La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que José Ulises Bernabé García, quien era juez de Barandilla municipal de Iguala cuando se dio la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tiene qué aportar al caso, ya que hay pruebas que indican que los estudiantes estuvieron ahí.
En la conferencia matutina de este lunes, la presidenta criticó a la periodista Anabel Hernández, y remarcó que es la testigo principal para que Bernabé García haya conseguido asilo en Estados Unidos.
“Esta persona (Hernández) es el testigo principal para que el juez de Barandilla (Bernabé García) del caso Ayotzinapa esté en los Estados Unidos. Una persona que tiene mucho que decir porque hay pruebas de que ahí estuvieron algunos de los muchachos”, dijo.
Sheinbaum expuso que Her-nández estableció una forma de trabajo “que no es periodismo, es ficción” y cuestionó los motivos por los cuales la escritora es la testigo de José Ulises Bernabé García.
“¿Qué tiene que hacer ella como el principal testigo para que el juez de Barandilla esté en Estados Unidos, del caso Ayotzinapa”, preguntó la presidenta.
Los comentarios sobre el trabajo de Hernández se derivaron después de que se indicó que supuestamente Anabel Hernández circuló la versión de que Juan Pablo Penilla Rodrí-guez, abogado de Ismael El Mayo Zambada, estuvo relacionado con la dirigencia nacional de Morena en la campaña pesidencial de 2024.
El 27 de agosto en la última reunión que tuvieron los padres de los 43 normalistas desaparecidos con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el abogado y representante legal Vidulfo Rosales Sierra informó que en ese encuentro no se presentaron resultados en las líneas de investigación, ni extradiciones tanto de Tomás Zerón como de José Ulises Bernabé García.
El 5 de agosto el mismo López Obrador dijo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no avisó a la Fiscalía General de la República, ni al gobierno federal, sobre el asilo del juez.
El pasado 12 de febrero la presidenta Sheinbaum adelantó que a finales del mes se dará la segunda reunión con padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Integrantes del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas Lupita Rodríguez Narciso, protestaron por ocho horas afuera del Congreso local para exigir exigir la aprobación de la Ley de Desaparición Forzada, el adeudo que tiene la Comisión Estatal de Atención a Víctimas referente al apoyo de la canasta básica y una búsqueda en campo para hallar a Jesús Antonio Moyao Guerrero, quien desapareció en Chilapa el 23 de febrero del 2022.
A las 10 de la mañana, alrededor de 30 personas, miembros del grupo, bloquearon la avenida Trébol Sur, en el carril sur-norte, y realizaron un mitin en la puerta principal del Congreso. Ahí anunciaron que se instalarían en huelga de hambre hasta que tengan una solución con fechas concretas para sus demandas.
David Molina Rodríguez, vocero del Colectivo, denunció que van tres legislaturas y ninguna ha aprobado la Ley en Materia de Desaparición Forzada y, la cual impulsan desde el 2017.
“Es la exigencia de siempre, la ley en materia de desaparición de personas, una ley que ya debió haberse armonizado; el 17 de noviembre del 2017, se crea la Ley en Materia de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, una ley nacional, la cual da un plazo de 180 días a todos los congresos locales para armonizar sus leyes, y es el momento que esta legislatura ni la anterior, han tenido la menor intención de hacerla”.
El activista, quien busca a su hermano Josué Molina Rodríguez, consideró que el ex diputado local de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel, durante la 62 Legislatura se “burló” de los colectivos, porque realizó varias reuniones y presentó una iniciativa en la que quitó varias de sus demandas, la cual de todas maneras no fue aprobada por el pleno.
En la 63 Legislatura se hizo otro intento para realizar la ley, que a pesar de que llegó a la Comisión de Derechos Humanos, esta nunca fue dictaminada ni votada, mucho menos aprobada.
Para el caso de la 64 Legislatura, tuvieron una reunión con diputados en noviembre del 2024, después programaron otra reunión para el 21 de febrero, la cual fue cancelada.
Los manifestantes explicaron que incluso en la reunión con los integrantes de la actual 64 legislatura, los diputados les dijeron que desconocían que había ya trabajos iniciados por sus antecesores.
“Nos dieron un plazo para el 21 de febrero que ellos (los diputados) ya se iban a informar que contenía esa Ley y nos iban a decir que partes se tenían que arreglar… Se suspendió esa reunión porque desde luego no tienen propuestas, porque no les interesa. La parte fundamental de esa ley, es la creación de un Centro de Identificación Humana, no nos hace ninguna gracia que tengan un centro de resguardo forense con 983 cuerpos sin identificar”, mencionó Molina Rodríguez.

Cumple Jose Antonio tres años desaparecido

Además de la aprobación de la Ley, el Colectivo exigió la aparición con vida de Jesús Antonio Moyao Guerrero, desaparecido en Chilapa el 23 de febrero de 2022. A tres años de su desaparición, nadie sabe de él.
Jesús era chofer del transporte público en Chilapa, fue privado de su libertad el 23 de febrero de 2022, sujetos armados lo bajaron de su unidad y lo subieron a una camioneta, con rumbo, hasta hoy, desconocido.
Su madre, María Engracia Guerrero López, participó hoy junto con integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez Narciso, en la protesta afuera del Congreso local para exigir la aprobación de la Ley Estatal de Desaparición y avances en la búsqueda de su hijo.
“El ayer cumplió tres años de desaparecido, tres años en donde hemos estado esperando encontrarlo”, dijo la madre buscadora y denunció que ha solicitado a la Fiscalía General del Estado (FGE) búsquedas en campo, pero hasta el momento no ha tenido respuesta.
“La exigencia de mi familia es encontrarlo, como esté, pero que regrese a casa”.
Solicitó la creación del Centro de Identificación Humana, ya que dijo puede que exista la posibilidad de que muchos de los desaparecidos estén en el Semefo o en el Panteón Forense sin identificar y también aprovechó para llamar a las autoridades correspondientes a que autoricen búsquedas en campo donde hay indicios de restos de personas desaparecidas, incluido su hijo.
“No nos vamos a retirar hasta que se nos haga caso y vengan las autoridades a solucionar nuestras peticiones”, agregó Mario Guerrero, quien lleva un año solicitando a la FGE una búsqueda en campo en las inmediaciones de Chilapa para hallar a su hijo.

Demandan pago de la canasta básica

En la protesta también demandaron el pago de la canasta básica que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) entrega bimestralmente, la cual no han recibido desde 2024.
A algunas familias les deben seis meses de dicho apoyo, a otras dos y cuatro de acuerdo con Molina Rodríguez, por lo que otras de sus demandas fue la de agilizar el pago de los 2 mil pesos bimestrales que les entrega la CEAV.
Los manifestantes permanecieron sentados en la entrada del Congreso local, aseguraron que permanecerían en el lugar hasta que los atiendan. Fue hasta las tres de la tarde, en donde en un segundo mitin denunciaron que nadie se había acercado, que minutos después llegaron representantes de la Secretaría General de Gobierno, de la FGE y de la CEAV para atenderlos.
A las seis de la tarde, después de dos horas de diálogo, los manifestantes se retiraron, con el compromiso de las autoridades de realizar la búsqueda en Chilapa para hallar a José Moyao, una reunión con diputados para darle seguimiento a la Ley de Desaparición y comenzar la dispersión del pago de la canasta básica de la CEAV.

El Congreso local de Guerrero recibió de manera oficial el Informe Especial sobre Centros Penitenciarios Mixtos del Estado, en el que la entidad tiene una calificación de 5.16 sobre 10 que marca el Diagnóstico Nacional.
A través de un oficio dirigido a la Mesa Directiva del Congreso local, la Dirección Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) remitieron al Legislativo el Informe Especial IE-17/2024 sobre los Centros Penitenciarios Mixtos de la entidad.
Dicho informe, fue publicado por la CNDH el 20 de diciembre pasado, en donde, como lo informó El Sur, Guerrero tiene una calificación de 5.16 puntos sobre 10 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo que está reprobado en la evaluación.
Los datos dicen que de 11 centros de reinserción social que se encuentran en el estado, ocho se encuentran con una calificación menor a seis puntos, por lo que aparecen reprobados.
Los Centros de reinserción con menor calificación fueron el de Tlapa, con 3.87, la más baja en todo el estado y reprobó en todos los rubros; además que de tener una capacidad de 58 varones, dicho centro contó con una población de 209 hombres y nueve mujeres.
El Centro de Reinserción Social de Coyuca de Catalán presentó una calificación de 4.37 puntos, la segunda más baja a nivel local, y también reprobó en todos los rubros analizados, con una capacidad máxima de 35 hombres y tres mujeres, pero contó con una población de 72 hombres y tres mujeres.
El Centro Regional de Reinserción Social de Iguala reprobó con 4.68 puntos y también con una calificación negativa en todos los rubros en cuestión y de una capacidad de 409 hombres y 40 mujeres, hay una población de 458 hombres y 22 mujeres. Al  igual que el Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo tuvo una calificación reprobatoria con 4.68 puntos, con los cinco rubros reprobados y de tener una capacidad máxima de 53 hombres y cuatro mujeres, tiene una población de 123 hombres y 11 mujeres.
Algunos de los rubros a calificar fueron comunicación con el exterior, alimentación, higiene menstrual, estancia digna, atención médica, acceso a una persona defensora o redes de apoyo y Acceso a la información de sus derechos.

Se atenderán problemas: diputado

Sobre el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, el diputado presidente de la Comisión de Justicia, Eduardo Bello Solano adelantó que se trabajará en un reforma para atender los principales problemas detectados.
En declaraciones anteriores, días después de que el diagnóstico se presentará en la Ciudad de México, Bello Solano reconoció que los centros de reinserción social en la entidad, la mayoría, presentan problemas de hacinamiento y de separación entre hombres y mujeres reclusos, por lo que aseguró que se buscará atender esos dos problemas.
Mencionó que no todos los penales salieron reprobados, pero que hay casos como la cárcel de Tlapa, el cual consideró es el que tiene mayores problemas y es necesario una intervención especial y aclaró que como poder Legislativo les toca opinar y proponer sobre el tema, pero que la atención es responsabilidad directa del gobierno del estado. (José Miguel Sánchez / Chilpancingo).

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El Comité Directivo Estatal del PAN, denunció ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, a la senadora Beatriz Mojica Morga y a otros integrantes del llamado grupo Constructores y Constructoras del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, por actos anticipados de campaña.
En conferencia de prensa, la presidenta del CDE del PAN, Rocío Morales Morales; el secretario general, Luis Ángel Reyes; el representante ante el IEPC, Silvio Rodríguez; el ex dirigente estatal, Eloy Salmerón Díaz, y la diputada local Irene Montiel Servín, informaron que la denuncia se trata de un Procedimiento Administrativo Sancionador, presentado ante el Consejo General del IEPC.
La denuncia, de acuerdo con el documento presentado ante el IEPC y lo que mencionó Rocío Morales, es contra de la senadora, Beatriz Mojica Morga; el diputado federal Javier Taja Ramírez; el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto; el presidente estatal de Morena, Jacinto González Varona; el ex candidato a la gubernatura por el PRI, y al Senado por MC, Mario Moreno Arcos; al ex procurador de Justicia, Alberto López Rosas y al ex gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, por realizar promoción personalizada y actos anticipados de campaña.
Todos estos personajes, a excepción de González Varona, formaron un grupo denominado Constructores y Constructoras del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, en donde, de acuerdo a lo que sus integrantes mencionan, tiene la finalidad de apoyar la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Están violando el artículo 134 de la Constitución, así como el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así también el artículo 414 de la Ley 483 de Procedimientos Electorales del Estado, ya que ellos tendrían que estar haciendo y cumpliendo las comisiones que primeramente por las que fueron electos”, dijo Morales Morales en relación a los personajes denunciados que tienen un cargo público.
En la denuncia se indica que es por “la promocio?n personalizada y vulneracio?n a los principios de imparcialidad y neutralidad, asi? como por actos anticipados de precampan?a y campan?a”, de la Ley Electoral.
La denuncia para los que no tienen un cargo, pero fueron denunciados, según la panista, es para que respeten “el derecho de todos y todas de competir de manera libre, pero también equitativamente y ellos al estar realizando actos de campaña anticipada con recursos de la federación y del estado, están violentando estas leyes y no permiten la libre competencia de todos los posibles aspirantes a los cargos de elección popular en el 2027″.
La dirigenta del PAN solicitó al o?rgano electoral actuar con imparcialidad en la resolucio?n de la denuncia presentada, en la que como pruebas, se adjuntaron fotografi?as de las reuniones de dicho grupo de morenistas, que fueron publicadas en medios de comunicacio?n impresos y tambie?n en las redes sociales de los involucrados.
A Mojica Morga sería la segunda vez que es denunciada por este tipo de acciones, apenas el mes pasado el PT la denunció por, supuestamente, ocupar el programa de Internet para el Bienestar para su promoción, lo que ella siempre que negó, y que al final la denuncia fue desechada por el órgano electoral local.

 

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

Este lunes el INE en Guerrero inició la difusión de información en sus redes sociales para que las personas conozcan al Poder Judicial y sepan por qué será importante votar por los jueces magistrados y ministros el próximo 1 de junio.
A través de sus redes sociales, el INE comenzó con publicaciones en donde se lee: “Sabías que las decisiones del Poder Judicial impactan en tu vida? El Poder Judicial de la Federación resuelve conflictos y
protege derechos. Conocer cómo funciona fortalece nuestra democracia. Este 1 de junio nos vemos en las urnas”.
También publicó una infografía en donde explica de manera breve qué es el Poder Judicial: “Es el máximo órgano jurisdiccional en México, encargado de interpretar y aplicar las leyes. Tiene un papel fundamental para el equilibrio de los poderes de la unión en México y en la impartición de justicia basada en el respeto de los derechos humanos. Su función es clave para mantener el estado de derecho y la democracia en el país”.
Y se informó sobre el acuerdo del Consejo General del INE en el que se aprobó cómo se marcará la credencial para votar en las elecciones del Poder Judicial.
Todas estas publicaciones sobre difusión e información del Poder Judicial, son a tres meses de que se realice la elección de las personas juzgadoras.
Para el caso de Guerrero, los electores elegirán el próximo 1 de junio en las urnas a 39 personas juzgadoras, entre jueces, magistrados y ministros que integrarán el Poder Judicial de la Federación.
Las 39 personas juzgadoras a elegir serán nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); cinco cargos para el Tribunal de Disciplina Judicial; dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife); tres magistrados de la Cuarta Circunscripción de la Sala Regional Ciudad de México del Trife; 10 magistrados de circuito y 10 jueces de distrito.
Para dicha jornada electoral el INE proyecta instalar en la entidad 2 mil 732 casillas, lo que representa el 53.5 por ciento de las 5 mil 104 que se instalaron en el pasado proceso electoral del 2024.
Además de la campaña informativa, el INE realiza las visitas a los domicilios de las personas que serán funcionarias de casillas en la elección del 1 de junio y se espera que en próximos días los consejos distritales aprueben las ubicaciones de las casillas.

 

En un informe de actividades del 21, 22 y 23 de este mes, el Gabinete de Seguridad del gobierno federal reportó que fueron detenidas cuatro personas en Alcozauca, en la zona de la Monrtaña.
Sin precisar en cuál de los tres días ocurrieron los hechos, el Gabinete informó que elementos de seguridad catearon un inmueble en Alcozauca donde además se decomisaron armas, drogas y vehículos.
“En Alcozauca, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía del Estado y Policía Municipal catearon un inmueble, donde detuvieron a cuatro personas, aseguraron cuatro armas largas, tres armas cortas, diversas dosis de droga y tres vehículos”, se lee en el reporte.
El Sur investigó y fuentes de seguridad precisaron que el cateo fue el viernes en una casa en la comunidad de Chilmatepec, ubicada a una hora y media en vehículo de la cabecera de Alco-zauca, municipio que gobierna el alcalde Crispín Agustín Mendoza, quien fue postulado por el Partido del Bienestar, que perdió el regis-tro local.
En el inmueble se localizaron 7 armas, 3 cortas, y 39 kilos de droga aproximadamente, entre mariguana y goma de opio, de acuerdo con fuentes de seguridad.
Los cuatro hombres detenidos, las armas y la droga se pusieron a disposición del fuero federal.
El cateo se originó por una denuncia de que había droga en un inmueble de esa comunidad y participaron diferentes corpora-ciones policiacas
El comunicado está firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. (Juan Luis Altamirano Uruñuela / Ciudad de México).

 

La Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán ya recapturó a cuatro de los nueve presos que se fugaron el 21 de enero del año pasado, algunos de ellos vinculados con grupos del crimen organizado y otros que estaban sujetos a reeducación por delitos graves.
El 21 de enero del 2024, uno de los dos elementos comisionados para la seguridad de la celda donde se encontraban los detenidos, se emborrachó con una detenida de la localidad de Cuanacaxtitlán en proceso de reeducación, y en estado inconveniente abrió la reja de la celda de los reos y nueve de estos se dieron a la fuga.
La Casa de Justicia informó ayer que a más de un año de la fuga masiva ya recapturaron a cuatro de ellos y faltan cinco.
La más reciente recaptura fue la de Jesús González Zavala de 38 años, originario de la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, quien fue detenido en esa comunidad.
De acuerdo a las autoridades comunitarias la recaptura de González Zavala ocurrió a las dos de la tarde en la Comisaría Ejidal, luego de que se había instalado un cerco de seguridad para detenerlo en caso de que regresara a su pueblo.
Se informó que González Zavala es sobrino de Armando Zavala, quien se dice consejero de la CRAC-PC, pero que no es reconocido por las autoridades comunitarias.
Su sobrino Jesús González está acusado por “faltas” a las autoridades de su pueblo.
Otro de los que han sido recapturados es Diego, El Mecánico quien está sujeto a reeducación por fraude y quien quedaría libre al día siguiente que se fugó, pero ahora se la agravó su situación y deberá ser sometido a un nuevo proceso de reeducación.
El tercer recapturado, del que no se proporcionó su nombre es originario de Marquelia y está señalado por vínculos con el crimen organizado y está siendo sometido a reeducación por cobro de piso.
El cuarto recapturado, del que tampoco se reveló su identidad está detenido por violación a un menor, y estaba sentenciado a 20 años, pero tras su fuga, igual que los demás, su situación se agravó.
De los otros cinco que siguen prófugos se informó que uno estaba sujeto a reeducación por homicidio, otro más por crimen organizado y tres por delitos menores. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Yee Trujillo

El secretario de Gestión de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, aseguró que la dependencia está vigilante de la pirotecnia como estipula la norma en Guerrero, pero llamó a las autoridades municipales a hacer un esfuerzo de prevención, a los ciudadanos para que denuncien los polvorines clandestinos para poder intervenir, y a los fabricantes a que no utilicen sin autorización estos materiales “de alto peligro”.
El funcionario estatal fue consultado vía telefónica ante las explosiones de pólvora en distintos hechos que han dejado personas heridas y fallecidas, como la ocurrida el domingo en Teloloapan –con un saldo de tres muertos y 16 lesionados–, así como en diciembre del año pasado en Tlalchapa y en la colonia La Laja de Acapulco el mismo mes, y en agosto en Tlapa y Cuajinicuilapa.
Arroyo Matus llamó a las autoridades municipales a hacer un esfuerzo por revisar y vigilar de manera constante si existen polvorines ilegales, porque “representan un riesgo importante”, y señaló que muchos de los casos que se le mencionaron se han generado precisamente porque son instalaciones no autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Explicó que de forma regular a todos los Ayuntamientos se les envía información, que por lo menos cuatro veces al año se les da un aviso para que estén “mucho muy atentos”, que realicen una verificación de lugares que tengan detectados, así como vigilancia para que no se maneje el material de forma clandestina, con la finalidad de que se eviten incidentes como el de Teloloapan.
“En el caso de polvorines clandestinos es mucho muy difícil detectarlos, por eso solicitamos a la población la ayuda”, subrayó, y añadió que es “imposible” saber el número aproximado de lugares de elaboración ilegales que hay en el estado.
Recordó que el Ejército autoriza la actividad, tiene el registro de los fabricantes avalados, y que está penado el manejo no autorizado de estos productos porque “resulta, ya lo sabemos, de alto peligro”. Mencionó que los polvorines registrados por la Sedena normalmente cuentan con un proceso de revisión para evitar estas situaciones.
Dijo que, como la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ha indicado, la dependencia siempre trata de realizar actividades de divulgación, que cuando se avisa sobre algún lugar se invita a la Sedena para las revisiones que correspondan. Afirmó que las visitas a municipios y acciones, como tratar de hablar con los fabricantes, se hacen de forma permanente, y que hay un departamento especial de riesgos abocado a esta actividad.
“Hacemos la invitación de que denuncie toda la ciudadanía que aprecie que exista un movimiento extraño en algún lugar de este tipo de condición, pues para que se trate de reducir los riesgos porque sí representa un riesgo importante”, expresó.
En diciembre, el Día de la Virgen, una explosión de cohetes almacenados en la entrada de una capilla en el poblado Colonia Cuauhtémoc de Tlalchapa ocasionó la muerte de una niña y lesiones en unas 30 personas. Dos días después en la colonia La Laja de Acapulco se reportó una explosión e incendio de una bodega clandestina de pirotecnia que originó daños materiales en la casa.
El 4 de agosto hubo otra explosión en una bodega de cohetes en una iglesia de Ahuatepec Ejido, Tlapa que dejó una mujer lesionada y 11 casas afectadas, y dos días antes una explosión de juegos pirotécnicos en una casa del barrio de San Francisco de Cuajinicuilapa causó varios lesionados y una persona atrapada entre los escombros.

El gobierno de Teloloapan informó que en la explosión de un barril de pólvora en una casa de la colonia San Andrés para la fabricación clandestina de pirotecnia, murieron la señora Martha Medina Padilla y su hijo Ángel David Pineda Medina, de 3 años, así como Marcelino Hurtado Soto.
En tanto que de las 16 personas que resultaron lesionadas a consecuencia de esta explosión de gran magnitud que derribó gran parte de la estructura de la casa de concreto de dos pisos, entre los que se encuentran niños, hasta anoche no se había dado a conocer más información de su condición de salud.
Mediante esquelas publicadas en su página oficial de Facebook, el gobierno que encabeza el perredista Narvel Mojica Sotelo, dio las condolencias por el deceso de la señora Martha Medina y de su hijo de 3 años, Ángel David, quienes informó eran esposa e hijo del policía vial de este municipio, Jorge Avilez Peña.
La noche del domingo de acuerdo con una versión de un vecino de la calle Revolución, donde fue la explosión, había comentado que la persona menor de edad fallecida era una niña, pero se confirmó que fue un niño.
Ayer empezó a circular en las redes sociales la versión de que en realidad se trató de un ataque contra esa vivienda, pero ninguna fuente oficial ha manejado esta hipótesis, sino que tanto Protección Civil estatal, la Fiscalía del estado y el gobierno municipal indican que fue explosión de pólvora en la casa donde fabricaban pirotecnia de forma clandestina.
En un boletín de prensa del gobierno de Teloloapan, indica: “tras una inspección técnica, personal de Protección Civil determinó que la explosión se originó por el almacenamiento indebido y manejo inadecuado de pólvora utilizada para la elaboración de artefactos pirotécnicos al interior de la vivienda, la cual funcionaba como bodega de maquila de materiales explosivos”. (Alejandro Guerrero / Iguala).

Alejandro Guerrero

Iguala

El alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, informó que se avanzó en el caso del paro laboral y la toma de las oficinas de gobierno por miembros de la sección 17 del Sindicato Independiente que llevan más de cuatro meses, y confió en que no falte mucho para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje emita la resolución; en tanto, la Fiscalía estatal realiza las investigaciones para la cual entregaron todas las evidencias para formular la denuncia penal en contra de este “paro ilegal”.
Abordado en el cerro del Tehuehue donde el morenista asistió al acto conmemorativo por el 204 aniversario de la creación de la Bandera, el alcalde informó que actualmente el municipio cuenta con solo 38 policías municipales, y anunció una campaña de reclutamiento con el objetivo de llegar a 120 agentes al final de su administración, aunque reconoció que en la administración pasada, de Mario Figueroa Mundo, se perdió totalmente la confianza en la Policía Municipal.
Al alcalde se le preguntó del avance del proceso jurídico que se lleva a cabo por la toma de las oficinas de gobierno que iniciaron desde el 17 de octubre 104 agremiados a la sección 17 del Sindicato Independiente, la mayoría ex funcionarios de confianza del gobierno del empresario Mario Figueroa Mundo.
Mencionó que están avanzando y confía en tener resoluciones por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA). Dijo que ya fue solventado todo lo requerido y solo están en espera de que el trámite legal tome su curso y puedan ellos (TCA) dictaminar: “no creo que falte mucho tiempo”.
Agregó también que la Fiscalía del estado está haciendo su trabajo, y mencionó que incorporaron los elementos para la formulación de la denuncia penal en contra de “este paro ilegal que tienen estos compañeros, y como siempre lo dijimos, estamos sobre la legalidad”.
Señaló que la toma de las oficinas que guardan toda la documentación de las área de recaudación, no solo afecta la administración sino a toda la población de Taxco que no está recibiendo mejores servicios y a ellos los limita porque en esas oficinas del Palacio Municipal y la sede de Casa Janna están todas las herramientas de trabajo.
Aunque dijo que ese paro ilegal no ha detenido el desempeño de su administración, es la ciudadanía la que se ve afectada por las limitaciones al estar en una sede alterna, del parque vehicular, las bases de datos como Catastro y Registro Civil, trámites que se han visto afectados.
Vega Carranza reiteró que su gobierno ha sido claro con los paristas de que no pueden solventar las demandas que piden de reinstalación en sus funciones y reconocimiento a su organización sindical, “ya que el procedimiento que siguieron para estas basificaciones fue totalmente ilegal, son 104 bases que quieren que reconozcamos lo cual no fue presupuestado, por lo que no podemos negociar esta parte porque es una afectación grave al erario”.
A pregunta, dijo que han levantado actas administrativas porque la toma de esas oficinas afectó el proceso de entrega y recepción, porque los ex funcionarios del gobierno de Figueroa Mundo no se presentaron a entregar debidamente las oficinas.
Sin dar detalles, confirmó que sí heredó deuda del gobierno de Mario Figueroa, y ofreció que dará a conocer en su momento los montos y cómo es que recibió la administración, además de cómo van mejorando la administración.
Un reportero le preguntó que si no se ha requerido al ex alcalde Mario Figueroa para este proceso, el edil de Morena respondió que es sabida la situación en la que está Figueroa Mundo, y entre risas mencionó, “si lo encuentran por ahí le avisan, pero tú sabes que está complicado ese tema, y nosotros no lo hemos requerido porque no es nuestra fusión, para eso están la Auditoría y la Contraloría del estado”.
Desde el 1 de octubre pasado, un día después de que dejó su administración, se conoce que hay una orden de aprehensión en contra del ex alcalde Mario Figueroa Mundo por los delitos de secuestro y desaparición forzada de personas, en tanto que dos de sus hijos ya están presos por delitos de desaparición de persona y narcomenudeo.