En medio de tanto ruido retumbó el estruendo de la renuncia de Ulises Lara en la Fiscalía General de la República. Lara argumentó “razones personales” para dejar la Fiscalía Especial para Asuntos Relevantes, que atiende los delitos federales de alto impacto o relevancia nacional, y la vocería de la institución, con lo que provocó un enorme hueco a la fiscal Ernestina Godoy, que se quedó sin el funcionario en el que recaía el peso de la institución y que era su persona de más confianza desde que trabajaron juntos en la Fiscalía de la Ciudad de México.
Lara se incorporó a la Fiscalía General en enero, que generó anticuerpos naturales por su oscuro pasado, y comenzó un trabajo de contrainteligencia –a espaldas de Godoy–, para saber de sus andanzas. Lo que encontraron no fue nada bueno: extorsiones, vínculos con huachicoleros y, lo más inesperado, era informante de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. La exposición de sus andares provocó el cese inmediato desde las más altas esferas del Ejecutivo y una crisis dentro de la Fiscalía que se está viviendo en tiempo real.
El detonante, de acuerdo con dos fuentes, fue la liberación en el juzgado Primero Penal de Nuevo León de José Antonio Cortés, apodado El Titán, que había sido detenido a partir de las investigaciones de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, como presunto líder de una célula del Cártel del Noreste dedicada al contrabando de combustible y lavado de dinero. Cortés era un colaborador cercano de Roberto Blanco Cantú, apodado El Señor de los Buques, que forma parte de la indagatoria del huachicol fiscal que se operaba desde la Secretaría de la Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Cortés fue puesto en libertad el lunes, y el martes presentó Lara su renuncia. Las piezas de un rompecabezas con aristas criminales siguen encajando, mientras el trabajo de contrainteligencia avanza. Lo que descubrieron fue que Lara presuntamente había llegado a pactos con personajes involucrados en el contrabando fiscal, en donde sobresalía Raúl Rocha Cantú, el empresario neoleonés que ganó fama pública por ser el codueño del concurso Miss Universo, en donde se entregó el cetro a Fátima Bosch, una tabasqueña cuya victoria fue seriamente cuestionada por jueces y concursantes.
Rocha Cantú estaba siendo investigado por presunto tráfico de combustible y armas desde Guatemala, donde era cónsul honorario. En Estados Unidos, los servicios de inteligencia encontraron que esa red estaba vinculada con el senador Adán Augusto López y con el hijo del expresidente, Andrés López Beltrán. Por mantener viva la investigación sobre el huachicol fiscal que involucraba a los cercanos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Gertz Manero fue obligado a renunciar el año pasado, y ser relevado por Godoy.
La nueva fiscal llamó a Lara, que como en la fiscalía capitalina, se convirtió en el poder detrás del trono. Juntó con él llegó su equipo en la Ciudad de México, que presumía en fotografías publicadas en las redes sociales, y que habían sido señalados por presuntos actos de corrupción. Nunca les pasó nada. Estaban en una posición de jueces y juzgados, que les garantizaba impunidad. De acuerdo con las fuentes, la liberación de El Titán se inscribió en ese contexto, pero se agregó a otra molestia que provocó en Palacio Nacional.
El origen fue la detención hace dos semanas de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, llegando de un viaje. La acusaron de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lavado de dinero, relacionados con el caso de Agronitrogenados, por lo que su hermano está bajo proceso en libertad. La información que arrojó el trabajo de contrainteligencia fue que Lara presuntamente actuó de esa manera como parte de una serie de extorsiones a la familia Lozoya y a cercanos de Alonso Ancira, que vendió a sobreprecio a Pemex la planta de Agronitrogenados.
El tema de la presunta corrupción hubiera sido suficiente para que fuera cesado y se abriera una carpeta de investigación en su contra, que es lo que hicieron los gobiernos del PRI en el reciente pasado, pero no es el caso de la 4T. Los actos de corrupción en las administraciones de Sheinbaum y de Andrés López Obrador no han sido motivo de castigo, como se ha visto cada vez que estalla uno, y menos aún de investigaciones para determinar si hay responsabilidad o no de los implicados, como debería haber sido el caso de Lara. Lo que rompió la confianza no fueron sus presuntos negocios ilegales, sino que fuera informante de Estados Unidos.
El descubrimiento de un topo que tenían los servicios de inteligencia estadunidenses en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente en la Fiscalía General de la República, sorprendió y alarmó en los más altos niveles del gobierno mexicano. Lara le había estado suministrando información estratégica, no autorizada, a los agentes estadunidenses desde hace unos seis años, lo que tiene un efecto negativo multiplicador.
La revelación de que Lara es informante de Estados Unidos se suma al caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que ofreció aportar información al FBI para solucionar la cancelación de su visa, por investigaciones sobre su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa. Los dos violaron la Ley de Seguridad Nacional, que obliga a cualquier servidor público a notificar por escrito a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad de cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones, tres días máximo después de haberlas realizado.
El caso de Lara, ciertamente, es más delicado que el de la gobernadora. Ávila ofreció información; Lara ha aportado información secreta a Estados Unidos durante años. Es una paradoja. El exfiscal milita en la ultraizquierda de la 4T y es parte del grupo político del director del ISSSTE, Martí Batres, que controla parte de la Ciudad de México, y de la ministra Lenia Batres, que por prelación sería la próxima presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Pero sobre todo, muestra las debilidades ideológicas del obradorismo y deja asomar algo que tendría que registrarse en Palacio Nacional: los principales enemigos de la presidenta no se encuentran afuera, sino dentro de la 4T.

Nota: Esta columna dejará de publicarse las próximas dos semanas, hasta el 3 de agosto.
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El micro editorial de La Jornada, la famosa Rayuela, fue implacable y certero: “Si colabora como sapo, delata como sapo y trabaja a las órdenes de otra nación como sapo, ¿qué es?”. Es un soplón, o una delatora. Pero si se trata de Marina del Pilar Ávila, la gobernadora de Baja California a la que se refiere, entonces también es una traidora a su jefe político, Andrés Manuel López Obrador, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a todo el movimiento de la 4T. Paradojas del régimen con figuras con pies de barro, cuyas lealtades duran hasta que su libertad peligra.
Ávila ha puesto en un tobogán al régimen, tras admitir la veracidad de la grabación que dio a conocer el columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, donde ofrece colaborar con las autoridades estadunidenses proporcionándoles información de las reuniones de gabinete sobre seguridad, para paliar la amenaza de que el Departamento de Justicia la acuse formalmente de nexos con los cárteles de las drogas. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, minimizaron ayer sus ofrecimientos para reducir el impacto del golpe a la 4T, pero no es posible.
Las reuniones de los gabinetes de seguridad no son públicas y en ellas se menciona información de inteligencia, que aún no está judicializada, y se habla de los objetivos prioritarios y de operaciones en curso o bajo planeación, entre otras cosas. Es información delicada que permite adentrarse en la mecánica de operación de un gobierno y, al mismo tiempo, las deficiencias o errores deliberados en los que puedan incurrir. Pero no solo eso. La gobernadora tiene información sobre las posiciones de Sheinbaum y López Obrador que pueden ser comprometedoras.
García Harfuch afirmó ayer que Ávila no podría dar información confidencial porque en las reuniones donde participaba no tenía acceso a ella, pero es una salida en falso. Las agencias estadunidenses no necesitan ese tipo de información, porque parte de la que se da en los gabinetes de seguridad la proporcionaron ellas, o tienen informantes de mejor calidad técnica que los gobernadores. Así no funcionan estas cosas.
El interés de los estadunidenses es ampliar el espectro del trabajo institucional contra el crimen organizado para que puedan profundizar y aumentar sus líneas de investigación. Esa fue la racional cuando capturaron a Ismael El Mayo Zambada, para llenar huecos en su historial del Cártel de Sinaloa y para que les aportara la información final sobre la relación que tenían con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que terminó con su captura. Entre la información que están buscando de Maduro en Nueva York, son los nexos criminales y de financiamiento de campañas presidenciales de López Obrador y su relación con la inteligencia cubana.
Si hasta este momento, de acuerdo con la grabación, la información que ha proporcionado no es del interés del FBI, la agencia que formalmente encabeza la investigación contra los narco políticos en México, basta solo que los abogados que asesoran a la gobernadora le digan en qué temas tiene que elevar la mira para captar su atención y abrir la puerta para una negociación como testigo cooperante para mitigar las acusaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está preparando en su contra. Ávila tiene fuertes incentivos para hacerlo, toda vez que la grabación probó que no responde a ideología ni a lealtades con los líderes del régimen, y que tampoco hay una fuerza política en México que la frene.
Cuando se anunció la cancelación de su visa en mayo del año pasado, la primera reacción de Ávila fue llamar a López Obrador, quien le prohibió que presentara una solicitud de licencia al cargo, que fue en lo que primero pensó. La presidenta la arropó de inmediato y se preparó una estrategia de blindaje. Lo primero fue que se divorciara –formalmente al menos–, de su esposo Carlos Torres, que era el objetivo primario de las investigaciones en Estados Unidos sobre la vinculación de ambos con Los Rusos, una subsidiaria del Cártel de Sinaloa en el estado. Lo segundo fue abrir una investigación en la Fiscalía General contra Torres, con el propósito de ganar tiempo y ralentizar las averiguaciones para protegerlo.
Lo que no esperaba el gobierno era que Ávila decidiera actuar por cuenta propia y recuperar su visa porque la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la que primeramente acudió, no le pudo ayudar. La gobernadora entró en contacto con intermediarios de las autoridades estadunidenses para sentar las bases de una cooperación con ellas, que fue sugerida en una primera grabación que difundió De Mauleón a finales de junio. Sheinbaum se sorprendió y le pidió a su secretario particular, Carlos Morales, que le pidiera explicaciones y le recordara la protección que estaban dando a su exesposo.
La respuesta que le dio Ávila a Morales fue que la llamada había ocurrido en el contexto de sus gestiones legales con un abogado en Miami, que había sido exactamente lo mismo que le había declarado a la prensa días atrás. La presidenta se enojó, pero no hizo nada. La segunda grabación la debió haber tomado por sorpresa, aunque en la conferencia mañanera de ayer, no lo reflejó. No obstante, la revelación de esa conversación ofreciéndose como testigo cooperante, rompe por completo con los acuerdos establecidos en Palacio Nacional donde el gobierno defendería a gobernadores y políticos de la 4T, a cambio de que no se convirtieran en colaboradores de la justicia estadunidense.
Ávila es, por el momento, el eslabón más débil del régimen, por la jerarquía que tiene en la política, y por ser punto de cruce de personajes que forman parte de la estructura política-electoral de la 4T y sujetos a investigaciones criminales en Estados Unidos: Mario Delgado e Iván Silva. El ex líder de Morena y el estratega electoral de Sheinbaum están en dos indagatorias en las cortes federales de Texas por su relación con Sergio Carmona y el financiamiento de campañas de Morena con dinero del huachicol. Silva, aún más grave, está en conflicto de interés, al servir a la presidenta al mismo tiempo de ser quien le maneja la comunicación a la gobernadora.
La presidenta ha insistido que la vinculación de la 4T con el crimen organizado es una campaña de la ultraderecha, de la oposición y de sus críticos para desacreditar al régimen, pero iniciativas como la de Ávila no ayudan a ese relato, sino lo derrumban.

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La estrategia en Palacio Nacional fue diseñada la semana pasada: echar toda la caballería de la 4T para que las críticas sobre la captura de Ismael Zambada, a la sazón jefe del Cártel de Sinaloa, recaigan en el gobierno de Estados Unidos para responsabilizarlo de las malas condiciones en la relación bilateral. Es una apuesta muy costosa si sale mal, como probablemente suceda. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesta a jugarla, aparentemente sin medir las consecuencias que puedan venir.
Mensajes llegados por vía diplomática al Zócalo, precisaron que la estrategia para perseguir a los políticos mexicanos relacionados con el crimen organizado se está manejando directamente desde Washington, donde el Departamento de Justicia quiere acusar a otros tres gobernadores: Marina del Pilar Ávila de Baja California, Alfonso Durazo de Sonora, y Américo Villarreal de Tamaulipas. No hay mucho nuevo porque sus nombres ya han sido mencionados públicamente. Lo novedoso es del compromiso con todos los gobernadores de la 4T de no entregar a nadie.
Tampoco les pedirá que renuncien, revelaron funcionarios federales, que agregaron que, no obstante, pero los apretará mediante auditorías, para obligarlos a que soliciten licencia. No se sabe cómo termine esta estrategia, porque los gobernadores, que son leales al expresidente Andrés Manuel López Obrador, han mostrado una resiliencia superior a la determinación de la presidenta. La discusión en los círculos políticos sobre la posibilidad que Rocha Moya retome su cargo pleno de gobernador, es parte de estos vaivenes que vive la 4T.
La presidenta sigue jugando a la gradería doméstica, mientras en Washington siguen debilitándola con información que está circulando cada vez más frecuente. La última, aportada ayer por Héctor de Mauleón, en El Universal, es una nueva grabación de la gobernadora de Baja California, donde ofrece colaborar con el FBI y aportarle toda la información en materia de seguridad que “escuchó”, a cambio de evitar que le formulen acusaciones, como sucedió con Rocha Moya.
La grabación que obtuvo De Mauleón tiene una segunda lectura: la enorme infiltración que tienen las agencias estadunidenses en el círculo más cercano de la gobernadora. El columnista difundió previamente una grabación donde se mostraba que estaba buscando una negociación con las autoridades de ese país, que ella negó. No es solo que una segunda grabación la desmienta, sino que las medidas que debió haber tomado para que no quedara registro de sus palabras, resultaron insuficientes. Lo que mostró el periodista es que Ávila está aterrorizada que le finquen acusaciones penales –bajo la ley contra el terrorismo–, y que la están matando públicamente por goteo, con lo que alientan la paranoia que hay dentro de la 4T por la posibilidad de que más políticos comiencen a buscar cooperar con Estados Unidos.
La información previa obtenida de fuentes estadunidenses fue la de Luis Chaparro, que en el sitio Pie de Nota difundió la exhibición del avión en el que transportaron a Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, para su detención formal. El reportaje de Chaparro, que mencionaba que el FBI había prestado el avión al museo en el aeropuerto en Nuevo México en donde aterrizó con los narcotraficantes, detonó la crisis que llevó a la presidenta a diseñar la estrategia para culpar de la mala relación bilateral al gobierno de Donald Trump.
La estrategia se montó sobre el exembajador en México, Ken Salazar, convertido en el tonto útil para este propósito. La presidenta lo ha acusado de mentiroso y Salazar ha dicho que no mintió. Salazar tiene parcialmente la razón: no engañó a nadie. El exembajador no supo de la operación y no le dieron detalles de la misma porque su gobierno no confiaba en él y pensaban que iba a ir corriendo a decírselo a López Obrador. Pero el embajador, como el gobierno mexicano, aprovechan la corta memoria mexicana para fugarse hacia delante.
En el comunicado del Departamento de Justicia tras la acusación contra Zambada, Alejandro Mayorkas, en ese entonces secretario de Seguridad Nacional, dijo que había sido “gracias al trabajo dedicado de los valientes agentes de Investigaciones y sus colegas federales, Estados Unidos está rompiendo y desmantelando las operaciones del narcotráfico en el mundo”. Fuentes en Washington confirmaron que el operativo fue diseñado por un grupo de expertos en el Cártel de Sinaloa dentro del FBI.
Un informe de inteligencia que le entregaron a López Obrador sobre la captura de Zambada y Guzmán López, con información procedente del Cártel de Sinaloa, revelaba que la operación había sido ejecutada por un comando estadunidense que combate al terrorismo en todo el mundo, que dispusieron de la escolta del líder de la organización, y que en ese mismo lugar mexicanos, presumiblemente del equipo de seguridad de Rocha Moya, asesinaron al diputado federal Héctor Melesio Cuén.
El intervencionismo estadunidense es claro y como Salazar no alcanza para mucho más en la nueva estrategia, hay otros instrumentos en la mesa de la presidenta para transferir los costos al gobierno de Donald Trump. Uno de ellos es haber dejado la gestión diplomática a un lado para exigir explicaciones y presionar por castigos contra agentes federales por matar a migrantes mexicanos, optando por la vía penal, en el Departamento de Justicia. Otro más es la evaluación que realizó hace unos días para defender a Rocha Moya, presentando una queja de violación a sus derechos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero fue persuadida de que ese no era el camino.
Hay un endurecimiento de la presidenta, en la forma como quiere enfrentar al gobierno de Estados Unidos. Es un juego de fuerzas disparejo donde no tiene las herramientas políticas para contener lo que, le están avisando, vendrá en el momento que Trump dé luz verde, porque las acusaciones ya están listas.

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La candidatura al gobierno de Chihuahua, que se pone en juego el próximo año, es la más importante que prepara la 4T para competir en 17 estados. Pero no se trata de la fuerza que pueda anteponer el PAN, que hoy gobierna, sino porque ahí se está librando una lucha de poder entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el senador Adán Augusto López Hernández, a través de sus candidatos Pérez Cruz Cuéllar y Andrea Chávez. Los primeros síntomas de esta confrontación salieron la semana pasada, cuando el Partido Verde anunció que únicamente irían en alianza con Morena en el estado si el candidato era Cruz, a quien desea la presidenta en la boleta.
Esta batalla es un nuevo desafío del senador, que ha estado enfrentado con Sheinbaum desde que disputaron la candidatura presidencial en 2024, cuando no entendió que su papel era ser legitimador de una simulación. En esta confrontación, sin embargo, la lucha, que no existiría si el obradorismo no estuviera dividido, la presidenta está corriendo con desventaja por las traiciones que se están dando en su equipo.
La más grave, que se ha venido detallando en este espacio, es la de Iván Silva, cabeza de la consultora Heurística, que trabajó en las campañas presidenciales de López Obrador y Sheinbaum, y quien hoy es su asesor electoral más importante. Silva es investigado en Estados Unidos por presunta relación con el crimen organizado, al igual que López Hernández y varios de sus cercanos, con quien se ha aliado en Chihuahua. El senador no tiene acceso a la presidenta, que de manera sistemática se ha negado a recibirlo, a diferencia de Silva, que está en el corazón del poder.
El proceso de selección de la candidatura en Chihuahua es visto con enorme interés en varias agencias en Washington, porque en sus investigaciones sobre Silva y López Hernández han encontrado pistas de que algunas de las factureras que se han estado utilizando para fondear las campañas de Morena para gubernaturas, han sido utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación para lavar dinero. El Departamento de Justicia ha estado preparando acusaciones contra al menos un personaje del Grupo Tabasco por sus presuntos vínculos con esa organización criminal, a la que durante el control político que tuvieron en Tabasco y Chiapas en los últimos años, le abrieron la puerta del sureste del país.
En los objetivos de López Hernández, la cabeza de ese grupo, Silva es una figura clave, porque la presidenta lo responsabilizó de la estrategia en al menos 14 de los 17 estados donde se jugará la gubernatura, que incluye el proceso de encuestas de selección de candidata o candidata. La persona que está financiando los procesos, porque el dinero público legal no alcanza, es Fernando Padilla, un empresario nacido en Puebla que hizo su fortuna ahí y en Veracruz. Junto con su hermano Carlo, es muy cercano de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente, y desde hace años ha sido operador financiero de López Hernández.
Padilla es fundamental en los dineros del Grupo Tabasco, y es quien aportó los recursos a través de una de sus empresas involucrada en el sector de las medicinas, para respaldar la precampaña ilegal de Chávez. Silva se volvió dependiente del dinero de Padilla y en varios estados no está jugando por los intereses de la presidenta, sino del senador. Chihuahua es el ejemplo más claro, porque es el principal objetivo político-electoral de López Hernández para golpear a la presidenta.
La red de financiamiento del senador para las campañas que maneja Silva, que está jugando contra los intereses de la presidenta, se hizo a través de la red de factureros que remplazó al viejo sistema construido por años, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El senador, que tejió junto con sus hermanos desde que era gobernador de Tabasco las primeras líneas de ese negocio oscuro y que a veces cruza los límites de la legalidad, tiene ahora una capacidad de recursos que no están a disposición de las candidaturas que quiere la presidenta.
Silva fue enviado por la presidenta a todos los estados para apoyar a sus candidatos. En Chihuahua la instrucción fue que Cruz, el alcalde de Ciudad Juárez, fuera el ganador de la encuesta. Las mediciones no han resultado favorables, en su mayoría, a Cruz. Pero las encuestas no pueden ser tomadas como una tendencia de cómo va una elección, por la diferencia sustantiva entre varias de las publicadas. Chávez seguía adelante en las preferencias según la última encuesta estatal del El Financiero, aunque la remontada de Cruz en un mes fue asombrosa, aunque en otras mediciones aparece delante de la candidata del senador.
Silva llegó a Chihuahua con una encomienda presidencial que no iba a cumplir. Entre sus primeras acciones fue imponerle a Cruz dos estrategas que habían trabajado por años con el PAN, que no responden a los intereses del alcalde sino a los del equipo de López Hernández. Fueron dos caballos de Troya los que le sembró para descarrilarlo y cubrirse las espaldas cuando lleguen las reclamaciones de la presidenta. Sin los recursos con los que cuenta Chávez y las traiciones a la presidenta, solo un ajuste y un golpe de timón podría reencauzar el rumbo deseado en Palacio Nacional.
La candidatura de Chávez le preocupa a Sheinbaum, que nunca vio con buenos ojos a la senadora. Desde que inició su precampaña le pidió a la entonces líder de Morena, Luisa María Alcalde que la frenara y le dijera que no sería candidata. O Alcalde nunca le dijo nada, o Chávez nunca le hizo caso. La presidenta se reunió hace unos días con la nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel para revistar varias candidaturas que son controversiales, entre las que se encuentra la de la senadora. Se desconoce lo que hablaron, pero en la víspera vino el posicionamiento del Partido Verde, que parece ser parte de la estrategia para impedir que Chávez se haga de la candidatura.
La campaña de Chávez ha sido un dolor de muelas para la presidenta desde hace tiempo, pero no ha podido hacer nada. Incluso, en este momento de definición de candidaturas, se ve con menor poder que López Hernández. Pero es Sheinbaum la presidenta, y estas batallas intramuros, ni siquiera, para quien tenga su investidura, deberían de existir si su poder tuviera consenso.

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El gabinete de seguridad emitió ayer dos comunicados para desmentir que existiera un operativo para ocultar, resguardar o cambiar de ubicación a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, para refutar una columna de Carlos Loret y otra mía. Loret publicó que este lunes, ante una alerta en el entorno de Rocha Moya, fuerzas federales fueron por él a su escondite para moverlo de lugar ante la información que Estados Unidos preparaba un operativo para capturarlo. En mi caso, apunté que se encontraba en una de las instalaciones militares en Sinaloa, bajo la protección del Ejército.
La posición del gabinete de seguridad era totalmente previsible. En mi caso, y probablemente en el de Loret también, un desmentido era esperado, no porque dudáramos de las fuentes que nos proporcionaron la información, sino porque no podían ignorar que la 4T había sido expuesta en la protección, encubrimiento y defensa de Rocha Moya, como si fuera la punta de la madeja que podría deshilacharse. Es parte de la dinámica y la tensión en la que viven, aquí y donde hay libertad de expresión, los gobiernos y los medios. También, este tipo de trascendidos, un subproducto de las democracias, reflejan los desacuerdos dentro de los gobiernos, que terminan litigándose en la opinión pública.
Loret se sostendrá en lo que publicó, otorgando crédito a sus fuentes de información. Yo también. Lo escrito, como otros colegas lo han hecho, aportan contextos y datos adicionales que arropan y soportan las columnas. El choque con los gobiernos, cuando la incomodidad es mayor, es normal y, por definición, natural. En el caso de las dos columnas refutadas, que aunque distintas, se complementan al partir de la misma premisa: la protección del gobierno a Rocha Moya, que desde la noche del 30 de abril, el día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó junto con otros nueve servidores públicos en Sinaloa de complicidades con el Cártel de Sinaloa, y en particular con Los Chapitos, dejó de vivir en su casa en Culiacán.
El ruido amplificado en Palacio Nacional con este tipo de aclaraciones, pero sobre todo, con la búsqueda de un enemigo externo de la Patria –el gobierno de Donald Trump y el exembajador en México, el demócrata Ken Salazar–, para justificar la defensa abierta e infranqueable de Rocha Moya, tiende una enorme cortina de humo sobre la otra cara de la captura de Ismael Zambada, hasta hace dos años el jefe de la organización criminal más poderosa del mundo: ¿por qué se lo llevaron subrepticiamente? ¿qué falló en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que la operación fuera exitosa?
Veamos:
1.- La impunidad que gozó Zambada durante cuatro décadas. Los gobiernos de Carlos Salinas, Vicente Fox y Felipe Calderón lo buscaron y lograron cinco órdenes de aprehensión en 1998, 2002, 2003 y 2009, pero nunca lo detuvieron. Los gobiernos de Enrique Peña Nieto y López Obrador no lo molestaron con órdenes de aprehensión adicionales, ni con nuevas carpetas de investigación. Lo que fue evidente durante el sexenio pasado, fue el respeto y deferencia de López Obrador hacia los líderes del Cártel y sus familias, laxitud en la aplicación de la ley, y tolerancia a su expansión en el tráfico ilegal de fentanilo, cuyas omisiones y complicidades en varios estados al estallar la crisis de salud por esa droga en Estados Unidos en 2019, crearon las condiciones para que, ante la inacción del gobierno, actuara Washington directamente.
2.- La captura de Zambada en una finca en Culiacán, pasó desapercibida para el Centro Nacional de Inteligencia, que vela por la seguridad nacional. Las investigaciones en Estados Unidos sobre la construcción de una economía criminal alterna durante el obradorismo, como la sintetizan funcionarios de ese país, detallan cómo el jefe del CNI, el general Audomaro Martínez, tenía enlaces con todos los cárteles, pero nunca se enteró a priori lo que estaban planeando Los Chapitos en colaboración con las autoridades estadunidenses.
3.- El avión en que trasladaron Zambada a Nuevo México, no fue detectado por la Marina, que opera los radares en el país. Funcionarios mexicanos dijeron que se debió a que voló por debajo de alcance de los radares. El Estado Mexicano tenía en Plataforma México la capacidad de detectar la trazabilidad de aviones que volaran sin autorización en el espacio aéreo mexicano mediante satélites, pero fue destruida por el responsable de la seguridad en el gobierno de Peña Nieto, Manuel Mondragón, con el aval del presidente y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Mondragón fue asesor de Alfonso Durazo en la transición, y le ayudó a preparar el plan de seguridad que implementarían en el primer piso de la 4T: abrazos y no balazos.
La protección a Rocha Moya es imposible de esconder. El relato del Departamento de Justicia estadunidense sobre cómo Los Chapitos le dieron dinero, amenazaron y secuestraron candidatas y candidatos de oposición para impulsarlo a la gubernatura, es una síntesis de las denuncias que presentaron los afectados en 2021 y que nunca les dieron curso. Ahí están parte de las pruebas que exige el gobierno para respetar el Tratado de Extradición.
Además está la carta pública de Zambada, ya preso en Estados Unidos, donde lo imputa y acusa de traicionarlo, revelando que el diputado Héctor Melesio Cuén, con quien se iban a reunir, no fue asesinado como informó la fiscalía sinaloense. El exfiscal general, Alejandro Gertz Manero, que investigó el crimen pero ignoró la acusación contra Rocha Moya, concluyó que la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, pieza del senador Enrique Inzunza, otro de los imputados por Washington, mintió y manipuló evidencia criminal. Quiñones renunció, fue investigada, y no pagó por nada. Claudia Zulema Sánchez, que la sustituyó, fue su vicefiscal en Culiacán, y según fuentes sinaloenses, fue quien falseó en el campo, las condiciones del asesinato.
Identificar a Estados Unidos y a Salazar como el enemigo externo apelando a 180 años de agravios e intervenciones, es un recurso político usado por gobiernos débiles que buscan cohesión en un momento de crisis, que puede servir, pero también puede ser contraproducente y revertirse de manera más brutal y definitiva, que es quizás en la disyuntiva en la que se encuentra el gobierno de Sheinbaum y su intento, para salvar a Rocha Moya y a quienes lo apoyaron en la 4T, fugarse hacia delante.

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La pregunta sobre el paradero de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, ha estado flotando en la arena pública durante seis semanas, desde que desapareció tras ir a declarar a las oficinas de la Fiscalía General de la República en Culiacán el 26 de mayo, sobre la acusación de Estados Unidos de haber recibido dinero y apoyo electoral del Cártel de Sinaloa para ganar las elecciones en 2021 a cambio de facilitarles todos sus negocios criminales. No está perdido, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice que se encuentra “localizable” en Sinaloa, resguardado por policías estatales, según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Rocha Moya, junto con varios miembros de su primer círculo familiar, se escondió tras solicitar licencia en un rancho en Guamúchil, a una hora y media al norte de Culiacán, efectivamente resguardado por policías estatales, pero bajo una vigilancia especial del Ejército. Prácticamente no salía Rocha Moya del rancho, salvo para ocasionalmente viajar a la Ciudad de México. Nueva información que ha trascendido en la Secretaría de la Defensa, revela que el exgobernador está siendo protegido por el Ejército en una de sus dos instalaciones militares: la 9ª Zona Militar en Culiacán, o la III Región Militar, que se encuentra en Mazatlán, al sur del estado.
Ahí está resguardado, en secreto, para todos los fines, principalmente, para evitar que se vaya a Estados Unidos y se ofrezca como testigo cooperante, y para evitar que lo maten, al tener al menos dos interesados potenciales.
Por un lado están sus enemigos dentro del Cártel de Sinaloa. Una vez fuera de la gubernatura, había perdido la protección sólida que dificultaba la posibilidad de que fuera a ser ejecutado por alguna de las dos facciones del Cártel de Sinaloa, en particular por La Mayiza, como se definen a los incondicionales de Ismael El Mayo Zambada, quien acusó a Rocha Moya en una carta pública desde la cárcel en Estados Unidos, de haberlo traicionado. Ese señalamiento le puso precio a su cabeza y estalló la guerra interna de la organización criminal el 9 de septiembre de 2024, 55 días después de haber sido capturado en una finca en La Higuerita, en la zona metropolitana de Culiacán.
Por otra parte, no puede descartarse la posibilidad que, por ser el cabo suelto en la red de complicidades entre altos miembros de la 4T con el Cártel de Sinaloa, fuera asesinado por un político involucrado en su imbrincada red con el crimen organizado, que tuvo su máxima expresión en las elecciones para gobernador en 2021, donde dinero y apoyos del narco fluyeron en al menos ocho contiendas en el norte del país. El antecedente de exfuncionarios dispuestos a todo para cubrir sus huellas, lo da el asesinato del empresario tamaulipeco, Sergio Carmona, llamado “el rey del huachicol”, que fue uno de los financieros principales de aquellas campañas y que poco después de las elecciones fue asesinado por un sicario altamente capacitado, contratado por un general en la Ciudad de México.
La participación del Ejército en todo el affaire Sinaloa y la protección a Rocha Moya está cubierta de sombras desde el llamado “culiacanazo”, el 17 de octubre de 2019, cuando atendiendo una petición de Estados Unidos de captura con fines de extradición de Ovidio Guzmán López, uno de los tres hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que tomaron el liderazgo de su facción en el cártel, fue detenido por un comando especial que había sido entrenado por la desaparecida –por el gobierno de Enrique Peña Nieto– Policía Federal. Guzmán López, señalado por las fiscalías estadunidenses como el principal introductor de fentanilo ilegal a ese país, fue puesto en libertad por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que si procedían con la detención, se produciría un baño de sangre.
Aquella operación siempre dejó dudas. La Defensa, que encabezaba el general secretario Luis Cresencio Sandoval, planeó una operación extraña, por deficiente, destinada a fracasar. Fue ejecutada al mediodía, cuando lo normal para ese tipo de acciones, que requieren el elemento sorpresa, y el plan de extracción, tan importante o más que la captura misma, nunca funcionó. El entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, uno de los actuales gobernadores que recibieron financiamiento del crimen organizado en 2021, sugirió a López Obrador liberarlo. No lo persiguieron, y fue detenido hasta enero de 2023, por presiones del gobierno del presidente Joe Biden.
La laxitud y tolerancia de la 4T con el Cártel de Sinaloa probablemente activó el plan para capturar a El Mayo Zambada, y la negociación con Ovidio para utilizar a su hermano Joaquín y tenderle una trampa. El diseño de la captura lo realizó un grupo del FBI especializado en esa organización criminal, ejecutado por un comando de la Oficina de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguridad Nacional. Un funcionario mexicano, con acceso a los detalles de la operación realizada el 25 de julio de 2024, señaló que el perímetro de seguridad alrededor de la finca La Higuerita, donde emboscaron a Zambada, lo establecieron soldados, sin saberse con precisión si pertenecían a la 9ª Zona Militar.
Zambada y Guzmán López fueron llevados a un aeródromo dentro del municipio de Culiacán, llamado “Huertos del Pedregal”, de donde despegó el avión que los condujo a Estados Unidos, donde los detuvieron oficialmente. El aeródromo estaba bajo el control de la 9ª Zona Militar, y aunque no hay información oficial de que lo tenían bajo su resguardo, existen fotografías y videos de los soldados vigilando ese aeródromo.
Preguntas sobre la participación e involucramiento de los militares en esa operación no han sido resueltas en estos casi dos años, pero la relación de los militares con los civiles en Sinaloa ha sido difícil desde hace tiempo. García Harfuch, responsable de la pacificación en Sinaloa, enfrentó desaires de los comandantes militares que se negaron a acatar sus instrucciones y que solo respondían al alto mando en la Defensa, encabezado por el general secretario Ricardo Trevilla. Trevilla era muy cercano al general Sandoval, quien tenía una estrecha relación con el general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa y uno de los 10 acusados, con Rocha Moya, en Estados Unidos. Mérida se entregó a las autoridades de ese país, donde es testigo cooperante, en otro de los hechos que ha puesto bajo escrutinio político a la Defensa en todo este episodio, al no saberse con certidumbre, qué papel están jugando.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

 

 

La presidenta Claudia Sheinbaum estaba ayer profundamente indignada. Y no era para menos. La semana pasada, un reportaje de Luis Chaparro en el portal Pie de Nota, mostró un avión donado por el FBI al museo War Eagles del aeropuerto internacional del Condado de Doña Ana, en la frontera con Chihuahua. Ese museo nunca había estado en el imaginario mexicano, hasta convertirse en el punto de quiebre más importante de la relación entre México y Estados Unidos que se recuerde en décadas. El avión, un Beechchraft King Air construido hace 50 años, es en el que viajaron Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López el 25 de julio de 2024, una fecha que será histórica, más allá porque fuera el día en que los capturaron.
La difusión del reportaje cambia formalmente la historia de cómo fue detenido Zambada por las autoridades estadunidenses, que dijeron que había sido resultado de una trampa tendida por Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y ahijado de El Mayo. La exhibición del avión fue un mensaje directo a la presidenta en estos tiempos de turbulencia por el diferendo sobre la extradición del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para exhibir explícitamente que la captura fue una operación encubierta y que decidieron nunca decirle nada a los mexicanos, hasta la semana pasada, cuando parte de la verdad se la estrellaron en la cara al gobierno.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum pidieron durante todo este tiempo información a Washington sobre la captura. Quién sabe qué esperaban como respuesta, pero probablemente jamás consideraron que llegaría con el reconocimiento de que violaron la soberanía mexicana, y que hoy en día, en las condiciones en las que se encuentra la relación bilateral, no les importan las consecuencias, quizás, porque saben que la reacción será limitada, como lo fue. Hasta ayer, más allá de la molestia, fue una acusación acotada: el exembajador Ken Salazar le mintió al gobierno mexicano sobre los pormenores de la captura.
Salazar es un fusible quemado y desechable para su gobierno. El exembajador está consciente de ello y recién escribió un libro en donde intenta recortar sus pérdidas ante la tormenta política, debe haberlo sabido o intuido, vendría sobre él. Salazar dijo lo único que le informó el Departamento de Estado, pero no sabía nada del operativo, porque el FBI, que lo diseñó, y la Oficina de Investigaciones Internacionales del Departamento de Seguridad Nacional, que la ejecutó, no le informaron lo que vendría por la creencia de que lo filtraría a López Obrador y boicoteara la captura.
Lo que suceda con la imagen de Salazar nada importa ni a demócratas, que son quienes lo aislarán, y menos aún a los republicanos. En varios sectores del gobierno estadunidense y el Capitolio estaban convencidos de que los únicos intereses que defendía, eran los mexicanos. El trato que le dio Sheinbaum ayer, más que de indignación por los engaños de un diplomático, es el enojo contra un traidor, porque López Obrador le daba tratamiento de activo de la 4T. En Palacio Nacional, de acuerdo con un funcionario que conoce los detalles, le habían dado una pequeña oficina para que en sus múltiples visitas, tuviera un lugar donde hacer llamadas a través de un equipo encriptado. Salazar mintió porque Washington no le dio información; es el perfecto chivo expiatorio.
Detalles de la operación contra Zambada fueron aportados por varios periodistas, que algunas veces coincidían, y en otros discrepaban. No obstante, había información que se ha venido corroborando a la que el gobierno mexicano nunca tuvo acceso oficial. En este espacio se publicó en agosto de 2024 que Zambada llegó al rancho La Higuerita, en la zona metropolitana de Culiacán, a un encuentro convocado por Guzmán López para resolver un diferendo entre Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, líder del Partido Sinaloense.
“De acuerdo con las piezas del rompecabezas que han trascendido, Cuén fue citado a una hora distinta a la de los demás, y nunca llegó al encuentro porque fue asesinado el mismo día de la captura, el 25 de julio, en La Presita, a 22 kilómetros de La Higuerita”, se agregó en la columna. “Cuando llegó Zambada al rancho, lo llevaron a uno de los cuartos donde le dijeron que sería la reunión. En otra habitación se encontraba Guzmán López. El Mayo, que siempre se manejaba con un bajo perfil, llegó con cuatro escoltas que lo esperaban afuera del cuarto donde entró, y que fueron sorprendidos por un comando estadunidense de seis elementos que los eliminó.
“Guzmán López, el que menos involucrado está en el narcotráfico, fue extraído como parte de una negociación que hizo su hermano Ovidio para recibir beneficios del sistema de justicia –la víspera, lo (habían sacado) de la prisión y lo llevaron a una casa de seguridad. Tras capturar a Zambada y Guzmán López (fueron llevados) a una aeropista no lejana de La Higuerita, donde los subieron a un Beechcraft King Air, una muy eficiente aeronave de turbohélice, junto con los seis comandos y un solo piloto. El avión no voló directamente al aeropuerto Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México, muy cerca de El Paso, Texas, donde oficialmente los tomaron en custodia, sino que hizo una fugaz escala en Hermosillo.
“Según explicaron los funcionarios mexicanos, la razón de esa medida es que, por acuerdos internacionales, no puede viajar directamente ningún avión de hélice entre los dos países sin haber pasado migración. En caso de que lo hiciera, los sistemas de alerta de los dos países lo detectan. Para evitar contratiempos con la operación clandestina, el Beechcraft King Air aterrizó en Hermosillo, para que, sin detenerse, diera la vuelta en la pista y retomara el vuelo a Estados Unidos. Aparentemente, un agente de migración al servicio de los estadunidenses hizo el trámite falso de verificar a los pasajeros”.
López Obrador solo recibió migajas de información con verdades incompletas, mentiras y desinformación, porque ese país, se apuntó entonces, jamás reconocería una operación clandestina en México. Estaba equivocado. La semana pasada no solo la admitió sino que la exhibió, metiendo en un nuevo problema político-existencial a la presidenta. ¿Qué cambió? Lo sustantivo de aquel episodio: que la culpabilidad de Rocha Moya en el entramado narcopolítico, se ha convertido en un encubrimiento institucional.

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El caso de la no extradición del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, ha causado molestias en el gabinete porque varios funcionarios, incluido un secretario de Estado, afirman que la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum de entregarlo, provocó que el presidente Donald Trump no extendiera el acuerdo comercial con México y Canadá, y estableciera un mecanismo de revisión anual, que abre un periodo de enorme incertidumbre económica que quita incentivos a las inversiones. Hay datos de inteligencia que confirman la decisión de Trump como un acto de represalia, que ni empezaron, ni terminarán ahí.
El 29 de junio se cumplieron dos meses que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a otros nueve servidores públicos en Sinaloa, de haber conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de droga a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. La fiscalía estadunidense pidió su captura inmediata con fines de extradición. Sheinbaum rechazó la petición alegando falta de pruebas, lo que generó una discusión sobre la posible violación del artículo 11 del Tratado de Extradición entre los dos países, dejando abierta la puerta a una acción unilateral de Washington contra Rocha Moya y sus presuntos socios.
La discusión sobre la posible violación del Tratado se encuentra en la arena pública. El gobierno mexicano asegura que no incumplió el tratado, porque la solicitud de detención provisional no acreditaba suficientemente la urgencia exigida por el artículo 11, y no había presentado pruebas. Varios juristas, opositores y críticos sostienen que México sí debió ejecutar la detención provisional, y que el análisis de las pruebas de fondo debía hacerse posteriormente, de acuerdo con el mismo artículo 11 que obliga a la parte acusatoria a entregarlas dos meses máximo después de la petición.
No hay una respuesta definitiva que establezca si el gobierno de Sheinbaum violó o no la extradición, que es realmente el punto central de la controversia jurídica, y no si se vencieron los 60 días porque, en los hechos, nunca comenzó a correr ese plazo. Estados Unidos considera que México sí incumplió con el Tratado de Extradición, que fue el principal reclamo que le hizo a Sheinbaum el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, durante una ríspida reunión en Palacio Nacional tres semanas después de la acusación, lo que deja el diferendo en un piso desigual con capacidad de fuerza y presión asimétrica en un solo lado.
Si México decidiera de manera definitiva no detener o extraditar a Rocha Moya, que es la pieza que más interesa a Washington en el entramado sinoaloense, al estar convencidos que entregaría la arquitectura de las negociaciones políticas del régimen con el Cártel de Sinaloa y los puestos de elección popular que fueron pactados, Estados Unidos tiene varias herramientas, y aunque ninguna de ellas le permite obligar jurídicamente a México a extraditarlo, el costo político y diplomático del gobierno de Sheinbaum, podría incrementarse significativamente.
De hecho, ya está sucediendo. Washington eligió la mano dura para lidiar con México. La Administración Trump se saltó las opciones graduales, como la presión diplomática para insistir en el cumplimiento del tratado, o presentar una nueva solicitud de extradición, que resolviera los aspectos técnicos o de forma por lo que fue ignorada su petición, y volver a solicitar la detención provisional o la extradición formal. Estas dos acciones suelen darse cuando la relación entre dos países es sólida y de confianza mutua, lo que no es el caso.
La agresividad marcó la reacción estadunidense. Tras la conversación airada de Sheinbaum con Mullin, la primera señal de inconformidad que enviaron, de acuerdo con un funcionario estadunidense, fue el anticipo que no habría renovación del acuerdo comercial e impondrian aranceles. La segunda fue el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde afirmó que parte de las ganancias que obtiene del huachicol, van a pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación, “con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles”. La tercera, ante la inacción sobre Rocha Moya, fue el replanteamiento oficial del T-MEC.
Opciones más fuertes y comprometedoras están en la mesa. Ante la omisión del gobierno mexicano para capturar con fines de extradición al gobernador con licencia, está la posibilidad de que el Departamento de Justicia lo acuse penalmente en ausencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y se pida la orden de captura internacional. Esto tiene dos planos.
Uno es el que explicó un funcionario estadunidense, al afirmar que, si detectan a Rocha Moya viajando en cielos y mares internacionales, lo van a capturar. El otro es, como sucedió con el doctor Humberto Álvarez Macháin en el caso del agente de la DEA, Enrique Camarena, un grupo de caza recompensas lo detenga en México y lo entregue a las autoridades estadunidenses. Uno más radical, es que la suerte de Rocha Moya sea como la de Ismael El Mayo Zambada, a quien capturó un comando de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Culiacán, en una operación diseñada en el FBI.
Cuentas y activos de Rocha Moya y sus familiares, ya fueron congelados en Estados Unidos, que refleja el miedo en el que viven. Una fuente estadunidense reveló que, por esa razón, la familia del gobernador con licencia, a la que había enviado a Los Ángeles tras la imputación de Zambada en su contra, ya regresó a México. El gobernador con licencia sigue escondido en un rancho al norte de Culiacán, protegido por la policía sinaloense, pero vigilado por el Ejército.
Sheinbaum ha blindado a Rocha Moya por la exigencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero también porque está convencida de que si entrega a uno, le pedirán más políticos presuntamente vinculados con los cárteles. Pero al hacerlo, destapa una batería de municiones en Estados Unidos que puede ser utilizada si concluye –como un número creciente de funcionarios cree–, que la negativa de México forma parte de un patrón sistemático de incumplimiento en materia de cooperación contra el crimen organizado, lo que podría endurecer la cooperación en seguridad, aumentar la presión diplomática y, si existen fundamentos legales independientes, imponer sanciones dirigidas a personas específicas o revisar aspectos de la relación bilateral.

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La confusión internacional por el cambio de horario del juego entre México e Inglaterra el viernes pasado, ha sido la mejor muestra de cómo un gobierno inepto, incapaz de dar soluciones y pensando solo en los votos para mantenerse en el poder, es capaz de tomar decisiones infames para salvar su pellejo. Ahora recurrió a la FIFA para que lo ayudara a minimizar los riesgos de una tragedia en los eventuales festejos en el Ángel de la Independencia. Pidió que no se jugara por la noche, como se programó hace meses, sino al mediodía, para dar menos tiempo a la afición de enfiestarse. Desde la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada habían transferido la responsabilidad de la paz a los aficionados; el viernes buscaron a la FIFA para cubrir su incompetencia.
Las protestas del entrenador mexicano, Javier Aguirre, detonaron la rectificación, tras declararle a Joaquín López Dóriga, que no le habían consultado esta “patada al estómago”, que ni le había gustado ni a él, ni a los jugadores. La Asociación de Futbol inglesa recordó molesta que cientos de aficionados británicos que llegarían el domingo para ver el juego, podrían perdérselo por el cambio de horario. Lo peor, para la historia, sería si México ganaba.
En esas condiciones, la crítica habría sido a la FIFA por haber manipulado el calendario para beneficiar a uno de los países anfitriones. Recorrer seis horas el horario no solo afectaba la preparación física de México, sino principalmente a los ingleses, al llevarlos a jugar bajo un sol de mediodía de 23 grados centígrados, a 2 mil 500 metros de altura. El enorme trabajo que ha hecho Aguirre, y el corazón y la determinación con la que estaba jugando la selección mexicana, se podría haber empañado por una actitud medrosa y electorera de un gobierno que no gobierna, y que sus errores en la planeación de los festejos los puso en una trampa: ¿cómo evitar una tragedia cuando construyeron todos los estímulos para que hubiera una tragedia?
Tres factores fueron planteados para modificar el horario: el Prime Time para la televisión británica, en lugar de transmitir el partido en la madrugada; las condiciones climatológicas, y la seguridad. Los dos primeros eran una trampa para disfrazar el objetivo final.
Las transmisión del juego durante la madrugada europea no había generado protestas en los ingleses. La polémica en esa nación estaba en la molestia de la policía británica con el primer ministro, Keith Steimer, que el jueves pasado autorizó que los pubs extendieran sus horas de servicio hasta las 5 de la mañana para que los aficionados disfrutaran el juego con sus pints, lo que extendería sus horas laborales y las horas extra.
Las condiciones climatológicas, como una de las tres razones fundamentales, era un pretexto. Es cierto que han habido lluvias más intensas que en otros años, según los expertos, pero no puede afirmarse todavía que junio y lo que va de julio vayan a ser meses sin precedente. Falta por ver los resultados acumulados de precipitación y tormentas eléctricas, para determinar si serán diferentes a las experimentadas en 2017, 2021, 2022, 2024 o el año pasado, que terminó como el más lluvioso en la Ciudad de México en 42 años. Hasta ahora, nada que no hubiera estado presupuestado.
La seguridad, por otra parte, es el elemento de fondo, invisible en las mesas que sostuvieron durante meses el gabinete de seguridad federal y representantes del gobierno de la Ciudad de México con la FIFA. Todo estaría bajo control, le aseguró la presidenta al jefe de la FIFA, Gianni Infantino, cuando le expresó sus temores por las movilizaciones de la CNTE. Desde enero, la seguridad macro estaba siendo trabajada. Se eliminó a Nemesio Oseguera, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación antes de marzo, para alejarlo de la inauguración en junio, y trabajaron conjuntamente los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá para evitar atentados terroristas. Hasta ahora, ese trabajo ha dado resultados. Lo que tocaba exclusivamente a las autoridades locales, como el orden callejero, no.
Los primeros reportes sobre la intervención gubernamental con la FIFA para cambiar el horario del juego aparecieron el sábado en la prensa mexicana y en la extranjera, adjudicando al gobierno de Brugada la iniciativa para la modificación. Sin embargo, Brugada no tiene esa autoridad porque fue despojada de ella. Las autoridades federales tomaron el control sobre varios de los aspectos relacionados con la seguridad, aunque en primera instancia dejaron que ella los ejecutara. El gobierno de la Ciudad de México, para efectos prácticos mundialistas y otras áreas de su gestión, está subordinado al gobierno federal; Brugada está sometida por Sheinbaum, y Pablo Vázquez, secretario de Seguridad capitalino, es un instrumento de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal.
Pese a ello, cada vez que había un espacio para que Brugada actuara, fallaba. Como la semana pasada en el área del Ángel de la Independencia, cuando los festejos por la victoria de México sobre Ecuador provocaron una aglomeración de casi un millón y medio de personas en el gran Centro Histórico de la Ciudad de México, y la muerte de cuatro personas. Sheinbaum explotó por lo sucedido, sobre todo porque culpó de lo que estaba pasando a César Cravioto, secretario general de Gobierno capitalino, de quien había pedido previamente su cese por ser un generador frecuente de conflictos. Las cuatro muertes, sin embargo, era un tema de mayor calado.
Ni Brugada ni Vázquez ni Cravioto estuvieron a la altura de las circunstancias, aunque una pregunta retórica es si alguna vez llegaron a estar en ese lugar. La secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, admitió que el martes de la tragedia, no hubo ningún plan de protección civil en el Ángel de la Independencia. Salvador Guerrero Chiprés, director del C-5, que es el centro de vigilancia y monitoreo de la ciudad a través de miles de cámaras en las calles, fue visto en un evento social mientras Paseo de la Reforma se descontrolaba. El gobierno capitalino acumulaba puntos sobre la incapacidad de su gestión. El caos del miércoles, inevitablemente, se iba a prolongar.
Brugada tuvo la ocurrencia que la mejor manera de evitar la aglomeración era aumentando las pantallas sobre Paseo de la Reforma, con lo cual, como se explicó en este espacio el viernes pasado, incrementaba los incentivos para la fiesta. Peor aún, la presidenta elogió que colocara más pantallas. La razón comenzó a llegar el viernes y las autoridades federales limitaron los accesos al Ángel de la Independencia, cuyo resultados, ante tanta permisibilidad previa, veremos hoy. Al mismo tiempo, pidieron el salvavidas de la FIFA, una decisión política tipo 4T –que no ve consecuencias– para que hiciera el cambio de horario. Qué inteligentes (ojo: es sarcasmo): como transferirle la responsabilidad de su seguridad a los aficionados no alcanzaría, buscaron cómo ocultar sus omisiones e irresponsabilidades. Tampoco les salió.

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La muerte de cuatro personas el martes en el multitudinario festejo tras la victoria de México sobre Ecuador en Paseo de la Reforma, problematizó la gestión del gobierno de la Ciudad de México en el Mundial de Futbol. Los fallecimientos durante la aglomeración en el perímetro del Ángel de la Independencia –tres por asfixia y uno por un paro cardiorrespiratorio–, generaron una polémica sobre si fue un error de planeación, o era imposible garantizar la seguridad de casi un millón y medio de personas reunidas en una celebración catártica porque, justificaban, ninguna autoridad en el mundo habría tenido la capacidad para contener al gentío.
La discusión se ha centrado en las consecuencias del desbordado festejo, sin irse al origen que construyó las condiciones que llevaron a la muerte de cuatro personas, que bien pudieran haber sido muchas más. La crítica es que el operativo fue insuficiente porque era previsible el número de personas que acudirían a esa zona por la forma como fue escalando, de 150 mil el día de la inauguración donde México derrotó a Sudáfrica, a 450 mil en la victoria sobre Corea del Sur, saltando a 800 mil en el triunfo sobre Chequia, donde obtuvo su pase a la ronda de muerte automática.
Clara Brugada, la jefa de gobierno capitalino, no justificó en la multitud la muerte de las cuatro personas, pero señaló que su gobierno había hecho un llamado a la gente para que no fuera al Ángel de la Independencia. Es una irresponsabilidad de Brugada. Por una parte, deslindándose de su deber y transfiriendo a quienes estuvieron en Paseo de la Reforma, sus propias deficiencias. Por otra parte, soslayando que fue su gobierno el que creó las condiciones para los excesos de muchos, que tomaron el festejo como pretexto para abusos, por su deriva populista de traducir todo en votos.
Facilitar un festejo puede ganarles votos, pero equiparar la mecánica de un programa social con un evento donde, por su naturaleza, la probabilidad de que termine con una tragedia era más grande que el comportamiento cívico de muchos bajo el influjo del alcohol y las drogas, como sucede aquí y en el mundo en las concentraciones de multitudes donde se elevan los riesgos de seguridad, es otra irresponsabilidad.
El origen de lo que provocó la tragedia estuvo en la planeación original de Brugada para acompañar el Mundial y querer abrir para todo público de manera gratuita, centros de diversión y festejo alternos a los FanFest, que organiza la FIFA. Estas acciones fueron positivas, pero Brugada, su secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, y todos los involucrados en la planeación, mostraron su novatez al colocar una pantalla en el Ángel de la Independencia para que la gente pudiera ir a ver el partido inaugural. Para el segundo juego contra Corea del Sur, Brugada anunció siete pantallas gigantes, y amplió la zona del festejo del Ángel a la glorieta de la Diana Cazadora, al poniente, y a Insurgentes y El Caballito, hacia el oriente, extendiendo el corredor de festejo por casi tres kilómetros. Para el juego contra Chequia, el número de pantallas se multiplicó hasta 32, y para el encuentro contra Ecuador, llegó a un total de 39. Para ese momento, ya habían perdido el control de todo.
El número de pantallas fue creciendo, con el objetivo, dijeron, de dispersar la multitud, sin que los alertara el número de personas que crecía en cada partido. Al contrario, fueron instalando escenarios musicales y llevando grupos y DJ’s para animar desde horas antes del partido a los aficionados, curiosos y turistas. El argumento de la dispersión fue un error conceptual. No realizaban una relocalización de multitudes, sino ampliaban la zona para celebrar, facilitando al mismo tiempo mayor espacio para quienes quisieran ir.
Brugada incentivó a la gente a ir a Paseo de la Reforma para gozar una tarde-noche de fiesta. En cada día de partido no había clases y el gobierno había decretado que se trabajara hasta el mediodía, instando al sector privado que hiciera lo mismo. La decisión de facilitar que se vieran los juegos por televisión fue positivo, pero no se contempló que habían creado un festejódromo en la gran avenida de la Ciudad de México. La crítica sobre posibles errores de planeación, control de los aforos, rutas de evacuación y manejo de multitudes, son reduccionistas, al no haberse cuestionado desde un principio los planes para tener concentraciones en un lugar específico, ni haber hecho esas preguntas a priori, no después de hechos consumados.
Los señalamientos son extemporáneos, y también se puede hablar de responsabilidad compartida para quienes, desde la oposición y los medios, no exploramos los escenarios posibles y cuestionamos la planeación del gobierno. A posteriori, se le cuestionó a las autoridades haber destacado como exitosos los operativos de seguridad previos porque fue saldo blanco, sin analizar las razones por las cuales resultaron de esa manera. Al mismo tiempo, se puede argumentar que si el saldo blanco fue “positivo”, el de cuatro personas muertes, puede ser evaluado como un “fracaso” de las autoridades.
No hubo un exceso de confianza del gobierno, como han criticado algunos en la oposición, porque no descuidaron cómo hacer las cosas. Lo que les falló es la planeación y la falta de mapas de riesgo para prepararse ante cualquier eventualidad. Por esta razón –la incompetencia de Brugada y su equipo–, no se vio ninguna acción, aunque hubiera sido rebasada, sobre control de aforos, ni mostraron ninguna técnica para el manejo de multitudes, y menos aún, disponer de rutas de evacuación. Todo se dejó al garete y al estado de ánimo, o de salud, de quienes colmaron el Paseo de la Reforma.
Brugada no ha entendido todavía el monstruo que construyó y lo sigue alimentando. Para evitar lo que sucedió el martes, anunció que habrá más pantallas gigantes, sin tenerse claro todavía cuántas se añadirán al festejódromo y cuántas en otras zonas de la capital. El anuncio fue acompañado de su llamado a la población para “cuidarse colectivamente” y evitar las aglomeraciones de riesgo –dejando a la subjetividad la definición de “riesgo”. Además, fortalecerá los protocolos de protección civil, salud y seguridad, con módulos de atención. Es decir, la suerte de todos quedará al azar, porque su gobierno, ni puede hacer ya nada para evitar la marea del festejo, desánimo o ira, ni tampoco está preparado para lo que venga.

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