Israel Flores

Ciudad Altamirano

Este lunes se realizó la reunión mensual de la delegación regional Tierra Caliente, de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, en donde se solicitó mayor vigilancia para las bodegas de Poliutla, municipio de Tlapehuala, y de San Miguel Totolapan, en donde los campesinos han realizado protestas.
En la reunión se presentó la queja, por parte de los responsables de bodegas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), de que se han presentado peticiones para que la Guardia Nacional esté más al pendiente, en caso de que hayan protestas o reuniones con los campesinos en Poliutla o San Miguel Totolapan.
La inconformidad es que en estos lugares han sido retenidos funcionarios y lo han obligado a mantenerse en el lugar, hasta dar solución a sus demandas. Se señaló que la presencia de la Guardia Nacional no ayudó a los funcionarios.
En el caso de San Miguel Totolapan, unos 400 campesinos se manifestaron porque la bodega que utilizaba Segalmex ahora quedó en manos de un particular y pedían que se le regresara a la empresa pública, para lo cual retuvieron al propio presidente municipal, Arturo Julián Gómez.
En el caso de Poliutla, los campesinos se reunieron para escuchar al responsable de la bodega presentar su renuncia, quien dijo que había actos de corrupción de sus superiores, por lo que no descartan que pudiera haber más protestas.
Señalaron a las dos bodegas como focos rojos en caso de alguna protesta, por lo que solicitaron que haya más presencia de la Guardia Nacional.
Sin embargo, de manera regional no es el único espacio donde se han presentado inconformidades relacionadas con la compra-venta de maíz a precio de garantía, debido a que los campesinos insisten en que deberían regresar el precio que se tenía en el último año de Andrés Manuel López Obrador, que es unos mil pesos más del precio que tiene ahora.
La reunión se realizó en Ciudad Altamirano y estuvieron presentes funcionarios de diferentes oficinas del gobierno estatal, pero también los presidentes municipales de Pungarabato, Brenda Núñez Peñaloza; de Cutzamala, Mayté Arce Jaimes; de Coyuca de Catalán, Esbeydi Echeverría García; de Tlapehuala, José Luis Antúnez Goicochea, y de San Miguel Totolapan, Arturo Julián Gómez.

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG) bloquearon la calle del encauzamiento del río Huacapa frente al Recinto de Oficinas del Ejecutivo Estatal, antes Palacio de Gobierno, para exigir el pago correspondiente al mes de enero de este año y el bono decembrino 2024.
A las 10:30 de la mañana comenzó la manifestación, y terminó a las 3 de la tarde, tras el anuncio de que en kas siguientes horas se les pagarían sus pensiones.
Unos 50 integrantes de la Asociación Democrática Independiente de Jubilados y Pensionados del Estado de Guerrero (ADIJPEG) Número 8, que aglutina a ex trabajadores administrativos y docentes del magisterio, burócratas y de Seguridad Pública, así como de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), llegaron al Recinto de Oficinas del Ejecutivo Estatal para exigir los pagos correspondientes.
Portaban lonas en las que se leyó “ISSSPEG jubilados y pensionados en pie de lucha, pago de mensualidad el primero de cada mes, calendario de pagos, pagos pasivos en su totalidad, aguinaldos en tiempo y forma”, “No más engaños ni mentiras”, entre otros mensajes similares.
En declaraciones la presidenta de la ADIJPEG Número 8, Dolores Solís Mora, dijo que el13 de enero se firmaron acuerdos con las autoridades, que se comprometieron a pagar la pensión de enero de este año de manera puntual, “todos los jubilados de la República cobran los días primero de cada mes y sólo en Guerrero, el ISSSPEG está pagándonos del 25 al 30, estamos pidiendo que se cumpla la ley”.
Detalló que 6 mil 700 jubilados y pensionados son afectados por esta situación en la entidad, que fueron trabajadores del gobierno del estado en distintos sectores.
Agregó que la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero establece que le compete a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la directora del ISSSPEG, Dayana Gálvez Pino, exigir los pagos que adeudan los gobiernos municipales, pero “nos mandan a nosotros como si fuéramos los cobradores”.
Puntualizó que 16 Ayuntamientos adeudan millones de pesos al ISSSPEG, y es necesario que el Congreso del Estado y las autoridades estatales intervengan para asegurar el pago de los jubilados y pensionados.
La presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la UAG, Magdalena Salgado Patiño, informó que el bono decembrino es similar al aguinaldo que se acordó con la gobernadora, y debía incrementar año con año hasta llegar a 9 mil pesos, pero no se les ha depositado el de 2024.
Reclamó que las autoridades han creado confusión, debido a que se reúnen con disidentes que no cuentan con la representación legítima de los jubilados y pensionados, por lo que demandó respeto a los líderes de las organizaciones que velan por los intereses de este sector.
Otros manifestantes aseguraron que hay unos 3 mil docentes en la entidad que no se han querido jubilar, a pesar de que tienen más de 40 años de servicio, porque consideran que no hay garantía de pagos, por lo que urgieron a las autoridades a realizar una auditoría federal al ISSSPEG.
Una comisión fue recibida por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas, Pedro Torres González, y Dayana Gálvez.
Sin embargo, alrededor de las 12:30 de la tarde, las manifestantes decidieron bloquear de manera total los dos sentidos del encauzamiento para exigir que sus representantes salieran con una respuesta positiva a sus demandas.
Cerca de las 3 de la tarde concluyó el bloqueo y la comisión informó que se acordó el pago en las siguientes horas.

Luis Daniel Nava

Chilpancingo

La Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero demandó al gobierno federal y estatal un aumento en el precio de garantía del maíz.
Para eso, plantea que se debe analizar la situación de los costos de producción, los precios reales por su caída tras el huracán John así como la caída de la producción durante el presente ciclo y las bajas expectativas de cosecha para el ciclo siguiente.
Además pide que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro) alinee su programa de estabilización del precio de la tortilla con el de precios de garantía y se incremente el programa de acopio de Alimentación para el Bienestar.
La Coordinadora expone su poetición en un documento firmado por Guillermo Gómez Guido, Efraín Dorantes Vélez y Bonfilia Nieto Pantaleón de los núcleos de El Cacao, municipio de Atoyac; Cacahuatepec, municipio de Acapulco y Cuajinicuilapa.
Indica que el denominado Programa de Alimentación para el Bienestar (antes Segalmex), es el encargado de operar el programa de Precios de Garantía, y señala que con el arranque tardío de los centros de acopio, se han detectado diversos problemas que van desde el retraso en la recepción de documentos, entrega lenta de la costalera, hasta los pagos tardíos; sin embargo, el problema central es el precio de garantía.
Durante la cosecha pasada, el precio cerró a 6 mil 915 pesos la tonelada más 160 pesos de flete, dando un total 7 mil 075 pesos por tonelada. Para el presente ciclo el programa considera el pago de 6 mil incluyendo el subsidio de flete.
“El objetivo del programa consiste en tener un precio piso que obligue a los compradores particulares a pagar por arriba; sin embargo, con los volúmenes de acopio, no se impacta ni en el 5 por ciento de la producción estatal estimada; ello ha creado un gran descontento en las regiones productoras de Tierra Caliente y Norte.
La Coordinadora convocó a una asamblea de comisariados de esas dos regiones, este sábado 1º de febrero en la cabecera municipal de Huitzuco, para tratar el problema del precio de garantía del maíz y el cierre del Tribunal Unitario Agrario con sede en Iguala.
El argumento por el bajo precio les dicen las autoridades es de la falta de presupuesto, sin embargo, se trata de temas que afectan a los campesinos más necesitados y que dan de comer a toda la población por lo que debe haber una preocupación de los tres niveles de gobierno.
Las principales demandas de la Coordinadora son, que los titulares federales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Alimentación para el Bienestar, analicen la situación de los costos de producción así como los precios reales de mercando considerando la caída de la producción estatal de 40 por ciento causada por el huracán John, así como la caída de la producción durante el presente ciclo y las bajas expectativas de cosecha para el ciclo siguiente.
Que la Sagadegro alinee su Programa de Estabilización del Precio de la Tortilla con el de Precios de Garantía y se incremente el programa de acopio de Alimentación para el Bienestar.
Que la Sader dé a conocer el esquema de financiamiento que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a San Luis Acatlán el 18 de enero con motivo del arranque del programa de Fertilizantes para el Bienestar. Además la culminación del censo de damnificados del huracán John.
“De un día para otro, la magistrada presidente del Tribunal Superior Agrario instruyó para que, con un argumento de redistritación, desapareciera el Tribunal Unitario Agrario No. 51 con sede en Iguala, afectando con ello a 25 municipios, mismos que serán atendidos en Chilpancingo, Zihuatanejo, Cuernavaca y Cuautla”.
“Alejarla de los territorios implicará mayor desgaste y recursos para los demandantes”, advierte la Coordinadora de Comisariados.
Solicita a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, que intervenga y atienda la demanda.

Padres de familia de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, del poblado La Estación, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, bloquearon tres horas la carretera federal a Costa Chica, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) un maestro para cuarto año.
El bloqueo provocó una larga fila de automovilistas, que quedaron varados bajo los intensos rayos del sol. El cierre lo hicieron alrededor de un centenar de manifestantes, que llegaron poco antes de la 9 de la mañana, quienes con palos cerraron la carretera federal, frente al poblado San Antonio, zona rural de Acapulco.
Ahí, los padres señalaron que llevan seis meses exigiendo a las autoridades educativas que manden un docente, por lo que ahora exigen una respuesta inmediata.
Los manifestantes portan pancartas con leyendas como: “Queremos solución a la falta de docentes de 4 grado”, “Los padres de familia exigimos la reposición de una maestra. Desde agosto a la fecha no nos resuelven” y “exigimos la reposición de un maestro y cambio definitivo de una maestra de la primaria en La Estación”.
Los padres de familia se quitaron poco después del mediodía, cuando llegaron las autoridades educativas. (Karina Contreras).

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Unas 80 madres de familia tomaron la primaria Profesor Lauro Aguirre, para exigir personal de intendencia que hace falta en esa escuela, ubicada en el barrio San Mateo.
Desde las 7 de la mañana, las manifestantes se concentraron en el acceso principal del plantel, ubicado en la calle Corregidora, frente a la iglesia de San Mateo, e impidieron la entrada a los trabajadores administrativos y docentes.
También portaban pancartas con mensajes dirigidos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, como: “Gobernadora, necesitamos la atención para nuestros niños, que se note la 4T”, “gobernadora queremos audiencia para que conozca el problema de la escuela de nuestros niños” y “señora gobernadora, necesitamos personal de asistencia para tener la escuela limpia”.
Aunque las manifestantes anunciaron que bloquearían el paso vehicular en la zona, al lugar acudieron funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, quienes instalaron una mesa de diálogo con integrantes del comité de padres de familia de la primaria, por lo que desistieron de su protesta en las calles.
En declaraciones, la representante del comité de padres de familia de un grupo de primer grado, Consuelo Cerón Guzmán, explicó que hace falta personal de servicios debido a que en la primaria sólo hay tres conserjes, pero uno de ellos está de incapacidad por una enfermedad grave.
Detalló que la primaria cuenta con 18 salones de clases, un aula de medios, biblioteca, consultorio, área para la Unidad de Servicios de Apoyo a Educación Regular (USAER), dirección, baños, dos canchas deportivas y un teatro, por lo que “definitivamente dos personas no son suficientes para hacer todo el aseo de la escuela, deberían de ser cuatro, mínimo”.
Puntualizó que hay más de 400 alumnos tan sólo en el turno matutino de la primaria y hay escuelas con instalaciones “más pequeñas, que tienen asignados hasta cinco conserjes”.
Señaló que para las madres y padres de familia la situación es preocupante, ya que “hay riesgo de enfermedades respiratorias por el polvo, por la suciedad, y riesgo de enfermedades gastrointestinales. Viene la temporada de calor y proliferan las cucarachas, los roedores, todo ese tipo de animales”.
Las autoridades se comprometieron a atender la demanda de las manifestantes y una comisión acudió al área jurídica de la SEG, donde esperaron la asignación de dos conserjes más para la primaria; sin embargo, hasta las 6:40 de la tarde aún no tenían solución, por lo que no descartaron continuar con la protesta este martes.

Brenda Escobar

Zihuatanejo

Padres de familia de la secundaria técnica 75, Valerio Trujano, ubicada en la comunidad Petacalco, municipio de La Unión, denunciaron que las autoridades educativas no resolvieron la situación laboral y salarial de los maestros de ese plantel, como lo han venido exigiendo.
Por ello, informaron que mantendrán la escuela cerrada y este martes bloquearán la carretera federal Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas, cerca de la localidad El Naranjito, para que les resuelvan.
Desde el 15 de enero de este año, los padres de familia decidieron cerrar la escuela, para demandar que se cumplan los acuerdos que hizo con ellos el director de Educación Secundaria, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Rafael Ramírez Avilez, durante el ciclo escolar pasado.
Ramírez Avilez los atendió el 6 de febrero de 2024, en una mesa de trabajo para dar solución a los adeudos históricos que existen en esa escuela, así como también del personal vacante que hace falta. De igual forma, la reparación de la infraestructura, así como la reparación total de la red eléctrica y que se le cambie de zona escolar de la 26 a la 7, con sede en Zihuatanejo.
Otra de las demandas es que quiten a tres maestros de la plantilla del personal de la escuela, que por problemas salieron del plantel, tales como el director, un conserje y un trabajador administrativo.
De igual forma, los padres de familia pidieron que se entreguen nombramientos de base a los profesores de las materias de inglés, artes, formación cívica y ética y tecnologías; así como la incorporación al Fone y recategorización de dos prefectos, además de que sean cubiertas las vacantes de las materias de español, circuitos eléctricos, asistente de servicios y apoyo a la educación, psicólogo educativo, médico o enfermera escolar, un auxiliar administrativo y el nombramiento definitivo como directora de la actual maestra encargada de la dirección, Elza Mercado Pérez.
Este lunes, vía telefónica, uno de los padres de familia dio a conocer que el jueves de la semana pasada fueron atendidos por funcionarios de la SEG y del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), quienes resolvieron algunas de sus demandas, pero no así la situación de los maestros.
Dijo que el argumento que les dieron para no resolver la situación laboral y salarial de los maestros es que no podían tratar esos asuntos en esa reunión.
Señaló que a lo que sí se comprometieron es a que en el transcurso de esta semana, estarán en la escuela trabajadores del IGIFE para levantar las necesidades respecto a la infraestructura del plantel y establecer una fecha para empezar a arreglarla.
Agregó que, debido a que los funcionarios de la SEG se negaron a resolver la situación de los maestros, los padres de familia se reunieron este lunes para tomar acuerdos, pues señaló que ellos como padres, apoyan a los profesores ya que tienen varios años trabajando con los adolescentes de esa comunidad, y saben del tiempo que tienen gestionando ante la dependencia y no les han resuelto.
Indicó que, por ese motivo, determinaron que la escuela permanecerá cerrada y que no se va a abrir, pero además, están convocando no sólo a los padres de familia que tienen a sus hijos en este plantel, sino a toda la población de Petacalco, y comunidades cercanas, a participar en el bloqueo que harán este martes en la carretera federal en el poblado El Naranjito, con la advertencia de que no se quitarán hasta que la SEG resuelva las demandas de los maestros.

El comité de padres de familia de la primaria Benito Juárez, con sede en Loma Bonita, municipio de Metlatónoc, denunció que desde agosto del año pasado el plantel está cerrado por falta de docentes.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó sobre el caso el viernes pasado, mediante un comunicado en el que destacó que “las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la misma gobernadora Evelyn Salgado Pineda” niegan el derecho a la educación de los menores na savi, al evadir mediante recursos legales una orden judicial que les obliga a enviar dos docentes para la primaria de la localidad, ubicada en la región Montaña.
“A pesar de que la escuela se encuentra cerrada desde agosto de 2024, por falta de maestros o maestras, con trabas y maniobras legaloides las autoridades violan sistemáticamente el derecho a la educación de 31 niñas y niños indígenas que han sobrevivido en el fango del olvido”, expresó.
Detalló que el pasado 23 de enero, el abogado Baldomero Díaz Salazar “informó a los padres de familia sobre los avances de su demanda. Seis amparos promovidos, dos resueltos en las comunidades de Villa de Guadalupe y Llano de Tepehuaje, municipio de Metlatónoc, cuatro están en trámites. Pero ya mandaron a profesores, sólo a Loma Bonita les han negado”.
“También les comentó que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, interpuso un recurso de revisión contra la resolución de la jueza, en la que determina que las niñas y niños cuenten con maestros y tengan continuidad en sus estudios”.
Mientras que el presidente del comité de padres de familia, Daniel Pausano Moreno, contó que “desde que inició el ciclo escolar, en agosto de 2024, nuestros hijos no han tenido clases. Los maestros solo vivinieron una semana. Nosotros pensamos que las autoridades iban a mandarlos en enero de 2025, pero la escuela sigue cerrada. No hay maestros, no se han presentado”.
De acuerdo con Baldomero Díaz, ante la falta de maestros, el comité de padres de familia presentó una demanda de amparo con la jueza de Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, el 18 de noviembre de 2024.
El amparo fue admitido el 21 de noviembre, con el número de expediente 1241/2024, “donde se concedió una suspensión provisional en la que ordena a la SEG y a la gobernadora de Guerrero, que implementen acciones necesarias y designen a dos profesores en la primaria Benito Juárez, hasta la resolución definitiva”.
El 29 de noviembre, la SEG confirmó a la jueza que “en la escuela primaria no hay maestros y que está cerrada desde agosto de 2024. En esta fecha, la jueza concede una suspensión definitiva para que la SEG mande a dos maestros”.
“Sin embargo, la gobernadora de la entidad y la SEG, en lugar de proteger el derecho de la niñez, contravienen a la misma Constitución, al no garantizar la educación a niñas y niños indígenas”, indica el comunicado.

Testimonios

Tlachinollan recopiló testimonios de habitantes de la comunidad, como Josefina Martínez, quien “lamentó que la misma gobernadora está poniendo trabas. Debe tomarse su tiempo en venir y que vea cómo estámos aquí, cómo vivimos, porque sólo escucha desde fuera. Quizá le dijeron que los maestros que estaban fueron amenazados. Un señor les reclamó que la escuela está en su terreno, pero el pueblo es el que manda. No es posible que por una persona castiguen a la comunidad. No somos peligrosos, más bien que las autoridades se tomen el tiempo para conocernos y vean cuál es nuestra forma de vida y, sobre todo, que los niños están sufriendo”.
En tanto que Maribel Tolentino Primo, integrante del comité, agregó: “Aquí los maestros los respetamos, hasta les damos un plato de comida. Aquí no hay ningún peligro y la prueba es que la maestra del preescolar Luz del Saber sigue dando clases, desde el 4 de septiembre que regresó. El comité de padres de familia la va a traer los domingos y a dejar en El Zapote. Cuando no hay tiempo, la maestra camina del crucero de la carretera Metlatónoc a Ometepec y no le pasa nada”.
El comunicado indica que “los padres de familia aseguran que los maestros sólo venían tres días y se iban (…) Le reclamaron al supervisor de la escuela porque no estaban todos los días de la semana. En julio dijeron que iban a seguir dando clases, pero sólo fueron a dejar unas boletas. Algunos niños y niñas quedaron sin boletas”.
Ante esta situación, “el comité tuvo que ir a Tlapa para exigir maestros, pero no les hicieron caso. Las autoridades educativas no les preocupa que durante seis meses las niñas y los niños sigan perdiendo clases. La escuela primaria está abandonada. Lo peor de todo es que la gobernadora Evelyn Salgado abona aun más al rezago educativo y a la marginación en la región de la Montaña”.
Puntualizó que “las niñas y niños que cursaron primero de primaria han estado acudiendo a clases con la profesora del jardín, para no atrasarse. Algunas niñas les han pedido a sus padres que las lleven a la escuela, al menos para mirar los libros arrumbados. Los padres de familia quieren una mejor vida para sus hijos. Sin embargo, las autoridades se niegan a garantizar su derecho a la educación, aun cuando está establecido”. (Redacción).

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Padres de familia hicieron pública una Constancia de Asistencia a Consulta Médica, emitida por el Hospital Militar Regional de Chilpancingo, que confirma el diagnóstico de Covid y dengue con signos de alarma que padeció un alumno de la primaria Vicente Guerrero.
De acuerdo con la constancia, que fue emitida el pasado 20 de enero, el menor está interando con un estado de salud grave y estable.
También detalla que la consulta proporcionada fue a un “escolar convaleciente de infección por SARS-CoV-2, actualmente con fiebre del dengue, que presenta datos de alarma. Actualmente está hospitalizado en este nosocomio, siendo su estado de salud es grave y estable”.
Mediante grupos de Whatsapp, la familia del menor dijo a otros padres que el alumno estaba internado porque “tiene dengue hemorrágico y Covid. Les informo para que estén monitoreando a sus hijos, por cualquier síntoma que presenten, todo fue muy rápido, está grave pero estable”.
De acuerdo con la familia, el alumno “empezó con un fuerte dolor de cabeza el jueves (16 de enero) y tuve que sacarlo de la escuela. Ahorita se le bajaron sus plaquetas a 68”.
En este intercambio de mensajes, la familia de otra alumna indicó que la menor tuvo dengue y presentó temperaturas muy altas, mientras que otro alumno también se enfermó de dengue.
Los padres de familia destacaron que entregaron al director, Carlos Botello Barrera, copias del diagnóstico de los menores, cuyos casos fueron confirmados.
Aunque esta información fue difundida la semana pasada, los padres decidieron hacer pública la constancia médica que confirma el caso del alumno, luego de que el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, declaró a El Sur que no hubo ningún caso de este tipo.
Marcial Rodríguez afirmó que el lunes pasado la doctora del plantel hizo un chequeo, que hubo “algunos niños” que tenían resfriado o gripe, que incluso se pidió el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud Estatal en la escuela, pero los médicos determinaron que no había ningún caso.
Además, dijo que acababa de hablar con Carlos Botello, quien desmintió que hubiera casos confirmados y expresó que tampoco se han registrado en otras escuelas. Indicó que se tienen protocolos permanentes y campañas preventivas desde el inicio del ciclo escolar, contra el dengue y otras enfermedades.
No obstante, el viernes pasado, trabajadores de Vectores de la Secretaría de Salud Estatal acudieron a fumigar la primaria Vicente Guerrero, ubicada en el fraccionamiento Servidor Agrario, a unos 300 metros de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Guerrero.
En entrevista con El Sur, Carlos Botello confirmó: “Lo que notamos es que los alumnos sí tenían síntomas de tos y de gripe, por las temperaturas. Pero de dengue eran tres alumnos que ya estaban siendo atendidos”.
Puntualizó que, si bien no hay certeza de que los alumnos se contagiaran en la escuela, se tomó la decisión de solicitar apoyo de las autoridades para la fumigación de las instalaciones y llamó a los padres de familia a estar atentos a los síntomas.
El hecho de que el titular de la SEG negara esta situación causó indignación entre los padres de familia, uno de ellos expresó: “qué mal que mientan, porque ellos mismos (las autoridades) ponen en riesgo la salud de los niños, al no tener ningún protocolo sanitario de actuación en escuelas”.