“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, remató el expresidente Andrés Manuel López Obrador una carta que dio a conocer la noche del miércoles para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, y de reflexión sobre Donald Trump, el jefe de la Casa Blanca. La carta, más allá de quien la escribió, refleja su pensamiento, y con una redacción más desenfadada –ya no es titular del Ejecutivo–, se extraña que el Trump 2.0 que está en Washington, no tiene nada que ver con la versión 1.0 que conoció.
En efecto, nada que ver. Sus prioridades políticas cambiaron, y ahora, como apuntó, bajo el señalamiento de “narcoterrorista” que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, “cuenta con licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna”. En estas palabras está la clave de la reflexión de López Obrador, que sueña con aquel con el que jugó por sus necesidades para controlar la inmigración, y tiene pesadillas con el que está bosquejando su futuro.
López Obrador rompió el silencio, porque las condiciones que él se había impuesto para no hablar en público, son inexistentes. Su carta refleja miedo, y lo que antes veía como probabilidad, ahora está viendo que es una posibilidad. Desde la transición de poder en 2018, el entonces presidente habló con colaboradores de Sheinbaum que iban a ocupar puestos en el gabinete de seguridad, para pedirles que cuidaran a sus hijos, y cancelaran cualquier investigación en su contra.
Alejandro Gertz Manero, que se distinguió como un fiscal que persiguió más a su familia política con delitos inventados, que a criminales, fue forzado a renunciar el año pasado porque desafió la gravedad del régimen: se negó a cancelar una investigación sobre Andrés Manuel López Beltrán y el empresario Raúl Rocha Cantú –copropietario del Miss Universo–, relacionada con el contrabando de combustible. Pero la confianza de que las amenazas se habían neutralizado, se evaporó cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya de haber recibido el apoyo del Cártel de Sinaloa para ganar la gubernatura en 2021. Fue lo último que soportó.
Su carta pública se dio a conocer unas 14 horas después de que el periódico Los Angeles Times reconfirmó que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, estaban siendo investigados en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado y huachicol fiscal. Las revelaciones en la prensa mexicana sobre esas investigaciones fueron minimizadas como “ciencia ficción”, pero al brincar a los medios estadunidenses, fueron verosímiles y tomaron carta de legitimidad.
López Obrador, se puede decir, sintió que el fuego, coloquialmente hablando, le estaba llegando a los aparejos. Rocha Moya, de acuerdo con datos de inteligencia en México y Estados Unidos, era su enlace con Ismael El Mayo Zambada, cuando era el jefe del Cártel de Sinaloa, con quien negociaban las candidaturas a puestos de elección popular en el noroeste del país. Durazo, a quien se le ha dado seguimiento de sus vinculaciones con esa organización desde que era secretario particular del presidente Vicente Fox, fue presuntamente receptor de dinero del crimen organizado para las elecciones presidenciales de 2018, y quien le pidió liberar a Ovidio Guzmán López, que manejaba el tráfico de fentanilo ilegal, en el famoso Culiacanazo en 2019.
La “cacería” de esos gobernadores que entran en la categoría de “terroristas”, como definió Estados Unidos a seis cárteles de las drogas mexicanos en 2024, parece haber alterado los nervios de López Obrador, y se dio cuenta que lo que llamaba “politiquería” de Trump, iba en serio. Tiene razón. López Obrador ocupa el número uno en la baraja de la estructura política-criminal que están investigando los servicios de inteligencia y policiales en Estados Unidos, que se alió con la inteligencia cubana –al menos un activo de ellos era parte de sus ideólogos de cabecera.
López Obrador tiene dos investigaciones abiertas en Estados Unidos. Una de ellas incorpora dos transacciones electrónicas que llegaron a funcionarios en Palacio Nacional días después que saludó a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán en marzo de 2020 en La Tuna, una comunidad del municipio de Badiraguato, donde vivía. Los fiscales en Nueva York también cuentan con declaraciones de Jesús El Rey Zambada, hermano de El Mayo, sobre el dinero que le daba al gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, para protección. Y existen grabaciones de financieros del Cártel de Sinaloa con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, donde mencionan sus vínculos con colaboradores de López Obrador en Palacio Nacional.
Esto es apenas una parte de lo que durante años se ha ido documentando en Estados Unidos contra López Obrador, aunque parece improbable una acción en su contra y lo extraiga un comando como lo hizo con Zambada en 2024. La principal consideración es la inestabilidad que le podría causar a la presidenta Sheinbaum. Él es a quien más quisieran detener en la DEA y la CIA, y en algún momento eso podría suceder. Pero la decisión en Washington, a partir de la evaluación de los tiempos, contexto e intereses, es tan incierta hoy, que nada es seguro.
El nombre de López Obrador no ha figurado como persona de interés en ninguna de las reuniones entre funcionarios de ambos países o en los encuentros que ha sostenido la presidenta Sheinbaum con miembros del gabinete estadunidense. La atención se ha centrado sobre gobernadores y líderes del partido, mencionados ayer en este mismo espacio, y sobre otras figuras del obradorismo, en especial el senador Adán Augusto López, que es el nombre que más veces ha sido mencionado por los estadunidenses.
En el organigrama político-criminal que han elaborado los servicios de inteligencia, el número dos de López Obrador es el general Audomaro Martínez, que fue director del Centro Nacional de Inteligencia, quien a través del “rey del huachicol”, Sergio Carmona, tenía contacto con todos los cárteles. Debajo se encuentran López Hernández y Leonel Cota, subsecretario de Agricultura. Posteriormente, tres secretarios de Estado actuales, dos exsecretarios, y varios directores de organismos paraestatales.
El Departamento de Justicia, que está judicializando la información de inteligencia, armó el esquema de protección y colaboración entre el crimen organizado y políticos, así como su operación en campañas electorales, principalmente a favor de Morena, caminos que siempre llegan a López Obrador.

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Mayo y junio fueron en Palacio Nacional como la noche y el día. Mayo ensombreció el porvenir del régimen y la consolidación del obradorismo, al irse enterando la presidenta Claudia Sheinbaum cuáles gobernadores y líderes de Morena estaban siendo investigados en Estados Unidos, y la lista corta de quiénes podrían ser los siguientes acusados por el Departamento de Justicia. Junio fue el mes de la resurrección política, del diagnóstico de que todo se trataba de una estrategia electoral para las elecciones domésticas en noviembre, y que el presidente Donald Trump estaba blofeando.
La acusación contra el exgobernador Rubén Rocha Moya y nueve servidores públicos en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, donde se juzgan los casos más importantes de delitos de cuello blanco en Estados Unidos, la descolocó. Se preocupó y se enojó. El estrés se le acentuó junto con el insomnio. Su solicitud de licencia el primero de mayo le dio oxígeno para su viaje a Palenque en una gira de trabajo intrascendente, que sirvió de cobertura para ver al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Ese encuentro no se hizo público, pero era muy importante. López Obrador era el principal apoyo de Rocha Moya y le había molestado la licencia. La presidenta, de acuerdo con personas que conocieron del encuentro, fue a explicarle lo que estaba en riesgo para su legado si la fiscalía en Manhattan demostraba los vínculos del exgobernador con el Cártel de Sinaloa. “Es politiquería”, desestimó en automático López Obrador. Lázaro Cárdenas, su jefe de Oficina, y Jesús Ramírez Cuevas, su coordinador de asesores, quienes iban como refuerzo para hablar con él, ayudaron a que entendiera lo que le decía la presidenta. Eso la tranquilizó.
A la reunión en la finca del expresidente llegó con la información que le había llegado días atrás, que estaban en la lista de investigador los gobernadores Marina del Pilar Ávila de Baja California, Arturo Durazo de Sonora, y Américo Villarreal de Tamaulipas, además de los exlíderes de Morena, Mario Delgado, actual secretario de Educación, y Luisa María Alcalde, hoy en día consejera jurídica de la Presidencia. Dos semanas después llegó la información a Palacio que estaban listos dos expedientes, contra un gobernador y contra un secretario de Estado o militante distinguido de Morena. Días después llegó el remate: Ovidio y Joaquín Guzmán, habían incriminado en la Corte federal en Chicago, a Delgado, Durazo y Villarreal.
Los nombres de los gobernadores causaron revuelo ayer porque el diario Los Angeles Times reconfirmó lo que se ha publicado aquí, que estaban sujetos a investigación y les habían otorgado una visa “parole”, que es un permiso de movimiento restringido en Estados Unidos por un año y los obliga a ser testigos cooperantes. Las oficinas de los gobernadores rechazaron la información del Times, pero funcionarios federales confirmaron el estatus de Durazo. De Villarreal, agregaron que si bien le ofrecieron los estadunidenses ser testigo cooperante, “su promotor” en Palacio Nacional, le recomendó rechazarlo.
La información sacudió en la Presidencia, donde están convencidos de que en este mes vendrán las acusaciones del Departamento de Justicia, y en Morena. Por ahora no se sabe con certeza de que eso sucederá, y hay otro sector dentro de Palacio Nacional, estrategas electorales muy cercanos a Sheinbaum, que siguen insistiendo que Trump está utilizando el tema de la narcopolítica para fortalecer su posición en las elecciones intermedias de noviembre próximo y que los republicanos mantengan la mayoría en el Capitolio. En este momento, la presidenta favorece esa posición, que es lo que marcó su regreso político en junio, que inició con su discurso beligerante y acusatorio contra Estados Unidos el domingo.
Sheinbaum está apostando mucho capital político. En los últimos días de mayo, de acuerdo con personas con conocimiento de las dinámicas gubernamentales, un alto funcionario del gobierno de Evo Morales en Bolivia, dijo en Palacio que Trump “iba por todos” los gobiernos de izquierda latinoamericanos, pero la única con quien no podría sería contra la presidenta, que se podría convertir en el último bastión ideológico de la región. La retórica contra la ultraderecha y el intervencionismo tiene en ese planteamiento una fuerte base.
No es un análisis equivocado que la ultraderecha, encabezada por Trump en Estados Unidos, esté buscando el realineamiento de América Latina con Washington. Está a punto de caer a su buchaca Colombia; posiblemente Brasil en octubre, y México en 2027, como sugirió Shienbaum el domingo que intentará. Lo que quizás aún no esté viendo es cómo se movieron las piezas en su contra esta semana. El trabajo del Times, visto bajo esta perspectiva, no es una reiteración de lo publicado en México, sino corona 72 horas de acoso judicial, político, diplomático, económico y mediático de Estados Unidos.
Comenzó el lunes, con la declaración de la fiscal en la corte de Manhattan, Catherine Polk, que en la comparecencia del general Gerardo Mérida, uno de los 10 servidores públicos en Sinaloa acusados por el Departamento de Justicia, dijo que había pruebas “abundantes” contra ellos, y que habría “olas” de acusaciones. Siguió el martes, con la comparecencia del secretario de Estado, Marco Rubio, en el Senado, donde habló de que los amigos de Estados Unidos son quienes firmaron en Miami el “Escudo de las Américas”, y advirtió sobre los riesgos de drones de los cárteles de las drogas contra objetivos de su país.
Ese mismo día, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, amenazó a México, junto con cinco países, de imponerle un arancel de 10 por ciento a sus productos que fueron manufacturados con mano de obra explotada, y ayer coronó el acoso el trabajo en el Times. Ninguna de estas variables estaba fuera de los escenarios del gobierno mexicano, aunque no se había previsto que su estrategia de esta semana incorporara todos los frentes. Viene más, y como dijo un funcionario estadunidense hace poco más de una semana, “se va a poner feo”.
Ante esto, la presidenta se definió política e ideológicamente, como mostró su dura llamada de atención al embajador Ron Johnson, que pidió no politizar la relación bilateral tras el discurso del domingo. Coincidentemente o como reacción, Johnson estará en Wasnhington, aunque no se sabe si fue llamado a consultas –que sería muy grave e inédito en la relación–, o a reuniones programadas. En cualquier caso, lo que comenzó en mayo y se reconfiguró en junio, no tiene punto de retorno.

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Faltan nueve días para que miles de millones de personas vean la inauguración de la Copa Mundial de Futbol. El torneo había sido pensado por el régimen obradorista como una vitrina para mostrar la solidez de su movimiento, el orden y, ante tantas noticias negativas sobre México en el exterior por la violencia, la gobernabilidad. Pero hoy está reflejando el lado opuesto del sueño. Desorden, efervescencia social, debilidad de mando y balcanización política, que es lo que proyecta la Ciudad de México, microcosmos del país.
Las postales se esparcen por la capital federal. El Zócalo, rodeado con tiendas de campaña en plantón indefinido porque las autoridades no resolvieron los problemas a maestros durante un año. En la Línea 2 del Metro, una de las grandes obras de infraestructura que se hicieron para los Juegos Olímpicos de 1968 y el Mundial de Futbol en 1970, la más cercana al Estadio Azteca, hecha un desastre. Tlalpan, convertida en una línea recta por donde se avanza en cámara lenta, por la gran obra de infraestructura del gobierno local de Clara Brugada para este evento internacional… una ciclovía.
Atropellan las cursilerías de Brugada de pintar paredes, calles y puentes del morado más espantoso que encontró, con la imagen de un ajolote que se volvió su obsesión –tiene ajolotes por todos lados en su oficina–, utilizándolo como instrumento de propaganda ideológica, mientras el hermoso anfibio prehispánico sigue muriéndose –en peligro de extinción– en los canales de Xochimilco, por la destrucción de su hábitat y la contaminación del agua, que el gobierno no atiende.
Hace cuatro años se anunciaron las 16 sedes para la Copa del Mundo. No gobernaba Brugada la ciudad, sino Claudia Sheinbaum, y el interés deportivo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se concentraba en el beisbol. No empezaron a hacer nada para preparar el país, y si bien no puede adjudicársele a Brugada el desinterés del pasado, en 20 meses le podría haber echado un poco más de ganas y no dejar todo para el último momento.
No puede denunciar que no le soltaron presupuesto –sería sacrilegio criticar al líder–, pero prometió obras que no hizo, o destinar con mayor tino los recursos, y en lugar de pintar de morado la ciudad, invertirlos para desazolvar y evitar que las lluvias de junio no acentúen los problemas de movilidad –la peor de las sedes mundialistas–, o inyectar al mantenimiento del sistema de transporte en lugar de meter dinero a las extravagancias del director del Metro, Adrián Ruvalcaba, de poner candelabros kitch en algunas estaciones.
La movilidad no está resuelta. En sus pecados presupuestales lleva la penitencia. El tráfico se volvió un Armagedón urbano porque corrieron a quienes desde el aire desahogaban avenidas y calles. Como el austericidio obradorista redujo recursos de todas partes para aumentar los programas sociales, desapareció el turno nocturno que se dedicaba a las obras de mantenimiento que hoy se hacen en las principales avenidas o el Periférico, al mediodía.
Pero hay postales más preocupantes, por explosivas. La más, en este momento, la toma del Centro Histórico por parte de la CNTE, la Coordinadora de maestros disidentes, que con una experiencia perfeccionada en el paso de los años para lograr chupar del gobierno todo lo que le exija, están estrangulando no solo el corazón político de la nación, sino a sus propios gobernantes. Ya no solo es su plantón y campamento en el Zócalo, como lo hacen siempre durante mayo, sino lo extendieron para presionar a las autoridades y mostrarles que en el horizonte está el sabotaje al Fan Fest de la FIFA.
El Fan Fest nació conceptualmente en la Copa del Mundo en Corea del Sur y Japón en 2002, cuando de los miles de aficionados que se congregaban en las plazas y calles para ver los partidos en las pantallas públicas, y cuatro años después, en Alemania, la FIFA los institucionalizó con festivales de música, comida, juegos interactivos y pantallas para seguir los partidos, que se han vuelto el alma festiva del Mundial. La acción de la CNTE amenaza esa fiesta popular, que debe preocupar a la FIFA y a los patrocinadores, porque podría no tener gente el jueves de la inauguración.
Los maestros tomaron ventaja de la incompetencia de las autoridades. Al cerrarles el Zócalo con vallas metálicas, improvisaron: su campamento original sobre 5 de Mayo, donde se replegaron, lo extendieron a las avenidas que conectan con el Zócalo. Si ellos no entran, no entrará nadie. A la CNTE no le importa la gente, como cada año lo demuestran en Oaxaca, donde se encuentra la Sección 22, con vínculos estrechos con la guerrilla, que conoce de tácticas disruptivas y desestabilizadoras, y que no está a gusto con un gobierno que se dice de izquierda y que consideran burgués.
Es probable, porque sucede cada año, que con dinero el gobierno federal resuelva ese conflicto. Pero hay otros que tienen raíces éticas y son incorruptibles: las madres de los desaparecidos, que una y otra vez han sido tratadas con desprecio y miedo por el régimen de la 4T, que prefiere retratarse con beisbolistas o con la banda surcoreana de K-pop BTS, que con ellas, que ya no piden como en el pasado que regresen vivos sus hijos e hijas, sino encontrarlos para darles sepultura y cerrar el círculo de dolor.
Las madres de los desaparecidos han dicho que se harán presentes en el Mundial con su protesta silenciosa pero poderosa, las fotografías de sus hijas e hijos, que representan, como un hipertexto, el abandono institucional y el poder del crimen organizado sobre el Estado mexicano, resaltando la crisis nacional de violencia que no se detiene pese a los discursos permanentes del régimen con sus cuentas alegres sobre incidencia delictiva y miles de detenidos, que no frenan, sin embargo, los muertos en las calles y el campo mexicano. No son los únicos grupos que están en las calles.
Están los productores víctimas de las extorsiones criminales y los transportistas, que son asaltados y asesinados en las carreteras. Están los animalistas protestando por las corruptelas de funcionarios de la Ciudad de México. Los que no tienen medicinas y a quienes no resuelven sus problemas municipales. Hay frustración y miedo. Angustias y desesperanza. El Mundial, tercero que se realiza en México, no ha prendido. No se necesita ser un genio para saber por qué.

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¿Cómo funciona la mente de la presidenta Claudia Sheinbaum? Uno de sus atributos ha sido su formación de científica que utiliza el método científico para generar conocimiento, mediante el análisis de datos basados en evidencias y formular soluciones a los problemas. Sin embargo, después de dos años en el poder, puso seis metros bajo tierra a la cientificidad. Como se vio el domingo, el pragmatismo tecnocrático que mostró en el arranque de su sexenio, lo cambió por la ideología. Su sesgo incubado la sacó del clóset y redefinió su gobierno, la relación con Estados Unidos y, de seguir lo que trazó, la historia mexicana.
Sepultada la cabeza fría y finalmente expuesta su sangre caliente, la presidenta tardó menos de 24 horas en mostrar la incongruencia intelectual del momento cúspide de su discurso para conmemorar su triunfo electoral hace dos años, la denuncia del intervencionismo de Estados Unidos en la política interna de México y en las elecciones intermedias del próximo año. Lo hizo hablando ayer de Colombia, al sumarse a la posición del presidente Gustavo Petro, y señalar posible fraude en las elecciones presidenciales en ese país. ¿Por qué tenía que meterse?
No hay ninguna diferencia entre lo que denunció del gobierno de Donald Trump y lo que declaró sobre las elecciones en Colombia. Fue tan injerencista como Trump, mostrando la debilidad de su argumento y la forma sesgada y maniquea de cómo ve la intromisión en los asuntos internos de otros países: si es para apoyar a gobiernos con quienes tiene identificación ideológica y política, o cuestionar a gobiernos que piensan diferente al suyo, no hay intervencionismo. Todo lo demás, sí. Su mente funciona con parcialidad de variables, donde excluye todas aquellas que son relevantes pero no se ajustan a su pensamiento.
Esta contradicción es lo que funcionarios estadunidenses califican como una hipocresía. Ella, quizás, ni siquiera lo puede ver. En Barcelona, donde acudió a un encuentro de líderes convocados por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se tomó una fotografía con un letrero donde pedía “justicia” para Cristina Fernández, la expresidenta argentina que está en prisión domiciliaria por un fraude de más de 500 millones de dólares. Sheinbaum ignoró, o no cree, que Fernández estuvo involucrada en un escandaloso caso de corrupción institucional y que pasó por la justicia argentina.
No ha cuidado tampoco su inclinación y pleno respaldo por el expresidente de Perú, Pedro Castillo –incluso recibió en Palacio Nacional a su abogado–, que fue condenado a 15 años de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, tras un fallido autogolpe en 2022. La presidenta ha dicho que es una “injusticia” porque fue él quien cayó por un golpe de Estado y es víctima de persecución política. La justicia peruana tiene otros datos.
Con Ecuador mantiene un diferendo heredado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que le dio asilo al exvicepresidente Jorge Glas en 2023, pese a haber sido condenado por corrupción y estar sujeto a proceso por otros delitos. En reacción a ello, el presidente Daniel Noboa autorizó el asalto a la Embajada de México en Quito, violando tratados internacionales. Sheinbaum no ha resuelto el conflicto diplomático, y ha asegurado que no restablecerá las relaciones mientras Noboa siga siendo presidente.
Sheinbaum ha sido declarada persona non-grata en esos países, una categoría que solo comparte con dos expresidentes mexicanos, Vicente Fox y Felipe Calderón, que recibieron el mismo tratamiento por el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por criticar el estado de la democracia en ese país. La presidenta, por el contrario, buscó coordinar acciones latinoamericanas para defender a Maduro cuando Estados Unidos intervino Venezuela para extraerlo y llevarlo ante los tribunales en Brooklyn, acusado de narcotráfico.
La presidenta, como antes lo hizo López Obrador, nunca se pronunció contra la falta de libertades en Cuba, Nicaragua y la Venezuela chavista, cuyos regímenes dictatoriales apoyó sin matices. Ella es parte de un movimiento que lleva ocho años en Palacio Nacional, que abiertamente intervino en las elecciones en Estados Unidos, cuando López Obrador pidió votar contra los republicanos, enviando recursos disfrazados de presupuesto para los consulados para hacer activismo político.
En su decantamiento por Petro y su intervencionismo en los asuntos internos de Colombia, la presidenta dijo que previamente a las elecciones de este domingo había habido una ofensiva mediática y campañas de desinformación impulsadas por una red internacional, que fue una de sus denuncias el domingo, como parte de una conspiración de la ultraderecha internacional y de Estados Unidos.
Pero no impidió, sino al contrario, permitió que su coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, el jefe de la propaganda obradorista e ideólogo de la polarización, financiara un canal dirigido por el español Pablo Iglesias –que es asesor de Sheinbaum–por donde entró la maquinaria de propaganda del Kremlin, que se ha documentado generó por años campañas de desinformación a través de noticias falsas para incidir en procesos electorales en Estados Unidos y provocar desestabilización.
La posición binaria de Sheinbaum sobre el injerencismo y el intervencionismo es muy propio de la cultura del obradorismo, al igual que la discrecionalidad con la que aplican la Doctrina Estrada, siempre a flor de boca de la presidenta, pero que se aplica según sus filias y fobias ideológicas. Esta dualidad intelectual y política le quita espacios de maniobra frente a Estados Unidos y anula sus demandas de no intervencionismo. Para poder mantener esa posición con eficacia, requiere de tener una autoridad política y diplomática, además de moral. Si no la tiene, ¿cómo puede esperar que la tomen en serio cuando aplica en otros lo que no quiere que le hagan a ella?
Funcionar bajo un pensamiento con parcialidad de variables, lleva en política a diagnósticos equivocados y conclusiones fallidas. Le ha quitado coherencia diplomática a su discurso –perdiendo autoridad en el mundo, cuando alguna vez fue respetado por la consistencia de sus principios–, y potencia argumentativa. La presidenta sigue perdiendo credibilidad y no lo ve de esa manera, lo que explica su posición intervencionista en Colombia.
No puede esgrimir neutralidad y tener la fuerza para denunciar el intervencionismo de Washington, porque su palabra ha perdido credibilidad frente a Estados Unidos. Al perder consistencia con su doble rasero de la autodeterminación, quedó expuesta por la mezcla de soberanía con protección política de criminales que hizo en su discurso, en momento donde su endurecimiento también existe del otro lado del río Bravo.

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En la parte más importante de su discurso de este domingo en el Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum no festejó dos años de haber ganado las elecciones que la llevaron al poder, sino describió por primera vez la hoja de ruta de lo que insinuó es un intento de los sectores más radicales de Estados Unidos –la “ultraderecha”, los llamó– para montarse en México y posicionarse para las elecciones en el Congreso y el Senado en noviembre e insinuó, con palabras de advertencia, para intervenir también en las elecciones intermedias del próximo año, y descarrilar el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de poder de la 4T.
Sheinbaum le dedicó más de la segunda parte de su discurso a hablar sobre las amenazas que ve sobre México, subrayando que es lo que más le preocupa, y le dedicó 19 minutos, de una hora que duró el mensaje, en el trazo de la secuencia que tuvo como inicio la reiteración debatible de que hay una ofensiva mediática y una campaña millonaria en las redes sociales para cambiar la percepción sobre la realidad.
Según Sheinbaum, el metabolismo de lo que consideró una estrategia apoyada por Estados Unidos, se aceleró el 19 de abril, cuando se supo que dos agentes de la CIA, en coordinación con agentes ministeriales de Chihuahua, a espaldas del gobierno federal, destruyeron un megalaboratorio de fentanilo operado por los chapitos, murieron en un accidente, junto con dos comandantes mexicanos.
La siguiente estación como parte de esa estrategia, dijo, fue el 30 de abril, cuando una “oficina” del Departamento de Justicia acusó “sin presentar pruebas”, a tres funcionarios electos de Sinaloa, el gobernador, el alcalde de Culiacán y un senador, de haber llegado al poder con el apoyo y el dinero de los chapitos. Mucho se ha hablado ya en este y otros espacios sobre los tiempos procesales de las pruebas, pero el matiz que deslizó es la posibilidad-advertencia de que “otras oficinas” de Estados Unidos, pudieran volverse en “el principal elector de México”.
Sheinbaum comenzó el control de daños sobre lo que comenzará hoy, de acuerdo a lo programado en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, con la segunda comparecencia del general de División, Gerardo Mérida, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, acusado junto con el exgobernador Rubén Rocha Moya y otros ocho servidores públicos del estado.
El temor, la razón de la negación a extraditar a Rocha Moya y la molestia de la presidenta con el exgobernador, con quien habían acordado que él sería el responsable de que nadie se entregara a Estados Unidos, vino hacia el final de este importante segmento de su discurso, cuando planteó la posibilidad de que “jueces extranjeros (no quiso decir estadounidenses) vienen por unos, (y luego) vienen por otros”, determinando con sus acciones judiciales el control sobre el voto de los mexicanos en futuras elecciones.
Es la primera vez que la presidenta verbaliza lo que ha dicho varias veces en las reuniones en Palacio Nacional: ceder ante Estados Unidos la extradición de Rocha Moya, abre un alto riesgo que declare lo que le pidan los fiscales contra miembros importantes de Morena. Sheinbaum no ha llegado a identificar la persona más relevante que podría imputar, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, contra quien hay información de inteligencia en Washington, sobre sus presuntos lazos con los chapitos, a través del exgobernador.
El tono del discurso, enérgico, lo que disfraza lo defensivo, tajante, que apela a la militancia dura que responde a López Obrador, tiene como contexto relevante que se dio días después de que Washington enviara información de que Ovidio y Joaquín Guzmán, dos de los chapitos, y el exjefe del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, ya imputaron a Rocha Moya. Coincidió también con un mensaje del embajador estadounidense, Ron Johnson, que llamó a los servidores públicos sinaloenses acusados, “los primeros diez”.
De esta forma, el mensaje de la presidenta fue una estrategia para anticipar un próximo golpe, que están esperando, o una filtración en la prensa estadounidense, que les preocupa por igual. Se abrió un espacio de maniobra política, utilizando información que les está proporcionando Estados Unidos para utilizarla como defensa contra Estados Unidos. De ahí una batería sus preguntas para generar dudas entre quienes la escucharon, “¿es realmente un interés legítimo, genuino por ayudar a México?, ¿para combatir al crimen organizado?, ¿o sectores de la ultraderecha en Estados Unidos están usando a este país para posicionarse en sus elecciones este año o en las del próximo año en México?”.
Hay un sector influyente en su entorno que está convencido de que el presidente Donald Trump -a quien desvaneció en su discurso, como también a su gobierno, para que sus palabras no fueran tan incendiarias y personalizadas- no va a hacer nada realmente contra políticos de Morena de lo que ya ha hecho -lo mismo decían antes de la acusación contra Rocha Moya, y mantienen el miso diagnóstico-, y que todo tiene un fin electoral.
Dentro del entorno de Palacio Nacional había la idea de que la tormenta que ha traído Trump a México terminaría cuando perdiera -como lo creen-, la mayoría en el Congreso y el Senado. Incluso, hace poco más de un par de semanas el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, hizo una presentación en la Presidencia sobre la redistritación en Estados Unidos -que estaba completamente fuera del radar del gabinete de Sheinbaum-, explicando que esas modificaciones le darían la victoria a los republicanos, siempre y cuando restablecieran la unidad, fracturada por el apoyo de Trump a Israel en la guerra con Irán, y su relación con el pedófilo Jeffrey Epstein.
La narcopolítica en México es el único tema donde republicanos y demócratas están de acuerdo y la cesión territorial que hizo López Obrador. Se olvidan que quien se llevó a Zambada y a manotazos sobre la mesa le exigieron que detuviera a Rafael Caro Quintero, fueron los demócratas. La avalancha diplomática, política, judicial y mediática en Estados Unidos no parará, sin importar quién gane las elecciones en noviembre. La preocupación de Sheinbaum es real, pero su estrategia tiene una falla estructural: la dependencia económica de México de Estados Unidos, como nunca antes, y que hay pruebas suficientes, allá y acá, de la colusión de líderes de Morena con el narcotráfico.

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Los 14 días que faltan para la inauguración de la Copa del Mundo de futbol en la Ciudad de México serán una carrera de dos fuerzas, aliadas durante años, que hoy están enfrentadas: por un lado, el gobierno obradorista, que construyó su legitimidad sobre la protesta social, y por el otro, el movimiento que convirtió en un interlocutor privilegiado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, que está utilizando las mismas herramientas de presión que antes, desde la oposición, justificaban, para extorsionarlo.
Por décadas, la CNTE ha perfeccionado la movilización callejera, el control territorial y el desgaste político para lograr sus objetivos: dinero, plazas e impunidad. Cada año, a partir del 15 de mayo, inician sus movilizaciónes, que tienen en sus derechos sindicales una mera fachada. Sus confrontaciones con el gobierno en turno no han sido nunca laborales, sino política. En esta ocasión, utilizaron el Día del Maestro para cumplir la amenaza que lanzaron en diciembre. Si no cumple el gobierno con sus demandas, sabotearán el Mundial.
La CNTE quiere que la presidenta Claudia Sheinbaum cumpla su promesa de campaña de derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y cancelen la reforma educativa de 2019. El gobierno estaba de su lado cuando era oposición, pero ahora, en la cabina desde donde se maneja el país, han visto que la Ley no era un capricho del presidente Felipe Calderón sino una necesidad financiera, y que seguir desmontando la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto, no era conveniente, salvo para la disidencia magisterial.
El Mundial les dio un nuevo contexto de presión, y la posibilidad de poner un ultimátum sin necesidad de declararlo. La patada inicial del torneo, es la fecha máxima para que se arreglen. Los maestros de la CNTE han aprovechado el momento para incluir más de 70 demandas adicionales, aunque todas, incluso las originales. En el fondo, lo que quieren, dejándoselo saber a las autoridades, son mil millones de pesos para la CNTE, más de 800 plazas nuevas y cuatro diputaciones federales. El gobierno no ha accedido a las demandas reales que les han presentado, y están entrampados en la negociación.
La CNTE fue un instrumento de Andrés Manuel López Obrador, en su estrategia de descrédito de Peña Nieto, y como pago les dio un trato privilegiado y concesiones, que nunca fueron las que esperaban. El talento de López Obrador en la persuasión, sin embargo, los contuvo. La estrategia de protesta de la CNTE para alcanzar sus objetivos –paralizar ciudades, presionar en embajadas, empresas multinacionales y medios, cerrar carreteras, secuestrar casetas, bloquear aeropuertos, tomar el Zócalo–, que es su mecanismo de presión permanente, se apagó durante su sexenio.
Pero con Sheinbaum, todo se reactivó. Movilizaciones –la policía de la Ciudad de México impidió que instalaran su plantón en el Zócalo, utilizando un método que cuando eran oposición denunciaban como “represión”–, amenazas de un paro nacional indefinido, desestabilización de Oaxaca capital, intentos de cierres de los aeroipuertos y amagos a llevar sus protestas a sus acostumbradas víctimas, con la advertencia explícita que “si no hay solución, no rueda el balón”. A una semana de que empiece a llegar la prensa extranjera que cubrirá la inauguración y el Mundial en México, la CNTE puede ejercer sin moverse, una presión adicional y más dañina.
Las potenciales imágenes de violencia, gases lacrimógenos en las calles y actos de fuerza para controlar a maestros –en el mundo no entienden de los matices entre el sindicato y la coordinadora magisterial–, es lo que menos desearía el gobierno de Sheinbaum, que ha visto el Mundial como una vitrina para mostrar que México vive en estabiliad y armonía, subrayando sin decirlo, que la violencia que domina sus noticieros y periódicos, está reducida a unas cuantas regiones del país. La CNTE juega con este escenario, conocedora desde hace tiempo que los gobiernos negocian más rápido cuando están contra la pared.
Su estrategia es vieja. En 2016, en este mismo espacio, publiqué una columna cuyo título repito hoy, utilizando la metáfora del futbol americano. Siempre juegan al primero y diez. En las negociaciones de la disidencia magisterial no hay avances de una yarda, ni retrocesos. Siempre que tienen el balón, los maestros avanzan diez yardas para tener cuatro oportunidades más para volver a tener esa posición de campo –como sucede en el juego–, recorrer en automático la distancia y lograr otras diez yardas. Ellos nunca pierden. Quienes pierden son el gobierno y los mexicanos.
No lo hicieron con López Obrador, pero no han tenido la misma consideración con Sheinbaum. El año pasado llegaron a lo que nunca se atrevieron con presidentes del PRI o del PAN, secuestrarla, manteniendo sitiado Palacio Nacional. Sheinbaum se equivocó al pensar que las turbulencias que vivieron los gobiernos anteriores a López Obrador, no las sufriría su gobierno, y cuando se dio cuenta que no sería así, fue muy tarde para neutralizarlas.
Sheinbaum buscó desactivar el conflicto con un aumento salarial del 10 por ciento a los maestros, que la CNTE rechazó. Argumentó que quería el 100 por ciento, aunque era un pretexto. El centro de su disputa nunca ha sido el salario, sino el control político de las plazas –que utilizan como un sistema de premio y castigo contra sus sindicalizados y como chantaje para las movilizaciones–, las pensiones y la capacidad de conservar un poder paralelo dentro del sistema educativo, como en Oaxaca.
La presión que está enfrentando es consecuencia de meses de abandono de la CNTE por parte de las autoridades educativas, lo que detonó su movilización en diciembre. Las amenazas de sabotaje al Mundial despertaron la preocupación en el gobierno, y se evaluó el conflicto como un problema de seguridad nacional, por lo devastador que es para la imagen y confiabilidad del régimen. La CNTE está exhibiendo ante el mundo la fragilidad del gobierno mexicano para controlar su propia capital.
El gobierno quería que el Mundial fuera la vitrina de la transformación; la CNTE lo está convirtiendo en la vitrina de la debilidad. Las autoridades saben que con dinero y prebendas arreglarían todo, y existe un acuerdo en principio sobre plazas y diputaciones, pero no sobre el dinero, porque no hay. Pero de alguna bolsa sacarán recursos, porque acciones de fuerza para desactivar la desestabilización que pretende la CNTE no habrá, y que una extorsión le manchen la imagen es, incluso para el obradorismo, inaceptable.

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A la exigencia de pruebas que sustenten la acusación contra Rubén Rocha Moya por haber aceptado la ayuda de Los Chapitos para ganar la gubernatura de Sinaloa en 2021 a cambio de entregarles el estado para sus negocios y tráfico ilegal de fentanilo, en Palacio Nacional se toparon con la sabia realidad que plantean tres refranes mexicanos: ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir, no preguntes lo que no quieres saber, y no invoques tormentas que no podrás controlar.
Quería pruebas la presidenta Claudia Sheinbaum, y ya le dieron una probadita de ellas. Lo que le dijeron no le gustó, y detonó como respuesta un endurecimiento político contra el gobierno de Donald Trump, apostando a que las acusaciones de injerencista generarán un consenso interno de respaldo.
Pero defender a Rocha Moya es una apuesta muy riesgosa. Protegerlo, como lo está haciendo el gobierno, es prolongar su agonía, y puede arrastrar al gobierno. El desafío a Estados Unidos al incumplir con tratados internacionales –de extradición y de cumplimiento con la ficha roja– por el temor de que revele los secretos criminales de la 4T si lo extraditan, obliga a tener muy bien calibrada cuál será la respuesta y preparar los siguientes pasos que tomarán. En Palacio Nacional saben que vendrá un nuevo golpe, pero no de quién, ni por dónde, porque
ante la exigencia de Sheinbaum de pruebas, le compartieron algunas líneas generales de la investigación contra el exgobernador de Sinaloa, y lo que ofrecieron los exfuncionarios que se entregaron en Estados Unidos, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y el general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad. Los dos ofrecieron a cambio de recibir la protección estadunidense, pruebas con soporte técnico, que tienen que ver con varios de los delitos que les imputó el Departamento de Justicia, el de conspiración, que se da cuando dos o más personas acuerdan cometer un acto ilegal, que tocaría directamente a Rocha Moya, y el de posesión de armas y explosivos, que los vinculan con el crimen organizado.
Díaz Vega y Mérida entregaron documentos físicos y un número, indeterminado pero amplio, de memorias USB. La información se suma al cúmulo de pruebas que tienen los fiscales en la Corte del Distrito Sur en Manhattan, que incluye intercepciones telefónicas –algunas de ellas recogidas por los aviones espía de la CIA cuando volaron sobre Sinaloa–, y testimonios de miembros del Cártel de Sinaloa, –incluidos Los Chapitos e Ismael El Mayo Zambada– sobre su participación en elecciones presidenciales y locales durante casi una década.
Las autoridades mexicanas no tienen información detallada sobre lo que contienen los USB, por lo que están analizando la situación a ciegas. Lo que les han añadido los estadunidenses, es que el general Mérida, que se especializó en el Ejército en el área de inteligencia, ha aportado evidencias principalmente en contra de Mario Delgado, de sus tiempos de presidente de Morena, y que de acuerdo con lo que ha ofrecido, documenta cómo recibió dinero del crimen organizado para inyectar en campañas para gobernador y para candidaturas para diputaciones y senadurías. La inyección de recursos oscuros en campañas para gobernador se ha ventilado en varios medios, pero es la primera vez que se menciona que dinero de los cárteles sirvieron para financiar a legisladores.
La información parcial que le entregó Estados Unidos a México es previa a que el jueves de la semana pasada, la presidenta elevara el tono de su denuncia de intervencionismo contra ese país, aunque trató de matizar en público que no era Trump quien encabezaba el injerencismo, sino algunos de sus asesores en la Casa Blanca. El viernes, un día después de atizar la retórica, tuvo una reunión con el secretario de Seguridad de Trump, Markwayne Mullin, en Palacio Nacional, que como se ha reportado en la prensa, fue muy ácida con demandas del estadunidense a Sheinbaum que respetara el Tratado de Extradición y que le entregaran a Rocha Moya.
Tras esa reunión, probablemente la más dura que ha tenido con un funcionario estadunidense en su vida, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó la iniciativa para anular elecciones donde, presuntamente, el resultado había sido consecuencia de un intervencionismo extranjero, cuyo texto fue un traje hecho a mano con Estados Unidos. El sábado se informó que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sería citada a declarar por la FGR, porque agentes de la CIA participaron en un operativo con policías estatales. Y el domingo, la presidenta declaró que nunca se separaría del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La declaración debió haber sido un golpe al hígado de la CIA, que considera que cualquier acto público –o apoyo— a López Obrador, es una afrenta para el gobierno de Trump. Pero la secuela de retórica y acciones emanadas desde Palacio Nacional desde el jueves de la semana pasada, dan la impresión que Sheinbaum está lista para pelearse con Trump. Sin embargo, contra lo que se ve en público, está preocupada. La presidenta le pidió a García Harfuch y a su asesor externo, Eduardo Cervantes, una estrategia de control de daños ante su convencimiento de que acusaciones como las que se formularon contra Rocha Moya y nueve funcionarios más de Sinaloa, van a hacerse públicas, ya sea por el Departamento de Justicia, o a través de los medios en Estados Unidos.
Pese al diagnóstico, el primero en donde reconoce –aunque sea internamente– la realidad en la que se encuentra la relación bilateral, no se está planteando hasta este momento la extradición del exgobernador o de los otros siete funcionarios imputados con él. Las extradiciones están fuera de discusión. De esta forma, vuelve al principio. Ni Rocha Moya, ni nadie de Morena que resulte imputado se irá extraditado. Va por el agrupamiento de Morena y para lograr, mediante el convencimiento del peligro del enemigo externo, la cohesión interna. Pero tiene un problema: todo tiene como eje a Rocha Moya, sobre el cual hay abundante información sobre cómo Los Chapitos actuaron en Sinaloa para hacerlo gobernador. El exgobernador es indefendible.
La presidenta no ha registrado aún que la ruta de confrontación por la que optó, ha cambiado el humor de funcionarios y agentes de inteligencia estadunidenses sobre ella. Hasta hace un mes, el consenso era para apoyarla. Hoy están divididos, y la críticas contra ella, inexistentes hace semanas, están comenzando a permear. Aquí no tiene aún el consenso. Allá, lo perdió.

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Las pruebas contra la élite de la 4T se siguen acumulando en Estados Unidos. Ahora son Ovidio y Joaquín Guzmán, los hijos menores de Joaquín El Chapo Guzmán, que han entregado a los fiscales estadunidenses las cabezas del ex líder de Morena y actual secretario de Educación, Mario Delgado, y de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal. Junto con ellos, aportaron también testimonios sobre su relación con el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La información sobre lo que están declarando en la Corte del Distrito Norte de Illinois, que se encuentra en Chicago, confirma lo que los datos de inteligencia en México y Estados Unidos habían apuntado sobre la presunta vinculación de los cuatro personajes con el crimen organizado. La trascendencia de la declaración es que con esas declaraciones se ha judicializado la imputación, y que la acusación contra Rocha Moya por parte del Departamento de Justicia sobre su relación con Los Chapitos, puede ser replicada contra Delgado, Durazo y Villarreal.
Las autoridades y los fiscales estadunidenses operan de esa manera: recogen datos de inteligencia y, para cerrar los casos, recurren a testigos cooperantes para que a partir de sus declaraciones construyan la evidencia –proposición fáctica, le llaman–, que presentan a un Gran Jurado para lograr su fallo y hacer la acusación formal. Eso es lo que sucedió con Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses, donde una parte de las pruebas que se presentaron ante el Gran Jurado en Man-hattan, reveló un funcionario estadunidense, fueron las decla-raciones de Ovidio y Joaquín Guzmán.
Eso mismo sucedió con la captura de Ismael El Mayo Zambada. “No lo queríamos para que nos hablara de las relaciones del Cártel de Sinaloa con los políticos, porque eso ya lo sabíamos, pero sí para ayudarnos a llenar algunos vacíos de información sobre el narcotráfico en México”, dijo un funcionario estadunidense. La razón principal por lo que lo querían, sin embargo, era para que les ayudara a cerrar el caso contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, que se encuentra preso en Brooklyn, como lo está Zambada.
Las declaraciones de Los Chapitos en Chicago están comenzando a llenar los huecos para soportar la información de inteligencia. Ovidio es el principal testigo, porque era parte de la estructura criminal en la facción del Cártel de Sinaloa que manejaba junto con sus hermanos Iván Archivaldo y Alfredo. Joaquín había estado renuente en participar en los negocios criminales de su familia, y estaba distanciado de esas actividades.
Ovidio fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023, por la enorme presión del gobierno del presidente Joe Biden, al considerarlo Estados Unidos el principal responsable del tráfico ilegal de fentanilo. López Obrador, en los hechos, lo había protegido. Cuando fue detenido en una operación en octubre de 2019, el comando de agentes que dependía en su momento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-dana, realizó una operación impecable –sin disparos, ni heridos–, pero nunca enviaron al helicóptero para la extracción –que es más importante que la captura. Durante 45 minutos tuvieron a Ovidio en su casa, hasta que finalmente llegó la orden de liberarlo.
López Obrador asumió la responsabilidad de dejarlo en libertad, violando la ley por omisión de sus responsabilidades, pero la petición para que lo hiciera, fue de Durazo, en ese entonces secretario de Seguridad. El expresidente argumentó que lo hizo porque habría un baño de sangre, pero tras su liberación no ordenó que volvieran a planear su detención. En enero de 2023, por presiones de Washington, López Obrador ya no pudo seguir siendo omiso y el Ejército lo capturó.
Preso en Estados Unidos, empezó a negociar con los fiscales exigiendo que extrajeran a su hermano Joaquín y a cambio entregarles a El Mayo. Una unidad del FBI cuyo jefe es quien más conoce en Washington del Cártel de Sinaloa, planeó la operación para que Joaquín tendiera una trampa a Zambada al pedirle que se reuniera con Rocha Moya y el diputado federal y enemigo del gobernador, Héctor Melesio Cuén en un rancho en la zona metropolitana de Culiacán, donde un comando de élite estadunidense del Departamento de Seguridad Interior, lo capturó y trasladó a Estados Unidos junto con Joaquín.
Delgado, Durazo y Villarreal, que se encuentran en otra inves-tigación alterna en Texas, sobre el financiamiento de Sergio Car-mona, llamado “el rey del hua-chicol” , a ocho campañas de Morena para gobernador en 2021, fueron imputados por Los Chapitos en otros presuntos ac-tos criminales, aunque tienen vasos comunicantes con el pri-mero. Villarreal fue el represen-tante de Morena en la campaña de Rocha Moya para la gu-ber-natura en Sinaloa, que recibió financiamiento de Los Chapitos.
Aunque presuntamente bene-ficiario del financiamiento de Carmona, Durazo ha gobernado un estado bajo una creciente violencia y con señalamientos frecuentes de sus presuntos nexos con el crimen organizado, comenzando con el legendario Señor de los Cielos, Amado Carrillo. Desde 2019, cuando era secretario de Seguridad, aparecieron mantas en varias ciudades de Sonora denunciando a mandos policiales en el estado de proteger a la organización de Los Salazar, que era el brazo armado de Los Chapitos en el estado, y que se habían expandido hasta Chihuahua y Durango.
No está claro, por la información que trascendió, el detalle de las acusaciones de Los Chapitos contra él, cuyo brazo armado de Los Salazar perdió parte del control en Sonora por el surgimiento del Cártel de Caborca, que fundó Rafael Caro Quintero, bajo proceso en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, como resultado de la apertura de la plaza de Sonora a otras organizaciones rivales de Los Chapitos. Caro Quintero les comenzó a disputar el trasiego de drogas a Estados Unidos por las rutas de Sonora y Chihuahua –entre Ciudad Juárez, y Gómez Palacio, Durango, que está bajo dominio de Los Salazar.
Las declaraciones de Ovidio y Joaquín Guzmán López, son parte del maxiproceso que se está llevando a cabo en Estados Unidos contra sectores políticos en México, similar al Proceso 8000 que la CIA encabezó en Colombia en 1994, que se compuso de varios casos judiciales sobre la vinculación de políticos con cárteles de la droga. Esta interrelación de casos explica el cruce y entreverado de imputaciones entre las cortes federales de Manhattan, San Antonio, Corpus Christie y Chicago, cuyo inicio de judicialización de casos es el preludio de acusaciones formales.

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Si las cosas salen conforme a lo planeado por la 4T, hoy se votará en la Cámara de Diputados la Ley Monreal, que es una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación relativos a las causales de nulidad de votación. Es una iniciativa para la coyuntura que, a la vez, refleja miedo político y electoral. Es una propuesta autoritaria y una definición de ruta: contra lo que queda de democracia en México y contra Estados Unidos.
La apuesta es arriesgada, porque plantea implícitamente una confrontación con el país del que depende más del 90 por ciento de la economía mexicana, que refleja, sin embargo, lo aferrado que está la 4T para mantener el poder. La coyuntura obedece a la embestida de Washington contra los políticos del régimen vinculados con el crimen organizado, y el miedo es que sea una línea continua hasta el próximo año, donde el cáncer criminal vaya pudriendo al obradorismo y las transferencias de dinero ya no sean suficientes para ganar elecciones.
La iniciativa que presentó el diputado Ricardo Monreal por instrucciones de Palacio Nacional, presenta de manera tramposa los precedentes: las elecciones presidenciales en Ucrania de 2024, donde fue abierta la intervención rusa en el proceso, y la primera vuelta de las elecciones presidencias en Rumania en 2024, por la desinformación generada por Rusia a través de la plataforma Tik Tok. Esconde que la fabricación de enemigos para mantenerse en el poder la hicieron Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Lo intentó Cristina Fernández en Argentina, cuando quiso tomar el diario Clarín, pero el poder judicial se lo impidió.
Monreal propone causal de nulidad de elecciones “la injerencia extranjera en procesos electorales mediante financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación o manipulación digital”. ¿Quién determinaría que hubo tal injerencia? El Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, que pertenecen a Morena y obedecen a Palacio Nacional o Palenque o, ambos en plena simbiosis, como reconoció el fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum al decir que ella y Andrés Manuel López Obrador son lo mismo.
La iniciativa atenta contra la libertad de expresión, al querer censurar las redes sociales, y tiene una dedicatoria directa a los medios y periodistas críticos, cuyos prolegómenos datan de finales del año pasado, cuando varios propagandistas de López Obrador, señalaron con nombre y apellido a varios de ellos que no piensan como la militancia de la 4T.
El momento que vivimos es como los historiadores han descrito la decadencia del Imperio Romano, cuando la ley dejó de ser un principio universal y se convirtió en una concesión política, la narrativa oficial empezó a ocultar la realidad y la propaganda sustituyó al debate público. Lo que se demanda de todos los mexicanos y mexicanas es lealtad emocional en lugar de legalidad institucional. A quienes se resisten, como están diciendo, son “traidores a la Patria”.
La iniciativa de Monreal, que acató las instrucciones de Palacio Nacional y Palenque, no puede ocultar el miedo de la 4T ante la ofensiva en Estados Unidos contra el régimen. Dos incisos de su propuesta de reformas lo establecen: la realización de actos de presión política, económica, diplomática o mediática que tengan por finalidad alterar la voluntad popular; y la vulneración del territorio nacional por tierra, agua, mar o espacio aéreo con fines de presión, intimidación o afectación al orden constitucional. ¿A qué se refiere?
Los “actos de presión” son las acusaciones contra el exgobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses acusados de entregar el estado a Los Chapitos a cambio de apoyo para ganar las elecciones en 2021, y recibir millones de pesos por sus servicios para que sus negocios crecieran; la cancelación de visas –que ya supera los cuatro dígitos–; los amplios reportajes en la prensa estadunidense que describen la penetración y el control del crimen organizado sobre el aparato político de Morena; y la cancelación del acuerdo comercial –que así será porque la existencia de aranceles, que no se eliminarán, por definición lo termina.
El horizonte de la iniciativa es inmediato: las elecciones de 2027. Una acción previa a la Ley Monreal es el acoso ilegal a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Si estuviéramos hablando de aplicación de la ley, se tendría que haber caminado por la ruta del juicio político, el desafuero y la acusación de traición a la Patria por haber permitido, por omisión o comisión, que la CIA operara junto con sus agentes ministeriales en operaciones conjuntas contra el narcotráfico. Una acción enérgica tendría que haber aplicado el gobierno contra la CIA, pero ahí, en una contradicción con la Ley Monreal y las declaraciones generales y ambiguas de la presidenta, se replegó.
Con la Ley Monreal, si se aprueba, Chihuahua será el laboratorio de pruebas para la anulación de la elección para la gubernatura, si el PAN derrota a Morena en las urnas el próximo año. Y lo mismo podrá hacerse en las de Baja California, Sinaloa, Michoacán y Sonora, donde el crimen organizado se entreveró con la política. A nivel de Congreso, donde los cálculos de Morena son que no tendrán la mayoría calificada, aún con la alianza con el PT y el Verde, tendrán las herramientas legales para anular las elecciones clave que les permitan mantener el control del 75 por ciento de las cámaras.
En el corazón del régimen debe haber temor de que si la frecuencia de acusaciones contra gobernadores o líderes de Morena en Estados Unidos continúa, a un año de la elección –sin contar las variables sociales y económicas internas–, podría tener un impacto en el electorado y perder la mayoría simple. Confía la 4T que tiene el voto cautivo de los programas sociales para ganar en 2027, pero la inestabilidad de los factores que se están viendo no permite tener certidumbre. Si en lugar de temor hay confianza por lo que no ven la realidad, la 4T está en problemas.
La 4T deberá haber diseñado escenarios ante la reacción de Estados Unidos –domésticamente no los necesitan porque controlan al Poder Judicial y los órganos electorales–, y estar consciente que el enfrentamiento contra Estados Unidos necesita aliados. Rusia y China serían los únicos en esa liga, pero están fuera de discusión, como se vio en Cuba y Venezuela. Así que, si avanza la ley, tendremos que ponernos los cinturones para lo que vendrá.
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El nombre de Sergio Carmona se ha convertido en sinónimo de huachicol, crimen organizado y dinero para campañas electorales de Morena. Su nombre aparece pegado a líderes de la 4T, gobernadores y exfuncionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como un sello de corrupción y punto de partida visible del acoso de Estados Unidos para que se lleve a juicio a políticos que fueron tocados por dinero criminal. Carmona, que fue asesinado en noviembre de 2021 por un sicario contratado por militares para ejecutarlo, no deja de ser una pesadilla después de muerto.
Carmona no nació con la 4T. De ser abogado de Pemex en Ciudad Madero, dedicado al pago y negociación de pensiones, creció de la mano del entonces alcalde panista de Reynosa, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su colaborador, Víctor Manuel Sáenz, y Cuitáhuac Bardán, que había trabajado en el gobierno de la Ciudad de México. Sáenz llevó a Carmona, quien financió la campaña de García Cabeza de Vaca para la gubernatura de Tamaulipas.
Una vez en el poder, García Cabeza de Vaca nombró jefe de Oficina a Sáenz, y a Bardán, que había sido su jefe de campaña, lo nombró asesor general convirtiéndose en uno de sus principales operadores políticos. Carmona aumentó sus negocios con el gobierno de García Cabeza de Vaca. Pero antes de la mitad del sexenio renunciaron Saénz y Bardán, mientras que Carmona terminó de romper con él cuando se negó a pagarle 200 millones de pesos invertidos en la construcción del hospital civil de Ciudad Madero.
Bardán regresó a la Ciudad de México, y con sus viejos amigos en el gobierno capitalino, fundó una exitosa consultoría que da servicio a cuando menos un miembro del gabinete actual y a más de una decena de gobernadores de Morena, entre los que estaban Rubén Rocha Moya, de Sinaloa. Carmona también se fue a Morena. Quien le abrió la puerta fue el general Audomaro Martínez, muy cercano a López Obrador, que lo había nombrado director del Centro Nacional de Inteligencia.
El general, nacido en Tabasco pero con negocios y amplias relaciones en Tamaulipas, lo presentó con Mario Delgado, a quien con el impulso de Erasmo González, diputado por Ciudad Madero, presidente la Comisión de Presupuesto del Congreso en 2020 y publirrelacionista de Carmona, le financió su campaña para la presidencia de Morena. De esa relación surgió el financiamiento para ocho campañas a gubernaturas en 2021, que incluyeron las de Sinaloa y Tamaulipas.
En esa estructura criminal, de acuerdo con una investigación de la DEA y la Marina a la que se tuvo acceso, figuraban prácticamente al mismo nivel de Carmona, su esposa –hoy viuda–, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el director de Aduanas al principio del sexenio de López Obrador –donde nombró al frente de la Aduana de Reynosa a Julio Carmona, hermano del llamado “rey del huachicol”–, Ricardo Peralta, quien como subsecretario de Gobernación habló con líderes del crimen organizado para lograr un pacto con el gobierno federal. González y Delgado, señala la investigación, también eran parte de la estructura.
El financiamiento electoral de Carmona resultó en triunfos para Morena, salvo en Nuevo León, donde perdió Clara Luz Flores, que recientemente renunció a su cargo en la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secrertaría de Gobernación, para aspirar una vez más a la gubernatura. Carmona, que trabajó en paralelo con el general Martínez, era el enlace de un sector del gobierno cercano a López Obrador con todos los cárteles, de acuerdo con la investigación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
A principios de noviembre de 2021, revelaron funcionarios estadounidenses, Martínez envió a Carmona a reunirse en Nayarit con Audías Flores Silva, El Jardinero, el número dos del Cártel Jalisco Nueva Generación debajo de Nemesio Oseguera, El Mencho, y a Sinaloa, para hablar con los chapitos. El motivo, agregaron, era agradecer el apoyo que les habían dado en las elecciones. Dos semanas después, la tarde del 22 de ese noviembre, Carmona fue asesinado en una barbería en San Pedro Garza García, un municipio conunrbado de Monterrey. Un sicario, contratado en la Ciudad de México por militares, lo ejecutó.
Carmona ya había tenido conversaciones informales con varias agencias estadunidenses. Primero fue con el FBI, en una oficina regional en el sur de Texas, y después con la DEA, en Washington. Estaban buscando la posibilidad de que fuera testigo cooperante, para que aportara detalles de la probable vinculación de políticos, funcionarios, legisladores y empresarios con la delincuencia organizada.
Casi inmediatamente después de su asesinato, su hermano Julio cruzó la frontera para convertirse en testigo protegido. Información que ha trascendido de sus declaraciones ante los fiscales, es que ha señalado nombres de altos funcionarios federales involucrados en esa red criminal. Otras de las personas que han estado aportando información sobre esa red criminal es García Cabeza de Vaca, acusado en México por delincuencia organizada, huachicol y fraude. La solicitud mexicana de extradición ha sido infructuosa.
Carmona estaba confiado en que no iban a proceder penalmente contra él en México. “Yo le doy a todos, porque si un día me agarran, me los llevo a todos”, se ufanaba del poder que la información le daba. El empresario, convertido en criminal y mecenas de Morena, no parecía estar intranquilo ni pensaba en un desenlace fatal por el eslabón más débil, por la forma como se movía, sin seguridad y con plena confianza, como fue el día en que lo mataron.
Quienes lo mandaron a asesinar debían haber estado convencidos que la persona que era la llave de la puerta del entramado político-electoral-criminal que se había construido, no representaría ningún riesgo si era eliminado. El cálculo resultó equivocado. La acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios fue la primera prueba pública de ello. Esa locomotora ya arrancó sin punto de retorno.

Nota: El Corporativo Kosmos envió una aclaración a esta columna sobre el texto publicado el viernes pasado. Dice que Kosmos no tuvo ninguna relación con Alex Saab, funcionario de Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de corrupción y lavado de dinero a través de un programa de alimentos. Quien tuvo una relación con ese programa, agregó Kosmos, fue su empresa Serel. También señaló que no hay ninguna imputación en México o Estados Unidos contra Jack Landsmanas, cabeza de Kosmos.

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