Claudia Guerrero y Natalia Vitela / Agencia Reforma

Ciudad de México

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), expuso que en la dependencia han detectado irregularidades en los registros de las empresas siderúrgicas, por lo que quitarán el registro a mil 62 molinos de acero de los 2 mil 233 incluidos en el padrón.
Desde Palacio Nacional, el secretario de Economía señaló que por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum se realizaron revisiones en los registros de las empresas que importan productos siderúrgicos, en donde han encontrado mil 62 molinos de acero con irregularidades de los más de 2 mil que han inspeccionado.
“Nos ordenó la presidenta que revisáramos uno por uno, son más de 2 mil, revisar uno por uno, esto significa que en este momento tenemos personal, más o menos en seis países del mundo, el más lejano es Malasia, en este momento, haciendo inspecciones, entonces, de todo ese trabajo, se ha llegado a la conclusión, todavía no terminamos, de que mil 62 molinos que están en registro, presentado por quien importa el acero, tienen inconsistencias, o tienen irregularidades, o de plano no existen.
“Vamos a hacer un proceso de cancelación y desincorporación, así se llama, vamos a quitar mil 62 registros de molinos, eso significa la mitad de los molinos que han sido presentados por empresas”, afirmó.
Ebrard señaló que con la cancelación del registro, se evitará que comercializadores usen registros apócritos para importar acero, habrá una reducción arancelaria porque no pagan impuestos, y un fortalecimiento al comercio, ya que se limitará la triangulación de acero, con lo que se evitará que se encubra el verdadero país de origen para evadir tarifas arancelarias y cuotas compensatorias.
“Para cerrar el capítulo de acero, se cancela el registro de mil 62 molinos en muy diversos países del mundo. En este momento, tenemos personal en varias países, pero no puedo dar el nombre porque puedo dificultar sus operaciones. ¿Qué impacto tendrá esto? Que el productor nacional tenga condiciones justas de competencia con lo que se importa porque si no, están cometiendo, como decimos en futbol, es un foul, es una falta, es un abuso, respecto a nuestra industria nacional por eso se tomó esa decisión”, concluyó Ebrard.

Investiga la FGR presuntas importaciones ilegales de ocho empresas de textiles, anuncia

El gobierno federal investiga junto con la Fiscalía General de la República (FGR) a ocho empresas textileras porque importaban productos de manera ilegal, informó también Marcelo Ebrard.
El funcionario apuntó que las compañías habían estado mintiendo a las autoridades, por lo que ingresaron mercancías al país por una suma de 24 mil millones de dólares.
Las cuentas bancarias de esas ocho empresas ya fueron congeladas, afirmó el secretario.
Sheinbaum precisó que el objetivo principal de las compañías era evadir gravámenes.
Se ajustarán precios de referencia de importaciones

Además, Ebrard informó que la Secretaría de Economía ajustará los precios de referencia a los productos que sean importados a México.
“Tiene que ver con ajustar los precios de referencia, cuando alguien importa, el importador que le importa debe declarar su valor, si tú vas importar un vehículo o si vas importar una prenda o algún alimento, tienes que decir cuánto vale.
“Entonces, evidentemente hay muchos que manejan precios por debajo de lo que es la referencia, para abajo, entonces se establece un valor mínimo aceptado.
“Hoy en día, el papel cartón y otras actividades se venden a 10 pesos para pagar menos impuestos, entonces ahora con este cambio voy a tener que pagar 100 porque eso es muy importante para mí, porque si no, con el precio de referencia, mejor dicho, puedo abusar, ajustar”, agregó.

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Al menos 500 hombres y mujeres, la mayoría jóvenes, de municipios de la Tierra Caliente de los estados de Guerrero, Michoacán y Estado de México han sido reclutados forzosamente por el crimen organizado que los mantiene en situación, de “esclavitud”, denunciaron por teléfono familiares de algunos de ellos.
Por temor a que las personas privadas de la libertad sufran represalias si presentan la denuncia formal ante las autoridades, debido a la vinculación de algunas de éstas con los grupos delictivos, sus familiares pidieron públicamente la intervención de la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para que se realice una investigación del caso y la liberación de las víctimas.
De acuerdo con sus familiares, los privados de la libertad se encuentran en distintos sitios de esa región realizando labores de peones, albañiles, vigilantes o de sicarios, mientras que a las mujeres las usan en las labores de cocina, sin recibir salario o compensación alguna.
“Estamos preocupados de que nuestros hijos estén viviendo una situación como la ocurrida en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, por eso estamos pidiendo la intervención de los gobiernos federal y estatal”, dijo por teléfono el familiar de una de las víctimas.
Declaró que en repetidas ocasiones se han hecho denuncias públicas en los tres estados de que un hijo, hija, hermano, hermana o algún otro familiar fue levantado por la delincuencia organizada, y llevado a la parte alta de la Sierra, donde los grupos delictivos tienen ranchos o se han apropiado de grandes extensiones de tierras, algunas sembradas de distintos cultivos o de frutales.
Informó que es allá donde utilizan a los que privan de la libertad para usarlos en distintas actividades sin pagarles un salario.
“Levantan cercas, plantan corrales, limpian las parcelas, siembran cultivos o plantan árboles frutales. Otros los usan de vigilantes o como sicarios, mientras que a las mujeres las meten a las labores de cocina”, contó a sus familiares uno que cumplió su tiempo de “castigo” y fue liberado.
De acuerdo con el testimonio, los y las privadas de la libertad son personas que supuestamente incurren en alguna irregularidad o presunto delito en sus comunidades o pueblos, y la parte ofendida o afectada en vez de denunciarlos ante la autoridad “los acusa” ante el grupo criminal que controla la plaza y éste les impone una sanción privándolos de la libertad y se los lleva a realizar labores en sus propiedades hasta que cumplen con el tiempo de sanción que ellos mismos les imponen.
“A algunos les dan meses de castigo, a otros uno, dos o tres años y únicamente les permiten comunicarse con sus familias, si se portan bien y si demuestran con trabajo que no van a estar de chillones”.
Contó que: “sabemos de algunos casos que se llevan a quienes han ejercido violencia dentro de la familia, o sea, en lugar de que las autoridades castiguen a los violentadores, es la delincuencia la que viene a poner orden y se lleva al que supuestamente comete el delito”.
En otro de los casos, explicó, si una familia entra en conflicto por herencia de tierras o casas, y piden la intervención de “esas personas”, éstas logran “aplacar” a los que pelean sus bienes, pero se quedan con la propiedad en disputa.
“Los delincuentes ya se apoderaron de casi todos los cerros que desde hace años son propiedad de los campesinos”, dijo la fuente.
En el caso de Guerrero, esta situación ocurre con más frecuencia, de acuerdo con la denuncia, en los municipios de Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, Zirándaro, Coyuca de Catalán y San Miguel Totolapan.
“Mire, tengo familiares en Cutzamala de Pinzón y me comentan que es el municipio donde más jóvenes hay secuestrados en la Sierra. Me informan que a las mujeres jóvenes y adultas, por parejo, las usan de cocineras, pero también para echar chingadazos”.
Dijo: “Los que han logrado fugarse o han sido liberados, nos informaron que nuestros muchachos son obligados a trabajar de manera gratuita, reforzando cercas, cercando terrenos, y a las mujeres las ponen a hacer la comida, también a participar en sus actividades ilícitas”, denunció por teléfono el familiar de otra de las víctimas.
Agregó que cuando necesitan más personal para que trabaje en sus propiedades, “agarran a los muchachos que andan consumiendo drogas en los pueblos y se los llevan a trabajar a los cerros, y a veces hasta en el plan, cerca de las poblaciones, incluso ante la mirada del personal del Ejército que pasa cerca de ellos, pero hace como que no los ve”.
Dijo: “Los muchachos no pueden ni siquiera pedir ayuda a los militares, si lo hacen, es su familia la que sufre las consecuencias porque la tienen vigilada”.

Hay denuncias ante el 34 Batallón de Infantería pero no se atienden

De acuerdo con la fuente, muchas familias han denunciado de forma anónima la privación de la libertad de sus parientes ante el 34 Batallón de Infantería ubicado en Ciudad Altamirano, también en el cuartel de la Guardia Nacional de esa misma cabecera municipal.
Sin embargo, “nos dicen que primero tenemos que presentar la denuncia ante el Ministerio Público o ante las Fiscalía General del Estado (FGE) o en la General de la República (FGR), “¿pero cómo, si sabemos que tienen metida a agente allí?, todas las autoridades, desde policías estatales, ministeriales, jueces, ministerios públicos, hasta militares están sometidos a ellos, hasta los cuidan cuando se andan divirtiendo en las fiestas”.
Aseguró que todas las poblaciones se dan cuenta de ello, “qué ganamos con denunciar este situación si son ellos los que inmediatamente les avisan a los delincuentes que fuimos a denunciarlos, no ganamos nada, al contrario, la familia es la que sufre las consecuencias, por eso queremos que intervengan nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado”, insistió.
Ante esta situación de violencia, los familiares de las victimas contaron que muchos de los jóvenes prefieren irse a trabajar a Estados Unidos, pero como los grupos delictivos tienen controlados a los pueblos les piden cuotas de 4 mil dólares (unos 80 mil pesos), para dejarlos salir, “y si se van a escondidas son sus familiares los que tienen que pagar el dinero”.
Algunos de los liberados o que se han fugado recientemente contaron a sus familiares que actualmente habrá unas 500 personas privadas de la libertad en distintos sitios de la sierra
De acuerdo con el testimonio de uno de los liberados actualmente tienen privadas de su libertad a vecinos de Arroyo Grande, Huaratzio y Zacapuato, municipio de Cutzamala; Las Tinajas, El Coyol y Placeres del Oro, municipio de Coyuca de Catalán; San Pedro las Garzas, Allabytle y La Laja, municipio de Ajuchitlán del Progreso; Lindavista, La Laguna, San Antonio La Gavia y El Machero, de San Miguel Totolapan.
Además de Tanganhuato, municipio de Pungarabato; El Chivo y La Calera, municipio de Zirándaro; El Cubo, de Arcelia, así como de San Lucas, cabecera del municipio de San Lucas, Michoacán, aunque también supo que hay de los estados de México, pero desconoce de qué localidades.
En la zona de la Tierra Caliente operan los grupos delictivos La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Claudia Guerrero y Natalia Vitela / Agencia Reforma

Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum se dijo ayer dispuesta a modificar o incluso a reenviar su iniciativa de reforma en materia de desaparecidos, en caso de que las aportaciones y demandas de los colectivos de madres buscadoras lo ameriten.
“Creo que en diálogo con los diputados y senadores se pueden hacer las modificaciones. Y si son muy distintas, pues ya se envía una nueva iniciativa; pero hasta ahora, creemos que, si involucramos en su momento a diputados y senadores y que conozcan todo esto, se puede hacer a partir de la iniciativa que se envió”, expresó.
La mandataria consideró que todo mayo continuará el diálogo entre el gobierno federal y las organizaciones, además de la comunicación con los legisladores, que se preparan para un periodo extraordinario de sesiones, en el que procesarán las reformas pendientes, incluida la del sistema nacional de búsqueda.
“Vamos a dar todo el mes de mayo. Ya se presentaron muchas de las modificaciones por parte de los grupos de organizaciones de buscadores, de buscadoras. El objetivo es que haya un extraordinario en junio, hay varias leyes que quedaron pendientes, entre otras, algunas de economía. Que haya un extraordinario en junio y poder tener los acuerdos, durante el mes de mayo, para que ya puedan ser aprobadas”, indicó.
Por otro lado, Sheinbaum se refirió al caso del narcorrancho de Teuchitlán, Jalisco.
Dijo que solicitó al Fiscal Alejandro Gertz comunicarse con el colectivo Guerreros Buscadores, con la finalidad de que aporten la información con la que cuentan.
“Le pedí a la Secretaria de Gobernación que pudiera haber, por lo menos, un llamado del Fiscal con este grupo de Guerreros Buscadores. Y hubo una llamada de teléfono del Fiscal, con la presencia de la Fiscal de Víctimas, Irene Herrerías, con ellas, para poder seguir teniendo comunicación.
“Que ellas puedan expresar libremente lo que encontraron en el rancho y que puedan ser atendidos en toda la magnitud, las solicitudes que tengan, además de las reuniones que se están teniendo con la Secretaría de Gobernación”, indicó.

Aún hay “peces gordos” por atrapar por el rancho Izaguirre, advierten diputados del PAN

Diputados del PAN calificaron al Alcalde de Teuchitlán, Jalisco, el emecista José Ascensión Murguía, como un chivo expiatorio con al que la que el Fiscal Alejandro Gertz Manero busca lavarse la cara ante la falta de resultados en la investigación del rancho Izaguirre.
Los legisladores celebraron la detención del emecista porque, afirmaron, hay indicios de que despojó de manera violenta a los propietarios del racho en 2012; no obstante, lamentaron la frivolidad de Gertz Manero, a quien acusaron de hacer montajes en lugar de dar resultados.
“Para lavarse la cara pretende darnos un chivo expiatorio, celebramos la detención del alcalde de Movimiento Ciudadano en Teuchitlán, porque hay reportes de que al rancho se le despojó de manera violenta al legítimo propietario en 2012”, señaló Ernesto Sánchez.
El edil José Ascensión Murguía fue detenido por la Fiscalía General de la República el pasado sábado, en relación con las investigaciones en torno al Rancho Izaguirre, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación operaba un centro de reclutamiento y adiestramiento.
Sánchez afirmó que aún hay “peces gordos” por atrapar para esclarecer los hechos ocurridos alrededor de lo que, afirmaron, fue un campos de exterminio y un crematorio clandestino.
“Este caso no debe quedar impune y faltan peces gordos pro atrapar, desde el más alto nivel de Gobierno por este lugar donde murieron personas inocentes”, agregó.
El también panista Federico Döring criticó la versión que señala como responsables de lo ocurrido en el rancho al alcalde y a dos policías locales.
Advirtió que esa versión sería similar a señalar que los únicos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa son los Abarca.
“Exijo que se aplique la ley a todos, que se acabe el pacto de impunidad entre (Claudia) Sheinbaum y (Pablo) Lemus. Decirnos que sólo dos policías de Tala y el Alcalde de Movimiento Ciudadano de Teuchitlán explican el centro de exterminio, es insultar nuestra inteligencia. Es como sino nos dijeran que sólo los Abarca, sin el Ejército y sin ninguna otra autoridad más estatal o federal, explican la tragedia de Ayotzinapa”, planteó.
Demando también a la Guardia Nacional que responda por los “corruptos” que permitieron la operación del rancho por tantos años, así como funcionarios del Gobierno de Jalisco.
“En el Gobierno de Jalisco tienen que rodar cabezas y ser consignados ante jueces los funcionarios que protegieron esta operación clandestina, ilegal y miserable de la Fiscalía de Jalisco, de la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco y, probablemente, incluso de la Secretaría de Gobierno del estado de Jalisco”, sostuvo.

Daniel Velázquez

El senador Félix Salgado Macedonio afirmó estar de acuerdo con los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional de Morena el pasado domingo, “pero que se cumpla, que no sea un papel lleno de hipocresía”.
Salgado Macedonio señaló que quien debiera empezar a cumplir con los lineamientos son los gobiernos de Morena y el partido. “Empezando con los gobiernos, con los líderes, porque no hay razones que se justifiquen”.
No obstante, por segundo día, el padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y aspirante a la candidatura por Morena a la gubernatura del estado, no dijo una sola palabra sobre el también acuerdo del Consejo Nacional contra el nepotismo en cargos de elección que lo afecta directamente.
El documento que difundió Morena en sus redes sociales, tiene nueve páginas, en las que se establecen los cuatro lineamientos generales a los que los militantes de Morena deberán ceñirse: austeridad republicana y voluntad de servir, independencia de los poderes fácticos, respeto e igualdad entre la militancia y prohibición del nepotismo electoral, los cuales cada uno tiene especificadas las 24 acciones que deben evitar los morenistas.

“Soy un objetivo de ataque”

En su perfil de la red social Facebook, poco después de las 4 de la tarde hizo una transmisión de poco mas de 25 minutos, en la que habló de algunos de los puntos aprobados en la sesión del Consejo morenista, sobre las conductas contrarias a los principios del movimiento.
En su mensaje, al referirse a algunos de los puntos sobre el uso de vehículos blindados, hizo énfasis en que es el padre de la gobernadora: “soy el que mas arriba en las encuestas y eso me hace un objetivo probable de ataque o de que me agredan”, pero no para usará seguridad o viajará en automóviles blindados: “yo no voy a traer patrullas detrás de mí, policías que me andan cuidando y mucho menos la Guardia Nacional, yo no traigo eso, a mí no me gusta eso”.
En cambio, aseguró, “hay dirigentes de partido, líderes, hay funcionarios de gobiernos, diputados, hay alcaldes y hay funcionarios públicos que traen patrullas atrás de ellos, escoltas, carros escoltas y que traen patrullas de la Guardia Nacional, traen dos, tres, cuatro patrullas de la Guardia Nacional y yo digo que no, eso se ve muy mal, eso se ve como si fuéramos PRI o PAN, esto que se cumpla, yo estoy de acuerdo, pero que se cumpla que no sea un papel lleno de hipocresía”.
Aclaró que la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional Ricardo Treviño Trejo, el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sí deben andar bien blindados por la responsabilidad que tienen, pero los demás “no hay por qué, yo estoy de acuerdo que no traigan vehículos blindados nadie y que se acate a partir de ayer (domingo)”.

“Funcionario de Chilpancingo paga 40 mil de cuentas”

El senador morenista consideró que las reglas de austeridad que enarbola Morena debieran ser aplicadas en “todos” los partidos, pero evadió identificar a “un funcionario público municipal de Chilpancingo que maneja dinero, que no sale de un restaurante muy famoso que se llama El Cazadores y paga cuentas de 40, 60 mil pesos del municipio de Chilpancingo. No lo quiero denunciar pero maneja dinero allá en el municipio y yo qué hago, qué digo y ahí van, se juntan, regidores, regidoras, funcionarios en El Cazadores. Ahí están las cuentas. Ojalá que el presidente pueda tomar nota de este asunto y pregunten en El Cazadores. Hay un funcionario de él que no sale de ahí pagando cuentas de 30, 40 mil pesos de pura borrachera, de puro alcohol”.
“En la política, la ética y la moral debe ser para todos, no nada mas para Morena, para todos”.
También señaló que hay alcaldes, diputados con protección de la Guardia Nacional y se meten con ellos a hacer compras a la tienda departamental Liverpool.
Agregó que los ciudadanos se tienen que convertir en vigilantes de cómo viven y son los funcionarios públicos.
En su transmisión Salgado Macedonio sólo habló de las siete directrices del eje de Austeridad republicana y voluntad de servir. Los otros tres lineamientos y sus 17 acciones no los mencionó.
Antes de hablar del acuerdo del Consejo Nacional de Morena, Salgado Macedonio estuvo con el ex diputado federal Fernando Reina Iglesias en Chilpancingo, en el hogar para perros de la calle Perritos Felices.