Daniel Velázquez

La diputada federal Maricarmen Cabrera Lagunas justificó su cambio de opinión respecto a aprobar la reforma electoral respetando la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum, de que la ley contra el nepotismo comenzara a aplicarse desde 2027.
Aunque llegada como candidata del PVEM, pero identificada con Morena, la diputada explicó que la reforma constitucional para evitar la sucesión de familiares en cargos de elección popular se aprobó en los términos que la envió el Senado ya que se corría el riesgo de que se quedara en la “congeladora” si modificaban la propuesta.
Este martes en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma constitucional para evitar que personas con lazos consanguíneos sean electos de manera sucesiva en cargos de elección popular, pero entrará en vigor hasta 2030. Una de las diputadas federales por Guerrero, Maricarmen Cabrera, había dicho que se buscaría que se aprobara la propuesta original de la presidenta para que la medida aplicara a partir de 2027.
Consultada por teléfono del porqué no se modificó la propuesta que envió el Senado, la diputada indicó que hubo muchas conver-saciones y valoraciones, pero se mantuvo tal y como la envió el Senado porque había riesgo de que senadores de Morena, PT y el PVEM no votaran a favor del cambio de fecha y no se lograría la mayoría calificada. La reforma quedaría entonces en “la congeladora” y se perdería la oportunidad de que ese principio se incluyera en la Constitución.
“Se toma la decisión, por los grupos parlamentarios de aprobar el dictamen tal cual venía del Senado porque si se regresaba no se iban a alcanzar los votos suficientes para volver a aprobarla y se corría el riesgo de que se quedara ahí congelada y que ya no se aprobara la iniciativa que presentó la presidenta”.
“En la Cámara de Diputados podíamos modificarlo, pero el riesgo estaba en el Senado”, dijo y aseguró que por eso es que los senadores modificaron la propuesta de la presidenta para 2030.
No se modificó el dictamen “por ese riesgo que teníamos que en el Senado no cumpliéramos con las dos terceras partes y que tampoco cumpliéramos con lo que la presidenta quería que se quedara en la Constitución y preferimos que se quede en la Constitución”.
Al recordarle que senadores de oposición se manifestaron a favor de la propuesta original, la diputada dijo que no se podían confiar en ellos para una modificación que no alcanzara la mayoría calificada.
Recordó que en Morena ya hay una directriz de la dirigencia de que a partir de este año no se va a per-mitir que familiares puedan suceder a familiares. Esa condición también se les va a pedir a los aliados “para que en 2027 ninguno de los partidos aliados en este gran proyecto de nación lleven a algún familiar en alguna de las elecciones”.

Daniel Velázquez

Los gobiernos municipales de Zihuatanejo, Coyuca de Benítez, Chilapa, San Marcos y Petatlán tienen pendiente de aclarar el gasto de la totalidad de recursos recibidos durante 2023 del Ramo General 28, de acuerdo con los resultados presentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la comprobación de la cuenta pública, la Auditoría encontró que los gobiernos municipales emplearon los recursos recibidos para realizar pagos de salarios, gastos sin contratos, contratos fantasmas, arrendamientos y pagos de servicios sin justificación.
De acuerdo con la ASF, “los recursos del Ramo General 28 no están etiquetados, es decir, no tienen un destino específico en el gasto de los gobiernos locales. Su carácter principal es resarcitorio, por lo que tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación, y por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio, principalmente con algunas medidas adoptadas tales como la modificación de la fórmula de distribución del Fondo
de Fomento Municipal y la sustitución del Fondo de Fiscalización por el Fondo de Fiscalización y Recaudación. En el primer caso, se incentiva la recaudación coordinada del Impuesto Predial con la finalidad de incrementar la eficacia en el cobro. En el segundo caso, se incorporaron las variables de ‘ingresos de libre disposición’ y ‘recaudación de impuestos y derechos locales’ para incentivar también la recaudación de los mismos y fortalecer con ello las haciendas públicas locales”.
En la tercera entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, presentada a fines de febrero de este año, la ASF informó que revisó el uso del gasto del Ramo General 28 en diez municipios del estado: Acapulco, Chilapa, Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Iguala, Petatlán, San Marcos, Taxco, Tixtla y Zihuatanejo. Cinco de los municipios revisados tienen observaciones en la totalidad del recurso recibido.
En la comprobación del gasto en el municipio de Zihuatanejo el hallazgo fue que “en 10 contratos de obra no se acreditó la ejecución de los trabajos por 67 millones 052 mil 300 pesos; asimismo, no proporcionó la documentación justificativa de un contrato de adquisición de luminarias que permita comprobar su lugar de colocación por 9 millones 048 mil pesos, los cuales están pendientes de aclarar, para dar un total observado de 76 millones 100 mil 300 pesos”. Durante el año observado, este municipio fue gobernado por Jorge Sánchez Allec, del PRI, y actualmente es gobernado por su esposa Lizeth Tapia Castro, también del PRI.
En la revisión hecha por la ASF en el municipio de San Marcos, no encontró “la documentación comprobatoria y justificativa del gasto de 8 contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios por un millón 581 mil 300 pesos (ni) la documentación relacionada con los entregables de tres pólizas relacionadas con gastos diversos por 298 mil 300 pesos y los entregables de tres pólizas relacionadas con el otorgamiento de apoyos económicos por 165 mil pesos, para un total observado de 2 millones 044 mil 600 pesos”, que representa el cien por ciento de los recursos recibidos, durante el periodo observado fue alcalde de este municipio Tomás Hernández Palma, del PRD.
En la supervisión hecha en el municipio de Petatlán, la ASF informó que este gobierno “no proporcionó la documentación justificativa relacionada con la entrega de las adquisiciones y arrendamientos por un millón 521 mil 600 pesos”, que corresponde al cien por ciento de los recursos recibidos, durante el periodo observado. Este municipio fue gobernado por Javier Aguilar Silva, del PRI, pero renunció a ese partido para buscar una candidatura por Morena.
Otro municipio que no justificó el gasto fue Chilapa, “en 12 contratos de gastos diversos, no se presentó evidencia documental justificativa y comprobatoria del gasto por 7 millones 351 mil 500 pesos, los cuales están pendientes de aclarar y representan el cien por ciento del recurso federal recibido.
El municipio de Coyuca de Benítez, recibió recursos por 7 millones 666 mil 600 pesos. De estos, tiene pendientes por aclarar 7 millones 566 mil 600 pesos; es decir, sólo comprobó el gasto de 100 mil pesos porque “no proporcionó la documentación justificativa relacionada con los entregables de 12 contratos de arrendamientos y servicios”. Durante el periodo observado, este municipio fue gobernado por Ossiel Pacheco Salas, de Morena.

Chilpancingo, Acapulco, Chilapa, Iguala y Taxco, también con observaciones

El municipio de Chilpancingo recibió recursos por 16 millones 906 mil 100 pesos pero tiene pendiente por aclarar el gasto de 13 millones 31 mil 500 pesos porque “en cinco contratos no se acreditó la operación de las unidades vehiculares arrendadas”, lo que representa el 77 por ciento del total de los recursos recibidos. Durante el periodo observado este municipio fue gobernado por Norma Otilia Hernández Martínez, de Morena, quien posteriormente fue expulsada por ese partido a consecuencia de unos videos donde se reunió con el líder del grupo delictivo Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
Acapulco fue el municipio que más participaciones federales recibió del Ramo General 28 de los 10 que fueron evaluados por la ASF, ejerció mil 122 millones 158 mil 600 pesos. De este monto tiene pendiente por aclarar 3 millones 721 mil 400 pesos “por no acreditar la autorización de las plazas, sueldos y prestaciones pagadas con los recursos de las Participaciones Federales a Municipios”.
En su informe la ASF sostiene que el municipio “infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y de la Ley Número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero”. El año auditado corresponde al primer periodo de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, postulada por Morena como presidenta municipal, en 2024 fue electa para ejercer otro trienio al frente del Ayuntamiento.
En la fiscalización al municipio de Tixtla, se encontraron observaciones por pagos en exceso de adquisiciones por 112 mil 700 pesos; asimismo, no proporcionó la evidencia de entrega de un contrato de adquisiciones por 163 mil pesos y de un contrato de prestación de servicios por 2 millones 757 mil 600 pesos, para un total pendiente de aclarar por 3 millones 033 mil 300 pesos. En total este municipio recibió 5 millones 310 mil 500 pesos. Durante el año observado este municipio fue gobernado por Moisés Antonio Gonzalez Cabañas, de Morena.
En la comprobación del gasto en el municipio de Taxco, la ASF no encontró “la evidencia de los entregables de dos contratos de adquisiciones por un millón 019 mil pesos y por la falta de evidencia de los entregables de un proyecto ejecutivo de ingeniería para la construcción del Distribuidor Vial por un millón 837 mil 600 pesos, para un total observado por 2 millones 856 mil 600 pesos”. Durante el periodo observado este municipio fue gobernado por Mario Figueroa Mundo, del partido Fuerza por México y buscó ser candidato a diputado por Movimiento Ciudadano.
El municipio de Iguala recibió recursos por 14 millones 505 mil 100 pesos y tiene pendiente por aclarar un millón 160 mil pesos porque “no proporcionó documentación comprobatoria y justificativa de los servicios pagados”. Durante el periodo observado este municipio fue gobernado por David Gama Pérez, de la coalición PRI-PRD.

 

José Miguel Sánchez y Carmen González Benicio

Chilpancingo / Tlapa

El Instituto Nacional Electoral (INE), como parte del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación, continúa con la firma de convenios con los distintos municipios de la entidad para garantizar la instalación, seguridad y medidas de protección civil en los lugares donde se instalarán las casillas el próximo 1 de junio.
En Tlapa, el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero, Donaciano Muñoz Loyola, comentó en entrevista que para la realización de la elección del Poder Judicial el primer obstáculo que enfrentan es la falta de presupuesto, por lo que en el estado de 5 mil 104 casillas que se instalan solo se tienen proyectadas 2 mil 910, por lo que la contratación de personal también fue menor.
Consideró que hay condiciones para desarrollar la elección porque se están haciendo los trabajos de campo sin contratiempos, ya que no tienen registrados incidentes relacionados con el proceso electoral y ya se ha visitado a un 60 por ciento de quienes serán funcionarios de casilla.
Los acuerdos que el INE firmará con los ayuntamientos, a través de las distintas juntas distritales, tienen la finalidad de promover, capacitar y desarrollar competencias en materia político–electoral y la instalación de módulos móviles para trámites de credencial para votar.
Para el tema de la elección de las personas juzgadoras federales, se busca que los ayuntamientos otorguen de seguridad y garanticen la “protección civil en las Mesas Directivas de Casillas, ubicados en espacios públicos de los municipios correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario de diversos cargos de Poder Judicial de la Federación 2024-2025 del 1 de junio”, indica el INE en una tarjeta informativa al respecto.
Algunos de los ayuntamientos que ya firmaron el acuerdo con el INE son el de Chilpancingo, Tixtla, Eduardo Neri, Tlapa, Cualác, Xalpatláhuac, Huamuxtitlán, Mochitlán y Heliodoro Castillo.
En dichos convenios se plantea que los ayuntamientos “darán facilidades para tener los espacios acondicionados y con seguridad para que la población pueda emitir su voto para elegir a funcionarios judiciales, entre jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio”.
“Los convenios firmados por los ayuntamientos plasman la implementación de capacitación, preferentemente a través de talleres, así como protocolos conjuntos para el ejercicio de los derechos de las mujeres de los municipios y la sensibilización sobre la Violencia Política, como parte de las acciones encaminadas a lograr la igualdad, la no discriminación y la no violencia en los espacios político-electorales”.
Para la organización de la elección el INE Guerrero también ha firmado convenios con la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

Labor especial en comunidades indígenas

En Tlapa, Muñoz Loyola participó en la firma del convenio de colaboración con los ayuntamientos de Tlapa, Huamuxtitlán, Cualac y Xalpatláhuac para el desarrollo del proceso electoral judicial en el 05 distrito indígena, con sede en esa ciudad.
Al término de la firma mencionó que en el caso de Tlapa ya concluyeron las visitas a la ciudadanía y el INE está desarrollando alternativas para atender a la población indígena del distrito ante el proceso inédito con spots en lenguas indígenas y usando los medios donde tiene tiempo el Estado, así como las redes sociales.
Sobre la forma de votar en el distrito indígena donde aun hay analfabetismo dijo que se buscarán las estrategias porque ese día se van a entregar seis boletas, donde estará el listado de candidatos y las personas tendrán que colocar el número que corresponda a su elección.
Sobre la campaña de los aspirantes detalló que empiezan el 30 de marzo y que sus recorridos en territorio con reuniones públicas serán solventados por ellos y que tampoco pueden pagar espacios en medios de comunicación, pero sí dar entrevistas y en sus redes sociales
El vocal ejecutivo de la 05 Junta Distrital Ejecutiva con sede en Tlapa, Edgar Alexander Aguayo García informó que en el distrito se instalarán 343 casillas, 29 contiguas y una especial, en los 22 municipios que integran el distrito y dos secciones, una de Chilapa y otra de San Luis Acatlán.
La firma del convenio fue en la sala de sesiones de la 05 Junta Distrital Ejecutiva del INE, ubicada en la colonia San Francisco, con el secretario general del Ayuntamiento de Tlapa, Joaquín Álvarez Alonso en representación del alcalde Gilberto Solano Arreaga; el secretario general de Xalpatláhuac, Ezequiel Campos en representación del alcalde Ramón Lorenzo Cárdenas; el de Cualac, Valoyses Carrasco Pablo en representación de la presidenta Yesica Moreno Nájera y la jurídica de Huamuxtitlán, Araceli Hernández en representación del alcalde Daniel Méndez.
Con la firma los ayuntamientos brindarán las facilidades para efectos de la ubicación e instalación de las mesas directivas de casilla en los lugares y recintos públicos a su cargo, como plazas, quioscos, explanadas, instalaciones de centros culturales o deportivos como auditorios, museos, teatros, polideportivos, canchas o lugares de recreación y demás bienes inmuebles.
Para que durante la Jornada Electoral se usen para llevar a cabo las actividades inherentes a la instalación de la casilla, inicio, desarrollo y cierre de la votación para los diversos cargos del Poder Judicial de la Federación.
Asimismo, continuar con las acciones de difusión en los trámites de la credencial para votar, el uso y difusión de la boleta y la impartición de talleres para el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres con perspectiva de género.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

En la iniciativa de armonización de la reforma judicial con la Constitución estatal, enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se mantiene el haber de retiro para los jueces y magistrados que dejen el cargo antes de la elección judicial local, por lo que algunos diputados morenistas plantean evitar las grandes cantidades de dinero para dicho fin.
Como parte de los trabajos de armonización de la reforma judicial en Guerrero, el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y las diputadas Diana Bernabé Vega y Araceli Ocampo, morenistas todos, presentaron, por separado, una iniciativa referente al tema.
Uno de los puntos principales de la iniciativa que plantea Sandoval Ballesteros, de acuerdo a lo que explicó anteriormente es que los jueces y magistrados que se retiren puedan irse con lo que marca la ley, “pero sin excesos, ni cuantiosas sumas de dinero”.
“En la propuesta que yo he presentado se habla muy claramente que no debe haber fideicomisos, sueldos exorbitantes, pensiones de por vida, obviamente las pensiones del ISSSTE, del Seguro Social en esas no tenemos ningún problema, pero que a partir de recursos públicos sin ninguna legislación al respecto se hagan pensiones es inadecuado a todas luces, y en el haber de retiro, yo hago una propuesta de cómo se debe hacer, que se haga un cálculo de cuál es el monto según la ley, tomando en cuenta sus sueldos bases, como se hace a todos los trabajadores, ni tiene que haber privilegios”, explicó Sandoval Ballesteros.
La propuesta del morenista, dijo vía telefónica, la entregó a la Mesa Directiva, y está en espera de que se le dé el trámite legislativo correspondiente, al igual que la propuesta de armonización de la reforma judicial enviada por la gobernadora.
Para concluir el trámite legislativo, de acuerdo a los artículos transitorios de la reforma federal, es que a más tardar el 14 de marzo la armonización en lo local quede concluida, es decir que los diputados tienen ocho días para concluir el trámite legislativo y se publique en el Periódico Oficial del Estado.
Por su parte, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García, confirmó que hay tres iniciativas referentes a la armonización de la reforma judicial, las cuales dijo se tomarán en cuenta para sacar la ley.
“Hay tres propuestas, tres iniciativas que se han presentado al respecto, una del diputado Pablo Amílcar, una de la diputada Diana Bernabé y otra de la diputada Araceli Ocampo, y ya van dentro de esta propuesta de la gobernadora varios temas de ellos, sin embargo todavía falta analizarla con responsabilidad porque hay un proceso legislativo que se tiene que seguir”, dijo en breves declaraciones.
Las iniciativas hechas por Bernabé Vega y Ocampo Manzanares aún no son públicas, por lo que se desconoce cuál es su propuesta en el tema.
Ante la discusión de que se hará para lograr el retiro de los jueces y magistrados, sin que ello pueda afectar el tema presupuestal, la diputada presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la también morenista Citlali Calixto Jiménez, adelantó que como parte de la Comisión dictaminadora hará una propuesta para buscar el mecanismo para que a los funcionarios judiciales que se retiren se les de un pago proporcional a su desempeño sin que sea precisamente una liquidación.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Estudiantes de la maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero, denunciaron la violencia a las infancias en el seno familiar contra las mujeres en el ámbito político y social, durante un conversatorio conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo.
Como invitada, la consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Alejandra Sandoval Catalán, llamó a continuar promoviendo acciones que ayuden a garantizar el acceso a la justicia para todas las mujeres.
En el conversatorio No más violencia, enfatizó la importancia de la colaboración entre instituciones, academia y sociedad civil para construir un entorno más equitativo y libre de violencia.
La coordinadora de la maestría en Derecho, Esmeralda Hernández Hernández, aclaró que las estudiantes tienen libertad de cátedra para que aborden asuntos que su interés.
La alumna Frida Catalán Mora habló de los derechos de la niñez vulnerados desde el seno familiar, para proteger especialmente a las niñas que suelen ser más vulnerables en los roles de género que se inculcan.
Aclaró que no ha sido fácil, pero hay nuevas oportunidades para que las mujeres estén en espacios importantes de representación, como la presidencia de la República y la gubernatura en Guerrero.
Sin embargo, enfatizó que la educación de casa es un reflejo de los comportamientos que tendrán en la escuela y en la vida adulta.
Belén Carmen Ramírez Lezama denunció la discriminación de los pueblos afromexicanos, y con mayor medida a las mujeres, que exigen ser visibilizadas como sujetas de derecho en los hechos, más allá del reconocimiento en la Cons-titución.
Como referente, Alma Karina Chavelas señaló la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, que han firmado muchos países, incluido México, para adoptar medidas apropiadas para eliminar la violencia de género.
Aclaró que el 8 de marzo no es un día para festejar sino para recordar que aun falta mucho por hacer para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Invitó a las mujeres a participar en la marcha del sábado  8 de marzo en la capital del estado, que se citó de manera abierta en la alameda Granados maldonado a las 5 de la tarde.

Los dirigentes del PRD en Guerrero, Ciudad de México y Michoacán respaldaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la imposición de aranceles de Estados Unidos contra México. “Es tiempo de estar unidos, porque por encima de México no está nadie”.
En un comunicado emitido la tarde de ayer, suscrito por los dirigentes del PRD en la Ciudad de México, Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, de Guerrero Evodio Velazquez Aguirre y de Michoacán Octavio Ocampo Córdova, anuncian su respaldo “político, moral y republicano a la Jefa del Estado Mexicano, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.
Los perredistas adelantaron que van a acompañar las decisiones que tome la presidenta en defensa de la soberanía y legitimidad ante esta confrontación de política exterior.
Los perredistas señalan que la imposición de aranceles ha quebrantado el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y describen la medida como un “golpe a nuestro comercio, las inversiones y los empleos en múltiples sectores”, la cual afectará a “miles de familias en ambos lados de la frontera”.
“En el PRD, en este momento, quienes ostenten algún cargo de representación popular, como alcaldes, diputados y senadores, impulsaremos, estrategias que ayuden a reducir los efectos de esta medida autoritaria entre la población” (Daniel Velázquez).

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El gobierno estatal espera que la empresa Equinox Gold, que opera la mina Los Filos, en la comunidad Carrizalillo, agote el diálogo con los ejidatarios, a fin de concluir el acuerdo previo que se firmó en la sede del poder Ejecutivo estatal y que debía ser aprobado por la asamblea para hacerlo efectivo, informó el subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Rodríguez Cisneros.
De las amenazas y la criminalización de la empresa canadiense hacia Carrizalillo en las negociaciones, que denunció la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) hace dos días, el funcionario estatal dijo que los representantes del núcleo no mencionaron este problema en la mesa de trabajo que tuvieron en el Recinto Estatal, hace tres semanas, cuando se firmó el acuerdo previo.
Añadió que la empresa tampoco refirió dificultades, sólo pidió tiempo para continuar con el diálogo.
Confirmó que hubo inconformidades de “algunos integrantes” del comité del comisariado ejidal, pero estimó que “ya se estaban subsanando con la empresa”.
Añadió que el gobierno estatal no es parte de esta negociación, que su participación fue como interlocutor entre la minera y la representación legal del ejido de Carrizalillo.
Señaló que entre los representantes legales “hubo manifestaciones de inconformidad, con el convenio que están manejando ellos”.
Aseguró que desconoce las peticiones específicas de los ejitarios, pero la postura del gobierno estatal es hacer consciencia sobre que la mina representa una derrama económica importante, por la generación de más de 2 mil empleos directos e indirectos; además de la derrama económica para las personas que, de manera esporádica, viven en la comunidad “y que forman parte del proyecto de especialistas de la mina”.
Dijo que a la empresa le preocupa y ocupa que se concluyan estos diálogos, para iniciar una segunda etapa de explotación.
Antes, representantes del ejido de Carrizalillo también denunciaron, en conferencia de prensa en Chilpancingo, que la empresa no ha dialogado directamente con ellos, que envió a dos representantes que presionan al ejido para que firme el convenio, que conoció el gobierno estatal.

 

El ex consejero de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y colaborador del Ayuntamiento de Tecoanapa, Martín Ruelas Esparza de 72 años fue asesinado la noche del martes cerca de su casa, informaron fuentes de seguridad pública.
Ruelas Esparza también fue voceador, tenía un portal de noticias en el 2014 del que no se encontró registro, y colaboró en la radio comercial Esmeralda, informaron fuentes del municipio.
Por lo anterior la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) condenó su asesinato y exigió a las autoridades de Guerrero “investigar el caso tomando en cuenta la profesión del comunicador”.
Las fuentes informaron que alrededor de las 8:30 de la noche Martín Ruelas de 72 años fue atacado a balazos por hombres armados, cuando caminaba por una de las calles de la colonia San Juan de la cabecera municipal.
Su cuerpo quedó tendido boca abajo a un costado de una banqueta.
Familiares no permitieron que las autoridades ministeriales realizarán las diligencias y el levantamiento del cuerpo para llevarlo al Servicio Médico Forense, y lo llevaron a su casa.
Ruelas Esparza era maestro jubilado y actualmente trabajaba como profesor de danza en el gobierno municipal de Juvenal Poblete.
El gobierno Municipal de Tecoanapa lamentó “profundamente el sensible fallecimiento” de su compañero, mediante una esquela.
“Nos unimos a la pena que embarga a su familia y seres queridos, enviándoles nuestras más sinceras condolencias y solidaridad en estos momentos difíciles. Descanse en paz”, publicó.
El gobierno municipal omitió exigir el esclarecimiento del crimen contra uno de sus trabajadores.
En el 2016, Ruelas Esparza se desempeñó como consejero del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la UPOEG en el 2016. Fue un personaje cercano al líder Bruno Plácido Valerio.
Como consejero demandó justicia por el asesinato de dos fundadores del SSJC de la UPOEG, Mauro Rosario Ayodoro y Gerardo Simón Ramírez, emboscados y asesinados en la carretera Ayutla-Tecoanapa el 28 de febrero de 2016. (Luis Daniel Nava / Chilpancingo).

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

Unos 300 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y de planteles de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia por el asesinato de su compañero Yanqui Kothan Gómez Peralta, perpetrado por agentes de la Policía Estatal el 7 de marzo del 2024.
El mitin es parte de la jornada de lucha a un año del crimen. Los estudiantes provenientes de las normales rurales del país arribaron a las 10 de la mañana en 13 autobuses de líneas comerciales.
Se plantaron en la contra esquina de la FGE y junto a los autobuses bloquearon ambos sentidos del bulevar del río Huacapa.
En tanto en el recinto del poder Ejecutivo los trabajadores fueron desalojados ante posibles protestas de maestros y estudiantes.
A las 9 de la mañana las autoridades pidieron a las mujeres, personas de la tercera edad y con capacidades diferentes retirarse y no regresar.
Más tarde se les avisó que por los daños ocasionados a los edificios del recinto un día antes por miles de pobladores de municipios de las regiones Centro y Montaña no podrán ingresar hasta nuevo aviso.

Siguen sin sentencia los policías del estado

Frente a la FGE los oradores de las distintas escuelas denunciaron que a un año del asesinato del normalista de Ayotzinapa y el ataque contra otro compañero, a los tres policías acusados de ser los autores materiales no les han dictado sentencia.
Tampoco se ha detenido a mandos policiacos y no se han hecho las investigaciones para dar con los responsables intelectuales.
En la actividad unos 24 agentes de la Guardia Nacional con equipo antimotines se acercaron en carril de norte a sur contrario a los manifestantes, lo que provocó tensión, minutos después la tropa optó por retirarse en un camión oficial.
Uno de los oradores dijo que las fuerzas policiacas del estado y el gobierno estatal hicieron un montaje para criminalizar a sus camaradas al difundir la versión de que llevaban sustancias ilícitas y que iban armados.
“En sus informes se dijo que fue un enfrentamiento y que (los estudiantes) habían disparado contra ellos, pero los peritajes arrojaron que sólo hubo cuatro disparos con dirección de afuera hacaa adentro, sólo los policías habían disparado”.
Expuso que en ese lugar hay una cámara de seguridad del C4 donde existe la evidencia de cómo actuó la Policía Estatal, sin embargo, las autoridades no han querido entregar los videos de esa noche.
En representación del Comité Central del FECSM, un estudiante expresó que en el estado de Guerrero el gobierno ha intentado acabar con la Normal de Ayotzinapa golpeándola, desapareciendo a 43 de sus estudiantes y matando a otros 11 de sus compañeros.
En la entidad, agregó, hay una educación precaria que las autoridades no voltean a ver y que los egresados de la Normal de Ayotzinapa han apoyado a la población dándoles la educación que se merece.
De la presencia de la Guardia Nacional dijo que intentan provocar y hacer quedar mal al normalismo rural que lo único que hace, es salir a protestar contra los atropellos que viven dentro y fuera de las aulas.
“Nuevamente tenemos al lado de nosotros aquellas fuerzas policiacas que intentan provocarnos como siempre lo han hecho, intentan reprimirnos como a lo largo de los más de 100 años del normalismo rural”.
Comentó que una década después siguen teniendo la injusticia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y están por cumplir un año luchando y buscando justicia por su compañero Yanqui Kothan.
Señaló que en este último caso el gobierno federal y estatal siguen protegiendo a los responsables, así como lo hacen con los funcionarios públicos que estuvieron involucrados en la desaparición forzada perpetrada en Iguala en septiembre de 2014.
Las estudiantes de Cañada Honda, Aguascalientes, dijeron que estaban ahí para recordar los hechos ocurridos el 7 de marzo del año pasado, donde uno de sus compañeros fue asesinado por las fuerzas policiacas.
“Buscamos y exigimos justicia y una verdad sobre estos acontecimientos”.
A dos días de que se cumpla un año del asesinato de Yanqui Kothan, cuestionó una de ellas, “¿cómo es posible que aquellos que se dicen defender al pueblo maten estudiantes?”.
“Sólo se le pide que hagan su trabajo y hagan justicia, no se ha visto algún avance en la investigación en el caso de Kothan”.
También participaron alumnos y alumnas de las Normales de Tiripetío, Michoacán; Amilcingo, Morelos y Mactumatzá, Chiapas.
El representante del Frente de la Juventud Comunista cuestionó:
“¿Dónde está (el ex presidente) Enrique Peña Nieto, (el ex fiscal) Jesús Murillo Karam, ¿dónde están nuestros 43, ¿dónde está nuestro camarada Yanki Kothan?”
Acaba de terminar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y llegamos a la conclusión que no importa quién gobierne porque ante toda injusticia y crimen de Estado lo que nos ofrece el gobierno es impunidad, dijo.
Añadió que se está en un escenario donde el nuevo partido de Estado cambió sus ropajes.
“Hoy se viste de izquierda, de socialdemocracia, de transformación, pero lo que impera son las ganancias de los monopolios y las oligarquías”, expresó.
El mitin concluyó a las 11 de la mañana y los autobuses se retiraron hacía la Normal de Ayotzinapa.
La jornada de lucha está programada para este jueves y mañana viernes 7 que se cumple un año del crimen.

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Hasta el próximo lunes 10 de marzo, la mayoría de los trabajadores del sector central regresarán a laborar al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo, tras la suspensión de labores de este martes, por la manifestación multitudinaria de nueve municipios de las regiones Centro y Montaña, de acuerdo con fuentes internas.
Este miércoles también se suspendieron las labores, por la llegada de normalistas de Ayotzinapa, como parte de una jornada de acciones a un año del asesinato del estudiante Yanqui Kothan Gómez, por parte de policías estatales, ocurrido el 7 de marzo de 2024, dados los antecedentes de protestas anteriores por la desaparición forzada de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala.
No se mencionó, pero muy temprano estuvieron en el Recinto Estatal peritos de la Fiscalía General del Estado, para iniciar el trámite de una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable por los daños y perjuicios que sufrió el edificio, atacado a pedradas por algunos vecinos de distintos municipios, que participaron en la marcha multitudinaria del martes en Chilpancingo, para exigir obras y servicios.
Incluso, se supo que hubo recomendaciones para desalojar el lugar, que durante todo el día no tuvo medidas preventivas. Sólo se permitió el paso controlado por la puerta lateral del estacionamiento, a personal de confianza.
Tampoco hubo, de manera oficial, una circular de las que se transmiten mediante redes sociales para los trabajadores, sólo el aviso de que este jueves 6 tampoco se presentarán a laborar personas con alguna discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Además, el viernes 7 será una jornada de asueto, por el Día Internacional de la Mujer.
Estos días, servirán para continuar las diligencias sobre los daños y para generar condiciones de seguridad para los trabajadores y usuarios que utilizan el pasillo del estacionamiento para salir, donde hay cristales rotos de las ventanas, además de los que salen por la puerta principal.
Este miércoles, todavía se escuchaba la caída de cristales rotos, desde lo alto del edificio Acapulco, por el movimiento del viento. No se vieron cintas amarillas de precaución, para evitar accidentes. El personal de seguridad, que vigila en el estacionamiento y las puertas, se mantuvo siempre bajo el techo de su cabina.
Entre 2 y 3 de la tarde se observó salir al menos seis camiones largos, de la Guardia Nacional; cinco camionetas y un camión blindado, que llegó para resguardar el edificio por otra protesta.
También se observó que una persona pegaba una cinta en cruz, en una puerta de cristal exterior del tercer nivel, donde al parecer, hacían la revisión administrativa del edificio afectado. Esta fue la primera acción de seguridad a simple vista.