El Congreso local, sin el PRD, votó ayer por mayoría en contra de la reserva presentada por MC de sancionar a los partidos políticos que registren a candidatos que reciban recursos de la delincuencia organizada en procesos electorales y aprobó una reforma a la legislación electoral mediante la cual los partidos que quieren presentar candidaturas comunes para el proceso electoral del 2018 sólo lo podrá hacer en el 33 por ciento de los 81 ayuntamientos y de los 28 distritos electorales.
Esto, como parte de las reformas a la legislación electoral local.
A la sesión extraordinaria no asistieron los diputados del PRD y los dos independientes que eran del PT, porque se inconformaron por la reforma que se iba a aprobar para limitar las candidaturas comunes.
Por eso sólo el PRI, PVEM y PAN aprobaron las reformas en materia electoral. En el caso de las candidaturas comunes, es la más utilizada por los partidos de izquierda para presentar a un candidato en conjunto.
Las sesiones extraordinarias que el Congreso local realizó ayer, fueron para cumplir de ultima hora las reformas en materia electoral, antes de los 90 días que establece la ley previos al inicio del proceso electoral.
Los diputados del PRI, PVEM y el PAN rechazaron dos veces la propuesta de reforma que presentó MC para impedir o sancionar que candidatos o partidos políticos reciban en procesos electorales recursos ilícitos provenientes de la delincuencia organizada.
Incluso la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Flor Añorve Ocampo, se burló desde su curul con ademanes, risas y gestos del diputado Silvano Blanco de Aquino cuando insistió en tribuna la necesidad de que su propuesta se incluyera y reprochó que su iniciativa la presentó desde hace meses no fue considerada, pero sí dictaminaron de manera inmediata las enviadas por el gobernador Héctor Astudillo Flores.
Silvano Blanco insistió en tribuna que es necesario poner candados a la ley para que el dinero del crimen organizado no se infiltre en el proceso electoral y que así se evite el incremento de la violencia en el estado.
Reiteró que cuando hablan de recurso de procedencia ilícita, principalmente se refieren “a los halcones que tiene la delincuencia organizada, porque se vuelven promotores del voto  y movilizadores (de electores) el día de la jornada electoral, entonces también participan aportando recursos, humanos, recursos materiales, vehículos”.
Con la intromisión de la delincuencia organizada y que sean los grupos criminales quienes presenten o ayuden a candidatos “al final de cuentas los resultados son los que estamos viviendo en el estado de Guerrero; es decir, que hay alcaldes que están imposibilitados para actuar derivado de este acuerdo político que hicieron con la delincuencia organizada. Permiten que hagan lo que quieran, que extorsionen, secuestren, que asesinen en sus municipios”, dijo Silvano Blanco.

No se consultaron las reformas

Por su parte, la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, justificó su voto en contra de las reformas aprobadas ayer, porque dijo que “exhiben el puro interés del partido en el poder, no comparto las decisiones unilaterales del Ejecutivo ni los planchados en el Congreso”.
Recriminó que a muchos políticos se les olvida el origen del cargo “y simplemente acatan órdenes”.
Dijo en tribuna que los dictámenes con proyecto de ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral al igual que el de Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, “jamás se circularon, son documentos que desconozco, que no he visto, que no he analizado y que me imposibilita a votar, pero no por eso dejaría de asistir a esta sesión para ejercer mi responsabilidad como representante popular”.
Por su parte el coordinador de los diputados de MC Ricardo Mejía Berdeja, calificó como un “retroceso grave, regresión” la reforma aprobada ayer por la que se establece la limitante para que las candidaturas comunes de los partidos sólo se puedan realizar en el 33 por ciento de los 81 ayuntamientos y en el mismo porcentaje para las diputaciones locales. Con eso, consideró que se viola el derecho de asociación de los partidos políticos y su derecho para registrar candidatos, lo que adelantó será motivo de una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “la reforma no resiste una impugnación”, adelantó Mejía Berdeja.
Pero también dijo en tribuna que la reforma tiene dedicatoria para los partidos de izquierda a los que pretende afectar en su organización en el proceso electoral de 2018.
De la reforma en el sistema de medios de impugnación electoral la consideró adecuada porque es ocioso que, en el sistema electoral la parte de litigio tenga dos instancias, un juicio y un recurso de reconsideración y a su vez el derecho de recurrir al Tribunal Electoral mediante el juicio de revisión constitucional.
Eso demerita de la expedientes, porque se pierde el tiempo en dos instancias que “no son necesarias”.
Entre las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado se aprobó prorrogar la vigencia y elección del diputado migrante o binacional hasta el año 2021.
Ayer, el periodo extraordinario se desarrolló de dos sesiones, en las que la Comisión de Justicia presentó un dictamen de dos iniciativas de reforma a dicha ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, en las que el diputado Eusebio González Rodríguez y la Junta de Coordinación Política, argumentaron que no sólo armonizar la legislación secundaria con los ordenamientos federales, sino “mejorar y perfeccionar la democracia representativa con una mayor apertura ciudadana”.
En la argumentación la Comisión estableció que los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas comunes para la elección de gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos, y para eso deberán presentar al Instituto electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) una solicitud firmada por sus representantes y dirigentes, a más tardar 30 días antes del inicio del periodo de precampaña de la elección de que se trate.
Además, no se podrá participar en más del 33 por ciento de los municipios o distritos, tratándose de la elección de integrantes de ayuntamientos y diputados.
También deberán especificar las aportaciones en porcentajes de cada uno de los partidos políticos para gastos de la campaña, conforme a los topes de gastos determinados por el Consejo General del IEPC, y para las elecciones de diputados y miembros de los ayuntamientos, determinar el partido político al que pertenecen los candidatos en caso de resultar electos.

Antes de que se diera a conocer el despido de 176 policías del estado, el gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo que en ningún cuerpo del país se pagan los salarios como en Guerrero que están entre los mejores gracias a prestaciones y viáticos, y advirtió que se actuaría con “determinación y firmeza para mantener la disciplina dentro de la corporación”.
y tras realizar la primera compra en el portal on line de la marca “Orgullo Guerrero”, en un acto efectuado en el Centro Internacional Acapulco (CIA), a la pregunta de si habría sanciones contra los policías que mantenían un paro en Chilpancingo, pidió “esperar”.
“El asunto está caminando, seguramente en el transcurso del día habrá algunas determinaciones. La realidad es de que no es un asunto grato ni lo ha deseado nadie, en el caso del gobierno, pero creo que el tema de los policías deberá ser tratado con mucho cuidado, con mucha puntualidad”, advirtió Astudillo Flores.
De si habría sanciones para los policías inconformes, respondió: “El gobierno debe ser sensible y el gobernador y todos de que hay asuntos que pueden atenderse y resolverse de manera correcta, de manera razonable. Hay otros asuntos que ni siquiera pueden ser sometidos a un análisis o a una posibilidad de resolverse, como trabajar tres días y descansar tres días, eso representa trabajar la mitad del año y en ninguna parte del mundo un policía trabaja así”.
Y añadió “lo que creo es que tiene que haber la disposición, el razonamiento, la sensibilidad, pero también tiene que existir la determinación, la firmeza para mantener la disciplina dentro de la corporación”.
–¿Se va a ceder algunas de sus demandas, el incremento salarial, los viáticos? –preguntó un reportero.
–Todo lo que sea posible ayudar hay que hacerlo como lo hemos hecho. Hay que finalmente observar que la policía del estado de Guerrero es policía que tiene uno de los mejores pagos en el país, por el asunto del complemento de los viáticos. Un policía de Guerrero está colocado entre los policías que mejor ganan en el país.
“Hay cosas que se pueden entender como las jornada que se han trabajado recientemente, por asuntos de la necesidad de los acontecimientos. Pero eso no quiere decir que esto coloque en la posibilidad de resolver asuntos que están inviables”, expresó.
–¿Es injustificable la movilización de los policías?
–Yo creo que las cosas en los tiempos y circunstancias todo se puede escuchar, todo se puede hablar, todo se puede platicar, hay maneras y temas, las maneras no son las correctas y hay temas que sencillamente no se puede ni siquiera poner sobre la mesa.
De que continúan los asesinatos en la entidad, el gobernador reiteró que Guerrero ya no encabeza las portadas de diarios ni es nota negativa en los programas sino que es un problema de que “el país vive un momento muy difícil, estamos observando una gran cantidad de ascenso en las cuestiones delincuenciales, Guerrero ya no es el tema que solamente salía en la televisión y en los periódicos, yo creo que estamos viviendo etapa complicada para el país”.
El gobernador entregó el certificado “Orgullo Guerrero” a empresas que han cumplido con los requerimientos de calidad, certificados de capacitación. Así también entregó equipamiento a las 20 iniciativas que participan en este programa.
Durante su participación, el director general del Instituto Guerrerense del Emprendedor, Juan Bernardo Campos Zubillaga, expuso que el programa busca promover la cultura empresarial con visión global.
Informó que este año se busca generar más de mil 500 “oportunidades de empleo productivo”, además de intensificar el acompañamiento a emprendedores, ya sea para iniciar un negocio o para fortalecer los ya establecidos.
En el acto estuvieron presentes el presidente municipal de San Marcos, Juan Carlos Molina Villanueva; el presidente del Cecafé, Ernesto Cano Olvera; la diputada local, María Luisa Vargas Mejía; el presidente de Concaingro, Julián Urióstegui; el secretario del Trabajo y Previsión Social, Óscar Rangel Miravete, y el delegado de Economía federal, Fernando Meléndez Cortés.

La designación de un diputado migrante o binacional se habrá aplazado dos veces en Guerrero, en las elecciones de 2015 y 2018, porque no hay voz en el Congreso local ni en la Secretaría de Atención a Migrantes que represente a esta población, denunció el representante de la Federación Binacio-nal Guerrerense en Santa Ana, California, Gaudencio Vélez Catalán, uno de los impulsores de la iniciativa en la anterior legislatura.
En consulta telefónica sobre el planteamiento de los diputados locales de posponer la elección del diputado migrante que se aplicaría por la vía plurinominal en los próximos comicios, lamentó que la decisión se centre sólo en el Congreso o en los partidos, sin tomar en cuenta a los guerrerenses en el extranjero.
Sin embargo, añadió que en 2014, la anterior legislatura tampoco respetó el planteamiento que llevaron dos organizaciones de inmigrantes para crear la figura del diputado Migrante o binacional: la Federación de Guerrerenses en Santa Ana y Clubes Unidos Radicados en el Medio Oeste.
Recordó que la dinámica que se vive en Estados Unidos es totalmente distinta a la realidad de Guerrero, y en la propuesta inicial las organizaciones propusieron que el diputado binacional fuera electo por voto directo en el extranjero, y que los postulados tuvieran al menos cinco años de residencia en el extranjero y alguna participación en organizaciones guerrerenses, para garantizar que conocen la vida y los problemas en el exterior.
Indicó que el esquema era similar al modelo de elección que comenzó a aplicarse en Chiapas, y el gobernador Héctor Astudillo Flores, entonces como diputado local, impulsaba la iniciativa, y diputados de todos partidos se comprometieron a hacer una visita a Chiapas y una gira por las ciudades de Estados Unidos para buscar el mecanismo de dar representación a los migrantes.
Señaló que no hubo gira. Las organizaciones tampoco hicieron un seguimiento formal al proceso y en el Congreso le fueron quitando y sumando elementos, hasta que en 2014 se acordó la asignación de diputado migrante por la vía plurinominal pero no en la elección inmediata, sino en 2018.
Recordó que desde entonces hubo resistencias. Un diputado de PRD, del que se reservó el nombre, dijo abiertamente que no había espacio en 2015 para un diputado migrante.
De la gira por Estados Unidos de Astudillo Flores hace unos meses, aclaró que no abordaron el caso de diputado migrante o binacional, porque el tema se enfocaba al fenómeno Donald Trump, quien amenazó con particularidad a los mexicanos con deportarlos a su país.
Como migrante dijo que siente tristeza de que no haya habido en la información del Congreso local ningún pronunciamiento en favor de los migrantes, dijo. “Nadie lo defendió (el espacio de representación), es lamentable que en tiempo tan difíciles que atravesamos, no tengamos a alguien que nos represente, que conozca nuestra realidad, muy distinta a la que se vive en México”.
Recriminó que algunos en los municipios hay figuras de atención al migrante, incluso regidores que no hacen mucho por sus paisanos. No obstante, indicó que las condiciones del estado son muy complicadas, más que en años anteriores, y debe haber prioridades, “dónde lógicamente no estamos nosotros”.
A distancia, opinó que la situación de Guerrero empeora cada día, “entiendo que los diputados no tienen en el foco rojo al migrante porque no ha habido levantamiento”.

Una encuesta de ciudadanía del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), coloca a Guerrero por debajo del promedio nacional en apoyo a la democracia.
Según el Informe la Calidad de la Ciudadanía en Guerrero, una tasa 36 por ciento de la muestra prefiere la democracia como forma de gobierno (ante el 49% del promedio nacional), 20.2 por ciento dice “que algunas veces es preferible un gobierno autoritario”, y a 21.5 por ciento le da lo mismo uno o lo otro.
Ayer, el IEPC presentó el resultado del estudio en el auditorio de rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que replica un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre seis aspectos: estado de derecho y acceso a la justicia, vida política, sociedad civil, vida comunitaria, valores democráticos y redes personales.
Su intención es “delinear al ciudadano promedio en el estado de Guerrero”, y en este sentido, el presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IEPC Felipe Arturo Sánchez Miranda, informó que el resultado evidencia la baja calidad del ejercicio de la ciudadanía en la entidad.
“Comprueba que los guerrerenses tenemos desconfianza de otros guerrerenses en circunstancias muy cercanas, si acaso confiamos en los familiares, hacia los vecinos ya no, y es una debilidad porque no nos permite construir soluciones a problemas añejos y nuevos”.
Señaló en Guerrero los ciudadanos no somos capaces de construir acuerdos consistentes de mediano y largo plazo para resolver problemas colectivos, salvo con fines religiosos o deportivos.
Consideró que esta es una debilidad que proviene de factores culturales, “de no involucrarse, poder ceder un tiempo personal para limpiar el entorno, sembrar arboles, cuidar el agua, los animales”.
Anunció que el estudio se llevará en foros a las cabeceras regiones, Acapulco, Tlapa, Altamirano, Chilapa, Zihuatanejo, Altamirano, Chilapa, Zihuatanejo e Iguala, para alentar a los ciudadanos a que dialoguen, analicen, tomen decisiones y se organicen por el cumplimiento de sus derechos, y para ver cómo contribuyen para que las instituciones puedan llevarlas a cabo.

Estado de derecho y justicia

El estudio también señala que en 22.7 por ciento de los hogares de Guerrero, al menos una persona fue víctima de un delito en 2015. En poco más de la mitad de los casos se trató de misma persona consultada, y en 93.7 por ciento los hechos no fueron denunciados.
En Acapulco, la tasa de hogares con víctimas de delitos se incrementó a 30.3 por ciento, seguido de la región Norte y Centro, que tuvieron porcentajes de 21.7 y 21.3, cada una.
El estudio señala que Guerrero, la segunda entidad con mayor incidencia delictiva en el país, tiene una tasa de 7.1 por ciento de los delitos de secuestro y 6.2 por ciento de homicidio. En las regiones más afectadas por la incidencia delictiva, como Acapulco y Tierra Caliente, los niveles de desaprobación de la policía son mayores.

La bancada del PRD del Congreso local no asistió a la sesión extraordinaria del pleno, porque acusaron al PRI de imponer candados a las candidaturas comunes para dificultar y limitar las alianzas de los partidos de izquierda en el proceso electoral del 2018.
La coordinadora de los diputados del PRD, Erika Alcaraz Sosa, explicó que durante toda la mañana estuvieron en comunicación con los diputados del PRI, principalmente con la coordinadora Flor Añorve Ocampo, para tratar de llegar a acuerdos.
Las fracciones del PRI y el PRD no lograron acordar llevar al pleno la tipificación en el Código Penal del estado la violencia política de género, por oposición del priismo.
Pero el motivo por el que la bancada del PRD tomó la decisión de no asistir a la sesión extraordinaria, fue porque “hubo una negativa definitiva para modificar un dictamen que concierne  a las candidaturas comunes”, explicó la perredista.
La iniciativa fue notificada al pleno de la Comisión Permanente el miércoles 17 mayo pasado, en la que se informó de propuesta de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se turnó a comisiones.
Cuando se notifica de la llegada de una iniciativa no se lee en el pleno ni es un documento público. La propuesta fue enviada a la Comisión de Justicia que preside el diputado priista Héctor Vicario Castrejón. La secretaria de la comisión es la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón.
También son integrantes la diputada de MC Magdalena Camacho Díaz y los priistas Ricardo Moreno Arcos y Cuauhtémoc Salgado Romero.
Erika Alcaraz comentó que  la diputada Rosa Coral Mendoza no fue convocada a la sesión de la Comisión de Justicia en la que se elaboró y votó el dictamen.
La coordinadora de la bancada del PRD comentó que no sabían que el dictamen saldría tan pronto para ser votado ayer, y que fue hasta el martes cuando se enteraron de que sería integrado al orden del día.
Explicó que a partir de que el martes conocieron el dictamen. La mañana de ayer intentaron llegar a acuerdos para que se llevara al pleno el dictamen pero el PRI se negó.
En conferencia de prensa en la sala de reuniones de la fracción del PRD, la coordinadora acompañada por sus compañeros informó el motivo por el que no asistieron a la sesión.
“Establecen (el PRI) que por ley para ir en candidaturas comunes sólo pueden ser el 33 por ciento. Es donde sentimos que es un agravio y es inconstitucional que no se puede dar. Consideramos que no se puede modificar la ley en ese sentido”, comentó Alcaraz Sosa.
Consideró que la intención de la iniciativa pretende afectar a los partidos de izquierda, “lo hacen de manera dolosa”.
Explicó que los partidos de izquierda trabajan en concretar candidaturas comunes para la elección de 2018 y si se da la reforma el PRD, PT, MC y en su caso Morena se verían afectados porque estarían limitados a que solo el 33 por ciento de las candidaturas podrían ser comunes.
La modificación a la ley afectaría directamente a los partidos de izquierda y “le da una gran ventaja al PRI y al Verde (PVEM)”, consideró Erika Alcaraz, quien apuntó que los diputados priistas legislan para su partido.
En el caso de la reforma, la coordinadora de la bancada del PRD explicó que “no hay ningún fundamento ni  argumento legal que les pueda permitir sustentar un dictamen en el que se limite hasta el 33 por ciento las candidaturas comunes”.
La modificación que el PRI realizó en el Congreso local a la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado, también establece que las candidaturas comunes deben ser registradas 30 días antes de que inicie el periodo de precampañas. Eso, también dificulta las alianzas entre los partidos de izquierda, porque “se nos dificulta llegar a esas definiciones, siempre esto pasa hasta los últimos momentos , porque en el PRD hacemos valer la democracia”.

La reforma “se puede caer fácilmente”

Comentó que esperarían a que la bancada del PRI, el PVEM y su incondicional aliado el PAN aprueben la reforma y que esta sea publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para interponer un recurso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La coordinadora de la bancada consideró que es una modificación que “se puede caer fácilmente” porque no se ha aprobado ninguna similar en otro estado.
El diputado Ernesto González Pérez consideró que la iniciativa presentada por el PRI fue presentada por instrucciones del su presidente estatal Heriberto Huicochea Vázquez.
También reprochó que la fracción del PRI no legisle a favor de los ciudadanos, pero sí lo haga a favor de su partido. Adelantó que los dirigentes estatales de los partidos de izquierda promoverán la impugnación contra lo que ayer el PRI, PVEM y PAN aprobaron.

Es una reforma regresiva, dice Celestino Cesáreo

El presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, calificó como regresiva la reforma aprobada en el Congreso local mediante la cual sólo el 33 por ciento de los 81 ayuntamientos podrán registrar candidaturas comunes, y adelantó que acudirán a los tribunales para echar abajo la modificación que aprobaron las bancadas del PRI y PVEM, en ausencia de la fracción del PRD.
En un comunicado de prensa, Cesáreo calificó como anticonstitucional la reforma que entraría en vigor en 2018, porque dijo, no se pueden coartar los derechos de participación política, así como el derecho a establecer candidaturas comunes.
El dirigente del PRD advirtió que los priístas están degradando la calidad de la democracia en Guerrero con reformas regresivas, y adelantó que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dé marcha atrás a la modificación.
Consideró que tanto el PRI como PVEM “buscan obstaculizar las candidaturas comunes para enviar el mensaje de que la alianza de los partidos de izquierda no será viable”, pero “en el pecado llevarán la penitencia” cuando el máximo tribunal les enmiende la plana.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) revisará las reformas electorales que apruebe el Congreso local, y podría emitir lineamientos adicionales para la elección del diputado Migrante, para la reelección de diputados y alcaldes y en las candidaturas comunes, informó la presidenta del organismo Marisela Reyes Reyes.
Sobre las modificaciones a la Ley en el límite del plazo legal para el proceso de diputados y ayuntamientos que comienza la primera semana de septiembre, dijo que los consejeros ya plantearon, como Plan B, elaborar lineamientos si los diputados no consideraron algunos aspectos del proceso, como se hizo hace tres años.
Aclaró que revisarán no sólo el tema del diputado migrante (que los diputados pospusieron para la elección de 2018), sino la reelección y las candidaturas comunes que se revisaron ayer en sesión extraordinaria.
En el tema de paridad, señaló que está constituido en la legislación pero aún no en materia de reelección, y “bajo ninguna circunstancia de ningún partido, se va a podrá salvar este principio de 50-50 por ciento de candidaturas para hombres y mujeres, por una nueva elección o reelección que se postule”.
Consultada en la presentación del informe sobre calidad de la Ciudadanías en rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero, habló también de la preparación de la elección de Ayuntamiento en Ayutla de los Libres por sistemas normativos de los pueblos originarios, y la conciliación de dos grupos que pugnan por diferentes modelos de gobierno para el municipio indígena.
Informó que el martes 7 de junio se instalará una mesa de diálogo con un representante de la Secretaría General de Gobierno, de instancias de asuntos indígenas, de derechos humanos y de la Fiscalía para la Atención en delitos electorales en el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, en Chilpancingo, para conciliar posiciones.
Explicó que uno de los grupos favorece el modelo A de representantes, y el otro que apoya el modelo B de planillas. Los grupos inconformes obligaron la cancelación de la consulta prevista para el fin de semana pasado.
Adelantó que el personal del IEPC ya notificó a los pueblos las nuevas fechas de la consulta que se celebrará el 10 y 11 de la junio. De las 140 localidades, sólo una o dos, no recordó con precisión el dato, no la aceptaron.
Señaló que cualquier de los dos modelos de elección propuestos par Ayutla, pueden satisfacer la restitución del derecho a elegir a sus autoridades por sistemas normativos internos, y confió que en la reunión de conciliación puedan llegar a acuerdos mínimos acuerdos de respeto.
Indicó que uno de los cuestionamientos, es que el modelo B, propone el respaldo de al menos 20 comunidades de las 140 comunidades para postular una planilla, y la sala del Tribunal no lo consideró un elemento excesivo.
Por la tarde, el IEPC sesionó de manera extraordinaria para votar un punto de acuerdo donde niega por segunda ocasión el registro del partido político estatal Ciudadanos Socialistas de México, que recurrió a un juicio en el Tribunal Electoral del Estado, que ratificó la sentencia del instituto.

El coordinador de los regidores del PRI, Luis Miguel Terrazas Irra, informó que su partido acudirá a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a denunciar el uso partidista de las Brigadas Hércules.
En declaraciones por teléfono, Terrazas Irra indicó que el asunto que su partido llevó a Cabildo fue desviado por los regidores del PRD y por eso van a documentar el uso partidistas que hace el gobierno municipal de los programas municipales para presentar la queja en la Fepade y en las Contraloría estatal y municipal.
Terrazas Irra indicó que el gobierno municipal hace uso de dinero público en las Brigadas Hércules y la fracción del PRI aportará toda la información para señalar las violaciones que hace el gobierno municipal.
Indicó que será la dirigencia municipal del partido quien llevará el caso ante la Fepadey en caso de que en las Brigadas Hércules haya uso de dinero federal también solicitarán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) su intervención.
“Si no hay una rectificación en los próximos días si siguen con las Brigadas Hércules de la misma forma que la presentaron, por supuesto que acudiremos a las instancias formales para presentar una denuncia formal con todos los elementos que nosotros vayamos recabando y podamos proceder”.
Reiteró que la petición es que se retire el exceso de amarillo que hay en las brigadas y que dejen de participar líderes perredistas en las mismas porque eso le da la connotación de uso partidista a las mismas.
El pasado 25 de mayo, en la parte alta de la colonia Pancho Villa, el alcalde puso en operación las Brigadas Hércules, que consisten en mejorar los servicios públicos en las colonias con la reparación de alumbrado público, poda de árboles, reforestación, recolección de basura, bacheo, reparación de fugas y fumigación.
El lunes, en la sesión de Cabildo el coordinador de los regidores del PRI, Luis Miguel Terrazas Irra, llevó el tema a discusión y señaló que el color amarillo presente en las camisetas de los brigadistas y en los vehículos denota que se trata de un programa partidista, y pidió devolverle el carácter institucional.
Argumentó que el color amarillo es el que identifica al partido en el gobierno y que eso es una violación al artículo 134 de la Constitución, que en las fracciones 6 y 8 establece que se deben aplicar con imparcialidad los recursos públicos y la propaganda debe ser de carácter institucional.
El respuesta los ediles del PRD defendieron el uso del color amarillo en las brigadas y dirigieron la discusión hacia el trabajo del gobernador y el compromiso de campaña no cumplido de orden y paz.

El PRI no comete delitos con la entrega de apoyos: Fermín

En tanto, el presidente del PRI municipal, Fermín Alvarado Arroyo respondió a su homólogo del PRD que él no incurre en el delito de uso de recursos públicos como lo hace Evodio Velázquez Aguirre y recordó que él es un dirigente de partido y las entregas que hace de materiales a nombre del PRI son con apoyo de regidores, diputados y senadores.
En llamada a la Redacción, Alvarado Arroyo defendió las entregas de insumos que hace a nombre del PRI: “como todo partido político, es una entidad de interés público que recibe financiamiento público, como prerrogativas y hace gestiones y entrega de resultados en beneficio de la gente y eso no es ningún delito electoral”.
Negó que se usen recursos públicos del gobierno de Héctor Astudillo como señaló el presidente del Comité municipal del PRD, Isaías Arellano Maldonado, y detalló el origen de los recursos: “se nutre con el trabajo de representantes populares que sí cumplen y además con la generosidad de priístas y empresarios de nuestro comité de financiamiento”.
Indicó que no es delito electoral que un partido y su dirigente hagan entregas de recursos, “porque nosotros no manejamos presupuestos de gobiernos, nos apoyamos de prerrogativas, financiamiento público y apoyo de priístas comprometidos en el Comité de Financiamiento del partido”.
Del señalamiento del uso de colores del partido e imagen del gobernador, manifestó que “no es delito electoral el que un partido reconozca con imágenes y lonas cuando hay un buen y mejor gobierno”.
El dirigente municipal del PRI reiteró que quien sí incurre en un delito electoral es Evodio Velázquez, “porque él si es gobierno al destinar recursos materiales, humanos y financieros como en Zonatur a las campañas de afiliación del PRD; o como las Brigadas Hércules, en donde 200 trabajadores portan playeras amarillas, sin logos del ayuntamiento y playeras con nombres de sus funcionarios, como el recién designado gerente de CAPAMA en Renacimiento, Oswaldo Espinoza Aparicio, quien a su vez es líder de la corriente política Nueva Mayoría, donde pertenece Evodio Velázquez”.