Autoridades “trivializaron” amenazas contra Suástegui, señala Abel Barrera

Acapulco, Chilapa y Chilpancingo, Guerrero, y Ciudad de México, 28 de abril de 2025. El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que se deben investigar las amenazas anteriores al atentado que llevó a la muerte al vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz.

En declaraciones después del entierro de ayer en la mañana en Cacahuatepec respecto a las medidas cautelares que tenía Suástegui Muñoz, Barrera explicó que estas medidas fueron dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), están centradas en la búsqueda de su hermano Vicente Iván Suástegui Muñoz, desaparecido el 5 de agosto de 2021.

Para profundizar sobre el señalamiento que hizo la organización junto con otras casi 100 en un comunicado emitido un día después del atentado el 18 de abril, en el que señalan que las autoridades fueron omisas para implementar medidas de protección, Barrera puntualizó este domingo que las medidas dictan al Estado mexicano buscar a Vicente Suástegui e investigar su desaparición.

“Dentro de todo eso se ha dicho que esta búsqueda, esta investigación ha creado problemas de inseguridad a las familias, tanto a su esposa (Samantha Valeria Colón Morales) como a Marco Antonio por ser su hermano”.

Parte de las medidas para Marco Antonio Suástegui Muñoz incluía monitorear los riesgos a través de teléfonos celulares y tener un botón de emergencia; de las medidas para Samantha Colón están el acompañamiento policiaco, “pero no ha sido cumplido”, y que se siga buscando a Vicente Suástegui.

El problema es “que no hay avances, y sobre todo el hecho de que no se detenga a todos los que están señalados en la investigación, como el caso de El Pino (Pedro Santos Cruz, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero –UPOEG–), entonces eso incrementa los riesgos a las familias de que haya impunidad, de que no se dé con el paradero de Vicente y de que las investigaciones no lleguen a fondo”.

El director de Tlachinollan expuso que el gobierno podría argumentar que hay tres personas sentenciadas y un cuarto está en proceso por la desaparición de Vicente Suástegui, sin embargo, “aún como pasa con los 43 (estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos), se han hecho múltiples investigaciones, se han hecho múltiples búsquedas, pero como dicen los papás: ¿cuál es el paradero de nuestros hijos?”.

En el caso de Vicente Suástegui, dijo que “los riesgos seguirán porque no se está garantizando justicia porque hay personas acusadas en la desaparición que están libres y que son los que pueden atentar contra las familias, y aparte, hay un contexto de inseguridad, Acapulco está viviendo una crisis muy grande en cuanto a inseguridad”.

Reveló que en febrero pasado hubo una reunión para la evaluación de las medidas, donde Suástegui Muñoz reiteró su solicitud de un acompañamiento policial que le brindara seguridad en su trabajo en Acapulco y en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

De esta solicitud apenas se haría una valoración y el vocero del Cecop tenía que expresar con varios días de antelación el momento en que fuera acompañado, “por eso es que decimos que no valoraron la inminencia de estos riesgos, entonces ahí están las consecuencias, o sea, no creyeron su denuncia, sus solicitudes”.

“Como que trivializaron, dijeron como que está exagerando, o sea, todavía llegaron a entender que Marco quería como ciertos privilegios en términos del acompañamiento policial, como que se quiere sentir funcionario público”.

No obstante, reiteró que las autoridades no tomaron en cuenta “el contexto, y nosotros decíamos que el contexto estaba ya muy difícil en términos de la seguridad, y Marco les dijo los incidentes que había padecido”.

Las autoridades argumentaban que no había denuncias “y para el gobierno, que no haya denuncias es como si no existiera el hecho, como decir: es que tiene que haber una denuncia para que nosotros procedamos”.

Por su parte, Suástegui Muñoz contrargumentaba señalando que no había “garantías” para poner la denuncia, y tampoco le brindaron para que presentara la denuncia en otros lugares.

Pese a la falta de denuncias penales, agregó Barrera, sí se presentaron denuncias ante la CIDH y se hicieron reportes ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El vocero del Cecop falleció el viernes pasado, pero las autoridades deben investigar “lo que ya decía Marco, que lo estaban siguiendo, de que tenía amenazas, de que había incidentes, o sea, todo lo que él dio como contexto y como incidentes no se tomaron como muy en serio”.

El director de Tlachinollan dijo que el Ministerio Público debe abrir la carpeta con varias líneas de investigación, “nosotros hemos insistido en que la investigación tiene que estar centrada en el trabajo de defensor de Marco Antonio porque el problema es eso, que luego se desvirtúa su trabajo”.

“Se va por otras vías, que líneas pasionales, líneas de rivalidades con personas; no, aquí Marco, toda su actividad tanto en su trabajo en playa Icacos como acá, fue como un defensor, y para nosotros esa línea no puede soslayarse”.

Informó que Suástegui Muñoz hizo “varias denuncias penales que no prosperaron y que además se demostró su inocencia”.

Indicó que se debe identificar a los responsables del asesinato y su modus operandi, además de conocer las grabaciones de las cámaras y los testimonios porque el crimen fue perpetrado a las 7:24 de la noche, “era una hora pico de turistas, era un día de mucha efervescencia de estar en las playas”.

Asimismo, insistió el defensor de derechos humanos, las autoridades deben buscar a Vicente Suástegui, cuya desaparición es el origen de las medidas cautelares, detener a los señalados, y proteger a las familias del asesinado vocero del Cecop y de su hermano “porque están vulnerables, puede haber una lección letal contra ellos”.

 

 

 

 

 

La violencia es una reacción criminal a las nuevas detenciones, dice Rodríguez Cisneros

 

El subsecretario de Desarrollo Político y Social, de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, consideró que los hechos de violencia en Acapulco, Chilpancingo y Costa Chica son una reacción de grupos criminales por las detenciones que han hecho las autoridades.

Durante una entrevista al término de una reunión con alcaldes y comisarios de las regiones Centro y Montaña, en Chilapa, Rodríguez Cisneros indicó que los hechos de violencia, como el ocurrido la noche del sábado en el bar La Martina, de Chilpancingo, es una reacción ante los trabajos de seguridad que realizan las autoridades.

“Ya lo he dicho en otras ocasiones. Cuando la autoridad actúa, se hacen detenciones importantes, se generan reacciones, desgraciadamente eso es. Hay 184 detenciones de objetivos generadores de violencia en la ciudad generan una reacción, pero estamos trabajando”, dijo Rodríguez Cisneros.

A pregunta de si es la misma situación la que ocurre en Costa Chica, donde los últimos meses distintos hechos de violencia como asesinatos, desapariciones y ataques armados han ocurrido, Rodríguez Cisneros aseguró que se trata de “un reacomodo de los grupos de la delincuencia”.

Sobre el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opuestas a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, Rodríguez Cisneros afirmó que la investigación ya la tiene la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que no podría dar más información.

“Cuando ya hay actos de investigación, para no entorpecer los trabajos, ya la Fiscalía es la que habrá de dar las respuestas”, dijo.

Ante los señalamientos del director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de que a Suástegui Muñoz le negaron ingresar al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Rodríguez Cisneros indicó que el activista no presentó ante el estado esta solicitud.

Rodríguez Cisneros aseguró que Suástegui Muñoz era amigo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y de él mismo, además de que tenían una relación de respeto.

“Él fue compañero del movimiento, amigo de la gobernadora, amigo también personal. Él nunca tuvo un acercamiento con el gobierno para hacernos una solicitud de ese tipo. Con él tuvimos una relación cordial, respetuosa. Nunca confrontó al gobierno de Guerrero porque existía un diálogo. Siempre nos tratamos con mucho respeto”, dijo Rodríguez Cisneros.

Recordó que días antes del atentado contra el activista, tuvieron una reunión en Acapulco para tratar temas de los prestadores de servicios turísticos en las playas.

Indicó que la gobernadora solicitó que le dieran acompañamiento a sus familiares y seguimiento al caso.

 

 

 

 

 

Ambiente de tristeza en Cacahuatepec en el velorio de Marco Antonio Suástegui

 

El cuerpo del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, llegó a Cacahuatepec a mediodía del sábado pasado, y un ambiente de tristeza se mantuvo desde entonces en la pequeña comunidad colindante al río Papagayo.

¿Era posible no llorar al ver el rostro del hombre de 49 años con semblante serio, aquel que ponía antes de gritar una consigna, debajo del vidrio del féretro? ¿Cómo no se podía estar triste con los constantes cánticos religiosos que resonaban en la vivienda donde encabezaba las asambleas dominicales de la organización?

La jornada de muerte, velorio y sepelio duró casi dos días, empezó a la 1:35 de la tarde del viernes pasado, cuando falleció en el hospital privado Aqua, a consecuencia del balazo que le entró en el estómago, uno de los tres que le disparó un hombre en la noche del 18 de abril en la calle Fragata de Yucatán, en playa Icacos, donde rentaba mobiliario de playa y motos acuáticas.

Casi 16 horas después, a las 6 de la mañana del sábado, el féretro color café fue expuesto en una de las capillas de la funeraria Gayosso. A las 9:30 de la mañana una breve misa fue celebrada en su honor, con la presencia de unos 40 familiares y activistas.

Un camión fue rentado para las personas que no tuvieran transporte y quisieran llegar a los Bienes Comunales de Cacahuatepec. La caravana entró por San Isidro Gallinero, en el camino se pueden ver varios puntos de acumulamiento de basura.

Después de la comunidad Parotillas y antes de llegar al embarcadero El Fraile, para cruzar el río Papagayo a Cacahuatepec, resaltó la cada vez más grande gravillera (empresa privada que extrae material pétreo del río Papagayo) por la que encabezó protestas Suástegui Muñoz, quien tras un bloqueo en 2014 fue detenido y encarcelado en Tepic, Nayarit. Fue liberado el 21 de agosto de 2015.

A raíz del huracán Otis, El Fraile fue el punto de entrega en diversas ocasiones, de maíz y de láminas de zinc, gestionadas por organizaciones por las afectaciones en las parcelas y las viviendas de los campesinos ocurridas el 25 de octubre de 2023. Por los daños del meteoro John, en septiembre pasado, cientos de damnificados de los Bienes Comunales de Cacahuatepec recibieron de nuevo ayuda.

Al cruzar el río en panga, los familiares remojaron un poco la caja con flores salpicadas de agua del río Papagayo, que defendió ante el proyecto hidroeléctrico La Parota y luego lo trasladaron a la iglesia, donde 250 personas atendieron la breve misa.

A la una de la tarde, entre lágrimas y llantos desgarradores, el féretro fue trasladado a la casa de la familia Suástegui, donde se llevan a cabo las asambleas dominicales del Cecop, por varios hombres, entre ellos, su abogado, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz.

A un costado, los encargados del funeral preparaban un cerdo para ser servido horas después a los asistentes al velorio, como se acostumbra en comunidades rurales de Guerrero.

El féretro, en el que encima fue colocado el sombrero negro que caracterizó públicamente al vocero del Cecop, ocupaba una gran parte del pequeño cuarto al que acudían familiares, vecinos, campesinos y activistas, a rezarle o simplemente a despedirse de él.

Al término de uno de los rezos, una de las comuneras más aguerridas, de la comunidad Los Ilamos gritó “viva, Marco”, lo que ocasionó aplausos. Los más animados provenían de los integrantes de la Asociación de Turisteros en Defensa y Rescate de Playa Icacos (Tuderpi), de la que Suástegui era representante.

Afuera, los asistentes comían, tomaban o sólo platicaban, entre ellos la ex diputada federal morenista, Rosario Merlín; el director de Tlachinollan, Abel Barrera, y la coordinadora de Cooperación Comunitaria, Isadora Hastings.

Por momentos, la música de un dúo de guitarristas era el único sonido que se escuchó, porque el ánimo decaía y la gente lloraba en silencio.

Acudió Samantha Valeria Colón Morales, esposa del hermano desaparecido del vocero del Cecop, Vicente Iván Suástegui, del que no se conoce su paradero desde el 5 de agosto de 2021. Organizaciones sociales, entre ellas Tlachinollan, afirman en un comunicado emitido un día después del atentado, que el mismo grupo que desapareció a Vicente Iván atacó a Marco Antonio.

Por momentos parecía una reunión más del Cecop, las campesinas repartían la comida entre los invitados y las tortillas circulaban entre los comensales, pero regresaban los llantos y el ambiente volvía a la tristeza compartida.

Una familiar comentó que Suástegui Muñoz jugaba de niño en Cacahuatepec, el cual ya no es el mismo, lamentó. Al lado de la iglesia están una escuela primaria y un centro de salud, reubicados por las inundaciones que sufre el pueblo, la última con John y que viralizó el vocero del Cecop en un video compartido por redes sociales.

La catástrofe de los huracanes y el olvido del gobierno eran argumentos que reiteradamente expuso Suástegui Muñoz en los últimos meses, para exponer su tesis de los tres Acapulco: el de los ricos de la zona turística, el de los pobres de las colonias de la zona suburbana y el de los “jodidos” de la zona rural.

Para no depender de la siembra de temporal, impulsó con cooperación comunitaria el sistema milpa y la agroecología. Durante un recorrido el 10 de marzo pasado, registró los frutos y el optimismo de Suástegui Muñoz en este proyecto como parte de la reconstrucción de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.

A las 9 de la noche del sábado llegó una banda de chile frito, que no dejó de tocar, salvo algunas pausas por los rezos, hasta las 2 de la mañana del domingo. Se reeanudó la música a las 6 de la mañana y paró a las 9:30 de la mañana tras el entierro.

En la madrugada los asistentes durmieron como pudieron entre sillas y colchonetas, colocadas en el piso para no alejarse del sepelio de Marco Antonio Suástegui Muñoz.

 

 

 

 

 

Ha estado en contacto con la familia del vocero del Cecop, informa la gobernadora

 

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo que ha estado en contacto con María de Jesús Pérez, esposa del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, luego conocer que había fallecido en el hospital donde se encontraba hospitalizado tras su ataque en Icacos.

Al concluir el desfile de globos gigantes, que se realizó el sábado en la avenida Costera, se le pidió un mensaje para los familiares de Suástegui Muñoz tras su muerte y respondió: “Yo ya estoy en contacto con su familia y con su esposa, hemos estado llamando”.

Suástegui Muñoz falleció la tarde del viernes, en el hospital donde se encontraba internado, después de ser atacado a balazos el 18 de abril en un acceso a la playa Icacos.

Tras conocer el deceso del líder del Cecop, la gobernadora en sus redes sociales escribió que se solidarizaba con la familia, “expreso mi más sentido pésame y mi acompañamiento en estos momentos.

 

 

 

 

 

Exigencias de castigo, el rechazo a la presa y las gravilleras acompañan el entierro de Suástegui

 

Con la exigencia de castigo a los responsables materiales e intelectuales y un no a la presa y a las gravilleras, alrededor de 300 activistas, campesinos y familiares del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, lo enterraron este domingo en la mañana, en el panteón de Cacahuatepec.

Antes de ser trasladado al cementerio donde explotaron los sentimientos de tristeza y rabia, el dirigente histórico del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, Estado de México, conocidos como los “macheteros de Atenco”, Ignacio del Valle Medina, dijo afuera de la vivienda donde se realizan las asambleas del Cecop y donde estuvo el féretro desde el sábado en la tarde, que sólo el pueblo puede decidir el rumbo del pueblo, “nadie más”.

Indicó que el asesinato de Suástegui Muñoz “nos obliga a redoblar esfuerzos, a ser más sinceros en el movimiento. Somos seres humanos endebles a veces a la tentación del dinero, a veces de la tentación de otros intereses ajenos al bien común”.

Ignacio Del Valle, que participó en Acapulco en 2014 en  una marcha del Cecop, dijo que aquí “se cultiva una cosa que no se compra en un mercado, que se llama dignidad. Gracias a compañeros como los que me encuentro aquí, gracias hermanos, que dan ejemplo de vida al mundo, no nada más en nuestra patria”.

Acompañado de otros integrantes del movimiento que luchó contra la imposición de un aeropuerto en su municipio a principios del siglo, y que fue reprimido por el gobierno de Vicente Fox,  Ignacio Del Valle les dijo a los campesinos presentes de los Bienes Comunales de Cacahuatepec que lo que han hecho “es tomar lo que les pertenece en forma legítima”.

“Marco Suástegui, no has muerto, tan sólo te cultivamos, te vamos a sembrar porque tu semilla tiene que florecer en cada pensamiento, en cada acción; gracias, compañero Rodolfo (Chávez), por su ejemplo de firmeza, por su entereza”, terminó Del Valle refiriéndose también al veterano militante de la izquierda y miembro del Cecop muy cercano al vocero asesinado.

Después del discurso de Del Valle y un rezo más, a las 8 de la mañana comenzó la marcha fúnebre entre lágrimas, consignas de reivindicación de Suástegui Muñoz y del Cecop, y música de viento. La primera parada fue en la iglesia de Cacahuatepec, donde familiares bendijeron la caja de madera varias veces, con el grito unísono de fondo “Marco vive, la lucha sigue”.

El recorrido continuó hacia el cementerio, fueron unos 10 minutos de polvo de la arena del camino, integrantes del Cecop y de la Asociación de Turisteros en Defensa y Rescate de Playa Icacos (Tuderpi) intercambiaron posiciones para cargar el féretro, “la tierra no se vende, se ama y se defiende”, gritaban las campesinas que acuden cada domingo al pueblo al que se puede llegar cruzando el río Papagayo en el embarcadero de El Fraile, a 37 kilómetros del zócalo de Acapulco, una hora y media de recorrido.

Antes de sellar la tumba, el ex gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, con voz entrecortada por momentos, recordó que conoció a Suástegui Muñoz cuando era estudiante de la Preparatoria 7 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), donde aprendió “la consciencia de estar del lado de las causas justas, de estar del lado de las luchas del pueblo de Guerrero y del pueblo comunitario de Cacahuatepec”.

Relató que Vicente Suástegui, desaparecido desde el 5 de agosto de 2021, lo abordó en una actividad cuando era mandatario estatal, para exigirle que liberara a Marco Antonio y lo cumplió al trasladarlo del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, “donde estaba en condiciones terribles, infrahumanas”, a la cárcel de La Unión y luego a la comunidad de Salsipuedes en helicóptero en 2015.

Ortega Martínez pidió justicia, lo que fue secundado por los asistentes, “no puede quedar impune el asesinato de Marco, exigimos castigo al sicario que lo mató, pero también queremos que se le arranque al sicario los nombres que ordenaron su muerte y que se haga justicia”, lo cual enardeció a los asistentes y reiteraron el llamado a justicia.

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que a lo largo del acompañamiento jurídico que le dieron a Suástegui Muñoz, encontraron en él “una fuente de inspiración, de cómo se lucha por los derechos del pueblo”.

El vocero del Cecop tuvo la opción de ejercer su profesión de arquitecto o de tener algún cargo, “porque tenía sus relaciones con los grupos de poder, sin embargo, Marco Antonio se mantuvo en esta línea de ser fiel a la lucha de los pueblos”, reivindicó.

“Aquí quisieron entrar tanto la CFE (Comisión Federal de Electricidad) al principio, como los gobernadores, como los políticos, como la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero) y tantos grupos que utilizó el gobierno, los mismos policías municipales de Acapulco, para atacar a los comuneros, a ustedes”.

Pero Suástegui Muñoz tuvo el temple “para decir aquí estamos, para decir, la tierra no se vende, se ama y se defiende”, gritó Barrera y fue replicado por los campesinos.

Rememoró que en 2006, el relator de la de la ONU sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, se pronunció a favor del Cecop, y declaró que no se podía construir la presa si el pueblo no quiere.

Destacó que Suástegui formó la Policía Comunitaria, cuyos integrantes vigilaban desde el sábado las áreas del velorio y del sepelio, y logró con el Cecop cinco resoluciones agrarias contra el proyecto hidroeléctrico de La Parota.

Mirando el féretro del vocero del Cecop que tenía a un costado de él, Barrera le expuso: “Aquí te venimos a homenajear, venimos a reconocer tu trayectoria, te mataron porque quieren que el pueblo viva de rodillas, vamos a seguir tu ejemplo, no lo vamos a permitir, tenemos que continuar con el Cecop”.

“Marco, todos somos como tú, un defensor del pueblo, un defensor del territorio, un defensor del río, no te vamos a defraudar, Marco, aquí está tu familia, aquí están tus maestros, aquí están tus compañeras, las que te acompañaron con el machete en la mano en las calles para pedir que se respetaran las tierras sagradas de Cacahuatepec”.

En una segunda intervención, el director de Tlachinollan pidió a la autoridad investigadora del asesinato de Suástegui que lo considere un defensor, “que no vaya a desviar la atención de que Marco tenía otros problemas; no, no, Marco fue un defensor y como defensor se tiene que investigar”.

Exigió a las autoridades “que ya den con los responsables, hay cámaras en las playas de Acapulco, tuvo que haberse registrado quién accionó contra Marco, que no esperen que solamente vaya alguien a testificar, sino que realmente ellos investiguen porque ésa es su responsabilidad; ya deben de saber quién es o quiénes fueron, quién ordenó, y sobre todo, reivindicar la memoria de Marco”.

Barrera se dirigió a su familia para decirle que no queda sola y que el movimiento que dejó el vocero del Cecop va a pedir verdad y justicia.

Durante el sepelio hubo rechazos hacia la CFE por impulsar la presa y a las gravilleras que explotan el material pétreo del río Papagayo, los campesinos chocaban sus machetes y reivindicaron al Cecop, lo que provocó más gritos y más llantos.

El representante de la comisión política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero (CETEG) en Costa Chica, Ernesto Ramírez Mayo, informó que el magisterio disidente va a luchar por que el asesinato de Suástegui Muñoz no quede impune.

La representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, dijo que en el cementerio de Cacahuatepec, ubicado en una pequeña colina a la orilla del pueblo, “se siembra un hombre y  esta semilla va a germinar en todos los pueblos que luchan”.

Acompañada de del delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Guerrero, Gregorio Portillo, de la representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e hija del guerrillero Lucio Cabañas, Micaela Cabañas, y de Diana Hernández, hija del dirigente social asesinado Ranferi Hernández, Mesino señaló: “hoy estamos atravesando la línea roja que no debiéramos porque solamente luchamos por la vida, por la libertad, por la justicia que es un derecho”.

“Hoy en este espiral sangriento, donde la inmunidad y la impunidad de los gobiernos de ayer y de hoy han permitido estos asesinatos cobardes”.

La lucha de Suástegui Muñoz “no acaba aquí, las balas acabaron con la vida, pero nunca van a acabar con el sueño, con la esperanza de lucha porque somos muchos, porque debemos reproducirlos en más, y por eso, ¡ni perdón, ni olvido!”, finalizó la luchadora social su intervención, pidiendo un minuto de silencio con el puño izquierdo en alto.

A las 9:30 fue sellada con cemento la tumba entre más consignas de los activistas y vecinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, algunas familiares y compañeras lloraban inconsolablemente y cantaron Las Mañanitas porque el 27 de abril era el cumpleaños de Pedro, el finado padre de Marco Antonio.

Los asistentes regresaron a la vivienda sede de las asambleas del Cecop, el asesor Rodolfo Chávez e integrantes del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero  convocaron a la marcha del 1 de mayo para exigir justicia por el crimen. También se informó que el próximo domingo se realizará una asamblea para continuar con los proyectos de reconstrucción que impulsa la organización Cooperación Comunitaria tras los huracanes.

Alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa y padres de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, llevaron despensas.

 

 

 

 

 

Exige la CRAC-PC una investigación exhaustiva para castigar a los asesinos de Suástegui

 

La Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) exigió a las autoridades una investigación exhaustiva, pronta y expedita para que los responsables materiales e intelectuales del asesinato del luchador social Marco Antonio Suástegui Muñoz reciban un castigo ejemplar.

En un posicionamiento firmado por el vocero Victorino García Ricardo, la organización lamentó el fallecimiento del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) y representante de Turisteros Unidos en Defensa y Rescate de la Playa Icacos (Tuderpi).

Recordó que el viernes 18 de abril un hombre se dio a la fuga después de herir a Suástegui Muñoz con tres disparos en el cuerpo cuando salía de dicha playa -donde tenía un negocio de renta de mobiliario y motos acuáticas-, que el activista luchó por su vida y falleció después de 8 días hospitalizado.

 

 

 

 

 

Condenan el asesinato de Suástegui en la marcha en la Cdmx por los 43 de Ayotzinapa

 

Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se manifestaron este sábado con motivo de 10 años y siete meses de la desaparición de sus hijos, y se unieron a la condena del asesinato del activista Marco Antonio Suástegui.

En compañía de alumnos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos y miembros de distintas organizaciones sociales, los padres encabezaron la marcha que salió desde el Ángel de la Independencia en la capital del país.

El contingente de aproximadamente 250 personas salió poco antes de las cinco de la tarde, y durante el recorrido en la avenida Paseo de la Reforma emitieron consignas respecto a la demanda de presentación con vida de los 43 normalistas.

El contingente hizo una pausa en el cruce de Reforma con Bucareli en el Antimonumento de los 43, para llevar a cabo el pase de lista de los normalistas desaparecidos para proseguir con su recorrido rumbo el Hemiciclo a Juárez.

Ya en el Hemiciclo a Juárez se llevó a cabo un mitin con la participación de los padres. En su intervención el señor Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, expuso que los padres y madres condenan el asesinato de Marco Antonio Suástegui, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).

“Como padres y madres reprochamos lo sucedido al compañero luchador social Marco Antonio Suástegui después de haber sufrido un atentado y perder la vida después de este cobarde atentado”, dijo.

Navarrete agregó que los padres y madres se unen a la exigencia de una investigación concreta para la resolución del homicidio del activista, a quien calificó como “un gran compañero”.

“Exigimos al gobierno tanto estatal, federal, el esclarecimiento de este lamentable atentado donde ha perdido la vida nuestro gran compañero, luchador social”, dijo.

El señor Navarrete afirmó que aquellas personas que buscan verdad y justicia en el país corren el riesgo de terminar asesinadas, y remarcó que el gobierno debe responder ante la desaparición de personas, incluidos los 43 normalistas.

Aseguró que el gobierno federal plantea que el caso sobre la desaparición de los 43 normalistas ocurrió en el pasado, y puso en tela de juicio la disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para resolver el caso.

“Sería una estupidez que yo dijera, la veo con un chingo de ánimo, me estaría engañando yo mismo. Vemos como ven nuestro caso como si dijeran eso pasó en el pasado, para nosotros sigue siendo el estado” comentó.

Agregó que se ha buscado responsabilizar a las anteriores administraciones, pero cuestionó que no se hayan abierto las carpetas de investigación en contra de funcionarios a los cuales se les responsabiliza por estar involucrados en la desaparición.

“Ellos echan la culpa al gobierno anterior pero ahora, estando en el poder si tu le echas la culpa al gobierno anterior, por qué chingados no abres una carpeta de investigación contra esos funcionarios que obstaculizaron la investigación”, externó.

Navarrete reiteró la exigencia de extradición de Tomás Zerón de Lucio, quien se encuentra en Israel y de José Ulises Bernabé García que está en Estados Unidos y a quienes se les considera relevantes para aportar información.

Se espera que a finales de mayo se pueda llevar a cabo una próxima reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el último encuentro que sostuvieron ocurrió en febrero pasado.

 

También en el acto en Iguala exigen el esclarecimiento del asesinato de Suástegui

 

Organizaciones sociales y activistas exigieron justicia y esclarecimiento del homicidio del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, este domingo en Iguala durante los mítines para conmemorar 127 meses de los ataques contra estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Medio centenar de alumnos de Ayotzinapa y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), así como miembros del Bloque Democrático y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), sin la presencia de padres de los 43 normalistas desaparecidos, realizaron mítines y la colocación de ofrendas florales en los dos obeliscos en memoria de Julio César Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava.

En el primer acto realizado a las 12:30 de la tarde en el obelisco de Julio César Mondragón Fontes en Ciudad Industrial, el representante del Bloque Democrático de Organizaciones de Iguala, Víctor Hidalgo exigió la presentación con vida de los 43 muchachos desaparecidos durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, justicia para los tres jóvenes asesinados y castigo para todos los implicados en este crimen.

Exigió a los tres órdenes de gobierno que se esclarezca el asesinato “vil y artero” de su compañero de lucha Marco Antonio Suástegui, y advirtió que darán la lucha hombro con hombro por el esclarecimiento de su crimen.

 

Otro homicidio político más: Soledad Hernández

 

La activista Soledad Hernández advirtió durante el segundo mitin en el Periférico Norte, que tiene visibilizado que el de Suástegui Muñoz “es otro homicidio político más hacia el movimiento de Ayotzinapa”, porque siempre fue una cara visible por el que también exigía justicia, además de que ya había sido amenazado y su hermano Vicente Iván, desaparecido.

Opinó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se fue “con una deuda enorme” con el estado de Guerrero por las deficiencias que todavía permanecen en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala y el asesinato de tres de ellos.

Después, en declaraciones a reporteros, recriminó la “cadena” de homicidios en contra de luchadores sociales en Guerrero en defensa de la tierra y de los derechos humanos, entre los que está su padre Arturo Hernández Cardona, desaparecido el 30 de mayo de 2013 y localizado asesinado tres días después junto a otros dos líderes sociales durante el gobierno de José Luis Abarca Velázquez, sentenciado por este caso a 92 años de prisión.

En esta misma actividad en la que hace 10 años y siete meses fueron cometidos dos de los ataques contra estudiantes, un representante de Ayotzinapa se sumó a la exigencia a los tres órdenes de gobiernos para el esclarecimiento del homicidio de Marco Suástegui y el castigo a los culpables de este crimen, así como de cualquier acto represivo hacia el movimiento por Ayotzinapa.

Reclamó la falta de respuesta y de resultados por parte del gobierno federal a más de una década de los hechos, “estamos cansados de estos gobiernos que intentan endulzarnos el oído diciendo que darán respuestas a los padres de familia, pero con sus acciones demuestran lo contrario”.

Reiteró la exigencia al actual gobierno de que el Ejército entregue los 800 folios que han demandado los padres de familia que son parte de las investigaciones para llegar a la verdad, además que se sigan las distintas líneas de investigación, la búsqueda en campo y la extradición de los implicados que se encuentran refugiados en otros países, entre ellos el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

Un representante de la Federación de Estudiantes exigió al gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum a que cumpla con dar verdad y justicia en este caso, “no como el expresidente Andrés Manuel López Obrador quien prometió que iba a ayudar en este caso pero solamente dio falsas esperanzas, no ayudó en nada, no hubo avances significativos, y por eso estamos inconformes y seguimos saliendo a alzar la voz”.

Durante el mitin gritaron consignas de “Marco vive, la lucha sigue” y por el movimiento por Ayotzinapa, y al finalizar contaron del 1 al 43 como pase de lista de sus compañeros que siguen desaparecidos, por los que exigieron justicia y presentación con vida.

 

En el mitin en Chilpancingo condenan el “cobarde” asesinato Suástegui

 

El sábado en Chilpancingo estudiantes de Ayotzinapa y el colectivo Lupita Rodríguez exigieron justicia en el “cobarde” asesinato del defensor ejidatario Marco Antonio Suástegui Muñoz, perpetrado en Acapulco.

Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y madres buscadoras del colectivo Lupita Rodriguez realizaron un mitin el sábado 26 a las 11 de la mañana, en el antimonumento a los 43 por los 127 meses de la desaparición forzada de los normalistas en Iguala.

“Van tres gobiernos federales y ninguno puede resolver el caso, solo han mentido a los padres”, dijo un estudiante orador.

También pidieron justicia por todos sus compañeros asesinados. El último caso es el de Yanqui Kothan Gómez, asesinado la noche del 7 de marzo de 2024 por policías estatales.

Del colectivo Lupita Rodríguez, Romualda Castañeda, madre que desde hace dos años busca a su hijo Luis Diego Saldaña Castañeda, expresó que se sumaban a la exigencia de justicia y castigo a los responsables por el cobarde asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz, atacado el 18 de abril pasado en Acapulco.

La madre buscadora también condenó el asesinato de María del Carmen Morales, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, el pasado miércoles 23 de abril en el municipio de Tlajomulco.

A nombre del colectivo de Chilpancingo, Romualda Castañeda, exigió al gobierno de Claudia Sheinbaum entregar los 800 folios en poder del Ejército con los que se podría esclarecer el paradero de los 43 jovenes de Ayotzinapa.

Además, el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para volver a colaborar en la investigación del caso Ayotzinapa.

Pidió al gobierno del estado y a la Fiscalía estatal realizar su trabajo y contribuir a las búsquedas de las personas desaparecidas en la entidad porque indicó que en este momento no cuentan con su apoyo.

“¿Cómo es posible que tengamos que pedir permiso para entrar a zonas para realizar las búsquedas?”, cuestionó.

 

 

 

 

 

El sepelio de Suástegui en Cacahuatepec, que defendió de la codicia de los poderosos

 

La letal peste de las balas y la violencia terminó con la vida de Marco Antonio Suástegui Muñoz, un líder nato, defensor de la tierra y que encabezó la oposición a la construcción de una presa hidroeléctrica que desde un inicio mostró su rostro de avaricia, represión y muerte.

Marco Antonio murió luego de un atentado armado, donde al menos un sicario disparó tres veces contra su cuerpo, que representaba la resistencia de lucha de un campesino que hasta el último momento defendió su tierra y sus ideas.

Suástegui fue despedido y enterrado este domingo en su natal Cacahuatepec, en el Acapulco rural, olvidado y pobre, el mismo pueblo que protegió de la codicia de los gobernadores René Juárez Cisneros, Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero, que intentaron avalar un proyecto de la CFE para construir la presa La Parota, un paraíso similar a Valle de Bravo, que presuntamente dejaría a los empresarios una millonaria derrama económica y muerte para al menos 20 comunidades que serían inundadas.

Suástegui Muñoz sabía que esa afrenta al poder le costaría su vida, pero antes, le costó su libertad, por casi un año en 2014 estuvo preso injustamente en un penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.

“Me fue muy mal” comentó en una ocasión en una entrevista a El Sur. “Los custodios me sacaban de las celdas, me torturaban, se reían de mí, me daban agua sucia, me humillaban”.

Reveló que a la cárcel llegó una empresa de agua purificada para regalarles agua a los presos, él se formó como todos, pero al momento de llegar para recibir el agua, un custodio les dijo a los repartidores “que no podía recibir agua limpia, porque era un preso de encargo”.

El mismo Suástegui contó que después de tantos maltratos Inés Coronel Barreras, padre de Ema Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, preguntó a los custodios el porqué del maltrato a su persona, y uno de ellos contestó “que venía recomendado por el gobernador (Ángel Aguirre) que le daba 800 mil pesos al director del penal para darle un escarmiento”.

Después de ese día jamás lo volvieron a molestar y meses después Aguirre Rivero tuvo que renunciar, por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Como esas historias tenía muchas que contar, después de la cárcel tuvo que defender su territorio de la llegada de la autodefensa de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que según él era un brazo armado de César Flores Maldonado, asesor del entonces gobernador Héctor Astudillo Flores, quien tuvo que ver también con el día de su detención.

Marco Antonio Suástegui nunca se calló, aun después de la cárcel continuó denunciando y defendiendo su playa Icacos, donde también evitó la construcción de un muelle para yates de lujo.

Quizás por eso en su cortejó la gente lloraba, gritaba y sonaba sus machetes, en todo momento se escuchaba “la tierra no se vende, se ama y se defiende”.

Su cuerpo salió dentro de una caja de madera de la casa de uno de sus tíos, donde lo encaminaron primero a la iglesia y después al panteón, donde fue sepultado.

En ese campo santo convergieron su esposa, sus hijos, familiares, defensores de derechos humanos y el ex gobernador Rogelio Ortega, quien se adjudica que gracias a él Marco Antonio Suástegui fue liberado como un preso político.

En el sepelio, el ex gobernador Ortega también reconoció la lucha de Suástegui y su paso por la Universidad Pueblo, hoy UAG.

Abel Barrera Hernández dio las palabras de despedida, donde efusivamente dijo que ellos como Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, llevaron la batalla jurídica contra La Parota, “pero Marco Antonio llevó la batalla del pueblo, con machetes en mano por la defensa de la tierra”.

El sepelio fue rápido, de la casa salieron a las 8 de la mañana y caminaron por las calles empolvadas de Cacahuatepec hasta el panteón, donde una hora después el féretro yacía en su tumba cerca del río Papagayo.

En la marcha fúnebre y en el panteón se escucharon las consignas de “muera la presa La Parota”, “muera la CFE”, “Genaro Vive, Lucio vive, la lucha sigue”, “Zapata vive, la lucha sigue”, “la tierra no se vende, se ama y se defiende”, “gobierno asesino, que matas campesinos” entre otras, que fueron dirigidas por Ignacio del Valle, legendario opositor al aeropuerto de Texcoco y dirigente del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra.

“Marco era un hombre de esos que ya están escritos en la historia de Guerrero, que enfrentó a los caciques y por eso lo mataron”, exclamó Nacho como es conocido por las organizaciones.

Al final, los asistentes señalaron que a Marco Antonio Suástegui lo mató el “gobierno y la delincuencia, porque son los mismos” y es la nueva forma de operar, para callar las voces de los luchadores sociales.

A la 10 de la mañana ya había sido enterrado, la gente se retiró del campo santo, con la única consigna de seguir defendiendo la tierra contra la presa La Parota.

 

 

 

 

Texto: Ramón Gracida Gómez, José Miguel Sánchez, Aurora Harrison, Lenin Ocampo Torres, Yee Trujillo, Juan Luis Altamirano Uruñuela, Alejandro Guerrero y Luis Daniel Nava/ Foto: Carlos Carbajal

 

Plantean en el Comité de Playas conteo de visitantes, aguas limpias y prohibir acampar

Bañistas disfrutan del último viernes de las vacaciones de Semana Santa en la playa Papagayo Foto: Carlos Carbajal

Aurora Harrison

Durante la primera sesión extraordinaria del Comité de Playas Limpias de Acapulco se planteó que se tenga un conteo de cuántos turistas visitan las playas, atender el vertimiento de aguas residuales por parte de restaurantes en la isla de La Roqueta, y que no se permita acampar en las playas para dar una mejor imagen.
La reunión se hizo en la sala de Cabildo y la presidió el director de Ecología y Medio Ambiente, Miguel Balleza García, en representación de la alcaldesa Abelina López Rodríguez. En su mensaje aseguró que todas las dependencias de los tres órdenes de gobierno están haciendo labores pertinentes desde su área de competencia.
“Todas las 17 playas, con los 25 puntos de muestreo están dentro de norma y es por ello el llamado de la presidenta municipal (Abelina López Rodríguez) que todos los visitantes disfruten estas aguas, porque estamos bien”, dijo el funcionario municipal.
En la sesión del comité de playas la activista defensora de la isla La Roqueta, Robin Sidney, pidió a las autoridades que se haga una revisión de los restaurantes de esa zona para que no viertan aguas residuales al mar, también planteó que se cobre un impuesto a los yates para que con dichos recursos se puedan hacer acciones para revertir el daño al mar.
Otro de los planteamientos que se hicieron fue el del presidente de Hoteles y Restaurantes de la Zona Tradicional, Francisco Aguilar Ordóñez, quien dijo que se requiere que no se permita que se acampe en la playa para que no se dejen las playas sucias y que se hagan uso de los hoteles.
Además, durante la sesión por parte de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (Copriseg), se informó que los monitoreos de las playas se hacen de manera mensual, pero también antes de la temporada vacacional. Ahí se dijo que la playa Icacos había salido con altos niveles de enterococos y que se debió alertar con banderas sobre la condición de la playa.
También se pidió que tiene que tener los datos de cuántos turistas visitan las playas durante cada temporada vacacional y cuando no es temporada, mencionó que en Zihuatanejo si dan a conocer esas cifras.
Respecto a porqué no se colocaron las banderas, Balleza García dijo que no se colocó la bandera como lo marca el protocolo porque se hicieron las acciones de corrección y luego se hizo un segundo muestro en donde la playa salió por debajo de la norma.
De la denuncia de la isla La Roqueta dijo que corresponde a la Secretaría de Marina atender en coordinación con otras áreas, “nosotros tenemos conocimiento que no hay agua potable, no hay drenaje de aquel lado”.
Balleza García en su informe de las acciones dijo que se hicieron 26 recorridos de vigilancia para detectar posibles vertimientos de aguas residuales en la franja costera, playas y canales. Se hicieron ocho clausuras y procedimientos administrativos por vertimiento y revisión de canales pluviales.
En asuntos generales se informó que el 27, 28 y 29 de abril se hará el monitoreo mensual de las playas del puerto.

Muere Marco Antonio Suástegui en el hospital una semana después del atentado

Arriba: A la espera del féretro con el cuerpo del vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, en la funeraria Gayosso, de Acapulco. Abajo: La líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, al llegar al hospital privado Aqua, luego de darse a conocer la noticia del fallecimiento del luchador social, quien se encontraba internado tras el atentado a balazos del viernes de la semana pasada Fotos: Carlos Carbajal

Ramón Gracida Gómez

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, murió este viernes en la tarde a consecuencia del atentado a balazos que sufrió el 18 de abril.
El cuerpo del líder social de los Bienes Comunales de Cacahuatepec es velado en la madrugada del sábado en la funeraria Gayosso, a donde acudieron unas 200 personas, en la mañana será llevado a su pueblo natal, Cacahuatepec, donde continuará el velorio y será enterrado el domingo.
El subsecretario de Desarrollo Político del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, confirmó en la tarde la muerte de Suástegui Muñoz, precisó que a la 1:35 de la tarde falleció, de acuerdo con información proporcionada por el médico tratante.
En declaraciones telefónicas poco después de las 2 de la tarde, el funcionario estatal mencionó que el director del hospital privado Aqua por la mañana le informó que Suástegui Muñoz estaba en “estado crítico”.
Rodríguez Cisneros indicó que desafortunadamente el vocero del Cecop presentó “daños colaterales” por el balazo que recibió en el estómago.
El funcionario estatal afirmó que se le dio a Suástegui toda la atención médica especializada, que se buscó fuera del estado una máquina que se requería pero a pesar del esfuerzo médico, no resistió.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó del deceso en la red social Facebook a las 2:20 de la tarde.
La organización defensora legal de Suástegui Muñoz a lo largo de su lucha contra el proyecto hidroeléctrico La Parota, lamentó “el asesinato de uno de los luchadores más importantes de Guerrero. Exigimos a las autoridades del estado una investigación exhaustiva y castigo a los responsables”.
Suástegui Muñoz, representante de la Asociación de Turisteros en Defensa y Rescate de Playa Icacos (Tuderpi), recibió tres balazos disparados por un hombre el viernes a las 7:24 de la noche en la calle Fragata de Yucatán, de esta playa colindante con la Base Naval, donde tenía un negocio de renta de mobiliario de playa y motos acuáticas.
Desde entonces, fue internado en el hospital privado Aqua, donde fue operado dos veces, la primera el mismo viernes y la segunda el domingo en la madrugada.
Alrededor de las 3 de la tarde, llegó una camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo) para llevarse el cuerpo de Suástegui Muñoz, el área fue custodiada por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.
Acudieron el abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz García, y la líder de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino.
Horas antes del fallecimiento, funcionarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación federal, al que estaba adscrito Suástegui Muñoz, acudieron al hospital ubicado en la avenida Costera, pero no quisieron hacer alguna declaración al salir del nosocomio.
En un comunicado el sábado pasado, organizaciones sociales, entre ellas Tlachinollan, señalaron que pese a las amenazas que informó Suástegui Muñoz al Mecanismo de la Secretaría de Gobernación desde el año pasado, éste le otorgó medidas de protección que se limitaron a un teléfono satelital y un botón de pánico”.

El velorio

Hasta la una de la mañana de este sábado aún no era presentado el cuerpo del vocero del Cecop porque estaba siendo preparado en la funeraria ubicada entre las calles 1 y 2 de la colonia Alianza Popular, una patrulla de la Policía Estatal vigilaba el exterior de las instalaciones que fueron compartidas con otro velorio.
Desde antes de las 10 de la noche, decenas de personas se dieron cita en la funeraria Gayosso para dar el pésame a la esposa y los hijos del defensor del territorio de Cacahuatepec, quienes lloraban en los abrazos que les daban, entre ellos el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Entre algunas personalidades políticas estaban el ex gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, el ex titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrolla Rural de Guerrero (Sagadegro), Jorge Peto, y el delegado de Gobernación en Acapulco, Osiel Morales Nava, quien desde la mañana estuvo en el hospital Aqua.
También acudieron el responsable de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), Walter Añorve Rodríguez, más integrantes del magisterio disidente, el ex líder sindical Alfredo Ramírez García y el ex coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz Taboada.
Llegaron pobladores de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y prestadores de servicios turísticos, entre ellos, el presidente de la Unión de Cooperativas del Estado de Guerrero, Arturo Pantoja Guatemala y el asesor jurídico de los prestadores de servicios turísticos, Jesús Zamora Cervantes.
También asistieron integrantes del Sindicato de Trabajadores de Organismos Operadores de Agua del Estado de Guerrero (Stooaeg).
Se informó que el cuerpo de Suástegui Muñoz será trasladado a Cacahuatepec este sábado en la mañana para ser velado ahí el resto del día, a mediodía habrá una misa.
El domingo, el vocero del Cecop será sepultado en la comunidad sede de las asambleas en las que se organizaban los pobladores de esta parte del Acapulco rural, desde el desastre que causó el huracán Otis, el 24 de octubre de 2023, para buscar ayuda de emergencia y después buscar la reconstrucción de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y promover la agroecología.

Seis muertos, tres de ellos en Ometepec, y seis heridos deja la violencia en cinco municipios

Agentes de la Guardia Nacional recorren el bulevar del encauzamiento del río Huacapa, frente a la Fiscali?a General del Estado en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Redacción

Chilpancingo

El cuerpo de una mujer asesinada fue hallado en la bahía de Zihuatanejo ayer en la mañana, la noche del jueves en la misma ciudad hubo un enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad que dejó un presunto sicario muerto y tres detenidos, en Barra de Coyuca un hombre fue asesinado a balazos.
En Chilpancingo tres jóvenes resultaron heridos de gravedad a tiros en el bar Cantaritos La Capital, en Ometepec en dos hechos distintos tres personas fueron asesinadas y dos más resultaron heridas por proyectil de arma de fuego.
Y un albañil fue herido a balazos la tarde de este viernes afuera de una casa en construcción de la colonia Unidos por Guerrero, en Iguala.

En Ometepec

En Ometepec los tripulantes de una camioneta marca Toyota tipo Rav4 fueron baleados cuando circulaban en la entrada a la cabecera municipal, frente al hospital IMSS-Bienestar.
El conductor murió en el instante del atentado, mientras que una mujer y un hombre que lo acompañaban resultaron heridos y fueron atendidos en el nosocomio que estaba a metros del lugar.
Fuentes de seguridad pública precisaron que casi a la misma hora dos hombres armados que viajaban en una motocicleta fueron alcanzados por otros civiles armados que les dispararon.
En el lugar murió uno de los hombres que viajaban en la moto y otro intentó huir lesionado por los disparos de arma de fuego. Minutos después murió en una de las calles de la colonia Sentimientos de la Nación.
El hecho causó conmoción entre la población que es testigo de cómo municipios de la región están siendo alcanzados por la violencia criminal de los grupos de la delincuencia, que han operado por años al margen de las autoridades.

En Zihuatanejo

El cuerpo de una mujer de unos 40 años con traje de baño negro apareció flotando la mañana de ayer en la bahía de Zihuatanejo, cerca de Puerto Mío.
Trascendió que la mujer habría sido asesinada en la madrugada y que sus victimarios arrojaron su cuerpo a la playa.
El cadáver fue rescatado por tripulantes de una embarcación de la Capitanía de Puerto, mientras fueron respaldados por agentes de la Marina.
El resultado de los estudios en el Servicio Médico Forense que determinen la causa de la muerte.
En otro caso también en Zihuatanejo, alrededor de las 10:30 de la noche del jueves ocurrió una balacera entre supuestos criminales a lo largo de la avenida Paseo de la Boquita, que dejó como saldo un muerto y tres detenidos.
Tras los enfrentamientos armados efectivos del Ejército, Marina, Policía Estatal, Fiscalía del Estado y Policía Municipal arribaron a las inmediaciones del lugar donde fueron hallados múltiples casquillos percutidos de armas de grueso calibre de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Desde ahí se suscitó una segunda refriega de las fuerzas de seguridad contra civiles armados.
Un pistolero fue lesionado y murió mientras recibía atención médica.
Detuvieron a una mujer y a dos hombres, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades.
También les fueron decomisados armas, municiones, equipo táctico y una camioneta con reporte de robo.

En Chilpancingo

En otro hecho en Chilpancingo, tres jóvenes fueron heridos por disparos de arma de fuego la madrugada de ayer en el bar Cantaritos La Capital, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas.
Alrededor de las 3 de la madrugada fueron reportadas detonaciones de arma de fuego dentro del establecimiento, por lo que autoridades y corporaciones acudieron al lugar.
Tras las agresiones los clientes salieron aterrorizados del lugar y el establecimiento fue cerrado. Las víctimas fueron trasladadas por sus propios medios a recibir atención médica.
Más tarde se conoció que las personas lesionadas fueron Jesús Raúl de 21 años, Eduardo Marioni de 19 y Raziel Ángel de 18 años. Su estado de salud fue reportado como de pronóstico reservado.

En Coyuca

Un hombre fue asesinado a balazos, en el poblado de Barra de Coyuca, municipio de Coyuca de Benítez.
El crimen fue reportado después de las 4 de la tarde en un predio abandonado, a 100 metros de la avenida principal, de acuerdo con el reporte de la Policía Ministerial.
El reporte policiaco indica que hombres armados persiguieron a pie a su víctima y al darle alcance le dispararon.

En Iguala

Un albañil fue herido a balazos la tarde de este viernes afuera de una casa en construcción de la colonia Unidos por Guerrero, ubicada cerca de la Alameda en la parte poniente de la cabecera municipal de Iguala.
A las 3 de la tarde vecinos de este asentamiento denunciaron que cerca de la casa de los jubilados del SNTE, reportaron el ataque a balazos contra un joven en la calle de terracería Vallarta.
De acuerdo con información que testigos de los hechos dieron a las autoridades, al lugar donde se construye una casa llegó un hombre a bordo de una motocicleta el cual interceptó a un joven que trabajaba como albañil en esa obra.
Luego de algunas palabras que le dijo le disparó en tres ocasiones. Se informó que el muchacho corrió para salvarse mientras que el agresor huyó sin que nadie intentara detenerlo.
Se informó que el joven herido fue trasladado a la Cruz Roja, ubicada junto a la jurisdicción Sanitaria y frente a la Alameda, cerca de donde fue el ataque, le dieron auxilio para estabilizarlo y posteriormente fue trasladado a un hospital de la ciudad.

Pide Sheinbaum investigar a fondo el asesinato de la madre buscadora

Mayumi Suzuki y Claudia Guerrero / Agencia Reforma

Ciudad de México

El homicidio de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez en un parque público de Tlajomulco, Jalisco, debe investigarse a fondo para determinar si estuvo motivado por la labor de la madre buscadora, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Mandataria criticó que horas después del asesinato, la Fiscalía estatal de Jalisco haya descartado que el crimen tenga que ver con el papel que la víctima desempeñaba dentro del colectivo Guerreros Buscadores De Jalisco, que el mes pasado denunció los hallazgos del Rancho Izaguirre.
“Nos piden que intervengamos en el caso de Jalisco, para que haya justicia y vamos a estar atentos y se tiene que investigar realmente a fondo por qué ocurrió este hecho; si fue por la labor de búsqueda que estaba haciendo o no, pero que sea una investigación a fondo”, expuso la Mandataria.
La Presidenta criticó la celeridad con la que la Fiscalía descartó esa línea de investigación, tras asegurar que los atacantes iban directamente sobre Jaime Daniel, pero que la mujer intentó defenderlo.
“No puede haber en un día: ‘No, no tuvo nada que ver con su labor’, que se investigue a fondo”, reprochó.
Los homicidios se registraron la noche del miércoles, mientras ambas víctimas juntaban agua. De acuerdo con la fiscalía local, sujetos a bordo de una motocicleta les dispararon para después huir.
Horas más tarde, las autoridades indicaron que, hasta ese momento, “no había indicios de que el doble homicidio estuviera relacionado con la labor de la mujer como integrante de un colectivo de búsqueda”.

La Fiscalía de Jalisco retoma línea de investigación sobre la labor de buscadora como móvil del crimen

Aunque al principio indicó que no había elementos para relacionar el homicidio de la activista María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez con las labores de ella como buscadora, la Fiscalía de Jalisco señaló ayer que es una de las tres líneas de investigación.
Ayer, el Vicefiscal en Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán, afirmó que se indaga si el crimen está relacionado con su labor como integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.
“Hubo una mala interpretación de la información, obvio que las investigaciones tienen varias líneas de investigación, varias hipótesis, nosotros ayer dimos una información rápida de lo que teníamos, todavía las líneas de investigación no las teníamos definidas”, dijo el funcionario.
En la indagatoria, afirmó, tienen documentado que los sujetos atacaron directamente a Jaime Daniel y que María del Carmen trató de defenderlo; además, dijo que la activista no había recibido amenazas.
Guerreros Buscadores de Jalisco, colectivo que destapó el caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, pidió al Gobierno Federal presionar al de Jalisco para garantizar justicia a las víctimas.

Rubén Rocha presenta plan para reactivar Sinaloa en reunión con el gabinete federal de seguridad

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de Morena, anunció una serie de acciones y estrategias de reactivación económica y social emprendidas a través del “Plan Sinaloa”, un programa integral que articula seguridad, bienestar e infraestructura con una visión de justicia social.
“La paz en Sinaloa se construye no sólo con vigilancia, sino con inversión social, presencia institucional y cercanía con el pueblo, el Plan Sinaloa comparte los principios, lineamientos y bases del Plan México, la política nacional de transformación impulsada por el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, enfocada en atender las causas estructurales de la violencia”, dijo al participar en la Mesa de Coordinación Nacional para la Construcción de la Paz y la Seguridad, encabezada por la Jefa del Ejecutivo federal.
Como parte de la agenda, el General Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, presentó ante el Gabinete de Seguridad Nacional los resultados y el diagnóstico actual de la estrategia de seguridad en la entidad, subrayando avances en la reducción de delitos y en la coordinación con fuerzas federales.
El Mandatario estatal fue acompañado por representantes de las instituciones de seguridad del Estado, en un ejercicio de coordinación que fortalece la relación con las autoridades federales.

Reuniones con autoridades federales generan esperanza: Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

Decenas de colectivos de búsqueda del país se unieron al llamado de Guerreros Buscadores de Jalisco para exigir justicia, luego de que una de sus integrantes, María del Carmen Morales fuera asesinada junto con su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales en Tlajomulco, localidad ubicada a las afueras de Guadalajara. En una carta difundida ese mismo día, expresaron su “profunda indignación, dolor y solidaridad” con la familia de María del Carmen, “cuya lucha incansable por la verdad y la justicia” para Ernesto Julián, su hijo desaparecido desde febrero de este año, le costó la vida.
En su pronunciamiento, remarcaron que los dos homicidios se dan en un momento en que Guerreros Buscadores de Jalisco “ha ganado visibilidad por su participación en el hallazgo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. A raíz de ello, el colectivo y sus integrantes han sido objeto de un discurso de criminalización por parte de autoridades, sectores de la sociedad civil y grupos del crimen organizado, lo cual ha derivado en múltiples amenazas en su contra”.
María del Carmen Morales es la buscadora asesinada número 28 desde 2010, según el conteo del sitio A dónde van los desaparecidos. El nombre de la jalisciense es precedido por el de su paisana Teresa González Murillo, quien buscaba a su hermano Jaime, desaparecido en 2024, y fue baleada en su casa en Guadalajara el 27 de marzo. El 2 de abril murió en el hospital a consecuencia de las heridas.
En este contexto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México ve con esperanza las mesas de diálogo que tuvieron lugar durante abril entre colectivos de búsqueda y la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Consejería Jurídica de Presidencia, con el objetivo central de construir una agenda conjunta que garantice la verdad, la justicia y una atención digna a las víctimas.
“Se ha podido llegar a acuerdos que al final del día fueron asumidos por Gobernación como un punto de partida para poder instrumentar dentro del gobierno federal las políticas que se requieren a fin de ir generando cambios” en las búsquedas y en el tema de agresiones contra buscadoras, comenta Martín Villalobos, miembro del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, en entrevista con El Sur.
El activista, presente en parte de los encuentros, resalta que uno de los puntos importantes tratados ahí fue el recuento de “las condiciones y las situaciones bajo las cuales las buscadoras, en general, desarrollan esta actividad tan peligrosa y tan cuestionada a veces no sólo por las autoridades, sino también por la propia sociedad”.

En seis meses,
seis ataques letales

El pasado 7 de abril, menciona el comunicado publicado por colectivos de búsqueda tras el asesinato de María del Carmen Morales, integrantes de Guerreros Buscadores de Jalisco “fueron recibidas por Segob, ante quienes manifestaron de manera clara y directa el riesgo que enfrentan debido a su labor de búsqueda y denuncia”.
Añade: “Es fundamental subrayar que este hecho no es aislado. A lo largo del país, diversas personas buscadoras se encuentran en condiciones similares de riesgo, derivadas de su labor. Varias personas buscadoras asesinadas habían solicitado medidas de protección a las autoridades competentes, sin que estas fueran otorgadas o implementadas con la urgencia o eficacia necesarias”.
Cita como ejemplo a María Teresa González Murillo, “quien ya había recibido tres amenazas de muerte previas al ataque y solicitado ayuda del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas”.
Además del “terrible asesinato de María del Carmen Morales, se han documentado 6 casos de agresiones letales en contra de buscadoras en el periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum. De 2010 al día de hoy, se han documentado 30 casos de personas buscadoras agredidas de manera letal: 4 desapariciones y 26 asesinatos. De 2019 a la fecha, se han perpetrado 24 de los 30 casos”.

Urgen protocolos
de seguridad

El jueves, día del doble asesinato en Tlajomulco, concluyeron las primeras rondas de diálogo, que fueron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, por instrucción directa de la presidenta Sheinbaum. “Tenemos la indicación de atender como una prioridad de Estado el problema de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”, afirmó el 7 de abril, al inaugurar la primera mesa.
De acuerdo con Villalobos, ahí se reconoció que hay más de 120 mil desaparecidos y que las personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos son agredidas y asesinadas. “Es uno de los temas que abordaron los colectivos con Segob. Otro fue el que llamamos de prevención, en el que se hace el recuento de cuáles son las condiciones y las situaciones bajo las que las buscadoras, en general, desarrollan esta actividad tan peligrosa”.
No existe un mecanismo estandarizado a nivel nacional, explica, que permita que en los estados “se asuman las responsabilidades que deberían de corresponder para que las buscadoras, no solamente en el ejercicio de la búsqueda sino también en el ejercicio de la vida cotidiana, puedan tener condiciones que les garanticen seguridad”.
Ello no necesariamente implica que ellas deban tener guardaespaldas, precisa. “Se requiere una política pública integral que determine desde condiciones básicas de acompañamiento en territorio de búsqueda y procesos permanentes de vigilancia”.
Es necesario, asimismo, la generación de análisis de contexto integrales; por ejemplo, de la actividad que desarrollan las buscadoras, la región donde viven, las actividades que realizan en lo cotidiano, las formas de trabajo y de agresión por parte de la delincuencia organizada en estas regiones. Todo esto ayudaría a generar protocolos de actuación de las propias autoridades para tener más cercanía y más vigilancia.
“Como el caso de las personas asesinadas, lamentablemente sucede en los lugares donde viven o en las actividades que van desarrollando de manera continua. Esto, a su vez, deja claro que hay oportunidad de que el crimen organizado haga esto porque hay ausencia de estos mecanismos”, analiza Villalobos.
“La exposición de las buscadoras va más allá del mero acto de buscar o de incidir en la visibilización de las desapariciones: lamentablemente trasciende a su propia familia, a los amigos y a los lugares donde viven. Son los casos terribles que hemos visto últimamente”.

“Una madre siempre
va a buscar a su hijo”

Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Arana, desaparecido desde el 17 de enero de 2011, y coordinadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej), advierte que los colectivos “no recibimos la ayuda inmediata que requerimos de las autoridades para encontrar a nuestros desaparecidos, y es cuando salimos a la calle a buscar. Estamos haciendo lo que deberían de hacer las autoridades, definitivamente. Toda la investigación”.
El gobierno sabe, enfatiza, “que nosotras como madres hacemos todo por nuestros hijos. Entonces se hacen búsquedas, el trabajo que debería de hacer el gobierno. ¿Por qué no lo hacen? Por múltiples situaciones, una es que no se tiene el personal”.
–Buscar ha traído ataques e incluso hay buscadoras asesinadas.
–Son agresiones que no se deben de dar a nadie. Y sobre todo si hablamos de las buscadoras, porque nosotras andamos haciendo algo natural: una madre siempre va a buscar a su hijo.
–¿Qué le parece que el gobierno esté teniendo pláticas con los colectivos en el contexto de las agresiones?
–Es importante que esto se dé, porque algo tienen que hacer ante la crisis de desapariciones. Tristemente, en lo personal, que tengo tanto tiempo en esto, sé lo que va a pasar: puro trabajo de escritorio, pero nada efectivo, nada que nos saque del problema que tenemos. Una búsqueda bien hecha no tendría por qué ponernos en riesgo. Recientemente, un grupo de personas se fueron a buscar sin llevarse a la Guardia Nacional. En Zacatecas. No se fueron por gusto. Es una necesidad básica que una madre vaya a buscar a sus hijos.

Diálogo inédito
y esperanzador

Al comienzo de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador se reunió con familiares de desaparecidos, en particular con las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. En junio de 2019, a siete meses de haber asumido la presidencia, durante la presentación del informe de trabajo de los tres primeros meses del Sistema Nacional de Búsqueda escuchó demandas de quienes acudieron al Salón de la Tesorería del Palacio Nacional y se comprometió a mantener esos encuentros cada tres meses “para que entre todas y todos avancemos en el propósito de encontrar a las personas desaparecidas”.
“Va a haber justicia en México”, prometió a familiares de víctimas de la violencia en el país y desaparecidos. “No nos ocultaremos. Por difícil, doloroso o incómodo que sea, trataremos este lamentable asunto. Siempre daremos la cara (…) no tenemos problemas de conciencia. Enfrentaremos cualquier problema por difícil que sea”, afirmó.
Conforme avanzó su sexenio, el fenómeno de las desapariciones rebasó a su gobierno, pero a las únicas familias que volvió a recibir –sin entregarles resultados– fue a las de Ayotzinapa. Con las organizaciones de derechos humanos y de búsqueda la relación se tornó áspera, primero, e inexistente después.
Por eso, cuando habla de los recientes encuentros entre colectivos de búsqueda y funcionarios federales de alto nivel, ocurridos ya en la presidencia de Claudia Sheinbaum, Martín Villalobos admite que en años pasados “hubo un proceso que lamentablemente generó desconfianza con el gobierno anterior”.
“Se politizaron mucho las demandas legítimas de las personas buscadoras. Se dijo que a lo mejor éramos alentados por organismos internacionales o por organizaciones oscuras, que lo que querían era desestabilizar, cuando la realidad es otra”.
En 2024, relata, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México inició un proceso de diálogo con el gobierno federal. “Desde el momento en que la presidenta Sheinbaum dijo públicamente que quería reunirse con los colectivos, nosotros le agarramos la palabra. Este año, cuando volvió a decirlo, volvimos a solicitar esa reunión, que finalmente permitió que tuviéramos ciertos acercamientos a través de Gobernación”. Al principio, reitera Villalobos, “sí hubo como este tema de desconfianza sobre qué queríamos”.
“Conocieron que el movimiento es un grupo de 97 colectivos nacionales, que trabaja con propuestas serias, con una metodología, con un respeto, no político. Que siempre trata de buscar los mejores instrumentos de diálogo poniendo en el centro a las familias y sus necesidades”.
Fue a partir del reconocimiento del movimiento como actor importante en varios sexenios “que se fueron generando y construyendo las bases que pudieron llevar a esta propuesta de mesas de negociación que nos duraron tres días.
“El gobierno federal abrió un proceso dentro del cual hubo la oportunidad de que cientos de colectivos pudieran expresar y aportar sus visiones y elementos” que han permitido a las autoridades “recoger todas esas inquietudes para poder instrumentar un programa nacional de operaciones que frene esto”.
Afirma el activista que “se ha podido llegar a acuerdos que fueron asumidos por Gobernación como un punto de partida”. Es un proceso que apenas inicia, dice con precaución. “Un proceso que será permanente porque hay mucho que discutir, abonar y reformar. Vemos con buenos ojos esta actitud. Nos genera esperanza. Es algo”.

La presidenta Claudia Sheinbaum mostró en la conferencia mañanera el comunicado del colectivo Guerreros Buscadores en el que exige justicia en el asesinato de su compañera María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Foto: Cuartoscuro

El INE prevé usar inteligencia artificial para detectar candidaturas riesgosas

Agencia Reforma

Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral (INE) alista un modelo de fiscalización para detectar qué candidaturas al Poder Judicial representan mayor riesgo de recibir financiamiento ilegal.
En entrevista, la consejera Carla Humphrey explicó que con este mecanismo, que arrancará la próxima semana, se busca identificar no sólo a quienes reciben dinero público o privado, sino también del crimen organizado.
“Esto para tener claridad de cuáles son las candidaturas que en su caso pueden generar mayores riesgos para, por ejemplo, la injerencia del crimen organizado en este proceso electoral”, resumió.
El titular de la Unidad de Fiscalización del INE, David Ramírez, detalló que se usarán varias bases de datos para la fiscalización de gastos.
“Con inteligencia artificial extraemos información relevante, homogénea y comparable. Hemos definido diversos criterios que aluden a las personas, a la región en que se asienta el distrito judicial o la circunscripción y al cargo”, apuntó.
“Se realiza una ponderación de los criterios y se corre el modelo en el listado de candidaturas federales y locales. El modelo arroja un listado en el que clasifica a las candidaturas como riesgo alto, medio y bajo”.
Por ejemplo, expuso, la IA detecta en redes sociales cuál es la reputación de los candidatos, si son señalados de tener nexos con grupos delincuenciales, si han emitido fallos controversiales o incluso si tienen conflictos familiares.
También se emplearán los datos que los propios aspirantes reportan al sistema de fiscalización del INE, como son ingresos, egresos y eventos.
Si se detectan anomalías se abrirán auditorías específicas, y si éstas arrojan algún ilícito se dará vista a las autoridades correspondientes.
Luego de que el jueves el INE aprobó investigar las denuncias contra candidatos que son prófugos de la justicia, tienen suspendidos sus derechos o sentencias firmes por ejercer algún tipo de violencia, la consejera Humphrey insistió en que no investigarán los nexos de candidatos con el crimen organizado.
Sin embargo, remarcó, si en la revisión se detecta que están involucrados en algún delito, se dará vista a las autoridades competentes.
Contrario a procesos electorales anteriores, el INE no abrió un micrositio para que cualquier ciudadano revisara los ingresos y egresos de los candidatos.
Ramírez argumentó que esto es para proteger a los aspirantes, pues en procesos anteriores los recursos son de partidos, y ahora es patrimonio personal.

Trabajadores del PJ protestan contra la visita de Lenia Batres a Villahermosa

Al grito de “¡Fuera! ¡Fuera!” y portando unas orejas de burro, trabajadores del Poder Judicial protestaron ayer contra la ministra Lenia Batres en Tabasco.
La candidata al mismo cargo en la Suprema Corte de Justicia arribó ayer a un hotel de Villahermosa para un encuentro con abogados de la entidad.
Al sitio también llegaron empleados inconformes del Poder Judicial con todo y batucada.
“Lenia, Ministra de la ignorancia”, “Lenia ponte a estudiar y a trabajar” y “La familia Batres es sinónimo de nepotismo”, se leía en algunas pancartas que portaban los inconformes.
Acompañantes de Batres le abrieron paso para que pudiera ingresar al evento.

Ya tiene Tesorería los 16 mil millones de los fideicomisos del PJ: Sheinbaum

Los más de 16 mil millones de pesos que se liberaron con la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, ya están en manos de la Tesorería de la Federación (Tesofe), aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria detalló que gran parte de los fondos serán destinados al ISSSTE, y otra parte se usarán para gastos por instalación de casillas para el proceso electoral de jueces, ministros y magistrados.
“Ya está en la tesorería ese recurso. La Corte dijo que no había atribuciones, pero la reforma constitucional es muy clara de que ese recurso de los fideicomisos tiene que pasarse a la Tesorería”, dijo.

Las casas del Programa de Vivienda “no son los huevitos que hicieron durante años”: Sheinbaum

Staff / Agencia Reforma

Benito Juárez, QR /?Cdmx

Al arrancar el Programa Nacional de Vivienda en este municipio donde se ubica Cancún, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las nuevas casas que construirá el propio Infonavit no serán esos angostos cuartos del pasado, cuando la dimensión mínima era de 36 metros cuadrados, sino de al menos 60 metros cuadrados.
“Son casas de por lo menos 60 metros cuadrados, no los huevitos aquellos de 35 metros cuadrados que se hicieron durante tantos años”, sostuvo en un fraccionamiento de la Colonia Paraíso Maya Quinta etapa, a media hora en auto de Cancún.
“Ya no solamente es el crédito de la vivienda. Es decir, ya no solamente te dan dinero y tú encuentras a ver dónde vas a escoger tu vivienda. Ya no es con los desarrollos inmobiliarios que se hacían antes; ahora no sólo se ofrece el crédito, sino que se da la vivienda en unidades habitacionales que son dignas, que son justas para el pueblo de México”.
El Programa Vivienda para el Bienestar tiene una meta de 1 millón 100 mil unidades en todo el país durante este sexenio, a precios accesibles para quienes ganan entre uno y dos salarios mínimo, según el director del Infonavit, Octavio Romero.
“Si se fijan, lo que estamos construyendo es un estado de bienestar, que el pueblo de México tenga acceso a lo mínimo indispensable a partir del salario que tiene con justicia. Que no importa si ganas el salario mínimo, tu hijo, tu hija puede estudiar en una buena universidad, que no importa si ganas el salario mínimo, puedas tener una vivienda para tu familia. Que no importa incluso si estás en la economía no formal, puedas tener acceso a todo lo necesario”, dijo Sheinbaum.
Decenas de personas le aplaudieron junto a una unidad habitacional con amenazas de linchamiento a quien fuera sorprendido robando.
“Se está facilitando la forma de acceder a la vivienda y ahora se construye la vivienda. ¿Cómo va a ser esa vivienda como los huevitos esos que construyeron en el pasado, alejados de todo lo mínimo?”, insistió.
Al final de su discurso, la Presidenta reiteró su llamado a votar el 1 de junio en la elección judicial y también envió un mensaje sobre la difícil relación con el Gobierno de Donald Trump.
“Nunca vamos a poner el riesgo la soberanía del país, porque eso lo hemos conseguido las mexicanas y los mexicanos históricamente. Que se oiga bien, que se oiga fuerte de aquí a la frontera norte: México es un País libre, independiente y soberano”, sostuvo.

Empresas se amparan contra
parte de la ley del Infonavit

Empresas de todos los tamaños iniciaron una batalla legal contra la reforma a la Ley del Infonavit, en particular un cambio que los obliga a seguir pagando los créditos de vivienda contratados por sus empleados, aún cuando éstos no están laborando.
En las últimas tres semanas, empresas inconformes con la reforma al artículo 29 de la ley promovieron al menos 287 amparos, sólo en la Ciudad de México, según registros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Dicho artículo establece que los patrones tendrán que seguir pagando al Infonavit las mensualidades de los créditos de trabajadores durante sus ausencias o incapacidades.
Entre las empresas quejosas destacan Walmart, Nissan, Alsea, Televisa, Grupo Posadas, Gayosso, Aeroméxico, Volaris, Didi Mobility, Fundación Teletón, Unilever, Procter & Gamble, Grupo Collado, Alpura, Bridgestone y Cinépolis, pero también decenas de firmas medianas y pequeñas, que temen incurrir en incumplimientos con el Infonavit si no hacen los pagos de trabajadores ausentes e incapacitados.
“La reforma es inconstitucional, particularmente en lo que respecta a la modificación del artículo 29, pues impone a los patrones una carga económica indebida al obligarlos a cubrir, con recursos propios, los préstamos otorgados por el Infonavit a sus trabajadores durante sus ausencias o incapacidades”, explicó el despacho Von Wobeser y Sierra, en una nota del 21 de marzo.
Los amparos han tenido una recepción mixta en los juzgados federales.
Diez de los 17 juzgados en materia administrativa se han declarado incompetentes para llevar los asuntos, por considerar que se trata de materia laboral, pero varios jueces en dicha especialidad también los han declinado, generando conflictos competenciales.
Los otros siete juzgados administrativos sí admitieron los amparos, pero seis de ellos se han negado a conceder suspensiones contra el artículo 29, entre otras razones, por considerar que se requieren actos concretos de aplicación por parte del Infonavit que afecten a las empresas.