Alejandro Guerrero

Iguala

El maestro normalista de Ayotzinapa, Jonathan Maldonado Hernández, sobreviviente a los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, falleció el martes de la semana pasada en un hospital privado de Toluca, Estado de México, en el abandono y falta de atención psicológica y psiquiátrica de las autoridades federales.
El deceso, lo dio a conocer el colectivo Nacional de Sobrevivientes del caso Ayotzinapa, conformado por 23 egresados de la normal Raúl Isidro Burgos, entre los que se encuentra el diputado federal de Morena, Manuel Vázquez Arellano.
Mediante el oficio CNSCA/2025/004 fechado el 12 de mayo, denuncian el abandono por parte de las autoridades federales, quienes le habrían negado a Maldonado Hernández el apoyo psicológico y psiquiátrico mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Jonathan Maldonado, fue uno de los cerca de 20 estudiantes que resultó herido durante esos ataques perpetrados hace más de una década por sicarios de Guerreros Unidos y agentes policiacos. Perdió varios dedos de la mano derecha a causa de un balazo que recibió.
El colectivo, denuncia que a pesar de haber colaborado en las investigaciones del caso, Jonathan Maldonado “murió en el completo abandono por parte de las autoridades encargadas de dar seguimiento al caso, sumido en la desesperanza luchando contra la depresión y ansiedad durante muchos años, con el estigma de haber sobrevivido al ataque y con la marca del cinismo gubernamental en una de sus manos, quienes pregonan apoyar en público, pero en la realidad sólo hay abandono, revictimización e ignorancia de las autoridades”.
En el oficio dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, medios de comunicación y familiares, denuncian que “a Jonathan Maldonado le fue negado el apoyo psicológico y psiquiátrico por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), desde el 2014, nunca obtuvo ayuda médica ni la rehabilitación adecuada tras la pérdida de los dedos de su mano”.
Aunque no se dan detalles de la causa de su muerte y no se logró contactar a miembros de este colectivo, en el comunicado se indican que durante sus últimos días de vida Jonathan se encontraba internado en un hospital particular “pues la ayuda en instituciones de salud pública fue inexistente”.
Asimismo, denunciaron que, tras su muerte ocurrida el 6 de mayo, el gobierno de México se comprometió a apoyar con los gastos funerarios, “cosa que, hasta la redacción de este documento, no ha ocurrido”.
De acuerdo con esta información, Maldonado Hernández colaboró en las investigaciones del caso realizadas por la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) como consta en las carpetas de investigación FED/SDHPDSC/OI-GRO/00020/2020 y FED/SDHPDSH/OI-GRO/00021/2020.
Así como los trabajos documentales realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se materializó en seis informes entregados al gobierno de México en el período de 2015 a 2023.
También colaboró en los trabajos realizados por la Comisión de la Verdad para el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), en el periodo de Alejandro Encinas Rodríguez como subsecretario de Gobernación, lo que ayudó en la detención de policías municipales, estatales y federales, así como efectivos del Ejército, y miembros del crimen organizado.
Justifican que el comunicado se elaboró una semana después de su deceso fue por el “respeto” que en vida le tuvieron, a su coraje y tenacidad frente a la adversidad, y como una señal de admiración y buena voluntad para con su familia. “A pesar de haber sobrevivido aquella fatídica noche, en realidad, siempre estuvo desaparecido para las autoridades y sus instituciones”, reclamaron.
El documento es firmado por el encargado de prensa y propaganda del colectivo, Eduardo Maganda, del que se envió copia al subsecretario de Gobernación y presidente de la Covaj, Félix Arturo Medina Padilla, a la comisionada de Derechos Humanos (CNDH) Rosario Piedra Ibarra, a la titular de la CEAV, Martha Yuridia Rodríguez Estrada y al fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.

Ramón Gracida Gómez

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo presidió este lunes una ceremonia en el panteón Dolores de la Ciudad de México en la que fueron depositados con honores en el muro del Colegio Militar los restos del general Hermenegildo Cuenca Díaz, titular de la misma dependencia en el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) que aplicó el Plan Telaraña para exterminar la guerrilla en Guerrero y se perpetraron los vuelos de la muerte desde la Base Aérea de Pie de la Cuesta.
Una nota publicada ayer en el portal del periódico El País da cuenta de que “la plana mayor de la Defensa Nacional, acompañados por María del Rosario Cuenca Acosta”, hija del general Hermenegildo Cuenca Díaz “protagonizaron este martes una ceremonia en la que se enalteció y celebró el carácter” del general “así como su trayectoria y su incuestionable importancia en el desarrollo y modernización de las Fuerzas Armadas”.
Y el general Gastón Menchaca, vicepresidente de la Asociación Nacional del Heroico Colegio Militar, dijo que durante la gestión de Cuenca Díaz éste “impulsó profundas reformas en las estructuras del Ejército y Fuerza Aérea mexicanas, reflejo de un enfoque firme en la Seguridad Nacional” .
El País rememora que los vínculos de Cuenca Díaz con la guerra sucia “fueron revelados después de que, por órdenes presidenciales durante el sexenio de Vicente Fox, hace más de 20 años, el Ejército llevara a cabo una investigación inédita, puertas adentro, sobre los crímenes cometidos por el Estado durante esos años”.
El periódico cita un documento desclasificado dado a conocer en 2021 que explicita los objetivos del Plan Telaraña, que arrancó en 1971: “La misión principal será la localización y captura o neutralización, en su caso, de los grupos de maleantes, lo cual se logrará por medio de la constante búsqueda de información”.
Como parte de esta operación, dice El País, “el propio Cuenca Díaz fue también quien autorizó los vuelos de la muerte, esa estrategia de Estado en la que se asesinó a cientos de disidentes políticos que fueron arrojados desde aviones al océano Pacífico, de acuerdo con documentos militares”.
La nota destaca que a la par del recibimiento de exiliados de las dictaduras, el régimen priísta “en silencio y con la complicidad de todo un aparato represivo, aniquilaba en su propia casa cualquier intento de rebelión social. En la base aérea militar de Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero, una de las prácticas más oscuras de la violencia estatal tuvo lugar con los vuelos de la muerte”.
La nota relata que la ceremonia del martes “ha causado rechazo entre organizaciones de defensa de derechos humanos en el país, como el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Artículo 19, Fundar, y otros defensores y defensoras de derechos humanos”.
Cita la publicación de Fundar en la red social X: “El Estado tiene una deuda con las víctimas del terrorismo de los años 70. La verdad y la justicia siguen siendo negadas, mientras actos como el reconocimiento a Hermenegildo Cuenca Díaz, implicado en la represión en Guerrero de aquella época, profundizan el agravio”.
Retoma los datos publicados en 2024 por el Centro Prodh y Situ Research que “hablan de más de 200 vuelos registrados en ese lugar entre 1975 y 1981. Por lo menos 30 de ellos fueron identificados como vuelos en los que se arrojaron al mar los cuerpos de campesinos, maestros, activistas, estudiantes o médicos detenidos de forma irregular”.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso local, el morenista Jesús Urióstegui García, llamó a las autoridades judiciales correspondientes a actuar conforme a derecho en torno a la detención de la ex magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TS), Lambertina Galeana Marín, ocurrida la mañana de este miércoles.
Urióstegui García consideró en entrevista que las autoridades deben actuar “conforme a derecho” y ser “responsables en la investigación”.
La detención de la ex magistrada ocurrió a las 9 de la mañana, en su domicilio en la colonia Ruffo Figueroa, en Chilpancingo por agentes de la Comisión Nacional Antisecuestros y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.
A pregunta sobre su postura sobre el caso, Urióstegui García consideró: “Ahí están las autoridades que se encargan de las investigaciones de los delitos, hacemos un llamado desde el Poder Legislativo para que las autoridades actúen conforme a derecho; hay leyes, procesos que tienen que cumplirse, pedimos que actúen conforme a toda responsabilidad”, dijo el también coordinador del grupo parlamentario de Morena.
Consideró que el caso Ayotzinapa es un tema sensible por lo que la Fiscalía General de la República (FGR), debe desempeñar bien su función para que no haya dudas en las investigaciones.
“Reiteramos que la autoridad investigadora es la responsable, entiendo, la FGR, que está viendo este tema y desde el Congreso como presidente considero tiene que realizar su trabajo, siempre el tema sensible de los compañeros de Ayotzinapa es un tema demasiado sensible que nos tiene que unir, es un tema sentido”.

Juan Luis Altamirano Uruñuela

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hay una reducción en la cifra de víctimas de homicidios en Acapulco y afirmó que es por el trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno.
A pesar de que no mostró datos ni gráficas al respecto durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta afirmó que Acapulco es el municipio de Guerrero con mayor número de víctimas de homicidios, cifra que dijo va a la baja por el trabajo conjunto.
“De todo Guerrero, Acapulco es quien tenía más homicidios, es el municipio con mayor número de homicidios. Ahora ha ido disminuyendo gracias a una colaboración muy grande entre gobierno federal que incluye la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Federales, Defensa, Guardia Nacional, Marina que también participa de manera muy importante en Acapulco y la presidenta municipal, la gobernadora, entonces hay un trabajo coordinado”, destacó.
En la conferencia se le mencionó a Sheinbaum que en Tijuana el promedio es de cuatro armas decomisadas al mes, que reflejan avances en contra de la violencia y ante la posibilidad de represalias de los grupos de crimen organizado contra funcionarios de seguridad, indicó que se protege a los servidores.
La presidenta comentó que en el caso de Tijuana, en Baja California, y Acapulco, en Guerrero, hay coordinación y que ambos municipios se dividieron en cuadrantes para su trabajo de seguridad e intentar disminuir la violencia, que dijo “va bajando”
“Incluso, por ejemplo el municipio de Tijuana al igual que el de Acapulco, se dividió por cuadrantes y hay responsables por cuadrante en cada una de las zonas de Tijuana. Entonces hay un trabajo coordinado para proteger a los servidores públicos y sobre todo, para disminuir la violencia en todos estos municipios y va bajando”, expresó.
El 5 de mayo se publicó que el recuento de asesinatos hecho por El Sur mostraba que abril ha sido el mes más violento de 2025 con 147 homicidios dolosos y que a pesar de las operaciones durante la temporada vacacional de Semana Santa en Acapulco, se concentró 46.2 por ciento del total de víctimas durante el mes, equivalente a 68 homicidios.
En el mismo recuento se muestra que con los 68 muertos que registró Acapulco durante abril, son 23 más de los reportados durante marzo, cifra que discrepa con la afirmación hecha por la presidenta.
En la conferencia del pasado 8 de mayo, la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, mostró que de enero a abril se contabilizaron 493 víctimas de homicidio doloso en Guerrero, que concentra 5.6 por ciento de las víctimas en el país y es el séptimo estado con más homicidios dolosos en los primeros cuatro meses del año.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La detención por el caso Ayotzinapa de la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín, “es importante porque fue una funcionaria que tuvo conocimiento del contenido de los videos de las cámaras instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, de donde se llevaron a un grupo de estudiantes”, opinó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Sin embargo, aclaró que no significa que haya más apertura y voluntad para avanzar en el esclarecimiento del caso, puesto que se sigue protegiendo al Ejército, que se niega a entregar los 800 folios con información relevante del caso.
Entrevistado por teléfono, Barrera Hernández recordó que se sabe que había por lo menos diez cámaras en el Palacio de Justicia, que pudieron haber captado lo que sucedió ahí esa noche de donde se llevaron a casi la mitad de los 43 estudiantes desaparecidos.
El director de Tlachinollan, organismo que da acompañamiento al movimiento de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que investigar qué pasó con esos videos.
“Obviamente la ex presidenta del TSJ tuvo una alta responsabilidad y se tiene que saber si de verdad destruyó los videos, y si fue así por qué, si se trataba de una evidencia tan importante”.
Explicó que Galeana Marín era la máxima autoridad en el estado en cuanto a la administración de justicia, y por tanto sabía que era un material muy importante y se requería conservarlo.
Pero si destruyó los videos fue para desaparecer la evidencia, “y eso habla de una complicidad para borrar cualquier indicio relacionado con la identificación del modus operandi de esa noche cuando desaparecieron a los 43 estudiantes”.
Indicó que por ello la detención de Galeana Marín será determinante, porque con la información que aporte se puede llegar a esclarecer qué pasó con los videos, o qué realmente motivó que estos videos se escondieran primero y después se destruyeran. “Se tiene que saber por qué se perdió esa información clave”.
Barrera Hernández declaró que Galeana Marín no era una ciudadana común y corriente, “fue una autoridad con un cargo muy alto y sabía de la alta responsabilidad que tenía para preservar estas evidencias, máxime que estamos hablando de uno de los casos emblemáticos de desaparición en nuestro país y no se puede pasar por alto esas actuaciones de autoridades que no están dimensionando la importancia que tienen estos videos”.
Opinó que aunque llega tarde esta actuación judicial, abre una oportunidad para saber qué realmente pasó. “Es importante que se aclare bien que pasó con esos videos y saber si tuvo conocimiento de su contenido para que se pueda avanzar en el paradero de los estudiantes”.
Pero aclaró que no ve que con la detención de la ex presidenta del TSJ haya más apertura en el caso, mayor interés o voluntad de las autoridades, “más bien, es la persistencia de las madres y padres que en todo momento en las reuniones que tuvieron con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador pidieron que se avance en todas las líneas de investigación”.
Dijo que lo mismo han insistido que se entreguen los archivos que tiene el Ejército mexicano.
“Con la detención de la ex presidenta del TSJ hay un avance, pero realmente el punto central que han planteado las madres y padres son los folios que solicitaron al ex presidente López Obrador y actualmente lo están solicitando a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.
Barrera Hernández declaró que en el caso del Ejército sigue detenido todo: “esto (la detención de Galeana Marín) no quiere decir que hay más apertura, se hablaría de una verdadera apertura si se accediera a los 800 folios del Ejército”.
“Esto es importante porque es parte de las líneas que se han planteado y se trata de pruebas y evidencias que se tienen que presentar, sobre todo para saber cómo se dio esa desaparición en ese lugar, porque de ahí se llevaron a un gran número de estudiantes”.
Pero reiteró que con todo y lo que se ha avanzado por la insistencia de las madres y padres para dar con el paradero de los estudiantes y con los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “se ha visto que para seguir abonando en el paradero de los estudiantes, se tiene que adentrar a los 800 folios y ahí todavía no se ha podido”.
Insistió que es donde se ha estancado el avance de las investigaciones y no se ha sabido la participación del Ejército, “es decir, como participó, si por acción omisión o complicidad, por eso hay la necesidad de acceder a los documentos para salir de esa incertidumbre”.
Concluyó que las madres y padres han insistido y se lo han planteado a la presidenta Sheinbaum que el punto medular es ese; la entrega de los 800 folios en poder del Ejército.

Trabajadores del Congreso local, agremiados a la sección 55 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), se manifestaron afuera de la oficina del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García, para solicitar una audiencia e iniciar las negociaciones del su aumentos salarial.
A las 10 de la mañana, alrededor de unos 100 trabajadores administrativos se colocaron afuera de la oficina de la Jucopo para solicitar una reunión con Urióstegui García, quien la pospuso en dos ocasiones durante el día.
La principal demanda de los trabajadores es el aumento salarial del 8 por ciento anual, ya que Urióstegui García les propone el 3 por ciento, lo que aseguran es menor al aumento de la inflación marcada por la ley; además, gestionan otras prestaciones laborales.
Urióstegui García se comprometió a recibir a la dirigencia sindical a la 1:30 de la tarde, lo cual no ocurrió y pospuso el encuentro para las 6 de la tarde
De las 10 de la mañana a la una de la tarde los trabajadores permanecieron afuera de la oficina de la Jucopo en espera de la reunión, y al ser pospuesta regresaron a sus labores.
De acuerdo con algunos trabajadores, que por temor a represalias omitieron su nombre, informaron que de no llegar a un acuerdo favorable con la Jucopo, si irán a un paro de labores indefinido.
La sesión del Congreso culminó a las 7:30 de la tarde, y hasta las 8 de la noche la dirigencia sindical no había informado sobre algún resolutivo sobre sus peticiones. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).

–Es un tema ya contestado, no tengo problemas y hay que seguir trabajando–, respondió la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, acerca de la notificación del Congreso local por el inicio de la revisión a una solicitud de revocación de mandato.
El Sur publicó este martes que el Comisión Instructora del Congreso Local, como parte del procedimiento ante la solicitud de revocación del mandato de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, que tiene que responder a las acusaciones en su contra y realizar “los alegatos que sean necesarios”.
La solicitud fue presentada por el ex diputado Ramiro Solorio Almazán, quién consideró que se debe revocar el cargo a López Rodríguez “por omisiones reiteradas en el ejercicio de sus funciones”.
En su mensaje en el arranque del programa Paz, Honestidad y Corazón para la reconstrucción, en la colonia Jardín Palmas, la alcaldesa expuso de Ramiro Solorio Almazán: “anda un bufón criticándome, ese bufón aprobó en el 2009 que el manejo de las luminarias lo tuviera una empresa privada e inventaron una figura de fideicomiso”.
Añadió: “durante diez años ese dinero no entró al municipio, fácil se echaron al bolsillo mil millones de pesos, y el bufón lo aprobó”.
Recalcó que Solorio aprobó una deuda del puente Bicentenario, que originalmente fue de 360 millones de pesos: “yo llegó en 2021 y la deuda esta en 327 millones, y en primer año logré pagar 140 millones, hoy solamente debemos 180 millones, que el bufón aprobó”.
Expresó: “ustedes pagan las consecuencias de los rateros, el bufón aprobó 200 millones para CAPAMA. Que no me vengan hablar de ética, que no me vengan hablar de moral” (Argenis Salmerón).

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Durante la sesión del Congreso local de este miércoles, los diputados de Morena y los del PRI y el PAN se enfrascaron en una discusión, al presumir la fracción oficialista las obras del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, acusar de corrupción a los pasados gobiernos priistas y panistas, y revirarles éstos la corrupción en la empresa estatal Segalmex en el sexenio anterior.
Como resultado del debate, casi el término de la sesión, los seis integrantes del grupo parlamentario del PRI abandonaron el recinto parlamentario y se suspendieron las actividades.
El debate inició por una participación de la diputada de Morena, Araceli Ocampo Manzanares, quien defendió las obras como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y tachó de corruptos a las administraciones federales priistas y panistas.
Araceli Ocampo participó en tribuna con el tema La nueva obra pública en la Cuarta Transformación, en donde defendió que actualmente la obra pública es a favor del pueblo.
La morenista aseguró que las obras como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles “son sólo algunas de las que forman parte del proyecto de nación que traerá desarrollo para el país, y con ello se garantiza la justicia social para las mexicanas y mexicanos”.
Después de la participación de la morenista, subió a tribuna la diputada priista Beatriz Vélez Núñez. También se unió al debate asegurando que actualmente las carreteras y puentes de Guerrero y el país están devastadas, situación que se agravó en la entidad con los fenómenos naturales Otis y John, pidió que sean restauradas sin que existan excesos.
La diputada local por el PAN, Irene Montiel Servin solicitó intervenir en tribuna con el mismo tema, y reprochó que la corrupción está en la Cuarta Transformación, con el Tren Maya, la refinería dos bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
“Las obras marcadas por la corrupción, Andrés Manuel López Obrador benefició a familiares y amigos con Segalmex”, reprochó en tribuna.
Inmediatamente de hablar  mencionar Segalmex, la morenista Marisol Bazán Fernández saltó desde su curul y gritó en reiteradas ocasiones que ese no era el tema.
“Eso no tiene nada que ver, es sobre el mismo tema. ¿Qué tiene que ver Segalmex?”, dijo Bazán Fernández, quien ante los gritos desde su curul, quien presidía la Mesa Directiva en ese momento, Gladis Cortés Genchi, solicitó en dos ocasiones que la panista se ciñera al tema.
La panista continúo y dijo que “hubo un sobrecosto en la construcción del AIFA, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador”.
En contestación a la oposición, Ocampo Manzanares solicitó a la Mesa Directiva participar con el mismo tema y respondió que “quienes no aprueban el trabajo que realiza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo es solo un 20 por ciento y el 80 por ciento la aprueba”.
“Ese 20 por ciento está molesto porque le quitamos su negocio su minita de oro, su fuerte”, dijo en tribuna.
Fue en ese momento que los diputados priistas comenzaron a reír y pidieron orden. Ocampo Manzanarez siguió y aseguró que los gobiernos de la Cuarta Transformación “desbarataron su estructura de cuates para seguir haciendo negocios”.
“Se identifican con los recientes comentarios de Ernesto Zedillo y claman porque seamos auditados”, dijo la morenista e inmediatamente la priista, Pilar Vadillo Ruiz pidió a sus compañeros de bancada abandonar la sesión, quienes aceptaron y salieron del pleno.
La diputada local, Citlalli Calixto intentó dialogar y cabildear con el presidente de la Mesa Directiva Jesús Parra García para que no abandonara el pleno; sin embargo, no tuvo éxito.
Después de que los diputados de la fracción del PRI abandonaron el pleno, la sesión terminó. Ya que como último punto en el orden del día estaba la participación del diputado por el PRI, Víctor Hugo Vega Hernández con el tema Día Nacional de Lucha Contra la Homofobia, la cual fue pospuesta.

La Mesa Directiva citó a una segunda sesión de manera inmediata, y después de unos 10 minutos los priistas volvieron a ingresar al pleno.

Propuesta para exhorto por matrimonios forzados

La diputada local por Morena, Glafira Meraza Prudente, propuso un exhorto a los 85 municipios de la entidad, a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a las secretarías de Educación, de la Niñez y Juventud y a la General de Gobierno, para que actúen de manera urgente para evitar los matrimonios infantiles y forzados que ocurren en Guerrero.
El exhorto incluye al DIF, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que impulsen acciones de pre-vención, concientización, protección e investigación de estos casos.
“Videos virales en Facebook, en X (antes Twitter), en TikTok,  nos muestran una verdad aterradora, niñas y niños de apenas 12, 13, 14 años, en Acapulco, en Tlacoa-chistlahuaca, celebrando bodas o siendo parte de arreglos matri-moniales”, expuso la diputada morenista y denunció el caso reciente de una menor de 14 años encarcelada en Cochoapa por una supuesta infidelidad.
“No podemos seguir callados ni mucho menos seguir ignorando una realidad que nos golpea en la cara”, argumentó y reconoció que el marco legal ha avanzado, como la tipifi-cación del delito de cohabitación forzada en el Código Penal y la elevación de la edad mínima para casarse a los 18 años, aunque advirtió que dichas reformas no son suficientes sin mecanismos eficaces de aplicación ni presupuestos adecuados.
“El matrimonio infantil no es cultura, ¡es violencia! Es una práctica que trunca sueños, destruye futuros y condena a nuestras niñas a ciclos de pobreza, embarazos de alto riesgo y abandono escolar”, manifestó.
Agregó que la protección de la infancia no puede depender de la buena voluntad, sino de políticas públicas firmes, recursos suficientes y coordinación real entre insti-tuciones. La propuesta se fue a comisiones

Lourdes Chávez y Brenda Escobar

Chilpancingo / Zihuatanejo

Con un día de retraso llegaron a las sedes de cinco distritos electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), en Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo y Ometepec, las boletas electorales, listas nominales y diversos materiales del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), debido al bloqueo del martes a la Autopista del Sol, en Chilpancingo.
Con la llegada y entrega recepción de los materiales para  seis elecciones de cargos judiciales, funcionarios de los Consejos Distritales del INE Guerrero, comenzaron  el conteo de cada una de las boletas, sellado y  agrupamiento para las votaciones del 1 de junio. Indicaron que este procedimiento puede durar varios días.
El cargamento para el distrito 07 de Chilpancingo llegó a las 6:45 de la mañana, un día después de lo programado, por el bloqueo de este martes por habitantes de Tilapa, municipio de Malinaltepec, a la Autopista del Sol, al sur de la capital del estado.
Por estar fuera de la ruta de traslado, la paquetería sí se pudo entregar de acuerdo al programa en los distritos de Ciudad Altamirano, Chilapa y Tlapa.
De acuerdo con el reporte del instituto, en el distrito 07 descargaron 85 cajas de boletas electorales, Lista Nominal del Electorado y otros materiales, que son custodiados por las fuerzas armadas desde el inicio de su traslado.
La entrega llevó alrededor de una hora, y a las 8 de la mañana ante la presencia de Vocal del Registro Federal de Electores y encargado de la Vocalía  de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva, Ángel Báez Balderas y J. Concepción Silva Colin, además de consejeros electorales distritales, comenzó el conteo, sellado y agrupamiento de boletas por el personal.
Con este procedimiento quedarán integrados los paquetes de las 2 mil 910 casillas Mesas Directivas de Casillas en Guerrero, que proyectó el Consejo local del INE.
En Acapulco, la vocal ejecutiva del distrito electoral 04 del INE, Estefanía García Pérez, informó de la llegada de la paquetería electoral para las seis elecciones del del 1 de junio: ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de circuito y magistraturas de Distrito, así como magistraturas de la sala superior y sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sólo del distrito electoral 04, indicó que son alrededor de un millón 800 mil boletas, que da un promedio de 300 mil boletas de cada elección.
Subrayó que podrán votar todas las personas que hayan tramitado su credencial para votar y la hayan ido a recoger, “todas las casillas tendrán una boleta para que pueda votar la ciudadanía, en 258 casillas seleccionales de este distrito,
Añadió que en Acapulco habrá dos casillas especiales en la cancha de la CROM a cargo del distrito 04, y otra por el distrito 02 que también está en Acapulco, en el Centro de Convenciones.
En Zihuatanejo, la vocal ejecutiva de la Junta Distrital 03, Xóchitl Ivón Guerrero González, informó que  recibió este miércoles la documentación y materiales electorales con emblemas, que fueron trasladados con vigilancia de la Guardia Nacional.
Del material que será utilizado durante la jornada electoral para la elección judicial del próximo 1 de junio, detalló que llegaron 1 millón 984 mil 218 boletas, que serán distribuidas en las 406 casillas electorales que se instalarán en todo el distrito electoral que comprende los municipios de Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez (San Jerónimo), Tecpan de Galeana, Petatlán, Zihuatanejo, La Unión y Coahuayutla
El Consejo local también confirmó la llegada de los materiales en los distritos faltantes, el 02 de Acapulco, y el 08 de Ometepec.
Los traslados de los materiales a los distritos 01 de Altamirano, 05 de Tlapa y  06 de Tlapa, no fueron afectados por el bloqueo del martes, siguieron su destino ese mismo día.