Por donde menos se esperaba saltó una nueva liebre envenenada el martes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionaron a dos mexicanos y a nueve empresas acusadas de contrabandear combustible en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este tipo de sanciones económicas y alertas al sistema financiero para reforzar sus acciones contra el lavado de dinero no son nuevas, y forman parte de un sistema de vigilancia y respuesta contra individuos y entidades que consideren una amenaza a su seguridad nacional.
El documento del Tesoro subraya que aproximadamente el 30 por ciento del combustible en México es de contrabando, pero de manera extraordinaria, por lo inusual, incluye 82 palabras explosivas que advierten: “En México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades delictivas”.
Es la primera vez que estos organismos del Departamento del Tesoro establecen una relación directa entre las estructuras financieras criminales y la inversión en campañas políticas en México, cuyas consecuencias pueden rebasar el catálogo de sanciones que pueden aplicar la OFAC y el FinCen –que no van más allá de las sanciones económicas–, y las alinean con la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en su primer día en la Casa Blanca, que designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, que le otorga a Estados Unidos herramientas legales extraordinarias para combatirlas, como operaciones militares en territorio mexicano.
Las sanciones del Tesoro deben verse como un nuevo mensaje de insatisfacción de Washington a Palacio Nacional por la forma como está manejando el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado de haber llegado al poder con el dinero y la operación electoral del Cártel de Sinaloa, y a quien Estados Unidos solicitó que se le detuviera con fines de extradición. Rocha Moya sigue bajo protección en un rancho al norte de Culiacán, y la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum hasta hoy, es que no se los entregará bajo ningún presupuesto. Importante observar es que solo el Cártel de Sinaloa había sido señalado de intervenir en elecciones; ahora se añadió al CJNG.
Ni la OFAC ni el FinCen abundaron en la imputación, que ayer fue rechazada por la presidenta con el mismo argumento como se ha negado a reconocer que hay políticos de Morena vinculados con el crimen organizado: no hay pruebas. “Así pasó con tres instituciones financieras (contra las que) de manera unilateral el Departamento del Tesoro tomó una medida”, recordó Sheinbaum el señalamiento a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en junio del año pasado, cuando las definieron de “mayor preocupación” en materia de lavado de dinero y presuntamente vinculadas al tráfico ilegal de fentanilo. Sheinbaum agregó que cuando le pidió su gobierno pruebas para acompañarlos en el proceso, “solo enviaron dos páginas sin pruebas”. La Secretaría de Hacienda, sin embargo, actuó y los intervino. Poco después, las tres instituciones desaparecieron.
La presidenta se quejó que pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda –controlada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch– trabaja con la OFAC y el FinCen, “nunca fuimos informados” y adelantaron un comunicado sin esperar a un boletín conjunto. El Tesoro contrastó sus declaraciones. “Las sanciones”, informó, “fueron diseñadas juntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México”. Lo que probablemente desconocían aquí era el señalamiento que el dinero del huachicol fiscal sirviera para financiar campañas políticas y medios de comunicación para apoyar funcionarios corruptos dispuestos a colaborar con el CJNG.
Es la primera vez que un documento oficial del gobierno de Estados Unidos incluye a medios de comunicación como parte de la red criminal de políticos y el crimen organizado, con lo cual, de acuerdo a cómo funcionan la OFAC y el FinCen, las sanciones pueden extenderse a dueños de medios, sociedades o cooperativas, así como a editores y periodistas que sean señalados como parte de esa red. Pero en el alineamiento de estas acciones con la orden ejecutiva de Trump, los periodistas quedan sujetos a sus mecanismos legales, y pueden ser acusados de terrorismo y capturados incluso en México, al permitir sus leyes la extraterritorialidad.
Igualmente, el nuevo marco de referencia en el que se mueven esos organismos, refuerza la posibilidad de que Morena y otros partidos, dentro de la coalición gobernante o de oposición, puedan ser declarados como “organizaciones terroristas” si se demuestra que un cártel financió campañas políticas, y enfrentar sanciones a funcionarios y políticos que hubieran facilitado o recibido recursos ilegales.
El señalamiento al CJNG tiene un impacto en 22 estados, y es la fuerza criminal dominante en Guanajuato, gobernado por el PAN; Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano; Michoacán y Nayarit, que gobierna Morena. El partido en el poder está al frente en otros 15 estados: Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
La OFAC y el FinCEN suelen actuar con base en investigaciones de inteligencia financiera y de procuración de justicia, y esta operación fue coordinada por la Fuerza de Tareas del Departamento de Seguridad Nacional en Texas, que es una iniciativa multiagencias que se creó en noviembre pasado para desmantelar las organizaciones criminales, los cárteles y las pandillas a lo largo de la frontera con México.
En esa fuerza de tareas participan prominentemente la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que caza a terroristas en todo el mundo y fue la responsible de la captura de Ismael El Mayo Zambada; el FBI, que tiene una área de inteligencia en México; la DEA, Migración, Aduanas y los fiscales de las cortes de los distritos Sur y Occidente de Texas, que tienen los casos del huachicol en Tamaulipas.
La reacción de la presidenta Sheinbaum era predecible, pero endeble al no abordar el fondo de la molestia estadunidense y seguir negándose a procesar políticos vinculados con el crimen organizado.

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Dos figuras de Morena cercanas a Andrés Manuel López Obrador desde hace más de 40 años, son informantes del gobierno de Estados Unidos: Adán Augusto López Hernández y Rutilio Escandón. El senador y el cónsul en Miami, que fueron cuñados y hoy están peleados, son una muestra de lo que está sucediendo en la 4T, donde existen dos visiones sobre lo que está viviendo por las acusaciones de Estados Unidos contra miembros de Morena ligados al crimen organizado. Una visión es la de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ve las presiones bajo el prisma ideológico del intervencionismo, y la otra es de la izquierda falsa, que actúa con pragmatismo cuidando intereses particulares.
López Hernández y Escandón son parte de un número indefinido de gobernadores, legisladores y políticos que quieren ser informantes de Estados Unidos, un fenómeno inédito en México reflejado el sábado pasado en The New York Times, que reveló que varios de ellos, principalmente de Morena, habían dado ese paso. Una fuente estadunidense precisó que no son “al menos una decena” como apuntó el diario, sino “muchos más”. Entre ellos probablemente se encuentren no solo quienes saben que están siendo investigados, sino aquellos que piensen en una acción preventiva en caso de que las indagaciones pudieran alcanzarlos.
El senador López Hernández y el cónsul Escandón son figuras clave en varios segmentos de la construcción de lo que la comunidad de inteligencia estadunidense llama “una economía criminal paralela”, surgida en el gobierno de López Obrador. López Hernández era gobernador de Tabasco cuando nació el grupo criminal de La Barredora, cuyo jefe era Hernán Bermúdez Requena, a quien nombró secretario de Seguridad Pública. La Barredora se convirtió en el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, en su expansión al sur del país.
El Cártel Jalisco Nueva Generación inició una guerra contra el Cártel de Sinaloa en la frontera con Guatemala bajo la mirada de Escandón como gobernador de Chiapas, por el control de las rutas de tráfico de personas y de drogas, que se hizo visible hasta 2023, cuando la violencia desbordó los municipios de la franja fronteriza. Para cuando esto sucedió, López Hernández había sido nombrado secretario de Gobernación, y se preparaba para buscar la candidatura presidencial, apoyado por su hermana Rosalinda, esposa de Escandón hasta su muerte en 2024. Rosalinda fue administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, de donde brincó hacia una senaduría, que nunca asumió porque falleció tres días antes.
Rosalinda era una persona de interés del gobierno de Estados Unidos, por el papel de operadora del senador López Hernández, que es uno de los principales objetivos de la justicia estadunidense. Los dos, junto con Escandón, tienen una muy larga relación con López Obrador. Cuando el expresidente regresó a Villahermosa, luego de un tiempo en que su madre lo ocultó en un rancho en Veracruz mientras se enfriaba la muerte de su hermano mayor en un accidente con un rifle, vivió en la casa de los López Hernández, donde consolidó su amistad con Rosalinda y por lo que llama “hermano” a Adán Augusto. Escandón era parte del grupo político cercano a López Obrador donde su futura esposa era una de las líderes.
La relación entre el senador y el cónsul se comenzó a romper tras la muerte de Rosalinda, y se agrió en los dos últimos años. En su columna La Silla Rota, Roberto Rock reveló que el cónsul fue “invitado” a conversar con fiscales del Departamento de Justicia en Miami, sugiriendo que el interés principal era información sobre el senador. López Hernández y Escandón chocaron por problemas de dinero –que se detallarán en futuras columnas. Escandón fue descrito como “testigo colaborativo”, del gobierno estadunidense por el columnista Rock, pero López Hernández, hasta donde se ha informado, se mantiene solo como informante.
López Hernández fue uno de los tres lugartenientes de López Obrador en el desarrollo de la “economía criminal paralela” que describen los estadunidenses, junto con el general Audomaro Martínez, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, y el actual subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, que fue gobernador de Baja California Sur, una de las entidades de mayor interés para Estados Unidos, que estuvo durante largo tiempo bajo el control de Los Chapitos, y que hoy es una plaza en disputa.
El senador ha sido investigado en Washington por su participación en el contrabando de combustible –vinculado con los hijos de López Obrador–, en el de ganado de Venezuela importado como si fuera nicaragüense –que tiene nexos con el Cártel de Sinaloa–, y en negocios financieros –presuntamente asociados algunos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Escandón también es una pieza clave, porque una parte importante de esas presuntas actividades criminales, pasaron por Chiapas cuando era gobernador.
Escandón, a quien envió López Obrador como cónsul a Miami a semanas de dejar el poder, es un cabo suelto en México, donde poca atención le dio en el gobierno de Sheinbaum. Nunca llamó la atención en Palacio Nacional que su hijo se relacionara con los republicanos en Florida, y que él mismo no fuera visto como una provocación al representar a México en una ciudad en donde se formula mucho de la política hacia América Latina de la Administración Trump.
El caso de López Hernández es diferente. Es una de las herencias de López Obrador, y uno de los políticos más blindados por él, que le ha permitido desafiar políticamente a la presidenta. El senador ha dado señales de nerviosismo en las últimas semanas, y ha tratado de hablar con Sheinbaum, quien, hasta donde se sabe, no lo ha recibido. Durante ese mismo periodo, por indiscreciones de sus cercanos, comenzó a enviar información a los estadunidenses, presumiblemente sobre lo que hizo en Tabasco y como secretario de Gobernación bajo las órdenes de López Obrador. El senador es una de las puertas directas que conducen a López Obrador y a sus hijos, que permitirían seguir engrosando las investigaciones en su contra.
López Hernández y Escandón son piezas sueltas en un tablero revuelto, donde la visión ideológica de la presidenta frente a las imputaciones en Washington sobre la narcopolítica, no persuade, inhibe o frena la otra visión de sálvese el que pueda, que afecta su posición y acelera aquello que ella ha tratado de impedir: que las acusaciones sean los torpedos que hundan al movimiento de la 4T.

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En agosto de 2024, Andrés Manuel López Obrador reveló lo que más le preocupaba para cuando terminara su Presidencia, al invitar a Omar García Harfuch a una reunión del gabinete de seguridad en Palacio Nacional. García Harfuch le comunicó a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que le autorizó asistir. García Harfuch fue como el próximo secretario de Seguridad, y López Obrador dijo al día siguiente que le había platicado lo que había hecho su gobierno y reiterarle su estrategia. La realidad era otra. Todo fue un teatro para ocultar sus motivaciones.
Al terminar la reunión lo separó del grupo para hablar en privado en el despacho presidencial. De acuerdo con personas que supieron de esa plática, hubo una petición específica: detener y bloquear todas las investigaciones que pudieran incriminar a sus hijos en actos criminales. Para ese entonces, López Obrador ya sabía que Andrés Manuel y Gonzalo estaba involucrados en múltiples negocios, porque varios de sus colaboradores se lo habían informado, e incluso le había pedido un año antes al fiscal Alejandro Gertz Manero que los blindara judicialmente. Pero no estaba tranquilo. Quería garantías de quien ya era la persona de mayor confianza de Sheinbaum.
Lo que no tenía en la cabeza López Obrador es que las investigaciones no se limitarían a México, sino que serían objeto, cuando menos en el caso de Andrés Manuel, de las autoridades estadunidenses. García Harfuch, que siempre mantuvo informada a la presidenta, no actuó en contra de los hijos del expresidente, pese a que obtuvo información de inteligencia que lo vinculaba con el contrabando fiscal con combustible, que descubrió con el aseguramiento del buque Challenge Procyon, donde se encontraron 10 millones de litros de diésel en marzo del año pasado. Quién sí decidió abrir una carpeta de investigación contra Andy por el huachicol fiscal ligado con el empresario co-dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, fue Gertz Manero, que fue obligado a renunciar por negarse a cerrarla.
La vida le cambió a López Obrador con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, aunque tardó tiempo en darse cuenta que no era el mismo al que había tratado durante su primer periodo. No le ha creído del todo, ni piensa que su política contra la narcopolítica sea de largo aliento, pero de acuerdo con personas que lo han escuchado, cada vez está más preocupado. La primera señal de que estaba notando cambios en las actitudes de Washington, fue cuando le pidió a la presidenta un reporte de lo que había dicho Ron Johnson, cuando presentó sus cartas credenciales como embajador de Estados Unidos en mayo del año pasado. Nada de qué preocuparse, le dijo en términos generales, según comentario de funcionarios mexicanos, por lo que López Obrador se quedó contento.
No le duró mucho. En ese mismo mes el Departamento de Estado canceló las visas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su entonces esposo Carlos Torres, investigados en Estados Unidos por presuntas relaciones con el Cártel de Sinaloa. Ávila no recurrió a la presidenta en su primera reacción, sino a López Obrador, a quien le dijo que iba a renunciar. El expresidente le prohibió que lo hiciera. Tenía que aguantar y la presidenta, le dijo, la apoyaría. Eso pasó. Se arregló que se divorciara de Torres para separarla de él, pero las investigaciones que se iniciaron en su contra en México, han caminado en cámara lenta como estrategia para cuidar a la pareja.
Los señalamientos a figuras de Morena continuaron. A través de la prensa en México y Estados Unidos se fue configurando la lista de los principales objetivos de Washington, que alcanzó el punto sin retorno cuando el Departamento de Justicia acusó a 10 servidores públicos en Sinaloa de haberse coludido con Los Chapitos, que ayudaron a que Rubén Rocha Moya ganara la elección para gobernador en 2021. López Obrador se volvió a meter. Ni renunciaría, le dijo a él, y el gobierno tenía que protegerlo, le pidió a la presidenta. Rocha Moya empezó a pudrirse y tuvo que pedir licencia a finales de abril.
Un día después la presidenta realizó una gira a Palenque, donde vive López Obrador. Públicamente se negó que hubiera hablado con él. Sin embargo, de acuerdo con funcionarios federales, se reunieron el sábado en su finca, a donde Sheinbaum llegó acompañada del jefe de Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas, y del coordinador de asesores, Jesús Ramírez Cuevas, que habían trabajado en el sexenio pasado con él. Sheinbaum los llevó para que la respaldaran en sus argumentos sobre lo delicado de la situación en la que se encontraba Rocha Moya, y aunque pareció empezar a entender la magnitud de la acusación de Estados Unidos, acordaron que seguirían protegiéndolo.
Hasta ahora eso ha sucedido. Pero entre mayo y junio la presidenta recibió información de Estados Unidos que le habían cancelado las visas a los gobernadores Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas, y que la del gobernador de Durango, Esteban Villegas, estaba bajo revisión. La acción contra los dos primeros no causó mucha sorpresa porque sus nombres han estado en la mesa de las conversaciones entre los dos países desde hace meses. No obstante, en Palacio Nacional se prendieron las alarmas al abrirse la probabilidad de que Washington anunciara un proceso en contra de Andy López Obrador.
La presidenta acordó con López Obrador que se reunirían en la Ciudad de México en la segunda quincena de junio, pero no se ha podido confirmar que eso hubiera sucedido. Sin embargo, Sheinbaum le pidió al secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, que monitoreara sistemáticamente a Estados Unidos para poder saber con antelación si se había decidido una acción contra el hijo del expresidente. El Departamento de Justicia ha ido acumulando más información sobre Andy en los últimos meses. Lo han inculpado Ovidio y Joaquín Guzmán, los dos hijos menores de Joaquín El Chapo Guzmán, y recibieron el expediente que integró Gertz Manero sobre sus vinculaciones con el contrabando de combustible.
La prioridad en Palacio Nacional hoy en día es cuidar que la familia López Obrador no quede atrapada en las crecientes acusaciones de vinculaciones de figuras de la 4T con el crimen organizado, pero no tiene ninguna posibilidad de impedirlo. Vienen por ellos y Andy es el primer objetivo, ya sea por la vía jurídica o, más dañino, mediáticamente.

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La presidenta Claudia Sheinbaum arrancó muy mal la semana pasada, y terminó peor. Se amaneció el lunes con la revelación del columnista de El Universal, Héctor de Mauleón, de una grabación en donde la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, revelaba su intención de negociar con Estados Unidos la cancelación de su visa por probables vínculos con el crimen organizado. Y el sábado se durmió con la revelación del The New York Times que una decena de gobernadores y legisladores, principalmente de Morena, se acercaron a autoridades estadunidenses para ofrecerse como informantes.
La “ciencia ficción” con lo que trató de descalificar y desacreditar Sheinbaum adelantos en los medios, en particular en este espacio, sobre los objetivos de las investigaciones de Estados Unidos –de lo que había sido informada por Washington–, se volvió tangible para la opinión pública con estas nuevas revelaciones que tienen, como prueba de verosimilitud, la grabación de la gobernadora y que se haya publicado en un medio estadunidense.
Conociendo los arranques de la presidenta, probablemente provocó su ira, pero en el fondo, ninguna de las figuras de Morena tiene incentivos para cerrar filas con la 4T, porque la disyuntiva es ser capturados como hizo un comando estadunidense con Ismael El Mayo Zambada, o negociar su situación legal a costa de dar detalles sobre lo que vieron y vivieron durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus relaciones con los cárteles.
El objetivo de Estados Unidos es el gobierno de López Obrador, que cada vez más queda evidenciado que construyó la fuerza electoral de Morena con dinero del narcotráfico, particularmente del Cártel de Sinaloa, y la movilización del crimen organizado en apoyo a candidatas y candidatos de su partido. Las frecuentes revelaciones de esos respaldos llevarán hacia un futuro análisis, ante la necesidad de más información, sobre cuál fue el combustible que realmente permitió los tsunamis electorales de Morena, y determinar si el crimen organizado solo en 2018 y junto con los programas sociales en 2024, fueron los impulsores del voto.
La participación del crimen organizado en los procesos electorales no es del total desconocimiento de la presidenta, a quien le entregaron en su campaña presidencial un informe de la DEA y la Marina sobre la red del huachicol de Sergio Carmona, en donde figuraba prominentemente el entonces líder de Morena y actualmente secretario de Educación, Mario Delgado, y el mapa de cómo se financiaron las campañas para gobernador las dos Baja Californias, Michoacán, Nayarit, Nuevo León –la única que perdió–, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas con dinero sucio.
Las investigaciones estadunidenses son más amplias. Hay dos sobre el apoyo financiero de Venezuela e Irán a las campañas presidenciales de López Obrador en 2006, 2012 y 2018, y una que se detectó durante el seguimiento de lavado de dinero entre el Cártel de Sinaloa y el gobierno de Nicolás Maduro en Puerto Rico, por una intercepción telefónica que reveló una conexión con la Presidencia obradorista. Hay más recientes, con las aportaciones de Zambada, Los Chapitos, y Hugo Carvajal, que fue jefe de inteligencia de Hugo Chávez y actualmente es testigo cooperante de Estados Unidos.
Washington tiene un abanico de posibilidades para atacar la narcopolítica en México, y las presiones que ha hecho contra el gobierno mexicano provocaron una externalidad: la urgencia de algunos políticos por llegar a un acuerdo de cooperación con la Administración Trump. El New York Times lo planteó el sábado: “Tras bastidores, las conversaciones entre algunos miembros de su partido (de Sheinbaum) y las autoridades estadounidenses podrían dar a Estados Unidos un impulso decisivo en un momento delicado de las relaciones entre los dos países, lo que profundizaría el enfrentamiento entre ellos”.
Sheinbaum apostó al choque, lo que pareció una decisión temeraria considerando la asimetría de fuerzas y la debilidad de tener que defender a un gobierno como el de López Obrador con tantas vulnerabilidades. Tampoco cedió a las presiones de los duros, porque ella también pertenece al ala radical de la 4T. De ahí la defensa a políticos como el senador Adán Augusto López, con quien mantiene una disputa por el poder que se está centrando en Chihuahua –en otras columnas se detallará ese conflicto–, y que es el principal objetivo prioritario de Washington, en función del número de veces que le han planteado los estadunidenses que le abra un proceso penal.
La defensa de López es similar a la efectuada con el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, por el temor que, en caso de que fueran extraditados a Estados Unidos, comenzaran a cooperar con los fiscales y alumbrar lo que en Washington saben con datos de inteligencia pero necesitan judicializar: que todos los caminos que conducen a la intersección de Morena con el crimen organizado, fueron autorizados por López Obrador.
Las primeras señales de que tenía un trato de excepción con los cárteles se expuso en este espacio durante su campaña presidencial en 2018, cuando se describió cómo pasaba sin problemas y con una especie de salvoconducto, los retenes de diferentes organizaciones criminales en Tamaulipas y San Luis Potosí. Su política laxa y complaciente con los cárteles, generó fuertes sospechas de complicidad con  los criminales.
Sheinbaum no quiere que esa escalera siga avanzando hasta Palenque, no solo por el cariño y agradecimiento que le tiene a López Obrador, sino por su convencimiento, de acuerdo con fuentes que la han escuchado, que ello acabaría con el movimiento de la 4T. Probablemente tiene razón, pero como dijo un funcionario estadunidense cuando comenzó a escalar su oratoria contra ese país, “puede decir lo que quiera, pero no tiene control sobre las decisiones” en Washington.
La retórica beligerante de las mañaneras no la ayuda en la negociación diplomática con Estados Unidos, y sí en cambio, empodera al radicalismo de la 4T. La presidenta, no obstante, está temerosa de que haya una acción o acusación directa contra los hijos de López Obrador, ligados a presuntos negocios criminales. El deseo de políticos de Morena de ser informantes de Estados Unidos a cambio de algún tipo de inmunidad, fortalece esa posibilidad y los mete en la disyuntiva: que su vida termine en una cárcel estadunidense, o el sacrificio por el expresidente. Por lo que se ha visto es que están decidiendo mandar al diablo a López Obrador.

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Sencillo, descriptivo, pero sin críticas o ataques para nadie, hace unos días corrió por las redes sociales un video que nació en Tik Tok grabado tras el juego inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica. Lo produjo un colectivo de jóvenes encabezados por Ronald Hernández, director ejecutivo de QuéParió!, que se reconoce como una comunidad donde “nos burlamos de todo”. En una de sus cuentas, @Pinche.Bolillo, sin embargo, mostraron lo contrario al difundir un video de apenas dos minutos que sacude profundamente al describir, sin planteárselo, la sociedad distópica en la que sin desearlo nadie, probablemente, vivimos.
El video se hizo viral, pero no tanto por la fuerza de su cuenta –de hecho, apenas si superaba las 20 mil visualizaciones hasta ayer–, sino porque, en una iniciativa que permite múltiples lecturas, fue reproducido por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y enviado a sus cuatro millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram. Infantino simplemente lo colocó en la pista que lo llevó al mundo, con una simple frase: “¡Viva México!”. ¿Qué le impactó? Las imágenes en el video combinan la alegría mexicana por el mundial, su música, su hospitalidad, la hermandad en torno a un balón tricolor, con aquellas de desaparecidos, protestas sociales, plantones, incertidumbres y miedos.
Ese México partido en dos, descrito con precisión por @Pinche.Bolillo, tiene un mensaje motivador y de choque a las conciencias. “Qué hermoso eres feliz México”, arranca con un tono de tenor.
“Y no. No es que no nos importen los problemas. No es que no nos importen los maestros, los desaparecidos, la violencia y todo lo que nos duele. Es que estamos cansados. Tan cansados, tan acostumbrados a las malas noticias, a los pleitos, a los discursos, a los políticos, a las tragedias, que nos surgió una excusa para sonreír otra vez.
“Nos urgía un mes para escapar, para ilusionarnos, para volver a discutir por algo que no fuera política. Para volver a abrazar a desconocidos. Nos urgía un mes para volver a creer.
“Porque qué bonito te ves así, México; con banderas, lleno de vida, lleno de ruido, lleno de extranjeros descubriendo lo que nosotros llevamos años olvidando, que este país tiene un corazón enorme, porque sí, México es muchas cosas, es complicado, es injusto, es caótico, pero también es alegre, es hospitalario, es amigo, es esa casa donde siempre cabe uno más, es ese desconocido que te invita una cerveza, es ese vecino con el que te peleas todo el año y con el que terminas abrazado cuando cae un gol.
“Y quién sabe. Tal vez esto no cambie nada. Tal vez cuando termine el Mundial los problemas ahí sigan. Pero tal vez, solo tal vez, nos quede algo de esa unidad y de esa empatía, algo que nos ayuda a recordar que el dolor del otro también es nuestro, algo que nos ayude a entender que compartimos mucho más de lo que nos divide, porque México es hermoso cuando está feliz y tenía muchísimo tiempo sin verlo feliz”.
El contenido del video es un contrapunto poderoso. El Mundial no resolverá nuestros problemas estructurales, ni los conflictos sociales. No desaparece el problema de los desaparecidos ni acalla para siempre las protestas por otros que se arrastran sin solución. No es un punto y aparte, sino una pausa para respirar. Mexicanas y mexicanos han estado demostrando que son mucho más que sus políticos, y que el país les pertenece aunque quieran arrebatárselo.
Es un mensaje para la clase política que no ha dejado de hundirnos en la polarización durante este siglo. No surgió con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, maestro de la división y el resentimiento, porque los factores que la alimentan, como la desigualdad, el clasismo y el racismo le metabolizan. Él fue, sin embargo, su principal arquitecto desde mediados de los 90, cuando dividió a la sociedad en Tabasco al perder la gubernatura. Tabasco no volvió a ser como antes. Pero la pesadilla nacional no es patrimonio de él, sino una responsabilidad colectiva.
No ha habido interés en reducir la división. Hace tiempo los actores políticos descubrieron que movilizar emociones negativas daba resultados electorales, aunque quien mejor lo entendió y más capitalizó fue López Obrador. La confrontación le generaba más apoyo, como lo probó durante seis años de pioletazos en las mañaneras. Nunca buscó un consenso; no lo necesitaba. Atacar, plantear enemigos era más redituable. La reconciliación nunca existió en su vocabulario.
Su maquinaria de propaganda utilizó las redes sociales para mensajes confrontativos, mentirosos y difamatorios. Fue altamente exitoso, hasta que dejó de serlo. El revés en el dominio de las redes sociales tiene a la 4T a la defensiva y a sus opositores, organizados y nativos, sobre de ellos. La polarización se potenció, haciendo más costoso acabar con ella.
El video habla de este fenómeno sin ser explícito, y del hastío de la sociedad. Pero acabar con la polarización, probablemente sería extremadamente difícil por lo profundo que ha calado. Quizás podría reducirse, pero eliminarla, probablemente no. La experiencia internacional enseña que aún en democracias consolidadas como Estados Unidos o España, eso no ha sido posible. Lo que se ha conseguido en algunos momentos es reducir su intensidad mediante acuerdos políticos, crecimiento económico, instituciones fuertes y liderazgos menos confrontativos. No es el caso de México.
¿Cuánto tiempo tardaríamos en regresar a un terreno donde no peleemos todos los días? Si hubiera una política de Estado, quizás una década, quizás una generación. No lo sabremos mientras los incentivos políticos sigan premiando la división, y la polarización siga siendo una herramienta político-electoral rentable. La pregunta quizá no es si México puede dejar de estar polarizado, sino si puede volver a discrepar sin considerar al adversario como un enemigo. Eso es la diferencia entre una democracia tensa y una democracia fracturada. La verdad, nos grita diariamente, es que nuestra sociedad está rota.
Mantengámonos por ahora en esa excusa que ha sido el Mundial, en el desbordamiento de las emociones, las noches de baile y música bajo la lluvia, y los amaneceres de una fiesta colectiva que hacía mucho no veíamos, con escenas que nos ilustran el momento como el de la madrugada de este miércoles, cuando un aficionado en su abstracción, nadó en un charco en Paseo de la Reforma.
“Qué hermoso eres feliz México”, comienza ese maravilloso video de vida efímera. Disfrutemos, mientras todavía podamos.

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Varias serán las imágenes icónicas del mundial norteamericano: la “fila vikinga” que comenzó en una escalera eléctrica en un centro comercial de Boston; Lumumba Vea, la estatua humana que usa un nombre que hoy no significa nada a muchos, que en los juegos de el Congo se mantiene estático durante 90 minutos; la monumental bandera croata de 100 metros bajo la cual marcharon los aficionados en Dallas y Toronto, y el amarillo colombiano en las gradas donde juega su equipo, que arma la fiesta con nada, salvo esa cultura que irradia alegría. México aportó lo suyo, el Pato Merlín, que caminó sobre Paseo de la Reforma junto a cientos de miles de personas en la celebración de la victoria sobre Corea del Sur.
El Pato Merlín es nuestra imagen externa. Y tenemos otra, interna, que es el de la presidenta Claudia Sheinbaum junto a su esposo, viendo en la televisión en Palacio Nacional el juego contra los coreanos. Esta es la metáfora de su realidad: sola, proyectando un momento que no existe, ni buscó construirlo. Merlín, por otra parte, se convirtió en síntesis del festejo mundialista en México, cuya popularidad aplastó la imposición del ajolote, metido a fuerzas por una política de miras cortas.
Merlín es lo que México aportó a la comunidad internacional para que sonriera. Con la verde cubriendo su pequeño cuerpo en cadencioso caminar, capturó la imaginación del mundo. Ternura y empatía. Amor y unidad. El régimen, sin verlo, quiso sabotear lo que no le pertenece. La presidenta invitó a la mañanera a su dueña, una vendedora ambulante, y a sus hijos de 22 y 14 años, que lo entrenaron a patear la pelota con el pico. El convite fue un acto oportunista para montarse en la ola nacional de emoción que provocó el futbol, cemento cohesionador del tejido social, y que por sus miedos y fobias, por su insensibilidad y falta de empatía, le pasó por encima.
No pudo sacarle el provecho que quizás esperaba del manoseo de Merlín, y el costo llegó rápido: ¿porqué sí recibe a Merlín de manera tan expedita, y no a las madres buscadoras? Sí habla con madres y padres que tienen a sus hijos desaparecidos, respondió, pero no dialoga con los colectivos de buscadoras, sino en aquellos casos que, dijo, son los más duros, los más complejos y los más dolorosos. Qué fallida selección de palabras. Los desaparecidos no se miden por categorías, ni por el contexto en que se cometió el crimen. Todos valen lo mismo porque la vida no es un mercado ni una subasta. Duelen mucho, son muy duros y muy complejos para cada familiar de la víctima de un fenómeno lacerante que en este sexenio ha acumulado casos como nunca antes en ningún gobierno.
Pero lo que tenemos es una Presidencia que no tiene como objetivo el gobernar para todos, sino para unos cuantos, aunque estos sean poco más de una tercera parte de los mexicanos. Merlín es la síntesis de su obsesión por la propaganda como sustituta de la política. Una imagen, en política, es un símbolo cuya finalidad deja de ser percibida como patrimonio común si se convierte en marcador de identiad política. La rebatinga por Merlín detonó una lucha para lucrar clientelarmente con un símbolo mundialista que no lo inventó la mercadotecnia, sino la sencillez de lo hermoso.
Su mal uso provocó que la imagen festiva se convertiera en una herramienta de polarización. Sheinbaum hizo de Merlín una apropiación partidista cuando el pato ya era parte de todas y todos los mexicanos. Inclusión para lo que representa el oficialismo, y exclusión para el resto. Sin sorpresa alguna. Fue la nueva versión de la vieja arenga de pueblo bueno para validar el proyecto político de la cuatroté. Un símbolo colectivo, dejó de ser un recuerdo compartido.
La sociedad binaria cuatroteísta nos mostró otra estampa mundialista para los anales mexicanos: el video de la pareja presidencial viendo el juego contra Corea del Sur. Solos, la presidenta y su esposo, con una televisión enfrente y una pequeña mesa donde había una bebida de lata y algo de comida chatarra. Era una imitación deficiente del espacio familiar distrutando un momento donde las diferencias las derrota el balón. Distante y fría, como es su personalidad, ni siquiera disfrazada para un video propagandístico que la mostraran en la misma frecuencia que el resto de los mexicanos.
La imagen no reflejó al mexicanismo en su mejor momento, aquel que no desconoce los problemas y las diferencias, pero se permite buscar comúnmente una misma meta: la victoria del Tri. No es la primera presidenta que iba a tomarse un tiempo para ver el partido. Hay fotografías de presidentes anteriores, como los dos últimos de oposición, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, en una sala con su familia, colaboradores cercanos y staff presidencial, enfundados en la verde frente comiendo y bebiendo como la pareja presidencial, pero no como si fuera utiliería, sino como el seno familiar de verdad.
Fue una realidad impostada que ni planeada pudo lograr el objetivo de mostrarla como parte de todas y todos, en una demostración de igualdad transversal, como algunas cosas, como el futbol en un Mundial, puede lograr. Todo un aparato de propaganda a su servicio para que las cosas salieran al revés y nos mostrara los gritos del silencio a su alededor, ratificando el porqué no quiso ir a la inauguración del Mundial –justificando sus voceros oficiosos y quedabién que fue el miedo al abucheo lo que la atemorizó–, el porqué no se apersonó en el Zócalo Rojo que ganó la izquierda desde que Arnoldo Martínez lo tomó en 1988, y que optó por entrar por la puerta de atrás a un Fan Fest gubernamental donde los asistentes fueron acarreados del gobierno y lo suficientemente lejos para que cuando los maestros en rebeldía se dieran cuenta dónde estaba y corrieran a buscarla, pudiera escapar sin verlos.
Es lo que ha hecho con las madres buscadoras. Con los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Como los familiares de los mineros asesinados por el narco. Con todo lo que le signifique una incomidad para una Presidencia de cristal, que cualquier adversidad parece estrellarla. Nuestras imágenes mundialistas quedarán en Merlín, el pato que nos conectó con el mundo más allá del balón, y la triste vida que hay en Palacio Nacional.

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El adelanto de un libro próximo a publicarse del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, abrió una nueva grieta en la relación bilateral, al revelar que un empresario que tenía el oído del presidente Andrés Manuel López Obrador, le confió que estaba muy preocupado al final de su sexenio por lo que pudiera revelar Ismael El Mayo Zambada, el legendario líder del Cártel de Sinaloa, sobre políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado en la corte federal de Brooklyn.
Los avances del libro fueron adelantados por José Díaz Briseño, el veterano corresponsal de Reforma en Washington, quien aclaró que la obra de Salazar llegó exprofeso de la editorial a sus manos. Este es un dato revelador porque sugiere que no solo fue una decisión autorizada por el exembajador, sino que escogió la que consideró la mejor plataforma para su difusión. Con ello, provocó una ola expansiva que puso de cabeza a la 4T.
La pregunta es por qué lo hizo, y la respuesta corta es por miedo. Salazar está curándose las culpas y, eventualmente, librarse de ser visto como cómplice de López Obrador, porque cerró los ojos cuando debía haber prendido las alarmas. No lo hizo por razones que solo él conoce, como el hecho que, según exfuncionarios del gobierno, López Obrador facilitó negocios a cercanos, estrechando de esa manera irregular e ilegítima, su relación.
Salazar es un personaje de infame memoria. Político sazonado en Colorado, donde llegó a ser fiscal, fue secretario del Interior del presidente Barack Obama y jefe del equipo de transición de Hillary Clinton, que perdió la Presidencia ante Donald Trump. Joe Biden, con quien trabó buena amistad cuando era vicepresidente de Obama, lo nombró embajador en México. Llegó con su sombrero de vaquero con la idea que llevarla bien con el volátil López Obrador, facilitaría las relaciones y la defensa de los intereses de su país. Entregarse abiertamente a sus brazos, sin embargo, le comenzó a costar pronto en su misión.
En diciembre de 2021, meses después de haber asumido el cargo, vinieron sus primeros problemas con el sector empresarial estadunidense, que pidió su destitución por la falta de resultados en la defensa de los intereses nacionales. Para junio de 2022, ya se había socializado en Washington que quizá había ido demasiado lejos en su relación consecuente con López Obrador, y que probablemente ya no estaba defendiendo los intereses de su país, sino los del inquilino de Palacio Nacional.
Salazar fue visitante frecuente en Palacio Nacional, y López Obrador se volvió su principal defensor cuando era criticado. Pero luego se la cobraba. El expresidente llegó a tomar decisiones que lo confrontaron con Biden sin que pareciera en ese entonces, como ahora, que López Obrador había roto la liga de contención con Washington, dejándose llevar por su incontenible furia y su carencia de filtros, por la certeza que Salazar comía de su mano y tenía resuelta la relación con la Casa Blanca. No estaba equivocado, cuando menos los primeros tres años de su gestión. Salazar era el abogado de López Obrador en la Casa Blanca y el Departamento de Estado, donde apelaba al apaciguamiento.
En Washington lo llamaban “el embajador de México en el Departamento de Estado”, y en la Ciudad de México se le empezó a ver como poco serio, que se había acercado tanto a López Obrador, que estaba experimentando el Síndrome de Estocolmo. Bajo su mirada, López Obrador fue desmantelando la democracia liberal mexicana, atacando libertades e instituciones. Salazar no reportó nada, tolerando a López Obrador su demolición, hasta que levantó la voz en la reforma al Poder Judicial, como se lo exigió el Departamento de Estado, y chocó con el expresidente.
Durante el periodo de Salazar floreció la estrategia de abrazos, no balazos, y tomó tracción el tráfico de fentanilo ilegal de Los Chapitos. Atestiguó el relajamiento en el combate a los cárteles, la cercanía de López Obrador con la familia de Joaquín El Chapo Guzmán, la corrupción de sus hijos y la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación. No se conocen cuáles fueron sus valoraciones, justificaciones o explicaciones sobre lo que sucedió con el crimen organizado, y se requerirá la desclasificación de los cables diplomáticos al Departamento de Estado.
Para entonces, Salazar ya era disfuncional. La mayor señal de desconfianza de su gobierno fue haberlo mantenido en la oscuridad sobre la operación para capturar a El Mayo Zambada, por temor a una filtración a López Obrador. La detención descolocó al expresidente, quien elevó el tono de su retórica con Estados Unidos para exigirle información sobre el operativo. Solo entonces se atisbó el primer distanciamiento, al expresar la paradoja de estar pidiendo detalles de la operación, sin celebrar que se hubiera detenido al jefe del Cártel de Sinaloa. Salazar, como López Obrador, fueron hechos a un lado, colocando al embajador en una situación incómoda. ¿A quién representaba en realidad?
Desde Washington se lo recordaron pronto. En agosto de 2024, Salazar dijo que la elección de jueces y magistrados por voto popular, amenazaba la integración economica y el acuerdo comercial norteamericano. Su ex amigo lo acusó de injerencista y marcó una pausa con él. O sea, lo envió a la congeladora. Salazar buscó conversar con el presidente y le envió notas privadas expresando sus inquietudes, pero López Obrador no le respondió y nunca más volvió a tener contacto con él.
Con la llegada de Sheinbaum a la Presidencia, se ratificó su pérdida de interlocución. Ella no hablaría con él, sino el canciller. También se le cerró el acceso que previamente había tenido con el gabinete, incluso la ventanilla única que le había dejado López Obador en la parte final de su gobierno, la del ex fiscal Alejandro Gertz Manero. Salazar estaba convertido en un cartucho quemado, meses antes siquiera que Trump ganara la elección presidencial.
El embajador se fue al retiro, que aprovechó para escribir el libro Tierras fronterizas, que saldrá pronto a la venta. No puede verse solo como una reflexión con revelaciones explosivas con un insider, como lo era, sino también como la defensa sibilina de quien se equivocó en la forma de tratar a López Obrador y ahora, con la embestida de Trump contra los narcopolíticos, buscaría un control de daños que lo blinde de haber sido cómplice de esa política criminal del obradorismo, en la cual, por omisión, es responsable de sus consecuencias.

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Por primera vez, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró prudencia diplomática y no salió a la defensa apasionada de un gobierno aliado. En su primera reacción sobre el resultado de la elección presidencial en Colombia, Sheinbaum dijo que esperaría hasta los resultados oficiales para felicitar al ganador. La declaración tiene dos componentes nuevos. Uno es que no respaldó incondicionalmente al candidato oficialista, Iván Cepeda, y abrió la posibilidad de hablarle al ultraderechista Abelardo de la Espriella, si la ventaja que lleva se mantiene. Su cautela tiene también una segunda lectura: sus temores que Estados Unidos intervenga en las elecciones mexicanas en 2027 y 2030.
El primero de junio, al celebrar los primeros dos años de haber ganado la elección, Sheinbaum dijo que estaba viendo que sectores de la ultraderecha estadunidense estaban utilizando a México para posicionarse rumbo a las elecciones intermedias en su país en noviembre, preguntando de inmediato si no, acaso, estaban pretendiendo influir en la elección intermedia del próximo año. La presidenta considera que las demandas en público y privado que tiene para que procese a políticos de Morena por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, tienen como único objetivo entrometerse en los asuntos internos mexicanos, sin entender que, como explicó un funcionario estadunidense, “Morena es un enemigo ideológico de Estados Unidos”.
Sheinbaum y su equipo en Palacio Nacional siguen pensando que todo lo que mueve a Trump y a su gobierno son las elecciones legislativas en noviembre. La idea fue reforzada por Cepeda, el candidato colombiano, quien se lo comentó en pláticas que sostuvo con ella durante la campaña presidencial, tras lo cual la presidenta le envió como asesor extraordinario al español Pablo Iglesias, que es su consejero desde el año pasado, con gastos pagados por México. Esa fue una intervención directa en los asuntos internos colombianos –algo que no ve–, como lo hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador en anteriores elecciones en Argentina, Perú y Estados Unidos.
La probable victoria de De la Espriella y la de Keiko Fujimori en Perú, suma al epílogo de la marea rosa, el nombre con el cual se definió la emergencia de gobiernos de izquierda en América Latina desde el arranque se este siglo, con las victorias de Hugo Chávez en Venezuela en 2002, y Luis Inazio Lula da Silva en Brasil, y Ern4esto Kirchner en Argentina en 2003. Tras ellos vinieron una cascada de líderes de izquierda en todo el subcontinente. Más de 25 presidentes de izquierda tuvo América Latina en el primer cuarto del siglo, al frente de 17 países.
Desde diferentes posiciones de izquierda, llegaron al poder por el descontento con las reformas de libre mercado de los 90’s, que produjeron altos niveles de desigualdad y pobreza, crisis de partidos y rechazo a las élites políticas, y promovieron mayor gasto social y expandieron los programas contra la pobreza, que redujo los niveles de desigualdad, promoviendo la expansión de los derechos sociales y la inclusión de sectores que históricamente habían estado marginados. El éxito obtenido en el corto y mediano plazo se fue desvaneciendo por las políticas de polarización en los países más grandes, donde la legitimidad se construyó a partir de la división de la sociedad, donde floreció la corrupción y la concentración del poder en varios de ellos, como resultado del debilitamiento institucional y la gradual pérdida de libertades, que produjo la diáspora en varios países que fue importante en el giro del electorado en las urnas, como en Colombia y Perú, donde los márgenes que están impulsando la victoria de De la Espriella y Fujimori, llegó con el voto en el extranjero.
El fenómeno que tiene en el umbral de la derrota a Cepeda tiene como antesala la polarización en la que se embarcó el presidente Petro, acompañada por acusaciones de haber recibido financiamiento del narcotráfico –por la vía de su hijo– y de escándalos de corrupción en su gobierno. La polarización no comenzó con Petro, pero la profundizó, con su discurso binario entre el “cambio” y la clase política del pasado, confrontándose con medios de comunicación, la oposición, el empresariado y el Poder Judicial.
El giro a la derecha en América Latina no es resultado directo del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, y comenzó previamente como consecuencia de administraciones corruptas, autoritarias y deficientes, como sucedió notablemente en Argentina, Bolivia y Perú. En el segundo mandato de Trump, que comenzó en enero del año pasado, el giro se profundizó con motivaciones más ideológicas de las que se había registrado durante el gobierno demócrata de Joe Biden. Bolivia, Chile, Honduras y Costa Rica, dejaron de ser gobernados por la izquierda y se volcaron hacia la derecha, incluso en algunos casos, la extrema derecha. Si se confirman los resultados en Colombia y Perú, serán seis en total. En octubre serán las elecciones en Brasil, donde Lula buscará la reelección, en un entorno similar al de otras naciones latinoamericanas: polarización y corrupción.
Sheinbaum, que llegó a la Presidencia en la cola de la marea rosa, está viviendo su extinción y quedándose sola. Los viejos aliados de la 4T, no son los que estaban cuando asumió el poder: Venezuela tiene un gobierno subordinado a Trump y Cuba va en camino de quedar sujeto a los designios estratégicos de Washington. El objetivo primario de la Casa Blanca con esas dos naciones, que reconocieran el fracaso de su modelo económico, se cumplió. El segundo, que rusos, chinos e iraníes salieran de sus países, también. Guatemala, que tiene en Bernardo Ávalos un presidente progresista, se alejó de Sheinbaum y optó por una alianza en materia de seguridad con Trump.
El vuelco en América Latina es ideológico, pero no podía haberse dado si no hubieran existido las condiciones internas para que las poblaciones en esas naciones decidieran que las urnas los sacaran del poder, salvo en Venezuela y Cuba, donde esa opción era inexistente. De ahí que la estrategia de Estados Unidos con esas dos naciones fuera mediante la fuerza para provocar un cambio acelerado. En el resto, las urnas son la solución, mediante acciones intervencionistas que no ocultan, con respaldos públicos de candidatos y amenazas veladas sobre represalias económicas si el electorado no revierte el péndulo que impulsó a la marea rosa. Hay razones objetivas para los temores de Sheinbaum, pero también es cierto que la 4T suma lo peor de la izquierda latinoamericana.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

Hay una bomba de tiempo en Palacio Nacional y Morena que la presidenta Claudia Sheinbaum, si está enterada, debe desactivar. Y si no lo sabe, averiguar y desactivarla también. El detonante es Iván Silva, su estratega electoral y a quien le encargó el proceso de selección de candidatos y las campañas de cuando menos 14 gubernaturas el próximo año. Silva es un riesgo, para ella y para su objetivo de ir remplazando la estructura política obradorista a partir de 2027 por una claudista, al ser una persona de interés del gobierno de Estados Unidos.
Silva, que ha trabajado con ella desde hace tiempo, no es el incondicional que cree. Forma parte de un entramado político con presuntos vínculos con el crimen organizado, razón del interés de Washington en él, previos a su colaboración con la presidenta. Silva, fundador y cabeza de Heurística, la consultora que diseñó la estrategia de Morena, operó el cuarto de guerra y las redes sociales en las campañas presidenciales de 2018 y 2024. Su entrada al círculo de poder de la 4T le abrió la puerta a numerosos gobernadores morenistas. Uno muy importante, clave para Estados Unidos, es Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas.
El consultor, que empezó asesorando campañas en Jalisco y fue colaborador cercano de Aristóteles Sandoval, asesinado en Puerto Vallarta por sicarios contratados por el Cártel Jalisco Nueva Generación poco después de salir del gobierno, manejó varias campañas, como la de Villareal y la de Miguel Ángel Navarro Quintero en Nayarit. Silva tuvo como segundo a un exitoso consultor panameño, Avidel Villarreal, que, como el tapatío, ha estado bajo el radar de las agencias de inteligencia estadunidense desde hace varios años por sus nexos con figuras del crimen organizado.
La bomba de tiempo tiene su detonador en Tamaulipas.
Silva y Sandoval se relacionaron en ese estado con el abogado Juan Pablo Penilla, que es abogado de Ismael El Mayo Zambada, ex jefe del Cártel de Sinaloa, y participó en la defensa de Miguel Ángel Treviño, el Z-40, ex jefe de Los Zetas y desterrado por la presidenta Sheinbaum el año pasado junto con casi un centenar de narcotraficantes. Junto con su socio, Sergio Ramírez, se vinculó con la Unión Tepito, que disputa el control de los negocios ilícitos en la Ciudad de México con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Villarreal y Penilla siguieron viéndose tras las elecciones en Tamaulipas. Penilla es asesor honorario del gobernador Villarreal, y el consultor es su estratega de comunicación y se cree que se encuentra detrás de la idea de demandar al periódico Los Ángeles Times que publicó que el Departamento de Estado le había cancelado la visa por una investigación abierta en el Departamento de Justicia por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, y a los medios que reprodujeron la información. El gobernador siempre ha negado todo, pero recurrió al consultor panameño para que le ayudara a resolver el problema con su visa, en lo cual tiene experiencia porque Martín Torrijos, a quien asesoró en su frustrada campaña presidencial en Panamá el año pasado, perdió su visa estadunidense por las mismas razones que Américo Villarreal.
El año pasado, las agencias de inteligencia estadunidenses monitorearon los movimientos del consultor, que vivió en Polanco hasta hace unos meses. Los estadunidenses tienen fotografías de Avidel Villarreal con Penilla en dos restaurantes de lujo en Polanco, en la zona hotelera y en la parte conocida como “Polanquito”, donde comieron en 2024. El consultor panameño dejó su casa en Polanco y se fue a Ciudad Victoria, aunque casi cada semana, de acuerdo con lo trascendido, viaja a Panamá.
El panameño sigue trabando con Silva, aunque no se sabe su grado de involucramiento por estar metido en la estrategia de las campañas para gobernador y el manejo de las redes sociales. Silva, a quien según un funcionario estadunidense también le cancelaron la visa, su socio panameño, Penilla, y el ex líder de Morena y actual secretario de Educación, Mario Delgado, están imputados en dos investigaciones en las cortes federales texanas de San Antonio y Corpus Christie, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Los casos en las fiscalías estadunidenses cruzan por varias figuras de Morena. El principal es Delgado, señalado en la investigación sobre la red criminal que creó el empresario Sergio Carmona con el huachicol en Tamaulipas, de donde salió el financiamiento para ocho gubernaturas a gobernador en 2021, incluidas las de Villareal, Navarro Quintero y Rubén Rocha Moya en Sinaloa. Otro es Ricardo Peralta, representante del gobierno de Tlaxcala en la Ciudad de México, y que se vinculó a ese grupo desde que fue efímeramente director de Aduanas en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y subsecretario de Gobernación cuanto la titular era Olga Sánchez Cordero. Con esa representación habló con los cárteles en Tamaulipas y Sinaloa para sentarlos a negociar la pax narca, que Penilla y Ramírez promovían.
El consultor Villarreal, de acuerdo con datos de inteligencia estadunidenses, diseñó ingenierías financieras para sacar dinero destinado a campañas electorales a paraísos fiscales en el Caribe, y a Panamá, para los hijos del gobernador de Tamaulipas, entre otras figuras de Morena. Su socio Silva también realizó negocios paralelos vinculados a las campañas, según los mismos reportes de inteligencia, como el de camisetas y utilitarios que importaba de China y que presuntamente metía de contrabando a México con la ayuda de Peralta y de quien hay varias investigaciones en curso, Andrés Manuel López Beltrán, el polémico hijo del expresidente.
La relación de Silva con personas vinculadas al senador Adán Augusto López Hernández y a López Beltrán, lo colocan en las antípodas de los intereses de la presidenta Sheinbaum. En este espacio se reveló la semana pasada que parte del financiamiento para las campañas que le encargó la presidenta, estaba siendo aportado por el empresario Fernando Padilla, que es uno de los que fondean precandidatas afines al senador.
No se sabe cuál de los expedientes en las cortes estadunidenses sobre políticos vinculados con el crimen organizado será el primero en darse a conocer. Cada uno es delicado por la figura involucrada, pero en el caso de Silva, al tener el control de la mayoría de las campañas para gobernador, una imputación pública en Estados Unidos, podría meter en crisis la estrategia operativa de Morena, si no tiene alternativas en caso de que él sea uno de los expuestos en los próximos meses.

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Donald Trump volvió a lanzar fuego contra la presidenta Claudia Sheinbaum. El miércoles, de la nada y en un foro que no tenía nada que ver con su dicho, el G-7, el grupo de naciones más industrializadas de Occidente que tuvieron su reunión anual en Francia, insistió con un grado adicional de agresión: México está totalmente controlado por los cárteles, y su presidenta está asustada. Tantas veces se ha expresado Trump de esa manera, que el impacto local se ha reducido significativamente. No obstante, sería más inteligente y prudente no ignorarlo. Hay que prepararse para todo, porque después de Irán, sugirió, viene México.
Trump prácticamente salió del conflicto en el Medio Oriente, con una derrota ante Irán en el frente externo, y de cierta manera en el interno, porque los altos costos de la guerra agudizaron los problemas económicos en Estados Unidos, que es la variable con la que el electorado estadunidense vota o bota. Restablecer su orden económico interno es urgente a cinco meses y medio las elecciones legislativas, donde si pierde la mayoría ante los demócratas en una de las cámaras, no solo enfrentará enormes obstáculos en la segunda parte de su gobierno, sino podría enfrentar un juicio político y, eventualmente, ir a la cárcel.
La parcialidad de variables que controla el pensamiento en el régimen de la 4T le cree a Trump sus amenazas externas y consideran sus dichos, por más estrambóticos que sean, como líneas políticas que seguirá. Pero cuando se refiere a México, lo amenaza, insulta y lastima, sostienen que es lo mismo de siempre, porque nunca ha derivado en acciones concretas, olvidando que hay hechos que demuestran que sí han pasado cosas: acusaciones formales, como contra el exgobernador Rubén Rocha Moya y nueve servidores públicos en Sinaloa; intervención en el sistema bancario; cancelación de visas a gobernadores; interrogatorios de mexicanos al intentar cruzar la frontera y operaciones clandestinas.
La misma presidenta contribuye a minimizar los mensajes de Washington, como ayer, al responder a Trump y decirle que está mal informado. No se trata de pelearse con él, sino que haya una respuesta firme e institucional, que corra por los canales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La política exterior no puede llevarse a cabo en la mañanera, fuera de los cauces institucionales, litigando en público asuntos que requieren un tratamiento discrecional –que no significa de subordinación o complacencia–, porque no la hace ver seria y pierde respeto. Es como la versión cabeza fría de Trump, que tiene la cabeza caliente, con la diferencia que aquí la Presidencia lo es todo, y allá, un componente, importante cierto, pero componente de un Estado que se mueve y actúa en diferentes niveles.
Los dichos de Trump hay que verlos en su secuencia y tiempos. En la normalización de las cosas en la 4T, vieron en la guerra en Irán una oportunidad de mostrar fuerza ante Estados Unidos, innecesaria salvo que se hubieran sentido débiles, cuyo objetivo no era la Casa Blanca, sino las audiencias mexicanas, por lo que la presidenta viajó a Barcelona a una reunión de la izquierda española y sus aliados en América Latina, que no le aportó nada, salvo, de cualquier forma, más fricciones con Washington. Decían que Trump estaba distraído con Irán, y no se ocuparía de México, argumento que se cayó cuando en medio de la guerra le dijo cobarde a la presidenta. Antes se habían equivocado en sus análisis prospectivos sobre Venezuela y Cuba, y hoy es altamente probable que les pase lo mismo.
Atrás del tinglado de la mañanera existe la preocupación en Palacio Nacional que haya acciones durante junio contra políticos vinculados con el crimen organizado, principalmente de Morena, que choca con la línea de pensamiento que impuso el estratega político-electoral de la presidenta, Iván Solís, que es uno de los promotores de que las amenazas de Trump tienen como telón de fondo las elecciones en noviembre, por lo que solo tienen que resistir cinco meses. Con idea imperante, en el gobierno de la 4T se considera que los mensajes de Washington son más de lo mismo. Según un funcionario estadunidense, es una señal que sigue México, dependiendo solo de una decisión política que tiene que hacerse en la Casa Blanca.
El acompañamiento retórico está. La construcción de condiciones en la opinión pública, también. La última declaración de Trump en el G-7 ante los otros seis líderes de occidente, puede haber sido una expresión de algo que efectivamente cree, pero en un foro equivocado, o un mensaje codificado a sus pares por si en algún momento, hay una acción militar en México.
Ilia Calderón, la conductora del noticiero estelar de Televisa-Univisión en Estados Unidos, se lo preguntó al vicepresidente J.D. Vance, en una entrevista que se va a transmitir este domingo. Vance señaló que su gobierno se reservaba “el derecho de emprender una acción militar en México”, y para realizarla se imaginó un escenario de riesgo a la seguridad nacional, por un cargamento de fentanilo.
Parece un absurdo, pero no lo es. Vance no iba a responder cuáles serían las consideraciones de una acción de esa naturaleza, pero son secundarias. Estados Unidos inició una guerra contra España por Cuba, con el pretexto de un ataque al buque U.S.S. Maine, fabricado por el periodismo escandaloso de William Randolph Hearst, e inventó una agresión a una torpedera en el Golfo de Tonkín para entrar a la guerra de Vietnam.
Nunca ha necesitado Estados Unidos un argumento público sólido para empezar una guerra, sino lo suficientemente convincente y fácil de entender por la opinión pública para esconder sus razones estratégicas. Venezuela es el último caso. Impulsó la idea que querían apropiarse del petróleo, porque era más sencillo que hablar de un cambio en la correlación de fuerzas geoestratégicas con sus adversarios. México es un caso similar. El fentanilo es una explicación simple que todos entienden, y aunque existan opiniones diferentes sobre el motivo para una acción militar, es más sencillo ese debate que explicar que lo que hicieron Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, lo hizo Andrés Manuel López Obrador en México.
Una acción militar estadunidense en México es posible pero no probable. Las opciones que tienen son muchas, que son las que deberían analizarse y elaborar escenarios para encontrar la respuesta adecuada, bajo la premisa de que la siguiente fase de narcopolíticos, por más que piensen lo contrario, está en camino.

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