Veintiún meses después de la noche trágica de Iguala, y dos meses después de la salida del país de los expertos independientes de la CIDH, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos mantienen su demanda de justicia y presentación de sus hijos, junto a la destitución del director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, según todas las evidencias artífice de la teoría del basurero de Cocula.
Es decir, a tantos meses, todo sigue igual que en enero de 2015, cuando el ex procurador Jesús Murillo Karam dio a conocer en su edición definitiva la “verdad histórica” que carga todo a la delincuencia y libera de responsabilidad al poder político, al Ejército y a la Policía Federal.
No hay señales hasta ahora de que la PGR haya hecho caso a las recomendaciones emitidas por el grupo de expertos, que demostró la falsedad de la versión de la incineración en el basurero y puso de manifiesto la intervención de policías federales en los hechos. La más reciente evidencia de que nada ha cambiado en la postura del gobierno en este caso se puede localizar en el hecho de que la PGR se niega a proceder contra los dos policías federales cuya participación activa en el ataque contra los normalistas está plenamente comprobada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y contra los cuales la institución solicitó el pasado 4 de marzo el ejercicio de la acción penal.
Ese es sólo un botón de muestra de la actitud inflexible que la PGR y el gobierno federal han mantenido en la investigación de los acontecimientos de aquella noche, que a todas luces busca impedir que se conozca la verdad última y evitar que los responsables de mayor rango –como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, por ejemplo– vayan a la cárcel.
A ese fin está destinado también el nuevo impulso que la PGR dice haberle dado a la investigación, según el informe entregado a los padres de Ayotzinapa el 8 de junio. De acuerdo con el resumen dado a conocer en esa fecha por el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, los 43 estudiantes fueron asesinados por el grupo criminal Guerreros Unidos debido a que su presencia en Iguala y sus “desmanes”, como los llamó la PGR, calentaban la plaza que, se supone, le pertenecía.
Como hasta la forma en que la PGR presenta las cosas importa, esto es lo que dijo Betanzos en su mensaje a la prensa: “Los alumnos de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa arribaron al municipio de Iguala y entraron a la ciudad para tomar camiones y llevárselos de regreso a esa institución, situación que motivó a una célula del grupo delictivo Guerreros Unidos, a actuar presumiblemente en su contra, solicitando, según las evidencias recabadas hasta el momento, a elementos de las policías de Iguala y Cocula que los detuvieran y se los entregaran para privarlos de su libertad, interrogarlos y presuntamente privarlos de la vida”.
Explicó que la conducta anterior obedece a que “el modo de operar en contra de sus enemigos (de Guerreros Unidos) al parecer atiende a diversos factores, principalmente su pertenencia a otra banda delictiva que genera desmanes en su territorio y que calienten la plaza”, por lo que “de darse alguno de estos detonantes, la respuesta sería altamente violenta, privando de la libertad a las personas directamente o presuntamente a través de la Policía Municipal, torturándolas, privándolas de la vida, incinerándolas e inhumándolas”.
Esa, dijo, es “la línea de investigación de la que esta PGR tiene los mayores indicios, no obstante haber agotado otras que han surgido durante el desarrollo de la indagatoria sin obtener resultados. Ello no obsta para seguir investigando con toda exhaustividad las demás líneas de investigación”.
El reporte de la PGR a los padres también da a conocer que desde abril de 2015 se abrió una línea de investigación sobre la posible participación de la policía del municipio de Huitzuco en el ataque contra los normalistas, como la de Iguala y la de Cocula, y es realmente sorprendente que más de un año después eso sea todo lo que pueda decir la Procuraduría al respecto, pues así como está documentada la participación de la Policía Federal y el conocimiento que tuvieron el Ejército y el gobierno estatal de los hechos, lo está también el de los policías de Huitzuco, pese a lo cual ninguno está detenido.
Es otra vez la “verdad histórica”, que tácticamente en esta ocasión prescinde del basurero de Cocula, aparentemente para no incomodar ni despertar más reproches de los padres de los normalistas. Delincuentes malévolos, policías municipales corruptos y un alcalde vendido a la delincuencia son los límites que la PGR se ha trazado y respeta sin salirse un milímetro para explicar lo sucedido el 26 de septiembre.
Ninguna referencia a los policías federales que estuvieron con los delincuentes, a los militares que observaron y hasta tomaron fotografías de todo, ni al gobierno de Ángel Aguirre que estuvo enterado minuto a minuto de los pasos de los normalistas desde que salieron de la escuela por la tarde, y que luego no hizo nada para impedir los ataques y la desaparición de 43 de ellos.
Veintiún meses después el gobierno y la PGR continúan montados en su versión, como si la investigación alterna del grupo de la CIDH no la hubiera desmantelado y puesto al descubierto complicidades de más alto nivel de lo que las autoridades pretenden, y como si un crimen de esa magnitud pudiera esconderse bajo la alfombra ante los ojos del mundo.

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El arzobispo de la Arquidiócesis de Acapulco, Carlos Garfías Merlos, hizo un llamado a las autoridades estatales para que den seguimiento al proceso iniciado por la Secretaría de Gobernación (Segob), para establecer un diálogo con los maestros, incluso propuso que haya un tercer participante, que pueda facilitar que se logre una mesa de trabajo.
En conferencia de prensa se le preguntó su opinión de lo dicho por el secretario de Seguridad Pública del estado, el general Pedro Almazán Cervantes, de que la rivalidad de los cárteles desata la violencia, y respondió una parte se da por la delincuencia organizada, pero hay otro tipo de violencia, que también debe ser investigada.
De los hechos suscitados en Nochixtlán, Oaxaca, donde fallecieron nueve personas y más de cien resultaron heridas, dijo que la diócesis de Acapulco expresa su preocupación ante la incidencia de enfrentamientos que provocan muerte y generan tanto dolor y sufrimiento, que entorpecen la tranquilidad en los pueblos y en todo el país.
Dijo que sin duda el esclarecimiento de los hechos es fundamental para dar respuestas certeras a los familiares de las víctimas, de quienes resultaron afectados y la sociedad.
Agregó que es “lógica” la repercusión que estos actos causaron en el sector magisterial, “no es aceptable de ninguna manera, que en aras de buscar la justicia se cometan actos que perjudiquen a la sociedad y que no contribuyen de ninguna manera a promover la paz, por el contrario abonan a la violencia y a la incertidumbre”.
Hizo un llamado al magisterio de Guerrero y a las autoridades estatales para dar seguimiento a este proceso iniciado por la Secretaría de Gobernación, para establecer un diálogo en el que ambas partes resuelvan sus diferencias en todos los ámbitos, desde la justicia y en la verdad, “para que quienes fueron perjudicados durante este enfrentamiento”.
Abundó que “si los maestros se quejan de que hay simulación de dialogo, será oportuno que puedan denunciarlo y en su momento se pueda realizar el diálogo con una instancia o un tercero, como el que pueda facilitar el diálogo, sino es posible que se realice de la forma oportuna entre las partes, será importante buscar algún facilitador”.
Se le preguntó si el gobierno debe aplicar el estado de derecho ante las movilizaciones de profesores, y reiteró que primero haya diálogo entre ambas partes, y en su momento “cumplan con su responsabilidad de mantener la seguridad, el orden dentro de la sociedad y no puede haber un juez a la distancia”.
En otros temas, se le preguntó si coincidía con el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán, de que la rivalidad de los cárteles desata la violencia, y declaró que “parte de la violencia es de la delincuencia organizada, pero es un hecho que también hay otra violencia, que tiene otros origines, eso lo he expresado de diferentes maneras”.
“Es un hecho que también hay violencia común, violencia intrafamiliar, hay agresividad vecinal y claro, hoy tenemos la delincuencia organizada, que genera una violencia más cruenta y por eso tenemos que tener conciencia de todas las formas de violencia, para tratar de transformar esa violencia y ayudar a esas personas que en lugar de deseos de venganza puedan ayudar al perdón y la reconciliación”, puntualizó.
Dijo que de cada caso de violencia que se presente los ciudadanos deben conocer los resultados de la investigación, para saber el origen y que las autoridades procedan, porque “es lamentable que sucedan esos hechos violentos, será muy importante que la sociedad tenga respuestas precisas de las autoridades para recuperar la confianza”.
Explicó que los ciudadanos lo que piden a las autoridades que se investigue y que den una información, puntual porque como arzobispo no puede dar un dato que no tiene, “son las autoridades que de manera objetiva deben de dar a conocer dicha información”.
“No puedo afirmar que están minimizando, en su momento los casos hay que darles seguimiento a cada caso y a las autoridades hay que exigirle que den información de cada caso, qué pasa, y de los resultados de las investigaciones, eso lo podemos exigir”, dijo.
Por otra parte, dijo que la otra reunión que tendrá con comuneros de La Parota y el comisario de Aguacaliente quedó “para el 21 de julio”, que como no hubo agenda en particular está “pendiente la reunión con los comisarios que entran en funciones, para que con ellos se vea si quieren las mesas de diálogo e ir tratando los temas que generen conflicto”.

Precaución por el mar de fondo

Por otra parte, Garfías Merlos pidió, debido al fenómeno de mar de fondo, a las personas que tienen su local en la franja de playa y a los turistas, que tomen las debidas precauciones, como evitar introducirse al mar cuando haya oleaje elevado y respetar los señalamientos instalados en la franja de arena, así como escuchar a las autoridades y tomar conciencia de lo peligroso que puede ser.
Abundó que la prevención y autoprotección son fundamentales en este tipo de situaciones, ya que de ello depende salvaguardar la integridad personal.

El gobierno federal admitió una solicitud para declarar la alerta por violencia de género en Guerrero, y en consecuencia emitió una convocatoria para integrar al grupo de especialistas que estudiará la situación y determinará si existe o no un problema de violencia feminicida.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) publicó el viernes, en su portal de internet, la convocatoria para conformar el grupo de trabajo al que se refiere el artículo 36 del reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Se lee en el documento que este grupo deberá “estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el cual se señala que existe violación a los derechos humanos de las mujeres, ya sea por violencia feminicida o agravio comparado, a fin de determinar si los hechos narrados en la solicitud actualizan alguno de los supuestos establecidos en el artículo 24 de la Ley General”.
El sábado, El Sur publicó que organizaciones civiles de mujeres, aglutinadas en la Alianza Feminista, alistaban una solicitud de alerta por violencia de género para Guerrero.
El aartículo 32 del reglamento de la Ley General establece que la solicitud de la alerta puede ser presentada por organismos de derechos humanos internacionales, nacionales o de las entidades federativas, y por organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.
Según el reglamento, si la solicitud cumple los requisitos establecidos, será admitida por las autoridades correspondientes y de inmediato la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Inmujeres) coordinará y realizará las acciones necesarias para la conformación del grupo de expertos.
En la convocatoria publicada por el Inmujeres no se precisa si la solicitud admitida es la que impulsa la Alianza Feminista.
El documento establece que el grupo de expertos estará conformado por una persona representante del Inmujeres, una de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, una de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dos de una institución académica o de investigación especializadas en violencia contra las mujeres, ubicadas en el territorio donde se señala la violencia feminicida, dos de una institución académica o de investigación de carácter nacional y una persona representante del mecanismo para el adelanto de las mujeres.
Se informó que el periodo de inscripción será del 24 de junio al 14 de julio de 2016.
Para la realización del estudio y análisis de la solicitud, el grupo de trabajo contará con 30 días naturales, contados a partir de que se reúna por primera vez para integrar y elaborar las conclusiones.
“Cuando el grupo de trabajo no encuentre elementos suficientes que le permitan presumir la existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud, lo hará del conocimiento de la Comisión Nacional, así como de la secretaría ejecutiva, para que ésta a su vez lo haga del conocimiento de las partes interesadas”, se lee en el reglamento de la ley.
Por el contrario, si se confirma que en Guerrero existe un problema de violencia feminicida, el grupo emitirá un informe, con recomendaciones al gobierno del estado a fin de que éste inicie acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir esta situación.
La alerta por violencia de género se emitirá solamente si el gobierno del estado no responde o no acepta las recomendaciones del grupo de expertos; o, en caso de haberlas aceptado, no las haya cumplido en un lapso de seis meses.

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó sobre el asesinato de tres policías federales en Chilapa, que ya se tiene identificado qué grupo delincuencial perpetró el crimen; sin embargo, evitó decir cuál era, porque “es una investigación”.
Consultado en relación con los maestros cesados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), evadió responder, porque “son temas que maneja el secretario de Educación” y corresponde a la federación hablar con ellos.
En su intervención durante el inicio de la pavimentación de un tramo de calle desde la avenida Escénica a Cumbres de Llano Largo, el gobernador comparó los hechos violentos del estado con una plaga, “ya tenemos un problema, que es la inseguridad que todos los días se le combate y enfrenta, y que aparece como una plaga, por muchos lados afecta, lastima, da dolor”.
En breves declaraciones a reporteros, Astudillo Flores calificó de “cobarde” el asesinato de tres policías federales, mientras comían en una fonda en el mercado de Chilapa.
Los efectivos, que murieron por impactos de bala en su día de descanso, eran parte de una operación militar y policíaca contra la delincuencia organizada, que se ha acentuado en el municipio de la zona Centro del estado.
Astudillo Flores informó sobre los posibles responsables del triple homicidio “la investigación orienta que quienes cometieron ese asesinato cobarde, por cierto, son miembros de unas de las bandas delincuenciales que existen ahí.
Se le preguntó si se tiene identificada a la banda, y Astudillo Flores contestó: “Se tiene identificada”, pero al cuestionarle cuál es, sólo dijo que “es una investigación”.
Se le preguntó sobre la participación del gobierno del estado y las estrategias de seguridad en la identificación de los grupos delictivos, como el sábado informó el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, quien explicó que la violencia en el estado se debe al conflicto entre carteles, “tenemos problemas en varias regiones, tenemos un problema en Ajuchitlán, que todos los días se da seguimiento, lo que sucedió recientemente en Chilapa y hoy por supuesto, lo que sucede cotidianamente en Acapulco”.
A pregunta sobre el cese de maestros guerrerenses, dijo: “Son temas que maneja el secretario de Educación, no tengo en este momento los datos”. Se le insistió en si sería intermediario entre la federación y el magisterio, y contestó que “es un asunto de carácter federal, está en la federación”.
De los recortes al presupuesto, indicó que hasta el momento no se les han reportado reducciones, “yo espero que no los exista, después de que hiciera el anuncio el doctor (Luis) Videgaray, entendemos que es al gasto corriente, obviamente al haber un recorte de gasto corriente, vendrán menos, habrá menos actividades federales, pero hasta ahorita en sí, en el ejercicio de nosotros no lo hay”.
El gobernador realizó una gira de trabajo primero en la supervisión del puente Barra Vieja-Las Lomas, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Astudillo Flores recorrió el puente, que tendrá una longitud de 470 metros, que sustituirá a la anterior estructura colapsada por las tormenta tropical Manuel. Adelantó que en un mes se concluirá.
En el segundo punto de la gira dio el banderazo de arranque a la pavimentación de cinco kilómetros de carretera, que comunicará a las comunidades Altos del Camarón, Agua de Perro y Nueva Venta Vieja, con una inversión de 30 millones de pesos, que según sus estimaciones beneficiará a 15 mil habitantes de comunidades que conforman la Ruta del Sol.
En el tercer punto, acudió al inicio de la rehabilitación de la avenida Heroico Colegio Militar, que va de la Escénica a Cumbres de Llano Largo. De tres kilómetros, donde se observó la colocación de chapopote, y se invertirán 5 millones de pesos.
Se detalló que harán obras de bacheo superficial y colocación de carpeta de cuatro centímetros, así como retiro de maleza en temporada de lluvia y de escombro.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un ejercicio irregular de 586 millones 27 mil pesos del Fondo para la Infra-estructura Social Municipal (FISM), que manejó el ex titular estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), David Jiménez Rumbo, en el gobierno de Ángel Aguirre.
La ASF señala que el gobierno de Guerrero no aplicó correctamente la distribución del FISM, lo que afectó a 51 municipios.
A través del director general de Responsabilidades a los Recursos Federales, Gerardo Martínez Hernández, la ASF concedió un plazo de 30 días, a partir del 19 de abril de 2016, a Héctor Astudillo Flores, para que solvente el pliego de observaciones de las irregularidades en la Sedesol estatal.
En el oficio se solicita al gobierno de Guerrero que presente copia certificada de la documentación que acredite la recuperación del importe referido y, en su caso, compruebe el adecuado ejercicio del gasto público, o bien aclare la irregularidad descrita.
Además, pide documentación en caso de que la entidad fiscalizadora haya promovido el fincamiento de responsabilidades a servidores públicos o particulares, personas físicas o morales, que hubieren participado en la irregularidad señalada.
Tras el envío de este requerimiento a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, pide a la titular de la Sedesol estatal, Alicia Zamora Villalva, que envíe copia certificada del nombramiento de Jiménez Rumbo como secretario de esa dependencia, durante el mandato de Aguirre.
De acuerdo con la Contraloría, ya fue acordado el inicio de la investigación, cuyos resultados, que arrojará el gobierno de Guerrero, podrían derivar en el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario contra Jiménez Rumbo.
Las municipios con los más bajos índices de desarrollo social son los afectadas por la mala distribución de los recursos del FISM, como Metlatónoc, Atlixtac, Tlacoachistla-huaca, San Luis Acatlán, Mártir de Cuilapan, Ayutla de los Libres y Cochoapa el Grande.
Por ejemplo, a Metlatónoc, que debió recibir 76 millones 162 mil pesos, se le entregaron 47 millones 399 mil pesos; a Cochoapa el Grande debieron entregársele 91 millones 241 mil pesos, en cambio el gobierno estatal le asignó únicamente 60 millones 800 mil.
A Ayutla debieron entregársele 181 millones 48 mil pesos; en cambio, sólo recibió 126 millones 530 mil pesos.