Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

A petición de la PGR, la Secretaría de Economía aseguró la documentación oficial de la naviera Barcos Caribe, cuyos socios son presuntos prestanombres de Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo.
La medida, de acuerdo con medios locales, pretende evitar que sean modificados los socios accionistas, que se disuelva la sociedad o se modifiquen las condiciones de constitución de la empresa.
La naviera, cuya razón social es Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A de C.V, fue constituida el 22 de junio de 2012 por César Celso González Hermosillo y Melgarejo, quien ha sido abogado de la familia Borge desde la década de los 90.
También participa en su operación María de Lourdes Pinelo Nieto, quien es secretaria de Roberto Borge Martín, padre del ex gobernante.
Reforma publicó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) investiga a los dueños de la naviera por participar en una presunta red de lavado de dinero operada por Borge.
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) también investiga a la empresa por ocultar la operación de compra-venta de cinco embarcaciones, presuntamente realizada con recursos del Gobierno de Quintana Roo.
El jueves, un juez del Estado de México libró el mandato de captura contra Borge, Pinelo Nieto y González Hermosillo, por el delito de lavado de dinero con base en la carpeta de investigación UEIORPIFAM-QR/0000749/2016, consignada por la SEIDO.
Tras darse a conocer la orden de aprehensión, el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, celebró en su cuenta de Twitter el avance en la denuncia y la investigación.

Demandan acciones contra grupo de Borge

La orden de aprehensión girada en contra del ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, abre la puerta a castigar a quienes desviaron recursos del estado por años, dijo el presidente del Congreso en la entidad, Eduardo Martínez Arcila.
“Mientras en Chihuahua se apresuraron a abrir procesos contra el ex gobernador y en Veracruz se investigó hasta detener a Javier Duarte fuera del país, en Quintana Roo no había pasado nada. Ahora esperamos que estás órdenes de aprehensión giradas contra funcionarios de la administración pasada se concreten. Tendrán que pagar por el saqueo contra el estado”, expuso.
Martínez Arcila dijo a Grupo Reforma que desde el año pasado se citó a comparecer a ex funcionarios de Borge por las irregularidades detectadas y desde esa fecha, diciembre de 2016, quedaron evidenciadas las acciones y omisiones en que incurrieron en hecho como la venta de la reserva territorial del Estado a precio irrisorios.
El legislador del PAN advirtió que, aunque la orden de aprehensión se da a conocer a horas de un importante proceso electoral, no se debe pretender lucrar políticamente con la aplicación de la Ley.
“Desde hace mucho tiempo se sabe de las tropelías de este grupo político. Ha sido muy lento el avance federal en estas investigaciones. En Quintana Roo esperamos que verdaderamente se cristalice la aplicación de la justicia y que, como fichas de dominó, vayan cayendo todos los que han saqueado a nuestro estado”, exigió el diputado.

 

El domicilio de la empresa regia ligada a Luis Carlos Castillo Cervantes, “El Rey de los Dragones”, que vendió con sobrecosto al Gobierno de Coahuila autobuses escolares que simularon donar a municipios, es una casa en renta en un sector residencial que lleva más de un año desocupada.
Según el contrato firmado en la gestión del ex Gobernador priista Humberto Moreira y facturas expedidas por la venta de 23 camiones, la empresa Insumos y Maquinaria S.A. de C.V. tiene su domicilio en la Calle Guiseppe Verdi, en la Colonia Colinas de San Jerónimo, en Monterrey.
Sin embargo, al acudir a dicha dirección se constató que se trata de una casa de tres pisos que lleva más de un año vacía y cuyos vecinos y encargados del lugar desconocen a la empresa.
“No conozco esa empresa, ésta es una casa particular que está en renta y tiene más de un año desocupada”, señaló la encargada de la limpieza y mantenimiento del inmueble.
Mientras que la mujer destacó que la dueña de la finca, localizada en una zona de alta plusvalía en la capital de Nuevo León, es de la tercera edad y no tiene empresas, vecinos señalaron que solo ha sido habitada por familias o estudiantes, no por negocios.
Reforma publicó que Castillo Cervantes fue denunciado en México ante la PGR por importar de Estados Unidos autobuses escolares que serían donados a municipios de Coahuila, pero en realidad fueron vendidos con sobrecosto al Gobierno estatal. (Juan Carlos Rodríguez y Verónica Ayala / Agencia Reforma / Monterrey).

 

Staff / Agencia Reforma

Ciudad de México

Germán Tenorio Vasconcelos, titular de los Servicios de Salud de Oaxaca durante el Gobierno de Gabino Cué, fue detenido ayer en Jalisco bajo acusaciones de abuso de autoridad y desvío de recursos en obras de infraestructura.
En un comunicado divulgado en su página de Twitter, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca informó que las órdenes de aprehensión fueron libradas por el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro.
“El ahora detenido fue trasladado a la ciudad de Oaxaca para ser puesto de inmediato a disposición de la autoridad judicial que lo requiere”, detalló.
Tenorio Vasconcelos estuvo al frente de los Servicios de Salud de Oaxaca desde el 1 de diciembre de 2010 al 11 de junio de 2015.
El Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, señaló en rueda de prensa que los delitos imputados al ex colaborador de Cué están “debidamente comprobados”.
“En los hechos que llevaron a la FGE a ejercitar la acción penal, y que consideramos que están debidamente comprobados, fueron afectados diversos municipios que esperaban que se les suministraran servicios públicos relacionados con el derecho a la salud de los pobladores.
“Mismo que no ocurrió incumpliéndose por parte del servidor público responsable el deber de realizar sus funciones debidamente como garante que era de la correcta administración de los servicios de salud pública en la entidad”, detalló.
El Secretario de la Contraloría, José Ángel Díaz Navarro, señaló en la misma rueda de prensa que desde el inicio del Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa se hizo una revisión en todas las dependencias.
“Se revisó la totalidad de los programas y en el caso de los Servicios de Salud del estado se detectaron expedientes sobre dotación de infraestructura sanitaria en las regiones más marginadas.
“Se advirtió que estas acciones no fueron realizadas y que dichas contrataciones ser realizaron de manera irregular tanto en su procedimiento administrativo como en los límites del marco legal aplicable”, precisó.
Díaz Navarro explicó que al querer aplicar las fianzas requeridas por las autoridades se detectó que se presentaron documentos falsos.
“Estas irregularidades no hubieran ocurrido sin la participación a través de de conductas omisas del ex funcionario ahora detenido que tenía la obligación legal de vigilarlas”, aclaró.
El funcionario sostuvo que las conductas descritas defraudaron al estado, provocaron el desvío de recursos y afectaron la infraestructura sanitaria.

 

La dirigencia del sindicato ferrocarrilero, que encabeza Víctor Flores Morales, se resiste a que se publiquen datos sobre el fideicomiso que paga el seguro de vida de los trabajadores jubilados.
Un juez federal suspendió el 19 de mayo una orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para difundir cómo se invirtieron 346 millones de pesos que el Gobierno aportó en el año 2000 para crear el fideicomiso STFRMJUB 11817, instituido en Nacional Financiera.
Alfonso Flores Padilla, juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, suspendió provisionalmente la orden del INAI como parte de un amparo promovido por el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).
La aportación inicial, de 346 millones de pesos, derivó del convenio por el cual el Gobierno asumió la responsabilidad de seguir pagando, durante el proceso de liquidación de Ferronales, las jubilaciones de casi 56 mil trabajadores ferrocarrileros, de los que actualmente sobreviven alrededor de la mitad. (Víctor Fuentes / Agencia Reforma / Ciudad de México).

El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, expresó su preocupación por el nombramiento del teniente Julián Leyzaola como asesor operativo de seguridad pública del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.
En un oficio dirigido al presidente municipal Remberto Estrada, recordó que el teniente enfrenta cuatro denuncias por violación a derechos humanos cuando fue servidor público.
La conclusión determinante de la existencia de violaciones fue plasmada en dos recomendaciones de la CNDH, que hacen referencia a detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza, privación ilegal de la libertad, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
“La seguridad pública debe ser garantizada a todas las personas, pero no se logra violentando los derechos humanos, no es la arbitrariedad la que debe reinar para mantener el orden, pues esa es característica de los estados despóticos y autoritarios”, escribió el Ombudsman en el oficio.
“El uso irracional de la fuerza pública es el que genera actos como los narrados en las recomendaciones citadas, donde el Estado lejos de generar confianza en sus instituciones, siembra desconciertos y resentimientos en la población”.
De acuerdo con la CNDH, existe una averiguación previa ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California referente a cuando Leyzaola se desempeñó como Secretario de Seguridad Pública del municipio de Tijuana.
La Recomendación 87/2011 tiene como origen hechos ocurridos en marzo de 2009, cuando se privó de la libertad, en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tijuana, a 2 civiles y 23 policías municipales.
También se abrió una averiguación previa ante la Procuraduría General de la República (PGR), una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y otra denuncia administrativa ante la Dirección de Asuntos Internos del Ayuntamiento de Ciudad Juárez.
En estos casos, la Recomendación 12/2015 surgió por hechos ocurridos en abril de 2012, cuando 6 policías de Juárez realizaron actos de detención arbitraria y uso excesivo de la fuerza en agravio de 5 personas, de las cuales 4 fallecieron como consecuencia de ejecución arbitraria con disparo de arma de fuego y una logró sobrevivir.
El titular de la CNDH urgió a que se tomen las providencias necesarias para evitar violaciones de derechos humanos en el marco de la seguridad pública. (Staff / Agencia Reforma /?Ciudad de México).

Staff / Agencia Reforma

Chihuahua

Seis muertos y 22 heridos es el saldo de un ataque registrado la madrugada del sábado en un bar de la Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) en la zona occidente.
De acuerdo con la investigación, testigos indicaron que al sitio llegó un vehículo y descendió un hombre encapuchado, quien accionó un “cuerno de chivo” sin distinción en contra de quienes se encontraban en el establecimiento denominado “Chicho’s”, minutos antes de la 1:00 horas, tiempo local.
“De acuerdo con la versión de testigos, un sujeto encapuchado llegó al establecimiento en un automóvil tipo Malibu, color dorado. Ingresó portando un arma de fuego conocidas como ‘cuerno de chivo’ y disparó indistintamente en contra de quienes ahí se encontraban”, comunicó la FGE.
El bar se ubica en las calles Miguel Hidalgo y Segunda, en el Centro de Cuauhtémoc, localizada a unos 104 kilómetros de la capital del Estado. En el lugar fueron asegurados casquillos percutidos de calibre 7.62 x 39.
Las seis personas fallecidas fueron identificadas como Carlos Iván M.R., maestro de 26 años; Johana Karely G.M., empleada de un puesto de comida de 20 años, y Cinthia Karina B. P, ama de casa de 22 años.
También murieron en el lugar Jesús Antonio V. R. de 22 años, trabajador en campos menonitas; Javier Noé S. M de 29 años, desempleado, y Joel Trinidad M. G de 30 años, quien laboraba en un laboratorio.
A su vez, las 22 personas heridas, seis mujeres y 16 hombres, fueron trasladadas a diversos hospitales.
Por lo pronto, la FGE anunció que fortalecerá el mando único en el municipio de Cuauhtémoc con la suma de 50 agentes de la Policía Estatal, quienes efectuarán labores de patrullaje, vigilancia y prevención en las diferentes calles de la ciudad.
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, indicó que el ataque al bar fue una respuesta a los operativos que realiza su Administración contra la criminalidad.
“El ataque se enmarca como respuesta a los operativos de seguridad contra el crimen organizado que hemos llevado a cabo en el estado”, indicó Corral en un posicionamiento.
En el documento, el mandatario panista expuso que la sociedad está de luto.
“México atraviesa un momento grave de deterioro moral y ético. La descomposición social ha alcanzado niveles insospechados que se reflejan en cobardes ataques como el realizado en la madrugada del 3 de junio en un bar del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua”, estableció.
Corral afirmó que la Fiscalía General trabaja coordinadamente con otras instancias municipales y federales para localizar a estos sujetos y juzgarlos con el rigor de la ley.
“El Gobierno del Estado de Chihuahua reitera que no permitirá la impunidad en crímenes de este tipo o de cualquier otra naturaleza”, aseguró.

Investigan en ataque comercio de drogas

“El narcomenudeo es una línea de investigación que se tiene en torno al ataque armado en el bar; ya que de acuerdo a las indagatorias, ese lugar era un centro de distribución de droga”, declaró Óscar Aparicio Avendaño, director de la Policía Estatal Única.
Aparicio señaló que también en la madrugada, elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Mixtas, conformadas por elementos estatales y militares, acudieron a atender un reporte de personas armadas en el seccional Álvaro Obregón, ubicado en el municipio de Cuauhtémoc, cuya situación, agregó, fue aprovechada por el agresor del bar.
Horas después de la masacre, apareció una manta en la Colonia Tierra y Libertad, cuyo contenido no fue difundido por las autoridades, pero trascendió que a través de ella un grupo criminal se deslindaba del multihomicidio.
Las autoridades exhortaron a no alertarse ante contenidos que, dijeron, carecen de veracidad.
“No descansaremos hasta encontrar a los responsables y llevar justicia a las familias de las víctimas. Se instruyó a la Policía Estatal y Municipal para que realicen todas las investigaciones y se pide a la ciudadanía su colaboración”, manifestó a su vez el Fiscal General, César Augusto Peniche.

 

Autoridades de Chihuahua vincularon a proceso a Carlos Alberto D.G., director de la Policía Municipal de Ahumada, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público, al no brindar auxilio a agentes de la Fiscalía General del Estado cuando fueron atacados a balazos en la comandancia.
Tras una prolongada audiencia registrada el viernes, un Juez de Control procesó penalmente al mando policiaco y fijó un plazo de mes y medio para el cierre de la investigación.
En los hechos registrados la noche del 25 de mayo pasado, un elemento de la FGE, identificado como Édgar Mariano Rojas Duarte, murió y tres más resultaron heridos.
De acuerdo con la FGE, al menos 20 sujetos fuertemente armados atacaron las instalaciones de la FGE en Ahumada, donde el director de la Policía Municipal omitió brindar apoyo a los elementos investigadores luego de tener conocimiento mediante el botón de pánico de que eran agredidos.
La FGE detalló que tras la balacera se aseguraron mil 80 casquillos percutidos.
Además, se realizó otra audiencia de vinculación a proceso penal tanto para el director como para el subdirector de la corporación, identificado como Guillermo C., por los delitos de posesión y custodia de vehículo con reporte de robo, por lo que les dictaron prisión preventiva.
El Juez de Control fijó 25 días para cerrar la investigación complementaria.
En la carpeta de investigación quedó asentado que el director y el coordinador tripulaban una camioneta Pick up color negro con placas EE00097, la cual fue robada el 20 de octubre de 2016.
La detención ocurrió cuando agentes de la Policía Estatal Única (PEU) realizaban un operativo en las calles de Ahumada, donde ubicaron a los sujetos a bordo de la unidad. (Staff / Agencia Reforma / Chihuahua).

 

Iris Velázquez / Agencia Reforma

Ciudad de México

Cinco personas muertas, cuatro mujeres y una menor, además de un hombre baleado, fue el saldo de un ataque armado en el Paraje Tres Cruces, en San Juan Mixtepec, Oaxaca.
Alrededor de las 6:00 horas, sobre la carretera de San Juan Mixtepec a Tlaxiaco, cinco pasajeras y un chofer viajaban en una camioneta Nissan, placas RX 40532, que fue baleada en al menos 51 ocasiones.
Luego del ataque, los cuerpos calcinados de cuatro mujeres fueron hallados en el interior del vehículo, y una más murió al ser trasladada al hospital de Tlaxiaco; el chofer se reportaba como grave.
Las víctimas fueron identificadas como Anahí Cruz Ramírez, de 11 años; Julia Ramírez Salazar, de 58 años; Emiliana Hernández Hernández, de 55 años; Nazaria Juana Ramírez Gabriel, de 70 años, y María Bautista, de 53.
De acuerdo con el reporte, en el sitio fue localizada otra camioneta, tipo Ford, placas RW 78240, totalmente quemada, de la que presuntamente tres personas lograron escapar.
Autoridades municipales y pobladores de la comunidad de San Juan Mixtepec atribuyeron el ataque a Antorcha Campesina.
A través de un comunicado, firmado por Antonio Gómez Bautista, presidente municipal, e Hilario Ramos, comisariado de bienes comunales, señalaron a este grupo como el responsable de las cinco muertes.
La dirigencia nacional de Antorcha Campesina se deslindó del ataque.
Gabriel Hernández García, líder de Antorcha en Oaxaca, pidió al edil comprobar sus dichos y señaló agresiones a sus agremiados.

A punto de ser linchados

Habitantes y vecinos de la zona aledaña al Fraccionamiento El Rosario, en el municipio de San Sebastián Tutla, golpearon y desnudaron a dos jóvenes que fueron acusados del secuestro de un menor de 14 años de edad.
De acuerdo con los primeros reportes, los hombres fueron confundidos, ya que en realidad se trata de estudiantes universitarios, y así se identificaron luego de la agresión.
Finalmente, los jóvenes pudieron ser rescatados por las corporaciones de auxilio.

 

Ángel Ramos / Agencia Reforma

Monterrey

Tras dos explosiones ocurridas durante la ordeña de gasolina en un ducto de Pemex, un presunto delincuente y un bombero resultaron heridos de gravedad, en Los Ramones.
La toma clandestina estaba en una zona despoblada, cerca del kilómetro 71 de la Carretera libre a Reynosa.
Protección Civil del Estado reportó que, a la 1:00 de la madrugada, una mala maniobra por parte de los hombres que hacían la ordeña provocó que explotara un camión con unos nueve contenedores de mil litros.
El fuego consumió unos 400 metros de matorral alrededor del camión y las llamas alcanzaron los 50 metros de altura.
Un hombre que presuntamente participaba en la ordeña resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 95 por ciento del cuerpo.
El sospechoso, identificado como Raúl González Cantú, de 54 años, fue encontrado cerca de las 2:00 horas deambulando desnudo en Los Ramones. Se cree que sus cómplices lo abandonaron allí para que pidiera ayuda.
Anoche, González era reportado como grave en el Hospital Universitario.
A la 1:30 horas, una segunda explosión lesionó a dos elementos de Bomberos de Cadereyta que apoyaban en las labores.
Uno de ellos fue dado de alta horas después, mientras que José Guillermo Iracheta Ortiz fue reportado como delicado, también en el Universitario, pues presenta quemaduras en las vías respiratorias.
En el estado, se trata del tercer accidente en lo que va del año relacionado con ordeña de combustible.

 

De las 15 veces que le dispararon a Humberto, seis tiros fueron los certeros.
El hombre fue ejecutado cerca de la bodega del negocio de su familia, en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, Delegación Cuauhtémoc.
Alrededor de las 14:50 horas, el hijo mayor de Don Beto llegó en un automóvil Corvette amarillo con negro a la calle de Granados, entre Caruso y Florencio Constantino, a un almacén donde guardan ropa y otros materiales para vender, de acuerdo con vecinos de la zona.
Al bajarse de su vehículo, varios sujetos que lo venían siguiendo se le acercaron y lo amenazaron con armas de fuego.
Luego le dispararon en varias ocasiones para huir sin llevarse sus pertenencias, informaron testigos. (Agencia Reforma /?CDMX).