Detiene la nueva autodefensa a un agente de PGR y un civil que extorsionaban; se los llevan militares

O. P. del Centro de Operaciones Estratégicas de Iguala y su acompañante José Gustavo fueron los aprehendidos en Plan de Liebres a la una de la tarde. Fueron entregados casi a las 7 de la noche en medio de gritos de rechazo de los pobladores

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La autodefensa que se constituyó el domingo pasado en nueve pueblos de Eduardo Neri (Zumpango) y en uno de Tepecoacuilco, detuvo en Plan de Liebres, Eduardo Neri (Zumpango), a un agente de la Procuraduría General de la República (PGR) y a un civil que no pudo acreditarse como agente de esa corporación.
La detención ocurrió cuando el agente de la PGR y su acompañante presuntamente extorsionaban a una comerciante de esa localidad que está a orillas de la carretera federal, en la carretera a unos 5 kilómetros de Mezcala, y a 40 minutos de Chilpancingo, la capital del estado, en vehículo.
Los policías comunitarios de esa autodefensa trasladaron a los detenidos a la comisaría municipal de Mezcala, en donde se tensó la situación debido a que algunos ciudadanos pedían que fuera el pueblo, los ciudadanos, quienes hicieran justicia. Los activistas dijeron que si los entregaban a la autoridad serían liberados de inmediato y que regresarían a ejercer represalias, como ha ocurrido en situaciones anteriores.
El agente O. P. adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de Iguala y el civil José Gustavo fueron detenidos aproximadamente a la una de la tarde y entregados a mandos del Ejército a las 7 de la noche, en medio de la inconformidad de aproximadamente 300 pobladores que pedían al comisario Leonardo Avalos que no los entregara, porque serían liberados de inmediato.
Los dos detenidos se trasladaban en una camioneta Pick Up blanca doble cabina, placas HE-95-171, sin logotipo o sin insignias oficiales.  Portaban un rifle de asalto AR-15 y una pistola calibre 9 milímetros. Los nuevos policías comunitarios les encontraron tres cargadores abastecidos para esa arma larga y cuatro para la pistola.
También seis celulares, 8 mil 500 pesos en efectivo y cinco dólares en billetes americanos.
En la camioneta había un paquete de documentación oficial en folders. El oficio que estaba encima decía: Informe de investigación. Unidad Administrativa. Policía Federal Ministerial.

La Policía Federal en la zona

El  Informe de investigación. Unidad Administrativa. Policía Federal Ministerial va dirigido a Alejandra García Mellado, agente del Ministerio Público de la federación, en apoyo de la mesa uno del sistema tradicional, y lo firma el suboficial de la Policía Federal Ministerial, Javier Reyes Ramos.
Ese oficio es una comisión del agente para una investigación de campo en la comunidad de Santiago Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, en contra de un vecino de esa localidad.
Los pobladores dicen que los dos agentes que fueron encontrados in fraganti por policías comunitarios, recibieron el reporte de que estaban cobrando cuota a una comerciante de Plan de Liebres.
Uno de los policías comunitarios contó que al llegar a una tienda vio que se mantenía sometida a la propietaria de la tienda, apuntándole con una pistola. El segundo estaba atrás de la casa, aparentemente resguardando el área.
Sin embargo, el agente de la PGR dijo que fue a la tienda a comprar refrescos y su acompañante aseguró que fue a orinar atrás de la casa, pero el comunitario que encabezó la operación dijo que los encontraron extorsionando a la dueña de la tienda.
“No te hagas pendejo, yo te vi cuando tenías así, hincada a la señora y apuntándole con el arma”, dijo en la acusación frente al agente de la PGR a los policías comunitarios y pobladores, que los mantenían rodeados en la explanada de la comisaría de Mezcala.
Los policías comunitarios esposaron a los detenidos con las manos hacia atrás y los pobladores los obligaron a permanecer hincados hasta que llegó el oficial J.A.Aburto R. de la Policía Federal de Caminos (PFC) quien pidió que les permitieran sentarse o pararse para que no se violentaran sus derechos humanos.
Frente a ellos estaban las armas, los cargadores abastecidos, el dinero, -según los pobladores producto de las extorsiones cobradas- y todo lo que les habían encontrado al momento de su detención.
Alrededor de los acusados también había un pueblo embravecido que pedía al comisario que no los entregara y que dejara que fueran castigados en el propio pueblo, “si los entrega los van a dejar libres de inmediato a van a regresar a seguir haciendo sus chingaderas, y entonces quien sabe cómo nos vaya a nosotros”, dijo uno ciudadano que miraba retador a los detenidos.
Después de que llegó el oficial de la Policía Federal de Caminos, entró también el jefe del agente de la PGR, quien nunca se identificó. En la calle se estacionó una camioneta con varios agentes que lo acompañaban y de inmediato los policías comunitarios salieron con intención de neutralizarlos, pero éstos subieron los cristales de la camioneta y su superior explicó a los comunitarios que lo acompañaban y pidió am los agentes que se retiraran del lugar.
Otro momento de tensión se vivió cuando arribó al lugar el fiscal de Homicidios de la Fiscalía General del Estado (FGE), Esteban Maldonado, él era acompañado por agentes ministeriales en al menos cuatro patrullas.
A ninguno de ellos accedieron los pobladores a entregarles a los detenidos, a pesar de que ofrecieron que los entregarían al Ministerio Público y pidieron que acudiera la familia agraviada a presentar la denuncia para que se integrara la carpeta de investigación. Los ciudadanos insistieron que solamente se los entregarían al Ejército.

Acusan vecinos al Ejército de proteger a delincuentes

Después de las 4 de la tarde llegaron soldados del 27 Batallón de Iguala, pero los habitantes también se negaron a entregárselos. A ellos los acusaron de proteger a la delincuencia organizada que opera en Mezcala y en Carrizalillo, y les dijeron “ustedes y ellos (los acusados) son lo mismo”.
Casi a las 6 de la tarde llegaron nuevos militares, éstos encabezados por el capitán del 50 Batallón de Chilpancingo, Javier Oropeza Ríos, con quien las autoridades locales encabezadas por el comisario Abalos, accedieron a entregarles a los detenidos, pero los pobladores todavía se oponían porque insistieron que no había garantías de que serían puestos a disposición de las autoridades para que fueran investigados y sancionados.
Tras una improvisada asamblea los representantes del pueblo convencieron a los ciudadanos de que los detenidos debían ser entregados, “queremos hacer las cosas bien, apenas surgimos como policía comunitaria el domingo y ya tenemos buenos resultados, no podemos echar a perder lo ganado en pocos días”, expuso el comisario.

Un coronel prepotente y la libertad de los dos detenidos

Los dos detenidos fueron entregados casi a las 7 de la noche, en medio de gritos de rechazo de los pobladores. Incluso impidieron que la camioneta y las demás pertenencias que les encontraron a los detenidos fueran entregadas al superior del agente de la PGR que pretendía hacerse cargo de ellas, exigieron a gritos que fueran entregadas a los militares y que la camioneta se la llevaran los soldados.
También impidieron que los dos detenidos salieran del pueblo a bordo de la patrulla del oficial Aburto. A gritos exigieron al jefe policiaco que los bajara para que se subieran a una patrulla del Ejército.
En ese momento estuvo a punto de echarse a perder lo negociado debido a la imprudencia de un coronel que no fue identificado por su nombre, cuando éste de manera prepotente gritó a uno de los ciudadanos exigía a gritos que los detenidos se los llevaran los soldados, “ya cállate loco, tú estás loco”, le dijo el militar y de inmediato decenas de lugareños rodearon la patrulla de la PFC y otra de los militares, hasta que los acusados subieron a las camionetas de los soldados”.
Los pobladores y sus autoridades convinieron que después acudirá la comerciante víctima de extorsión por O. P. y José Gustavo.