Lourdes Chávez

Chilpancingo

El trabajador de Comunicación Social del Congreso del estado, Emilio García Cárdenas denunció ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) obstrucción y manipulación en la administración de la justicia por agentes del Ministerio Público del fuero común de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la demanda de un ataque a su casa que lo tuvo al borde de la muerte, y dos denuncias iniciadas en su contra en la Agencia Especializada en Violencia Familiar y Delitos Sexuales.
Después de analizar circunstancias que lo han afectado durante los últimos meses, consideró que servidores públicos son parte de un plan fraguado para despojarlo de una propiedad en la colonia Agua Potable, atrás del expalacio de gobierno.
Este martes a dos meses del ataque que sufrió en esa casa, dijo que pudo apenas presentar su declaración de la agresión, le tomaron muestras de sangre, confronta de huellas dactilares y un peritaje de sicología, “todo lo que no se hizo antes”, por gestión de la Codehum.
Denunció que la agente del Ministerio Público de oficinas centrales, Noemí Castro Ángel omitió procedimientos básicos que lo dejaron expuesto. La jueza que vinculó a proceso al agresor por lesiones dolosas le permitió seguir el juicio en libertad, sin medidas cautelares para la víctima.
De los hechos, detalló que la madrugada del 17 de enero fue atacado por David Alejandro N, detenido en flagrancia por policías alertados por sus vecinos, después de que esta persona le pidió posada, y una vez instalado en una habitación de la vivienda lo llamó y por sorpresa lo golpeó en la cara con los puños, luego con un tubo de herrería, también con un machete, y para rematar, lo lanzó al patio desde un primer piso, cerca de dos metros de alto.
Aclaró que su madrastra, una mujer adulta mayor que vive en esa casa presenció todo, y parte de la escena los dos policías estatales que lo detuvieron y declararon ante un juez.
Mientras él esperaba en la clínica de Chilpancingo por tres días, a que la agente del Ministerio Público tomará su declaración, pero la fiscal no consideró ni los primeros estudios médicos en la audiencia de vinculación a proceso.
Desde ahí, ya establecía “la alta probabilidad de daños graves”, que obligaron su traslado al hospital de especialidades del ISSSTE en Morelos.

Doce costillas rotas, desprendi-miento de retina, caída de dientes…

Los daños fueron de 12 costillas rotas, dos con perforación de pulmón de lado izquierdo que le causó neumotórax; desprendimiento de la retina y córnea del ojo izquierdo, que ya perdió; desprendimiento del maxilar (dientes de arriba y mandíbula), decenas de golpes en la cabeza, y fractura en el hueso largo del pie, por la que aún utiliza una férula en la pierna.
“Evidentemente quería matarme y no opuse resistencia porque me noqueó”, expuso.
Precisó que antes estuvieron en un bar con la novia de David, y más noche el agresor volvió solo a dormir a su casa y lo agredió.
Tras el ataque y la detención inmediata del agresor indicó que su hermana presentó la demanda ante la agente Castro Ángel, que, sin la declaración de la víctima, estudios clínicos ni inspección de la escena, inició la averiguación previa por lesiones dolosas que tardan en sanar 30 días, reduciendo el asunto a una “riña”.
Con estos elementos, el 24 de enero una jueza vinculó a proceso a David para continuar el juicio en libertad, y otorgó tres meses y 15 días para la ampliación de  la investigación.
En este plazo, aún en curso, Emilio plantea la reclasificación por el delito de tentativa de homicidio.
Sus problemas aumentaron tras el ataque. El 31 de enero tan pronto recibió el alta de salud en Morelos, indicó que fue detenido por policías de Morelos que lo entregaron a ministeriales de Guerrero con una orden de aprehensión por el delito de violación.
Supo así que cuatro días después del ataque, la novia de David lo acusó, y distinto a la negligencia que observó en Castro Ángel, la agente del MP de la unidad especializada en delitos sexuales, Gloria Rocío Cruz, fue diligente en la persecución del delito sin  elementos de prueba que lo incriminaran.
“Yo necesitaba un traslado en ambulancia, aún tenía sanguaza en los ojos, las costillas punzándome, estornudar era horrible, y la Fiscalía de Morelos expuso mi fotografía sin filtros en redes sociales como un violador”, denunció.
“Entiendo que el delito de violación contempla la prisión preventiva, de acuerdo con las últimas reformas para evitar la evasión, pero resulta que la acusación no estuvo fundada, y un juez la desechó el 3 de febrero”.

La agente Margarita Arzola

Al tiempo, dijo que comenzó a relacionar estos hechos con otros eventos: que en el traslado de Cuernavaca a Chilpancingo, donde le leyeron sus derechos en una condición vulnerable de salud, también le notificaron de una medidas de restricción, otorgadas por una agente del MP especializado en delitos sexuales y violencia familiar, Margarita Arzola Pérez para no acercarse a su hermano que vive en Estados Unidos.
Indicó que era el mismo policía que a finales de octubre de 2024 le informó de la primera medida cautelar que emitió Arzola Pérez para no acercarse a este hermano, que consideró absurda y no le dio importancia, porque no puede acercarse a quien vive en  el extranjero.
Descubrió después que la agente Arzola tramitó el 20 de octubre la denuncia de violencia familiar con declaraciones, ordenó y se realizaron los peritajes y estableció la medida cautelar.
El 21 de octubre Arzola López admitió una segunda demanda de violencia familiar de su hermano, de la  segunda medida cautelar que le notificaron en el traslado judicial a Guerrero.
La semana pasada recibió una tercera notificación, pero esta vez para no acercarse a la casa donde fue atacado en la colonia Agua Potable.
Dijo que tuvo una discusión con su hermano el 18 de octubre porque pretendía sacar a su madrastra de la casa y no lo permitiría. Explicó que su papá lo declaró, a Emilio, como albacea de la vivienda, y así aparece en los documentos como primer comprador, y en representación de sus dos hermanos menores.
También protege a su madrastra Crisófora Varona, concubina de su papá durante 40 años.
Precisó que tiene domicilio en Acapulco con su familia y trabaja en Chilpancingo, donde también acompaña a la señora Crisófora, y ahora no puede acercarse a la casa que sabe que está vigilada por presuntos policías ministeriales, y le cambiaron la chapa, como parte del proceso de violencia familiar.