Autoridades de comunidades y ejidos de los municipios de Tecpan, Atoyac, San Jerónimo y Petatlán en reunión en la colonia Las Tunas del primer municipio Foto: Francisco Magaña
Francisco Magaña
Tecpan
Autoridades de comunidades y ejidos de los municipios Atoyac, Tecpan, San Jerónimo y Petatlán en reunión celebrada en la ciudad de Tecpan en la colonia Las Tunas pidieron al gobierno federal y estatal atención al problema de la inseguridad en la región y que se instalen bases del Ejército.
Los representantes de comunidades y ejidos en el foro intermunicipal en las instalaciones de la bodega de fertilizante, piden presencia del Ejército en los puntos críticos donde presuntos grupos de la delincuencia organizada pretenden asentarse.
Los afectados cuestionan que la presencia de civiles armados genera temor en las familias ante riesgo de ataques a los pueblos y están imposibilitados de mantener las actividades agrícolas y ganaderas de la zona.
Urgieron apoyo con las bases militares necesarias y con elementos suficientes para restablecer la seguridad en la región donde lamentan que no se observan recorridos a pesar de los antecedentes de ataques a los pueblos.
Sostienen que las autoridades federales conocen la situación citando los últimos hechos de los que no se dieron detalles .
Los representantes de las comunidades y ejidos señalan que viven con incertidumbre y es urgente la presencia de bases militares y recorridos en la zona.
A la petición se sumaron también ganaderos de la región, líderes del transporte organizado en Atoyac y San Jerónimo de Juárez, miembros de la Unión de Ejidos Forestales General Hermenegildo Galeana y los integrantes de los comités de seguridad de la ruta Tecpan-El Balcón, San Luis San Pedro-El Guayabal, entre otros así como organizaciones productoras de aguacate, de mangos, cocotero y plataneros.
Después de un mes de estar acéfala la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) fue nombrado como encargado de despacho, la tarde de ayer, Alejandro García Solorio en sustitución de Arturo Solís Felipe, quien hasta el mes pasado se encargó de la institución.
Se informó que con la representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el subsecretario de Desarrollo Político y Social Francisco Rodríguez Cisneros tomó protesta al presidente de la CEBP.
Según un boletín de prensa, el subsecretario de Desarrollo Político y Social pidió al comisionado entrante “dar atención a la población permanente y a trabajar como lo hace la gobernadora, con humanismo, sensibilidad y de forma respetuosa para seguir construyendo la gobernabilidad”.
La tarde de ayer se informó que la gobernadora designó a García Solorio en esa comisión y personal de la institución dijo que el nombramiento ocurre en medio de la crisis de desapariciones de personas en el estado.
Solís Felipe renunció hace un mes, de acuerdo a trabajadores de la Comisión por asuntos personales, aunque trabajadores del organismo indicaron que se fue por la falta de apoyo del gobierno estatal para las búsquedas de personas desaparecidas en la entidad. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
Una Urvan del servicio público fue consumida por el fuego en la colonia El Polvorín.
La unidad resultó como pérdida total y no hubo lesionados.
El siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada de ayer en la calle Las Flores de la mencionada colonia.
Vecinos relataron que se escuchó una fuerte explosión, después la unidad quedó envuelta en llamas que alcanzaron hasta cuatro metros.
Bomberos y servicios de emergencia sofocaron el incendio que quemó cables y árboles a su alrededor.
La unidad estaba marcada con el número 274 de la ruta Tomatal-Mercado.
Las autoridades no dieron a conocer las causas del incendio. (Redacción / Chilpancingo).
El trabajador de Comunicación Social del Congreso del estado, Emilio García Cárdenas junto a su esposa afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Chilpancingo el martes Foto: Lourdes Chávez
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El trabajador de Comunicación Social del Congreso del estado, Emilio García Cárdenas denunció ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) obstrucción y manipulación en la administración de la justicia por agentes del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la demanda de un ataque a su casa que lo tuvo al borde de la muerte, y dos denuncias iniciadas en su contra en la Agencia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales.
Después de analizar circunstancias que lo han afectado durante los últimos meses, consideró que servidores públicos son parte de un plan fraguado para despojarlo de una propiedad en la colonia Agua Potable, atrás del expalacio de gobierno.
Este martes a dos meses del ataque que sufrió en esa casa, dijo que pudo apenas presentar su declaración de la agresión, le tomaron muestras de sangre, confronta de huellas dactilares y un peritaje de sicología, “todo lo que no se hizo antes”, por gestión de la Codehum.
Denunció que la agente del Ministerio Público de oficinas centrales, Noemí Castro Ángel omitió procedimientos básicos que lo dejaron expuesto. La jueza que vinculó a proceso al agresor por lesiones dolosas le permitió seguir el juicio en libertad, sin medidas cautelares para la víctima.
De los hechos, detalló que la madrugada del 17 de enero fue atacado por David Alejandro N, detenido en flagrancia por policías alertados por sus vecinos, después de que esta persona le pidió posada, y una vez instalado en una habitación de la vivienda lo llamó y por sorpresa lo golpeó en la cara con los puños, luego con un tubo de herrería, también con un machete, y para rematar, lo lanzó al patio desde un primer piso, cerca de dos metros de alto.
Aclaró que su madrastra, una mujer adulta mayor que vive en esa casa presenció todo, y parte de la escena los dos policías estatales que lo detuvieron y declararon ante un juez.
Mientras él esperaba en la clínica de Chilpancingo por tres días, a que la agente del Ministerio Público tomará su declaración, pero la fiscal no consideró ni los primeros estudios médicos en la audiencia de vinculación a proceso.
Desde ahí, ya establecía “la alta probabilidad de daños graves”, que obligaron su traslado al hospital de especialidades del ISSSTE en Morelos.
Doce costillas rotas, desprendi-miento de retina, caída de dientes…
Los daños fueron de 12 costillas rotas, dos con perforación de pulmón de lado izquierdo que le causó neumotórax; desprendimiento de la retina y córnea del ojo izquierdo, que ya perdió; desprendimiento del maxilar (dientes de arriba y mandíbula), decenas de golpes en la cabeza, y fractura en el hueso largo del pie, por la que aún utiliza una férula en la pierna.
“Evidentemente quería matarme y no opuse resistencia porque me noqueó”, expuso.
Precisó que antes estuvieron en un bar con la novia de David, y más noche el agresor volvió solo a dormir a su casa y lo agredió.
Tras el ataque y la detención inmediata del agresor indicó que su hermana presentó la demanda ante la agente Castro Ángel, que, sin la declaración de la víctima, estudios clínicos ni inspección de la escena, inició la averiguación previa por lesiones dolosas que tardan en sanar 30 días, reduciendo el asunto a una “riña”.
Con estos elementos, el 24 de enero una jueza vinculó a proceso a David para continuar el juicio en libertad, y otorgó tres meses y 15 días para la ampliación de la investigación.
En este plazo, aún en curso, Emilio plantea la reclasificación por el delito de tentativa de homicidio.
Sus problemas aumentaron tras el ataque. El 31 de enero tan pronto recibió el alta de salud en Morelos, indicó que fue detenido por policías de Morelos que lo entregaron a ministeriales de Guerrero con una orden de aprehensión por el delito de violación.
Supo así que cuatro días después del ataque, la novia de David lo acusó, y distinto a la negligencia que observó en Castro Ángel, la agente del MP de la unidad especializada en delitos sexuales, Gloria Rocío Cruz, fue diligente en la persecución del delito sin elementos de prueba que lo incriminaran.
“Yo necesitaba un traslado en ambulancia, aún tenía sanguaza en los ojos, las costillas punzándome, estornudar era horrible, y la Fiscalía de Morelos expuso mi fotografía sin filtros en redes sociales como un violador”, denunció.
“Entiendo que el delito de violación contempla la prisión preventiva, de acuerdo con las últimas reformas para evitar la evasión, pero resulta que la acusación no estuvo fundada, y un juez la desechó el 3 de febrero”.
La agente Margarita Arzola
Al tiempo, dijo que comenzó a relacionar estos hechos con otros eventos: que en el traslado de Cuernavaca a Chilpancingo, donde le leyeron sus derechos en una condición vulnerable de salud, también le notificaron de una medidas de restricción, otorgadas por una agente del MP especializado en delitos sexuales y violencia familiar, Margarita Arzola Pérez para no acercarse a su hermano que vive en Estados Unidos.
Indicó que era el mismo policía que a finales de octubre de 2024 le informó de la primera medida cautelar que emitió Arzola Pérez para no acercarse a este hermano, que consideró absurda y no le dio importancia, porque no puede acercarse a quien vive en el extranjero.
Descubrió después que la agente Arzola tramitó el 20 de octubre la denuncia de violencia familiar con declaraciones, ordenó y se realizaron los peritajes y estableció la medida cautelar.
El 21 de octubre Arzola López admitió una segunda demanda de violencia familiar de su hermano, de la segunda medida cautelar que le notificaron en el traslado judicial a Guerrero.
La semana pasada recibió una tercera notificación, pero esta vez para no acercarse a la casa donde fue atacado en la colonia Agua Potable.
Dijo que tuvo una discusión con su hermano el 18 de octubre porque pretendía sacar a su madrastra de la casa y no lo permitiría. Explicó que su papá lo declaró, a Emilio, como albacea de la vivienda, y así aparece en los documentos como primer comprador, y en representación de sus dos hermanos menores.
También protege a su madrastra Crisófora Varona, concubina de su papá durante 40 años.
Precisó que tiene domicilio en Acapulco con su familia y trabaja en Chilpancingo, donde también acompaña a la señora Crisófora, y ahora no puede acercarse a la casa que sabe que está vigilada por presuntos policías ministeriales, y le cambiaron la chapa, como parte del proceso de violencia familiar.
El abogado Jorge Luis Arteaga dijo que fueron ex integrantes del Frente por la Educación, la Democracia y la Institucionalidad Guerrerense (Freg) los que denunciaron a José Abel Sánchez Marcos, Luciano Cruz Morales, Julián Galván Galán y Jovanny Vanegas Mendiola, líder y miembros de la organización, respectivamente, por secuestro.
Durante entrevista en el plantón que el Freg mantiene en el kiosco del zócalo capitalino, Jorge Luis Arteaga, quien recientemente se sumó en apoyo a la organización, informó que las presuntas víctimas del secuestro por el cual fueron detenidos los cuatro activistas son estudiantes de Medicina, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Detalló que los estudiantes se sumaron al Freg en 2023 y un año después abandonaron el movimiento, luego lograron inscribirse en la Facultad de Medicina.
Jorge Luis Arteaga manifestó que su adhesión al Freg es reciente y no tiene autorizado abundar en el caso, porque la investigación sigue en curso, pero explicó que la organización contaba con una casa que les servía como punto de reunión para organizar sus actividades.
Puntualizó que, en otros movimientos, las reuniones se realizaban en lugares públicos para evitar acusaciones y señalamientos negativos; sin embargo, el Freg se reunía en esa casa, cuya ubicación no precisó, y aunque los padres de familia “estuvieron de acuerdo en eso, llegaron una noche, abrieron normal porque tenían llave de la casa y empezaron a amenazar a los jóvenes”.
Señaló que hay testigos de lo que ocurrió, que después de una discusión los padres “sacaron a sus hijos como si los tuvieran secuestrados, pero nunca estuvieron secuestrados”.
Destacó que el Freg cuenta con evidencias de que los jóvenes que supuestamente fueron secuestrados, en realidad salían de la casa e incluso se encargaban de comprar comida para los integrantes de la organización.
“Así como lo vemos nosotros, ellos (las presuntas víctimas) vendieron a nuestros compañeros de lucha, a nuestros dirigentes, y se me hace que ahí tuvo algo que ver el rector Javier Saldaña”, expresó.
Resaltó que los jóvenes que presentaron la denuncia por secuestro lograron ingresar a UAG, “sin hacer exámenes, sin sacar ficha y nomás se desaparecieron de la lucha”, mientras que otros continúan “luchando” porque también quieren estudiar en Medicina.
Subrayó que no hubo ningún secuestro y “esos jóvenes (las presuntas víctimas) nada más lucraron con nuestros compañeros, los vendieron por un espacio en (la Facultad de) Medicina. Ellos están allá disfrutando, yendo a la escuela, mientras los jóvenes que en verdad quieren estudiar están aquí todavía esperando la entrada”.
Indicó que los integrantes del Freg “quisiéramos tener la intervención de la gobernadora” para que los jóvenes que participan de manera activa en el movimiento logren ingresar a la UAG y se aclare la situación de los cuatro detenidos, que ya fueron vinculados a proceso.
Declaró que ya cuentan con una defensa legal y continuarán reuniendo evidencias para refutar las acusaciones, que “son falsas”.
Los dos hombres originarios de Ciudad Altamirano que fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 5 de marzo, finalmente fueron ubicados en el estado de Morelos en un terreno cerca de la carretera y ejecutados con huellas de tortura.
Los cuerpos fueron localizados este martes en el poblado de Tlalquitenango en el estado de Morelos, población que se ubica cerca de la autopista, que va hacia Puebla, aproximadamente a 20 minutos del entronque, donde concluye la autopista de Iguala hacia Cuernavaca.
Según el reporte, los cuerpos se encontraban en estado de descomposición y fueron hallados por un campesino que realizaba labores de limpieza en su terreno cerca de la carretera.
Las autoridades informaron que las víctimas fueron identificadas por la noche por sus familiares, como José Guadalupe Fonseca Escobedo, de 55 años de edad y su hijo Josué Abraham Fonseca de 26 años.
Los dos estaban desaparecidos desde el 5 de marzo, cuando viajaron a la ciudad de Puebla en una camioneta Nissan Frontier, con placas de Guerrero. Ellos se dedicaban a la venta de equipo de audio, por lo que acudieron a Puebla de compras para regresar a Altamirano, debido a que ya tenían compromisos con algunos clientes.
Sin embargo, sus familiares perdieron el contacto y ya no llegaron a Iguala adonde los esperaban, por lo cual el 6 de marzo presentaron la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para que se iniciaran las investigaciones y se emitiera el alertamiento para su búsqueda.
Este martes fueron localizados y debido a las fichas de búsqueda que se habían emitido sobre toda la ruta de la autopista, finalmente las autoridades ya conocían que estaban buscando a dos personas de tal forma que tuvieron contacto con los familiares, quienes posteriormente identificaron los cuerpos en el Servicio Médico Forense.
La camioneta y todo lo que llevaban no fue localizado, por lo que no descartan la posibilidad de que fueran asaltados en el camino, sin embargo, se informó que los cuerpos fueron localizados con impactos de bala y estaban amarrados de pies y manos.
El caso quedó en la Fiscalía del estado de Morelos para su investigación.
El presunto jefe de plaza de la célula delictiva Los Chilamacos, Marcos, vinculada a Los Tlacos, fue detenido en Copalillo en un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.
La Fiscalía en un boletín de prensa informó que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Marcos por el delito de homicidio calificado, que sería puesto a disposición del juez de Control y Enjuiciamiento Penal que lo requiere para que se resuelva su situación jurídica.
Detalló que según las investigaciones, Marcos con otro hombre habrían privado de la vida a la víctima mientras caminaba por calles de Atenango del Río.
“Marcos N está identificado como presunto jefe de plaza de una célula delictiva con presencia en la zona Norte de Guerrero”, indicó la Fiscalía.
Fuentes de seguridad dijeron que está identificado como jefe de plaza Los Chimalacos, con presencia en la zona Norte y cuyas actividades delictivas están vinculadas al grupo criminal de Los Tlacos.
Esa organización tiene el control de la venta y distribución de carne, cerveza, canasta básica en los municipios de Atenango del Río, Copalillo, y la localidad de Paso Morelos, además de que esa célula delictiva controla la siembra y venta de enervantes. (Redacción).
Un policía estatal resguarda la zona en la avenida Insurgentes frente al mercado Baltazar R. Leyva, mientras vecinos apresuran su paso para no ver la escena donde yace el cuerpo sin vida de un Policía Auxiliar Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Un policía estatal muerto y un comerciante gravemente herido dejó un ataque al automóvil que tripulaban al salir del área de carga y descarga del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla.
La víctima mortal fue identificada como Damián Huaxtitlán Adame, Policía Auxiliar del Estado de Guerrero (IPAE).
El comerciante lesionado es Alexis N de 30 años, distribuidor de carne de puerco, un segundo policía que viajaba con ellos resultó ileso.
El ataque fue reportado a las 3 de la tarde en el área de carga al costado izquierdo de la central de abastos en la avenida Insurgentes.
Fuentes de seguridad dijeron que el comerciante escoltado por dos agentes salían del área en un automóvil marca Nissan tipo Sentra color vino sin placas, cuando fueron agredidos a balazos por hombres armados que viajaban en una motocicleta.
Un policía murió en el lugar luego de recibir disparos en la cabeza, su cuerpo quedó tendido afuera del vehículo del lado de piloto.
El comerciante gravemente herido fue atendido por paramedicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital.
En el área agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) hallaron unos 15 casquillos percutidos de arma corta.
Agentes de diferentes corporaciones policiacas arribaron al lugar de los hechos para acordonar la escena del crimen.
Peritos de la Fiscalía se encargaron de realizar las primeras diligencias y del levantamiento del cadáver. (Redacción).
Brigadistas de Protección Civil estatal y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) supervisan la zona quemada en el incendio forestal entre las comunidades de Platanillo y El Naranjo, Iguala, que después de cuatro días activo la tarde del lunes fue controlado en su totalidad y apagado en 95 por ciento, dejando afectaciones en 210 hectáreas de terreno Foto: Protección Civil estatal
Alejandro Guerrero
Iguala
La directora de Protección Civil municipal, Lucía Santana Román, informó que hasta la tarde de este miércoles, el incendio forestal en cerros de las comunidades Platanillo y El Naranjo se mantiene al 95 por ciento de apagado, que hay vigilancia en zonas donde permanece encendido que son de difícil acceso, sin representar un riesgo de que se reactive.
A las 6 de la tarde del martes, se informó sobre el retiro de los brigadistas de las corporaciones e instituciones estatales federales del incendio forestal que inició el viernes, luego de que fue controlado al 100 por ciento y apagado al 95 por ciento, dejando afectaciones en 210 hectáreas de terreno.
En conferencia de prensa, el coordinador operativo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y responsable del incendio, José Alfredo Martínez Sánchez, hizo la transferencia de mando al alcalde Erik Catalán Rendón, para que continúe las acciones de vigilancia y monitoreo hasta la extinción total del fuego.
Consultada vía telefónica la tarde de este miércoles, la directora de Protección Civil de Iguala dijo que mantienen monitoreos y vigilancia a pie en la zona, donde se mantiene el fuego activo, sobre todo en la zona de la cañada donde se ubica el Puente de la Mano, en la comunidad de El Naranjo, pero sin que el fuego haya avanzado.
Recordó que en esta zona, por donde atraviesan parte de las vías del ferrocarril, no hay acceso a vehículos, por lo que no pueden ingresar con pipas o el camión de bomberos para apagar el fuego, además de que la zona es de alto riesgo para meter al personal.
Explicó que el personal mantiene un monitoreo permanente en esa zona y en los lugares en los que se observan fumarolas de humo, que si hay acceso a pie se acercan para verificar si existe algún riesgo o sólo hay algún tronco o residuos que se siguen quemando, pero que no representan ningún riesgo.
A pregunta, la funcionaria municipal dijo que el incendio se mantiene en las mismas condiciones del día anterior, controlado al cien por ciento y apagado en un 95 por ciento, en espera de que se apaguen por sí solas las islas que quedaron dentro del área quemada o zonas encendidas que quedaron dentro de las guardarrayas o brechas que realizaron los brigadistas.
Con seis incendios, Guerrero es el tercer estado con mayor número de quemas forestales activas en el país, informó la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en su reporte diario.
La información, con corte a las 11 de la mañana de este 19 de marzo, indica que Guerrero tiene seis incendios forestales que se mantienen activos, por debajo de Chihuahua con 17 y San Luis Potosí con siete.
Conafor señala que con los seis incendios activos registrados en Guerrero, la superficie afectada es de mil 353 hectáreas.
El incendio con la superficie más afectada inició el 10 de marzo, en Tlapa, en el predio Atlamajac, con 545 hectáreas afectadas por el incendio. Además, Conafor categorizó este incendio como reactivado y se encuentra 70 por ciento liquidado y 60 por ciento contenido.
El 12 de marzo inició un incendio en el predio San Luis, en el municipio Cuetzala, que lleva 432 hectáreas afectadas, pero la Conafor no ofrece una actualización respecto al porcentaje de contención ni de liquidación del mismo.
En el predio Platanillo del municipio de Iguala, comenzó un incendio el 15 de marzo, mismo que se encuentra cien por ciento liquidado, pero aún está con un avance de 95 por ciento de liquidación, además de una afectación total de 210 hectáreas.
El 18 de marzo comenzó un incendio en el municipio de Tlacoachistlahuaca, en el predio San Jerónimo, con 14 hectáreas que han sido afectadas y hasta el momento no hay actualización de porcentaje de contención ni liquidación al respecto.
Ese mismo día, en Coyuca de Catalán, en el predio Mineral de Guadalupe, se registró un incendio que lleva 67 hectáreas afectadas, el cual tampoco tiene porcentaje en los avances de contención ni liquidación.
El incendio más reciente se registró este mismo miércoles 19 de marzo, en el predio Mexcala, del municipio de Eduardo Neri, donde al momento son 85 las hectáreas que han sido afectadas por el mismo, además de que tampoco se ofreció porcentaje de contención ni liquidación del incendio.
