El Diálogo Nacional por la Paz, que organiza y animan a nivel nacional la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM) y la Provincia de la Compañía de Jesús en México, ha dado a conocer el documento Estrategias Municipales de Políticas Públicas para la Paz.
Con él inician la etapa de la firma del Compromiso Municipal por la Paz de los candidatos a presidentes municipales en las mil 580 alcaldías que se disputan el próximo 2 de junio en 30 de las entidades federativas. Al proceso convocan 56 organizaciones de la Iglesia, la sociedad civil y de las universidades en todos los estados.
La propuesta de paz en el ámbito municipal es resultado del proceso de escucha y de la recuperación de buenas prácticas en los 32 estados donde se identificaron 300 de las mismas. Algunas son producto de las organizaciones de la sociedad civil y otras de los gobiernos municipales. Se practican en familias, barrios, escuelas, universidades, centros de trabajo, parroquias y forman parte de programas de gobierno.
A partir de este proceso se identificaron 28 compromisos que se organizan en siete temas: 1) Tejido Social; 2) Seguridad; 3) Justicia; 4) Cárceles; 5) Adolescentes; 6) Gobernanza, y 7) Derechos Humanos. Los organizadores tienen la certeza de que “la paz se construye desde lo local, atendiendo los contextos, con la participación de todos los sectores y con una mirada a mediano y largo plazo”.
La CEM, la CIRM y los jesuitas sostienen que desde hace 18 años México vive “una de las crisis de violencia más graves de su historia contemporánea. Se trata de una realidad compleja y multicausal” y añaden que “tenemos un sistema de seguridad fragmentado, con falta de estrategias territoriales y un descuido de las policías municipales”.
Y que está rebasado el sistema de justicia “donde imperan la impunidad, la corrupción y el enfoque punitivo; en algunos lugares encontramos una falta de autonomía de las fiscalías estatales y una débil capacidad de investigación” y que “la rendición de cuentas y transparencia son retos que no han sido superados”.
A esto agregan que “el sistema penitenciario, como propuesta de reinserción social, ha fracasado porque se abusa de la pena de prisión cuando muchos casos podrían resolverse con medidas alternativas y con un enfoque de justicia restaurativa”.
El Diálogo Nacional por la Paz considera que “los gobiernos municipales son los más próximos a la ciudadanía y que tienen condiciones para atender problemáticas cotidianas que determinan la paz de los territorios”.
Las recomendaciones del documento Estrategias Municipales de Políticas Públicas para la Paz ofrece una guía general que requieren ser adaptadas de acuerdo a las características y las problemáticas particulares de cada municipio.
El Compromiso por la Paz ya fue firmado por las y el candidato a la presidencia de la República y también lo han hecho los candidatos a gobernador y ahora toca a quienes compiten por las presidencias municipales. Una gran iniciativa de la CEM, la CIRM, y los jesuitas.

@RubenAguilar

 

En lo que va del sexenio de Andrés López Obrador se han cometido 185 mil 86 homicidios dolosos, un promedio diario de 95 y un asesinato cada 15 minutos, y la proyección es que el sexenio termine con 199 mil 950 homicidios dolosos.
El pasado 23 de abril la consultora Tresearch Internacional publicó el estudio Homicidios en México. Cifras diarias e históricas, que ofrece datos duros de la situación de la violencia en el país y por cada uno de los estados.
Aquí presento las estadísticas de homicidios dolosos que corresponden a cada una de las entidades en este sexenio. De 2024 solo han pasado cuatro meses y al fin del sexenio los números se van a incrementar.
Los seis estados con la mayor cantidad de homicidios dolosos son: Guanajuato, 22 mil 470; Estado de México, 16 mil 493; Baja California, 15 mil 368; Chihuahua, 14 mil 223; Michoacán, 12 mil 390 y Jalisco, 11 mil 729. Tres gobernados por Morena, dos por el PAN y uno por el MC.
Le siguen los estados de: Sonora, 8 mil 761: Guerrero, 8 mil 675; Morelos, 6 mil 576; Zacatecas, 6 mil 391; Nuevo León, 6 mil 324; Ciudad de México, 5 mil 817; Veracruz, 5 mil 808 y Puebla, 5 mil 640. Siete gobernados por Morena y uno por el MC.
Luego vienen: Oaxaca, 4 mil 975; Colima, 4 mil 202; Sinaloa, 4 mil 37; Quintana Roo, 3mil 719; Tamaulipas, 3 mil 609; San Luis Potosí y Chiapas, 3 mil 568. Seis gobernados por Morena y uno por su aliado el PVEM.
Y finalmente, los once estados con menos homicidios dolosos,
son: Tabasco, 2mil 639; Hidalgo, mil 899; Querétaro, mil 164; Coahuila, mil 79; Nayarit, mil 17; Tlaxcala, 828; Durango, 752; Aguascalientes, 539; Campeche, 529; Baja California Sur, 401 y Yucatán, 288. Seis gobernados por Morena, tres por el PAN y dos por el PRI.
De 2023 a 2024, los estados donde más han crecido los homicidios dolosos son: Tabasco, 105 por ciento; Chiapas, 87 por ciento; Campeche, 43 por ciento; Morelos, 42 por ciento; Aguascalientes, 35 por ciento; Ciudad de México, 28 por ciento y Quintana Roo, 28 por ciento. Cinco gobernados por Morena y uno por el PAN.
Le siguen: Durango, 14 por ciento; Oaxaca, 14 por ciento; Guerrero, 12 por ciento; Nuevo León, 12 por ciento; Veracruz, 10 por ciento y Chihuahua, 3 por ciento: Tres gobernado por Morena, uno por el PAN, uno por el PRI y otro por el MC.
Los estados que en el mismo tiempo han logrado reducir más el número de homicidios dolosos son: Zacatecas, 69 por ciento; Hidalgo, 52 por ciento; Coahuila, 47 por ciento; San Luis Potosí; Tlaxcala, 42 por ciento; Nayarit, 41 por ciento y Baja California Sur, 30 por ciento. Cinco gobernados por Morena, uno por su aliado PVEM y uno por el PRI.
Luego vienen: Estado de México, 27 por ciento; Guanajuato, 24 por ciento; Tamaulipas, 21 por ciento; Durango; 21 por ciento; Colima, 20 por ciento; Sonora, 19 por ciento; Baja California, 13 por ciento; Yucatán, 13 por ciento; Nayarit, 11 por ciento; Sinaloa, 11 por ciento; Puebla 6.9 por ciento y Jalisco, 1 por ciento. Ocho gobernados por Morena, dos por el PAN y uno por el PRI.
El estudio de la consultora Tresearch Internacional da cuenta que en 13 estados se incrementa el número de los homicidios dolosos y que en otros 20 se reduce. A pesar de esta dinámica el número de los homicidios a nivel nacional sigue siendo el más alto de la historia del reciente del país.

@RubenAguilar

 

En marzo pasado, el 61 por ciento de la población del país de 18 años y más, que viven en las 50 ciudades más grandes, se sentía insegura, según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi.
La percepción de inseguridad se ha mantenido más o menos estable a lo largo de los últimos tres años. En 2022 era de 64.2 por ciento (diciembre); en 2023 de 62.1 por ciento (marzo) y ahora es de 61 por ciento.
Las ciudades con mayor percepción de inseguridad son: Fresnillo (95.4 por ciento), Zacatecas; Naucalpan (89.6 por ciento), Estado de México; Zacatecas (89.3 por ciento), Zacatecas; Chilpancingo (87.3 por ciento), Guerrero; Cuernavaca (87 por ciento), Morelos, y Ciudad Obregón (86.8 por ciento), Sonora.
Y las que tienen el mejor nivel de percepción de seguridad son: Alcaldía Benito Juárez (11.1 por ciento), Ciudad de México; Piedras Negras (19 por ciento), Coahuila; Alcaldía Cuajimalpa (22.5 por ciento), Ciudad de México; Mérida (23.2 por ciento), Yucatán; Tampico (23.6 por ciento), Tamaulipas, y Los Cabos (24.8 por ciento), Baja California Sur.
De las 50 ciudades contempladas, en 14 hubo cambios significativos al alza en la percepción de inseguridad entre ellas: Tijuana, Baja California; Pachuca, Hidalgo; Tlajomulco; Jalisco; Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México; Cancún, Quintana Roo; Monterrey, Nuevo León y San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
El 66.5 por ciento de las mujeres se sienten inseguras contra el 54.5 por ciento de los hombres. Según los espacios específicos que contempla la encuesta: 69.4 por ciento se siente inseguro en los cajeros automáticos; 63.9 por ciento en el transporte público; 53.9 por ciento en las carreteras; 53.5 por ciento en los bancos y el 52.8 por ciento en las calles que utiliza.
Para el 33.9 por ciento de la población su expectativa es que en los 12 próximos meses la inseguridad en su comunidad seguirá igual de mal; para el 21.5 por ciento que va a empeorar; el 19.2 por ciento considera que seguirá igual de bien y el 23.5 por ciento que va a mejorar.
La percepción sobre la inseguridad ha traído consigo cambios de costumbres y de hábitos en la población: 47.4 por ciento ha dejado de llevar cosas de valor (joyas, relojes, dinero…); 40.8 por ciento ya no camina después de las 20:00 horas por las calles donde se ubica su vivienda; 39.2 por ciento no permite que sus hijos menores salgan de su casa y 26.3 por ciento cambió sus hábitos de visitas a parientes y amigos.
Los medios que utiliza la población para enterarse de la inseguridad de su localidad, estado y país son: El 58.6 por ciento lo hace por los noticieros de televisión; el 53.8 por ciento por Facebook; 53.9 por ciento, de manera personal; 25.7 por ciento por internet y 21.3 por ciento por WhatsApp.
Todo indica que al término de la presente administración se va a mantener la percepción de inseguridad en torno al poco más del 60 por ciento de la población mayor de 18 años como ha venido siendo hasta ahora. La posibilidad de mejorarla será ya tarea del próximo gobierno.

 

Aunque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, diga que la tortura se ha terminado en México con la llegada de su gobierno, ésta sigue estando presente y en un número mayor o igual que el gobierno anterior.
En 2022 se abrieron 6 mil 226 carpetas de investigación por ese delito, 11 por ciento más que en 2021, cuando hubo 5 mil 594, de acuerdo a Documenta, una organización de la sociedad civil que trabaja sobre ese tema.
La mayor apertura de carpetas ocurrió en 2019 con 7 mil 500, en el primer año del actual gobierno, la más grande cantidad de los últimos años. Las carpetas cayeron en 2020 a 3 mil 35, pero repuntaron los siguientes dos años.
En 2022 solo fueron judicializadas 82 averiguaciones lo que representa sólo el 1.3 por ciento. En la vía de los hechos la impunidad para quien tortura ocurre en prácticamente el 100 por ciento de los casos.
De acuerdo al Observatorio de la Tortura, la legislación en la materia es muy avanzada en el papel, pero no en su implementación donde existen muchas deficiencias y obstáculos para perseguir los delitos.
En 2022, el 80 p¡por ciento de las víctimas de tortura no tuvieron acceso a las certificaciones de acuerdo al Protocolo de Estambul, que la ley considera para probar el caso de tortura.
La entidad con el mayor número de carpetas de investigación abiertas por casos de tortura es el gobierno federal con mil 405, de acuerdo con el Observatorio de la Tortura.
Le siguen el Estado de México con mil 312, la Ciudad de México con 858, Veracruz con 398, Baja California con 354 y Puebla con 289, ahora todas entidades gobernadas por Morena.
Las autoridades más señaladas como responsables de las torturas son las fiscalías estatales y las secretarías de Seguridad Pública de los estados.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reconoce lo avanzado de la legislación mexicana.
Pero al tiempo señala, que su aplicación deja que desear y que el país recibió siete recomendaciones en la materia en el último informe del Examen Periódico Universal sobre derechos humanos, de manera particular con relación a la impunidad que es prácticamente del 100 por ciento.
Y como ya lo han hecho otros organismo internacionales señala también el incumplimiento del actual gobierno con la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Y considera que esto no tenga lugar “dificulta la articulación de esfuerzos de todas las instituciones involucradas en la lucha contra la tortura”.
Los estudiosos del tema plantean que el número de las carpetas de investigación no registran todos los casos de tortura y que su número es claramente mayor. En materia de tortura, México no es el país que imagina el presidente.

@RubenAguilar

 

El pasado Viernes Santo tuve una plática en Tepoztlán, Morelos, con Jorge, un jardinero que ha trabajado en muchas casas de campo en Tepoztlán, y Mario, que fue chofer de autobús, y ahora labora en una de estas casas.
La plática duró más de dos horas, ambos son hombres inteligentes e inquietos, que tienen muchas dudas y preguntas de lo que pasa en México y de manera particular sobre lo que ocurre en esta elección.
Jorge, personaje conocido en la comunidad, años atrás participó activamente en la política local, y colabora en actividades religiosas, que son parte de la tradición ancestral de la comunidad.
Mario es más joven y nunca ha tenido actividad política partidista, pero conoce muy bien a su comunidad y se mantiene al tanto de lo que pasa en el pueblo, cosa que es común en todos sus integrantes.
Los dos piensan que una buena parte de los habitantes de Tepoztlán, en particular los adultos mayores, asumen como verdad que si votan a otro partido que no sea Morena van a perder los programas sociales que ahora reciben.
Ese mismo sector, al parecer el mayoritario, considera que recibe ese recurso como un donativo que les envía de manera personal el presidente López Obrador. Me preguntan si en gobiernos anteriores ya existían esos programas y desde cuándo.
Ellos en lo particular asumen que el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, que asocian con Morena, ha sido un desastre y que se ha incrementado la violencia y la inseguridad, pero piensan que es algo que no le interesa a la mayoría del pueblo.
Tienen poca información de la contienda por la gubernatura del estado. No identifican a las candidatas, que pueden hacerse del triunfo. En las pláticas que tienen con conocidos y amigos se habla de la campaña presidencial.
Me preguntan si tiene caso ir a votar cuando por todos lados, me dicen, oyen que esta elección por la presidencia de la República ya está decidida a favor de la candidata de Morena.
Jorge y Mario, saben que el presidente López Obrador perteneció al PRI y que buena parte de los que militan en ese partido antes estaban en el PRI y el PRD. Piensan que Morena es el PRI exitoso de antes.
A las respuestas que doy a sus preguntas me dicen por qué en la televisión y en la radio no se dicen esas cosas. Asumen que en los medios que ellos ven y oyen solo está presente la versión del presidente.
No les llega otra información, de lo que sucede con el país y de la actuación del actual gobierno, que no sean las posiciones oficiales, prácticamente todas a través del presidente. Saben que Claudia Sheinbaum es la candidata del presidente y que dice lo mismo que él.
De Xóchitl Gálvez no saben bien lo que propone, tienen una vaga idea de ella y lo que plantea si llega a ser presidenta. Saben de la existencia de Jorge Álvarez Máynez, pero no lo conocen.
La campaña electoral permanente del presidente, que articula su comunicación desde su primera comparecencia mañanera, que ha intensificado en los últimos meses, ha per-meado en millones de electores. Es el mayor adversario que en-frenta la oposición. Habrá que ver lo que sucede el 2 de junio.

@RubenAguilar

 

El padre jesuita Jorge Atilano González Candia (Huatusco, Veracruz, 1972), responsable del área del trabajo social de la Compañía de Jesús en México, en una entrevista con Elías Camhaji (El País, 11.03.24), plantea cómo los jesuitas ven el problema de la inseguridad de nuestro país.
Camhaji pregunta ¿de qué tamaño es el problema de la violencia en México? El jesuita responde: “Estamos preocupados porque desde las misiones que tenemos en Chiapas, Chihuahua, Michoacán o Guerrero estamos viendo que ha crecido el control de los territorios (de parte del crimen organizado)”.
Y añade: “vemos que están siendo controlados policías municipales, alcaldes, el transporte público. Nos preocupa el tipo de sociedad que estamos creando y toda la violencia que se está dando. Las cifras oficiales muestran que han bajado los homicidios, pero el sentimiento es que vamos perdiendo libertades. Eso lo vemos cada vez más presente”.
El periodista pregunta ¿cómo se ve desde la perspectiva de la Iglesia el fenómeno del narco y su influencia en el país? El jesuita, especialista en procesos de construcción del tejido social, responde: “Hay muchas miradas. Como yo lo veo, es que si el narcotráfico en México es fuerte, es porque tenemos un tejido social que ha sabido utilizar a su favor. Y eso le ha dado fuerza”.
Esto, añade, “se ve reflejado en la fidelidad a los liderazgos, en el daño que pueden cometer para tener reconocimiento social, en la base social que han logrado construir. Estamos teniendo un fenómeno nuevo. Estas economías logran tener una base social a su favor. La gente espera recibir ciertos favores, pero acaban siendo puestos como barreras contra otro grupo delictivo o contra las autoridades. Esto nos mete en una situación complicada”.
A la pregunta sobre ¿qué impacto ha tenido la violencia en este proceso electoral?, el jesuita responde que desde hace por lo menos tres años: “Las economías criminales han diversificado sus negocios. De la droga han pasado a la minería, al huachicoleo o a controlar los tianguis y otro tipo de economías más informales”.
Y agrega que “empezamos a detectar cómo se han metido a las alcaldías, para desde ahí financiar sus ejércitos, cumplir las funciones de la policía o financiar sus estructuras. Eso es muy peligroso para un país que quiere ser democrático y una ciudadanía que quiere andar libremente en su tierra”.
El padre González Candia estudió Filosofía y Ciencias Sociales en el ITESO-Guadalajara (1994-1999); Teología en la Ibero-Ciudad de México (2001-2005), y tiene una Maestría en Ética Social en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile (2013-2014).
Camhaji pregunta ¿cómo viven la violencia los miembros de la Iglesia en el terreno? El jesuita responde: “Como sacerdotes, la gente nos tiene mucha confianza de platicar lo que viven. Y lo que veo es que hay mucho dolor y mucho miedo (…). Una realidad que me mueve mucho es ver el impacto que esto está teniendo en los jóvenes. Jóvenes atrapados, obligados a meterse a las drogas y a estos grupos. Eso también nos preocupa y nos duele”.
El periodista pregunta si con la intervención de la Iglesia en el tema de la construcción de la paz ¿no puede haber un problema con el Estado laico? El jesuita responde: “Yo creo que el problema sería si hubiera una política partidista y eso no se ha dado en ningún momento. Hemos evitado que este movimiento se vea envuelto en eso”.
@RubenAguilar

 

Los obispos mexicanos, como lo hacen cada mes, enviaron a los sacerdotes del país, el texto de la Oración de los fieles que debería leerse en todas las misas del domingo 17 de marzo, el quinto domingo de la celebración de la Cuaresma.
En el documento que enviaron, reproducen una cita del documento Agenda Nacional por la Paz: “¿Que? país es este que se ha acostumbrado a la muerte cotidiana, a la corrupción, a la impunidad, y al fracaso de sus instituciones? ¿Cómo nos convertimos en esta sociedad que tolera y se resigna al miedo, egoísmo e indolencia; a la ineptitud de sus gobernantes y a relacionarnos haciendo daño?”.
En la mención de entrada, de la oración que se leyó el pasado domingo en todas las misas se dice: “Por la conversión de una narcocultura hacia una cultura de la vida”, es decir, una conversión hacia la civilización del amor, resaltando la esperanza que no escatime esfuerzos hacia dinámicas de fraternidad arraigadas en el Evangelio, para construir un país más justo y reconciliado”.
Y continúa: “De frente a los fenómenos sociales de violencia y desigualdad social (manifestación de la decadencia de un Estado fallido y corrupto que favorece y coquetea los excesos de lo que nunca se tuvo, por medios fáciles y violentos, llegado hasta el extremo de generar una narcocultura), el estar aquí congregados en torno a la Eucaristía y la palabra, nos hace vivir en comunión, solidaridad y servicio como auténticos discípulos de Jesucristo, que viven los valores del Evangelio para ser constructores de la civilización del amor, que erradique el colosal imperio de todo aquello que atenta contra la dignidad de los ciudadanos”.
Acá transcribo parte de cinco de las seis peticiones que se leyeron en las misas del domingo en todo el país:
–Por los que nos gobiernan, para que en medio de las situaciones complejas de ingobernabilidad en que vivimos, protejan y prevean de oportunidades educativas, deportivas y económicas (…), de tal manera que los más desfavorecidos no pierdan el respeto a sus propias personas que los hacen presa fácil de la narcocultura.
–Por los que lucran con la droga y la violencia, por aquellos que anhelan ser importantes y de respeto en sus comunidades, buscando llenar el vacío en que han vivido, para que acaben con esa explotación comercial que solo genera violencia familiar y social.
–Por todos los ciudadanos que tienen la posibilidad de votar en las próximas elecciones de junio, para que ejerzan este derecho, venciendo el pesimismo –principal aliado del populismo–, conscientes que fuera de la democracia no hay libertad, ni paz, ni progreso, ni civilización (…).
–Por quienes son víctimas de la narcocultura, fenómeno de diferenciación social que genera contraste entre tener poco y tenerlo todo, para que en medio de las manifestaciones que exaltan las hazañas de violencia y el crimen, que contradicen la paz y la nobleza de vida (…).
–Por todos nosotros (…) para que ante todo aquello que atenta contra la dignidad de las personas: la corrupción, la narcocultura, la explotación comercial y las vidas en exceso que exaltan el ego, inculquemos en el seno de nuestras familias todo lo que reconstruye y promueve la dignidad humana.
La Iglesia católica en lo general, a partir del asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, el 20 de junio de 2022, en la sierra tarahumara, empezó de manera pública y visible, a interesarse por el problema de la seguridad en el país y por la forma de restablecer la paz perdida. En las últimas semanas se ha intensificado su presencia.

@RubenAguilar

 

En México los especialistas que estudian al crimen organizado y también buena parte de los políticos de la oposición sostienen que hay espacios del territorio nacional controlados por el crimen organizado.
El presidente López Obrador, también funcionarios de su gobierno, son los únicos que afirman que esto no es cierto. La realidad contradice lo que dicen, pero prefieren ignorarla y vivir en el engaño.
Ahora es la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Avril Haines, quien sostiene que existen partes del territorio mexicano en poder del crimen organizado.
El lunes 11 de marzo, al comparecer frente al Comité Selecto de Inteligencia del Senado, aseguró que hay espacios de México “que están efectivamente bajo su control”.
En su comparecencia estuvo acompañada por Bill Burns, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y Christopher Wray, director del Buró Federal de Investigación (FBI).
Haines en su intervención dijo que “las organizaciones criminales trasnacionales mexicanas suministran y mueven grandes cantidades de opioides sintéticos como el fentanilo a los Estados Unidos”.
Reiteró, que las “organizaciones criminales mexicanas son las productoras dominantes de fentanilo ilícito para el mercado estadunidense” desde hace 20 años.
López Obrador y funcionarios de su gobierno han dicho en diversas ocasiones, a pesar de la contundencia de las pruebas, que en México no se produce fentanilo.
La funcionaria dijo que el crimen organizado mexicano se abastece mayoritariamente de precursores que vienen de China y en menor medida de la India.
Y planteó ante los senadores que el crimen organizado mexicano es también el principal proveedor de metanfetaminas, heroína y cocaína que proviene de Sudamérica.
La afirmación de la funcionaria se sostiene en evidencias (fotografías, testimonios …) y la de López Obrador solo en discursos de propaganda política.
Haines, Burns y Wray no hicieron mención a la manera que el crimen organizado de Estados Unidos, asociado al de México, participa en la introducción y distribución de las drogas ilícitas en ese país.
Las agencias de seguridad de Estados Unidos también hicieron referencia al papel del crimen organizado con los migrantes, que cada vez los explotan más. Ofrecieron datos sobre el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro y la trata.
La versión de la oficina de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, de la CIA y el FBI es diametralmente opuesta a la del gobierno del presidente López Obrador que de manera pública no reconoce la existencia de estos problemas.
Permanecer en la oscuridad es la forma que el actual gobierno de México colabora con las agencias de seguridad de Estados Unidos. Haines en el Senado de su país aseguró trabajar de manera conjunta con las autoridades mexicanas en el combate al crimen organizado.
De esto el gobierno de México nunca habla y cuando lo hace es para confrontarse con las agencias de seguridad de Estados Unidos. Al parecer es solo un discurso más, la realidad es que colabora y lo hace de manera estrecha.

@RubenAguilar

El pasado 3 de marzo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) dio a conocer: Mensaje de la CEM a la Nacio?n Mexicana con motivo de los comicios del 2 de junio del 2024, que por el tema y el lenguaje que utiliza resulta un documento histórico.
De la primera parte del texto subrayo tres ideas que considero claves:
–Los obispos dicen saber “de algunos riesgos que amenazan la estabilidad democrática mediante la violencia criminal que, al mismo tiempo, afectan la libertad ciudadana. Estamos a tiempo de evitarlos confiando en la fortaleza de las instituciones electorales y en la honestidad de todos los candidatos”.
–Afirman que “los verdaderos demócratas, como fruto de un proceso ejemplar, deberán reconocer los resultados sin apasionamiento, dejando de lado intereses meramente partidistas y conductas egoístas, poniendo por delante el bien común de nuestro México”.
–Hay que vivir “esta experiencia de renovación democrática con libertad y con responsabilidad; respetándonos unos y otros, desde nuestra legítima pluralidad cultural con la que se enriquece nuestra sociedad, tal como se manifiesta en la vitalidad de la sociedad civil organizada con todos sus matices y en los organismos intermedios de distintos sectores”.
De la segunda parte del texto subrayo cinco ideas que considero claves:
–Los obispos dicen que el INE, el TEPJF y la Fisel (Antes FEPADE) deben “actuar con apego a la imparcialidad y la justicia, con ética y competencia profesional, para garantizar que el proceso se desarrolle con plena legalidad y con oportuna corrección de las anomalías que pudieran presentarse”.
–La Sedena, la Semar y la GN deben garantizar “la protección y el ambiente de paz, de tal manera que se eviten, por motivos electorales, las agresiones, los atentados y los lamentables asesinatos de candidatos, políticos, familiares, periodistas y demás ciudadanos (…) la seguridad deberá estar garantizada en todos los rincones del país el próximo domingo 2 de junio, sin excepción alguna”.
–“Creemos que el peor de los escenarios, el que mayormente debemos evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral, en cualquier lugar y momento. La democracia electoral mezclada con la delincuencia es un binomio totalmente inaceptable, es un signo de la más deplorable corrupción que se debe evitar a toda costa. Por ningún motivo se puede justificar y mucho menos entrar en complicidad”, dicen los obispos.
–Sostienen que “las condiciones por las que atraviesa el país desafortunadamente no son las mejores, pues es evidente que, desde hace tiempo, nuestros problemas son muchos en materia de seguridad, desigualdad social, crecimiento económico, insuficiente empleo formal y digno, cobertura y calidad educativa y de salud, migración, polarización social, y otras problemáticas”.
–Los obispos plantean que “México necesita campañas electorales limpias, legales y austeras; con abundancia de propuestas responsables y serias; dejando de lado las descalificaciones de los contrincantes para dar lugar a la búsqueda de soluciones auténticas para nuestros problemas, tomando en cuenta la seriedad de los mismos. También nos conviene, a todos, la libertad de expresión en el legítimo ejercicio de los comunicadores y los ciudadanos, sin que por ello se ponga en riesgo la vida o seguridad de las personas”.

@RubenAguilar

 

Dirigentes políticos de la oposición, líderes de organizaciones sociales, académicos y ahora también los consejeros del INE y los magistrados del TEPJF consideran que de cara al proceso electoral de 2024, es necesaria la elaboración de un mapa de riesgo.
Una buena parte de la información del accionar del crimen organizado está a disposición de todos a través de la prensa de los estados y de la Ciudad de México, que día a día dan cuenta de lo que realizan en el territorio.
Está la información que generan las áreas de inteligencia del Ejército y la Marina y la propia del Centro Nacional de Inteligencia, el antiguo CISEN ahora con otro nombre.
Está también, es extraordinariamente valiosa, la información de los estados y de los municipios. Es tal vez la más abundante y precisa, aunque la más de las veces no se utiliza y se queda solo en las instancias que la registran.
Los partidos nacionales y locales tienen una información precisa a partir del conocimiento que sus integrantes y sus candidatos tienen del terreno. Y de su experiencia al ser abordados por el crimen organizado.
La información existe y en abundancia, se produce todos los días, aunque es dispersa y en algunos casos está solo en poder de las instancias que la generan. De cara al proceso que inicia el 1 de marzo ya se va tarde, pero siempre algo se puede hacer.
¿Quién debe hacerse cargo de recolectar e interpretar esta información? Ahora deben ser estructuras que ya existan y que tengan la capacidad humana y técnica para hacerlo.
Están a nivel federal la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) y a nivel de los estados las secretarías de seguridad y las fiscalías. Y estas mismas serían las que tendrían la capacidad para actuar sobre el terreno.
La consultora Integralia días atrás publicó un mapa de riesgo electoral y lo mismo hizo el grupo de medios que publica el periódico Milenio y el INE contrató un despacho privado para que elaborara un mapa de riesgos electoral, que ya se realizó, pero no se ha publicado.
Para Rubén Moreira Valdez, representante del PRI en el INE, el problema es de tal dimensión que solo se le puede hacer frente a través de un acuerdo nacional, bajo el liderazgo del Ejecutivo federal.
Y dice que el presidente de la República debería convocar a los gobernadores, cosa que nunca ha hecho, para adoptar una estrategia conjunta en la que participen los tres órdenes de gobierno con sus fuerzas de seguridad.
A pesar de ver que esta es la única y mejor posibilidad para defender la vida de los candidatos, y con ello a la democracia, asume y lamenta que el presidente no se pondrá a la cabeza de esta iniciativa.
Las autoridades, también las electorales, saben donde se ubican las zonas de mayor riesgo para los candidatos, pero no se hará nada del nivel que se necesita para proteger sus vidas. Es muy probable que la jornada termine con 200 asesinatos. Son muertes ya anunciadas.

@RubenAguilar