En medio de tanto ruido que hay en México, poca atención se le dio a la extradición de Alex Saab, un empresario muy cercano al expresidente Nicolás Maduro, a Estados Unidos. Saab fue acusado por el Departamento de Justicia en 2019 por haber tejido una red de corrupción donde algunos de sus colaboradores, familiares y socios en sus negocios, ganaron millones de dólares que se debían haber destinado a los programas sociales para alimentar a los venezolanos. Uno de esos socios que forma parte de la investigación es Jack Landsmanas, quien como jefe del Corporativo Kosmos, participó en la venta de esos alimentos y fue, hasta finales del año pasado, uno de los empresarios favoritos de la 4T.
Landsmanas ha minimizado este caso. Incluso, en una conversación informal por teléfono en enero pasado, dijo con ironía y sobrada confianza, que él no tenía nada que ver, porque esos negocios habían estado dentro de lo que marca la ley. El empresario, gran amigo de algunos de los tecnócratas priistas más sobresalientes de los últimos 20 años, también lo fue de Saab, con quien estableció una relación cercana con el empresario de origen colombiano, que esta semana llegó al final de un ciclo donde por años, protegido por Maduro, pudo escapar de la justicia estadunidense y burlarse de algunas de sus agencias.
Saab había estado ganando tiempo desde la acusación en 2019. Su entonces abogado, Abelardo de la Espriella –actual candidato de la oposición a la Presidencia de Colombia–, le recomendó acercarse a los estadunidenses y ofrecer información del esquema de corrupción del que lo imputaban, a cambio de beneficios legales. Saab, de acuerdo con funcionarios estadunidenses, comenzó a hablar con la DEA, “pero solo le daba largas”, por lo que Washington decidió una medida radical. Los estadunidenses se cansaron de él.
La CIA infiltró a su piloto, quien le informó que viajaría a Irán, con escala en la Isla de Sal, donde está el aeropuerto de Cabo Verde, un archipiélago en el Atlántico africano. Ahí lo detuvo Interpol en 2020 por el delito de lavar dinero para Maduro, y fue extraditado a Estados Unidos. Saab estuvo preso por dos años, acusado de lavado de dinero, y regresó a Venezuela cuando Maduro negoció su libertad con el presidente Joe Biden, en intercambio por 10 estadunidenses presos en Caracas.
La caída de Maduro cambió su suerte. Días después de su extracción, Estados Unidos pidió a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que lo destituyera como ministro de Industrias, que fue el preámbulo para su extradición el sábado pasado. Saab será juzgado por operar, de acuerdo con funcionarios estadunidenses que hablaron con la prensa en aquel entonces, “una red de corrupción a gran escala, que usaron sin escrúpulos empresas fantasma y contratos sin licitación para desviar a su favor recursos del gobierno, sobre todo del programa estatal de alimentos”.
Ese programa fue creado en 2016 por Maduro, que se conoció como CLAP, el acrónimo de Comités Locales para el Abastecimiento y Producción, que distribuía cajas de comida a precios subsidiados. Landsmanas y Kosmos fueron parte de las empresas que participaron en la venta de alimentos para ese programa. El responsable directo del corporativo que supervisó con los venezolanos los temas administrativos y financieros del programa, aseguró que todo estuvo conforme a la ley. Nadie en ese empresa le dio el peso a lo que venía luego que fue destituido Saab a principio de este año.
Landsmanas, como se señaló en este espacio en enero, estaba en la mira de los gobiernos de México y Estados Unidos. Aquí, desde los últimos meses de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General, se abrió una investigación sobre las CLAP, donde el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Felipe Gallo, había incluido por su presunta complicidad a la actual secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, que trabajó en el corporativo, y a otros altos funcionarios del gobierrno de Andrés Manuel López Obrador.
La familia Landsmanas monopolizó durante años la distribución de alimentos en las cárceles mexicanas, pero en los últimos años, a través de sus contactos con el régimen obradorista, expandió sus negocios. Gertz Manero, de acuerdo con funcionarios consultados, nunca detalló en Palacio Nacional los alcances de la investigación, que produjo una denuncia contra al menos un secretario del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La denuncia contra Saab se enmarcará en la clasificación de los cárteles de las drogas como organizaciones terroristas internacionales. Maduro, sobre el que había una orden de captura internacional desde 2020 por delitos de narcotráfico y terrorismo, no fue detenido hasta el 2 de enero de este año, unas cinco semanas después de declarar al Cártel de los Soles organización terrorista, y a Maduro su jefe. En ese momento, el expresidente venezolano quedó expuesto a la justicia extraterritorial de Estados Unidos, como hubiera sucedido con Saab de no haber colaborado Rodríguez con el proceso.
Bajo los mismos supuestos el gobierno de Estados Unidos investiga actualmente a Landsmanas, que suele pasar buen tiempo en Miami –su familia vive en Nueva York–, por su relación con el régimen de Maduro a través de Saab. El vínculo entre Landsmanas y Saab comenzó en el nivel empresarial y terminó siendo personal. No tuvieron una sociedad directa formalmente establecida, pero aparecen mencionados en la misma investigación sobre las cadenas de negocios vinculadas a los contratos del programa CLAP. Otras empresas mexicanas también vendieron alimentos a Venezuela dentro de las cadenas de suministro que organizó Saab a través de intermediarios offshore, pero no hay información de que estén sujetas de investigación en México o Estados Unidos.
Landsmanas ha negado cada vez que su nombre resurge en el tema de los CLAP tener una relación con Saab o estar en negocios ilícitos. Pero la imputación en su contra es resultado de la designación del Cártel de los Soles como una organización terrorista, por lo cual, como señala, cualquier persona o empresa que hayan tenido o tengan una relación de cualquier tipo con una entidad clasificada como tal, también es sujeto de investigación y proceso. El regreso de Saab a Venezuela, en los tiempos de Maduro, hizo que se olvidara la red criminal de lo que lo acusaron. Su extradición volvió a colocarlo en el centro del emjambre criminal venezolano y sus ramificaciones con México y Landsmanas.

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El debate público de las últimas semanas ha girado en torno a la soberanía, de donde subyace una pregunta de definición nacional: ¿quién gobierna aquí? “Lo que está a discusión es quién decide en México”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. “Se decide desde afuera o se decide desde adentro”. El contexto es Estados Unidos y las acciones que ha emprendido el gobierno de Donald Trump, sobre la convicción, expresada en diferentes formas por el jefe de la Casa Blanca, que en México mandan los criminales.
Sheinbaum ha repetido que aquí deciden los mexicanos. Es incuestionable. Estados Unidos no es quien deba dictar el destino mexicano y cualquier pretensión en ese sentido hay que denunciarla y oponerse. Sin embargo, hay razones objetivas que alimentan el discurso de Trump, que tiene que ser parte de la discusión sobre la soberanía mexicana, definida esta como la capacidad para de manera autónoma el Estado se gobierne a sí mismo, sin subordinar sus decisiones ante cualquier otra autoridad.
No hay lugar en México donde se tomen decisiones en función de los intereses únicos de Estados Unidos, lo que no puede decirse cuando el poder absoluto no lo tiene el Estado, sino el crimen organizado. Este es el fenómeno que se puede describir como una gobernanza híbrida. Vanda Felbab-Brown, un experto de Brookings Institution, un centro de pensamiento demócrata en Washington, la llama “soberanía dual”.
Este concepto se refiere a Estados fragmentados, donde coexisten autoridades y crimen organizado, compartiendo funciones propias del Estado donde las autoridades se supeditan a criminales a cambio de evitar que los maten, sobornos o apoyos electorales. Académicos y especialistas mexicanos –notablemente en la UNAM y el CIDE, así como México Evalúa–, han documentado la instauración de un Estado paralelo, cuyo implante territorial es lo que le ha dado a Trump y a su gobierno un sustento argumentativo.
La gobernanza híbrida es imposible de ocultar y negar, aunque se quiera ocultar y negar. Como han concluido los investigadores mexicanos, existen territorios donde el Estado mantiene la formalidad jurídica, mientras que los actores criminales ejercen las funciones reales de autoridad. Abundan estos botones de muestra:
1.- El más viejo y evidente es el monopolio de la fuerza y la seguridad, la razón del nacimiento del Estado moderno. Culiacán es el mejor ejemplo de la actualidad. La estrategia de seguridad iniciada por este gobierno fracasó. La violencia bajó cuando la facción de Los Mayitos del Cártel de Sinaloa, se fue imponiendo a la facción de Los Chapitos. Al descomponerse el entorno tras la solicitud de licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, los asesinatos volvieron a elevarse. Los grupos criminales deciden los horarios de la vida cotidiana (toques de queda), por dónde se puede circular (retenes), y determinan qué áreas están fuera de sus límites.
2.- El crimen organizado le arrebató al Estado su facultad de mantener el libre tránsito, que establece la Constitución. Los grupos criminales tienen un sistema de vigilancia en las comunidades bajo control, con un sistema de inteligencia y vigilancia a través de “halcones”, drones y el control de los C-4 y C-5 en los municipios, para evitar visitas indeseables o de desconocidos, a quienes vigilan y llegan a expulsar o a privar de su libertad y matarlos. Tiene retenes en los accesos a las comunidades y en las carreteras, donde el robo a los transportes se ha convertido en una práctica común que no pueden resolver las autoridades, lo que le permite tener control sobre los corredores migratorios, regulando sus rutas, cruces, y cobrando impuestos para viajar dentro de México.
3.- La otra pata del sistema de administración y procuración de justicia, la resuelven con el metodo de plata o plomo, estableciendo un andamiaje de justicia informal, donde si no alcanza en los ministerios públicos, resuelven disputas arbitrando o asesinando a quien presente resistencia, aplicando la autoridad para delitos no sancionados –como secuestros, robos y asesinatos– liquidando a los que se salieron de su orden. Esto no incluye, aunque parece parte de lo mismo, el control sobre notarios en varias partes del país, para apoderarse de sus propiedades mediante despojos que nadie impide.
4.- El cobro de piso, como se llama a las extorsiones, es una doble tributación. Los comerciantes, los transportistas y la gente en general, tiene que pagar un impuesto criminal para poder trabajar. Los cobros a los aguacateros y a los limoneros de Michoacán, o a los mineros en el norte del país, Guerrero y Michoacán, se suman a lo que se tienen que pagar de impuestos a las autoridades. Lo más reciente –previamente se vio un fenómeno de esa naturaleza en Acapulco tras el huracán Otis–, es la reciente denuncia del obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro, por el cobro de 200 pesos por cada persona bajo el mismo techo en la comunidad de Huautla, para que puedan seguir viviendo en su casa.
5.- La regulación económica en los mercados, comenzó como una excepción en los mercados alimentarios en Chilpancingo, que se extendió violentamente a San Cristóbal de las Casas, y ahora es una constante en varias ciudades del país, donde el crimen organizado establece los precios y controlan las cadenas de suministro. Se han involucrado en otros mercados de manera sobresaliente, como en los bienes raíces y la construcción, donde imponen a constructores, proveedores y qué sindicato es el que proporciona la mano de obra, con lo cual se meten de lleno a la regulación del mercado laboral.
La pregunta presidencial de quién manda en México es correcta. El matiz que hay que hacer es, en México, ¿quién manda? Formalmente el gobierno, pero ¿se puede argumentar que así sea de manera total? Claramente no es posible hacerlo. De ahí, la defensa sobre la soberanía adquiere una relevancia derivada. Soberanía mexicana, sí. Pero ¿de parte de quién? La presidenta ha utilizado la palabra “soberanía” entre 70 y 100 veces –según los recuentos– desde el 29 de abril, cuando Estados Unidos acusó a Rocha Moya y nueve sinaloenses de trabajar para Los Chapitos, y tras entregarse dos de los imputados a las autoridades estadunidenses, se volvió el eje central de su narrativa.
La pregunta debía reformularse y debatirse: quién ejerce la soberanía en México, el Estado o el crimen organizado. Ni uno ni otro, puede argumentarse. Retomando a Felbab-Brown, experimentamos una “soberanía dual” en esta gobernanza nuestra, híbrida.

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Once cubanos prominentes de la dictadura castrista y tres entidades del gobierno en La Habana, fueron sancionados este lunes por Estados Unidos, que consideró que significaban una amenaza para su seguridad nacional. Las sanciones se extienden a personas extranjeras que las apoyen de alguna forma, o que sean beneficiarias de sus servicios. Si bien forman parte de las acciones de presión creciente que está ejerciendo la Administración Trump sobre el régimen castrista, hay una ramificación directa a Palenque, porque su vecino más emblemático, Andrés Manuel López Obrador, puede ser un daño colateral.
Entre las instituciones sancionadas se encuentra el Ministerio del Interior, responsable de la seguridad interna, los servicios de inteligencia y las prisiones, junto con la Dirección de Inteligencia, que popularmente se conoce como el G2, que depende del ministerio. Ambas, que tenían una fuerte presencia en Venezuela –controlando la seguridad interna y la inteligencia local–, fueron desmanteladas tras la extracción del expresidente Nicolás Maduro a principio de año, de quien esperan que en las negociaciones o interrogatorios en Nueva York, donde está preso, les ayude a terminar de armar el rompecabezas de las acciones clandestinas cubanas en toda América Latina.
Maduro, como antes lo fue Hugo Chávez, era un asset (activo) de la inteligencia cubana. López Obrador, de acuerdo con una de las investigaciones en su contra que se están realizando en Estados Unidos, también. Un asset no es lo mismo que un agente de inteligencia (espía), quien a diferencia del primero, es parte de una estructura que les da pertenencia, formalidad y, al mismo tiempo, control. Suelen operar bajo cobertura diplomática en los países donde son asignados, pero también utilizan regularmente credenciales de periodista para hacer su trabajo.
Un asset de inteligencia proporciona y da información que le solicita el agente de inteligencia designado para ser su enlace –que se llama case officer en el argot de inteligencia–, pero no pertenece formalmente a la institución. Hay assets que son reclutados mediante convencimiento, extorsión, favores, protección o dinero, pero hay otros que lo hacen por afinidad ideológica. El asset les da acceso, influencia, financiamiento y apoyo logístico.
López Obrador pertenece a la segunda categoría. No se convirtió en un activo del G2 por coerción, extorsión o dinero, sino por convicción ideológica, de acuerdo con la investigación estadunidense, a la que se ha tenido parcialmente acceso. El expresidente no fue un tonto útil del G2, sino que compartía el objetivo estratégico cubano de hacerle daño a Estados Unidos. Durante varios años les fue funcional, pero una vez en la Presidencia se convirtió en una pieza estratégica.
Una de las acciones que emprendió por iniciativa cubana, que se montó en las simpatías de altos funcionarios mexicanos, provocó uno de los últimos conflictos con el gobierno de Estados Unidos: la presunta participación de militantes de Morena que utilizaron los consulados de México en ese país para hacer proselitismo político. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado de manera tajante el señalamiento, pero está en marcha la investigación que se espera produzca un informe público del Departamento de Estado.
El intervencionismo de López Obrador en los procesos electorales, sin embargo, fue público. En varias ocasiones hizo un llamado a la comunidad mexicana en Estados Unidos para que votaran contra los republicanos, incluido el entonces senador Marco Rubio, actual secretario de Estado.
Los primeros trascendidos de la investigación sobre los consulados, señalan que la red consular mexicana está manipulada por los cubanos, y que buscaron incidir en el voto en Estados Unidos, haciendo campaña en contra de Donald Trump a favor de los demócratas. De acuerdo con los datos de inteligencia que produjo el FBI y que deberá corroborar el Departamento de Estado, el gobierno de López Obrador dispuso de 160 millones de dólares durante dos años, enviados a un número no precisado de consulados bajo la cobertura de programas específicos, que se emplearon para el proselitismo de las células de Morena en ese país, que nunca han sido discretas.
López Obrador también le dio cobertura a miles de cubanos. Una fuente estadunidense dijo que el entonces director de Migración, Francisco Garduño, naturalizó a poco más de 50 mil cubanos como mexicanos. También extrajeron de Bolivia y Ecuador, en ocasiones de manera clandestina porque estaban siendo perseguidos por la justicia de esos países, a bolivianos y ecuatorianos –cercanos al castrismo– durante la pandemia de Covid-19, quienes viajaban a Venezuela y de ahí a México, donde al llegar al aeropuerto en Toluca, durante la noche, les cambiaban sus documentos sudamericanos por mexicanos.
El alineamiento de López Obrador con la dictadura castrista fue público, llegando al extremo de invitar al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, como invitado de honor y orador distinguido en el desfile militar del 16 de septiembre de 2021. El 14 de marzo pasado, salió de su refugio en Palenque cuando Estados Unidos inició un bloqueo económico contra Cuba, contra el “exterminio” de Cuba, citando al general Lázaro Cárdenas, que en otro momento y contexto de la historia, declaró que “no es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es nuestra”.
A diferencia de otros presidentes, que no todos simpatizaban con lo que devino el régimen castrista, López Obrador no jugó al equilibrio entre Estados Unidos y Cuba, sino tomó partido por La Habana. Aunque no hay precisión sobre el año en que se convirtió en asset del G2, según la información a la que se tuvo acceso, fue cuando menos en 2006. Es altamente probable que Sheinbaum, que sabe de la afinidad ideológica de López Obrador con el castrismo –que por sus declaraciones, comparte–, desconozca que el expresidente es mucho más que ser un mero simpatizante. Es un activo de la inteligencia cubana, como también los son varios de quienes se encuentran en su entorno político, por lo que quizás las externalidades de la acción en Washington contra la inteligencia cubana, no alcancen a calibrarse.
Una fuente estadunidense admitió que uno de los objetivos que tienen en México, es desmantelar “el círculo ominoso entre los servicios de inteligencia extranjeros, el crimen organizado y autoridades corruptas”. Esta cara del conflicto que se vive entre México y Estados Unidos no se está viendo en Palacio Nacional, donde si analizan bajo nuevos supuestos los diferentes pisos que están tensionando a los dos países, podrían tener mejores soluciones para salir de esta crisis.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

 

Raymundo Riva Palacio

El vendaval del norte no parará. Información que está llegando de Washington a las áreas de seguridad del gobierno mexicano, son inquietantes. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene listos dos expedientes adicionales; uno sobre un gobernador, y el otro contra uno o una secretaria de Estado o líder de Morena. Los nombres no les fueron compartidos, pero el aviso de que lo harían público, como sucedió con el exgobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios de Sinaloa, que tiene de cabeza a Palacio Nacional, también fue transmitido.
El abanico de potenciales funcionarios que pudieran ser acusados de vínculos con el crimen organizado es amplio. Sin embargo, fuentes mexicanas y estadunidenses dejaron abierta la posibilidad de que, para nivelar los costos que está pagando Morena, se procediera contra un gobernador de oposición.
Las agencias estadunidenses tienen tres investigaciones abiertas contra los gobernadores Esteban Villegas, de Durango; Pablo Lemus, de Jalisco, y Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí. De Morena, una investigación que se encuentra prácticamenta integrada al expediente de Rocha Moya, es el de Américo Villarreal, de Tamaulipas.
Sobre un líder del partido o un miembro del gabinete, no hay pistas claras, aunque recientemente se informó al gobierno mexicano, como se registró en este espacio, que tenían investigaciones contra Luisa María Alcalde, la actual consejera jurídica de la Presidencia, y Mario Delgado. Delgado es actualmente secretario de Educación, pero no es el único miembro del gabinete actual sobre el cual tienen expedientes.
Aunque son amenazantes los avisos generales sobre los siguientes pasos del Departamento de Justicia, podría interpretarse también como una nueva oportunidad para que la presidenta Sheinbaum actúe en contra de la impunidad de políticos de Morena, que ha sido la queja constante manifestada por diversos funcionarios estadunidenses al gobierno. La primera oportunidad la dejó pasar, al no haber respetado el Tratado de Extradición, capturando a Rocha Moya y a otros nueve acusados a finales de abril, con fines de extradición, como está establecido. Apegándose a la ley, ese era el camino para que, de acuerdo con el Tratado, le enviaran las pruebas para soportar la extradición.
No quiso seguir esos pasos, presumiblemente por el costo político que significaría para Morena encarcelar a uno de sus gobernadores, y por la clara oposición del sector más duro del partido que responde al expresidente Andrés Manuel López Obrador, el principal defensor de Rocha Moya. La defensa política de Rocha Moya, sin embargo, se colapsó porque dos de los co-acusados, su secretario de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, y su secretario de Seguridad, el general de División, Gerardo Mérida, se entregaron ante las autoridades estadunidenses en Arizona y en Irlanda, reconociendo implícitamente su culpabilidad –que aquí se sigue negando– y los colocó en la mesa de la negociación para ser testigos cooperantes cuando arranque el juicio en la Corte Sur de Manhattan, donde está la fiscalía más feroz en materia de delitos de cuello blanco.
La decisión de los dos exfuncionarios fue posterior a otro mensaje que llegó al gabinete desde Washington: las pruebas contra el exgobernador de Sinaloa se sustentan en informarción que presentaron al menos tres agencias, la DEA, el FBI y la CIA, que incluía la imbricada red de complicidad con Los Chapitos –descrita en la acusación–, y los recursos que le inyectaron los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán no solo a su campaña para gobernador en 2021, sino a dos campañas presidenciales. Las acusaciones, concluyó el mensaje, tienen valor en juicio.
Los dos mensajes enviados desde Washington son una cortesía extendida por el Departamento de Estado, luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores le pidió que el gobierno mexicano fuera alertado de las acciones que anunciarían previamente a hacerse públicas. Así lo hicieron con la acusación contra Rocha Moya y los funcionarios sinaloenses, en la víspera, y así lo hicieron también el lunes de la semana pasada, horas después de haberse entregado el general Mérida.
Hasta hoy, no está claro qué hizo la presidenta con esa información, salvo buscar todos los distractores posibles, como fue la elevación de la temperatura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, y contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por el operativo conjunto con la CIA. El discurso se mantuvo en la misma línea, sin argumentos jurídicos o políticos adicionales. La negación pública –por cualesquiera razón particular que se haga–, se está vaciando de contenido y está convirtiéndose en un búmeran envenenado. Los crecientes negativos en las redes sociales son el pulso del momento que vive.
Pero si la semana pasada se vivieron los momentos más oscuros en la relación con Estados Unidos a lo largo de un siglo, no hay señales que la locomotora trumpista parará, y por lo que se ve, seguirá arrasando a una clase política obradorista que todavía no termina de entender. Siguen creyendo que la relación bilateral se administra con discursos nacionalistas en la mañanera, cartas diplomáticas, acusaciones de “intervencionismo” y actitudes pendencieras. Pero en los corredores del poder estadunidense, el diagnóstico sobre México dejó de ser político hace tiempo: el 20 de enero de 2025, al asumir Donald Trump la Presidencia, y pasó a ser de seguridad nacional.
La falta de entendimiento de cómo funciona el gobierno estadunidense arroja enormes déficits, al reducirse al canto nacionalista de “pruebas, pruebas, pruebas”, una inviolable –hasta ahora– protección contra políticos de Morena y… nada más. La decisión del general Mérida y de Díaz Vega tuvo más claridad que la del gobierno federal en pleno sobre los mensajes de Washington: no esperaron a que actuaran de manera más contundente contra ellos, y se entregaron. Leyeron que al hacerse pública la acusación, el relato del Departamento de Justicia fue el resultado de años de construcción de expedientes, que suelen tener testimonios, pruebas documentales, audios e incluso videos.
En México aún creen que mientras no exista una acusación formal todo pertenecerá al terreno del rumor. Error. No tuvieron la visión estratégica de capturar a los 10 de Sinaloa para las pruebas de Estados Unidos, y después hacer lo que quisiera el gobierno. Ese momento se fue. La nueva oportunidad para Sheinbaum alcanza para ganar tiempo y, quizás para demorar las nuevas acusaciones del Departamento de Justicia. Dolerá y lastimará al movimiento, pero abriría y facilitaría la viabilidad de la presidenta, del gobierno y eventualmente, de Morena y el propio movimiento.

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La respuesta del gobierno a las críticas de que se estaba protegiendo al exgobernador Rubén Rocha Moya y a nueve funcionarios sinaloenses acusados en Estados Unidos de trabajar para Los Chapitos, fue el bloqueo inmediato de las cuentas financieras del grupo de los 10 presuntos criminales que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, pidió a las instituciones financieras del país. El reportero de investigación Jorge García Orozco reveló en la revista digital emeequis que la solicitud fue emitida el 6 de mayo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Se ve muy importante, y aunque cierto, nos están engañando con la verdad.
El congelamiento de cuentas fue consecuencia de la petición de la CNBV, que actúa de manera autónoma al resto de las instituciones, a las cuales la UIF tiene que responder por mandato legal. La CNBV no está supeditada a la Fiscalía General de la República, y la línea de acción conducente es que la UIF sea quien le dé vista para que proceda. Tras realizarla, la Fiscalía pidió el 8 de mayo la información financiera de los 10 de Sinaloa.
Muy bien, pero muy mal. La primera chicanería ante nuestros ojos, es el tiempo que se tardaron las instituciones mexicanas en congelar las cuentas. No se sabe cuándo llegó la notificación de la CNBV, pero sí cuándo se emitió la instrucción para el bloqueo, 6 de mayo: ocho días después de la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la Corte del Distrito Sur de Manhattan.
Entre las dos fechas, sabiendo la rapidez con las que se pueden realizar transacciones, es una eternidad. Solo como una referencia de la historia reciente, en los tiempos de Santiago Nieto en la UIF, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –que le tenía una enorme estima–, varios empresarios revelaron cómo había casos donde funcionarios de esa dependencia descongelaban las cuentas durante un minuto, para que personas afectadas por esa medida pudieran transferir sus fondos, a cambio del 10% del monto total de lo traspasado.
En el caso de Rocha Moya y los otros nueve funcionarios, no necesitaron de semejante acto de corrupción. La UIF les regaló más de una semana a los imputados para que pudieran limpiar sus cuentas y trasladar su dinero fuera de México o a cuentas en paraísos fiscales, o realizar ingenierías financieras para transferir sus fondos de manera que no pudieran ser rastreados. Nadie podía impedirlo. Varios de los 10 de Sinaloa presuntamente transfirieron recursos de los que les pagaron Los Chapitos a cuentas en el extranjero. El camino lo sabían, así como la experiencia en otros que no tienen la suerte de un periodo de gracia tan grande para que puedan tratar de blindar sus recursos.
Una vez que la CNBV actuó, la Fiscalía General hizo su parte, como si actuara de manera expedita, dos días después. Poco más de 24 horas es un plazo normal para el papeleo, pero lo que es inusual, de acuerdo con varias personas que conocieron lo que sucedió en la UIF, es lo que sucedió después. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, que es de toda confianza del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, no fue autorizado para responder a la Fiscalía de manera contundente y con toda la información que tenía. No se sabe quién específicamente le dio esa instrucción, pero la UIF depende de la Secretaría de Hacienda y responde directa y únicamente al titular de esa dependencia. Fue la primera obstrucción.
La UIF fue limitada a informar de manera económica a la Fiscalía General. Si se toma como referencia la acción de la CNBV al haber actuado de manera preventiva –el congelamiento de cuentas no es reconocimiento automático de culpabilidad, sino que forma parte del proceso legal mientras se investiga el origen de los recursos–, la Fiscalía debió haber iniciado una investigación, precisamente, para determinar de dónde salieron los recursos en sus cuentas. Esta pinza que se utiliza para determinar si hubo ilegalidad en los recursos obtenidos, como elemento de prueba, no se cerró. Fue la segunda obstrucción.
En cambio, lo que comenzó a circular en la UIF después de la solicitud de información, fue un dictamen en el cual se exoneraba completamente al exgobernador Rocha Moya –no se sabe si a los nueve funcionarios restantes también– de tener recursos de procedencia ilícita, que coincide con una declaración de García Harfuch el martes pasado que no se había encontrado ninguna conducta ilícita del exgobernador.
Mientras esto sucedía en la arena pública, en la UIF hubo fuertes turbulencias. Varios funcionarios con atribuciones legales para firmar dictámenes, se negaron a hacerlo. Hubo presiones sobre ellos, y cuando menos cinco, de acuerdo con la información que ha trascendido, prefirieron renunciar. Estaban en desacuerdo con suscribir un documento elaborado para exonerar, sin haberse cumplido con los pasos para verificar y determinar si había existido un delito o no. O sea, fallar su inocencia antes de probarse. Aquí ya no hubo obstrucción, sino violación del debido proceso.
Lo que pasó en la UIF es lo último –conocido hasta ahora– de las irregularidades en las que se ha incurrido en la protección de Rocha Moya, en quien se ha centrado el blindaje político, legal, y la protección militar. Hubo prelación con el resto de los funcionarios imputados en Manhattan, una Corte tan afamada por su poder, que incluso tuvo una exitosa serie de televisión –Billions–, que mostraba la dinámica y estrategias de la Fiscalía. Lo que no hicieron con los nueve, fue aislarlos ante cualquier eventualidad, y peor aún, colocarles una “campana” –con agentes de la policía de investigación o de Seguridad Pública–, como se llama a la vigilancia de una persona, ya sea investigada, protegida por alguna amenaza a su vida, o simplemente para saber dónde está y qué hace, como por protocolo debió haberse hecho.
La inexistencia de la “campana”, permitió que por la puerta de atrás dos de los funcionarios acusados, los exsecretarios de Administración y Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, y de Seguridad, el general de División, Gerardo Mérida, pudieran armar toda la logística –probablemente con el dinero que les dejaron vivo durante ocho días– para entregarse a las autoridades estadunidenses en Irlanda y Arizona, e iniciar una negociación para ser testigos cooperantes en el juicio contra Rocha Moya y los nueve imputados.

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La protección política y legal que ha tendido el gobierno sobre Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses acusados de haber recibido ayuda de Los Chapitos, miembros del Cártel de Sinaloa, para ganar las elecciones para gobernador en 2021 a cambio de facilitarle sus actividades criminales, abre una puerta muy peligrosa para la presidenta, Morena y todo el movimiento obradorista, porque el partido en el poder podría ser declarado una organización terrorista. Y con ello, los partidos de la coalición gobernante, los empresarios que aportan recursos, las empresas y bancos que tengan relación con Morena, serían cómplices y sufrirían las mismas sanciones.
El planteamiento tiene como fundamento la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de abril donde señala que Los Chapitos movilizaron a sus sicarios para que robaran urnas, secuestraron e intimidaron a los candidatos de oposición, a cambio de garantizarles “impunidad” en Sinaloa, nombrar en puestos a personas que les indicaron, y recibir protección para el tráfico de drogas. La acusación establece la relación de Rocha Moya con los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, tiempo antes del proceso electoral, que es la parte central de su primera imputación.
La acusación es más grave de las que en años previos formularon en Estados Unidos contra algunos exgobernadores mexicanos y contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, porque lo que describe no son actos individuales, sino toda una operación del gobierno estatal al servicio de Los Chapitos que, además, se encuentra dentro de un nuevo paradigma: la designación de que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas extranjeras, que tiene implicaciones significativas para terceros, incluido Morena.
Existe un precedente histórico en España, con el partido Batasuna, que había sido parte de la coalición Herri Batasuna en el País Vasco, y que fue ilegalizado en 2003 al aplicarse la Ley de Partidos, luego que el Tribunal Supremo determinó que era el brazo político de ETA, la organización separatista señalada como un ente terrorista. Tras ese fallo, el gobierno de Estados Unidos, que había designado a ETA una organización terrorista en 1997, agregó a la lista a Batasuna. El Departamento de Estado la mantuvo en la lista hasta su disolución en 2013.
La acusación contra Rocha Moya y nueve sinaloenses involucra a todo el aparato del régimen, aunque en el pliego sobre el cual pidieron su captura con fines de extradición, cuidan de no ahondar en Morena, ni en la persona que por dedazo lo designó candidato, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pero Morena es el elefante en la sala de la imputación, no solo porque el aparato del partido fue instrumental en la elección, sino porque puede establecerse una correlación de complicidad con los sicarios de Los Chapitos que actuaron en paralelo al no sufrir ningún candidato de Morena ni promotores de voto agresión del Cártel de Sinaloa, y por la forma como se validó la elección.
Las denuncias que se presentaron en su momento, registradas también por el Instituto Nacional Electoral, incluso la petición de anulación, llegaron al Tribunal Electoral de Sinaloa que las desestimó porque, afirmó, no afectaban el resultado de la elección. La magistrada que presentó el dictamen de validación de la elección de Rocha Moya fue Aída Inzunza, hermana del senador Enrique Inzunza, uno de los 10 sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia. Teóricamente Morena, al menos en Sinaloa, podría perder el registro como partido, porque una de las tres razones para tomar esa medida –que nunca se ha aplicado–, es incurrir en violaciones graves, reiteradas y sistemáticas de la ley electoral.
Las denuncias presentadas en 2021 nunca pidieron la cancelación del registro. Pensar en algo así, parece inútil. Si en el pasado, con órganos electorales autónomos no sucedió, ahora, donde ya no existe autonomía sino colonización, no hay independencia de magistrados y consejeros sino subordinación, y existe un Poder Judicial a la medida del régimen, es imposible.
Pero la cerrazón en México no evita la posibilidad de que de mantenerse la protección política y jurídica de Rocha Moya y los otros nueve co-acusados, Estados Unidos decida dar un nuevo paso, quizás no ahora, sino más cerca de las elecciones intermedias del próximo año. En este mapa, los riesgos son muy altos para quienes en unas semanas sean nombrados como los representantes de Morena para defender al régimen en los 17 estados donde habrá gubernaturas, y para los partidos coaligados, el Verde y el PT, porque serían automáticamente cómplices de una organización terrorista.
Morena se encuentra en ese umbral, aunque objetivamente hablando, no parece ser un escenario próximo. El gobierno de Estados Unidos está apretando al gobierno a actuar, pero como demuestra la acusación del Departamento de Justicia, sigue buscando que quien tome la iniciativa y actúe sea la presidenta Claudia Sheinbaum. Solicitar la extradición fue abrirle las condiciones para que, de manera soberana, tomara la decisión de capturar a los 10 sinaloenses, conforme al Tratado de Extradición, esperar las pruebas que corresponden a ese segundo tiempo procesal, y que un juez, primero, y después la Secretaría de Relaciones Exteriores, determinaran si lo que aportó Washington justificaba la extradición.
Sheinbaum habría ganado tiempo dentro de la ley para ir abriendo espacios en México dentro del obradorismo, y evaluar la siguiente decisión. Sin embargo, hizo lo peor posible, en términos legales: exonerar a Rocha Moya y a los otros nueve co-acusados, y decidir, cuando menos hasta este momento, que no los extraditará. No se arropó en los tiempos legales, sino se fugó hacia delante, acusando una conspiración internacional que quiere acabar con su gobierno. La victimización es una estrategia, pero en este caso juega con fuego. El señalamiento del Departamento de Justicia no toca a su gobierno; ni siquiera al de López Obrador. Es muy específico en Sinaloa.
Pero el problema de fondo no es jurídico, sino político, y no es local, sino nacional. La escalada esta semana desde Washington es el termómetro del enfado del gobierno de Estados Unidos. La acusación se centró en la elección de 2021, donde Morena aparece en la tramoya de la estructura político-criminal en Sinaloa. Para medir su alcance tiene que verse el contexto geopolítico: el realineamiento de gobiernos afines a Trump, con muy pocos fuera de su órbita ideológica, como México. Morena, en esta línea de pensamiento, es un estorbo.

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No fue una coincidencia. Los asuntos de seguridad nacional en Estados Unidos no se manejan al azar. Sus filtraciones a los medios son calculadas o reactivas para mandar un mensaje. El martes, lo mandaron a Palacio Nacional: la cadena CNN reveló que en la escalada de la guerra secreta de la CIA contra el crimen organizado en México, sus agentes facilitaron el asesinato de un miembro del Cártel de Sinaloa, enriquecida por The New York Times, que confirmó su intervención, pero aclaró que no estuvieron en persona cuando se ejecutó la acción. La enorme tolvanera por las revelaciones no dejó poner la lupa en la unidad que participó en la acción: la fuerza Ground Branch (rama terrestre), que ejecuta operaciones clandes-tinas por instrucción del presidente de Estados Unidos.
Es falso, afirmó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, que agentes de la CIA operan en México por fuera de los canales oficiales de colaboración con Estados Unidos. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazó en la víspera “cualquier versión” que normalizara, justificara o sugiriera la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras. Mucha verborrea, pero ayudó, para las percepciones, que la vocera de la CIA, Liz Lyons –que declinó comentar a la CNN antes de publicar–, calificara de “falso y sensacionalista” el reporte de la cadena, que “no sirve más que como campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo vidas estadunidenses”.
Esas líneas guiaron la respuesta de Sheinbaum, y permitieron a sus voceros oficiosos colgarse del ambiguo desmentido. La CIA no podía haber hecho otra cosa, por lo explosivo de las revelaciones. El antecedente es el reporte de la Comisión Church –que hace 50 años investigó los planes de la CIA para asesinar a líderes en el extranjero como Fidel Castro, Rafael Trujillo de República Dominicana o Patrice Lumumba del Congo–, que acabó con medio siglo de asesinatos como un brazo de la política estadunidense. Dejar vivo el reporte de CNN, habría abierto la puerta a una nueva investigación en el Senado.
Los trascendidos a CNN y al Times revivieron aquellos tiempos. A finales de marzo, Francisco Beltrán, El Payín, un miembro de medio nivel del Cártel de Sinaloa, murió junto con un acompañante al explotar su auto en la autopista México-Pachuca tras salir del aeropuerto Felipe Ángeles. El auto quedó como si hubiera explotado una bomba colocada en el chasis y murieron inmediatamente. Los trascendidos en Washington –tres de los cuatro autores de la información en CNN cubren seguridad nacional y el Pentágono, mientras que uno de los dos en el Times también está asignado a temas de seguridad nacional–, afirmaron, citando fuentes de inteligencia, que la CIA participó en diverso grado –pero no en tierra–, en el asesinato selecto de El Payín.
Nada se ha dicho hasta ahora del dato estratégico revelado por CNN: que la acción de la CIA fue encabezada por una unidad de élite secreta –dentro de una institución donde el secreto se da por definición–, para desmantelar las cadenas de los cárteles de las drogas, y como parte de “una campaña de la CIA que se ha expandido y que no se había reportado previamente, dentro de México”. Esto, más que el asesinato de El Payín, es lo más importante, porque su “neutralización”, como le llaman a este tipo de crímenes, sería consecuencia de las operaciones clandestinas que está realizando desde el año pasado.
La presidenta y el secretario de Seguridad, dicen la verdad cuando niegan que eso hubiera sucedido, porque fueron hechas a sus espaldas. Por eso se les define como “clandestinas”, al ser ejecutadas de manera encubierta y, no pocas veces, de forma ilegal. En este momento, para el gobierno mexicano, es mejor mantener la posición de la presidenta ayer, que volver a incendiar el discurso con violación a la Ley de Seguridad Nacional y de intervencionismo. Si aprendieron la lección en Chihuahua, es mejor que lo solucionen de manera diplomática y no con arengas mañaneras.
La Ground Branch es definida como una fuerza Tier 1, como llaman extraoficialmente a las unidades militares de élite, que se manejan con autonomía y realizan misiones contra el terrorismo. La Ground Branch agrupa elementos reclutados de las fuerzas especiales del Ejército (las Boinas Verdes y la Fuerza Delta) y de la Marina (los Navy SEALs), y es la fuerza paramilitar que tiene la CIA en su Centro de Actividades Especiales, responsable de las operaciones clandestinas en la Dirección de Operaciones de la compañía en Langley.
Su trabajo se especializa en acciones encubiertas, guerra no convencional (como los cárteles y las guerrillas), recolección de inteligencia en zonas de alto riesgo y hostiles, y donde, la parte más importante, la presencia convencional de Estados Unidos –la cooperación institucional con el gobierno local–, hace imposible compatibilizar sus acciones con el trabajo político y diplomático, por lo cual requiere salidas plausibles para que la Embajada en México, o el embajador Ron Johnson puedan decir, sin mentir, que no tenían conocimiento de la presencia de ese grupo.
El Centro de Actividades Especiales, de donde depende la Ground Branch, se fundó en 1995 y su lema es Tertia Optio, que significa Tercera Opción. Lo que estamos viendo se deslizó en este espacio a finales de abril en la columna “México y la Tercera Opción”, un concepto operativo dentro del pensamiento estratégico estadunidense utilizado por la CIA en todo el mundo. Es una doctrina informal que fue descrita por Loch Johnson en su libro The Third Option (2022), donde enumeraba los tres grandes instrumentos que guían la política exterior de su país: the treaties power (la diplomacia), the war power (las guerras) y the spy power (la inteligencia).
La “primera opción” fue retomada cuando Sheinbaum llegó a la Presidencia, para restablecer lo destruido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se estableció un nuevo mecanismo de cooperación, pero se fue agotando al topar con la negativa de la presidenta de desmantelar la cadena de complicidades entre criminales y políticos. La “segunda opción”, la militar, sigue vigente, pero inviable bajo toda lógica práctica. Lo que estamos viendo hoy es la aplicación de la “tercera opción”, la última herramienta de la política exterior de Estados Unidos. La pregunta sin respuesta es porqué la CIA decidió, de manera oficiosa, hacerla pública ahora.

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No importa cuántas maromas dé el régimen, la suerte del exgobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios sinaloenses señalados en Estados Unidos por haber trabajado para Los Chapitos a cambio de dinero para ganar la elección en 2021, está echada: van a ser juzgados en una corte federal en Manhattan, presentes o no, y serán acusados por narcoterrorismo. Serán los primeros mexicanos condenados bajo la designación del presidente Donald Trump que el Cártel de Sinaloa es una organización terrorista que amenaza la seguridad nacional de su país, que va más allá del crimen organizado tradicional.
Aquí se le sigue protegiendo con un blindaje político y con vigilancia militar, porque lo que menos quisieran en Palacio Nacional es que lo mataran, potencialmente no solo el crimen organizado –la facción leal a Ismael El Mayo Zambada, el jefe legendario del Cártel de Sinaloa, busca su cabeza–, sino sus probables cómplices en la estructura de poder de Morena, beneficiarios del agua de la misma regadera. La última defensa en el Zócalo ha sido mediante el artilugio del silogismo, un método lógico deductivo, con dos premisas y una conclusión.
En este caso, la premisa mayor es que toda persona contra la que no existe investigación oficial, es inocente de cualquier delito. La premisa menor establece que no existe investigación contra Rocha Moya. Por lo tanto, dialécticamente hablando, el exgobernador es inocente de cualquier delito. Sin embargo, desde la lógica y el derecho, el razonamiento es endeble porque la ausencia de investigación no prueba inocencia material, sino que hasta ese momento, no existe una indagatoria formal conocida.
El silogismo suele incurrir en la variante del argumento por ignorancia: “como no hay investigación, entonces no existe delito”. Pero la inexistencia de una investigación puede obedecer a varios factores, como falta de denuncia, pocas pruebas, omisión institucional, cálculo político o simplemente ausencia real de delito. Por sí sola, no demuestra inocencia absoluta. En el caso de Rocha Moya, la protección no tiene bases jurídicas; es totalmente política. Sí hubo denuncias en 2021 de la participación del Cártel de Sinaloa, y en 2024 Zambada lo imputó como cómplice y traidor, en una carta pública desde la cárcel, pero el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ordenó a la Fiscalía General dar el carpetazo.
La instrucción corrió transexenalmente por el llamado segundo piso de la transformación, como le llaman a quién sabe qué en estos días, y Rocha Moya, y por tanto el senador Enrique Inzunza, y el exsecretario de Administración de su gobierno, Enrique Alfonso Díaz Vega –las dos personas más importantes en términos operativos con Los Chapitos–, junto con otros siete exfuncionarios sinaloenses, señalados por el Departamento de Justicia de tener vínculos criminales, viven dentro de las murallas que ha colocado a su alrededor el régimen obradorista. Que nadie se sorpenda si en algún tiempo, caen como los muros de Jericó.
La acusación del Departamento de Justicia es contundente: construyeron un narcoestado (con minúscula) en Sinaloa. Esa palabra o “narcogobierno” se han desgastado por la generalización superficial de su uso, pero la descripción que hicieron los fiscales en Manhattan del gobierno de Rocha Moya es la película de cómo un narcoestado se erigio con dinero del Cártel de Sinaloa a cambio de protección y facilidades para que Los Chapitos pudieran operar y, por lo que denunció Zambada, también les limpiaron de adversarios el camino.
En el Zócalo siguen esgrimiento que no han presentado pruebas los fiscales, incurriendo nuevamente en el autoengaño y el timo a los mexicanos. Pruebas habrá, cuando se inicie el juicio en Manhattan. Pero para eso tendría que haberlos detenido la fiscalía mexicana, con fines de extradición, que es lo que establece el Tratado de Extradición firmado en 1978. Está claro que no lo van a hacer en este gobierno, dispuesto a sacrificar la imagen del canciller Roberto Velasco para cuidar a Rocha Moya, evitando lo que más nervioso tiene a Morena, que empiece a decir lo que sabe.
Todo el aparato del régimen está en marcha para acuerparlo. Las plumas más sofisticadas de la propaganda obradorista se están batiendo en la arena pública para impulsar la normalización (como desnudó el martes el académico Carlos Bravo Regidor a uno de los últimos reclutas del régimen que salieron del clóset, el otro académico Carlos Pérez Ricart), y alegar que lo de Rocha Moya no es novedad, porque ya habían existido otros casos de gobernadores mexicanos involucrados con el crimen organizado.
Sí es cierto, pero no es cierto. Los gobernadores acusados por la DEA en el pasado, no estaban en activo, eran “ex”, y no formaban parte de un andamiaje estatal criminal, sino que actuaron de manera personal. Rocha Moya es el primer gobernador en activo al que se acusa públicamente en una corte federal, y el primero que va acompañado de su primera línea administrativa, judicial, policial, el senador por quien se distanció de Zambada en 2021 y el alcalde de Culiacán, la ciudad en guerra por la traición al exjefe del Cártel de Sinaloa.
Pero lo que más difiere del pasado es el decreto de Trump sobre la definción de los cárteles como organizaciones terroristas, sobre lo cual serán juzgados y condenados. La petición de captura con fines de extradición, es una mera pincelada de lo que tienen acumulado en Estados Unidos, otorgándole a la presidenta Claudia Sheinbaum la oportunidad que sea ella quien maneje la crisis que genera el caso Rocha Moya, evitando lo que ayer volvió a recordar el secretario de Guerra, Peter Hesgeth, en una audiencia en el Congreso: queremos que México actúe, porque si no, lo haremos nosotros.
La orden ejecutiva de Trump contra los cárteles le permite a sus agencias utilizar todos sus recursos contra el terrorismo, expandiendo acciones internacionales, sancionar a bancos o personas que hicieron negocios con cualquiera de los 10 sinaloenses o el gobierno de Rocha Moya, y la autorización para que, unilateralmente, los servicios policiales y de inteligencia, vigilen, investiguen y actúen globalmente contra los cárteles.
Rocha Moya, pese a vivir amurallado, no puede sentirse tranquilo. No habrá, por ahora, ninguna acción para extraerlo, como hicieron los demócratas con Zambada, porque está en curso la petición de extradición. Pero al cumplirse el plazo legal de ella, si se mantiene el status quo, veremos una segunda fase. Quizás, como dijo un funcionario estadunidense, evaluar el momento y capturarlo.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL

 

 

 

Clara Brugada le dice a Mario Delgado: necesito ayuda para que la gente no salga a las calles y evitar una crisis de movilidad durante el Mundial. Delgado le responde que se despreocupe, que tiene la solución. Y sin informarle a la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación cambia unilateralmente una política pública federal y anuncia que las vacaciones de verano se recorrerán y las clases se reducirán 40 días, con lo que sumarían un total de 158 días este año escolar. La respuesta era obvia: repudio total.

Si el diálogo en esos términos es imaginario, el ánimo en el que se tomó la medida refleja la componenda política que afectó la logística de 23 millones de jefas y jefes de familia. Fue una de las decisiones más estúpidas del año, pese a la fuerte competencia que ha existido. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México necesita evitar su naufragio político y no tener más problemas con Sheinbaum, por su incapacidad notoria. Delgado requiere el apoyo de los duros y no ser la primera pieza sacrificada a Donald Trump que anda a la caza de narcopolíticos.

Es probable que el plan sea cancelado, como pareció apuntar la descalificación que hizo la presidenta del plan el viernes, obligando a Delgado a informar que hoy anunciaría el nuevo calendario. Menos de 24 horas hábiles duró su idea, porque junto con Brugada, creó un problema donde no existía. No tenía ningún sentido y sus argumentos fueron baladís: la ola de calor, su primer justificante para no tener clases en junio, el mes mundialista, todavía no puede establecerse con certeza cómo pegará porque habrá un ciclo de lluvias, y en mayo que aún no acaba, va por los niveles del mayo de hace dos años. Además, todos los juegos salvo la inauguración, son en la noche.

La presidenta, que no sabía nada de la recalendarización, le reclamó a Delgado el mismo jueves del anuncio y le dijo que lo iba a desmentir el viernes, como sucedió. El secretario de Educación se defendió diciéndole que había sido una propuesta de sus contrapartes estatales, lo que varios desmintieron. Guanajuato, Jalisco y Nuevo León incluso, lo desafiaron públicamente y dijeron que lo desobedecerían.

El episodio mostró, en otro nivel, el desorden que se vive en la actual administración pública. A veces parece que cada quien hace las cosas que quiere, no las que debe, por razones particulares. Sheinbaum no puede actuar contra Brugada, porque es otro poder, pero sí lo podría hacer contra Delgado, cuya rebelión merecería su cese inmediato. No va a pasar porque no lo puede dejar a la intemperie, vulnerable a las acusaciones de Estados Unidos.

México será el único país en haber sido tres veces sede mundialista, pero a diferencia de 1970 y 1986, cuando los gobiernos –que venían de tragedias y desastres– lo utilizaron como vitrina internacional, hoy parece estar dispuesto a usarlo como anestesia nacional. Por eso la decisión de Delgado, aunque no lo supiera la presidenta y rápidamente se deslindó de ella, no deja de ser extraordinaria por la contradicción de un gobierno que lleva siete años –en dos facetas– repitiendo “primero los pobres”, reduzca semanas de clases en uno de los sistemas educativos más rezagados de la Organización para la Cooperaciñón y el Desarrollo Económico, para facilitar la movilidad.

La explicación oficial intenta sostenerse sobre la ola de calor. Pero el calor en México no empezó en 2026. Lo nuevo no es la temperatura; es la incapacidad del Estado para adaptar infraestructura escolar, instalar ventilación, garantizar agua o modificar horarios sin sacrificar aprendizaje. Le resulta más fácil cerrar escuelas que gobernar. El mensaje es demoledor. Mientras Singapur, Corea del Sur o Polonia compiten por aumentar horas efectivas de enseñanza, México discute cómo perderlas.

Pero no solo eso. Delgado decidió que la educación puede comprimirse, ajustarse o sacrificarse según convenga a las necesidades operativas de una jefa de Gobierno que no tiene idea, ni equipo, para evitar el desastre de movilidad en la Ciudad de México y de acceso al Estadio Banorte, como se apreció en toda su magnitud durante el primer juego entre Pumas y América. No solo es culpa de ella. Su antecesora tuvo seis años para hacer algo y no lo hizo. Al expresidente le importó poco el compromiso por delante y pateó los problemas, como siempre lo hizo, al siguiente gobierno.

La solución Delgado ya la había expresado Brugada, cuando dijo que sería una buena idea que durante el Mundial la gente se quedara en sus casas. Si no hizo la tercera vía al estadio con la que se había comprometido, ni perfeccionó el uso del transporte público para llegar al coso, su mejor apuesta, mediocre, busca que el tráfico en la capital desaparezca y con ella, cree ingenuamente, sus dolores de cabeza. En ese partido de Pumas contra América, con alrededor de 30 mil aficionados en el estadio –menos del 50% de su cupo–, la movilidad estuvo peor que durante la reinaguración del coso.

Delgado, para hacerle un favor, hizo del problema en el que está Brugada una política pública. No todos siguieron su disparate. En Guadalajara, se anunció que el día de la inauguración y cuando México juegue contra Corea del Sur en el Estadio Akron, suspenderá clases para ayudar con la movilidad. Probablemente, como sucede en Alemania, Argentina y Brasil, habrá cierres parciales en la escuelas los días que juegue la selección, como era antes en México, pero para el divertimiento.

El problema de fondo detrás de la iniciativa de Delgado encierra una paradoja por la incompetencia de Brugada: el gobierno necesita que el Mundial salga impecable porque será la mayor operación internacional de imagen del sexenio. No sólo se juega turismo; se juega narrativa. El gobierno quiere proyectar estabilidad, modernidad y capacidad organizativa en medio de un país golpeado por violencia, desapariciones, presión económica y deterioro institucional. Pero comprobó con las violentas imágenes tras la caída de Nemesio Oseguera, El Mencho, que son ellas las que dictan el relato.

El problema es que los gobiernos obsesionados con la escenografía suelen descuidar el edificio. La contradicción es brutal. México quiere convertirse en escaparate global mientras normaliza que miles de escuelas carezcan de electricidad funcional, bebederos o techumbres adecuadas, que es donde aparece el verdadero riesgo político para el régimen, porque el adelanto vacacional transmite una señal profunda: la educación pública es negociable.

 

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Una noticia que se produjo el 28 de abril y que se recicló el miércoles, despertó finalmente el interés buscado en Estados Unidos. Se trataba de la sentencia de siete personas que desde 2020 habían establecido una red de contrabando de metanfetaminas en Kansas, en el estado de Missouri, que transportaban desde Sinaloa. Esa noticia, como hay diario similares en ese país, pasó desapercibida en México hasta que hace dos días, el director del FBI, Kash Patel, la retomó –con una actualización cosmética del caso–, enfatizando más que el golpe, que había sido realizada por la “nueva” fuerza de tareas que encabeza el Departamento de Justicia.
La “nueva” task force, es nueva, pero no tanto. La creó el presidente Trump el primer día de su regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero del año pasado (https://shorturl.at/QUrzp), que encabezarían los titulares de los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior, cuya misión sería lo que indicaba el nombre del decreto: “proteger al pueblo estadunidense contra una inva-sión”. Se enfocaba enteramente al tema migratorio, pero como han sido muchos los momentos de su administración, evolucionó. Si se revisan someramente los casos en la Corte del Distrito Este de Mi-ssouri, la gran mayoría tienen que ver con narcotráfico desde México.
Patel jugó con la hiper-sensibilidad reinante en México tras la acusación contra el ex gobernador Rubén Rocha Moya, y nueve sinaloenses en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, para enfatizar, se puede argumentar, el músculo de su gobierno. Pero al mismo tiempo, mostró la forma como el gobierno de Trump ha reorganizado las fuerzas para la lucha contra el crimen organizado, dividiendo en tres grandes áreas la responsabilidad, donde hay vasos comunicantes, pero las tres gozan de sus propios rangos de autonomía.
La fuerza de tareas a la que se refería Patel une los esfuerzos policiales del FBI, la DEA y ATF –la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego– a los de las policías estatales y locales, que tienen como complemento el trabajo del área de investigaciones del Departamento de Seguridad Interior. Al mismo tiempo, dentro de esa unidad hay responsabi-lidades adicionales en el extran-jero en la lucha contra el crimen organizado.
La DEA, por ejemplo, ha pasado a jugar un papel se-cundario en el combate directo a los cárteles de las drogas, pero se le ha asignado un rol relevante al enfocarlo al contrabando de com-bustible –el llamado huachicol fiscal–, que lo pone sobre el crimen organizado en México y sus vinculaciones con políticos, que es un tema que ha trabajado su director, Terrence Cole, desde que estuvo asignado a la oficina en la Ciudad de México en 2019.
Dentro de esa fuerza de tareas, el combate a los cárteles lo tienen el FBI y la oficina de Inves-tigaciones del Departamento de Seguridad, que antes de que fueran parte de esa unidad, traba-jaron operaciones fundamentales en la historia del crimen en México, como la captura de Ismael El Mayo Zambada, en un rancho en Culiacán en 2024. De acuerdo con la información obtenida en ese entonces (https://shorturl.at/9kj2b), un equipo del FBI en Washington, que es el que más sabía del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos, planeó la operación, que fue ejecutada por un comando de seis personas de la Oficina de Investigaciones.
Aunque todas esas agencias realizan trabajo de inteligencia, las áreas civiles y militares juegan un papel independiente en el combate al crimen organizado.
La CIA actúa de manera autónoma, como se pudo apreciar en el polémico caso de la participación de cuatro de sus agentes en el desmantelamiento de un narco laboratorio del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, y en su cooperación con el gabinete de seguridad mexicano en las ope-raciones de captura y abatimiento de líderes del narcotráfico, como sucedió con Nemesio Oseguera, El Mencho, y su número dos, Audías Flores Silva, El Jardinero. La CIA tiene operaciones abiertas, como las que realiza con el gobierno, y encubiertas, donde la colaboración con las autoridades mexicanas dejó de producir resultados cooperativos.
En algunos casos, el gabinete de seguridad llegó a enterarse de operaciones encubiertas, aunque no fue por su trabajo de con-trainteligencia, sino por el trabajo de medios de comunicación que detectaron vuelos de drones espías de la CIA sobre territorio me-xicano, realizado sin autorización oficial. Lo mismo sucedió con drones y aviones militares, que en poco menos de un año han intervenido comunicaciones en varias regiones del país, que les ha permitido aportar al mapeo del Departamento de Justicia sobre las redes de complicidades de au-toridades con el crimen organizado.
La participación de militares en las operaciones contra el crimen organizado no puede verse como algo natural o normal. La decisión de Trump de meterlos de lleno a la vigilancia en la frontera –militarizandóla–, no tiene precedente alguno, mientras que su participación directa en el combate a delincuentes es el cambio de estrategia más radical que ha hecho Estados Unidos desde que el presidente Richard Nixon criminalizó la guerra contra las drogas en 1971, pese a las recomendaciones de la Comisión Shafer, que él mismo había instaurado.
Hay otras agencias que están jugando un papel preponderante en esta nueva fase de Trump contra el crimen organizado en México, que dependen del Depar-tamento del Tesoro. Una es el FinCen, que se encarga de los crímenes financieros, y que vigila la actividad ilícita, el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo. La otra es la OFAC, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, que aplica sanciones económicas y comerciales contra países involucrados en actividades que afecten su seguridad nacional.
Estas dos áreas existen muchos años antes de que regresara Trump a la Casa Blanca, pero su función se volvió más estratégica por la declaración que hizo de que los cárteles mexicanos son organizaciones terroristas (https://shorturl.at/nZ3tn). Hipotéticamente hablando, es posible que tras la captura de Rocha Moya se estén revisando sus relaciones con empresas y cuáles hicieron negocios con él. De acuerdo con los decretos de Trump, pueden ser cómplices de actividades terroristas. Para problematizar este escenario, de ser así, quedarían expuestos las cabezas de dos de las más grandes empresas de México.
El realineamiento en la estrategia de Estados Unidos para combatir al crimen organizado, es otra de las señales reiteradamente enviadas a las que en México, el régimen tampoco le ha prestado atención.
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