si le alcanza para cubrir el compromiso que tiene con la empresa. La respuesta fue negarnos la información, y evidentemente presentamos un recurso de revisión ante el Itaigro.
Hay dos suposiciones que se desprenden de la negativa del ayuntamiento: una es que éste no alcanza a reunir los más de 500 mil pesos que debe depositar cada mes a la empresa por la renta de los parquímetros, y tal vez sea la más probable por la ineficiencia que se observa al encontrarse en las calles autos en doble fila, o que no tienen boletos de pago en sitios donde hay parquímetros. Y la segunda es que el ayuntamiento reciba excedentes y éste no tiene el propósito de transparentar a qué los destina.
En cualquiera de los dos casos, hay un déficit muy grave de información del ayuntamiento. No sólo se impuso un proyecto -sin duda, útil a la ciudad si se realizara bien y a la vista de todos- sin consensarlo con los ciudadanos, sino que su operación se realiza con total falta de transparencia. Nadie sabe de las finanzas del proyecto de parquímetros.
Hay una cláusula del contrato que estipula que si el ayuntamiento rescinde anticipadamente el contrato “deberá cubrir el o los montos de las rentas acumuladas que resten para la cuulminación de la vigencia de este Contrato, así como como las rentas ya vencidas que se encuentren pendientes de cubrir.” Lo anterior significa que el ayuntamiento de Chilpancingo se encuentra “apergollado” con la obligación de pagar a la empresa hasta diciembre de 2024.
La avenida Alemán
Hay una obra reciente en la ciudad que nadie sabe de dónde salió porque no fue una demanda ciudadana; tampoco era prioritaria e incluso los comerciantes y habitantes vecinos se incoformaron por la falta de planeación y el largo tiempo que empleó la constructora en realizarla.
Se trata de la remodelación de la avenida Miguel Alemán, desde la glorieta Unidos por Guerrero hasta la calle Colón, al inicio de la explanada Primer Congreso de Anáhuac, obra que nunca fue explicada ni consensuada con los vecinos y comerciantes del lugar, por lo que se convirtió en otro de los proyectos que son impuestos a los capitalinos con golpes de autoridad.
De acuerdo con testimonios que abundan en la prensa, el alcalde Marco Antonio Leyva fue emplazado a presentarse para exponer el proyecto, pero siempre envió a sus subordinados. Los vecinos “reprocharon que el municipio no los haya convocado para presentarles y explicarles el proyecto con una maqueta, sino que de un día para otro llegaron las máquinas y trabajadores e iniciaron la obra”, señala una nota de El Sur del 2 de noviembre de 2016.
Algunos de los puntos que señalaban los inconformes fueron la ampliación de las banquetas, la reducción de los carriles para circular, y la falta de opciones de estacionamiento den la avenida. Pero lo que más irritó fue que la conclusión de la obra se prolongó durante varios meses y todavía en febrero de este año quedaban pendientes la instalación de lámparas, botes de basura, banquetas y árboles de ornato.
Por medio de una solicitud de información, se pidió al ayuntamiento el contrato con la empresa constructora y la información nos la entregaron en el plazo que establece la ley. Con recursos que provienen del fondo de fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal (Fortalece), el contrato se firmó con Javier Abarca Castillo por un monto de 9 millones 828 mil 675 pesos, para realizar trabajos de pavimentos, guarniciones, banquetas, electrificación, obra civil, demolición y excavación, alumbrado público, mobiliario urbano, áreas verdes y alcantarillado.
Esta persona física se asoció, para comprobar que tenía capacidad suficiente para contratar y comprometerse a la ejecución de los trabajos, con la empresa Reyes Abarca y Asociados SA de CV, la cual fue constituida el 27 de junio de 2016, es decir, muy pocos días antes de que fuera licitada la obra; de hecho, todo indica que dicha empresa se creó para realizar este proyecto.
Una de las cláusulas señala que el contratista tenía un periodo de 125 días naturales para concluir la obra, es decir, del 29 de agosto al 31 de diciembre de 2016. Sin embargo, la tardanza para concluir los trabajos fue uno de los cuestionamientos más fuertes en contra del alcalde Marco Antonio Leyva, ya que en todo momentos los comerciantes del lugar urgieron la terminación de la obra porque estaban afectando la venta de sus productos y servicios de manera significativa.
Cabe señalar que también solicitamos “Copia del convenio firmado por el ayuntamiento de Chilpancingo del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura estatal y municipal” y nos negaron el documento.
El Fortalece es uno de los fondos del Ramo 23 destinado a generar infraestructura, principalmente en los rubros de pavimentaciones de calles, avenidas y mantenimiento de vías; alumbrado público, drenaje y alcantarillado, construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; y construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte.
De acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación del ejercicio 2016, al Fortalece se le asignaron 9,948.7 millones de pesos, de los que 75 por ciento se destinaron a municipios. En total se beneficiaron ese año 1,063 municipios, entre ellos Chilpancingo.
El ayuntamiento de la capital gastó recursos Fortalece por un monto de 18 millones 108 mil pesos en dos obras: la ya mencionada remodelación de la avenida Alemán, y en la cosntrucción de una cancha de futbol, alberca y muro de contención de la Unidad deportiva de Jaleaca de Catalán.
