Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres, reprocharon que la fracción del PRI en el Congreso local no quiso llevar al pleno la propuesta de tipificar en el Código Penal del estado la violencia política de género y adelantaron que podrían denunciar a la 61 legislatura por omisión legislativa.
La intención de la Red es que en el estado se tipifique el delito de violencia política de género y se incluya en el Código Penal, en la Ley de Instituciones de Procedimientos Electorales del estado y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Recordó que la Fepade y tribunales electorales han recomendado a los congresos locales tipificar en los códigos penales locales la violencia política de género, y que “es recomendable que vaya de abajo hacia arriba y no esperar a que sea la federación el que lo haga primero”.
Las integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres abordaron a varios diputados en algunas áreas del Congreso y después salieron un momento del edificio, pero a su regreso ya no les permitieron el acceso hasta que “algún diputado lo autorizara”, les informó el personal de seguridad. Unos 20 minutos después las dejaron entrar.
Comentaron que su asistencia en el Congreso fue para cabildear y cuestionar a los diputados por su postura para evitar tipificar la violencia política de género, tema que se debió haber discutido este martes pasado.
Las integrantes de la Red acudieron a partir de lo dicho por Héctor Vicario Castrejón en el sentido de que el Congreso local no estaba facultado para realizar esa tipificación y que era responsabilidad de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, ayer cuando le preguntaron a Héctor Vicario les dijo que en el caso de los temas para los que el Congreso local tiene facultades “no tenemos fechas fatales” y que en los próximos días “lo vamos a ir procesando”.
La integrante de la Mesa Directiva de la Red, Reyna Ramírez Santana, le dijo que tipificación de la violencia política de género en el Código Penal, es necesaria porque las mujeres pueden ser víctimas cuando ya están en el cargo.
Cuando una de las integrantes de la Red, Marisol Cuevas le preguntó si la bancada del PRI estaba a favor de que el Congreso local tipifique  como delito en el Código Penal del estado la violencia política de género, el priista le respondió que no conocía la opinión de su grupo parlamentario.
“No puedo hablar por todos mis compañeros, pero yo les reitero que todo lo que de transparencia, garantías, seguridad en lo particular vamos a apoyarlo y con firmeza”, dijo.
También la diputada del PVEM María Luisa Vargas Mejía, fue entrevistada por las activistas, a quienes  les dio que su voto sería a favor de las mujeres pero no quiso pronunciarse por ese tema en especificó.
Recordó que en el Congreso de Guerrero hay 18 mujeres diputadas, a las que les pidieron que respalden la iniciativa para tipificar en el Código Penal la violencia política de género.
En respuesta Marisol Cuevas dijo que “los derechos de las mujeres deben estar por encima de cualquier partido político.
Reyna Ramírez Santana dijo que la acción de los diputados son una muestra de que no tienen responsabilidad “histórica ni social, nos están dando mensajes de que no están comprometidos con el tema (de los derechos de las mujeres), lamentamos mucho que su discurso dista mucho del actuar del día de hoy”.
Puntualizó que los diputados del PRI son los que se mostraron más renuentes a hablar del tema, “algo está ocurriendo esa fracción priista, en la que no son responsables con este punto que tiene que ver con darle a las mujeres un piso de igualdad”.
Comentó que es la fracción del PRI la que “le está dando vueltas al asunto” para no tipificar el delito.

Integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), propusieron un debate con los cinco diputados del distrito de Chilpancingo para ampliar el concepto de legítima defensa y modificar el Código Penal del Estado, ante la situación de inseguridad que predomina en la capital.
Este miércoles en el restaurante El Señorial, se realizó el primer encuentro entre el alcalde Marco Antonio Leyva Mena después de casi seis meses de continua confrontación con el grupo empresarial, quien incluso pidió iniciar un juicio político en su contra por los nulos resultados de su gobierno.
El encuentro duró poco más de cuatro horas, y durante el desarrollo el alcalde presentó un bosquejo general sobre la situación del municipio, en el que destaca que no tiene manera de solucionar el desabasto de agua potable, atender el problema de seguridad y el problema de la basura.
Casi al finalizar el encuentro, el presidente de la Coparmex, Adrián Alarcón Ríos, expuso que a los cinco diputados distritales de la capital se les propondrá realizar un debate para analizar y determinar la “activación de la legítima defensa dada la situación de inseguridad que estamos viviendo”.
“Haremos lo propio solicitándole a los cinco diputados, y que se abra este espacio de análisis y discusión porque las condiciones que se encuentran, nuestras ciudad, muy difícil es una corresponsabilidad entre sociedad y los tres órdenes de gobierno”, agregó.
Aprovechando la situación, Alarcón Ríos le pidió al alcalde que respaldara la propuesta y que se viera la posibilidad de “activar la legítima defensa” como pasó en Nuevo León.
“Se vuelve urgente legislar ya para que podamos con nuestras fuerzas defendernos de los delincuentes”, agregó.
El pasado 29 de mayo el Congreso de Nuevo León aprobó una reforma al articulo 17 del Código Penal del Estado ampliar el concepto de legítima defensa y evitar que sea procesada por homicidio la persona que lesione o prive de la vida a un intruso que haya sorprendido en su hogar.
Ante la propuesta, en la intervención del alcalde Marco Antonio Leyva Mena respondió que la legítima defensa ya existe, pero que no estaría mal si se diera un análisis con los diputados.
Dijo que no estaba enterado de cómo es que funcionaba en el caso de Nuevo León, pero se requiere revisar para determinar cual fue la modificación y en que marco normativo se está rigiendo.

Seguridad

En el acto, uno de los empresarios dedicado al sector inmobiliario, Juan Jiménez Patrón, denunció que durante los últimos meses fue testigo de cómo familias enteras salían de la capital en búsqueda de seguridad.
“Cientos de familias se están yendo de la capital, me dicen: ‘aquí te dejo mis llaves, ahí nos vemos, te mando la documentación y cuando tenga que firmar me mandas la factura porque yo ya no quiero estar en esta ciudad’”.
El empresario local subrayó que para tener productividad en Chilpancingo se requiere de tener seguridad, la cual ni se ve ni se percibe a pesar de los rondines que organizan el Ejército y la Policía Federal.
“Desde hace tres gobiernos no hemos sentido ese respaldo, queremos ayudarlo inclúyanos queremos caminar libremente queremos llegar a nuestras casas sin zozobra y escuchar balaceras. Son las 8 de la noche y la ciudad de Chilpancingo está desierta”, agregó.

CAPACH

El alcalde capitalino informó que la realidad que vive la capital del estado sobre el problema del agua es que no hay. Sostuvo que este hecho está confirmado con fotografías satelitales que revelan que no hay de dónde sacar agua.
Explicó que los mantos acuíferos que abastecen de agua, y el déficit de un millón 800 mil pesos que arrastra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (CAPACH), imposibilitan una solución al respecto.
Detalló que para suministrar de agua a toda la capital se requiere de la captación de 800 litros por segundo. Sin embargo se obtienen 500 litros en época normal y 325 litros por segundo en época de estiaje.

El alcalde capitalino Marco Antonio Leyva Mena señaló que a pesar de que hasta el último día de mayo se sumaron seis a los 16 homicidios contabilizados durante el mes, la seguridad no está comprometida en su municipio.
Esta mañana por segundo día consecutivo fueron asesinados dos jóvenes en el área de carnicerías del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla y el alcalde capitalino dijo que en esta zona donde se ubican también las centrales de autobuses “se maneja la delincuencia organizada”.
“Se entiende que mucha parte de la delincuencia organizada se maneja a través del centro principal de transporte en nuestra capital, que es la central camionera”, comentó en alusión a que enfrente del mercado central están las terminales de las líneas de autobuses Estrella Blanca y de Autobuses Estrella Roja del Sur-Futura.
Sobre los 22 asesinatos sumados, el alcalde reiteró que lo único que indica esto es que la actividad del crimen organizado está presente en la capital y se están enfrentando entre ellas.
“Tenemos que dar respuestas más puntuales y convocar al Consejo municipal de Seguridad Pública y coordinarse con las autoridades federales y estatales”, agregó.
Dijo que antes de su administración el mercado central capitalino ya era un asunto muy complicado en cuestión de seguridad, e inclusive recordó que se habían registrado más asesinatos que ahora.
“Hay mucho comercio en esa parte del mercado, mucho comercio, y quiero entender que el cúmulo de dinero que tienen las organizaciones criminales de esta naturaleza tienen negocios en el mercado y entran en contradicción unos con otros”, agregó.
Leyva Mena subrayó que se tienen operativos de manera constante en la central de abasto, por lo que se le preguntó sobre qué está pasando, si a pesar de operativos se registran asesinatos al interior: “lo hacen cuando no tenemos los operativos”, justificó.

El dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, expuso que a pesar de que en las pasadas elecciones su partido en Guerrero tuvo un buen resultado, en las próximas podrían ir en coalición con partidos de izquierda. “Nos fue bastante bien dentro de lo que cabe (compitiendo solos), y hoy no sabemos si vamos en coalición o no, eso lo tendrá que decidirlo la dirigencia nacional”.
En declaraciones al finalizar la sesión de la Comisión Operativa del partido, en las oficinas de MC, agregó que es un tema que se ha tratado con la dirigencia nacional pero no se ha deliberado al respecto.
La posición del dirigente estatal de MC es de llegar el bloque de los partidos de izquierda en unidad, “nosotros quisiéramos ir en coalición con todas las izquierdas, con todas las izquierdas que fueran.
–¿Incluso Morena?
–Por supuesto, pero no depende de nosotros”.
El dirigente de MC afirmó por otro lado que tendría que saber cuáles son los fundamentos para que los diputados pospusieran hasta el 2021 la elección de diputado migrante.
Indicó que se mantendría a la espera de conocer a profundidad la justificación del Congreso local: “yo no sé la verdad cuál sea el sustento para hacer la propuesta pero bueno, los diputados tendrían que discutir cuál es el fundamento para ver si es posible o no”.
El martes, la Comisión Permanente pospuso del 2018 al 2021 la elección del diputado migrante o binacional por la vía plurinominal. La figura legislativa se aprobó desde el 2014 en la Constitución Política del Estado, que entraría en vigor en las próximas elecciones del 2018.
En la sesión, el diputado local del PAN, Iván Pachuca leyó el proyecto de decreto de la Junta de Coordinación Política que propone reformar diversas disposiciones de la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero. Por la corrección a la reforma y evitar posible ambigüedades, se decidió posponer al 2021.
Walton Aburto negó que el Congreso local fuera un constituyente lento “son muy activos y trabajan, no podría decir de alguna manera que haya pereza, ellos sí presentan propuestas y discuten”.
Consultado ayer al finalizar la sesión de la Comisión Operativa del partido indicó que en el tema electoral está en la disposición de alianzas.
Con relación a la petición que hiciera el gobernador al gobierno federal para que absorba la nómina de la secretaría de Salud, consideró que la federación debe asumir de forma temporal la responsabilidad “si la va pagar, yo creo que ser un tiempo, no permanente o dar alguna aportación para que el gobierno vea eso. Yo considero que es una buena solicitud pero no creo que el gobierno federal permanentemente vaya a pagarla nómina de Salud”.

El comisario de Mezcala, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), Leonardo Ávalos Ferrer respondió al gobernador Héctor Astudillo Flores que sí se justifica la presencia de su nueva policía comunitaria, porque la gente ya no confía en el Ejército ni en las policías del gobierno.
El comisario fue entrevistado por teléfono, antes de que los policías comunitarios detuvieran a un agente de la Procuraduría General de la República (PGR) y a un acompañante cuando los sorprendieron extorsionando en Plan de Liebres, municipio de Eduardo Neri (Zumpango).
El martes el gobernador declaró que no se necesitan policías comunitarias en la zona minera de Mezcala porque allí están el Ejército y la Policía Estatal. Hizo sus declaraciones mientras en la Secretaría de Gobierno los comisarios de las comunidades que crearon su policía comunitaria el domingo se reunían con el subsecretario para Asuntos Políticos Martín Maldonado, quien respaldó a la recién creada autodefensa y ofreció visitarlos en Mezcala este miércoles, para leerles el reglamento de cómo deben de funcionar para no violar la ley.
Un día antes el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez declaró que la policía comunitaria surgió en esos nueve pueblos de Eduardo Neri y uno de Tepecoacuilco debido a la inseguridad, y el representante del clúster minero, Alfredo Philips pidió un marco legal para esa autodefensa.
El comisario dijo que efectivamente hay militares y que los policías federales están un tiempo y luego se van, y que el temor de los pobladores son los robos de carros y extorsiones, “y eso es lo que ya no queremos y no hay más solución, que así como nos organizamos los pueblos instalamos filtros así no va a entrar cualquiera a hacer cosas”.
Aseguró que se así se sienten más seguros, “la presencia de los militares sale sobrando, el pueblo ya no tiene confianza en ninguna corporación”.
Insistió, “no hay más seguridad que uno esté cuidando su familia”.
Leonardo Ávalos dijo que se han confundido quienes piensan que el movimiento es del comisario, “el movimiento es de la gente. Uno como prestador de este servicio está sujeto a lo que diga la gente, si no hago lo que diga la gente me van a decir tu no sirves, salte y vete, me van a decir de cosas”.
Refutó que a lo mejor para el gobernador es muy fácil decir que no está bien lo que están haciendo, “pero él como no está viviendo esto, yo obedezco lo que diga la gente. Si la gente me dice que no está bien y que se quite la policía comunitaria, yo obedezco, pero si la quito sin avisarles, se me van a venir encima y hasta me pueden correr del pueblo y eso el gobernador no lo sabe o no lo ve de esa manera”.
Añadió que es verdad que hay militares y policías federales y estatales, pero afirmó que no hacen nada y que están encerrados.
Además agregó que la gente ya no tiene confianza en hacer denuncias, “hay muchos antecedentes, y vemos que en realidad no funcionan los corporativos del gobierno, ya nadie les tiene confianza.

Aacordó otra reunión con el gobierno

En cuanto a los acuerdos de la reunión con el subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado, informó que acordaron que este miércoles el subsecretario acudiría a Mezcala para darles a conocer el reglamento de cómo debe de funcionar la policía comunitaria, pero que de última hora canceló su visita y les dijo que sería “hasta nuevo aviso”.
Explicó que en la reunión le expusieron al funcionario la situación que se está viendo en esos pueblos, “la escuchó el subsecretario Maldonado de los comisarios en la reunión del martes”, y aseguró que todo lo que se acordó en la reunión se está cumpliendo por parte de los pueblos”, pero que los filtros no los retenes en la entrada de Mezcala no los pueden retirar, sólo si lo pide la gente.
Ávalos Ferrer pidió a las autoridades que les permitan funcionar como policías comunitarios, “porque si no, después no vamos a saber ni quienes andan aquí adentro”.

El comisario teme por su seguridad

El comisario de Mezcala, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), Leonardo Ávalos Ferrer reveló que no ha declarado a los medios de comunicación todo lo que ha venido pasando en su pueblo “por seguridad mía, pero de verdad, ya están pasando cosas medias raras. Créame que esto es muy delicado, pero si al gobernador no le importa esto, ni modo, no le preocupa lo que le pasa a los pueblos, nosotros si nos preocupa cuidar a la gente, velar por su seguridad. La verdad ya no sabemos de quien cuidarnos”.
“No es un asunto del comisario, que quede muy claro, ¿Usted cree que a mí me gusta andar en esto?, claro que no me gusta, tan tranquilo que andaba yo, ¿y ahora?, ya no tengo tranquilidad”.
Expresó su temor de hacer declaraciones a los medios de comunicación, porque reconoció que está en riesgo, “¿A mí quién me cuida?, soy un blanco ahorita, y eso está cabrón. Eso ustedes no lo saben”, reprocho al reportero.
Admitió que por la situación de inseguridad y a raíz de lo que se está viviendo ya no quiere salir de su pueblo.
Declaró que si la gente le pidiera que se haga a un lado, “yo lo hago si es a petición de la gente, uno tiene que obedecerla, y en este caso a mí me tocó bailar con la más fea, y aquí estamos. Nadie en su sano juicio quisiera estar en este momento con este problema, créame”.
Añadió que los retenes van a seguir porque es una decisión de los ciudadanos, “a ellos estamos obedeciendo, no es a capricho de un comisario, es petición de toda la gente de los pueblos, y cuando los pueblos deciden una cosa no la puede cambiar una persona, por muy autoridad que sea”.
Expresó que si el gobierno quiere tomar represalias por ello, “ay’ que vean lo que van a hacer, pero aquí le echaríamos la culpa a los gobernantes, a los grandes, porque son los que pueden decidir”.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que separó del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías estatales, porque incurrieron en conductas violatorias a la ley.
En un boletín publicado en la página oficinal de la Secretaría en Facebook se dio a conocer que por una resolución administrativa el gobierno del estado notificó formalmente la separación y baja definitiva de la institución.
Se detalla que la baja se da por “incurrir en conductas que violan la ley 281 de Seguridad Pública del Estado tipificadas como causales de remoción según el artículo 132 fracciones III, V, XI y XII, al faltar a los principios rectores de la función policial; poner en peligro a las personas, sus bienes y derechos por abandono del servicio”.
También se incluye haber dirigido, organizado y participado en movilizaciones y un paro de servicio policial en contra de sus superiores y de la institución policial, así como abandonar un servicio nombrado.
Explicó que después de notificar a los policías despedidos se les pidió la entrega inmediata de los uniformes, identificaciones y demás equipo policial que tuvieran a su cargo y se les dijo que se trasladaran a la Secretaría de Finanzas y Administración en donde serán finiquitados conforme a derecho.
Después del anuncio de los despidos, unos 200 policías estatales marcharon en un carril del bulevar Vicente Guerrero, y las avenidas Insurgentes y Benito Juárez hasta la Comisión estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), donde presentaron una queja contra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal.
Al pasar por la Universidad Policial del Estado de Guerrero invitaron a sus compañeros a sumarse a la movilización y luego reanudaron la marcha.
Consultado por teléfono, un policía estatal que se reservó su nombre informó que ayer, a las 10:30 de la noche les informaron que hoy una comisión será atendida por funcionarios en Palacio de Gobierno sobre sus demandas laborales, pero los uniformados no regresaron al cuartel y se dirigieron a las casas de familiares y amigos para pasar la noche.
Precisó que, de los 600 policías estatales que participaron el lunes en la movilización, ante amenazas e intimidaciones sólo 200 uniformados continuaron en las actividades, de los cuales 176 fueron dados de baja.
A la 1 de la tarde, el subsecretario de Administración de Apoyo Técnico y Capital Humano de la SSP, Edwin Tomás Martínez Godoy y trabajadores de la dependencia llegaron a pegar la notificación de su despido en una.
“En la lista de los 176 policías, unos no participan en la movilización, otros andan en descanso y en vacaciones, es una violación a sus derechos porque no es la forma de informales a los uniformados”, indicó el policía.
En la reunión en la Codehum, el abogado y asesor de los policías, Omar Benito Valdovinos expuso que el conflicto inició en junio de 2016, cuando presentaron un escrito para solicitar al gobernador, Héctor Astudillo Flores; el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, y al secretario de la SSP, el general brigadier, Pedro Almazán Cervantes, mejorar las condiciones laborales, respeto a horarios de labores, uniformes, municiones, bono de riesgo y respeto a sus días de descanso.
Comentó que algunas peticiones fueron atendidas, como los permisos a madres lactantes y un aumento de 8 por ciento al salario, aunque reprochó que las condiciones de trabajo de los uniformados siguen siendo deplorables, inhumanas, trabajan con el mismo uniforme de hace un año, además las patrullas están en mal estado y ponen en riesgo su vida y su salud.
Un policía estatal dijo que el despido no se justifica, luego de que el paro laboral terminó el martes a las 3 de la tarde y se pusieron a disposición para regresar a sus labores, pese a que permanecieron encuartelados.
Pidió al presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno que intervenga ante el gobierno estatal, “para que se retracten de esta decisión ilegal y represiva”, y para que dialoguen con los inconformes.

Piden al Congreso investigar el destino del dinero destinado a Seguridad Pública

Otro uniformado dijo que el gobernador Astudillo Flores informó que el año pasado que hubo un presupuesto de 200 millones de pesos para la dependencia, por lo que no mejoraron las condiciones de los uniformados, y pidieron al Congreso local que investigue el destino de los recursos económicos destinados a la SSP.
Señaló que desde hace dos años no han recibido capacitación de primeros auxilios, luego que hace ocho días policías no dieron los primeros auxilios al estudiante de la Escuela Superior de Artes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) Darwin Raymundo Miranda que fue atacado a balazos en la calle.
“Estamos en la protesta policías que llevamos más de 25 a 30 años de servicio, y es injusto que nos hagan eso porque nosotros no tenemos faltas administrativas… es una violación a nuestros derecho”, indicó.
Recordó que en marzo el gobernador Héctor Astudillo Flores entregó 16 patrullas nuevas, chalecos antibalas, municiones, y 40 motocicletas que no han entregado a los uniformados, “sólo guardan las unidades y no las entregan… nos abastecen con dos cargadores y media de bala que no es suficiente, los chalecos antibalas y los cascos están en mal estado”.
Un uniformado quien se reservó su nombre dijo que el secretario de Seguridad Pública da indicaciones que policías estatales den seguridad a funcionarios estatales, municipales, políticos y familiares de ellos, lo cual es irregular.
Por su parte, el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno justificó el despidió de los policías, pero pidió a los inconformes formara una comisión para después buscar una audiencia con el gobernador Astudillo Flores, y con el Secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes para destrabar este conflicto de manera pacífica.

Los salarios de los agentes en Guerrero

A través de redes sociales, fue distribuida una tabla de salarios de los policías estatales, la cual contaba con los logos del gobierno del estado, así como de la dependencia de seguridad.
La tabla detalla que un policía recibe 9 mil 74 pesos de salario, más 7 mil 500 de viáticos, y un bono de 26 mil 507 pesos, con una prima vacacional de mil 634 pesos y un fondo de ahorro de 2 mil 352; el bono por el día del policía de 3 mil 500 pesos, del Día del Padre de mil 500 y del Día de la Madre de 8 mil 250 pesos.
Los policías acreditable percibe un salario neto de 11 mil 443 pesos, viáticos por la misma cantidad, en el aguinaldo gana 26 mil 701, una prima vacacional de 1486 y un fondo de ahorro de 2 mil 139, mientras que el resto de las prestaciones son las mismas.
Los oficiales ganan 13 mil 134, un aguinaldo de 32 mil 232, una prima vacacional de 2 mil 242 y con un ahorro de 3 mil 228.
Según la tabla, el estado de Guerrero se encuentra en la media nacional de los salarios de policías estatales.