La pregunta en los medios ha sido constante: ¿dónde está Rubén Rocha Moya? Desde que Estados Unidos lo acusó de haberse coludido con el Cártel de Sinaloa para ganar la gubernatura en 2021, desapareció del ojo público. ¿Dónde está el senador Enrique Inzunza, también imputado como una pieza clave en el engranaje político-criminal que se armó en ese estado? Escondido y con escasas apariciones públicas, como ayer, cuando dijo que seguiría como senador, y con fuero.
Ambos formaron un binomio político-criminal, de acuerdo con investigaciones en México –que están bajo llave– y Estados Unidos, y están vigilados por autoridades federales ante la preocupación que crucen la frontera para ofrecerse como informantes, o que un comando los capture como a Ismael El Mayo Zambada y los lleve presos a Estados Unidos, que son posibilidades poco probables en la coyuntura actual.
Rocha Moya está viviendo en un rancho a unos 110 kilómetros al norte de Culiacán, a donde se fue casi inmediatamente después de que lo acusaron los fiscales en la Corte de Nueva York el 29 de abril pasado, mientras que Inzunza sigue en la capital estatal, un poco más visible que el exgobernador. Rocha Moya prácticamente no sale del rancho, salvo para algunas cosas imprescindibles, como viajes esporádicos a la Ciudad de México. En todo este tiempo, el exgobernador sostuvo una conversación telefónica con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien le reclamó que el general Gerardo Mérida hubiera podido viajar a Estados Unidos y ofrecerse como testigo cooperante.
Mérida provocó un reforzamiento en la seguridad en torno a “los 10 de Sinaloa” imputados por la justicia estadounidense. Días antes, Enrique Díaz, secretario de Administración y Finanzas en el gobierno de Rocha Moya y también imputado, viajó a Irlanda, donde sigue negociando con Estados Unidos los términos de su papel como testigo cooperante. Pero quien no logró ese objetivo fue Marco Antonio Almanza, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.
Almanza iba camino a entregarse, como reportó el portal La Silla Rota, pero súbitamente giró su vehículo y regresó a Culiacán. El periodista Carlos Loret explicó que Almanza se arrepintió tras haber recibido una llamada telefónica con amenazas a su familia. La versión fue confirmada por reporteros de La Silla Rota y más adelante por otros periodistas. De los otros seis sinaloenses imputados, no se sabe nada públicamente. El gobierno no quiere que llegue más información en Washington de lo que sucedió en Sinaloa, pero es un poco tarde.
Autoridades estadunidenses adelantaron a sus contrapartes mexicanas que Mérida se llevó documentación física y entregó un USB con información. Díaz ha estado ofreciendo información a cambio de impunidad y que le permitan mantener parte de sus bienes, pero aún no hay un acuerdo porque hasta ahora les ha proporcionado aspectos púbicos o detalles de la corrupción de la familia de Rocha Moya, que en su mayoría también ha sido pública. Términos aceptables para hacerlo testigo cooperante, ha trascendido, es que diga a qué políticos se transfirieron recursos del Cártel de Sinaloa para sus campañas, incluida, han subrayado, la de la candidatura presidencial del senador Adán Augusto López Hernández, de quien Rocha Moya es cercano.
El gobierno ha protegido a Rocha Moya y como en cascada, alcanza el blindaje para el resto de los servidores públicos imputados. Son dos las líneas de pensamiento que llevaron a esa protección: que si los entregan bajo los términos del Tratado de Extradición, Estados Unidos pedirá a otros altos funcionarios; y que entregar a Rocha Moya abriría la ruta para alcanzar al expresidente Andrés Manuel López Obrador en la cruzada de Washington contra los narcopolíticos, que hoy son imputados y serán juzgados bajo las leyes contra el terrorismo.
En Palacio Nacional piensan que si resisten hasta las elecciones legislativas en Estados Unidos en noviembre, habrán saltado la presión. El análisis es totalmente equivocado; la cruzada no está subordinada a los tiempos electorales. Otro error es creer que si mantienen la muralla que defiende a los sinaloenses, se frenará todo.
Como se ha explicado en este espacio desde el año pasado, hay intereses específicos prioritarios en el senador López Hernández, los gobernadores de Michoacán, Sonora y Tamaulipas, adicionalmente a los de Jalisco y San Luis Potosí, sin olvidar al exlíder de Morena y actual secretario de Educación, Mario Delgado. A ese grupo hay que agregar ahora el interés sobre el gobernador de San Luis Potosí.
Los mensajes de hostilidad contra México no han cesado. Ayer en Evian, Francia, donde se clausuró la reunión del G-7, los países más industrializados de Occidente, el presidente Donald Trump reiteró, con nuevo énfasis, que México está totalmente controlado por los cárteles de las drogas, con un gobierno que ha perdido el control del país, encabezado por una mujer “asustada”. La retórica tiene otras asideras. La más importante, la designación de Jay Clayton como el próximo director nacional de Inteligencia, la oficina en la Casa Blanca que coordina a 18 agencias de inteligencia.
Clayton era el fiscal en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde está el caso de los 10 sinaloenses que, de acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia, pusieron el estado al servicio del Cártel de Sinaloa –en especial a la facción que encabezan Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán- a cambio de llevar a Rocha Moya al poder, y llevaba el juicio en contra del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Esa Corte ha sido descrita peyorativamente una y otra vez por Sheinbaum como una “oficina”, para mitigar el tamaño del problema en que se encuentran Rocha Moya y los sinaloenses. Esa “oficina”, el Southern District, es conocido como el “Sovereing District”, un juego de palabras para cambiar “sur” por “soberano”, que refleja el poder de Clayton. Malas noticias para los narcopolíticos. A diferencia de sus antecesores, será el primero que lleve en su equipaje toda la información sobre la complicidad del Cártel de Sinaloa con la 4T a la Dirección Nacional de Inteligencia y aportar conocimiento a lo que durante 40 años han recopilado las agencias sobre esa organización criminal.
La protección de Rocha Moya ha desgastado a la presidenta, que no tiene control sobre lo que decida el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sus tiempos, sus coyunturas y sus intereses inmediatos. Su protección equivale a una avestruz, que esconde la cabeza en la tierra pensando que con eso se olvidarán de ella.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

La CNTE ha sido derrotada. La estrategia de presión-movilización-presión-negociación que habían utilizado con sucesivos gobiernos para obligarlos a ceder ante su chantaje no funcionó. El punto de inflexión se dio, paradójicamente, al establecer la inauguración del Mundial de Futbol como un ultimátum no declarado y realizar una creciente presión para doblegar a la presidenta Claudia Sheinbaum. La vieron débil, enfocada y preocupada por la confrontación con Estados Unidos, dejando la negociación en los secretarios de Educación y Gobernación. Pero hubo un error de diagnóstico: pensar que, al acercarse la cita mundialista, iba a reaccionar como una política que se mueve por variables políticas, cuando lo que ha mostrado es que si bien primero la dominan sus temores e indecisiones, llega un punto en donde, cuando se siente acorralada, reacciona radicalmente.
Su interacción con el presidente Donald Trump les debió de haber servido de modelo. Bajo la figura de “cabeza fría”, Sheinbaum escondió sus temores ante la agresividad oral del jefe de la Casa Blanca, y fue cediendo en todas las pretensiones de seguridad de Washington hasta que las acusaciones contra varias figuras de Morena, cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, la dejaron en una posición donde para salir del acorralamiento, decidió cambiar las reglas de juego con Estados Unidos, peleándose con el gobierno y dejando el futuro de una relación de aliados en duda. ¿Por qué haría eso con el país del que depende más del 90 por ciento de la economía y no con la CNTE, viejo aliado de Morena, pero con una mala imagen pública y rendimientos decrecientes?
De acuerdo con personas que estuvieron cerca de las negociaciones, los maestros encontraron en la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación, Mario Delgado, dos interlocutores sin la experiencia para lidiar con ellos del otro lado de la mesa. La presidenta se interesó en el conflicto con los maestros una semana antes de inaugurarse el Mundial. Para entonces el gobierno había cedido a sus demandas económicas, con pequeñas reducciones en los montos originalmente planeados.
Querían mil millones de pesos en efectivo para repartir en las secciones afiliadas a la CNTE, y lograron poco menos de 700; pretendían mil plazas nuevas de maestros, y les ofrecieron 600. A la Sección 22, la más grande y vocal, le regalaron una prebenda adicional: que tomaran el negocio de los uniformes escolares en Oaxaca, que utilizan poco más de un millón de menores, que significaba un ingreso anual, de al menos 250 millones de pesos. A 48 horas de inaugurarse el Mundial, una persona con acceso a la información sobre lo que estaba sucediendo, dijo que en una escala de 1 al 10, estaban en 8, esperando que se alcanzara un acuerdo para el miércoles.
La CNTE apretó la pierna, sin explicación alguna. Dobló la apuesta y retomó la demanda de la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que ni López Obrador, que como Sheinbaum también lo prometió durante su campaña, estaban en condiciones financieras para cumplir con ese compromiso. Los plantones, las marchas, la incorporación de la extrema izquierda en la protesta y la amenaza de sabotear la inauguración, provocaron una fuerte discusión dentro de Palacio Nacional, donde varios funcionarios llegaron a plantear el uso legítimo de la fuerza para acabar con el plantón. “Estuvo a punto de realizarse”, dijo una persona que conoció los detalles de las deliberaciones internas, “pero la presidenta no quiso”.
Se optó por otra estrategia, que tuvo como premisa rechazar la negociación directa e involucrar al magisterio nacional. No fue solo para ganar tiempo. Sheinbaum tenía un aliado, Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la cual la CNTE es disidente, que contuvo a las 55 secciones magisteriales, incluidas 28 de las 33 que están afiliadas a ella, para encapsularlos. De esta forma no tuvieron apoyo de otras secciones disidentes, salvo de las históricas de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, por lo que la movilización y la protesta quedó acotada.
El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, habló con los gobernadores de Chiapas, Eduardo Ramírez; Guerrero, Evelyn Salgado; Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y Oaxaca, Salomón Jara, para decirles que si no dejaban de financiar a la CNTE en su movilización en la Ciudad de México, revisarían todas sus cuentas, sugiriendo una intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza una persona de su equipo, Omar Reyes Colmenares, contra ellos. El dinero dejó de fluir.
En las últimas 48 horas previas a la inauguración del Mundial, la presidenta endureció su posición. El miércoles, en la víspera de la ceremonia de apertura, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, que es una pieza de García Harfuch en la administración capitalina, dijo que si los maestros actuaban con violencia, se respondería proporcionalmente. El jueves desplegó al cuerpo de granaderos –que tienen otro nombre– desde la madrugada para cerrar el paso a los maestros disidentes, vestidos con sus uniformes tácticos completos, enviando la señal que estaban dispuestos a enfrentarlos. También aparecieron en los retenes policiales jóvenes con camisetas blancas. Algunos eran maestros y otros pertenecían a los grupos de choque que tienen las autoridades capitalinas.
La disidencia magisterial, que había enfrentado divisiones desde la asamblea de representes de las secciones de la CNTE la noche del miércoles, sobre las acciones que iban a seguir, sufrió un quiebre por la dura posición de Sheinbaum, que no habían calculado. El ala más radical de la CNTE, que encabeza la secretaria general de la Sección 22, Yenny Araceli Pérez, perdió el consenso. También perdieron, en los hechos o por la percepción, el respaldo del expresidente López Obrador, a quien le guardan un enorme respeto y todavía le consultan de manera regular sobre sus planes de movilización, protesta y demandas.
La CNTE continuó las protestas, pero con el combustible agotándose. Comenzaron a levantar el plantón para regresar a sus secciones, sin que llegaran jamás sus relevos. La presidenta rechazó una vez más su pretensión de dialogar con ella. Nunca lo ha tenido en la mesa de las consideraciones, y menos en este momento, en que la disidencia magisterial sufrió una derrota política y estratégica. ¿Por qué no cambiaron estrategia y realizaron un mejor perfil de Sheinbaum? Todavía no hay información para saber si fue solo un error de cálculo de la CNTE, o dentro del obradorismo recibieron ofertas de apoyo que al final no se concretaron.
[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

 

Paola Gárate llegó ayer a la Ciudad de México con miedo, temiendo por su vida. La semana pasada le dejaron una corona fúnebre en la puerta de su casa, una amenaza que se codificó en la Colombia de Pablo Escobar como “te vamos a matar”. Gárate, diputada local por el PRI, llegó a ese punto por sus denuncias sobre la participación del Cártel de Sinaloa en las elecciones en ese estado en 2021 que llevaron a Rubén Rocha Moya a la gubernatura, donde ella fue víctima de un secuestro para sacarla de la contienda, se visibilizaron nacionalmente hace unas semanas por la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 servidores públicos sinaloenses por esos hechos. Desde hace seis años el actuar de Gárate ha sido valiente y rayando en la temeridad. Hasta ayer.
Con la pistola en la frente, porque eso es lo que significó la corona fúnebre, Gárate salió de Sinaloa por tiempo indefinido. Dice que no se sentía segura. Es peor lo que estaba viviendo. El Estado mexicano, como a Carlos Manzo, la abandonó a su suerte. A finales de mayo solicitó protección a la presidenta Claudia Sheinbaum, y a los secretarios de la Defensa, Seguridad y Gobernación. Ni siquiera tuvo una respuesta institucional. Insistió ante el general secretario, Ricardo Trevilla, que realizaran un análisis de riesgo para determinar la protección.
La respuesta se la dio el general Julices Julián Tadeo González, coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, que la citó en su oficina y le pidió “estar en contacto con él”. De la protección 24/7 solicitada, ni una palabra. Si salía a carretera, agregó, que le dijera para “ver” si había elementos que pudieran estar por la zona, porque lo único que tendría sería el acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional para traslados oficiales o cuando existieran riesgos. ¿Cómo determinan el riesgo? Gárate está en riesgo permanente. González dijo que por instrucciones superiores no podía hacer nada más, y cuando le pidió que se lo diera por escrito, se negó.
Ninguna prueba de la omisión criminal del gobierno. El general se burló de una persona que se encuentra en el umbral de un asesinato. El miércoles pasado, cuando le dejaron la corona fúnebre le habló. Le envió una patrulla que llegó después de la policía local llamada a través del 911. La patrulla la iba a proteger de manera parcial, pero dejó de hacerlo el sábado, luego que la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, afirmó que contaba con protección estatal y federal. Falso.
No entiende nada el gobierno, o están dispuestos a pagar el costo de más asesinatos políticos por el simple hecho que son oposición. Gárate ha sido muy cuidadosa en sus denuncias de no meterse con ninguna de las facciones del Cártel de Sinaloa en guerra. Se ha enfocado en los políticos corruptos vinculados al crimen organizado. ¿Quién podría tener más interés en asesinarla? Definitivamente, no el Cártel. Su problema, se ha documentado durante seis años, no es el crimen organizado, sino los políticos de Morena vinculados a él, o que son parte estructural del Cártel. En octubre del año pasado le pusieron una pistola en la cabeza y le robaron su camioneta. Quien lo hizo iba vestido de traje –“parecía empresario”, recuerda–, y sus dos acompañantes iban en una Toyota RAV4, que apareció en una gasolinera. Quien le dijo dónde estaba no fue la policía, sino una diputada de Morena.
El gobierno no aprendió nada del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan ejecutado la noche del Día de Muertos en una festividad local el año pasado, a quien tampoco le quisieron dar protección federal, pese a pedirla insistentemente. Su asesinato provocó una crisis de credibilidad y legitimidad sobre la estrategia presidencial de seguridad, y puso la sospecha en figuras michoacanas de Morena sobre la autoría intelectual. Desde entonces, todo se ha profundizado, proporcionalmente a la insensibilidad del gobierno y a su cierre de filas para blindar a una decena de políticos sinaloenses acusados de vínculos con el crimen organizado.
La discrecionalidad del gobierno sobre a quiénes sí se protege y quiénes son desechables, es inaceptable. ¿qué sucedería si Paola Gárate es asesinada? Su muerte llegaría a la presidenta, no por ser culpable, sino por ser responsable. Previamente a la ejecución de Manzo, tanto la presidenta como miembros del gabinete de seguridad llegaron a burlarse de sus insistentes llamados a que hicieran lo que fuera para frenar al Cártel Jalisco Nueva Generación, y tras su muerte, pretendió politizar el crimen. Su asesinato, sin embargo, se les estrelló en la cara.
El asesinato le costó mucho a la presidenta. Javier Tejado escribió en su columna de El Universal días después, que en solo 48 horas el volumen de mensajes sobre el asesinato de Manzo sumaba el 70 por ciento de los registrados en 21 días por el campo de exterminio en Teuchitlán: 16 millones, 65 por ciento de ellos negativos y solo 2 por ciento positivos. “Es la peor crisis mediática y digital” del gobierno federal, subrayó. No hay muerto que valga menos, pero el contexto en el que se realizó el de Manzo era muy distinto al que el gobierno de Sheinbaum enfrenta en la actualidad.
Se puede argumentar que la ejecución de Gárate tendría un mayor impacto, por la trascendencia internacional en un momento donde la ejecución de Manzo puso los asesinatos de políticos opositores bajo la observancia y escrutinio de varios gobiernos. Pero también, porque su caso es uno de los que utilizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve servidores públicos en Sinaloa. Uno de ellos, el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, con quien se enfrentó Gárate, se entregó a los fiscales y está negociando ser testigo cooperante en Nueva York. El perfil de la diputada lo realza la columna vertebral de la acusación de la Administración Trump. Que la asesinen, sería como un disparo directo a Palacio Nacional.
Si la amenaza se traduce en su asesinato, la presión sobre la presidenta y el gobierno será enorme, porque dado el antecedente de Manzo, ejecutado por la negligencia de las autoridades federales, una repetición de aquel episodio, con la alerta que hizo Gárate sobre el reciente mensaje de muerte y los antecedentes de las denuncias de vínculos criminales de funcionarios sinaloenses con el crimen organizado, cobraría una dimensión que no parece estar viendo la presidenta.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

Se llama Iván Silva, y es probablemente la persona más influyente en Palacio Nacional. Dirige Heurística, una consultora política-electoral que nació en Guadalajara trabajando para el PRI y el PAN, y terminó manejando la estrategia electoral y las redes de las campañas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Operó desde el war room de López Obrador en la contienda de 2018 junto con Jesús Ramírez Cuevas, quien armó la maquinaria de propaganda del régimen que contribuyó a dividir a la sociedad y a establecer el odio. Viejos amigos, hoy se encuentran confrontados, porque en las luchas palaciegas, Silva se ha impuesto y es quien tiene el oído de la presidenta, y quien le fabrica la realidad que quiere oír.
Silva –que no tiene parentesco con la coordinadora oficial de comunicación social, Paulina Silva–, se ha apoyado en la arquitectura que usó Ramírez Cuevas para ser el que ahora dispare los cañones contra medios y periodistas críticos para descalificarlos, dañarles su reputación y neutralizarlos. En las últimas semanas, ha trascendido, ha invertido decenas de millones de pesos en las redes sociales para cambiar el rumbo de la conversación y desviar la atención de los políticos de Morena presuntamente vinculados con el crimen organizado.
Silva es quien tiene el presupuesto del gobierno para lavar la cara del régimen, maquillar las verdades para hacerlas parecer mentiras, y atacar a los críticos. De su oficina salió el estudio que dieron a conocer en una mañanera de que había una conspiración de la ultraderecha detrás de la marcha de la Generación Z a finales del año pasado, y los insumos torcidos para atacar al empresario Ricardo Salinas, a quien consideran en Palacio Nacional como un posible fuerte contendiente por la Presidencia en las elecciones de 2030. Sin que existan evidencias sólidas de lo que Silva le ha entregado a la presidenta –cuando menos en el primer caso–, es lo que ella quiere escuchar, tomándole la medida para ir ganando influencia y poder dentro del staff presidencial.
El ataque mediático a potenciales adversarios de Morena en las urnas y de los medios y periodistas críticos, con campañas sistemáticas en las redes sociales, utilizando los canales que levantó Ramírez Cuevas, que, aunque actualmente en el asiento del copiloto no es ajeno al calentamiento de la estrategia de la polarización, es una pata del plan de Silva, que incluye construir de manera artificial la aprobación de la presidenta.
Este plan se encuentra dentro de la gran encomienda que le dio Sheinbaum, ser el estratega electoral en 14 de las 17 contiendas para gubernaturas del próximo año, cuyo éxito depende en buena parte de que la alta popularidad de la presidenta pueda transmitir el mensaje de que Morena es imbatible, y mantener como voto duro al menos al 37% del electorado condicionado por los programas sociales. Con ese porcentaje, no ganarían la mayoría calificada en el Congreso, sobre todo si hay deserciones en sus aliados el PT y el Partido Verde, pero sí les ayudaría a remontar la pérdida que actualmente se calcula en Morena de ocho gubernaturas en juego, y limitar las derrotas en Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León, y eventualmente Campeche.
Para que esto pueda alcanzarse, de acuerdo con la estrategia de Silva, se requiere reforzar la percepción de la alta popularidad de la presidenta, por lo que tiene controlado, hasta el momento, al menos ocho casas encuestadoras –varias de gran renombre–, para que publiquen mensualmente sus resultados del acuerdo presidencial con el 68% como piso. Cuando alguna de las casas encuestadoras no logra sacar ese porentaje, mediante el levantamiento de la muestra y el fraseo y orden de las preguntas, Silva no les da autorización para publicar.
Silva creó Heurística en 2003 con su hermano David, y con Oswaldo Villegas y Alfredo Rico, e incursionaron en la política en la campaña de Aristóteles Sandoval para gobernador de Jalisco en 2012. Su trabajo en ese estado captó la atención de Yeidckol Polevnsky, cuando era secretaria general de Morena –debajo de López Obrador–, Mario Delgado, en su paso por el Senado, y de Ramírez Cuevas, que ya estaba construyendo la maquinaria propagandística, quienes les abrieron la puerta de Morena, observó Animal Político en 2022, citando a Campaign and Elections. Silva, junto con Ramírez Cuevas, estuvieron en el segundo cuarto de guerra de la campaña presidencial de López Obrador, y tras la victoria, de la mano de Delgado, Heurística se convirtió en el brazo estratégico del partido.
La consultoría comenzó a trabajar en todos los niveles del sistema a nivel federal, estatal y municipal, así como con secretarías de Estado y estatales, instituciones educativas, partidos políticos y organizaciones civiles. Pero las primeras adjudicaciones sustanciales se las entregó Delgado, cuando llegó como coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien también les abrió la puerta en los estados.
En 2021, Heurística manejó las campañas electorales de Marina del Pilar Ávila en Baja California, Víctor Castro en Baja California Sur, Layda Sansores en Campeche, Indira Vizcaíno en Colima, con quien Silva tiene una relación especial, Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán, y Rubén Rocha Moya en Sinaloa. Además de este último, Ávila, Vizcaíno y Ramírez Bedolla, al menos, están siendo investigados en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
La relación de Heurística con varios políticos de Morena sospechosos de esos lazos, como el expresidente del partido, Mario Delgado, actual secretario de Educación, propició que se abriera una investigación en Estados Unidos sobre Heurística, Silva, las empresas demoscópicas que está utilizando y las personas y los periodistas involucrados en el fortalecimiento del régimen con dinero y operación electoral del Cártel de Sinaloa.
El contexto y lo que sucede en Estados Unidos no ha sido obstáculo para que Silva sea el estratega comisionado por Sheinbaum para el proceso electoral del próximo año, aunque el consultor no parece estar jugando honestamente con la presidenta. Un ejemplo es que le hizo guerra sucia a la senadora Imelda Castro, contra los deseos de Sheinbaum como candidata al gobierno de Sinaloa. El otro, quizás más grave, es que ha recurrido al empresario Fernando Padilla para que sea el principal financiero de las campañas para gobernador, cuando es el principal operador financiero del senador Adán Augusto López –y de Andrea Chávez, que no está en el ánimo y que busca la gubernatura de Chihuahua–, que también está siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

La gente pudo más que la CNTE. Ayer caminó hacia el Estadio Azteca y el Fan Fest de FIFA en el Zócalo dispuesta a llegar a su destino y celebrar lo que esperaban sería la victoria de México al inaugurarse el Mundial. En el Zócalo, miles de personas superaron en número a los maestros disidentes que mantienen sitiada la Plaza de la Constitución, que no se atrevieron a confrontarlos. Sobre la Calzada de Tlalpan, los maestros pretendieron cerrarle el paso a la afición, pero los hicieron a un lado. Fue una actitud decidida, pero también contrastante.
A 38 kilómetros de distancia del Azteca, la presidenta Claudia Sheinbaum vio todo el evento inaugural en el Deportivo Galeana, donde se instaló un Fan Fest menos ambicioso, porque al del Zócalo tampoco quiso ir. Fue raro e inédito que se hubiera inaugurado la justa máxima del futbol sin las palabras de bienvenida de la líder del país anfitrión. No hubo discurso, y la simbólica presentación del trofeo que tendría que haber hecho con Sheinbaum, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la tuvo que hacer con Salma Hayek.
Sheinbaum decidió hace algunos meses que no iría a la inauguración, ante el temor del abucheo. El ánimo del estadio, diagnosticó bien, no la iba a recibir bien. A la entrada del estadio se estuvieron repartiendo pañuelos blancos que pedían que al cantarse el Himno Nacional, el Cielito Lindo y en cada ola, se acompañara por el grito de “¡saca el pañuelo!, ¡saca a Morena!”. No se vieron muchos pañuelos blancos ondeando en las gradas, pero desde el primer tiempo sí hubo muchos “¡fuera morena!, ¡fuera morena!”, en las gradas arriba de los palcos, que tuvieron un distinto metabolismo al humor en las gradas en la parte baja del estadio, donde como referente y comparativo, no prendió ni una sola ola.
La polarización de las calles se metió al estadio, donde sin embargo, hubo un punto de acuerdo con la presidenta: el CNTE no iba a sabotear la inauguración de la Copa del Mundo. En la víspera, todo era incertidumbre. Más de cinco horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación no habían llegado a un acuerdo definitivo, aunque en los discursos de lo que sucedió, hubo un cambio de tono.
Gobernación dijo que había propuesto una mesa para explicarle a la CNTE porqué era financieramente imposible derogar la Ley del ISSSTE de 2007; es decir, platiquemos lo que quieran, pero su principal demanda, de antemano, está rechazada. El gobierno de la Ciudad de México también apretó la pierna y advirtió que si la CNTE bloqueaba los accesos al estadio, no lo permitiría, y si utilizaban la violencia, responderían consecuentemente, eufemismo del uso legítimo de la fuerza.
La CNTE pareció recular desde el miércoles en la noche y discutió por más de tres horas con los representantes de la disidencia magisterial, las acciones que harían este jueves de inauguración mundialista. Lo intentaron desde temprano, pero fueron frenados por la policía y superados, sin violencia, por la gente. No se enfrentaron con nadie, pero de manera extraña, tras el primer gol de México, un grupo de encapuchados vestidos de negro, como los grupos anarquistas en la capital federal, se trenzaron en una escaramuza violenta con la policía en una de las puertas de acceso al Azteca durante 20 minutos.
Esos grupos radicales nunca han sido vinculados con la CNTE, ni con las madres buscadoras, que también protestaron, ni con ninguno de los otros grupos que expresaron su inconformidad ayer. Con quienes sí han estado relacionado por años, es con funcionarios federales que están en la mesa de negociaciones con la CNTE, y de la Ciudad de México, donde tienen sus tentáculos de presión en la capital. El choque que buscaron con la policía, cuyos cuerpos de granaderos –que oficialmente no existen–, llevaban sus uniformes tácticos completos, esperando cualquier cosa en una jornada incierta.
La CNTE está en el momento de mayor debilidad desde que en diciembre amenazó con boicotear el Mundial si no se atendían sus demandas. Había un plazo para que llegaran a un acuerdo con el gobierno, que debe leerse como que el gobierno accediera a todas sus peticiones: el 10 de junio, cuando debía abrirse el Fan Fest en el Zócalo, y el 11, día de la inauguración del mundial. Lograron una pequeña ventaja táctica al impedir la apertura del Fan Fest, pero no pudieron extenderla más allá de las 10 de la mañana de ayer. La inauguración se realizó de manera espectacular en su programa multicultural y musical y la primera victoria de México.
Por el momento, se puede argumentar que la CNTE entró en un momento de rendimientos decrecientes, porque se topó con el muro del gobierno que no ha cedido en su demanda sobre la Ley del ISSSTE, que se entiende porque sería un suicidio financiero y político-electoral, porque les costaría 20 puntos del PIB, que pueden provocar una deshidratación de los recursos para programas sociales. La disidencia magisterial ha perdido momentum y credibilidad. Su beligerancia encontró una posición dura de la presidenta que, a diferencia de muchos de sus predecesores, no se ha dejado extorsionar.
Esto le da puntos y un triunfo: la fiesta mundialista comenzó tal y como lo había prometido, con saldo blanco. Pero no se ha solucionado todo. Los problemas siguen como estaban con la CNTE, cuya protesta galvanizó la inconformidad de otros sectores, por lo cual los problemas cada vez se incrementan más y más y, al mismo tiempo, se vuelven más complejos de resolver por la forma como varios de ellos se entreveran. La CNTE, si la mayoría de sus secciones sienten que está siendo derrotada, puede comenzar a comer la lumbre que no ha ingerido hasta ahora, y buscar estirar más la liga de tensión con el gobierno.
Tampoco está resuelta, sino al contrario, se ha exacerbado la polarización. Junto con los gritos contra Morena en el Azteca, circularon imágenes con los nombres del senador Adán Augusto López, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalándolos de “narcopolíticos”. La correlación del crimen organizado con el partido en el poder sigue avanzando en el imaginario colectivo, al tiempo de la percepción de debilidad del gobierno federal, por no actuar judicialmente contra ellos. No está la presidenta en las mejores semanas de su sexenio, pese al respiro de ayer, y no hay expectativas reales que mejorarán.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

Imagínese estar en el centro de la cancha del Estadio Azteca, y ve la última fila en la grada más lejana, que es como mirar un edificio de 40 pisos acostado. La monumentalidad arquitectónica que Pedro Ramírez Vázquez proyectó como si fuera uno de los grandes centros ceremoniales mesoamericanos, abruma, sobrecoge, intimida. No es solo su enome tamaño. Es la carga simbólica la que amplifica cualquier emoción, porque el Estadio Azteca pertenece a una categoría reservada para muy pocos estadios en el mundo, aquellos cuya historia terminó siendo más grande que sus muros.
Imagínese estar en el corazón de la catedral del futbol mundial, que tenemos tan cerca que nos perdemos en dimensionar que ese es el tamaño histórico del Estadio Azteca. Cierre los ojos y recuerde: ahí se jugaron dos finales de Copa del Mundo; ahí se cruzaron las historias de Pelé y Maradona, como escenario de dos generaciones distintas de inmortales, donde se jugó el partido en el que apareció “la mano de Dios” y se anotó el gol más hermoso de la historia, y se escenificó el juego del siglo entre Italia y Alemania, donde Franz Beckenbauer peleó en la cancha durante casi todo el tiempo con el hombro dislocado e inmovilizado en un cabestrillo, como ícono de la batalla donde 22 gladiadores dejaron todo su coraje ante un estadio que rindió tributo a su dignidad.
Imagínese en el Estadio Azteca, donde el sonido colectivo produce una sensación de pertenencia más grande que uno mismo. El Himno Nacional y el Cielito Lindo. Las Golondrinas. El gol de penalty cobrado por El Halcón Gustavo Peña, para derrotar a Bélgica y pasar a los cuartos de final en 1970, y el gol de media tijera de Manuel Negrete en el minuto 23 del primer tiempo, también contra Bélgica, en 1986, que levantó a los 100 mil aficionados en un alarido que describiría más adelante como una sensación de éxtasis. Los grandes momentos siempre generan explosiones de júbilo, pero el Estadio Azteca no aplasta tanto con la celebración que con los abucheos que pueden aplastar.
El Estadio Azteca es una experiencia difícil de explicar para quien nunca ha estado ahí, pero fácil de recordar para no solo para quien alguna vez se asombró, se sintió intimidado y soñó desde sus butacas, sino para quienes ven en este deporte existencialmente, como parte de la condición humana. El Estadio Aztdeca no es el más moderno, incluso huele a viejo, y tampoco el más lujoso. Sin embargo, cuando se menciona su nombre en cualquier conversación sobre futbol, ocupa un lugar que el dinero no puede comprar y que la ingeniería por sí sola no puede construir.
El Azteca ha sido un santuario deportivo mucho antes de que la palabra se utilizara con ligereza para describir los grandes estadios. Su majestuosidad no reside únicamente en las masas de concreto, el acero o las dimensiones de sus tribunas, que nadie más tiene en el mundo. Está en la acumulación de historia. Hay estadios más nuevos, más costosos y tecnológicamente superiores. Pero muy pocos pueden afirmar que fueron testigos privilegiados de la historia de un deporte y, al mismo tiempo, de la historia de una nación que alguna vez quiso verse a sí mismo entre los grandes.
Wembley es uno de los grandes templos del futbol mundial, porque en Inglaterra se inventó en 1863 en una cantina de Londres, que el Imperio Británico expandió en la primera gran globalización y por Wembley, el simbólico estadio que recibe su nombre como una gran parte de estadios y equipos en Europa, por el barrio donde se construyó, que ha tenido dos vidas: la del estadio construido en 1923 con sus dos torres, y el nuevo levantado sobre sus ruinas en 2007, donde la memoria que recoge es el travesaño a la entrada a los palcos de la final contra Alemania en 1966, donde pegó el balón que disparó Geoffrey Hurst en la final de la Copa, que todavía hoy se discute si entró o fue un regalo del árbitro.
Maracaná es otro de los templos del futbol, donde se jugaron dos finales, contra Uruguay en 1950 y contra Alemania en 2014. En ambas perdieron, pero nada de entre todas las derrotas desde que se juega la Copa del Mundo desde 1930, ha causado tanto estupor en una nación como el marcanazo hace 77 años, cuando Alcides Ghiggia metió el segundo gol de Uruguay a 11 minutos del final del juego que enmudeció el Maracaná y provocó decenas de crisis nerviosas y paros cardiacos por la tensión del partido. Pero Maracaná, se puede argumentar, es más famoso no por el estadio en sí, sino por la magia del jogo bonito brasileño que ha llevado a su escuadra a ser la más exitosa en las copas mundiales.
Brasil, a quien se le entregó México en el Mundial de 1970, obtuvo en el Azteca su tercera copa, la Jules Rimet, que por 40 años los grandes del futbol habían luchado por ella. Ahí se despidió Pelé y Brasil en ese estadio que nació como una pirámide moderna que abraza. Su diseño permite que quien se encuentre en la parte más alta del estadio, a unos 135 metros de distancia de la cancha, vea el encuentro con una visibilidad que pocos tienen en el mundo, y que el sonido de más de ochenta mil voces produce una vibración que parece emerger desde el subsuelo, con su ruido que rebota en el concreto y regresa amplificado.
El Estadio Azteca es una masa de concreto que se levantó en un desnivel en el barrio popular de Santa Úrsula, construida sobre la lava del Xitle que hizo erupción hace más de mil 500 años. Cuando se construyó el Azteca en los 60’s, el concreto simbolizaba progreso y el poder del Estado, pero trascendió gobiernos y generaciones para convertirse en un símbolo nacional. Es parte de la identidad de nuestra nación, y muchos encontramos en el Azteca una parte de nuestra propia historia.
Hoy sentiremos nuevamente el orgullo nacional, al inaugurarse la tercera Copa del Mundo en el Azteca. México tiene un seleccionado que a decir de los expertos, no es el de mayor calidad que hemos presentado, pero tiene algo que es más importante que la técnica, el hambre de triunfar. Va por México. Vamos por México.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

Todo apunta a que, finalmente, el gobierno federal encontró la punta de la madeja para resolver la tensión que la Coordinadora magisterial, la CNTE, creó en la Ciudad de México en vísperas de la inauguración del Mundial de Futbol. Dos hechos lo explican: la detección de 59 petardos que transportaba una célula radical dentro del Comité Estudiantil de la Escuela Normal en Ayotzinapa, y el matiz en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la violencia en las movilizaciones de los maestros, al dejar de hablar únicamente de la “ultraderecha” como única responsable, sumando a la “ultraizquierda”, y afirmando sin pruebas, pero también sin dudas, que “los extremos se juntan”.
Desde que regresó la CNTE a la capital federal a finales de mayo, su estrategia fue elevar los costos al gobierno mediante amagos de un sabotaje al Mundial, por lo cual alteraron su viejo calendario de movilización, presión y negociación, para ajustarlo a los tiempos de la fiesta futbolera. La violencia en la Ciudad de México fue acompañada por las disidencias magisteriales en Oaxaca y Guerrero, que lograron que los medios internacionales proyectaran lo que la presidenta dio acuse de recibo ayer: caos e ingobernabilidad.
Pero detrás de la disidencia magisterial, expuesta sutilmente por el gobierno federal, operó el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que aprovechó las condiciones de un mal manejo político para resolver la crisis con la CNTE, e intentar un foco insurreccional durante la jornada de lucha anunciada en el marco del contexto del Mundial, que tuviera como objetivo “que se visibilice la situación de los trabajadores de México a nivel internacional”, como expusieron en la edición de junio de su periódico El Insurgente.
La CNTE, que es un grupo de presión, también es parte de un amplio frente de masas ligado al EPR, un grupo armado que fue reducido en los primeros 15 años del siglo, pero que no ha claudicado ni dejado de pugnar por las condiciones de un cambio de régimen. Representan el ala dura radical de una izquierda que considera que los gobiernos de la 4T, con Sheinbaum o Andrés Manuel López Obrador, son “juntas administrativas”, con un carácter capitalista y burgués, como reiteraron en El Insurgente.
En la misma edición publicaron un largo ensayo de apoyo a la CNTE en su reclamo de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, a la que se opone el gobierno, mostrando “cómo la administración actual se aferra a la defensa del interés de los monopolios, en este caso de la firma Black Rock, quien controla gran parte de los fondos de pensión de los trabajadores de la educación. Un fondo financiero de inversión que concentra el capital monopolista transnacional que está ligado a la junta administrativa actual y particularmente a la formación académica y la carrera política de la mandataria federal”.
La CNTE nació en Chiapas, pero Oaxaca, donde se encuentra la Sección 22, es donde late su corazón insurrecional. Históricamente, los liderazgos de la 22 han estado orgánicamente ligados al EPR, que la maneja como su frente de masas, cuya estrategia táctica es ampliar sus bases de apoyo y forjar alianzas en el mundo de las instituciones. El EPR tiene también un pie en la normal de Ayotzinapa, particularmente en los comités vinculados con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, que se sumaron desde el lunes a las movilizaciones en la capital federal.
El EPR no es el único que tiene un pie plantado en la normal Isidro Burgos. En el Apartado 9 de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la desaparición de los estudiantes –quizás, junto al Caso Colosio, la mejor y más profunda investigación sobre un crimen en México–, se documentó la infiltración de la normal, además del EPR, del más militarista Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del primero con vasos comunicantes con el crimen organizado en Guerrero; grupos delincuenciales como Los Ardillos, la fuerza oscura dominante en ese estado; el Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia.
De acuerdo con el comunicado oficial sobre el aseguramiento de los 59 petardos, fue resultado de una denuncia “anónima”, que ocultó que se debió a un trabajo coordinado de las áreas de inteligencia del Estado mexicano este lunes. El cruce de información de inteligencia permitió saber que esos petardos eran parte de un millar que pensaban utilizar en estos días.
La parte civil había fracasado en entender el problema con la CNTE, pero al entrar las áreas de inteligencia coordinadamente, se fue cuadrando la información, como el hecho de que los grupos armados y su frente de masas tiene bodegas en la Ciudad de México donde almacenan los pertrechos que utilizan en los tramos radicales de sus movilizaciones. De ahí surgieron las detecciones de Jesús García Estrada, El Coquillo, señalado en los informes de inteligencia como presidente del Comité de Lucha en Ayotzinapa, y responsable de coordinar la logística y distribución de los explosivos, y de Juan Miguel Hernández Carbajal, El Mamado, que armó “los otros desaparecidos de Ayotzinapa”, tras separarse de los dos grupos en los que se encuentran divividos los padres de los 43 normalistas.
El EPR tiene su centro de pensamiento estratégico en la Universidad de la Costa, una universidad pública en Pinotepa Nacional, y aunque no está orgánicamente vinculada con la guerrilla, actúan en esa región donde los movimientos sociales luchan contra las desapariciones forzadas realizadas por los gobiernos de Morena, que es otra de las denuncias recurrentes de la organización armada. También, junto con el ERPI tiene lazos históricos con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero –siempre la ha negado–, que está afiliada a la CNTE.
No hay evidencias que el EPR pretendiera brotes de violencia armada en la Ciudad de México, sino utilizar la vitrina de la movilización para denunciar algo que está sucediendo ante nuestros ojos donde el país no está reparando: el fortalecimiento de leyes que pretenden mayor control social, como la cédula de identidad con datos biométricos, y el registro obligatorio de celulares, junto con la criminalización de la lucha popular, “que facilite una respuesta represiva”. Esta, pese a las presiones de un sector duro en la 4T, no se dio pese a las provocaciones, como observó la presidenta, que pudo haber ya encontrado los resortes para acabar con esta crisis.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

Las malas noticias continúan llegando al gobierno de México. La última fue la confirmación de que la visa del senador Adán Augusto López Hernández, una de las personas más cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido revocada como parte de la profundización de la investigación en Estados Unidos por sus presuntos lazos con el crimen organizado. No hay detalles sobre la investigación en su contra, pero la pista que se le sigue desde el año pasado es conocida por el gobierno.
El interés en el senador se descubrió aquí en septiembre, cuando tras el encuentro del secretario de Estado, Marco Rubio, con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, le entregaron al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Marco Rubio, fichas de López Hernández sobre su involucramiento en el contrabando de combustible desde el sur del país, distinto al que manejaba el empresario Sergio Carmona en Tamaulipas y el norte del país, con el cual financió ocho campañas para gobernador en 2021.
La información que recibió García Harfuch fue la razón de la insistencia de la presidenta para que aceptara una embajada, que López Hernández se negó siquiera a considerar. Respaldado por López Obrador, se mantuvo al frente de la coordinación de Morena en el Senado, hasta que finalmente renunció a ella en febrero. López Hernández, sin embargo, no fue sujeto de ninguna investigación en México, que es lo que sugería Rubio que se llevara a cabo, en buena parte porque esta carpeta habría tocado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, sobre el cual existen evidencias en los dos países de su presunto involucramiento en el huachicol fiscal.
Las autoridades estadunidenses han cuestionado en sus conversaciones con las mexicanas, la debilidad de las acciones contra Hernán Bermúdez Requena, a quien López Hernández nombró secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, desde donde fundó la organización criminal La Barredora, que era el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sur del país. Esa organización se extendió a la frontera con Guatemala con el respaldo del exgobernador de Chiapas y cuñado del senador, Rutilio Escandón, actual cónsul en Miami, sobre el cual ya se abrió una investigación paralela.
La confirmación del Departamento de Estado al gobierno mexicano de la cancelación de la visa del senador, levantó las alertas en Palacio Nacional ante la posibilidad de que siga una acción en contra de López Beltrán, o de alguno de los otros dos hijos del primer matrimonio del expresidente, por lo que la cancillería está monitoreando cualquier acción en Washington en contra de la familia del expresidente. Los hijos de López Obrador, en especial Andrés, tiene una cercana relación con el senador, presuntamente en el contrabando de combustible.
El gobierno estadunidense le confirmó al mexicano que las visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, fueron revocadas. Los dos han negado que la información sobre sus visas que dio a conocer el diario Los Angeles Times, fuera cierta. La realidad, de acuerdo con la reciente información entregada al gobierno mexicano, es que junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya son tres los mandatarios en activo contra quienes Estados Unidos está actuando, producto de sus investigaciones sobre sus presuntas actividades criminales.
La información que se ha enviado desde Washington, por lo que ha trascendido, no se detendrá en esos gobernadores. Sin que se hayan dado a conocer los nombres de quienes están siendo investigados por sus vínculos con el crimen organizado, incluye a otro número no precisado de gobernadores, diputados, senadores y funcionarios de alto nivel de Morena, y aunque predominan los militantes de ese partido, también hay investigaciones contra funcionarios estatales y locales de otros institutos.
La información de la cancelación de la visa de López Hernández coincidió con una serie de acciones en el Capitolio para fortalecer la lucha contra el huachicol fiscal y ubicar su combate como un asunto de seguridad nacional. El 14 de mayo, el senador republicano, John Cornyn, miembro del Comité de Inteligencia y de Justicia, y la senadora demócrata Jacky Rosen, miembro del Comité de la Fuerzas Armadas y de Relaciones Exteriores, introdujeron una iniciativa de ley para reforzar el papel directo del Departamento de Guerra en el combate al huachicol y colocarlo como un tema de seguridad nacional.
La iniciativa se encuentra bajo consideración del Senado.
No es el único presunto crimen por el que lo están investigando. Los servicios de inteligencia estadunidenses han detectado que buscó introducir ganado, aparentemente de Nicaragua, que en realidad provenía de Venezuela, y que creó una red criminal que atraviesa Chihuahua, un estado que tendrá elecciones para gobernador el próximo año, donde respalda con apoyo político y sus financieros, a la senadora Andrea Chávez. La información que se tiene de él, que no está judicializada, menciona lavado de dinero a través de factureras y de empresas que están a nombre de prestanombres, vinculados también a Andy, como llaman al segundo hijo de López Obrador.
El senador ha sido discreto, pero eficaz. Su principal financiero, Fernando Padilla, que inyectó dinero en la precampaña de la senadora Chávez, y se ha convertido en el principal fondeador de recursos de Iván Silva, que dirige la empresa consultora Heurística, y que es el principal estratega electoral de la presidenta. La relación entre Sheinbaum y López Hernández no es buena, y, al igual que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, fue invitado a no asistir al discurso de la presidenta hace dos domingos para celebrar dos años de su victoria en las urnas.
Las investigaciones contra el senador y los tres gobernadores, de acuerdo con la información que se hizo llegar al gobierno mexicano, ha provocado que algunas cuentas de ellos en Estados Unidos ya hayan sido congeladas, y que varias de sus propiedades, estén en proceso de ser embargadas. No se reveló quiénes de los cuatro son los que no pueden utilizar el dinero que tengan en cuentas en aquel país, ni sobre el detalle de las propiedades que asegurarán las autoridades estadunidenses.
López Hernández es uno de los políticos de mayor interés para Estados Unidos, por su presunto papel de haber abierto la puerta de la frontera sur a grupos político-criminales de otros países y por la supuesta red que tejió con el crimen organizado en México.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

No se sabe si a la presidenta Claudia Sheinbaum le gusta el futbol, pero lo que sí se sabe, por sus acciones, es que le da escozor lo que representa como negocio. El futbol es, desde su nacimiento, una empresa privada administrada por la FIFA, que lo ha expandido y ha hecho de la asistencia a los estadios, sobre todo en la Copa del Mundo, un privilegio para los que más tienen o para quienes están dispuestos a endeudarse. Como nunca antes, el Mundial levantó fuertes quejas por el alto costo de los boletos en México y Estados Unidos
Sheinbaum no asistirá a la inauguración, y como gesto de empatía social, le regaló su boleto a una niña indígena futbolista. Fue una jugada politica que hay que ver como los goles en el futbol, atrás de la portería. Para las imágenes es perfecto. El símbolo es de rechazo al cuestionado negocio del futbol y muestra de austeridad repubicana e inclusión. Para la narrativa, fue superior a respetar los protocolos diplomáticos y acompañar a Cyril Rampaphosa, presidente de Sudáfrica, contra quien jugará México en la inauguración, quien hasta ahora no ha cancelado sus asistencia. Pero para la memoria de este sexenio, la realidad, menos romántica, será su miedo al abucheo.
No es la primera vez que un presidente mexicano le tiene miedo al repudio, pero sí será la primera que prefirió guardarse antes que exponerse y escuchar el grito de la gente. Gustavo Díaz Ordaz inauguró los Juegos Olímpicos de 1968, diez días después de la matanza de Tlatelolco, bajo los gritos de asesino. Miguel de la Madrid inauguró la Copa del Mundo de Futbol en 1986, con la furia del público gritándole “culero”, por la percepción de que se paralizó durante el terremoto en la Ciudad de México un año antes.
Sheinbaum hará historia. Nunca antes un jefe de Estado había dejado su silla vacía en la inauguración de una Copa del Mundo. Se especuló que el francés Albert Lebrun fue el primero en 1938, pero hay evidencia que asistió –incluso que pateó el pasto en lugar del balón–. Nelson Mandela no estuvo en la inauguración en 2010, en el juego contra México, por la muerte de su nieta. Y Dilma Rouseff no asistió a la inauguración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, porque estaba suspendida como presidenta sometida a desafuero político, pero asistió el presidente interino Michel Temer.
No existe una obligación jurídica internacional que obligue al jefe de Estado a asistir, y la FIFA, como el Comité Olímpico Internacional, no pueden obligarlos. Pero sí hay una costumbre diplomática consolidada, por lo que altera los usos y costumbres políticos y diplomáticos. En eventos de esa magnitud, se espera que el jefe de Estado o de gobierno encabece la bienvenida oficial, asista a la ceremonia inaugural y reciba a dignatarios extranjeros, como hizo el presidente de Francia, Emmanuel Macron en los Juegos Olímpicos de París hace dos años, donde tuvo una asistencia discreta, pero se reunió con más de 100 líderes del mundo presentes. Se espera que Sheinbaum reciba a Ramaphosa antes del partido, pero no está confirmado. Tampoco si se reunirá con el rey Felipe VI que viajará a Guadalajara al partido entre España y Uruguay.
Las ausencias suelen interpretarse políticamente, aún si formalmente no violan reglas. Las inauguraciones son un escaparate internacional para mostrar legitimidad y unidad nacional, y en países polarizados, como México, se evalúan riesgos como los abucheos y las protestas, por el desgaste mediático y el golpe inevitable en los niveles de aprobación. Para Sheinbaum, el acuerdo presidencial es la prueba –falaz– de un buen gobierno.
Su ausencia no ocurrirá en un vacío político. Al contrario. El país está dividido y enconado. Las protestas sociales se multiplican, algunas con una carga emocional y política como las madres buscadoras, y otras que regalan imágenes de violencia a los medios de comunicación del mundo, de maestros enfrentados con la policía y gases que llaman en el exterior lacrimógenos, estrangulado la Ciudad de México y arruinando, hasta este momento, la organización y las actividades del eje del llamado “mundial social” por el gobierno, en el Centro Histórico. Los intentos de proyectar normalidad no han funcionado, porque la realidad tiene la mala costumbre de colarse por las grietas de la propaganda.
El Estadio Azteca no ayuda a aquello en lo que el régimen fue tan exitoso durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la narativa épica, que ya se desvaneció. Tampoco es una plaza controlada, ni pueden llevar acarreados. Tampoco es el circo de la mañaneras con preguntas a modo y sin réplicas incómodas. Los estadios son otra cosa. Nadie, en un espacio tan libre, puede administrar la narrativa. El Azteca representa esa variable indomable.
Un episodio de esa naturaleza metería nuevamente a la paradoja al movimiento que durante años presumió conexión con “el pueblo bueno” y que hoy desconfía de las expresiones espontáneas del público. El obradorismo construyó su legitimidad atacando a las élites encerradas en una burbuja, pero desde el epílogo de la presidencia de López Obrador, cuando lo comenzaron a increpar en cualquier lugar público donde se parara, como ha sucedido frecuentemente con Sheinbaum, se ha comportado exactamente igual como a quienes criticaba, evitando los espacios donde no pueda controlar la reacción social.
El sonido es democrático cuando el humor social cambia, y el Estadio Azteca pudiera convertirse en tribunal. Lo vivieron Díaz Ordaz y De la Madrid. Lo experimentaron López Obrador y Felipe Calderón en eventos nacionales, y probablemente sería la misma incomodidad para Sheinbaum, ante el ánimo en este país que no registran tan bien las encuestas como la efervescencia de las calles. La diferencia, una vez más, es que ellos osaron donde ella se arredró. En su evaluación, realizada mucho tiempo antes de vivir los tiempos actuales de múltiples crisis internas y externa, debieron haber visto que el riesgo no era futbolístico, sino político. Mejor no ir.
Pero la silla vacía pesa más que cualquier discurso. No desaparecerán los abucheos por el simple hecho que no los escuchará, ni desaparecerán las molestias sociales y políticas. Solo se aplazarán. El gobierno dejó hace tiempo de controlar la narrativa y las redes sociales que llegaron a ser suyas. La decisión de no asistir y soportar el sonido de la multitud fue defensivo, pero expresó, inevitablemente, fragilidad.

[email protected]
X: @rivapa_oficial

 

 

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, remató el expresidente Andrés Manuel López Obrador una carta que dio a conocer la noche del miércoles para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum, y de reflexión sobre Donald Trump, el jefe de la Casa Blanca. La carta, más allá de quien la escribió, refleja su pensamiento, y con una redacción más desenfadada –ya no es titular del Ejecutivo–, se extraña que el Trump 2.0 que está en Washington, no tiene nada que ver con la versión 1.0 que conoció.
En efecto, nada que ver. Sus prioridades políticas cambiaron, y ahora, como apuntó, bajo el señalamiento de “narcoterrorista” que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, “cuenta con licencia para secuestrar, cazar y ajusticiar de manera extraterritorial a cualquier persona sin pruebas, juicio o sentencia alguna”. En estas palabras está la clave de la reflexión de López Obrador, que sueña con aquel con el que jugó por sus necesidades para controlar la inmigración, y tiene pesadillas con el que está bosquejando su futuro.
López Obrador rompió el silencio, porque las condiciones que él se había impuesto para no hablar en público, son inexistentes. Su carta refleja miedo, y lo que antes veía como probabilidad, ahora está viendo que es una posibilidad. Desde la transición de poder en 2018, el entonces presidente habló con colaboradores de Sheinbaum que iban a ocupar puestos en el gabinete de seguridad, para pedirles que cuidaran a sus hijos, y cancelaran cualquier investigación en su contra.
Alejandro Gertz Manero, que se distinguió como un fiscal que persiguió más a su familia política con delitos inventados, que a criminales, fue forzado a renunciar el año pasado porque desafió la gravedad del régimen: se negó a cancelar una investigación sobre Andrés Manuel López Beltrán y el empresario Raúl Rocha Cantú –copropietario del Miss Universo–, relacionada con el contrabando de combustible. Pero la confianza de que las amenazas se habían neutralizado, se evaporó cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rubén Rocha Moya de haber recibido el apoyo del Cártel de Sinaloa para ganar la gubernatura en 2021. Fue lo último que soportó.
Su carta pública se dio a conocer unas 14 horas después de que el periódico Los Angeles Times reconfirmó que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, estaban siendo investigados en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado y huachicol fiscal. Las revelaciones en la prensa mexicana sobre esas investigaciones fueron minimizadas como “ciencia ficción”, pero al brincar a los medios estadunidenses, fueron verosímiles y tomaron carta de legitimidad.
López Obrador, se puede decir, sintió que el fuego, coloquialmente hablando, le estaba llegando a los aparejos. Rocha Moya, de acuerdo con datos de inteligencia en México y Estados Unidos, era su enlace con Ismael El Mayo Zambada, cuando era el jefe del Cártel de Sinaloa, con quien negociaban las candidaturas a puestos de elección popular en el noroeste del país. Durazo, a quien se le ha dado seguimiento de sus vinculaciones con esa organización desde que era secretario particular del presidente Vicente Fox, fue presuntamente receptor de dinero del crimen organizado para las elecciones presidenciales de 2018, y quien le pidió liberar a Ovidio Guzmán López, que manejaba el tráfico de fentanilo ilegal, en el famoso Culiacanazo en 2019.
La “cacería” de esos gobernadores que entran en la categoría de “terroristas”, como definió Estados Unidos a seis cárteles de las drogas mexicanos en 2024, parece haber alterado los nervios de López Obrador, y se dio cuenta que lo que llamaba “politiquería” de Trump, iba en serio. Tiene razón. López Obrador ocupa el número uno en la baraja de la estructura política-criminal que están investigando los servicios de inteligencia y policiales en Estados Unidos, que se alió con la inteligencia cubana –al menos un activo de ellos era parte de sus ideólogos de cabecera.
López Obrador tiene dos investigaciones abiertas en Estados Unidos. Una de ellas incorpora dos transacciones electrónicas que llegaron a funcionarios en Palacio Nacional días después que saludó a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán en marzo de 2020 en La Tuna, una comunidad del municipio de Badiraguato, donde vivía. Los fiscales en Nueva York también cuentan con declaraciones de Jesús El Rey Zambada, hermano de El Mayo, sobre el dinero que le daba al gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, para protección. Y existen grabaciones de financieros del Cártel de Sinaloa con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, donde mencionan sus vínculos con colaboradores de López Obrador en Palacio Nacional.
Esto es apenas una parte de lo que durante años se ha ido documentando en Estados Unidos contra López Obrador, aunque parece improbable una acción en su contra y lo extraiga un comando como lo hizo con Zambada en 2024. La principal consideración es la inestabilidad que le podría causar a la presidenta Sheinbaum. Él es a quien más quisieran detener en la DEA y la CIA, y en algún momento eso podría suceder. Pero la decisión en Washington, a partir de la evaluación de los tiempos, contexto e intereses, es tan incierta hoy, que nada es seguro.
El nombre de López Obrador no ha figurado como persona de interés en ninguna de las reuniones entre funcionarios de ambos países o en los encuentros que ha sostenido la presidenta Sheinbaum con miembros del gabinete estadunidense. La atención se ha centrado sobre gobernadores y líderes del partido, mencionados ayer en este mismo espacio, y sobre otras figuras del obradorismo, en especial el senador Adán Augusto López, que es el nombre que más veces ha sido mencionado por los estadunidenses.
En el organigrama político-criminal que han elaborado los servicios de inteligencia, el número dos de López Obrador es el general Audomaro Martínez, que fue director del Centro Nacional de Inteligencia, quien a través del “rey del huachicol”, Sergio Carmona, tenía contacto con todos los cárteles. Debajo se encuentran López Hernández y Leonel Cota, subsecretario de Agricultura. Posteriormente, tres secretarios de Estado actuales, dos exsecretarios, y varios directores de organismos paraestatales.
El Departamento de Justicia, que está judicializando la información de inteligencia, armó el esquema de protección y colaboración entre el crimen organizado y políticos, así como su operación en campañas electorales, principalmente a favor de Morena, caminos que siempre llegan a López Obrador.

[email protected]
X: @rivapa_oficial