Lourdes Chávez

Chilpancingo

El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (SITAUAG), una nueva organización avalada por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, se pronunció por la defensa de las jubilaciones y contra los descuentos fiscales en prestaciones; por la educación gratuita, crítica y la libertad de expresión.
El secretario general de la nueva organización, Eleazar Serafín Castillo, informó que ese proyecto “no es un capricho”, sino una necesidad, porque el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) se convirtió en un sindicato patronal, que tolera opacidades, corrupción y nepotismo.
En conferencia de prensa, la organización llamó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al Congreso del Estado, “a revisar con lupa” los procedimientos de comprobación y rendición de cuentas en la máxima casa de estudios, ante las irregularidades en que incurre el sindicato y la Rectoría.
Eleazar Serafín, maestro de la Preparatoria 32 de Iguala y quien fue integrante del Comité Ejecutivo Central (CEC) del STAUAG en la gestión de Antonio Torres Montoro, informó que el 13 de febrero se declaró la procedencia del SITAUAG, con 28 miembros, “que desafiaron al poder”.
Anunciaron una campaña para la instalación de sus delegaciones, a las que convocaron a todos los universitarios. De acuerdo con el registro de la organización, con fecha del 13 de febrero de 2025, la directiva de la organización sindical, según su acta de elecciones, tendrá una duración de cuatro años, del 15 de noviembre de 2024 al 14 de noviembre de 2028.
Junto con integrantes de su comité, Serafín Castillo enfatizó que la constitución de una nueva organización sindical no es un capricho de un grupo de trabajadores académicos, sino porque algunos compañeros trabajadores desesperados los buscaban porque el STAUAG no resolvía sus problemas. Entre otros puntos, señaló que hace 10 años no se pagan gastos funerarios de los trabajadores, algo establecido en el contrato colectivo de trabajo.
Además, dijo que hay más mil trabajadores en condiciones de jubilación que siguen en servicio, porque la administración central dice que no tiene dinero para su retiro. Consideró que un trabajador, que sirvió a la institución, no puede ser denigrado al final de su vida laboral.
Aclaró que no es problema del trabajador la falta del dinero para jubilaciones, sino del rector, responsable de la gestión de recursos. Añadió que el SITAUAG tiene la mejor disposición de apoyar en la gestión de ese dinero, porque se están violentando derechos laborales.
Asimismo, dijo que volverán a demandar mediante amparos, que les devuelvan el dinero descontado por el ISR a prestaciones, primas y aguinaldos, a lo cual se negaba el STAUAG, “decía que iba a consultar a las altas esferas de la administración central, no tenía independencia”.
Denunció también que el STAUAG ha autorizado recategorizaciones anómalas, para beneficiar principalmente a familiares de funcionarios, con dos o tres categorías.
Para acabar con el nepotismo “y todo lo que se dice de las plazas académicas”, exigió volver a los exámenes de oposición, como se establece en el contrato colectivo. Señaló que la última convocatoria que sacó a regañadientes fue en 2015, “no querían meter a la querían sacar en educación superior”.
Recordó que la dirigencia anterior del STAUAG se reeligió tres veces y continuó operando dos años en la ilegalidad. En tanto que su nuevo comité se instaló luego de un proceso opaco.
Con esta nueva organización, el dirigente del SITAUAG se pronunció también por un incremento al salario adecuado con la inflación, porque en los últimos años no ha superado el 3.4 por ciento, y con las deducciones de ISR a prestaciones y salarios, “ahí se diluye todo”.
Señaló que los más afectados con los descuentos de ISR a prestaciones, son los que tienen mayor antigüedad y producto de la universidad popular.
Resaltó que en otros años, pese a las diferencias ideológicas, los trabajadores estaban unidos con los estudiantes en la defensa del contrato colectivo, que dejó de lado el STAUAG.
“Vamos a pelear la titularidad del contrato colectivo. Hay muchas cláusulas plasmadas y no se cumplen, los compañeros que fallecen merecen por lo menos, que se le paguen los gastos funerarios, pero nos han indicado que desde 2020 no se les ha pagado”.
Reconoció que los criticarán porque son pocos, pero retomó las palabras del ex presidente López Obrador, cuando fundó Morena, “estamos luchando contra una élite fuerte, muy grande. Luchamos contra las mafias del poder”.
Con 40 años en el servicio, dijo que nadie puede señalarlos de corrupción. Para los universitarios que sienten temor de ser despedidos por unirse a la nueva organización, aseguró que los van a defender y que van a enarbolar el derecho a la libertad de expresión.
Aprovechó para pedir al rector Javier Saldaña Almazán que los reciba, lo más pronto posible, para entablar el diálogo.

Ramón Gracida Gómez

Afuera de la base aérea de Pie de la Cuesta, centro clandestino de detención durante el periodo de la contrainsurgencia, conocido como guerra sucia, unos 40 familiares de víctimas protestaron este miércoles, que se conmemoró el Día del Ejército Mexicano, y pidieron justicia y verdad por los desaparecidos.
Vía telefónica, el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, dijo que en los últimos años han protestado los días 19 de febrero y que por primera vez fue en Pie de la Cuesta.
Comentó que participaron unos 40 integrantes de su colectivo, del grupo de familiares que encabeza Estela Arroyo y de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), de Arturo Miranda.
No fueron convocados todos los integrantes “porque muchos están enfermos y ya grandes de edad; sin embargo, fue un evento conmemorativo e histórico”, calificó Gervasio Serrano, hijo de Octaviano Gervasio Benítez, detenido-desaparecido forzadamente el 26 de julio de 1974, en el centro de Atoyac.
Contó que los manifestantes se reunieron en la entrada de la base aérea, donde hay un par de avionetas como esculturas, pero fueron “recibidos de manera intimidatoria y de forma represiva por parte de elementos de la Marina, del Ejército y Guardia Nacional, quienes de manera intimidatoria amenazaban violentar nuestra protesta pacífica”.
La manifestación empezó alrededor de las 12 de la tarde y terminó a las 2. Los participantes llevaron pancartas, gritaron consignas y nombraron a las víctimas incluidas en la lista difundida el año pasado, de los vuelos de la muerte, que consistieron en lanzar los cuerpos de los detenidos al mar desde un avión en la década de 1970.
“Observamos que, en lugar de atender, salir a ver cuáles eran nuestras peticiones, optaron por llamar a elementos antimotines, tanto de la Guardia Nacional, Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y Marina, calculamos que más o menos se apostaron 300 elementos, entre militares, de la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército, que con equipo antimotines intentaron pues desalojarnos a personas de la tercera edad. La mayoría mayores de 65, 60 años”.
Gervasio Serrano adelantó que los grupos de familiares entregarán un documento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional de Ciudad de México, para plantearles sus solicitudes. La primera “es que se abran los archivos secretos de la represión y que se esclarezca la situación de los desaparecidos de la guerra sucia, dónde se encuentran, dónde están”.
Asimismo, la Defensa debe emitir “un comunicado referente a la lista de los vuelos de la muerte y a las personas desaparecidas de la guerra sucia. Son personas que aún las estamos buscando, pero el Estado mexicano no ha hecho lo adecuado”.
El presidente del colectivo de familiares acusó de “solapamiento, complicidad de parte de las autoridades del Estado mexicano el querer proteger, una protección a la impunidad de forma sistémica por parte del Estado mexicano”.
Indicó que hay “una lista de cientos de elementos militares que aún viven y que no han sido llamados a juicio”, agregó que otra demanda es la renuncia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, “por su incapacidad para llevar a cabo las investigaciones referentes a las violaciones graves a derechos humanos cometidas durante la guerra sucia”.
Durante la contrainsurgencia de la década de 1970, la base aérea de Pie de la Cuesta fue una cárcel clandestina, donde fueron llevados guerrilleros y campesinos. Se ha documentado que muchos de ellos fueron víctimas de los vuelos de la muerte.

Una manta con un mensaje de amenaza contra el presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y el ex alcalde Omar Jalil Flores Majul, fue hallada la madrugada de ayer con la cabeza de un puerco en una barda del complejo turístico Monte Taxco.
Fuentes policiacas informaron que alrededor de la 1:30 de la madrugada de ayer en una barda cerca del complejo turístico y de la casa de Omar Jalil Flores, fue dejada la manta sostenida por la cabeza de un cerdo. Se informó que la manta y la cabeza del animal fueron retiradas por trabajadores del hotel.
El texto no fue adjudicado a ningún grupo criminal y va dirigido principalmente al ex edil y ex diputado local del PRI: “rata traidor este puerco de mierda de Omar Jalil, está buscando regresar a Taxco por medio de (Juan Andrés) Vega. Presidente, recuerda él solo utiliza a la gente para lograr cosas, después se deshace o traiciona como con Añorve (y) Venancio”, indica parte del mensaje en aparente alusión al senador del PRI, Manuel Añorve Baños y el ex candidato a la alcaldía de la alianza PAN-PRI-PRD, Venancio Díaz Arroyo.
Asimismo, indica, también en aparente referencia a Flores Majúl, que “anda de hocicón que metió a la cárcel al hijo de Mario Figueroa”, y advierte contra el actual alcalde, el morenista Juan Andrés Vega Carranza: “Vega sigue apoyando te va a costar caro, ayer te me pelaste cocho”.
Estas amenazas se dan en medio de despliegues de operativos de seguridad que se han realizado en la cabecera municipal y distintas comunidades del municipio en coordinación con efectivos de la Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal, Fiscalía del estado y Policía Municipal. (Redacción).

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El ex encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Germán Reyes Reyes, acusó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de obstaculizar la investigación del homicidio del alcalde Alejandro Arcos Catalán, a pesar de que lo inculpa de haber ordenado el crimen.
Durante una audiencia pública de Control de Actos que se realizó ayer por la tarde en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal con sede en la Ciudad Judicial, ubicada al sur de la capital, Germán Reyes dijo que “el hecho fáctico es que yo ordené el asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán, que en paz descanse, la Fiscalía debería ser la primera interesada en comprobarlo”, pero ha incurrido en faltas que obstaculizan tanto el avance de la investigación como su defensa.
En la audiencia, la defensa legal de Germán Reyes solicitó a la jueza Yolanda Mora Silva una prórroga de 15 días para continuar con la investigación; el plazo se concedió y cuenta a partir del 12 de febrero pasado, es la quinta ampliación que se concede a lo largo de este proceso judicial.

Los actos de la Fiscalía

La Fiscalía basa su acusación en contra de Germán Reyes –entre otros datos de evidencia– en el testimonio de un comerciante identificado como Domitilo Cándido Pila, quien declaró haber sido “levantado” el 27 de octubre pasado por integrantes de Los Ardillos, a quienes escuchó decir que fue “El Jefe Germán” quien ordenó el crimen.
También presentó una denuncia anónima hecha por un presunto agente de la Policía Municipal, mediante un correo electrónico que fue enviado a la Fiscalía el pasado 12 de noviembre, quien afirma haber escuchado a Germán Reyes hablar por teléfono con una persona a la que le ordenó expresamente asesinar y decapitar al alcalde, por haberse negado a nombrar en la Secretaría de Obras Públicas a un funcionario aprobado por Los Ardillos.
Para desacreditar la investigación de la Fiscalía, la defensa legal de Germán Reyes solicitó una intervención de comunicaciones entre dos mujeres agentes del Ministerio Público, la que se encargó de documentar la declaración de Domitilo Cándido y la que estaba a cargo del caso. Esto para comprobar que efectivamente se registró el testimonio del comerciante.
Además, pidió a la Fiscalía que enviara una solicitud de información a la empresa Google para corroborar que el policía municipal envió la denuncia anónima por correo electrónico y que ésta fue recibida por las autoridades correspondientes.
La intervención de comunicaciones fue negada con el argumento de que la defensa legal especificó los números telefónicos de las dos agentes del Ministerio Público, pero uno de ellos no corresponde al que fue presuntamente utilizado para reportar que se había tomado la declaración del comerciante.
Mientras que la solicitud a la empresa Google fue tema de controversia en la audiencia, debido a que le corresponde al vicefiscal de Investigación, Ramiro Meza Hernández, firmar el oficio correspondiente, pero hasta ayer por la tarde la agente del Ministerio Público que actualmente está a cargo de la investigación, desconocía si el oficio ya había sido enviado y firmado de recibido.
La jueza ordenó a la agente del Ministerio Público enviar la solicitud a la empresa Google y darle un plazo de 24 horas para responder, a fin de que este proceso se prolongue más tiempo.
La defensa legal de Germán Reyes también denunció que el Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial, en compañía de la anterior agente del Ministerio Público a cargo del caso, entrevistó a cinco agentes de la Policía Municipal el pasado 6 de enero; sin embargo, estos testimonios no fueron incluidos en la carpeta de investigación del caso y se desconoce el motivo por el cual se realizó esta actuación.
De acuerdo con uno de los abogados defensores, fueron citados “15 o 18 elementos” de dicha corporación municipal, pero sólo se dio cuenta de tres declaraciones, de las cuales no fue entregada la copia correspondiente.
En ese sentido, la jueza pidió a la actual encargada de la investigación por parte de la Fiscalía pedir el informe correspondiente, así como dar parte a la Contraloría Interna en caso de detectar una irregularidad.
Por otra parte, el encargado de asesoría jurídica de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas solicitó la devolución de la agenda y el celular del alcalde que fueron recuperados, a petición de su familia; la jueza concedió la solicitud, pero pidió informar a las “víctimas indirectas” de las posibles consecuencias jurídicas, debido a que ambos artículos formaban parte de la investigación.

Exhorta la jueza a cumplir términos legales

Germán Reyes tenía un aspecto desaliñado. Cuando pidió la palabra su voz sonó desesperada y al referirse a la solicitud que el vicefiscal debió enviar a la empresa Google, señaló “llevamos tres meses en esto” y no ha habido ningún avance, se me hace injusto que se siga premiando a la Fiscalía con más tiempo, está obstaculizando mi defensa”.
La jueza aclaró que, si bien es cierto que van tres meses del proceso judicial, la defensa pidió realizar la solicitud a la empresa el pasado 6 de febrero, lo cual no procedió hasta cinco días después.
Manifestó que no ha percibido que se obstaculice a la defensa legal del acusado, pero reconoció que se retrasó la solicitud, por lo que cuestionó a la agente del Ministerio Público: “qué pasa”.
La agente argumentó que tiene bajo su cargo otros casos en Ometepec y Acapulco, por lo que no ha estado en su oficina en la capital. Aseguró que no hay una intención deliberada de retrasar el proceso en contra de Germán Reyes.
Yolanda Mora replicó que “no se justifica”, debido a que la intención es que el proceso sea ágil no que se detenga y cinco días es demasiado tiempo para realizar un oficio; resaltó que como jueza, ella atiende 200 carpetas de investigación y a todas “les doy atención, en tiempo y forma” porque así lo indican los términos legales.
Llamó a la agente a que se haga cargo de lo correspondiente para que avance la investigación del asesinato del alcalde: “si no puede y no tiene tiempo, hágaselo saber a la Fiscalía, organice su agenda para que se le dé prioridad” a este caso.
Consideró que la perspectiva de Germán Reyes es subjetiva, debido a que la Fiscalía es una institución autónoma y tiene “libertad para agotar todas las posibilidades”.
No obstante, pidió a la agente que haga los trámites dentro del marco de la legalidad y conduzca una investigación “con transparencia, objetiva, es lo que pide la sociedad”.
La defensa legal de Germán Reyes también pidió a la Fiscalía que no obstaculice la investigación, “que se conduzca conforme a la ley” y no espere hasta el día de las audiencias para presentar documentos de relevancia y no continuar con esas prácticas.
De manera puntual, la jueza exhortó a la Fiscalía a cumplir con los términos legales para evitar suspicacias y recordó que este caso es un “asunto de interés social”.
La prórroga otorgada a la defensa fenece el próximo 26 de febrero. La fecha de la siguiente audiencia se definirá una vez concluido el plazo y se espera que nuevamente sea pública, es decir, que se permita el acceso a medios de comunicación y las personas que deseen asistir.
Aunque Yolanda Mora ordenó que las audiencias se realizarán de manera pública desde que inició el proceso en noviembre del 2024, se sabe que el pasado 8 de enero se llevó a cabo una audiencia de manera privada a petición de la agente del Ministerio Público. Sin embargo, se desconoce con exactitud cuántas audiencias suman del actual proceso jurídico.
A la fecha Germán Reyes es el único detenido por el asesinato del alcalde ocurrido el pasado 6 de octubre.

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) firmaron un convenio de colaboración, para coadyuvar en la organización y el desarrollo del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 del que saldrán los nuevos jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación.
El convenio se refiere, sobre todo, a la instalación de casillas en escuelas públicas, la capacitación de funcionarias electorales y los accesos para personas con algún tipo de discapacidad o vulnerabilidad.
A través de un comunicado, el INE Guerrero informó: “El convenio signado por el vocal ejecutivo, Donaciano Muñoz Loyola, y el secretario de Educación, Ricardo Castillo Peña, se acordó la implementación de medidas, estrategias y actividades que permitan al INE la instalación de casillas seccionales en escuelas públicas, la capacitación de funcionarios de casilla, la accesibilidad a las personas con algún tipo de discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad y a la ciudadanía en general en escuelas públicas donde se instalarán casillas”.
En su mensaje, Muñoz Loyola agradeció la apertura del secretario de Educación y recordó que en cada proceso electoral se firma un convenio para poder instalar las casillas, que la elección judicial del 1 de junio no será la excepción.
“La ciudadanía ya identifica, con mucha claridad, los espacios en donde proceso tras proceso instalamos casillas, y particularmente en el caso de las escuelas es ahí donde la ciudadanía tiene mayor familiaridad y conoce a que escuela le corresponde ir a emitir su voto. Esa tradición de los procesos electorales, de tener un acercamiento con los centros educativos y que la ciudadanía tengan a su disposición las urnas, las boletas, no es algo distinto para el actual proceso electoral judicial”, dijo el representante del INE.
Muños Loyola explicó que para la elección judicial del 1 de junio se tiene el estimado de instalar en Guerrero 2 mil 700 casillas, una por cada sección electoral, de las cuales 800 serán en escuelas públicas.
A la firma de convenio asistieron, por parte del INE, el secretario Marcelo Pineda Pineda; el vocal del Registro Federal de Electores, Ángel Baez Balderas; el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Esteban Rafael González Vargas; el encargado de despacho de la Vocalía de Organización Electoral, Concepción Silva Colín, y la coordinadora operativa, Aurora Vázquez Beltrán.
Por parte de la SEG, asistieron la directora general de Servicios Regionales, Margarita Cecilia Sánchez Castro; el titular del Órgano Interno de Control, Mario Alberto Agama Rodríguez, y el subsecretario de Planeación, Víctor Rodríguez Orozco.

Daniel Velázquez

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, opinó que los integrantes del colectivo Constructores y constructoras del segundo piso de la transformación están “extraviados” y los llamó a ajustarse a los lineamientos partidistas que no permiten la creación de grupos ni que realizar labores de afiliación al margen de la instancia responsable.
Por separado, el ex diputado federal Rubén Cayetano García dijo que se trata de un grupo faccioso que va en contra del estatuto y puede ser denunciado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ).
El ex secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña precisó que la afiliación que anuncia promover ese grupo es responsabilidad de la Secretaría de Organización del CEN que encabeza Andrés Manuel López Beltrán y en los estados esa responsabilidad recae en los comités estatales.
Sostuvo que “sería muy deshonesto el que aparentemente quieran apoyar de palabra las políticas de la presidenta y en el fondo lo hagan para venir a Morena a sacar candidaturas”.
El pasado sábado en Acapulco se reunieron integrantes del colectivo Constructoras y Constructores del Segundo Piso de la Transformación, quienes hablaron de la afiliación del partido, de la elaboración de un plan de gobierno para Guerrero, de la ratificación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de promover la participación en la elección de jueces y magistrados en junio de este año.
La reunión fue privada, pero mediante las redes sociales se difundieron varias imágenes en las que se puede ver que hubo unas 50 personas. Entre los asistentes estuvieron el ex coordinador de la Red es Claudia en Guerrero, Héctor Ulises García Nieto; el secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Arturo Martínez Núñez; la senadora Beatriz Mojica Morga; los diputados federales Javier Taja Ramírez y Pablo Amílcar Sandoval; el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez; el ex alcalde de Acapulco Alberto López Rosas; el ex candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, el ex priista Mario Moreno Arcos, y el líder transportista Rogelio Hernández Cruz, entre otros.
Esta es la cuarta reunión que se conoce realiza este grupo. La primera fue en octubre de 2024 después de la elección presidencial. La segunda en Cuernavaca, Morelos, en diciembre, y la tercera en la Ciudad de México en enero, en torno a las actividades por los cien días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

No están dentro de la legalidad del partido: Jacinto

El presidente del CEE, Jacinto González, sostuvo que esas reuniones “no están dentro de la legalidad de Morena” y no es válido que hagan trabajo paralelo al partido. “La afiliación es exclusivamente de el Plan Nacional de Afiliación, a nivel nacional lo encabeza Andrés Manuel López Beltrán y en Guerrero Marben Santiago de la Cruz junto con los coordinadores operativos territoriales, ni siquiera el presidente puede hacerlo. A mí lo que me toca es promover la afiliación”.
Gonzalez Varona indicó “es válido que se organicen, que visiten Guerrero, que hagan política, pero que no utilicen el nombre de la presidenta, que no utilicen el partido Morena porque éste tiene una estructura y una dirigencia en Guerrero, no tiene delegados ni anda delegando funciones en el estado”.
Señaló que los trabajos que se anuncian en ese grupo son al margen de Morena y a título personal, “no es una reunión de morenistas, es una reunión de amigos, de ex priistas, de ex perredistas, gente sin partido, gente que militó en otros proyectos y hoy están fuera de esos proyectos y buscan organizarse. Yo les diría, sí, bienvenidos al movimiento, en orden y conforme vamos llegando. Aquí no vamos a llegar a avasallar y dar saltos encima de otros compañeros”.
A pregunta del porqué dice que no son morenistas los que participan en la reunión si hay representantes populares y liderazgos de Morena, respondió que son afiliados pero no son parte de la dirigencia y por tanto debieran dedicarse a sus tareas.
Descartó que ese grupo vaya a ser la punta de lanza para que se formen nuevos grupos porque no hacen vida interna y la mayoría son externos: “Beatriz viene llegando a Morena, Pablo Amílcar llegó pero se volvió a regresar a la Ciudad de México, Arturo Martínez no hace vida política en Guerrero, el delegado que estuvo en el proceso electoral (Héctor Ulises) es funcionario en la Ciudad de México”.
Al insistir en los objetivos de sus reuniones están delimitados, González Varona dijo que si lo hacen deberán asumir la responsabilidad ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNDH) y si lo que se ha publicado de sus reuniones es verídico “primero tendrían que leer los documentos básicos del partido, creo que se están equivocando, tendrían que tener claridad a lo que se atienen ante la Comisión de Honor y Justicia”.
“Están fuera de la norma de Morena, todo es a título personal, la organización propia de Morena no permite ese tipo de organizaciones”, al anunciar además que van a promover la participación en la elección de jueces y magistrados, cuando eso está prohibido para los partidos políticos porque es asunto de organización ciudadana.
“Varios compañeros de ahí están extraviados, no conocen la vida interna del Movimiento, el llamado es que conozcan Morena, sus documentos básicos y de ahí decidan si van a participar en Morena respetando la vida interna del movimiento”.

Morena prohíbe los grupos: Cayetano

Por teléfono, el ex secretario general del primer Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la entidad, Rubén Cayetano García, sostuvo que “los grupos y facciones están prohibidos en Morena”.
El también ex diputado federal y aspirante a la candidatura a gobernador por Morena, los a ceñirse a la institucionalidad del partido y a los documentos básicos: “pueden opinar como personas, como ciudadanos, tienen derecho, pero ya conformarse como grupos, con una evidente tendencia a buscar cargos para satisfacer sus ya bien conocidos propósitos personales no, eso es incorrecto, es indebido, está prohibido por nuestro estatuto”.
Confió en que esa actitud facciosa no permeé entre los morenistas y lo que podría suceder es que se presenten quejas en contra de ese grupo “porque está prohibido en el estatuto, no se pueden formar grupos. Lo que pasa es que ellos, quienes se están reuniendo, quienes tienen esa identidad, ese grupo faccioso que encabeza Beatriz Mojica Morga, pues son prácticas del PRD y las vienen a reproducir a Morena. Eso está prohibido en nuestro movimiento, que ya dejen eso allá en el PRD, ese sería mi llamado”.
Agregó que los morenistas fundadores no van a reproducir esas prácticas porque conocen su estatuto.
“Lamento mucho que carguen como llavero a un dirigente nacional”, quien dijo representa un grupo, pero falta saber si hay una instrucción de la dirigencia nacional para promoverlo dentro de Morena.
“El paralelismo siempre ha afectado a los partidos políticos” y en a intención que tienen de afiliar militantes atajó que hay personas encargadas de esas tareas y que sus declaraciones son “pura simulación”.
Al recordarle que aunque el estatuto lo prohíbe en la práctica sí hay grupos o equipos dentro de Morena identificados con ciertos liderazgos, señaló que el problema es que no hay autoridad moral en la dirigencia estatal “y por eso permea por todos lados esa práctica, ese ese el problema”. Puso como ejemplo que el dirigente estatal convoca a la afiliación pero con su nombre: “parece que dice ‘afíliate a Jacinto’, carga un logo para él”.

No puede haber instancias paralelas: Marcial

Vía telefónica, el ex secretario general del partido en el estado, quien también tuvo funciones de presidente del Comité, Marcial Rodríguez, precisó que el estatuto del partido establece las atribuciones y en el caso de la afiliación y la responsabilidad le corresponde a la Secretaría de Organización de Andrés Manuel López Beltrán.
Añadió que como militantes pueden informar sobre el proceso de afiliación a simpatizantes y no simpatizantes “pero ellos no pueden afiliar, no puede haber instancias paralelas de afiliación al partido”.
Recordó que Morena tampoco permite afiliación corporativa y quienes deseen sumarse lo pueden hacer de manera individual, porque Morena no comparte que organizaciones obreras, campesinas, populares, empresariales se les afilie un partido como ocurría en el viejo régimen.
Sobre la intención que se impuso ese colectivo de afiliar a 500 mil guerrerenses, Rodríguez Saldaña indicó que las metas las tienen la dirigencia del partido y los militantes y simpatizantes pueden promover la afiliación “pero no de manera corporativa”.
Consultado sobre si ese grupo no respetará el estatuto con su meta de afiliación, el ex secretario de Educación atajó que lo que se ha publicado en medios es de que hablan de la afiliación y no hay evidencia de que lo estén haciendo.
Insistió en que la dirigencia partidaria debe ponderar la lealtad y el compromiso con los principios del movimiento para que no pase lo que sucedió con Lily Téllez y German Martínez ,“a quienes se les dio la oportunidad y traicionaron el movimiento en el Senado”.
Dijo que los ciudadanos son libres de apoyar a la presidenta y deseó que las iniciativas impulsadas por ella sean apoyadas por los actores políticos de todos los partidos porque son para beneficio del país, “pero no creo que lo estén haciendo por eso, porque sería muy deshonesto el que aparentemente quieran apoyar de palabra las políticas de la presidenta y en el fondo lo hagan para venir a Morena a sacar candidaturas o querer imponer candidatos en la gubernatura y en los demás encargos” que estarán en disputa en 2027.
Recordó que cuando se fundó Morena, los políticos tradicionales que solo buscan cargos, siguieron en sus partidos y ahora se quieren montar sobre el movimiento porque ven la posibilidad de obtener mas espacios de representación popular.