En la anquilosada concepción estatista- centralista del presidente López Obrador (2018-2024), que también es la que sostiene la presidenta Sheinbaum Pardo (2024-2030), el gobierno es sinónimo de Estado y no hay lugar para la sociedad civil, que la asumen como un “invento” neoliberal.
El teórico marxista Antonio Gramsci (1891-1937), fundador del Partido Comunista de Italia (PCI), en 1921 sostenía que el Estado se integraba con dos actores: el gobierno y la sociedad civil. Y decía que todo lo que no era gobierno era sociedad civil y todo lo que no era sociedad civil era gobierno.
En la década de 1990, desde el mundo de la academia, sobre todo de Europa y Estados Unidos, y de los organismos internacionales, como la ONU, el BM y el FMI, la sociedad civil de Gramsci se dividió en dos: organizaciones de la sociedad civil que lucran (empresas o mercado) y organizaciones de la sociedad sin fines de lucro.
Surge entonces la idea o concepción de que el Estado se integra a partir de tres actores: gobierno, mercado y sociedad civil. Así, un Estado es fuerte solo si los tres actores que lo integran lo son. Cada uno tiene funciones que le son propias en la tarea de construir el Estado-Nación, que no pueden realizar los otros. Los tres se necesitan.
En ese tiempo surge también el concepto de gobernanza, que sustituye y supera al de gobernabilidad, que se entiende como la acción concertada de los tres actores que integran el Estado, para juntos construir la comunidad y el bien común.
López Obrador se quedó en las anquilosadas ideas del Estado de la década de 1970, y al parecer en los 14 años que tardó en sacar su título en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, no asistió a ningún seminario de Gramsci, su concepción de Estado la aprendió en el PRI, donde militó 14 años. Se quedó con ella y ya nunca la renovó.
La presidenta Sheinbaum, que no estudió ciencias sociales, sus ideas y concepciones políticas las derivó de su participación en el movimiento estudiantil de 1986-1987 en la UNAM, pero sobre todo de sus 20 años de militancia en el PRD, y desde 2014 en Morena, el partido fundado por López Obrador, que sostiene como una de sus posiciones centrales el estatismo centralista.
En esa visión, donde el gobierno es el Estado, las organizaciones de la sociedad civil no deben de existir porque son producto del neoliberalismo, y no de la concepción marxista gramsciana, y por eso deben ser aniquiladas. Lo que no aceptan es que sean autónomas e independientes y no se subordinen al Estado-gobierno. Se las ve como una amenaza y no como socias en la construcción del Estado-Nación.
La cruzada de López Obrador, que continúa con la presidenta Sheinbaum, su discípula y seguidora, en contra de las organizaciones de la sociedad civil, pretende acabar con ellas, pues no quieren la presencia de organizaciones sociales que realicen tareas en beneficio de la comunidad, para ellos eso es solo tarea del monopolio del Estado- gobierno.
Pero, sobre todo, no quieren que existan instancias libres y autónomas, que actúan como contrapeso a la acción del gobierno a través de su pensamiento crítico, su capacidad de dar a conocer sus posiciones sobre la realidad, en particular sobre las causas donde trabajan, y convocar a sectores de la sociedad.
La acción del SAT de retirar a 100 organizaciones de la sociedad civil su carácter de donatarias se inscribe en la guerra por aniquilarlas. En el futuro vamos a ver nuevas acciones del gobierno encaminadas a desaparecerlas. A las organizaciones de la sociedad civil lo que les toca es resistir la embestida y no doblarse. No es fácil, están en una situación de desventaja, pero tienen que hacerlo. En la conciencia de que se enfrentan a un gobierno estatista-centralista de corte conservador.

@RubenAguilar

En 1534, nace oficialmente la Iglesia Anglicana, en una ruptura más política que teológica, liderada por el rey Enrique VIII. El origen de la separación de la Iglesia Católica es la negativa del Papa de concederle la anulación del matrimonio con Catalina de Aragón, por no poder tener hijos.
Ese año el Parlamento inglés reconoce al rey como autoridad suprema de la Iglesia. Después el anglicanismo asume posiciones teológicas del luteranismo especialmente durante el reinado de Eduardo VI, que se consolida con Isabel I. Al día de hoy hay 95 millones de anglicanos en el mundo, sobre todo en África, donde viven dos tercios de los mismos.

El 25 de marzo de 2026, la Iglesia Anglicana dio un paso histórico al nombrar por primera vez, en sus 500 años de existencia, a una mujer, Sarah Mullally, como Arzobispa de Canterbury, que es la cabeza espiritual de los anglicanos de todo el mundo. Ella era obispa de Londres.
Nació en 1962, en Woking, Inglaterra. A los 16 años se convierte al cristianismo. Se formó en el Politécnico de South Bank y en Heythrop College, Universidad de Londres. Se especializó en enfermería oncológica y llegó a ser jefa de planta en el Hospital Westminster antes de ser nombrada Directora de Enfermería del Hospital Chelsea and Westminster.
En 1999, a los 37 años, se le nombra Directora General de Enfermería del Gobierno para Inglaterra, del Departamento de Salud. En ese trabajo, sintió la vocación al sacerdocio y se forma como ministra en el Instituto de Educación Teológica del Sudeste.

A los 40 años, en 2001, se ordena sacerdotisa. Ejerce su ministerio pastoral inicialmente como ministra independiente, antes de dejar su puesto en el gobierno en 2004, lo que en aquel momento describió como “la decisión más importante que he tomado en mi vida”.
En 2012, se le nombra canóniga de la catedral de Salisbury y, tres años después, asume el cargo de obispa auxiliar de Crediton, diócesis de Exeter, siendo la cuarta mujer obispa de la Iglesia. El 12 de mayo de 2018, es investida como la 133ª obispa de Londres en la catedral de San Pablo, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo. Desde 2018 tiene un escaño en la Cámara de los Lores como miembro del cuerpo de oradores espirituales.
Entre los retos que tiene la nueva arzobispa de Canterbury, está hacer frente a las profundas divisiones dentro del anglicanismo en el mundo. Su nombramiento, por ejemplo, ha sido condenado por varios arzobispos en África.
Hay sectores del anglicanismo que rechazan su posición de bendecir el matrimonio de las parejas del mismo sexo, que genera tensiones en los sectores conservadores, especialmente en África y Asia. Ella no está de acuerdo en la muerte asistida, posición que sí aceptan otros sectores de la Iglesia.
La arzobispa Mullally se casó en 1987 con Eamonn Mullally, arquitecto de sistemas informáticos y empresariales. La pareja tiene dos hijos adultos, Liam y Grace. Ella en diversas ocasiones ha hablado abiertamente sobre su dislexia, y las dificultades que tiene para leer y escribir. En su tiempo libre, le gusta cocinar, pasear y hacer cerámica.

@RubenAguilar

El lunes 23 de marzo de 2026, las y los integrantes del Frente Amplio Democrático (FAD) acordaron hacer un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones sociales. Aquí trascribo el texto:
“La presidenta NO piensa en las próximas generaciones, únicamente se ocupa de las próximas elecciones.
Con una visión cortoplacista, tanto el plan A (desechado en la Cámara de Diputados) como el plan B (presentado en el Senado) son una clara demostración del único interés reiterativo de la presidenta Claudia Sheinbaum: asegurar a Morena el triunfo en las elecciones del 2027, y no a México una mejor y más sólida democracia.
En el plan A la modificación a la composición de la representación nacional en el Congreso, automáticamente le daba mayoría calificada a Morena, y la alteración del artículo 134, cancelaba los principios de neutralidad e imparcialidad que obligan al gobierno en una elección.
Como esa intentona fracasó, ahora con el plan B se busca invadir la esfera estatal y municipal contrario a la soberanía y libertad de los estados en su régimen interior, que consigna el artículo 40 constitucional. Quiere reconfigurar el régimen municipal y normar a las legislaturas locales.
Y con la alteración al artículo 35, para que la revocación de mandato se lleve a cabo en paralelo a la elección, la presidenta tendrá la posibilidad de figurar en la boleta electoral e incluso hacer campaña meses antes de la elección, lo que favorecerá a Morena en detrimento de los otros partidos, incluso sus aliados, el PT y el Verde.
Estas dos iniciativas son una clara muestra de que la presidenta coloca al gobierno por encima de las y los ciudadanos, como jefa de una fracción, su partido, Morena y no se eleva como jefa de la Nación mexicana que representa a todas y todos los mexicanos.
En solo 18 meses la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado, a través de una mayoría conseguida en forma tramposa y autoritaria, reformas constitucionales para eliminar los organismos autónomos e independientes que garantizaban transparencia y legalidad en la información y decisiones del gobierno; limitó el derecho al amparo, poniendo los intereses del gobierno por encima de los intereses de la ciudadanía, y controló al poder judicial, poniendo a la Suprema Corte bajo la autoridad del ejecutivo.
Claudia Sheinbaum no es la presidenta de México, es presidenta de Morena. Nuestra democracia, que costó 30 años construir, está amenazada. Con la reforma electoral busca convertir a Morena en un partido de Estado.
Por todo lo anterior es que el Frente Amplio Democrático (FAD) se opone ahora al Plan B y hace un llamado a los partidos de oposición e incluso al PT y Partido Verde, a que lo rechacen como rechazaron el Plan A, pues lejos de representar un avance democrático, se trata de una fuerte regresión autoritaria hacia etapas que con mucho esfuerzo y patriotismo el pueblo de México ha superado.
Por eso el FAD reitera una vez más: ¡Sí a la democracia y las libertades, No a reformas regresivas!”.

@RubenAguilar

La presidenta Sheinbaum Pardo envió al Poder Legislativo, la propuesta de reforma en materia electoral que ha llamado el Plan B, después de que fracasó la propuesta original, diseñada por el presidente López Obrador, su antecesor, tras el rechazo a votar a su favor por sus aliados los partidos el PT y el PVEM.
De las propuestas del Plan B, todas regresivas y con el propósito de debilitar a la oposición, fortalecer a Morena y dar más elementos de control al Poder Ejecutivo sobre el proceso electoral, la más grave considero que es la reforma del artículo 35 de la Constitución.
En él se dice: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta (…)”.
Los temas en que la Constitución no admite la consulta popular están bien definidos, y no requieren mayor discusión. Es claro que no se puede poner a consulta popular la estrategia de seguridad nacional, materia solo de especialistas de alto nivel en ese campo y lo mismo sucede con las finanzas públicas y las elecciones.
La Constitución prohíbe la consulta popular en “materia electoral”, para evitar que en un tema tan delicado, que es fundamental para la vida democrática, quede a la posibilidad del voto a mano alzada, producto solo de un peculiar estado de ánimo.
La propuesta que presenta la presidenta, que es la de López Obrador, su mentor y líder, de modificar el artículo 35 de la Constitución en materia electoral para permitir la consulta popular tiene como propósito que el proceso electoral pase a control de quien detente el Poder Ejecutivo.
Este, tendría la facultad constitucional, cada vez que estime conveniente, y en razón de sus intereses particulares, organizar consultas populares sobre la materia. Para poner sólo un ejemplo podría poner a consulta terminar con la autonomía del INE y hacer que vuelva al control de la Secretaría de Gobernación como hace 26 años atrás.
En los siete años y medio que Morena tiene en la presidencia de México, la sociedad ha sido testigo de cómo se organizan las consultas populares, primero manipuladas por el presidente López Obrador y luego por la presidenta Sheinbaum Pardo. En ellas ha participado menos del 10 por ciento del padrón electoral. Las minorías, pasan, entonces, a imponerse sobre las mayorías.
Si pasa la reforma del artículo 35 de la Constitución que quiere la presidenta, de inmediato tendría el control del sistema electoral. Mañana podría mandar iniciativas para eliminar instituciones, reducir presupuestos y todo lo que se le ocurra, para debilitar a la oposición y fortalecer a su partido.
El mismo artículo señala que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien resuelve sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta de los temas contemplados en éste. La presidenta sabe que tiene el control de los nueve ministras y ministros, todos militantes o simpatizantes de Morena, y que siempre darían por buenas las consultas y sus resultados.
De aprobarse en las próximas semanas, el cambio del artículo 35 de la Constitución, se avanzaría en la construcción del sistema político centralista y autoritario que inicia el presidente López Obrador y continúa la presidenta Sheinbaum Pardo. Y se daría un golpe demoledor a la democracia.

@RubenAguilar

Desde hace años, los generales del Ejército de México que conozco, ahora todos en retiro, me han hablado de la muy buena relación que existe con el Ejército de Estados Unidos, y que siempre se reconocen como integrantes de dos instituciones cercanas, pero no piensan lo mismo, y no tienen la misma relación, con las agencias de seguridad de los vecinos del norte.
La relación entre los ejércitos de los dos países se da en el marco del tratado de Cooperación Bilateral Militar México-Estados Unidos de América, que contempla temas relacionados con la Estrategia de Cooperación Militar Bilateral México-Comando Norte, vigente desde 2016.
El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa en el sexenio pasado, como jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, suscribió 15 instrumentos de cooperación con el Comando Norte, en diversas materias de seguridad y defensa, intercambio de experiencias, y asignación de oficiales de enlace entre ambos ejércitos.
Los acuerdos, que se han intensificado con el general Trevilla Trejo, ya como secretario de la Sedena, incluyen cursos de capacitación de militares mexicanos en Estados Unidos y en México, a cargo de militares estadunidenses, Juntas de Comandantes Fronterizos, mesas redondas con temas distintos celebradas en los dos países.
En diciembre de 2025, integrantes de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, y del Comando Norte participaron en la Sesión Técnica de la Junta de Cooperación entre los dos países, que se celebró en las instalaciones de la Sedena en la Ciudad de México.
En esta reunión, los representantes de los dos ejércitos, revisaron el plan de actividades programadas para 2026, afinaron los mecanismos y procedimientos de colaboración y de manera particular acordaron sobre la estrategia de seguridad durante los eventos de la Copa Mundial, que se celebra en los dos países y Canadá, que incluye sistemas integrados de comunicación.
El general Trevilla Trejo, en lo que va de 2026, ha estado en dos ocasiones en Estados Unidos reunido con sus contrapartes en sesiones de trabajo. Ambos ejércitos sostienen que la colaboración se da bajo el principio de reciprocidad y responsabilidad compartida, confianza mutua, y pleno respeto a las decisiones de países soberanos.
Desde el sexenio pasado, Trevilla Trejo, como jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, promovió la cooperación entre los dos ejércitos y firmó acuerdos bilaterales en materia de inteligencia, coordinación en la frontera, combate al tráfico de armas, drogas, y también en el establecimiento de reglas, para la interacción con las agencias de seguridad de Estados Unidos.
Como secretario de la Defensa, en el marco de las presiones del gobierno de Trump al de Sheinbaum Pardo, tiene el reto de mantener los altos niveles de cooperación de los ejércitos de los dos países, en el acuerdo del respeto a la soberanía y el entendimiento mutuo. En el Ejército se le reconoce su capacidad para negociar y llegar a acuerdos.

@RubenAguilar

En noviembre de 2025, el Día de Muertos, en la fiesta de las velas fue asesinados el alcalde de Uruapan Carlos Manzo, del Movimiento del Sombrero.
Desde el primer momento su esposa Grecia Quiroz pidió se investigara cómo actores intelectuales a tres políticos de Morena muy conocidos en el estado.
A Leonel Godoy, exgobernador y actual senador; Raúl Morón, senador, y a Ignacio Campos, expresidente municipal. A pesar de la denuncia, en su momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) no abrieron carpetas de investigación.
El pasado 17 de febrero, Quiroz, que sustituyó a su esposo en la alcaldía, presentó una denuncia formal sobre estos tres políticos en la FGE, acompañada por cientos de simpatizantes.
Como prueba presentó grabaciones de Manzo, realizadas antes de ser asesinado, en las que advierte que, en caso de que se atente contra su vida, responsabiliza directamente a los ahora acusados por su esposa.
En la entrega de la denuncia en Morelia, capital del estado, dijo que “presenté pruebas que el propio Manzo dejó en vida. No vengo a acusar por rumores, vengo a pedir que se investigue lo que él mismo dejó grabado”.
La ahora alcaldesa exige que no solo se detenga a los autores materiales, algunos ya en la cárcel, sino también a los autores políticos e intelectuales.
Quiroz, pidió de manera formal, que el Ministerio Público solicite la presencia de los acusados, y que el caso sea atraído por las autoridades federales, que encabeza el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.
La alcaldesa subrayó que “esto va más allá de coyunturas políticas, es una exigencia de justicia. La Fiscalía ya tiene los elementos para llamar a declarar a quienes fueron señalados directamente”.
Y fue enfática al decir que “Carlos Manzo habló antes de morir y el Estado debe escucharlo. No estamos construyendo una narrativa política; estamos entregando evidencia”.
En sus declaraciones sostuvo que “no solo se mata con un arma, también se mata desde el Poder. Si hubo descuido o protección, también debe de investigarse. La línea de investigación no puede detenerse en los ejecutores”.
“La gente, dice la alcaldesa, quiere verdad, no versiones oficiales. El silencio y la mentira también lastima a las víctimas”.
Y exige, por la importancia del caso y las pruebas que se han entregado a la FGE, la intervención federal: “queremos garantías de imparcialidad en la investigación; el país debe saber qué pasó realmente”.
La denuncia, con pruebas, que se ha entregado a la FGE necesariamente, debe abrir carpetas de investigación sobre reconocidos políticos de Morena en el estado de Michoacán. La PGE no puede desconocer lo que tiene en sus manos, porque actuaría como cómplice de los ahora acusados.
Habrá que ver el desarrollo del caso ya en manos de la PGE, y si esta no actúa, que es una posibilidad pues no lo hizo antes incluso habiendo acusaciones, la investigación deberá ser asumida por la PGR, que en su momento, de ser el caso, tampoco podrá evadir su responsabilidad porque pasaría como encubridora de políticos de Morena acusados como responsables intelectuales de un crimen.

@RubenAguilar

En diversas fechas la presidenta Sheinbaum Pardo comprometió el envío de su propuesta de reforma electoral, pero no lo hizo, y la semana pasada dio como nueva fecha este lunes 2 de marzo, para hacerla llegar a la Cámara de Diputados, vamos a ver si en esta ocasión si cumple.
La analista política y especialista en temas electorales, la doctora María Amparo Casar ha hecho un análisis de la propuesta, todavía sin que se conozca la ley, a partir de los diez puntos que en una mañanera la presidenta presentó como avance del contenido de su iniciativa.
Del artículo de la doctora Casar, “Una reforma acorde con la regresión democrática” (Nexos, 27.02.26) retomo las ideas que aquí presento. La presidenta asumió de su antecesor, su mentor y líder, el dar continuidad al “segundo piso de la transformación”, que él inicia, que contemplaba la reforma judicial, que ya ocurrió, y ahora la electoral. En versión de la presidenta es una demanda del pueblo.
Según la presidenta la iniciativa de ley, que algunos pensamos fue diseñada por el presidente López Obrador (2018-2024), pretende reducir los costos de la democracia mexicana; hacer el proceso electoral más participativo, y eliminar que el poder de las cúpulas partidistas asigne las candidaturas plurinominales.
La doctora Casar subraya que “en esta iniciativa, fieles a la conducta de la 4T instaurada desde el 2018, la voluntad de diálogo quedó descartada” y al momento “se mantiene la incertidumbre sobre si los aliados de Morena acompañarán a la presidenta en la votación. Si no lo hacen, a la 4T le habrán metido el tercer strike y quedará ponchada. Si por algún motivo fuera aprobada, seguirán avanzando en su afán regresivo cuya dirección es volver a la era del partido hegemónico y del control gubernamental de las elecciones”.
Su artículo termina con una reflexión sobre las consecuencias de lo que hasta ahora, sabemos de la reforma antes de ser enviada al Congreso, que se sintetiza en seis puntos:
1) La desconfianza que ha generado una reforma para el acceso al poder planteada unilateralmente desde el poder.
2) Las cúpulas de los partidos se quedan con el poder que siempre han tenido. Su debilitamiento es pura ficción.
3) Se incrementa notoriamente la posibilidad de que el partido dominante se quede con las dos terceras partes del Senado. No es trivial. Si por las preferencias electorales la Cámara de Diputados fuese más plural en el futuro, el partido dominante podrá ejercer su veto de manera permanente durante todo un sexenio por medio del Senado.
4) Dada la disminución de dinero y tiempos de radio y televisión correrá más “dinero bajo la mesa”. O sea, dinero ilícito ya sea que provenga de recursos públicos, de particulares o del crimen organizado.
5) La opacidad y disminución en la certeza de los procesos electorales.
6) Sorprende la ausencia de propuestas para evitar que el crimen organizado siga poniendo candidatos y organice la coerción del voto. Tampoco se trata el tema del tope de sobrerrepresentación del 8 % que marca la Constitución. Se les olvidó también el tema de las sanciones por violar la legislación electoral. El de la autonomía de los consejeros y las mayores facultades a la presidencia del INE, un órgano que se ideó como órgano colegiado. Finalmente, nada sobre las coaliciones y cómo se contabilizará su voto.

@RubenAguilar

El 22 de febrero inmediatamente después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder indiscutible del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el gobierno de Estados Unidos felicitó al Ejército de México por la acción.
La vocera de la Casa Blanca, Karolina Leviras, en un mensaje para las redes, dijo: “Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para ayudar al operativo de Tapalpa, Jalisco, México, en el que se detuvo a Nemesio, El Mencho, Oseguera Cervantes”.
Y añadió que “El Mencho era objetivo prioritario para los gobiernos de México y Estados Unidos, pues era uno de los principales traficantes de fentanilo, a nuestro país. El año pasado el presidente Trump designó correctamente al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, pues es exactamente lo que es”.
Lo que ahora se sabe, de fuentes del gobierno de Estados Unidos, es que la colaboración en el operativo consistió en que el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los Cárteles, bajo el mando del Comando Norte, que involucra a varias agencias y corporaciones del gobierno estadunidense, proporcionó información de inteligencia al Ejército mexicano.
Este grupo, especializado en el combate contra el crimen organizado, específicamente en la recopilación de información sobre el movimiento de los cárteles de la droga, desde fines del año pasado empezó a monitorear el movimiento de los dirigentes de estas agrupaciones criminales en ambos lados de la frontera.
La investigación contempló el seguimiento de El Mencho, pero también de otros líderes, información altamente confidencial en manos del Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto Contra los cárteles, que puede ser o no proporcionada a las Fuerzas Armadas de México.
El Ejército mexicano sobre la colaboración del gobierno estadunidense en el operativo de Tapalpa, señaló que “para esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central dentro del marco de la coordinación y cooperación bilateral con Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de las autoridades de ese país”.
Especialistas mexicanos en las relaciones entre México y Estados Unidos, y otros sobre el crimen organizado y la acción del Ejército, plantean dos posibilidades sobre la colaboración en el caso del abatimiento de El Mencho: El Ejército de México le estaba dando seguimiento y solo recibió, como lo dice, apoyo complementario de los estadunidenses, pero otros sostienen, que los Estados Unidos, a partir de su información, obligó a las autoridades mexicanas a actuar.
De no hacerlo, hubiera implicado que se protegía a El Mencho y al CJNG, que creció de manera extraordinaria en el sexenio del presidente López Obrador (2018-2024), bajo la estrategia de “abrazos y no balazos”, que permitió a todos los grupos criminales, en particular al grupo fundado y dirigido por El Mencho, avanzar en el control de espacios del territorio nacional.

@RubenAguilar

A propósito de la actual crisis que se vive en Cuba, que desde la década de 1990 tiene carácter de permanente, pero ahora se ha agravado, he mantenido comunicación, por diversas vías, con amigas y amigos académicos que viven en La Habana. Aquí resumo el intercambio que hemos tenido en torno al mercado y el bloqueo.
Entre Cuba y Estados Unidos hay una muy larga historia de acuerdos y tratados, en el intento de acercarse y ha habido múltiples esfuerzos para hacer realidad este acercamiento, pero siempre, por una cosa o por otra, eso no prospera y se viene abajo.
No se puede decir que no haya habido diálogo e interés de las partes en el reencuentro. Este esfuerzo empezó a partir del triunfo de la Revolución en 1959. En muchos casos han sido negociaciones secretas que aún hoy permanecen ocultas.
Hay una triada, que es necesario comprender para explicar la actual situación, y es el bloqueo de mercados, la liberación de los mercados y también la liberación de las fuerzas productivas. Para que esto ocurra se requiere de cambios en el actual sistema político para poder liberar el mercado, y luego empezar a liberar las fuerzas productivas.
El cambio que lleva a hacer crecer el mercado requiere de una serie de transformaciones en leyes y reglamentos y también que se ponga fin al bloqueo. Hay quienes piensan que esto último es lo primero que debe de ocurrir, pero debe de ser algo de carácter integral. Los tres elementos deben cambiar al mismo tiempo.
En los hechos, el bloqueo sigue teniendo efectos importantes, aunque hay quienes los minimizan. El bloqueo afecta el desarrollo del mercado. El bloqueo, entre otras cosas, impide transferencias financieras, pagos y pedir créditos. No se puede estar en un mercado abierto sin tener acceso a los servicios financieros internacionales.
Sostienen que en las actuales circunstancias es posible llegar a un acuerdo, que mantenga el actual sistema político, pero que libere el mercado y las fuerzas productivas, y se ponga fin al bloqueo.
Rafael Rojas (Santa Clara, 1965), académico cubano profesor del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, plantea que el colapso de Cuba es un colapso anunciado, “y a pesar de ello, ninguna evidencia histórica convencerá de lo contrario a quienes piensan Cuba como una víctima inerme de Estados Unidos. Esa victimización es resultado de una negación de la historia, que insiste en las falacias de que la Revolución cubana ha sido siempre la misma, desde el 1 de enero de 1959 hasta hoy, y que su némesis, el bloqueo estadunidense, ha sido siempre el mismo desde el 3 de febrero de 1962 hasta el actual sitio energético” (La Tercera, 16.02.26).
Rojas considera que “las próximas semanas serán decisivas para el futuro de Cuba, en un sentido u otro. Suceda lo que suceda, este callejón sin salida al que se ha llegado estará profundamente endeudado con la adopción de un modelo de desarrollo improductivo y dependiente, cuyas raíces se hunden en el propio sistema cubano construido por la Revolución de 1959”.
Y piensa “que Estados Unidos estaría dispuesto a cierto grado de continuidad del castrismo en el corto e, incluso, el mediano plazo, como con Venezuela, si logra, además de esos objetivos de seguridad, una transacción basada en el abastecimiento energético de la isla a cambio de ventajas de inversión y crédito, y ciertos gestos de flexibilidad política como una amnistía”.

@RubenAguilar