Un efectivo de la Policía del Estado resguarda la zona en la nave del área de carnes del mercado Baltazar R Leyva Mancilla, luego de un ataque armado en un local que dejó dos hombres sin vida y uno más herido Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Asesinan a otros tres comerciantes en la capital, dos en ataque al mercado central

Asesinan a otros tres comerciantes en la capital, dos en ataque al mercado central

 

A las 4 de la tarde irrumpen hombres armados a la nave de carnes y matan al presidente de la Unión de Tablajeros y al empleado de un negocio; dejan un herido. Por la mañana ejecutan a un distribuidor de pollo junto al edificio Álvarez en el centro de la ciudad. Hallan un muerto en la cajuela de un taxi en Acapulco. Prenden fuego a las instalaciones de la Universidad Intercultural en Las Vigas; “pretenden  atemorizarnos”, dice la directora

 

 

Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, 22 de marzo de 2025. En dos nuevos ataques armados a comerciantes de cárnicos en  Chilpancingo, un distribuidor de pollo fresco, un dirigente de tablajeros y un carnicero fueron asesinados a balazos, mientras que un trabajador resultó herido, informaron autoridades.

En la mañana, a un lado del edificio Álvarez, causa de las lesiones por arma de fuego murió el distribuidor de pollo fresco identificado como Luis de 40 años.

En un segundo ataque en la tarde en el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla murieron por las graves heridas de bala Daniel Lorenzo Campos Nava de 38 años, presidente de la Unión de Tablajeros y Comerciantes de Chilpancingo y Axel Daniel Trujillo Morán, de 20 años, empleado de una carnicería. Un tercer trabajador resultó herido.

Daniel Lorenzo era dueño de la carnicería Ruth y entrenador de boxeo en el gimnasio The Red House de Chilpancingo.

Reportes preliminares que hasta el cierre de esta edición no fueron confirmados por la Fiscalía General del Estado (FGE), indicaron que dos de los tres agresores del mercado Baltazar R. Leyva fueron detenidos cuando trataban de huir en un automóvil marca Nissan tipo Tsuru en la avenida Insurgentes.

La jornada de violencia en Chilpancingo, en el segundo viernes de cuaresma, inició a las 6:40 de la mañana cuando fueron reportadas detonaciones de arma de fuego en la calle República del Salvador, del lado derecho del edificio Juan Álvarez, donde están las oficinas de la Secretaría de Finanzas estatal.

En la entrada de un pasillo comercial un trabajador que empezaba a descargar cajas de pollo fresco de una camioneta Nissan fue atacado a balazos. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a recibir atención médica, pero murió en el trayecto.

La víctima fue identificada como Luis N. o El Chino, o de 40 años. Esa zona comercial de gran afluencia se encuentra a dos cuadras del Ayuntamiento de Chilpancingo.

Policías municipales y estatales, y agentes de la Guardia Nacional resguardaron el área; luego agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales iniciaron las diligencias. En el lugar fueron contabilizados 15 casquillos de arma corta.

El cuerpo quedó a un lado de una camioneta blanca cargada con cajas de plástico llenas de pollos listos para su venta.

 

El ataque en el mercado

 

En un segundo hecho, a las 4 de la tarde hombres armados irrumpieron en la nave 3 de carnicerías y venta de pollo fresco del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla para atacar a mansalva a los comerciantes que se encontraban en las inmediaciones de la carnicería Ruth.

Tres hombres resultaron heridos por proyectil de arma de fuego y por sus propios medios se trasladaron a recibir atención médica.

Más tarde se supo que dos de ellos murieron. Se trata de Daniel Lorenzo Campos Nava de 38 años, quien fungía como presidente de la Unión de Tablajeros y Comerciantes de Chilpancingo y Axel Daniel Trujillo Moran, de 20 años, empleado de la carnicería.

Un tercer trabajador que se encontraba cerca del lugar resultó lesionado de un rozón de bala en el brazo, informaron fuentes de seguridad.

En el área agentes ministeriales aseguraron al menos 15 casquillos percutidos de arma corta.

Policías estatales y ministeriales, agentes de la Guardia Nacional y efectivos militares desplegaron un operativo en los alrededores de la central de abastos. Se informó de manera extraoficial que dos hombres fueron detenidos cuando circulaban a bordo de un automóvil Tsuru en la avenida Insurgentes, cerca de la tienda Autozone. El vehículo en el que se desplazaban fue asegurado.

Hasta el cierre de está edición la FGE no había informado de las detenciones.

En 72 horas se han registrado tres ataques armados a comerciantes de Chilpancingo con un saldo de cuatro muertos y dos lesionados.

El miércoles alrededor de las 3 de la tarde, Alexis N, proveedor de carne de puerco y dos policías auxiliares del estado que lo escoltaban fueron atacados a balazos al salir en un automóvil del estacionamiento del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla.

Tras la agresión el policía que iba al volante, identificado como Damián Huaxtitlán, murió en el lugar, un segundo policía resultó ileso y el comerciante resultó herido.

Un día después, el jueves 20 en una conferencia de prensa en Casa Guerrero, el subsecretario de gobierno Francisco Rodríguez Cisneros deslizó que el ataque al distribuidor de carne en la central de abastos se trató de un “intento de asalto”.

En el mismo contexto de violencia el martes 25 de febrero a las 11:30 del día Miguel Ángel Cuenca Tellez, de 42 años, ex empleado de la Dirección de Reglamentos del municipio fue asesinado a balazos en la oficina de la administración del mercado de la colonia del PRI.

Su esposa, Berta N, administradora del mercado de la popular colonia resultó herida en la agresión.

En junio de 2022 se registraron una serie de ataques a trabajadores de granja, distribuidores y repartidores de pollo en Chilpancingo que dejó como saldo al menos seis personas asesinadas lo que provocó un desabasto temporal de pollo fresco en el mercado Baltazar R. Leyva Mancilla y un alza considerable, el costo de cada pollo llegó a los 220 pesos.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) indicó en relación a esa crisis que en ciudades como Acapulco, Chilpancingo y Taxco el crimen organizado comenzó a tomar el control de la mercancía como el pollo, la tortilla y la cerveza para quedarse con su distribución.

“Ellos fijan los precios finales, es un modus operandi que puede consolidarse en algunas entidades y tener éxito con este nuevo modelo de extorsión, con precios a discreción”, advirtió en ese momento la Anpec.

En la capital del estado dos organizaciones criminales tienen fuerte presencia.

 

Es una vergüenza, reprocha la Asociación de Boxeo del Estado de Guerrero

 

La Asociación de Boxeo del Estado de Guerrero recriminó el crimen del líder tablajero, “es una vergüenza que todos los días haya una reunión por la construcción de la paz y hasta ahora no se haya construido nada, que por un lado el gobierno promueva una clase masiva boxeando por la paz, pero no haga nada por disminuir la violencia, disminuir el cobro de piso, la extorsión y la corrupción”.

“Hoy no sólo mataron a un gran aliado del boxeo mataron a un padre a un esposo a un hijo. Pocas son las personas que tienen el espíritu de servir como lo tuviste, descansa en paz, compañero y a su familia nos unimos a su dolor e indignación”, publicó en su cuenta de Facebook.

“Desde nuestra mesa directiva condenamos y hacemos un llamado a la sociedad, ya que no hay una autoridad que este dispuesta a enfrentar el problema para ellos no pasa de un comunicado y de abrir una carpeta de investigación”, agrega.

 

 

 

 

 

Hallan el cadáver de un hombre asesinado a balazos en la cajuela de un taxi en la colonia Postal

 

Un hombre fue encontrado ejecutado a balazos adentro de la cajuela de un taxi colectivo en la colonia Postal, en las inmediaciones de la Zapata.

El hallazgo fue reportado a las 5 de la mañana entre las calles 35 y 10, de acuerdo con el expediente ministerial

Mediante una llamada de emergencia, agentes fueron alertados de un taxi colectivo abandonado.

Durante la revisión, agentes encontraron en la cajuela del taxi el cadáver del hombre.

El Ministerio Público sector Renacimiento, abrió una carpeta de investigación por el crimen.

El hecho generó un fuerte despliegue policiaco de los tres órdenes de gobierno, encabezado por fuerzas federales.

Con este caso suman 94 muertos en Acapulco en lo que va del año, presuntamente relacionados con el crimen organizado, de acuerdo con el recuento de El Sur.

 

 

 

 

 

Incendian la Universidad Intercultural en Las Vigas; calculan las pérdidas en 650 mil pesos

 

Las instalaciones de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Estado de Guerrero (Unipeg) en Las Vigas, municipio de la Costa Chica, fueron incendiadas de manera intencional el mediodía del miércoles 19 de marzo, confirmaron autoridades escolares.

Dijeron que se desconoce a los responsables del incendio y que el daño total a su patrimonio se estima  en 650 mil pesos.

Pidieron a la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho y dar con los autores materiales e intelectuales.

Consultada al respecto, la directora de la Unipeg número 9 con sede en Las Vigas, Luz Elena Ramírez informó que el siniestro ocurrió al mediodía del miércoles en sus instalaciones ubicadas en la avenida Universidad, en la colonia El Cuastololote.

Ese día las instalaciones a lo largo y ancho de 2  hectáreas estaban vacías debido a que la escuela funciona los sábados.

Ese plantel tiene una matrícula de 545 alumnos distribuidos en 10 licenciaturas.

“Sí quemaron la escuela pero no fueron hombres armados, se desconoce quiénes fueron”, dijeron otras fuentes de la universidad.

Los daños fueron considerables ya que prácticamente todo el patrimonio de la institución fue destruido por las llamas. Las instalaciones se estaban terminando de rehabilitar debido a que fueron dañadas por el huracán John.

La directora precisó que fueron quemadas y se perdieron en su totalidad 30 aulas de las licenciaturas construidas de madera y lámina galvanizada, tres áreas administrativas, la dirección general, dos sanitarios, 400 butacas y 10 mesas de trabajo de los estudiantes.

El monto estimado de la pérdida es de 650 mil pesos.

“Estamos esperando se hagan las investigaciones correspondientes por parte de nuestras autoridades”, enfatizó la directora del campus.

Recordó que la Unipeg nació por la necesidad del pueblo de una educación superior para todos desde hace cuatro años.

“Hemos acudido a las instancias educativas correspondientes, específicamente a la Secretaría de Educación Guerrero y no tenemos aún respuesta, así también con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda”.

Consideró que este acto de violencia en contra de la universidad pretende atemorizar al personal y alumnos que son parte del proyecto.

“Pretende atemorizarnos para desistir en la lucha ya que quemaron nuestras aulas y mobiliario que con mucho esfuerzo del personal que labora de manera meritoria y de alumnos hemos conseguido”.

La primera destrucción, recordó, fue ocasionada por un desastre natural como fue el huracán John, pero esta segunda fue hecha por la mano del hombre.

“Exigimos a la gobernadora (Evelyn Salgado) y a todas las instancias correspondientes que se investigue la causa de los hechos y se llegue hasta las últimas consecuencias”.

“Y sobre todo que apoye la educación superior para nuestro municipio afro, que atienda la necesidad que desde hace cuatro años hemos estado gestionando.  No se debe atentar contra este derecho legítimo a la educación”, finalizó.

Por lo pronto la comunidad escolar estará trabajando en aulas prestadas de una escuela primaria, pero sin material ni equipo de trabajo.

 

 

 

Texto: Redacción y Luis Daniel Nava/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero

 

Piden prestadores de servicios turísticos que los incluyan en el proyecto del CIP

Ramón Gracida Gómez

Ayer se llevó el segundo y último día del curso de seguridad básica a prestadores de servicios turísticos en la playa Papagayo y uno de los promotores, Marco Antonio Suástegui Muñoz, pidió que los prestadores sean incluidos en el proyecto del Centro Integralmente Planeado (CIP) del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Las actividades fueron realizadas después del mediodía de este jueves en la playa frente al Asta Bandera, donde unos 50 prestadores de servicios turísticos de distintas áreas costeras de Acapulco siguieron las instrucciones de la capitana Itzel Cervantes, del Instituto de Educación Náutica y Portuaria Océano Pacífico.
Suástegui Muñoz, prestador de servicios náuticos en playa Icacos, dijo en declaraciones a El Sur que el curso consistió en “la supervivencia y la vida humana en el mar”, y recordó el accidente del yate encallado en La Quebrada el 31 de diciembre de 2024, que provocó la revisión por parte de Capitanía del Puerto de todas las embarcaciones, pequeñas y grandes, como las motos acuáticas, lanchas y yates.
“Se dio cuenta que había una serie de irregularidades, la mayoría de los patrones de costa, de los capitanes a bordo, no tenían la experiencia y el aval necesario para tripular una lancha del tipo que fuera”.
Suástegui Muñoz resaltó que el curso, que inició el miércoles, como se informó ayer en estas páginas, tuvo un un costo de cerca de 400 mil pesos que fue pagado por 75 capitanes de embarcaciones y uno de los temas enseñados fue los primeros auxilios, por ejemplo, un RCP en caso de un ahogamiento; “es importantísimo que nosotros como capitanes de yates, de lanchas o de motos acuáticas sepamos dar los primeros auxilios”,
Denunció la “estafa” de varios extintores con los que contaban y “aparecían con la etiqueta de que estaban en buen estado, de que estaban vigentes y estaban realmente vacíos, el polvo químico que se utiliza estaba apelmazado, los seguros estaban rotos, las válvulas descompuestas”.
Aun así, los trabajadores aprendieron que en “en caso de que una lancha naufrague, sabemos cómo mantener la calma, obviamente sabemos que todas las embarcaciones deben llevar chalecos salvavidas que alcance los 150 kilogramos por persona”.
Suástegui Muñoz contó que en el curso también realizaron la “práctica de un torpedo, de esta manera se puede avanzar hasta llegar a un lugar seguro; también nos enseñaron a hacer una rosa cerrada y abierta, esto con la finalidad de que los pies hagan una especie de señal que pudiera identificarse desde lejos”.
Indicó que las autoridades van a estar al pendientes de la Semana Santa y “nosotros debemos de estar con nuestros documentos, con nuestras embarcaciones bien, pero también concientizados y capacitados para brindar un rescate de primeros auxilios, de incendio o de un naufragio”.
Se le preguntó cómo este curso se enmarca en el proceso de conversión de la zona costera de Acapulco en CIP promovido por Fonatur y el prestador de servicios turísticos respondió:
“Nos dicen que somos parte del problema y nosotros decimos que no, somos parte de la solución, esto es una obligación moral, ética, legal de parte de nosotros”.
Minutos antes de comenzar una reunión más con Fonatur, Suástegui Muñoz dijo que éste “se encuentra totalmente extraviado en Acapulco, no saben qué hacer, no saben cómo entrarle a una limpieza, no saben este tipo de cuestiones que nosotros hace más de 30, 40 años, llevamos a cabo este tipo de actividades en la playa”.
Dijo que los prestadores de servicios están en un proceso de aprendizaje, pero pueden aportar al proyecto, además les “inquieta” la inversión de 8 mil millones de pesos anunciados porque hay un antecedente de millones de pesos invertidos por el gobierno español para el saneamiento de la bahía que fueron robados “por políticos corruptos y mañosos del pasado”.
“Acapulco no puede seguir en el abandono, Acapulco tiene que seguir adelante, pero tampoco estamos de acuerdo con proyectos como el Maribús, por ejemplo, cuando sabemos que hay una pobreza muy sentida, muy marcada” en la Costera, donde contrasta la riqueza de los condominios con la pobreza de los trabajadores, dijo.
Suástegui Muñoz pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que tome en cuenta a los trabajadores de las playas, “el proyecto de Fonatur va a avanzar siempre y cuando tomen en cuenta a la primera cara de Acapulco a los turistas, que somos los prestadores de servicios turísticos”.

Cetegistas se movilizan en Chilpancingo, Acapulco e Iguala durante su segunda jornada de protestas

Miembros de una fracción de la CETEG de la región Norte protestaron este jueves por segundo día consecutivo afuera de las instalaciones del hospital del ISSSTE de Iguala, como parte de las acciones de su paro nacional de 72 horas Foto: El Sur

Alina Navarrete Fernández / Karina Contreras / Alejandro Guerrero

Chilpancingo / Acapulco / Iguala

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) protestaron en oficinas de la SEG, suspendieron clases y bloquearon calles para para exigir la derogación de la ley del ISSSTE de 2007.
En Chilpancingo se manifestaron en el edificio Juan N Álvarez, donde opera la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal. Suspendieron clases y mantuvieron la toma de oficinas alternas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). En Acapulco, los cetegistas de la fracción de Walter Añorve Rodríguez desalojaron a trabajadores y pusieron candados a las oficinas de los servicios educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez de la SEG, ubicadas en el edificio Oviedo. En Iguala bloquearon afuera del hospital del ISSSTE.
En esa misma ciudad de la zona Norte, unos 100 docentes de Educación Especial, agremiados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), marcharon la mañana de este jueves en calles del centro.
Las acciones de los cetegistas son parte del paro laboral de 72 horas al que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), para exigir la cancelación definitiva de la propuesta de reforma que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, misma que ya fue retirada de la Cámara de Diputados.
Alrededor del mediodía, integrantes de la CETEG Sectorial de la Región Centro llegaron al edificio Álvarez, ubicado en el primer cuadro de la capital e hicieron un mitin en el acceso principal, sin obstruir el acceso, para no perjudicar a las personas que acudieron a realizar trámites.
En su intervención, la secretaria general de la CETEG sectorial, que agrupa a trabajadores administrativos, Reyna Bello de Jesús, informó que luego de la protesta nacional masiva en Ciudad de México, la presidenta se desistió de la iniciativa de reforma, “ya el compromiso es por escrito y se echó abajo la ley de 2025, pero no estamos conformes, porque nos falta la ley de 2007”.
Resaltó que el magisterio disidente “estamos en defensa de la Seguridad Social, pretendemos que se eche abajo la ley de 2007 en el sistema de pensiones, que regrese el sistema solidario de pensiones y que se acaben las cuentas individuales”.
Manifestó que también exigen que la pensión de los jubilados se pague con base en el salario mínimo, que se tome en cuenta sólo los años de servicio para las jubilaciones y no la edad de los trabajadores, no sólo del sector educativo, sino de todas las instituciones que cotizan en el ISSSTE.
Señaló que Guerrero es uno de los estados que más adeuda cuotas al ISSSTE, de acuerdo con información a la accedieron los cetegistas, hasta 2024 la deuda era de 18 mil 807 millones de pesos, que fueron descontados a los trabajadores, sin que las autoridades correspondientes las reportaran.
“La iniciativa de Sheinbaum pretendía captar 11 mil 100 millones de pesos con las cuotas de nuestros salarios, pero la deuda de Guerrero rebasa lo que pretendía recabar en todo el país. Guerrero debe más de 18 mil millones de pesos, nuestras cuotas no las aportaron al ISSSTE, sino que se las robaron los funcionarios, por eso es el enojo, por eso es la inconformidad y por eso es la protesta”, expresó.
Víctor Bartolo de la Cruz reclamó cuando gobernó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador no se presentó una reforma a la ley del ISSSTE, porque “él dijo que no tenía condiciones en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Hoy tenemos las condiciones”.
Destacó que Morena cuenta con la mayoría relativa en el Senado, la Cámara de Diputados y los congresos locales, “hoy Morena tiene un compromiso con el magisterio democrático, porque valió mucho la aportación, el apoyo que dio el magisterio democrático con las familias para que el ‘segundo piso’ de la Cuarta Transformación pudiera llegar a gobernar”.
Además de la protesta en el edificio, la CETEG continuó la suspensión de clases en al menos 32 escuelas de nivel básico de la región Centro, entre ellas, las primarias Vicente Guerrero, Primer Congreso de Anáhuac y Fray Bartolomé de las Casas, ubicadas en la capital.
También se mantuvo la toma de 18 oficinas alternas de la SEG, ubicadas en distintas colonias de la capital.

Toman la SEG en Acapulco

En Acapulco, los maestros de la CETEG, de la fracción de Walter Añorve, desalojaron a trabajadores y pusieron candados a las oficinas de los servicios educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez de la SEG.
También hicieron un plantón en las oficinas de la avenida Universidad.
El responsable de la CETEG en Acapulco dijo que siguen en la postura de que se derogue la ley del ISSSTE de 2007, que no basta nada más que la presidenta Claudia Sheinbaum haya retirado la iniciativa mandada por ella a la Cámara de Diputados.
Añorve Rodríguez dijo que lo que retiró fue la iniciativa que tenía que ver con la modificación a la ley vigente y “ese no es planteamiento de la coordinadora, sino es la abrogación de la ley de 2007, que con lleva la eliminación de la tabla de datos para la jubilación, la eliminación de las UMAS para pagar en salarios mínimos y la eliminación del régimen criminal de cuentas individuales”.

Marchan en Iguala

En Iguala, a las 9 de la mañana, un grupo de maestros de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 109 de Iguala, marcharon del monumento a la Patria Trigarante por la avenida Bandera Nacional, hasta el monumento a la Independencia, donde realizaron un mitin.
En su recorrido por el centro de la ciudad gritaron consignas y mostraron cartulinas en rechazo a la ley aprobada en 2007, “abrogación de las reformas educativas impulsadas en los sexenios de Peña y AMLO” y “respeto a la jubilación por edad”, se leía en algunas cartulinas.
En el mitin, realizado en el monumento a la Independencia, en el centro de la ciudad, exigieron que en el proceso de jubilaciones se considere tanto la antigüedad en el servicio como la edad de los trabajadores, pues exhibieron el caso de una maestra, con 30 años de servicio pero con 55 años, a la que con la ley vigente no se le permite su jubilación.
Por separado, un grupo de unos 40 miembros de la CETEG de la región Norte realizaron una protesta y el bloqueo total en los cuatro carriles del bulevar Heroico Colegio Militar, afuera del hospital del ISSSTE, sin impedir los servicios a los derechohabientes.
Mediante una lona exigen también la legislación de los 90 días de aguinaldo para trabajadores activos y jubilados; incremento y legislación del bono decembrino; pago inmediato de la indemnización por jubilación que se adeuda desde 2017, pago inmediato de mesadas que se deben desde 2019 y pago inmediato de los bonos semestrales de mayo-noviembre, que se adeudan desde 2020.
La protesta inició a las 9 de la mañana y se retiró a la 1 de la tarde, y se prevé que también se realice este viernes en el mismo horario.
Asimismo, otro grupo disidente de la coordinadora de maestros realizó un conversatorio acerca de las afectaciones a los trabajadores de las reformas a la ley del ISSSTE de 2007 y la que fue retirada por la presidenta Claudia Sheinbaum, impartido por juristas de la CNTE-CETEG.

Aprueba el Senado a 33 aspirantes para dos vacantes del TEE y periodo de siete años

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Senado de la República aprobó una lista de 33 aspirantes para ocupar dos magistraturas vacantes del Tribunal Electoral del Estado (TEE).
Entre los 33 aspirantes aparecen ex magistrados, ex consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) y funcionarios electorales.
Las vacantes en el TEE son las del magistrado Ramón Ramos Piedra y la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, quienes concluyeron su periodo en 2021 y 2024, respectivamente, y de acuerdo con el listado aprobado por el Senado, buscan repetir en el cargo, con una duración de siete años.
Otro de los aspirantes que aparecen en la lista es el ex presidente del IEPC, Nazarín Vargas Armenta, quien estuvo al frente del órgano electoral local de 2017 a 2021.
En las elecciones locales del 2021, durante el periodo de Vargas Armenta, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) se detuvo con sólo el 37.5 por ciento de las actas computadas, lo que generó desconfianza en el sistema y los resultados y llevó al candidato a gobernador del PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, a impugnar los resultados.
Finalmente el resultado fue favorable para la hoy gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y Vargas Armenta aseguró que el sistema detuvo por cortes de luz en varios distritos electorales, y en los cómputos se ratificaron los resultados.
Además de Vargas Armenta, la lista de aspirantes de magistrados al TEE, la integran también las ex consejeras del IEPC, Vicenta Molina Revuelta y Cinthya Citlali Díaz Fuentes, quienes dejaron el cargo en octubre del año pasado.
Aspiran también a una magistratura el ex presidente del entonces Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG, hoy IEPC), César Gustavo Ramos Castro; Román Jaimes Contreras y Cuauhtémoc Castañeda Gorostieta, ambos trabajadores de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).
Los demás nombres que están en la lista son Olive Bahena Velázquez, Daniel Castillo de la Rosa, Olegario Martínez Mendoza, Jorge Martínez Carbajal, Daniel Preciado Temiquel, Maribel Núñez Rendón, Guadalupe Jaimez Contreras, Daniel Ulises Peralta Jorge, Francisco Salgado Brito, René Pérez Alcaraz, Nidia Valdez Sánchez, Melisa Taboada Abarca, Esteban Aguilar Flores, Magaly Duarte Bañuelos, César Salgado Alpízar, Yuri Doroteo Tovar, Víctor de la Paz Adame, Ma. del Carmen Urióstegui García, Félix Pérez Cebrero, Carlos García Santiago, Alfredo Osorio Barrios, Juan Manuel Taquillo Ramírez, José Emanuel Salazar Ibarra, y Rosalba Izazaga Sánchez.
Como parte del procedimiento, a partir de ayer 20 de marzo y hasta el 3 de abril, la Comisión de Justicia del Senado realizará las comparecencias vía presencial o virtual para el análisis de las candidaturas.
Agotadas las comparecencias, la Comisión presentará a la Jucopo, el 4 de abril, el listado de los candidatos que cumplan con los requisitos de la convocatoria y se ajusten a los principios de idoneidad y que consideren que reúnen condiciones de elegibilidad para ocupar el cargo de magistrado.
Una vez recibido el listado de los candidatos, la Jucopo elaborará y remitirá a la Mesa Directiva el 7 de abril, el acuerdo por el que se proponga al Pleno a las candidatas y los candidatos que considere serán elegibles para cubrir los cargos, por un periodo de 7 años.
Actualmente son tres los integrantes del TEE: Alma Delia Eugenio Alcaraz, magistrada presidenta; Evelyn Rodríguez Xinol, y José Inés Betancourt Salgado, este último concluye su período en diciembre.
En la lista se menciona que la Cámara de Senadores elegirá un total de 56 magistraturas en 30 órganos jurisdiccionales electora-les locales del país.

No sólo en Teuchitlán se torturaba a jornaleros, también cerca de Lagos de Moreno: víctima

Ayer la Fiscalía General de la Republica y la Fiscalía General del Estado de Jalisco encabezaron un recorrido para medios de comunicación por el rancho Izaguirre en el poblado de la Estanzuela Foto: Cuartoscuro

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En abril del 2023, un jornalero declaró a El Sur que un grupo de guerrerenses fueron contratados por una empresa jalisciense y después fueron privados de la libertad, explotados, engañados y defraudados, lo que provocó que muchos de ellos, en la primera oportunidad, desertaran.
A casi dos años, y después del hallazgo de crematorios, fosas con cuerpos humanos, artículos y prendas de vestir de víctimas de desaparición forzada, en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, quien hizo la denuncia esa vez, declaró que si bien no es el mismo rancho en el que estuvieron privados de su libertad, sino en uno cercano a Lagos de Moreno, sí recibieron torturas y malos tratos por hombres armados.
Tras el hallazgo en el rancho Izaguirre, algunos medios de comunicación nacional han informado que se trata del mismo rancho, pero en declaraciones recientes la fuente aclaró que el lugar a donde fueron llevados está cerca de Lagos de Moreno y distante de Teuchitlán.
El 1 de abril del 2023 el jornalero contó que fueron contactados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Ayuntamiento de Chilpancingo 55 jornaleros agrícolas que después fueron privados de la libertad, explotados, engañados y defraudados por la empresa Big Force de Jalisco que los contrató con la promesa de que les entregaría su Visa para que trabajaran en Estados Unidos.
Declaró esa vez que al menos dos de los trabajadores que salieron el 15 de febrero fueron brutalmente golpeados por presuntos sicarios de un grupo delictivo, que, supusieron entonces, trabajaban en coordinación con la empresa que los contrató.
El jornalero informó que cuando recibieron la invitación para trabajar en la empresa les dijeron en la Secretaría del Trabajo que había la oportunidad de que adquieran una Visa de trabajo, pero no les dieron el nombre de la empresa.
Les explicaron que estarían en capacitación de tres a seis meses, según los vieran de avanzados antes de cruzar a Estados Unidos con su Visa de trabajo.
“Nos confiamos porque intervino el Ayuntamiento y la Secretaría del Trabajo”, pero dijo que al llegar a su destino las cosas cambiaron.
Primero les dijeron que los iban a llevar a Guanajuato para su capacitación, pero en el camino les cambiaron la ruta y se los llevaron a Jalisco y saben que estuvieron en un lugar cercano a Lagos de Moreno, como a 20 minutos de la ciudad.
Expuso que los tenían incomunicados en el dormitorio, sin contacto con nadie y sin salir a ningún lado, sólo un día a la semana podían salir pero vigilados para que no tuvieran contacto con otras personas, “nos prohibieron todo, no podíamos usar teléfono ni tomar fotos”.
El asunto se les complicó cuando una noche uno de los trabajadores llegó corriendo y gritando a los dormitorios: “ya valió gorro, ya valimos gorro, chingaron a un bato allá afuera y hay un desmadre, ni salgan está llegando un chingo de gente allá afuera”, les dijo.
El jornalero narró que cuando salían del dormitorio se encontraron a otro de sus compañeros corriendo y pidiendo ayuda, tras ellos llegaron hombres armados y la gente de la empresa aseguró que eran trabajadores de la misma empresa.
Indicó que hasta entonces se enteraron que “no sabían para quién estaban trabajando. Aquí no están en Guerrero, están en Jalisco y o se alinean o los alineamos”, les advirtieron.
Esa misma noche se enteraron que dos de sus compañeros que salieron a hacer ejercicio en los alrededores del rancho fueron sujetados por los hombres armados, los golpearon, y a uno de ellos le desfiguraron el rostro a golpes.
Dijo que después de ese hecho la mayoría pidió regresarse a sus pueblos y se desistieron de la Visa de trabajo, y la empresa les dijo que si se querían regresar sería por su propia cuenta.

Sí participaban el Ayuntamiento y la UAG, reconoció Norma Otilia

En su momento la ex presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez reconoció que el Ayuntamiento participaba en el reclutamiento de jornaleros agrícolas, “sólo para que la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) cumpla los convenios que tiene con la empresa Big Force, un acuerdo que se estableció en el 2015 cuando era rector Javier Saldaña Almazán”.
Pero aseguró que desconocía que algunos de estos grupos habían sido secuestrados en un campo agrícola de otro estado cuando eran llevados a capacitación.
Adelantó que se investigaría la denuncia y que daría un informe detallado, situación que o no ocurrió o no informó de los resultados.
En tanto que el coordinador de Cooperación e Internacionalización de la UAG, José Betancourt Villa expuso que mediante su oficina se hizo un convenio de “buena fe” con la academia de capacitación y formación de jornaleros agrícolas Big Force y algunos ayuntamientos, “para que guerrerenses tuvieran la oportunidad de trabajar en condiciones óptimas en campos de Florida, Estados Unidos”.
Sin embargo, dijo que la institución no participa en el reclutamiento de trabajadores, “porque no es su giro”.
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en voz de Luis Armando Baños Rendón informó entonces que la dependencia realiza única y exclusivamente la vinculación laboral de jornaleros con las empresas agrícolas extranjeras y mexicanas que tienen convenios con la Servicio Nacional de Empleo (SNE), “porque en el extranjero les piden experiencia y en un examen presencial confirman sus conocimientos, pero rechazó que la dependencia estatal haya tenido relación con lo sucedido a jornaleros en Jalisco donde fueron privados de la libertad, golpeados y amenazados un grupo del crimen organizado.

Niega el Ayuntamiento que tenga relación con el reclutamiento de jóvenes de la empresa Big Force

Karina Contreras

El Ayuntamiento que encabeza la alcaldesa de Morena, Abelina López Rodríguez, negó que tenga algo que ver con el reclutamiento de jóvenes por medio de la empresa Big Force en 2023.
Subrayó en un comunicado que la participación del gobierno municipal en “programas de terceros se limita estrictamente a la difusión de información y la facilitación de espacios, sin intervenir en ningún otro proceso, operación o ejecución de dichos programas”.
Agrega que ante el desarrollo de “investigaciones por parte de instancias federales reiteramos nuestra total disposición para colaborar con las autoridades competentes en caso de ser necesario”.
El 20 de junio del 2022 la alcaldesa Abelina López Rodríguez encabezó un acto para la presentación del programa Raíces Mexicanas Floreciendo en Estados Unidos, precisamente con la empresa Big Force, donde habría dicho que se buscaba vincular a personas desempleadas de Acapulco con una empresa que provee trabajadores agrícolas a los campos de Florida.
La periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula el miércoles entrevistó a un testigo que declaró que autoridades del municipio de Chilpancingo y funcionarios de la UAG convocaron a personas que acudieran al rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, denunciado por madres buscadoras como un lugar de reclutamiento y exterminio de la delincuencia organizada.
A raíz de ese señalamiento, diferentes medios de comunicación recordaron que abril del 2023, un jornalero denunció que un grupo de 55 personas fueron privados de la libertad, explotados, engañados y defraudados por la empresa Big Force de Jalisco que los contrató con la promesa de entrega de visa para trabajar en Estados Unidos, y que el Ayuntamiento de Acapulco presentó un programa donde participaba esa empresa.
Ayer en un comunicado el Ayuntamiento respondió a lo que llamó “información que circula en medios de comunicación sobre actividades relacionadas con la difusión de oportunidades laborales en el sector agrícola privado por parte de diversos ayuntamientos del país”.
Precisó que como parte del desarrollo de la comunidad el gobierno municipal facilita espacios para la difusión de programa públicos y privados que representen oportunidades de bienestar para la población, “siempre dentro del marco legal”.
Indica el comunicado que los espacios municipales están a disposición de la ciudadanía en general para “actividades legítimas, con estricto cumplimiento a la normatividad vigente”. Subraya que el gobierno municipal “opera bajo los principios de legalidad y transparencia, brindando apoyo a iniciativas validadas por instancias supramunicipales y dentro de las facultades constitucionales”.
Finaliza el comunicado subrayando que el gobierno municipal reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el bienestar de las familias acapulqueñas.

 

 

La familia de Kiki Camarena presenta demanda contra Caro Quintero, Don Neto y Félix Gallardo

Agencia Reforma

Ciudad de México

Familiares de Enrique Camarena presentaron una demanda civil para exigir pago de daños y perjuicios a tres capos del narcotráfico, a los que acusan de “actos de terrorismo” por el secuestro, tortura y ejecución del agente de la DEA en 1985.
La demanda, contra Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo “Don Neto”, y Miguel Ángel Félix Gallardo, fue presentada este miércoles ante una corte federal de San Diego, California, bajo reglas de la Ley Antiterrorismo de 1992, que permite a estadounidense afectados por este tipo de actos demandar a los extranjeros responsables.
En este caso, los afectados son nueve parientes de Camarena, incluidos su viuda y tres hijos.
Los demandantes no especificaron el monto de su reclamo, que quedaría a decisión del jurado, pero piden pago por daños compensatorios, daños punitivos, y un concepto conocido como “treble damages”, previsto en la Ley Antiterrorismo, por el cual la corte debe triplicar la cantidad que determine el jurado.
La demanda aprovecha la decisión del gobierno de Donald Trump de designar a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
“Como integrantes de una organización criminal de narcotráfico especialmente designada, y de una organización terrorista extranjera, los demandados causaron las lesiones y muerte aquí descritas, y son responsables por los actos criminales, incluidos actos de terrorismo internacional, conspiración para cometer actos de terrorismo internacional, y participación en una empresa criminal continua con fines de terrorismo”, dice la demanda.
Caro Quintero, de 72 años, fue expulsado de México el pasado 27 de febrero y está en Nueva York, donde enfrenta el proceso penal por el homicidio de Camarena.
Fonseca Carrillo, de 94 años, sigue purgando una condena en México, pero desde 2016 está bajo detención domiciliaria, mientras que Félix Gallardo, de 79 años, está preso en Puente Grande, Jalisco, y en 2021 rechazó haber tenido algo qué ver con la muerte de Camarena.
Por su edad y situación legal, es probable que ninguno de los tres acusados contestará esta demanda, que por tanto podría resultar solo en una condena simbólica.

El proceso de traslado de 29 narcotraficantes a EU inició en la administración de Biden, según The New York Times

Las negociaciones para que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum entregara a 29 presuntos líderes de los principales cárteles mexicanos iniciaron en la última etapa de la Administración del Presidente Joe Biden pero solo se concretaron con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
Según dos fuentes anónimas citadas por el diario estadounidense The New York Times, las pláticas contemplaban aplicar el proceso simplificado de expulsión de México -sin necesidad de cumplir las formalidades del tratado de extradición bilateral- y que abre la puerta a que enfrenten la pena capital.
“Las negociaciones para expulsar a los capos de la droga de México bajo este proceso simplificado iniciaron en la Administración Biden, según dos personas familiarizadas con las conversaciones”, asegura el rotativo en una nota firmada por el reportero Santul Nerkar que cubre la Corte Federal en Brooklyn.
“La Casa Blanca de Biden reanudó dichas conversaciones con Sheinbaum cuando ella asumió el cargo en octubre, y el acuerdo final de expulsión fue negociado por la Administración Trump después de la toma de posesión (el 20 de enero)”, asegura la nota del diario estadunidense centrada en la pena de muerte.

¿Por qué México no resuelve la inseguridad en un estado con menos habitantes que El Salvador?: Bukele
Al responder a un comentario, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuestionó por qué hay estados mexicanos con una población menor a la del país centroamericano que no han podido resolver el tema de inseguridad.
“He visto muchas publicaciones como esta y, la verdad, no entiendo la obsesión con El Salvador. Pero, en todo caso, 28 de los 32 estados de México tienen una población igual o menor a la de El Salvador”, escribió el mandatario en X.
“¿Por qué, entonces, no pueden resolver el tema de la seguridad en un solo estado con menos habitantes que El Salvador, teniendo los recursos de un país con 130 millones de habitantes?”.
La respuesta de Bukele se dio a un tuit del usuario @FreddyOliviery quien cuestionó que se comparen las medidas de seguridad de México con las de El Salvador cuando el País es casi 100 veces más grande en territorio y población.
“Resuelvan el tema de la seguridad en un estado primero, luego en el siguiente, y así sucesivamente, hasta abarcar esos 28 estados”, agregó el Presidente salvadoreño en su respuesta.

Diputados de la 4T avalan la creación del organismo que sustituye al INAI

Agencia Reforma

Ciudad de México

Con 321 votos a favor y 125 en contra de la Oposición, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que crea Transparencia para el Pueblo en sustitución del INAI, un órgano administrativo dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno encargado de resolver las inconformidades de los ciudadanos ante negativas de información pública.
El dictamen fue aprobado en lo particular con 331 votos a favor, 126 en contra y cero abstenciones, y se remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
La reforma que expide tres leyes y modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que el titular del nuevo organismo será designado por la Presidencia y no contará con comisionados, por lo que sus decisiones no serán colegiadas, como ocurre actualmente.
Establece la obligación de crear en cada sujeto obligado un Comité de Transparencia responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales, pero exenta de su competencia a las instituciones de seguridad y de procuración de justicia
Además, señala que podrá clasificarse como reservada, por un periodo de cinco años prorrogables por un periodo similar, la información que comprometa la seguridad nacional y la paz social o que ponga en riesgo instalaciones, infraestructuras, proyectos estratégicos o prioritarios y de defensa.

Advierten opositores control presidencial y censura con el nuevo organismo

El panista Éctor Jaime Ramírez Barba aseguró que la reforma es un ataque frontal a la transparencia y a la rendición de cuentas, porque se elimina el INAI para crear un órgano llamado Trasparencia para el Pueblo bajo el control de Ejecutivo federal, lo que lo hace juez y parte.
“Con esta reforma, el Gobierno podrá argumentar que por paz social o por interés del Estado (podrá reservar la información), esto significa que temas como los sobrecostos del Tren Maya, de Dos Bocas o la compra de medicamentos, como ocurre hoy en la farmaciota llamada Birmex, van a quedar en la sombra”, afirmó.
El priista Arturo Yáñez coincidió en que la reforma no es una medida de simplificación administrativa, como asegura la mayoría, sino una acción para centralizar el control de la información en el Ejecutivo federal.
Al presentar una moción suspensiva, la emecista Irais Reyes afirmó que la reforma regresa al país al sistema que existía en el pasado, en el que la ciudadanía no recibía la información que requería, porque ésta era protegida por los intereses del poder.

Publican en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Transparencia

Unas horas después de que la Cámara de Diputados aprobara la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Gobierno federal emitió el decreto de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con esta nueva ley se abrogan la Ley General de Transparencia que había estado vigente desde 2016, así como la Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
La nueva norma comenzará su vigencia a partir de este viernes, fecha en la que se iniciará la contabilización de 90 días para que Sheinbaum emita el Reglamento Interior de Transparencia para el Pueblo, que será el instituto que asumirá parte de las funciones que desempeñaba el INAI.

El INAI da luz verde al pago de finiquito para 419 empleados; 315 quedan sin definición

A unas horas de que probablemente quede extinto, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó el pago de un finiquito para 419 empleados del Servicio Profesional de Carrera (SPC).
Los comisionados autorizaron que ese personal perciba por su conclusión laboral 90 días de salario bruto más 20 días por año a partir de la implementación de SPC.
Sin embargo, otros 315 trabajadores que fueron contratados bajo la modalidad de libre designación deberán esperar a que se dé la transferencia del órgano garante a la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno para saber si tendrán derecho a un pago.
En una sesión realizada a contrarreloj, pues en la Cámara de Diputados se estaba aprobando la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información con la que desaparece el INAI, los comisionados decidieron que su última resolución fuera en favor de la mitad de los trabajadores.
Antes de la aprobación del acuerdo y por segundo día consecutivo, en demanda del pago de un finiquito por la conclusión de sus actividades laborales, trabajadores del INAI bloquearon ayer la avenida Insurgentes Sur, en dirección a la autopista a Cuernavaca.

Posponen diputados la discusión de las leyes secundarias en materia de seguridad e inteligencia

La Cámara de Diputados pospuso para la próxima semana la discusión de las leyes secundarias en materia de seguridad e inteligencia, propuestas por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que el aplazamiento tiene como objetivo hacer un último esfuerzo por modificar el dictamen aprobado ayer por la Comisión de Seguridad.
Informó que legisladores del PAN, pero también de sus aliados del PT y de su bancada, presentaron algunas propuestas de modificación, de ahí que se prevé que la discusión en el pleno se lleve a cabo el próximo martes.
Monreal no descartó que el dictamen tenga modificaciones, ya que hay varias propuestas que son viables, aunque se negó a detallar cuáles.
El panista Federico Döring informó que entre las propuestas que presentó su bancada se encuentra modificar el artículo 13 de la Ley de Inteligencia que contempla la generación de “productos de inteligencia” para permitir que madres buscadoras pueda apoyar con la aportación de elementos, para que el Estado utilice la información que ellas puedan aportar.
Agregó que otro cambio se relaciona con la creación de un padrón de telefonía móvil, para establecer que el registro sea sólo con el nombre del usuario y el número de teléfono, sin datos biométricos y sin que, de ese registro pueda desprenderse intervenciones telefónicas.